Mexico

Industrias extractivas quitan agua a 10% de los mexicanos, Zacatecas el más afectado

Federico Guzmán López, investigador de la Unidad Académica de Estudios Críticos del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), advirtió que los megaproyectos mineros y otras actividades extractivas vulneran el derecho al agua de casi 12 millones de mexicanos.

En un foro que fue organizado por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y otras organizaciones en esta ciudad, presentó su estudio “Vulnerabilidad del derecho humano al agua en México por Minería”, en donde explicó que el despojo hidríco en contra de 10% de la población del país es una problemática en varios estados, principalmente en donde hay minería, así lo informa La Jornada.

Federico Guzmán detalló que en México hay 106 acuíferos sobrexplotados, esto afecta a 11.9 millones de mexicanos que son proclives a la “ecomigración” no sólo por escasez de agua, sino también por la contaminación. En el país, “20% del agua subterránea ya está contaminada, también el 24% de las superficiales”.

Ocurre que desde el año 2000, la industria minera ha logrado cada vez más concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para explotar ese recurso vital. Retomando un análisis del proyecto Cartocrítica y estadísticas de la Conagua actualizadas a 2016, son tres las principales mineras que “despojan” de agua al país:

Grupo México, tiene 142 concesiones para explotar hasta 90 millones 616 mil metros cúbicos anualmente. Luego esta la canadiense Goldcorp, con 74 concesiones para extraer 47 millones 656 mil metros cúbicos de agua, y la otra es Arcelor Mittal, con 11 concesiones para aprovechar 45 millones 844 mil metros cúbicos del líquido.

Guzmán López señaló a empresas trasnacionales que, ante la “laxitud “ con la que opera el gobierno mexicano, han emprendido proyectos para la financiarización del agua, como lo han hecho ya en otros países: JP Morgan, Citigroup, Allianz y HSBC, magnates chinos y filipinos y el ex presidente estadunidense George Bush, además de las empresas Suez (francesa); Iberdrola, Aguas de Barcelona y Unión Fenosa (españolas) y las inglesas Río Tinto y BHP Billiton.

También explicó que las empresas mineras usan cantidades “extraordinarias” de agua potable para la recuperación de oro, plata, cobre, plomo y zinc, entre otros minerales, mediante trituración de materiales, oxidación, patios de lixiviación, tanques de flotación, molinos de minerales, plantas de sulfuros y lagunas de recuperación de jales.

El investigador también destacó que en varias entidades, el despojo hídrico de las mineras ya supera el volumen de agua que consume el total de la población, señaló. En Sonora, ejemplificó, las empresas mineras consumen 107 millones de metros cúbicos de agua al año, que equivalen a 110 por ciento del consumo de la población, de 2 millones 955 mil 284 personas.

En Zacatecas, dijo, las mineras están autorizadas por Conagua para extraer cada año hasta 55 millones 780 mil metros cúbicos de agua, esto es el 102.5% del líquido consumido anualmente por un millón 528 mil 247 personas. El declive del derecho humano al agua en Zacatecas durante los 25 años recientes se agudizó en el periodo 2010-2015, que corresponde con el auge de la minería en el país y con nuevos métodos de extracción, como la explotación a cielo abierto.

En Zacatecas en el año de 1990 había 239 mil 541 viviendas habitadas, de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En ese año se contabilizaron 233 mil 97 zacatecanos sin agua potable. Veinticinco después, el Inegi encontró que existían 418 mil 850 viviendas habitadas y 334 mil 792 personas que no tienen acceso al agua potable.

Fuente:https://regeneracion.mx/industrias-extractivas-quitan-agua-a-10-de-los-mexicanos-zacatecas-el-mas-afectado/

Colombia

Cerrejón deberá suspender actividades mineras sobre arroyo Bruno

Luego de que la sala plena de la Corte Constitucional decidiera dejar en firme la suspensión de las obras de la multinacional El Cerrejón sobre el arroyo Bruno, las comunidades de la Guajira aseguraron que harán respetar ese fallo teniendo en cuenta que el desvío del río, atenta contra el derecho al agua.

En repetidas ocasiones, las comunidades de la Guajira han manifestado que no fueron consultadas antes de que se empezará a hacer la desviación del arroyo Bruno, una proyecto que busca realizar la multinacional para expandir la producción de carbón en ese territorio. Para lograr esto, se ha venido denunciando la deforestación de varias zonas para permitir la construcción del canal que desvía el agua.

