Uruguay

Uruguay pretende que acuerdo con Argentina permita reactivar la minería

Por Sebastián Panzl
27-02-2017
Las cancillerías están en negociaciones para retomar comercio de piedra para la construcción
Hubo un tiempo en que la exportación de piedra como material para la construcción era una actividad económica importantísima en Uruguay. Algún veterano memorioso quizá recuerde aquel intenso movimiento que empleaba a miles de personas en las canteras ubicadas en varias zonas del país.
El gran cliente era Buenos Aires. La capital argentina carecía de piedra, pero del otro lado del Río de la Plata, a pocos kilómetros, había material en abundancia y de gran calidad. Por eso, día tras día los barcos cruzaban el río con sus bodegas repletas de ese producto. A medida que crecía la construcción de edificios en Buenos Aires, la ciudad demandaba cada vez más piedra y las empresas locales aprovechaban la oportunidad de negocio para facturar.
El producto que servía para fortalecer los cimientos de la pujante Reina del Plata se trataba, ni más ni menos, que de roca maciza, fraccionada mediante explosivos y luego molida. En la jerga, le llamaban piedra partida.

Algunas canteras dedicadas a esa actividad daban empleo en forma directa a más de mil personas. Había una firma emblemática de capitales uruguayos en Colonia, que tenía doce locomotoras a vapor propias para trasladar el material desde el yacimiento hasta su puerto. El negocio marchaba a la perfección, pero murió debido a una decisión política argentina.

A fines de la década del 40, las relaciones diplomáticas entre Luis Batlle Berres y Juan Domingo Perón eran muy malas. El gobierno argentino tenía un enfoque decididamente proteccionista, lo que perjudicaba a Uruguay. La política cambiaria de Perón hizo, por ejemplo, que prácticamente acabara el turismo porteño hacia Uruguay. No venían ni las moscas.

Una de las industrias que cayó debido al proteccionismo de Perón allá por 1947 fue la extracción de piedras. El mandatario tomó la decisión de prohibir la importación de esos materiales y poco tiempo después aquellas canteras que solían estar repletas de trabajadores comenzaron a ser abandonadas.
Siete décadas después, cuando ya casi nadie recuerda ese potencial bajo tierra, el gobierno uruguayo está decidido a reflotar el negocio. El Ministerio de Industria tiene en marcha un proyecto para que Uruguay vuelva a proveer a Buenos Aires de esos materiales de construcción. La piedra sigue estando allí y la capital argentina sigue demandando esos insumos para construir puentes, edificios, casas y una larga lista de etcétera. Es que los hormigones necesitan sí o sí de esa piedra partida. El director de Minería y Geología, Nestor Campal, defendió con entusiasmo la posibilidad de volver a exportar ese producto hacia Argentina. Hoy se extrae pero solo para el mercado interno. El tema ya fue incluido en la agenda de asuntos a tratar entre ambos gobiernos y pronto habrá conversaciones a primer nivel. “Está por haber contactos a nivel de Cancillería. Estamos trabajando desde el Uruguay por ahora para hacer nuestro análisis de precios y exportar”, dijo el jerarca a El Observador. “Uruguay debe conversar con las autoridades argentinas”, agregó.

Pronto, el canciller Rodolfo Nin Novoa recibirá de manos de la Dirección de Minería y Geología una carpeta con toda la información, como insumo para las negociaciones.

Hoy en día, Buenos Aires recibe esos materiales por vía terrestre desde el sur de la provincia o desde Córdoba. En ambos casos, las distancias son superiores a los 600 kilómetros. Además de la cercanía, Uruguay tiene otra ventaja estratégica: puede transportar la mercadería puerto a puerto, sin la necesidad saturar las carreteras con camiones. No es un tema menor, teniendo en cuenta que el transporte de este tipo de mercadería es más caro que su propia explotación.

Dada su impronta proteccionista, durante la era kirchnerista era impensable reflotar este negocio, pero ahora con la nueva agenda de temas que el gobierno uruguayo tiene en marcha con la administración de Mauricio Macri asoma una nueva oportunidad. Hay otro aspecto que favorece el plan uruguayo. A medida que Argentina continúe sincerando sus costos energéticos (que antes estaban fuertemente subsidiados), la oferta de Uruguay será más atractiva. Campal dijo en ese sentido que los argentinos podrían reducir el dinero que gastan en obra pública.

¿De qué magnitud puede ser este negocio? Al parecer, de una para nada despreciable cantidad de dinero. La piedra partida tiene un costo de unos US$ 30 por tonelada. Buenos Aires demanda anualmente unas 20 millones de toneladas. Si Uruguay logra satisfacer la mitad de esa demanda, generaría ingresos anuales de US$ 300 millones.

“Es un objetivo totalmente alcanzable”, dijo Campal luego de hacer cuentas en diálogo con El Observador. “Eso no va a ocurrir de un día para el otro, pero lo que interesa esa abrir los canales”, aclaró.

La ministra de Industria, Carolina Cosse, está muy interesada en desarrollar este negocio. Luego de la etapa de recolección de información técnica, llegarán los tiempos de la siempre compleja negociación diplomática. Pero asoma en el horizonte una nueva oportunidad histórica de generar buenos ingresos reforzando con piedras uruguayas los cimientos porteños. Algunos empresarios uruguayos ya han demostrado interés y se frotan las manos.

La explotación de hierro está cada vez más lejos
En 2011, uno de los grandes debates nacionales giraba entorno a las ventajas y las desventajas de desarrollar la minería a cielo abierto para extraer hierro. Como telón de fondo, estaba el proyecto de la empresa minera de capitales indios Aratirí, una iniciativa que incluía una inversión millonaria que jamás se concretó.

