Perú

Mesa de trabajo sobre contaminación minera de la cuenca Llallimayo

El día de hoy se realizó una mesa de trabajo sobre la contaminación minera en la cuenca llallimayo por la minera Aruntani, con participación de los congresistas en la semana de representación, además de las autoridades del gobierno local, representantes de MINEM, MINAGRI, SENASA, DIRESA, OEFA y ANA. También delegados de los municipios distritales afectados como Ayaviri, Llalli, Cupi y Umachiri.

Se dio a conocer públicamente, las conclusiones de la Comisión técnica de la provincia de Melgar que resume lo siguiente: En aguas superficiales de la micro cuenca Llallimayo se ha encontrado metales pesados como manganeso, mercurio y demás metales, generados por las aguas acidas como producto de la labor que realiza la minera Aruntani.

Durante el desarrollo de la mesa, se solicitó a la OEFA, presentar para fines del mes de mayo un estudio para identificar en definitiva, sobre la causalidad de la contaminación y sumado a ello, que la ANA informe sobre el proceso administrativo sancionador a la empresa Aruntani, por la represa construida sin alguna autorización. DIRESA hará lo propio sobre la calidad del agua para consumo humano.

“Esta minería irresponsable es la que contamina. El delito es haber arrojado los relaves al río y son cómplices aquellos que lo han permitido; cuando la minera cese sus actividades, nos dejará un páramo, o acaso no es verdad que nuestros campos eran más verdes antes y nuestros ríos traían peces”. Puntualizo el congresista Alberto Quintanilla.

Fuente:http://www.losandes.com.pe/Regional/20170427/105674.html

El Salvador

El Salvador promulga ley aprobada contra minería metálica

El Salvador pasó a convertirse en el primer país en promulgar una ley contra la industria metálica y según ambientalistas “es ahora un referente en la lucha” contra la explotación y procesamiento de metales.

El Salvador promulgó la ley que prohibe la minería metálica, la legislación fue publicada este jueves por el Diario Oficial.

La minería metálica es una actividad rechazada por los ambientalistas de todo el mundo por considerar que la extracción de metales es una industria destructiva para el medio ambiente y la salud pública.

El Salvador se convirtió en un referente en la lucha contra la industria metálica y sus efectos en el medio ambiente, aseguraron ambientalistas.

La ley fue aprobada el miércoles 29 de marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa de El Salvador y prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento de metales en todo el territorio salvadoreño con excepción del trabajo artesanal de fabricación, reparación o comercialización de joyas o productos de metales preciosos.

“Más que novedosa, es una ley necesaria ante una industria que lejos de traer algún provecho a las comunidades, trae grave contaminación a las fuentes de agua, al medio ambiente. Es de celebrar esta ley”, dijo el presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Mauricio Sermeño.

La ley establece que será el Ministerio de economía el ente que regirá la aplicabilidad de la ley y deberá coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente el resarcimiento de daños ambientales y en la salud de los afectados por la minería.

El Salvador aprueba ley que prohibe la minería metálica

En el 2015, tres ambientalistas murieron por oponerse a la operación de la empresa minera canadiense Pacific Rim/Oceana Gold, quien actualmente demandó a El Salvador ante instancias internacionales por más de 300 millones de dólares por negarle actividad minera en “El Dorado” en la zona norte de Cabañas.

Fuente:http://www.telesurtv.net/news/El-Salvador-promulga-ley-aprobada-contra-mineria-metalica-20170427-0067.html

Colombia

El voto ecológico: entre la minería o la protección del verde

Tanto su fauna como su flora se destacan y se han convertido en un símbolo para la conservación de la naturaleza.

Entre tantas noticias de corrupción y de accidentes naturales, los medios dejaron pasar, en buena medida, desapercibida una información que en otro lugar habría ocupado las primeras planas de los medios de información.

La comunidad de Cajamarca, en el departamento del Quindío, salió a las calles para votar en contra o a favor de la minería; en un ejercicio electoral, frente a una actividad económica que es en buena medida privada, pero que requiere una licencia estatal para su explotación.

El resultado de esta convocatoria, en una decisión democrática, realmente participativa, afectó a la población de este pequeño municipio. Más allá de un conteo de votos, Cajamarca se ha convertido en un símbolo nacional. En una expresión de que los principios ecológicos priman sobre la explotación de los recursos no renovables.

La responsabilidad de unos pocos colombianos sobre un pequeño territorio es enorme, ya que esta zona es un refugio para especies vegetales y para una fauna que está en vía de extinción.