Corte Constitucional ya había ordenado suspender las actividades del Cerrejón

La Corte Constitucional ya había ordenado cesar las actividades de la multinacional en agosto del 2017. Allí, había decidido ponerle freno a las actividades de la empresa, hasta tanto no se verificara la situación de derechos humanos de la población indígena y afro que hacen parte de las diferentes comunidades de La Guajira.

En ese momento, la compañía se había comprometido a cumplir con todos los requerimientos legales, ya que había logrado obtener el permiso para intervenir el Arroyo Bruno, gracias a que, en noviembre de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, permitió al Cerrejón la modificación del plan de manejo ambiental.

Un procedimiento para el cual CORPOGUAJIRA se había declarado sin posibilidad de emitir permisos por incapacidad técnica, por lo que la ANLA, que ya había avalado el desvío, fue quien terminó realizando “estudios amañados”, que dieron paso a la ampliación de la mina en el Tajo La Puente, como se ha asegurado desde la organización Censat Agua Viva que acompaña a las comunidades.

Cerrejón se ha caracterizado por incumplir los fallos de la Corte

De acuerdo con Samuel Arregoces, líder de una de las comunidades afrocolombianas y el pueblo Wayuú en la Guajira, el Cerrejón se ha caracterizado por no acatar las decisiones legales y ha violado los derechos humanos de manera sistemáticas. “Hoy le estamos demostrando al Estado colombiano y al mundo que Cerrejón no cumple con los estándares que le piden para hacer su minería que no es responsable con el medio ambiente y menos con las comunidades”.

Afirmó que esta nueva sentencia la harán valer y utilizarán los mecanismos necesarios para que la empresa cumpla con lo que estipula la Corte, “están jugando con la vida, acá el agua es algo vital, las personas están muriendo por falta de agua potable”. Además, dijo que ha habido un trabajo valioso con diferentes organizaciones para evitar que el arroyo Bruno sea desviado.

Arregoces indicó que ya ha sido construido el primer tramo del canal que será utilizado para desviar el agua del arroyo. Allí, varias comunidades ya se han visto afectadas, así como se verán otras poblaciones ubicadas cerca de la fuente de agua.

Para las comunidades, es difícil comprender que la producción de carbón se mantenga en Colombia teniendo en cuenta que los países de Europa, a los cuales se les vende el mineral, han decidido dejar atrás su uso. Ante esto, “el Gobierno tiene que pensar en crear nuevas alternativas económicas que no dañen el ecosistema a costillas de nada”.

Fuente:http://www.contagioradio.com/cerrejon-debera-suspender-actividades-mineras-sobre-arroyo-bruno-articulo-49554/

Guatemala

Pobladores de tres departamentos piden a la CC que suspenda proyecto minero

Los vecinos portan pancartas con mensajes como: “Casillas, presente en la resistencia por la defensa del territorio” y “Sí a la vida, no a la minería, pueblo Xinka”.

Pobladores de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa solicitaron hoy a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que resuelva en definitiva y suspenda en definitiva el proyecto minero El Escobal, propiedad de Minera San Rafael.

Kelvin Jiménez, abogado del Parlamento del Pueblo Xinka, explicó que están buscando que queden sin efecto dos licencias que se le otorgaron a esa empresa.

Provocaciones

Por aparte, los vecinos denunciaron que supuestamente han sido víctimas de provocaciones de parte de la compañía minera.

De acuerdo con Ángel Alvarado, originario de Santa Rosa de Lima, la empresa pretende deslegitimar la resistencia pacífica que mantienen los pobladores desde el pasado 6 de junio en Casillas, Santa Rosa, “con el ánimo de sustentar posteriormente que nosotros somos revoltosos”, aseguró.

Mientras tanto, Miguel Revolorio, de Mataquescuintla, Jalapa, aseguró que la minería no trae desarrollo para las comunidades, por eso exigió la suspensión en definitiva de las labores de explotación.

Resistencia

Desde hace más de 20 días, los vecinos de seis municipios de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa mantienen presencia frente a la sede de la CC como una forma de “resistencia pacífica” a la minería.

En el lugar colocaron varias mantas. “Casillas, presente en la resistencia por la defensa del territorio”, “Sí a la vida, no a la minería, pueblo Xinka” y “CC resuelva a favor de los pueblos”, son algunos de los mensajes que se expresan en estas.

Fuente:https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/11/29/pobladores-jutiapa-jalapa-santa-rosa-piden-la-corte-constitucionalidad-suspenda-proyecto-minero-escobal.html

 

Republica Dominicana

19 diputados sureños contra permisos minería

Diecinueve legisladores de la región Sur están en contra de que sea aprobado cualquier tipo de exploración o explotación minera en la región hidrográfica del río Yaque del Sur.Ayer la Cámara de Diputados conoció un proyecto de resolución que busca se declare y reconozca la Región Hidrográfica Yaque del Sur, que abastece de agua a las regiones El Valle y Enriquillo, como región deficitaria de agua y libre de todo tipo de minería metálica.