¿Es viable pensar que pueda llegar otro inversor decidido a extraer ese mineral? A juicio de Nestor Campal, el director de Minería, no. “En estas condiciones de precios, no”, afirmó. Los grandes consumidores de hierro del mundo son China y Corea, razón por la cual la distancia complica las cosas. “Nuestro hierro está del otro lado de la esfera terrestre”, sostuvo el jerarca. “Solamente sería razonable si se crea un consumo cercano”, agregó el experto, geólogo de profesión, pero eso tampoco asoma en el horizonte. Brasil, por ejemplo, jamás será un mercado para el hierro uruguayo, ya que posee grandes cantidades de ese mineral. “La única manera de exportar ese hierro es que su precio sobrepase un cierto valor que permita diluir el costo del transporte. Si no es muy difícil”, dijo Campal.

En 2011, con la discusión sobre megaminería al rojo vivo, el precio del hierro había alcanzado valores históricamente altos, pero poco a poco se fue depreciando. La polémica entorno a Aratirí sigue presente, ya que los extrabajadores de la firma iniciaron juicios laborales para intentar cobrar lo que la empresa aún les adeuda. Ese asunto se reactivó luego de que se levantó la feria judicial.

http://www.elobservador.com.uy/uruguay-pretende-que-acuerdo-argentina-permita-reactivar-la-mineria-n1037048

Chile

Productividad, escasez de agua y relación con el entorno, los problemas más importantes para la gran minería

27-02-2017
Así lo reveló un sondeo realizado por el Consejo Minero a más de 200 personas relacionadas al rubro.
(El Mercurio) La productividad ha estado en el centro del conflicto de Minera Escondida. La empresa dice que la productividad debe aumentar y el sindicato movilizado responde que ellos ya son los más productivos de la industria y se les debe remunerar por ello. Pues bien, este debate no solo se da en Escondida, operada por la angloaustraliana BHP Billiton, sino que cruza toda la gran minería.

Así lo reveló un sondeo realizado por el Consejo Minero a más de 200 personas relacionadas al rubro el pasado 10 de enero, en el marco del seminario “Turbulencias políticas, sociales y económicas. A qué nos enfrentamos”, organizado por este gremio e Icare. Los consultados definieron los principales desafíos que enfrenta esta industria, y en el primer lugar empatan tres: la productividad, la escasez de agua y la relación de las mineras con su entorno.

Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, señala que el desafío es elevar la productividad laboral, del capital y de los recursos geológicos. Y si bien hay acciones que pueden hacer las propias compañías, “para implementar estas mejoras tienen que sortear la rigidez de las normas laborales o de sus resoluciones de calificación ambiental”. También, sostiene, hay otras medidas que requieren “mejorar la calificación del capital humano a todo nivel, desde los ejecutivos a los operadores, pasando por los supervisores”.

En relación al agua, este tema surge por la sequía que afecta a algunas zonas del país, la mayor exigencia de usar agua desalada en la actividad minera y también por el debate relativo a la reforma al Código de Agua, señala el Consejo Minero.

Respecto a los vínculos con el entorno, Carlos Urenda sostiene que la industria minera chilena trabaja para que la actividad sea “cada vez más virtuosa, inclusiva y sustentable”. Más allá de las palabras bonitas, esto implica varias cosas concretas, detalla Urenda, como: reconocer los impactos positivos y negativos de una faena o actividad minera, gestionarlos y ser transparentes en este proceso; profesionalizar las relaciones comunitarias y gestar alianzas territoriales.

Productividad, escasez de agua y relación con el entorno, los problemas más importantes para la gran minería

Mexico

Analizan regular el uso del agua en las empresas mineras del país

Redacción, 26-02-2017
Ciudad de México.- Con el fin de regular el uso del agua en las empresas mineras, dentro de la nueva Ley de Aguas Nacionales, la Diputada Federal y Presidenta de la Comisión de Minería, Susana Corella participó en el análisis del tema al lado de legisladores y miembros de la Cámara Minera de México.
Invitada por las Comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento y Recursos Hidráulicos de San Lázaro, la legisladora sonorense pidió que dentro de la nueva ley se considere incentivar el uso eficiente del agua a las empresas mineras de todo el país.

“Es apenas un documento que se está trabajando, y la Comisión Especial de Minería estará participando activamente dentro de los trabajos que tienen que ver con el agua que utilizan las empresas metalúrgicas  debemos considerar los elementos relacionados con el derecho al agua y el fomento de la actividad industrial minera”, expresó.

Con la presencia del Ing. Sergio Almazán Esqueda, Director General de CAMIMEX, Susana Corella celebró que sea escuchado el sector minero para lograr la integración de su visión dentro de dicha Ley que se está creando con las propuestas de varios expertos.

“Estamos a favor de que se regularice el uso del agua por parte de las empresas, sin dejar de lado los incentivos a la minería, vamos a apostarle a una Ley de Aguas Nacionales integral y que transparente el uso del recurso hídrico en todas las zonas mineras del país”, puntualizó.

http://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=71825&mas=1

Colombia

Gran Colombia Gold demandó a Colombia por US$ 700 millones, por incumplimientos en desalojos a mineros

Cristian Zuluaga / Caracol Manizales Caldas
25-02-2017Entre los incumplimientos están las 68 solicitudes de desalojo que no ha ejecutado la administración de Marmato (Caldas).
Marmato es un municipio caldense, que por más de un siglo tiene su actividad económica relacionada a la minería. / Foto archivo/Caracol Radio
Manizales Caldas Canadá Colombia Minería Norteamérica Sudamérica Latinoamérica Materias primas América Industria

Incumplimientos en el desalojo en Marmato (Caldas), de los mineros ilegales que ocupan los títulos que fueron entregados a la canadiense Gran Colombia Gold, es una de las dos causas esenciales por las que esa multinacional minera demandó al estado colombiano por unos US$700 millones de dólares.
Así lo informó el portal web Primera Página en el que además explica que de acuerdo a la demanda Colombia no está cumpliendo con el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá (el TLC de Colombia con Canadá).
La segunda causa esencial por la que esa minera demandó a Colombia tiene que ver con la falta de acción del estado colombiano por medio de sus autoridades para prevenir y hacerles frente a las protestas y atentados terroristas que causaron pérdidas económicas para la empresa minera, entre ellos los ocurridos en febrero de 2016 perpetrados por el Eln.