El voto popular determinó que se cerrara la exploración minera, y más allá que no se continuaran otorgando licencias para la búsqueda y exploración de minerales.

A diferencia de una elección de representantes políticos, de escogencia de gobernantes, aquí no se votó por personas sino por ideas, por conceptos, por valores, por la primacía de la ecología frente a los intereses económicos.

Mirando con lupa y entre noticias de orden público, aparecen otras informaciones como que el posconflicto permitirá poner los ojos en la protección de diferentes especies, entre otras hermosas aves, una gran variedad de colibríes, las tortugas, los delfines o los característicos osos de anteojos.

Aunque las normas de la minería son estrictas, y es claro en que casos se cae en la ilegalidad. Sólo hasta ahora la comunidad colombiana tiene una directa e importante participación en la decisión del uso de la tierra, de qué debe primar a la hora de aprovechar los recursos naturales tanto renovables como no renovables.

“Verde que te quiero verde”, decía el poeta español Antonio Machado y, básicamente, ese es el canto de las poblaciones colombianas que buscan que la conservación de la naturaleza se coloque por encima de cualquier otro interés económico.

Las elecciones, a través del fervor popular, podrán cambiar el color del mapa de nuestra nación.

Las tonalidades de verde primarán sobre los grises, cafés y tonos opacos que simbolizan los minerales que se esconden bajo el manto natural. Sin duda todos los electores colombianos pondrán a presionar los mecanismos de elección popular. La tierra es de todos y el uso de ella debe estar en manos de la población mayoritaria.

Fuente:http://www.pulzo.com/opinion/el-voto-ecologico-entre-la-mineria-o-la-proteccion-del-verde/PP257776

Nicaragua

Ambientalistas de Centroamérica se unen contra proyectos mineros e hidroeléctricos

Al menos cinco organizaciones ambientalistas de Centroamérica han lanzado en Nicaragua un proyecto de intercambio de experiencias para “defender” el medio ambiente frente a proyectos de extracción de materias primas.

Las ONG de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, más una alemana, buscan coordinarse en la “defensa de nuestros territorios, sobre todo aquellos que se encuentran en concesiones por la industria minera y en los que hemos identificado violaciones a los derechos humanos”, dijo la oficial de Minería del nicaragüense Centro Humboldt, Heizel Tórrez.

El grupo hizo el anuncio durante el foro regional titulado “Impactos y Desafíos de la Minería Metálica en América Central“, que inició este jueves y concluirá mañana viernes en Managua.

Efectos negativos

Los líderes de las organizaciones coinciden en que el aporte de la industria minera a la economía centroamericana, que ellos calculan en el 1 % del producto interno bruto (PIB) regional, es poco en comparación con sus efectos negativos.

La Asociación para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes) refirió que la minería desestabilizó a las comunidades donde hubo concesiones antes de que el Congreso de ese país aprobara una ley que prohíbe la extracción de minerales, el 29 de marzo pasado.

El Colectivo Madre Selva, de Guatemala, denunció problemas de acceso al agua a causa de las concesiones mineras, así como de monocultivos e hidroeléctricas.

El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), de Honduras, afirmó que 123 muertes en los últimos ocho años en conflictos relacionados con la defensa del medio ambiente son el reflejo de “una nueva guerra de baja intensidad”.

En tanto, los nicaragüenses hicieron énfasis en la pérdida de bosques y la pobreza extrema en zonas donde se desarrollan extracciones mineras.

1.118 concesiones mineras

Los Gobiernos de estos países han otorgado un total de 1.118 concesiones para extracción minera y en los casos de Guatemala y Honduras abarcan el 30 % de su territorio, según las organizaciones que participan en el foro.

En el encuentro participan la organización no gubernamental alemana Iniciativa Cristiana Romero y líderes comunitarios de cada país. Efeverde

 

Fuente:http://www.efeverde.com/noticias/ambientalistas-centroamerica-unen-proyectos-mineros/

Colombia

La minera AngloGold suspende trabajos en Colombia tras el rechazo de un pueblo a su proyecto

Justo un mes después de que el nombre de un pequeño pueblo, Cajamarca, saltó a las noticias por rechazar el proyecto minero La Colosa, la compañía responsable, AngloGold, suspende operaciones en Colombia. La empresa, de origen sudafricano, explica que después de 14 años de labores en la zona detienen su trabajo en la región, acatando la voluntad popular que se opuso a la explotación minera en su territorio. Un resultado abrumador de 6.165 votos contra 76 terminó empujando a la minera a parar el proyecto y abrió un debate nacional sobre la soberanía de los municipios y la participación cuando se decide sobre la exploración de sus tierras.