El diputado nacional Fidelio Despradel, autor de la pieza, dijo que en caso de llegar a obtener permisos de explotación, se afectarían los suelos productivos, la disponibilidad de recursos hídricos y la calidad de las aguas.

David Herrera, diputado perredeísta por San Juan y coautor de la resolución, señaló que tienen el apoyo de 19 legisladores del Sur por los daños que causaría a una región eminentemente agrícola.

Edward Gómez, diputado por Bahoruco, se preguntó que si eso no se va a explotar, para qué hacer estudios. “Solicitamos al presidente que elimine ipso facto ese proyecto. En Bahoruco tenemos temor que pase como en Cotuí, que prohíba los estudios y que no se permita minería en la parte alta del Yaque”, dijo.

Este mes, en el Foro Legislativo que realizó la Cámara en San Juan, agricultores alertaron sobre las intenciones de una empresa canadiense de explotar dicha área.

La expresidenta de la Cámara y diputada por San Juan, Lucía Medina, aclaró que el Gobierno no ha cedido ningún tipo de permiso para explotación minera, sino que lo que se ha otorgado es un permiso de exploración para determinar los recursos con que cuenta.

Fuente:http://www.elcaribe.com.do/2017/11/30/19-diputados-surenos-contra-permisos-mineria/

Colombia

Tribunal ordenó realizar la consulta minera de Córdoba, Quindío

El Tribunal Administrativo del Quindío decidió, en un fallo de primera instancia, amparar el derecho fundamental a la participación ciudadana del Alcalde del municipio de Córdoba, Quindío, y de los habitantes del municipio que tenían programada para este domingo 3 de diciembre la consulta popular minera.

El Tribunal le ordenó a la Registraduría, a través del registrador o su delegado, que en un término de 48 horas siguientes a la notificación, adelante todas las actuaciones necesarias en conjunto con el Ministerio de Hacienda, Crédito Público y con el municipio de Córdoba, “para coordinar todas las gestiones a lugar con miras a garantizar la realización de la consulta popular del municipio de Córdoba”, dice el fallo.

El fallo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes.

Cabe recordar que la Registraduría le pidió al alcalde que suspenda la consulta, pues el Ministerio de Hacienda no le giró los recursos, unos 25 millones de pesos. Y pese a que el mandatario local dijo que pagaría la consulta, la Registraduría respondió que no podía celebrar un convenio con el ente territorial.

Además, el Ministerio de Minas interpuso ante el Consejo de Estado una acción de tutela contra el Tribunal del Quindío por avalar la consulta.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/consulta-popular-minera-en-cordoba-quindio-156584

Colombia

Ya son ocho los municipios de Antioquia que le dicen no a la minería

 Durante la última semana, Tarso, Betulia y Concordia rechazaron la explotación de recursos y tratan de promover la economía tradicional local.

Sin embargo, la decisión tomada por cada una de las corporaciones deberá ser ratificada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ya que, según la Secretaría de Minas del Departamento, esta no tiene validez.

Según le dijo a Blu radio el presidente del Concejo de Tarso, León Bermúdez, es evidente que el Suroeste antioqueño busca proteger sus recursos naturales.

También han emitido decisiones para prohibir la minería Támesis, Jericó, Titiribí, Jardín y Urrao, aunque este último ya fue declarado inválido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Desde la Secretaría de Minas han insistido en que la minería no se puede coartar por medio de acuerdos de Concejos municipales y advirtieron que serán demandando ante el Tribunal.

Fuente:https://noticias.caracoltv.com/medellin/ya-son-ocho-los-municipios-de-antioquia-que-le-dicen-no-la-mineria

Argentina

Causas veladas en Veladero

La justicia sanjuanina se apresta a archivar las causas penales por los últimos dos derrames en la mina Veladero, ocurridos en septiembre de 2016 y en marzo de este año. En el primer caso, el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, y solicitó el cierre del caso ante la falta de delito. En el segundo, el juez Oritja aseguró que

“aunque faltan algunas medidas solicitadas, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”. El abogado de los asambleístas jachalenses, Marcelo Arancibia, dijo a este diario que “de la justicia de San Juan no se puede esperar nada. Después del primer derrame de 2015 donde se avanzó sobre los perejiles y no sobre los funcionarios que tenían que controlar ni sobre los empresarios, ha quedado en evidencia que la justicia de la provincia es funcional al gobierno y la empresa que no quieren que se determine el daño ambiental”, y aclaró que “por eso nos focalizamos en la causa que lleva el juez (Sebastián) Casanello por la violación a la Ley de Glaciares”.