El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, confirmó que el Alcalde de Marmato Julio Vargas Chica ha incumplido 68 resoluciones de la Agencia Nacional Minera, que solicitan el amparo administrativo de algunos de esos títulos mineros de la multinacional canadiense.

Piedrahita agregó que desde agosto de 2015 al alcalde de Marmato, un juzgado de la república le notificó la orden de ejecutar el desalojo de esos títulos y hasta la fecha el mandatario no ha cumplido dicha sentencia. El secretario también puntualizó que en ese mismo sentido su despacho, la Gobernación de Caldas y la Procuraduría le han solicitado cumplir con la orden de desalojo.

En repetidas ocasiones el Secretario de Gobierno caldense ha manifestado que el alcalde de Marmato está incurriendo en un desacato a la ley.

Por su parte los mineros tradicionales de Marmato se oponen a que les hagan operativos de desalojo porque consideran que toda su vida han dedicado su actividad económica a este tipo de minería en esos lotes.

Caracol Radio quiso conocer las declaraciones del Alcalde de Marmato, Julio Vargas Chica, pero no contestó su celular, pese a que le marcamos insistentemente y le dejamos un mensaje en el buzón. Sin embargo en repetidas ocasiones el mandatario local ha manifestado que no está de acuerdo con el desalojo y que se debe buscar una salida pacífica a la problemática, para evitar alteraciones del orden público en su municipio.

Cabe recordar que en el 2011, la Gran Colombia Gold adquirió por medio de Medoro Resources el proyecto minero Marmato, el cual se estima que tiene 14 millones de onzas de oro y 90 millones de plata.

http://caracol.com.co/emisora/2017/02/25/manizales/1488041919_674762.html

Perú

MINERÍA: RESULTADOS Y PROYECCIONES

27-02-2017
La semana pasada fueron publicadas las cifras consolidadas del crecimiento económico del año 2016: según el INEI, la economía peruana creció 3.9%, impulsada sobre todo por el sector de la minería metálica que creció en 21.8%. La minería da cuenta de casi la mitad del crecimiento del año pasado.
Lo cierto es que después del comportamiento espectacular de la minería metálica en los dos últimos años, con tasas de crecimiento de dos dígitos, las proyecciones del propio Ministerio de Economía y Finanzas muestran un menor dinamismo: 7.4% para este año, 2.9% en 2018 y apenas 1.2% en 2019.

Es por eso que desde el gobierno se ha comenzado a señalar que se busca destrabar varios de los proyectos que forman parte de la cartera de inversiones mineras. El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, acaba de anunciar que los proyectos que se destrabarían de inmediato son: Tía María, Río Blanco, Toromocho (ampliación), San Gabriel, Quellaveco, Mina Justa, Pampa del Pongo y Michiquillay.

Los siete proyectos mencionados suman una inversión de 11,314 millones de dólares. En orden descendente tenemos: Quellaveco (3,300 millones); Río Blanco (1,500); Pampa del Pongo (1,500 millones); Tía María (1,400); Toromocho (1,350); Michiquillay (1,000); Mina Justa (744); San Gabriel (520).

Sin embargo, lo que no ha mencionado el ministro Thorne es que los proyectos anunciados no tienen el mismo nivel de avance y tampoco se está tomando en cuenta el contexto social que enfrentan y la propia situación por la que atraviesan las empresas. Veamos por partes.

Entre los proyectos que en principio estarían más avanzados figura Quellaveco, que tiene su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y que además el año 2012 suscribió un acuerdo con la población y el entonces gobernador regional y actual vicepresidente, Martín Vizcarra. Al margen de la vigencia o no del acuerdo, el problema central para el desarrollo de Quellaveco ha sido la difícil situación por la que atraviesa la propia empresa Anglo American: como se sabe, la actual gestión de la centenaria empresa sudafricana viene tratando de superar en los últimos años el desastre provocado por una descontrolada estrategia de expansión que fue financiada por un enorme endeudamiento. Para tener una idea de la situación, hay que señalar que hasta hace muy poco se hablaba de una posible venta o disolución de Anglo American. Por lo tanto, es muy difícil pensar que una empresa sobre endeudada pueda sacar adelante un proyecto de las características de Quellaveco, y dentro de las posibilidades que se barajan, se ha especulado sobre una posible alianza o venta del proyecto a Southern Perú.

En el caso de Tía María, que también cuenta con EIA aprobado, está claro que se mantiene el rechazo de la población al proyecto. La reciente visita del presidente Kuczynski a la provincia de Islay y más específicamente al Valle del Tambo, ha confirmado que la oposición de la población se mantiene y que no existe lo que las propias empresas definen como licencia social para operar. Por lo tanto, este proyecto no tiene ninguna posibilidad de ser reactivado en el corto plazo.

Pampa del Pongo es un proyecto de hierro de la empresa china Jinzhao Mining, que se ubica en la provincia de Caravelí (Arequipa) y que también cuenta con EIA aprobado. El desarrollo de este proyecto ha recibido un nuevo impulso luego de la firma de los convenios de promoción y los memorandos entre Perú y China a finales del año pasado, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2016. La empresa ha anunciado el inicio de la construcción para el 2018 y una posible fase de explotación entre el 2020 y 2021.

Aparte de la ampliación de Toromocho, que no presenta mayores inconvenientes que la propia gestión de la empresa china, lo cierto es que los demás proyectos mencionados están bastante más atrasados y tendrán que pasar varios filtros antes que puedan concretarse: San Gabriel, en medio de suspensiones, ha presentado su EIA y está en proceso de evaluación, mientras que el resto se encuentra en fase de exploración. Mención especial merece el proyecto Río Blanco, que no sólo no cuenta con EIA aprobado, sino que sigue enfrentando una fuerte resistencia de la población de las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca.

Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso cuando se hacen anuncios sobre posibles decisiones de inversión en torno a proyectos mineros. Son diversas variables las que cuentan para que finalmente se tome una decisión: desde las variables financieras y la capacidad de endeudamiento de las propias empresas; el propio contexto global, tan influyente en una actividad como la minería; hasta los temas sociales y ambientales que se presentan en las zonas de influencia de los propios proyectos.

Lo cierto es que siendo realistas, en los próximos años veremos madurar algunos cuantos proyectos de ampliación de operaciones mineras que ya están en curso y por allí alguno que otro nuevo emprendimiento nuevo. Para este año se proyectan alrededor de 4 mil millones de dólares en inversiones mineras, el monto más bajo de los últimos cinco años; y para el quinquenio, el propio Ministerio de Energía y Minas proyecta una inversión de 14 mil millones de dólares, muy por debajo de la inversión alcanzada en el quinquenio pasado.

Ya no estamos en la efervescencia de la década pasada y pese a las resistencias, hay que hacerse a la idea que la evolución de la inversión minera y de la propia producción, será bastante más pausada de lo que algunos esperan. Mientras tanto, se debería estar trabajando la agenda de derechos sociales y ambientales que sigue estando pendiente.

27 de febrero de 2017

Mexico

Diálogo y acercamiento con la minería, un encuentro que levanta sospechas de pobladores de este municipio

Grupo ecologista Zanatepec pide a pobladores estar alerta
por Diana Manzo 24-02-2017
Integrantes del grupo ecologista Zanatepec, quienes han mostrado resistencia y realizado campañas de concientización contra las empresas mineras en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, alertaron sobre un posible pacto entre la autoridad municipal de San Pedro Tapanatepec y la empresa Minera Minaurum Gold, que tiene dos títulos de concesión para explotar minerales en ese municipio.

Esta alerta derivó de una invitación a las autoridades municipales y al pueblo que hizo el regidor de Desarrollo Agropecuario de Tapanatepec, Humberto López Parrazales, sobre una actividad denominada Diálogo y acercamiento con la minería, a realizarse el sábado por la tarde en la explanada principal.

Tapanatepec aparece en la lista de municipios con concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal de Felipe Calderón en 2008, la cual corresponde a dos títulos, 241869 Lote Maya Fracción II, empresa Mayas y Minerales S.A. de C.V y 241870 Lote Maya Fracción II, empresa Mayas y Minerales S.A. de C.V en un aproximado de 12 mil hectáreas, los cuales la empresa filial Minaurum Gold pretende explotar minerales como cobre, oro y plata.

Alejandro García, representante del Grupo Ecologista Zanatepec, refirió que desde hace dos años han visitado a los campesinos del Ejido Tapanatepec y les han explicado de los daños irreversibles al medio ambiente que ocasiona la explotación minera a cielo abierto y también a la comunidad en general, sin embargo es ahora la autoridad municipal la que intenta imponer ambos proyectos.

Explicó que en la reunión programada entre la minera y la autoridad municipal se impartirá el taller sobre interacción social Mitos, realidades y prejuicios sobre la minería y el programa de exploración de Minaurum Gold, que seguramente será para legitimar los proyectos.

Informó que los ejidatarios de Tapanatepec desde hace una año suscribieron su rechazo a la actividad minera en su comunidad y exigen ahora al alcalde los respalde y declare “municipio libre de minería”.

Además de las dos concesiones en San Pedro Tapanatepec, el gobierno federal en el 2008 a través de la Secretaria de Economía entregó cinco concesiones mineras en esta zona oriente, tres en Zanatepec, Aurena, Santa Martha y La Ventosa, a empresas como Minera Gold, Raldis Gold y Maya Minas y Minerales, que abarcan 19 mil 795 hectáreas en terrenos colindantes con San Miguel Chimalapa y Tapanatepec (éstas tienen la finalidad de extraer cobre, plata y oro) y también en Ciudad Ixtepec, en el sitio denominado Lote Niza.

http://imparcialoaxaca.mx/istmo/gTg/di%C3%A1logo-y-acercamiento-con-la-miner%C3%ADa-un-encuentro-que-levanta-sospechas-de-pobladores-de-este-municipio

Colombia

Comunicado Público acerca de la visita a Colombia de la delegación de Mining and Faith Reflections Initiative del 19 al 24 de febrero de 2017

Las organizaciones abajo firmantes hacemos expresa nuestra preocupación
frente a la visita que la “Mining and Faith Reflections Initiative” (MFRI) está
llevando a cabo en Colombia entre el 19 y el 24 de febrero en las zonas
carboníferas de los departamentos de Cesar y La Guajira. Las razones que
motivan este comunicado se alimentan en la forma en que fue concebida esa
visita y los métodos empleados para informar sobre su realización:

La ausencia de claridad respecto a los objetivos de la delegación de la
MFRI, la metodología de recolección de información, el empleo de los
resultados obtenidos por parte de los partícipes de esa delegación y las
consecuencias de ese empleo en los procesos de defensa territorial y
exigibilidad de derechos que adelantan las comunidades afectadas en la
zona, en particular por la grave situación de persecución y amenaza a
líderes sociales y defensores de derechos en Colombia.