La meta de AngloGold era extraer 28 millones de onzas de oro en una zona que hace de despensa agrícola y tesoro hídrico en Colombia. De un pueblo que el mes pasado le dio valor en las urnas a un mecanismo democrático, poco usado hasta ahora. La empresa argumentaba recientemente que el impacto que se había generado desde que hace presencia en ese territorio era de baja intensidad,puntual, mitigable y compensable. Sus razones fueron respaldadas por voces como la del director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi- que también estuvo en contra de la consulta. Bruce Mac Master aseguraba que en el tema ambiental existen normas y entidades que estudian si un proyecto es viable o no. “Es absurdo atacar los proyectos considerados como viables y sostenibles, afectando a toda la población que se puede beneficiar de los mismos”. Sin embargo, fue más fuerte la voz del pueblo que, desde que se conocieron las pretensiones de la minera, estuvo acompañada por la de ambientalistas, académicos y juristas.

“Los explosivos usados para minería a cielo abierto contaminan el aire con metales pesados, presentes en el subsuelo. El drenaje ácido de las minas a cielo abierto libera cadmio y arsénico, tóxico para el ambiente y la gente”, razonaba Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, una de las organizaciones que lideró el proceso para que fueran los ciudadanos los que decidieran si querían o no que en su región se realizaran explotaciones.

Renzo García, del comité ambiental que promovió la consulta, advierte que la decisión de la empresa es “positiva”, pero no suficiente. Exige, como vocero de la comunidad, que se cumpla al pie de la letra lo que dispone la consulta popular. “Se tiene que acatar como es. No se trata de suspender, ellos tienen que renunciar a ese proyecto porque el pueblo así lo quiso”, asegura desde Cajamarca a ELPAÍS. Dice que esta lucha, que comenzó hace varios años, demuestra que la defensa de la vocación agropecuaria es posible y debe servir de ejemplo a otras regiones.

“Es un mensaje de esperanza para todos los que tenemos que padecer los estragos ambientales de estos grandes proyectos mineros”, agrega.

Con la decisión de la compañía, al menos 400 trabajadores quedarán sin empleo, se reducirán al mínimo los gastos operativos y se suspenderán las inversiones sociales que, según la empresa, llegan a los 6.000 millones de pesos colombianos.

Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/27/colombia/1493327943_158398.html

Perú

A LA  COMUNIDAD NACIONAL E INTER A LOS LÍDERES DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y SOCIALES DEL MUNDO: WAYKE PANAKUNA, HERMANOS  Y HERMANAS: 

Desde el ayllu Ipokate Lampa Puno Kollasuyu, me dirijo al pueblo peruano para manifestar lo siguiente:

Que nuestra población originaria Runa, del Kollasuyu Perú Tawantinsuyu, está en un estado de emergencia, frente a los proyectos extractivos de inversión privada con efectos de contaminación medioambiental que se han convertido en la amenaza más grande al derecho de la convivencia de Paz.

El gobierno, aduciendo “un levantamiento indefinido del pueblo aymara quechua del Kollasuyo” en el departamento Puno, en mayo del 2011, 18 indígenas han sido Denunciados ante el ministerio Público, en la región de Puno, funcionarios públicos al servicio de empresas mineras que contaminan la vida, el agua, la biodiversidad, el medio ambiente en el departamento de Puno. Denunciaron a los líderes ambientalistas, mediante el EXP. N° 00682 – 2011, formulado por la persona de Ramón Casa Pari. Sobre el REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN, que solicita ante el JUEZ DEL 2DO. JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PUNO, en contra del dirigente quechua PABLO SALAS CHARCA y otros, al respecto el DIFUNTO Juez Cristian Chiri de la Corte Superior de Puno, admitió y luego de haber escuchado los alegatos de la demanda, hoy se encuentra el proceso en JUICIO ORAL,  y la sentencia el Ministerio Publico a cargo del Dr. Juan Monzón Mamani Fiscal Provincial……… imputando  por los delitos Contra el Patrimonio en su modalidad de Extorción, disturbios, alterar el orden público en agravio del Estado y otros.

Sin la oportunidad de una minuciosa investigación y sin tener la posibilidad de tener una defensa oportuna”, violando con esto normas de derecho nacional e internacional. 

A pesar de aducir un “levantamiento indefinido del pueblo aymara quechua del Kollasuyo”, la petición presentada por los acusados sobre la PERICIA ANTROPOLOGICA fue declara INFUNDADA,

En este proceso penal existe discriminación racial toda vez que la Fiscalía y Juez a cargo de la preparación, iniciaron procesándolos y contraviniendo al derecho irrestricto de hacer uso de nuestras lenguas originarias del quechua y aymara porque somos originarios de los pueblos o comunidades campesinas como tal en su momento se exigió ser orientados, juzgados mediante traductores o interpretes por que no se entiende  las leyes y normas modelo occidental.