El juez de Jáchal con jurisdicción sobre el departamento Iglesia, donde se localiza la mina que explotan la canadiense Barrick y la china Shandong, sostuvo que en el segundo derrame –que se produjo durante la madrugada del 8 de septiembre– “no se comprobó que los líquidos derramados en el valle de lixiviación, hayan llegado a algún curso de agua de la zona”, por lo que “no está demostrada la contaminación”. Además, explicó que en la causa penal que investiga si hubo transgresiones a ley de manejo de residuos peligrosos y la contaminación del agua, “no tiene imputados”.

En cuanto a la investigación por el tercer derrame (el 28 de marzo) cuando se desconectó un caño con “material rico, que no contendría agua con sustancia cianurada sino una mezcla de oro y plata”, según aseguró el gobierno, Oritja dejó entrever que tendría el mismo destino, el archivo, ya que “aunque faltan algunas medidas de prueba que se han solicitado, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/78910-causas-veladas-en-veladero

Nicaragua

Pobladores de Chontales reclaman agua limpia

También expresan su preocupación por concesiones mineras. Representantes de organizaciones defensoras del medio ambiente, de varios municipios chontaleños, adoptaron un “Decálogo Ambiental del Agua y la Vida”, en el que se enumeran acciones para proteger los recursos naturales, especialmente dentro del contexto del cambio climático.

Los ciudadanos reunidos en el municipio de Santo Domingo, Chontales, este sábado reciente, centraron sus esfuerzos en la protección de la cubierta vegetal de sus montañas –y de las montañas mismas– como fuente para producir agua.

La calidad de esas aguas es otro de los problemas que más expresiones de preocupación generó entre los asistentes a la cita, convocada por la Plataforma Nacional por la Defensa del Agua y de la Vida.

Reclaman por concesiones mineras

Ricardo Palma, miembro departamental de la Plataforma, recordó que hay grandes extensiones de territorio entregadas en concesión a empresas mineras, lo que incluye el río Mayales, que desemboca en el Lago Cocibolca, de donde toma agua la ciudad de Juigalpa, por lo que “contaminar el Mayales, puede perjudicar a los juigalpinos”, advirtió.

Como Palma, las personas reunidas en esta zona minera del departamento de Chontales temen que la extracción de oro, plata, y otros minerales, termine envenenando las aguas, siendo que la industria requiere usar mercurio o cianuro para separar el oro del resto de materiales.

Cualquiera de esas dos sustancias es altamente tóxica.

Una fuente del sector minero dijo a Confidencial que “nosotros (la industria) no usamos mercurio en nuestros procesos. Son los mineros artesanales quienes la usan”.

 

 

“El agua se debe priorizar para el consumo humano”

Aunque la lucha de estos ciudadanos no ha dado mayor fruto –porque alegan que las autoridades edilicias y ministeriales están del lado de las mineras– Ruth Selma Herrera, coordinadora de la Plataforma Nacional, recordó que la Ley mandata “priorizar el consumo humano”, cuando de uso del agua se trata.

“No pueden decir ‘es que los cañeros la necesitan’, o ‘vamos a dársela a las minas’; la Ley contempla la obligación de satisfacer primero las necesidades de la gente, y hasta después, atender las necesidades de cualquier cultivo o industria”, señaló.

Además de la necesidad del dinero que aporta el sector, el temor también que frena las posibilidades de encontrar una solución al problema de estas comunidades, siendo que la minería genera ingresos para las municipalidades, empleo para miles de personas, y dinamiza la economía, en especial, para las actividades de transporte, comercio y construcción, entre otras.

Ello explicaría que las autoridades actúen de manera centralizada al otorgar concesiones “sin consultarnos a nosotros, los afectados”, pero también, que “no oigan nuestras quejas y reclamos”.

Diez leyes para cuidar el ambiente, el agua y la vida

Al proponer el Decálogo Ambiental del Agua y la Vida, Ruth Selma Herrera explicó que el texto del mismo –de seis páginas de extensión– había sido discutido y aprobado luego de presentarlo a consideración de casi 11,000 personas, tanto de manera presencial como en línea.

Explicó que todas las ‘leyes’ (indicaciones, guías de acción) que propone, están sustentadas en el cuerpo legal de la nación. “Este Decálogo tiene fundamento jurídico. Ya todo está en la Ley”, aseguró, acotando que mucho de ello simplemente no se cumple.