La ausencia de información oportuna, completa y verificable que
garantizara la participación activa y eficaz de las comunidades afectadas
por la operación carbonífera en el proceso de construcción de la agenda,
en la preparación requerida para colaborar con la delegación y en el
proceso mismo de reconocimiento territorial.
 La ausencia de una metodología de incursión en el territorio que
permita a los integrantes de la delegación constatar y dialogar
autónomamente, sin presencia de las empresas mineras involucradas en
las violaciones a DDHH que hoy se denuncian en esas zonas, con las
comunidades afectadas sobre los daños ocasionados por la operación
carbonífera que se conduce y promueve activamente en ambos
departamentos.
Nuestras preocupaciones se agudizan debido a que el modelo de extracción
que se lleva a cabo en Cesar y Guajira, que se ha profundizado durante los
últimos años en nuestro país, ha significado grandes transformaciones en los
ecosistemas y en la vida en todas sus manifestaciones; por esa razón, hoy se le
atribuye ser generador de múltiples y nuevas conflictividades. Es en ese
escenario que las comunidades de ambas regiones han emprendido acciones
en defensa de su territorio, que cuestionan las prácticas empresariales por
sus impactos irreversibles y por su indiscutible insustentabilidad. Ha sido en
medio de evidentes asimetrías en las relaciones entre las comunidades y las
empresas que los cuestionamientos económicos, sociales, ambientales y
legales a esta industria, hechos por líderes y organizaciones sociales, han
resonado hasta las autoridades locales y nacionales, los entes de control del
Estado colombiano, los tribunales judiciales, la academia, e incluso los
consumidores internacionales, con la expectativa de que, con su intervención,
dichas asimetrías sean superadas y la protección a las comunidades
asegurada. Sin embargo, delegaciones como la llevada a cabo por la MFRI son
prueba de los grandes desafíos que aún tenemos.
La “Ecología Integral” (resaltada en Laudato Sí 140-142) implica considerar
las voces de las víctimas y tomar en cuenta los datos de la ciencia, así como
las experiencias de las organizaciones que acompañan solidariamente a las
comunidades, con una mirada contextualizada de la región y desde una
perspectiva de defensa de los derechos humanos. La Encíclica reclama laconfrontación de información interdisciplinaria, transparente e independiente,
científica, estadísticas sociales y análisis económicos para discernir si un
emprendimiento contribuye a un verdadero desarrollo integral (LS 185). Por
ello, resulta desconcertante que la agenda fuera organizada principalmente
por y con las empresas mineras como Cerrejón (Glencore, Anglo American.
BHP Billiton) y Prodeco (Glencore) en un claro desbalance respecto a los
sectores sociales, en especial por el efecto que tiene ese diseño en la versión
de la realidad que evidenciará la delegación, altamente permeado por la visión
empresarial y no por la de las comunidades y sectores sociales que se han
visto afectadas en sus proyectos de vida debido a dichos intereses.
Las falencias antes descritas se suman a otra preocupación, relacionada con la
conceptualización de las posturas eclesiales e interpretaciones de fe respecto
a los proyectos extractivos. Tal como ha sido diseñada, la visita de la
delegación de MFIR a Colombia, observamos que adquieren mayor relevancia
los intereses empresariales reflejados en la “Kellogg Innovation Network” que
las líneas de orientación y acción de la Encíclica Laudato Sí, así como los
pronunciamientos del Papa Francisco en los Encuentros con Movimientos
Populares (Bolivia, 2015; Roma, 2016) y en el Encuentro de representantes de
comunidades afectadas por actividades mineras (Roma, 2015).Nos
desconcierta la respuesta del Cardenal Turkson durante una conferencia en la
Universidad Javeriana de Bogotá, cuando se le interpeló respecto a los
megaproyectos, pues utilizó típicos argumentos de la visión pro-minera,
desconociendo los graves conflictos socio-ambientales que la actividad
extractivista está ocasionando y con una nula capacidad autocrítica frente a la
misión que la Iglesia debe asumir desde la opción por los pobres (LS 158) y
los clamores de la Madre Tierra (LS 49).

No obstante nuestras preocupaciones respecto del contexto en el cual se da la
visita y la confusa información recibida al respecto, hicimos el esfuerzo de
involucrarnos en el diálogo propuesto. Desafortunadamente constatamos que
nuestro esfuerzo fue en vano ya que, una vez hechas todas las gestiones para
que las comunidades y organizaciones acompañantes atendiéramos la visita
de manera independiente, al final fuimos informados que la delegación se
conduciría según la agenda organizada por las corporaciones mineras.
Posteriormente, a tan solo un día de la visita, para el caso del departamento
de la Guajira, se informó que se abriría un espacio para nuestra participación,
aumentando así la confusión. No obstante, en Cesar no logramos su apertura
al diálogo con los afectados directos de la operación empresarial, pese a las
propuestas que hicimos previo a su llegada al país.

Lamentamos entonces no haber contado con un espacio suficientemente
amplio y participativo para que la delegación escuchara a las comunidades
rurales y urbanas que tienen una voz disidente frente al actuar corporativo y
gubernamental en materia minera, ni de las organizaciones que tenemos un
trabajo serio y comprometido con la defensa de los derechos humanos y del
ambiente. Insistimos en que tenemos voluntad y apertura para el diálogo,
siempre y cuando existan garantías. Por lo anterior, hacemos constar lo
siguiente:

Los departamentos de La Guajira y Cesar se encuentran en una crisis
humanitaria derivada de la vulneración de los derechos fundamentales
al agua, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la
salud, la cual no ha sido debidamente atendida por el gobierno ni remediada

por sus causantes, y puede profundizarse con los planes de
expansión de las operaciones mineras en estos dos departamentos del
país.

Ni en el Cesar ni en La Guajira el crecimiento del sector minero, con sus
consecuentes regalías, ha significado un mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de la región. Según las proyecciones del Censo de
2005, para el 2012 la población del departamento del Cesar con
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) representaba el 44,73% de la
población, mientras que en La Guajira lo era el 65,23%; el promedio
poblacional nacional de NBI correspondía al 27.78% 1 (CINEP, 2014).

Cesar y Guajira son ejemplos del desplazamiento forzado en Colombia
por cuenta de las actividades carboníferas y sus consecuencias
contaminantes. Así, los procesos de desplazamiento forzado
(denominados oficialmente “reasentamientos involuntarios”) han sido
característicos en la expansión de estos proyectos mineros.