En el Derecho Penal del hecho punible. SECCION III, la Jurisdicción y competencia Art. 18 límites de jurisdicción ordinaria, aduciendo que los hechos ocurrieron en la ciudad, no se aplica esta justicia.

En esta parte del país no se está respetando la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

En un discurso transmitido por los medios de comunicación de Lima el pasado 28 de Julio del 2015, el ex Presidente de Perú Ollanta Humala, dedicó parte de su discurso de atacar, una vez más, a los líderes de las organizaciones indígenas del Perú, señalando que: “los vándalos, anti sistema, anti mineros no podrán desestabilizar el proceso del crecimiento económico, lucha frontal contra los delincuentes, azuzadores de la violencia”. Es decir a los que defendemos los derechos del Pueblo de Perú, a los que defendemos los derechos de la madre naturaleza y a los que decimos toda la verdad, nos está aplicando leyes como a criminales narcoterroristas, corruptos, sicarios, violadores.

Estos ataques contra los Defensores de la vida, agua, tierra, Ambiente y derecho de los Pueblos, a estos defensores de la Madre Tierra, están siendo combatidos políticamente, militarmente y judicialmente desde el Ministerio Público y Poder Judicial, aplicando Dec. Legislativos: 1015, 994, y otros Once Decretos Legislativos  emitidos el pasado 28 de Junio 2008, que criminalizan la protesta. Al mismo tiempo, protegen a los ex presidentes y sus ministros comprometidos con el caso LAVA JATO.

La situación de la presión política desde los empresarios mineros ha llegado a tal punto que los integrantes de Ministerio Público califiquen de actos delincuencial las medidas de las jornadas de protesta, el cual la CNDDHH del Perú debe informar y dar conocer ante las instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cese el amedrentamiento estatal.

El 10 Octubre, se hizo pública el pedido del Fiscal provincial de Puno a una sentencia de 18 a 28 años de  prisión contra los políticos  líderes de las organizaciones indígenas del sur del Perú; la condena es la máxima para los delitos de los que está acusado Pablos Salas Charca, por solidarizarse con la marcha antigubernamental, en defensa de la vida, agua y el territorio.

Todo Pueblo tiene derecho a luchar contra el delito ambiental socio económico; y los funcionarios del Estado al servicio de las mineras no tienen derecho a calumniar y difamar; menos a distorsionar la administración de justicia; por lo que el procesamiento debe hacerse bajo el estricto cumplimiento del derecho al debido proceso y, en ningún momento, se debe utilizar el derecho penal para la criminalización de líderes originarios opositores políticos, ni restringir el derecho de protesta.

El hecho de haber logrado derogar el D.S. 033-2011-PCM, firmado por Alan García, Derogando el D. S. 083- 2006- EM de la misma el que emite y el que deroga debería también ser  citado y alcanzar la denuncia penal, por ser responsable político.

No hay elementos que permitan concluir una relación de causa a efecto entre la solidaridad o pronunciamiento en apoyo a una  marcha, o manifestación política socio ambiental, siendo que se dio una opinión similar al discurso pronunciado durante la misma en solidaridad con el pueblo que dijo AGRO SI …MINAS NO, o Agua si… Oro No.

Por el contrario el CASO de Azángaro en el aeropuerto de Juliaca, dejo 06 muertos, ocasionados por el entonces ex Presidente Alan García Pérez, hoy en su condición de ser autor inmediato al ex presidente el Fiscal de Juliaca ha concluido declarado improcedente y archivado la investigación penal”.

Por los mismos motivos, merece un llamado desde las organizaciones agraria, indígena a nivel continental y los movimientos de derechos humanos y solicito a las organizaciones de derechos humanos del Perú que deben pronunciarse y solidarizarse con las autoridades comunales originarias y los criminalizados; y el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, de la República del Perú, que cese el hostigamiento a todas las personas defensoras de derechos humanos, como lo obliga la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados internacionales.

En el caso de la región de Puno la criminalización a los “opositores” es una constante y mostramos nuestro rechazo y exhortamos a que funcionarios vinculados a empresas contaminadoras dejen de utilizar al Estado Peruano para sus fines privados y cesen la persecución.