El Decálogo Ambiental del Agua y la Vida incluye:

  • No destruirás el bosque, y trabajarás por recuperarlo.
  • Promoverás acciones de conservación y prácticas productivas adecuadas.
  • Ayudarás a recuperar las fuentes de agua superficiales y subterráneas.
  • Harás efectivo tu derecho a tener agua para consumo humano y seguridad alimentaria.
  • Reclamarás desarrollo humano sostenible, y respeto a los derechos de los pueblos originarios.
  • Demandarás responsabilidad en el desarrollo de ciudades y asentamientos.
  • Demandarás una educación pública y privada que incluya la gestión ambiental responsable.
  • Te organizarás para resistir los efectos del cambio climático.
  • Exigirás que el Estado cumpla las leyes que protegen los recursos naturales y nuestro medio ambiente.
  • Aportarás a la construcción de un ambiente sano, y del manejo sostenible de nuestros recursos naturales.

Fuente:https://confidencial.com.ni/pobladores-de-chontales-reclaman-agua-limpia

 

Argentina

Jujuy entregó tierras de pueblos originarios a una minera

La minera canadiense Dajin Resource anunció  la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes para explotar litio. Mantuvieron reuniones con los secretarios de minería de nación (Daniel Meilán) y de jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar, que rechazan el proyecto.

En Jujuy   comenzó el relanzamiento de la megaminería   en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio, mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. En esas tierras planean hacen una mina.

Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa de esta explototación minera empresas multinacionales, gobiernos y científicos para extraer el litio, y entre todos ellos se han puesto de acuerdo para minimizar el impacto ambiental que traería como consecuencia la apertura de la mina, como son la afectación del salar y la contaminación del agua dulce.
Al otorgarles las 90.000 hectáreas tampoco contemplaron los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunciaron la violación de sus derechos territoriales.

Los comunidades se han movilizado frente al poder político y afirmaron que no quieren minería en su territorio. La causa judicial se tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto. Sin embargo, pactaron con la minera canadiense.

Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2017/11/jujuy-entrego-tierras-de-pueblos.html

Colombia

Otros dos municipios del Suroeste antioqueño dijeron no a la minería

De los 23 municipios que conforman el Suroeste antioqueño, un tercio no acepta que se realice minería en su territorio. O por lo menos en lo que respecta a los Concejos Municipales. A Jericó, Támesis, Urrao, Caicedo y Titiribí, se les acaba de unir Betulia y Tarso.

Estos dos municipios también optaron por la herramienta de Proyecto de Acuerdo para decirle no a la minería.

León Jaime Bermúdez, presidente del Concejo de Betulia, informó que se aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo que prohíbe la minería metálica en ese territorio.

“Nos sumamos a la causa en defensa del territorio y de los recursos naturales. El municipio quiere seguir teniendo su economía cafetera y preservar sus recursos hídricos y ambientales”, manifestó el corporado.

La decisión se presenta una semana después de que el Tribunal Administrativo de Antioquia anulara un proyecto de acuerdo similar aprobado por el Concejo Municipal del municipio Urrao por presuntamente, extralimitarse en sus funciones.

“Por vulnerar normas constitucionales y legales, toda vez que se extralimitó al no respetar los parámetros establecidos en norma legal y prohibió una actividad que es de interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado”, dice el fallo.

A pesar de la secretaria de Minas de Antioquia, Dora Elena Balvín, informó que no descartan que decisiones similares del Tribunal se dicten en otros municipios, en Betulia siguieron adelante con la iniciativa.

“No nos dejaremos amedrentar por el Gobierno Nacional y Departamental de llevar a investigaciones con los diferentes órganos de control. Fuimos elegidos para hablar por la ciudadanía y defender el territorio”, agregó Bermúdez.

Desde la Secretaría de Minas, indicaron que frente a estos proyectos de acuerdo, “la posición de la Gobernación de Antioquia siempre ha sido de respeto hacia la comunidad, no hemos estado en contra de estas decisiones”.

En todo el Suroeste, según datos de la dependencia, hay 156 títulos mineros de los 1.325 que tiene el departamento, que equivalen al 12 por ciento.

En Betulia más específicamente, no hay títulos mineros. Sin embargo comparte con el municipio de Anzá tres títulos y con armenia uno más, teniendo un muy bajo porcentaje de participación entre el 1 y 2 por ciento de toda el área titulada.

Por su parte, Tarso solo cuenta con un título minero que a la fecha se encuentra en explotación, tiene licencia ambiental y está aprobado, según indicó la Secretaría de Minas.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/en-el-suroeste-antioqueno-tarso-y-betulia-tambien-dijeron-no-a-la-mineria-metalica-156360