La ampliación minera en los dos departamentos se ha realizado sobre
zonas rurales habitadas por comunidades indígenas, negras y
campesinas sin que se hayan realizado procesos de consulta previa, libre
e informada que permitan a la población participar en el ordenamiento
de su territorio. Desconociendo derechos étnicos colectivos, las
empresas han realizado procesos de negociación individual para la
compra de tierras a través de la intimidación, la restricción en el acceso
a los recursos y el confinamiento, todo lo cual ha resultado en la ruptura
del tejido social y la desaparición de múltiples comunidades.

En los casos en los que ya se han dado los reasentamientos, las
poblaciones enfrentan otros riesgos propios del cambio de vida rural a la
urbana, tales como la pobreza, pues no cuentan con alternativas
productivas para su sustento, junto con otros innumerables problemas
como la falta de acceso a servicios públicos, a la propiedad, la vivienda y
la recreación.

La contaminación del aire y el desvío de fuentes hídricas básicas para la
recreación de la vida de las comunidades del Cesar y de La Guajira son
problemas apremiantes para regiones que enfrentan fuertes períodos de
sequía.

En los últimos años ha aumentado la violencia en contra de líderes
sociales en las regiones, particularmente aquellos que emprenden
acciones de defensa de sus derechos y del territorio. La Defensoría del
Pueblo emitió en diciembre de 2016 una alerta temprana frente a los
municipios del corredor minero, atribuyendo directamente un nexo de
causalidad entre las amenazas de las que son víctimas múltiples líderes
y su oposición a las operaciones mineras.
Nos preocupa que la visita de la delegación MFRI ignore dicha realidad y
omita hacer los llamados y condicionamientos necesarios para que las
empresas que hoy dirigen esas operaciones, y en las cuales han depositado
sus inversiones, no sigan contribuyendo a las violaciones de derechos
humanos que hemos documentado en la región, y tanto más que su recorrido
1 CINEP, 2014. Impactos socioterritoriales de la explotación minera en el Cesar y La Guajira.
En Análisis 1. Fes-colpor la zona no sea un instrumento de transformación, sino de legitimación
formal. Por tanto hacemos un llamado a:
1. Promover garantías para la participación real y efectiva de
las comunidades afectadas por la minería y de las organizaciones sociales
con acceso a la información clara, transparente y oportuna.

2. Impulsar medidas que eliminen la asimetría en el relacionamiento entre
empresas y comunidades.

3. Promover obligaciones vinculantes y extraterritoriales para empresas y
derechos humanos y transparencia en el actuar de los actores estatales,
gubernamentales y empresariales.

4. Exigir el respeto pleno de los derechos fundamentales al agua, a la
alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la salud de los
habitantes en los distritos mineros de Cesar y Guajira.

5. Exigir garantías para que las operaciones carboníferas no sigan
profundicen las causas de desplazamientos forzados en la región, y que
las consecuencias de los que ya se han generado serán atendidas
adecuadamente, con un enfoque de protección preferente para sus
víctimas.

6. Exigir garantías de seguridad para los líderes sociales y defensores del
ambiente, del territorio y de los derechos humanos.
Finalmente, expresamos nuestra profunda preocupación por los efectos que
una visita en estas condiciones puede representar para los ejercicios de
defensa territorial y de exigibilidad de derechos que llevan a cabo las
comunidades y sectores sociales de ambos departamentos. Por lo anterior,
esperamos que este no sea un intento más de las empresas por obtener la
legitimación social de los sectores de la fe, y exigimos prácticas
transparentes, participativas y libres de manipulación.

Bogotá, viernes 24 de febrero de 2017

Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna
Pensamiento y Acción Social (PAS)
CENSAT Agua Viva
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Movimiento sutsuin jiyeyu wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu
INDEPAZ
CINEP
Red Iglesias y Minería
Conferencia de Religiosos de Colombia (C.R.C)
Comisión JPIC – CRC
Comité Ambiental en defensa de la vida
Red de Comités Ambientales del Tolima
Observatorio de Expansión minero energética y re-existencias
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional.
Corporación Vida del Río Fucha-CORVIF
Programa Radial Territorio Verde – 94.4 F.M.-Vientos Stéreo Bogotá –
Colombia
Corporación Claretiana Norman Perez Bello
Comisión Claretiana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Paz con Dignidad-OMAL Colombia
ORGANIZACIONES QUE APOYANDepartamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL – CELAM) – Programa de
Ecología Integral
PERSONAS QUE APOYAN
Fernando Ramírez González, responsable de campañas del Movimiento
Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales, M.N.V.C.

Perú

¿SUBSIDIANDO A LAS EMPRESAS MINERAS?

DEVOLUCIÓN DE IGV Y CAÍDA DE LA RECAUDACIÓN
23 de febrero de 2017
José De Echave C.
Fuente: www.sunat.gob.pe, Elaboración: CooperAcción

El ministro Thorne acaba de reconocer que los ingresos tributarios siguen cayendo de manera sostenida y que además esta situación se explica por las crecientes devoluciones del IGV, sobre todo “por los grandes proyectos mineros que nos están quitando recaudación”.

Lo que no ha reconocido el ministro es que este tema no es ninguna novedad y que lamentablemente tampoco es algo excepcional. Desde el año pasado, hemos señalado que la SUNAT le venía devolviendo a las empresas más de lo que estas aportan por tributación.

¿Qué está pasando? ¿De qué se trata este tema de las devoluciones del IGV?

Vayamos por partes. Cualquier empresa cuando vende algo que produce o comercializa tiene que pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV), lo que les genera un débito fiscal. ¿Qué pasa con las empresas que venden a mercados externos? Como las exportaciones no están gravadas con el IGV, por ende sus ventas no generan débitos fiscales.

Esa misma empresa cuando realiza compras diversas genera un crédito fiscal: el crédito fiscal es el IGV que grava las compras que realizan las empresas.

En el caso de las empresas mineras, al vender al exterior sin el pago de IGV, se interrumpe la cadena débito-crédito y se genera lo que en la jerga tributaria se conoce como “saldos a favor del exportador”. La legislación tributaria en el Perú permite que las empresas utilicen los “saldos a favor del exportador” contra el pago del Impuesto a la Renta y/o solicitar su devolución.