Nos alarma que, a partir de un ilegal estado de excepción impuesto por el ministerio público hoy pase a Juicio Oral, sin haberse demostrado los instrumentos de prueba, por orden de los “inversionistas” extranjeros, por recomendación de los empresarios privados, cientos de personas peruanas estén siendo procesadas en el Perú sin respeto de sus derechos, utilizando a supuestos TESTIGOS SIN ROSTRO, generando con ello una situación de riesgo para la garantía de su derecho a la vivienda, a la libertad, a la integridad personal, entre otros.

Como originarios kheswa de esta región del Puno llamo a alto comisionado de derechos humanos de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que intervenga, inste al gobierno peruano sobre el cese de la violación de los derechos humanos con los líderes quechuas.

Es así como  el gobierno actual viola los derechos humanos informa sistemática, a pesar que el estado peruano ratifico el convenio 169 de la O.I.T., en el año 1995,  siendo esta de  cumplimiento por los estados, sin embargo el estado peruano no cumple los convenios internacionales, siendo esta parte de la protección de los derechos fundamentales del ser humano, de conformidad al Artículo 7 convenio 169 de la O.I.T., 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

El Estado peruano actúa ante las comunidades indígenas como con colonias que invade,  impone a sangre y fuego expropiando las tierras que ocupan ancestralmente y estas son concesionados a las empresas extranjeras y que estas  a su vez contaminan ríos, aire y Tierras de las comunidades, los afectados estando protegidos por la ONU de conformidad al Articulo N° 3 del convenio 169 de la OIT.- 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

La criminalización es la más extrema de las medidas que un Estado puede tomar debido al enorme impacto en la vida personal y familiar.

Con el ánimo de que el diálogo diplomático entre los líderes indígenas socio ambientales y el gobierno de Perú, pueda encarar y superar esta situación de tensión y violaciones de derechos humanos en la región de Puno.

Los argumentos que he referido, como ciudadano del Perú Tawantinsuyu, de origen indígenas, solicito que se nos respete  la vida, respeto  a la libertad y respeto a nuestras tierras, que somos posesionarios antes de la colonia, que estamos gravemente afectados por las usurpaciones de nuestras tierras por parte del estado peruano a favor de las empresas mineras privadas y es por ello que solicitamos la intervención de la relatoría de la ONU, a fin de que se pueda proteger, la libertad, y así como la protección de la vida del ser humano y es por ello que no debe ser penalizado los indígenas, que en las protestas que hubo fue a fin de proteger sus tierras y al derecho a la vida.

Esta medida de las transnacionales mineras via la judicialización de ser un hecho la penalización y encarcelamiento será una derrota de los lideres  y autoridades comunales para que todo acto de defensa a la madres tierra sea criminalizado, en consecuencia esperamos una justicia justa, desde su origen viendo el lado político y alentamos que el Perú profundo originario ganara.

No a la persecución a los líderes sociales por parte de las autoridades jurisdiccionales y demandamos al mismo tiempo el cese de la represión indiscriminada al pueblo y el empleo de armas letales por parte de los efectivos policiales y militares.

Pablo Salas Charca como originario de los ayllus (comunidades) del Tawantinsuyu (Perú), no lucha  por canon o por mas regalías,  nuestra lucha es de carácter histórico, defendemos nuestra soberanía nacional, defendemos nuestro territorio, que nos pertenece desde hace miles de años, defendemos la vida, el agua, el sol, la tierra, el respeto al ser humano, el respecto a la madre tierra, a la madre naturaleza, la vida en armonía con el medio ambiente.

Desde esta heroica ciudad de la integración Andina Juliaca, hago un llamado a los líderes y autoridades comunales de la Región Puno y del Perú, para cuestionar al actual gobierno por la inhumana política colonialista del neoliberalismo y tomar acciones inmediatas frente a la vulneración y violación de los derechos colectivos del pueblo

PABLO SALAS CHARCA

PDTE CORECOQA

#990070766

 

Colombia

Desde el aire buscarán ubicar minería ilegal en Urrao

Hay preocupación en el municipio de Urrao, suroeste de Antioquia, por el aparente incremento de la actividades relacionadas con la minería ilegal y el tráfico ilícito de madera, específicamente en las veredas Mandé, Punta de Ocaido y la zona selvática de esa población, las cuales limitan con otros municipios como Frontino, Vígia del Fuerte y el departamento de Chocó.

La denuncia la hacen varios integrantes de la Mesa Ambiental y el grupo No a la Minería de Urrao, quienes aseguran que son al menos nueve puntos en los que hay minas ilegales de oro y en donde “ya llevan al menos dos años consumiendo bosques y selva, que hacen parte de una reserva forestal decretada mediante ley segunda de 1959 y que se encuentran cercana al Parque Natural Las Orquídeas”.

Quienes hicieron pública esta problemática afirman que desde el inicio de esa actividad “se hizo la respectiva denuncia con fotos y documentos ante las autoridades locales del municipio; sin embargo, al ver que no hubo resultados, decidimos acudir a la Gobernación y al Ministerio de Defensa. En las zonas donde se está haciendo la minería ilegal ni siquiera hay acceso vehicular, al parecer la maquinaria la pasaron desde Chocó y también por los afluentes que hay en la zona”.

El personero local, Carlos Andrés Cossio, afirmó que a su despacho llegaron las denuncias sobre las actividades de minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo, “por lo que se hizo la respectiva diligencia para que esa denuncia la tuvieran los órganos competentes, en este caso, la Fiscalía el Ministerio de Defensa y la Brigada contra la Minería Ilegal de Ejército en Bogotá”.

El personero agregó que ya la policía de Urrao ha incautado gran cantidad de madera de bosque nativo.

Esta problemática de la minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo en Urrao fue tema de discusión en el pasado consejo de seguridad de la Gobernación de Antioquia y por esa razón, el gobernador Luis Pérez Gutierrez anunció que en los próximos días se realizarán sobrevuelos para poder detectar las zonas donde se está extrayendo el oro de manera ilegal.

“Las comunidades están protestando y por eso la secretaría de Gobierno y de Minas estarán al frente de esta situación con todos los organismos de seguridad y estaremos dando resultados muy pronto”, afirmó el mandatario regional.

Hay preocupación en el municipio de Urrao, suroeste de Antioquia, por el aparente incremento de la actividades relacionadas con la minería ilegal y el tráfico ilícito de madera, específicamente en las veredas Mandé, Punta de Ocaido y la zona selvática de esa población, las cuales limitan con otros municipios como Frontino, Vígia del Fuerte y el departamento de Chocó.

La denuncia la hacen varios integrantes de la Mesa Ambiental y el grupo No a la Minería de Urrao, quienes aseguran que son al menos nueve puntos en los que hay minas ilegales de oro y en donde “ya llevan al menos dos años consumiendo bosques y selva, que hacen parte de una reserva forestal decretada mediante ley segunda de 1959 y que se encuentran cercana al Parque Natural Las Orquídeas”.

Quienes hicieron pública esta problemática afirman que desde el inicio de esa actividad “se hizo la respectiva denuncia con fotos y documentos ante las autoridades locales del municipio; sin embargo, al ver que no hubo resultados, decidimos acudir a la Gobernación y al Ministerio de Defensa. En las zonas donde se está haciendo la minería ilegal ni siquiera hay acceso vehicular, al parecer la maquinaria la pasaron desde Chocó y también por los afluentes que hay en la zona”.

El personero local, Carlos Andrés Cossio, afirmó que a su despacho llegaron las denuncias sobre las actividades de minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo, “por lo que se hizo la respectiva diligencia para que esa denuncia la tuvieran los órganos competentes, en este caso, la Fiscalía el Ministerio de Defensa y la Brigada contra la Minería Ilegal de Ejército en Bogotá”.

El personero agregó que ya la policía de Urrao ha incautado gran cantidad de madera de bosque nativo.

Esta problemática de la minería ilegal y tala indiscriminada de bosque nativo en Urrao fue tema de discusión en el pasado consejo de seguridad de la Gobernación de Antioquia y por esa razón, el gobernador Luis Pérez Gutierrez anunció que en los próximos días se realizarán sobrevuelos para poder detectar las zonas donde se está extrayendo el oro de manera ilegal.

“Las comunidades están protestando y por eso la secretaría de Gobierno y de Minas estarán al frente de esta situación con todos los organismos de seguridad y estaremos dando resultados muy pronto”, afirmó el mandatario regional.

Temen por su seguridad

Las personas de la Mesa Ambiental y del grupo No a la Minería de Urrao que hablaron con EL COLOMBIANO, denunciaron que fueron amenazados por sacar a la luz pública la problemática que hay por cuenta de la minería ilegal y el tráfico de madera, y por esa razón prefirieron no publicar sus identidades.

“Hemos recibido llamadas en las que nos dicen que ya nos tienen en la mala a los de la mesa ambiental y que si se llega a realizar un operativo contra la minería en Urrao, nos van a matar”, asegura uno de los jóvenes, quien agrega que esas amenazas ya fueron denunciadas ante la Policía, Fiscalía y Personería del municipio.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/mineria-ilegal-en-urrao-AL6397705

Perú

Desaparece de la web del Ministerio del Ambiente documento sobre La Oroya

Llama la atención que en medio del debate sobre la propuesta que ha presentado el Ministerio del Ambiente (Minam) y que busca modificar los Estándares de Calidad del Aira (ECA), se haya borrado un documento de su sitio web, que precisamente aborda con mucho rigor y detalle el caso de La Oroya.