Ello provoca que en determinadas coyunturas, en términos netos, el Estado termine subsidiando al sector minero y que la recaudación caiga. Es lo que ha venido ocurriendo en los dos últimos años: desde el año 2015, el monto devuelto a las empresas supera el Impuesto a la Renta recaudado por la SUNAT, y la diferencia alcanzó la cifra de -3,945.2 millones de soles en 2016. Es precisamente lo que se puede observar en el gráfico que adjuntamos.

El ministro Thorne ha señalado que esta situación es pasajera o coyuntural. Lo cierto es que la data estadística muestra que no es así: en el caso minero, sólo en el período del súper ciclo de precios de los minerales hemos tenido una recaudación neta en azul. Como se puede apreciar en el gráfico, hasta antes del año 2003 estábamos en rojo y todo indica que desde el año 2015 hemos vuelto a la normalidad: recaudación neta en rojo.

Lo más grave es que nada hace pensar que la situación vaya a cambiar en los próximos años y en este contexto la meta de presión tributaria que se ha fijado el gobierno parece difícil de alcanzar.

¿Qué hacer? Para comenzar habría que corregir la legislación tributaria que permite esta enorme discrecionalidad en el uso de los “saldos a favor del exportador” por las empresas. Pero además, necesitamos en serio y a fondo, discutir una verdadera reforma tributaria que corrija esta y otras distorsiones.

No es aceptable que precisamente en los dos últimos años la minería haya estado creciendo a tasas históricas de dos dígitos y que ese salto productivo no esté acompañado de un mayor aporte tributario al país: por el contrario el aporte tributario de la minería no ha dejado de caer.

Las devoluciones del IGV a la minería terminan siendo una suerte de subsidio del Estado -en realidad de todos los peruanos- a las empresas que debe corregirse cuanto antes.

Perú

MEM: Reglamento de exploración minera se modificaría a inicios de marzo

22-02-2017
ENTREVISTA. El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, se enfoca en la simplificación administrativa del sector. Confía en que al menos tres mineras retomen sus operaciones.

En un panorama de inversión minera en el que los megaproyectos han cumplido su ciclo, el despacho de Energía y Minas busca recuperar la confianza de los inversionistas y la ciudadanía, apunta su titular, Gonzalo Tamayo. Como ya lo ha anunciado desde su llegada al ministerio, dos son los aspectos que Tamayo apunta a solucionar: la reducción de costos administrativos y la gestión de conflictos sociales.

Esta semana, Tamayo y una delegación de otros funcionarios, que incluyen al primer ministro Fernando Zavala, se alistan para asistir a la Conferencia del PDAC (Prospectors&Developers Association of Canada), uno de los eventos de promoción minera más importantes del mundo que se realiza usualmente en marzo. Este año, al igual que el anterior, el Perú es nuevamente país patrocinador. Tras un 2016 que dejó una mejora considerable de los precios de los metales, la expectativa está en ver un PDAC más optimista, pues la asistencia a este evento ha caído consistentemente desde el 2014.

En esta entrevista, el ministro Tamayo detalla el estado de algunos proyectos mineros que liderarían la reactivación del sector hacia el 2018, las primeras simplificaciones administrativas que realizará y su visión de los fundamentos que respaldan la recuperación del precio del cobre, un metal que el Perú produjo por delante de China, por primera vez, en el 2016.
Ya ha anunciado que su expectativa para la reactivación minera está en el 2018. ¿A cuánto ascendería la inversión de esa reactivación?

Prefiero no dar números ahora. Lo que estamos viendo es que durante este 2017 y el próximo año hay un conjunto de proyectos mineros medianos en curso. Esperamos que haya decisiones, sobre todo en el segundo semestre, de Marcobre [Minsur], Pampa del Pongo [Zhongrong Xinda], Corani [Bear Creek], Michiquillay [Anglo American].
En el caso de Marcobre, operadora del proyecto Mina Justa de Minsur, ¿qué hace falta para que entre en operación?

Se están haciendo evaluaciones finales. Hay temas logísticos a los cuales hay que encontrar una solución portuaria. Pero ello es parte del desarrollo natural de un proyecto. La ventaja que tiene el proyecto es que está en una zona [Nazca] donde la posibilidad de conflictos sociales es menor que en otras.
¿La solución portuaria depende de las inversiones en puertos de la zona [Paita, Paracas]?

Efectivamente, en la zona hay interés de inversiones portuarias, probablemente de gran tamaño. Pero una mina como Justa necesita primero algún tipo de facilidad logística para, eventualmente, transportar combustibles, que podrían ir por tierra, y ácido sulfúrico. Para el embarque de concentrados, por ejemplo, necesitará algún tipo de puerto más sencillo en lugar de uno muy grande que tomará tiempo conseguir. Esperamos que la empresa anuncie pronto que va adelante con el proyecto.
¿Qué hay acerca de la mina Pampa de Pongo, en Arequipa? ¿Cuál es su estado de avance?

Este proyecto, al igual que Marcobre, está cerca a la costa, con un promotor que lo adquirió de otro anterior que tenía dificultades financieras. Está en el curso natural de avanzar, mas que haya una limitación [para su operación]. Marcobre, Pampa de Pongo y Quellaveco son proyectos cercanos a la costa, que tienen condiciones sociales favorables, y que tienen que completar su proceso de solución de necesidades logísticas o energéticas, salvo Quellaveco, donde la empresa tiene que tomar una decisión meramente financiera.
Las mejores expectativas mineras dependen más de la tendencia los precios de los metales. ¿No ve un riesgo de especulación, por ejemplo, en el cobre?

Es cierto que situaciones de corto plazo, como las huelgas en Chile, harán que el precio suba. Naturalmente, cuando ello regrese a la normalidad, el precio regresará a la baja. Pero la tendencia natural, considerando de dónde venía el precio del cobre hace unos meses, de US$2.30 a US$2.80 por libra, que son consecuencia de las interrupciones en cadenas de suministro, dice que hay sustento en base a la demanda de China, al plan de infraestructura de Estados Unidos, y a las limitaciones de costos en otros productores importantes que no citaré.