Como se sabe, el pasado 8 de abril ha sido pre publicada una propuesta de decreto supremo que busca modificar los ECA de aire vigentes a nivel nacional. Esta disposición ha generado preocupación en torno al parámetro de dióxido de azufre, un aspecto estrechamente vinculado al caso de la fundición de La Oroya y a la calidad del aire en todo el país.

Lo cierto es que el documento que hasta hace poco estaba en el sitio web del Minam -que fue preparado por la gestión anterior-, mostraba con mucha claridad que no era cierto que la principal razón por la que no se ha podido subastar el complejo de La Oroya era la exigente normativa nacional, que supuestamente supera la de Canadá, Chile, etc. Una de las explicaciones es que los niveles de emisiones de dióxido de azufre que se exigen en La Oroya son los vigentes el año 2001: 80 microgramos por metro cúbico anual de emisiones de polvo y metales (ug/m3) promedio anual y 365 (ug/m3) de promedio diario1.

¿Esta normativa es más exigente que en Chile o Canadá? El documento desaparecido de la web del Minam, muestra que en Canadá el promedio diario es 300ug/m3 y en Chile 250ug/m3. Además,al complejo metalúrgicose le había dado hasta el año 2029 para adecuarse, es decir 14 años.

¿Por qué el Minam ha borrado de su web este importante documento? La actual gestión del Minam debería explicarlo. Mientras tanto y, como era información pública a la que cualquier ciudadano tiene el derecho de acceder, nos animamos a compartirla (por supuesto citando la fuente). Revísenla y saque sus propias conclusiones.

http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/716-desaparece-de-la-web-del-ministerio-del-ambiente-documento-sobre-la-oroya

Mexico

Activista zoque denuncia agresión verbal por tomar imágenes de representantes mineros en palacio municipal

Chimalapa 27 abr (#Istmopress) .- Ceyla Cruz Gutiérrez, activista y comunera zoque y también representante del Comité Unidos por el Pueblo denunció que fue victima de una agresión verbal e intimidaciones de parte de trabajadores del ayuntamiento de San Miguel Chimalapa cuando realizaba capturas fotográficas de representantes mineros quienes ingresaban al palacio municipal.

La activista señaló que recibió las agresiones de trabajadores del palacio municipal quienes la llamaban “loca” o “ demente” cuando tomaba fotografías de los representantes de la empresa quienes venían acompañados de comuneros y en una camioneta de la marca “Silver” que le fue otorgada a la comunidad en el 2014 a cambio de ceder los permisos.

Ceyla fue ex candidata a la presidencia municipal por la planilla amarilla en la jornada electoral pasada y también ha sido opositora al proyecto minero que abarca 5 mil hectáreas en el predio “Las Jaquicas” en la comunidad de La Cristalina en San Miguel Chimalapa.

Esta concesión minera fue otorgada en el 2008 a la empresa Minera Minaurum Gold Inc-Minera Zalamera. En el 2014 realizó trabajos de exploración y al parecer ha comenzado a realizar trabajos de explotación a pesar de que diversos colectivos y comuneros se han opuesto a este proyecto minero.

Ceyla dijo que el año pasado, los representantes tanto municipales como comunales en este caso el ex alcalde Geú Guzmán Castillejos y José Medel Jiménez Cruz respectivamente no firmaron el acuerdo regional de autoridades para declarar a sus municipios libres de minería.

“Exigimos que mediante una asamblea de los comuneros, que sumamos más de 3 mil nos den cuenta de lo que esta pasando en la Cristalina o que acuerdos han llegado la actual autoridad que representa Fernando Miguel Contreras y el comisariado de bienes comunales, José Medel Jiménez Cruz, quienes sabemos han negociado con la empresa minera tanto recursos económicos como en especie”.

Dijo que la mayoría de la comunidad no está de acuerdo en que se exploten los recursos minerales de esta zona de la Cristalina debido a que existen ríos y también animales endémicos así como flora y fauna que serían seriamente afectados por esta exploración a cielo abierto.

Recordó que el año pasado se realizaron dos foros informativos en la cabecera municipal de San Miguel Chimalapa respecto a la minería en donde se acordó no avalarla, sin embargo en lo oscurito los comuneros de la cristalina que suman 10 han concedido los permisos.

Comunidades de al menos diez municipios entre los que señalan Zanatepec, Tapanatepec, San Miguel Chimalapas, Ciudad Ixtepec, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Unión Hidalgo, Ixhuatán y Reforma de Pineda se encuentran en riesgo de que sus recursos naturales sean devastados asimismo la economía campesina.

Descubrieron a través de consultas en paginas de la Secretaria de Economía, apartado Programa de Desarrollo Minero, que del total del territorio oaxaqueño (9 millones, 395 mil 978 hectáreas), 743 mil 018 hectáreas esta concesionada para la minería metálica a cielo abierto, es decir el 8 por ciento de todo Oaxaca.

Estos títulos mineros se encuentran repartidos entre empresas canadienses (Almadem Minerales LTD, Fortuna Silver Mines INC, Minaurum Gold Inc-Minera Zalamera, Radius Gold- Geonorte, Sundace Minerales LTD, Argentum Silver Copr y Newstrike Capital INC), estadounidenses (Gold Resources Corp/Don David Gold y Sunshine Silver Mines Corp- Plata Real) y la única mexicana Altos Hornos de México S.A de C.V.

En el estado de Oaxaca, la región de los valles centrales, en los distritos de Tlacolula y Ocotlán se encuentra el 80 por ciento de territorio afectado con la presencia de cinco mineras quienes extraen oro, plata y zinc.

En la región de la sierra sur-costa es el 45 por ciento del territorio de los distritos de sola de Vega y Juquila que pertenecen a tres empresas quienes extraen Hierro, Oro y Plata.

Para la zona del Istmo- Chimalapas abarca el 20 por ciento de territorio en los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapa, Zanatepec, Tapanatepec, Ixtepec, Lachiguiri y Laollaga de donde se extraerá Cobre, Oro y Plata a través de cuatro proyectos de exploración (Aurena, Santa Martha, La Ventosa y Lachiguiri).

Fuente:http://www.istmopress.com.mx/istmo/activista-zoque-denuncia-agresion-verbal-por-tomar-imagenes-de-representantes-mineros-en-palacio-municipal/

Internacional

Ecologistas en Acción organiza este domingo una marcha senderista en Ciudad Real en protesta contra las tierras raras

España.-La organización Ecologistas en Acción, en Ciudad Real, ha programado para este domingo, 30 de abril, a las 10.30 horas, una marcha senderista en protesta contra la minería de las tierras raras y en defensa de “un Campo de Montiel vivo”.

La marcha saldrá desde la finca Virgen de Lourdes –en el camino de acceso entre el kilómetro 3 y 4 de la Carretera Valdepeñas-Torrenueva– y llegará a la Plaza de Torrenueva alrededor de las 13.30 horas, donde se hará una concentración y un acto público, ha informado Ecologistas en nota de prensa.

Concretamente, esta ruta cubrirá una distancia de 7 kilómetros y su dificultad será bajo. Así, la organización ha invitado “a toda la comarca” a participar.

Además, saldrá un autobús desde Puertollano, que hará escala en Ciudad Real y Valdepeñas para recoger pasajeros que quieran asistir. Las personas interesadas deben dirigirse al teléfono 685175197.

MINERÍA DE TIERRAS RARAS

Desde la concesión de los primeros permisos de investigación en 2013 hasta ahora, después de presentar Quantum Minería S.L el estudio de impacto ambiental –en estos momentos en fase de alegaciones–, “la falta de comunicación y transparencia ha sido una constante”, denuncian.

Tanto la empresa, como el Gobierno regional, “han obstaculizado el conocimiento preciso de los proyectos y, por consiguiente, la participación pública”. No es hasta la aparición de la Plataforma Sí a la Tierra Viva cuando, “no sin dificultades, cuando va llegando información de la actividad extractiva contemplada”.

“Los proyectos mineros han sido cuestionados no solo por la población afectada, que se resiste a perder su patrimonio natural y sus fuentes de riqueza asociadas a la producción agroganadera y al turismo rural, sino por el Defensor del Pueblo, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadiana”, señalan.

Por último, denuncian “las tretas de Quantum Minería, fragmentando el proyecto para de esta forma evitar la obligación de pasar por una Evaluación Ambiental Estratégica, al afectar a un espacio de la Red Natura 2000”.

También, lamentan “el papel de cierta élite académica vinculada a la Universidad Politécnica de Madrid y a la Universidad de Castilla-La Mancha en el patrocinio y promoción de una industria que destruye y contamina el territorio y que empobrece a los pueblos allá donde se asienta”.

Fuente:http://www.revistadetalle.cl/?gclid=CKa5qpX1xNMCFRUFkQodkIsPZA