Además, desde una perspectiva de mediano plazo, los principales analistas del mercado plantean que el precio del cobre puede estar en US$3 la libra en el 2020 en términos reales, es decir, un precio nominal de US$3.20, con la volatilidad natural que ello implica. Sí, puede haber una corrección de corto plazo, pero el precio estructural es más alto de lo que se pensaba hace seis meses e incluso hace un año. Nadie toma decisiones sobre un precio del cobre que cayó 5 centavos, sino a largo plazo.
Sobre su asistencia al PDAC, ¿cuál será la propuesta del Perú para los inversionistas?

Estamos yendo con dos mensajes, pues reconocemos que el contexto de los últimos años nos ha afectado, no sólo por los precios internacionales, sino también porque la percepción de los inversionistas en dos aspectos.

El primero es la elevación de barreras burocráticas y costos administrativos. En los últimos cinco años hemos visto un aumento en los costos de transacción de llevar a cabo proyectos. Esto tiene que tienen que ver con la participación de nuevas agencias de gobierno donde se tienen que realizar trámites que, a veces, no van a la velocidad que se requiere. Estamos hablando de todo el proceso de descentralización de unas cinco entidades que antes no existían, desde Senace, Serfor, Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente y otras más. Necesitamos un esfuerzo claro de alinear a todas entidades para entender que el desarrollo de la minería moderna es una fuente importante de divisas para nuestro desarrollo.

El segundo tema es la gestión de conflictos sociales. Proyectos con nombres que uno reconoce rápidamente se han estancado. Una de las herramientas para sacar proyectos adelante es tener un trabajo más coordinado entre las diferentes entidades de gobierno, a fin de revertir la desconfianza sobre los ofrecimientos del gobierno central en cuanto a agua, saneamiento o educación.
Sobre los costos de transacción, ¿de qué forma y qué meta tiene el MEM para reducirlos? ¿Qué de diferente haría, por ejemplo, frente al gobierno anterior?

El gobierno anterior no promovió las actividades de recursos naturales y tenía un mensaje ambivalente. Si de las altas autoridades del gobierno anterior no había un mensaje claro sobre cómo impulsar la explotación sostenible de recursos naturales, difícilmente se avanza en las instancias intermedias. De otro lado, es difícil poner una meta porque [éstos costos] se relacionan, por ejemplo, a procedimientos que se inician de manera electrónica pero que terminan siendo impresos y van de ministerio a ministerio. Eso genera demoras.
¿Cuál sería un primer resultado de esta reducción de costos administrativos?

La modificación del reglamento de exploración, que esperamos tener a fin de mes, a más tardar a inicios de marzo.

Se trata de una simplificación administrativa, así como temas relacionados a la seguridad y capacitación, donde se nos fue un poco la mano y hay requerimientos excesivos que necesitan modificación.
Se ha incluido a Tía María en la cartera de proyectos para el 2019, ¿aún es posible sacarlo adelante?

¿Por qué alguien lo quitaría [de la cartera]? Lo que el ministerio está viendo es un conjunto de proyectos que merecen ser apoyados.

MEM: Reglamento de exploración minera se modificaría a inicios de marzo

Ecuador

El Alcalde de Cuenca apoyará al presidencial que se oponga a la minería

22-02-2017
El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, dijo que en caso de existir una segunda vuelta apoyará al candidato que no contemple a la minería en áreas protegidas dentro de sus planes. Foto: EL COMERCIO El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, dijo que en caso de existir una segunda vuelta apoyará al candidato que no contemple a la minería en áreas protegidas dentro de sus planes. Foto: EL COMERCIO

Lineida Castillo Este miércoles 22 de febrero del 2017, el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, condicionó su apoyo político –de darse la segunda vuelta electoral- al candidato presidencial que apoye cinco temas importantes para beneficio de la ciudad y de sus habitantes. Cabrera, quien dirige el Movimiento Igualdad y para las elecciones del 19 de febrero del 2017 apoyó al candidato Paco Moncayo, cuestionó la lentitud del Consejo Nacional Electoral para dar a conocer los resultados finales del último proceso electoral.

El Burgomaestre dijo que no es posible que hasta la misma noche del domingo 19 el organismo electoral había procesado el 78% de los votos y tres días después no pueda concluir con el 22% restante. “Como Alcalde tengo absoluto derecho de reclamar que este organismo actúe apegado a la ley y a la democracia”. Según él, para los analistas matemáticos no hay posibilidad de triunfo en primera vuelta. “Habrá segunda vuelta y se debe respetar la voluntad popular que es fundamental en la democracia. Nos guste o no los resultados”, dijo. En esa línea, el Burgomaestre dijo que apoyará al candidato que respete el área protegida de El Cajas, es decir que no haya minería en el cantón.

En la última campaña electoral, solo los candidatos Moncayo y Guillermo Lasso, firmaron documentos comprometiéndose a no desarrollar la minería en fuentes de agua. Los otros temas que condiciona Cabrera son el compromiso para completar el financiamiento del tranvía y el subsidio de la tarifa de energía eléctrica para el funcionamiento de este sistema de movilidad. Además, la construcción del nuevo aeropuerto de Cuenca y el apoyo económico para uno de sus proyectos de vivienda. Estos son –por ahora- los grandes temas pendientes que tiene Cuenca. Según Cabrera, no apoyará al candidato que confronte, que insulte a la ciudad y a sus autoridades. “Mi posición es como alcalde de Cuenca”, dijo. El miércoles 1 de marzo su organización política realizará una asamblea para analizar los resultados electorales y las supuestas irregularidades encontradas durante el escrutinio.

https://www.elcomercio.com/actualidad/alcalde-cuenca-presidencial-oposicion-mineria.html