Mexico

Buscarán amparo contra Ley de Biodiversidad

Xalapa, Ver.- Organizaciones ambientalistas buscarán un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la recién aprobada Ley de Biodiversidad, por considerar que promueve el saqueo de la riqueza natural del país y viola los derechos de los pueblos indígenas.

El integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas Ambientales (Lavida), Guillermo Rodríguez Curiel, señaló que la ley da carta abierta para que se permitan actividades como la minería a cielo abierto incluso áreas naturales protegidas.

“Lavida y grupos ambientalistas no estamos de acuerdo con esta ley y la vamos a combatir jurídicamente, que es el único camino que nos corresponde”.

Advirtió que esta reforma representa un riesgo mayor para Veracruz ante los proyectos de minería a cielo abierto, hidroeléctricas y estaciones eólicas.

Por ejemplo hay proyectos en áreas naturales de conservación que se han frenado en la entidad, como la instalación de una mini hidroeléctrica cerca de la reserva ecológica de Rancho Pozas en Altotonga, una mina de plata en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, un parque eólico en la zona de conservación de humedales de Alvarado, y un mina de oro a cielo abierto en Actopan en el corredor de aves migratorias más importante del país.

Advirtió que diversas organizaciones ambientalistas buscarán el amparo, pero también presionarán para que los alcaldes interpongan una acción de inconstitucionalidad contra la ley, toda vez que violenta la autonomía de los municipios para decidir en temas como el cambio de uso de suelo y permisos de construcción.

“Vamos a intentar el recurso del amparo y convencer a algunos Ayuntamientos para que promuevan una controversia constitucional, pero son tareas de largo aliento porque se debe convencer al alcalde, al Cabildo. Estamos buscando que dos alcaldes al menos soliciten la controversia constitucional porque contraviene el artículo 115, que le otorga a los municipios la facultad para determinar el uso de suelo y sobre licencias de construcción”.

El activista señaló que la Ley de Biodiversidad despoja a los pueblos indígenas de su derecho a la consulta sobre los proyectos y temas que involucran a sus territorios.

Indicó que en el caso de Veracruz, representa un riesgo mayor ante los proyectos de minería a cielo abierto, hidroeléctricas y estaciones eólicas.
“Esta ley es fatal para los veracruzanos, fatal para la naturaleza, por eso tenemos que combatirla todos y echarla abajo; esa es nuestra tarea del año que entra. Hay que colocar todo el trabajo y la fuerza para echar abajo esta ley que es nociva para la naturaleza, para los humanos y para las próximas generaciones”.

Consideró que esta ley es muestra de que la voracidad de los intereses de los diputados federales y los empresarios ligados a ellos, “no tiene llenadera”.

“Si a eso le sumas la complicidad de Semarnart y Profepa quedamos desprotegidos; lamentablemente los legisladores son elegidos por el pueblo pero responden a intereses de los grandes empresarios que quieren destruir la naturaleza para seguir acumulando dinero”.

Y es que dijo que la propuesta de la Ley de Biodiversidad presentada por la diputada federal Ninfa Salinas Sada siempre estuvo dirigida a quitarle el candado que impedía instrumentar la minería.

 

“No se prohíbe a cielo abierto, se conculca el derecho de los pueblos a la consulta pública debidamente informada y es una ley que promueve el saqueo de la naturaleza (…) Salinas Pliego tiene intereses en la minera a cielo abierto, concretamente en Baja California Sur; por eso se propuso una ley que coloque a la minería a cielo abierto en reservas naturales protegidas y de la Biósfera”.

 

Por ello, insistió en que en enero los grupos ambientalistas presentarán la solicitud de amparo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

¿ Qué dice la ley de biodiversidad?

 

En la reciente Ley aprobada por el Senado de la República, impulsada por la Comisión Especial de Cambio Climático, que preside la senadora Ninfa Salinas Sada del Grupo Parlamentario del PVEM, están los artículos permisos para empresas extractivas como son :

De acuerdo al artículo 211 de la Ley General de Biodiversidad, para que las empresas mineras y de extracción de hidrocarburos no disminuyan el potencial productivo para el desarrollo social, será suficiente que el Ejecutivo Federal decrete Zonas de Desarrollo Integral Sustentable, para ejecutar programas que subsanen los ecosistemas afectados por las actividades productivas.

Otra de las reformas que beneficia a las empresas extractivas, de acuerdo al artículo 200, es que se permite que dichas compañías asentadas en los polígonos de vida silvestre lleven a cabo sus actividades y sólo estarán sujetas a atender los programas que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) determine para resarcir los daños ambientales ocasionados, en donde las mineras podrán contar con ayuda económica del Fondo Patrimonial de Biodiversidad del Gobierno Federal.

En el transitorio vigésimo sexto, la nueva disposición establece un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para elaborar un estudio que identifique aquellas ANP que hayan sido transformadas sustancialmente, en las cuales no es factible realizar medidas para restaurar los ecosistemas originales, a fin de decretar el cambio de uso de suelo hasta la desaparición de la denominación de ANP.

Fuente:http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=942813

Argentina

Agulleiro dijo que Aranguren les puso “espejitos de colores” a los intendentes con la minería

El ministro de Ambiente mostró una postura firme y recordó que hoy la actividad está prohibida por ley. Cuestionó la mirada “empresarial” del ex-CEO de Shell. Y comparó con Santa Cruz: “Allí está muy desarrollada la minería pero no hubo clases por seis meses porque no podían pagar los sueldos”.

En tiempos en que los intendentes y hasta algunos funcionarios provinciales se animan a hablar de la explotación de la minería como una alternativa cercana en Chubut, el ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, enfrió la discusión: “Hoy la actividad está prohibida por ley y no es verdad que sea la solución para todos los problemas”.

Agulleiro ha sido uno de los ministros más firmes con este tema. Tiempo atrás en plena conferencia de prensa del rabino Sergio Bergman en Chubut, fue el propio funcionario provincial el que le “paró el carro” cuando se explayaba sobre las bondades del la actividad extractiva.

Días atrás fue el director de Salud Ambiental, René Flores, quien en una entrevista con la prensa opinó que “se debía trabajar porque tarde o temprano la minería se iba a explotar en Chubut”. En diálogo con FM Tiempo Trelew (91.5), Agulleiro afirmó que “es un poco atrevido hablar de eso. La minería está prohibida por ley, hoy no se puede hacer minería y es necesario hacer un debate con los diputados. Para dar un paso, si ésa fuera la intención”.

Fue consultado por el encuentro mantenido entre los intendentes y el ministro Juan José Aranguren, donde se habló de la minería como alternativa. Participaron Adrián Maderna (Trelew), Ricardo Sastre (Puerto Madryn), Carlos Linares (Comodoro Rivadavia) y Mario Pichiñán (Paso de Indios). “Nos hubiera parecido interesante participar, que el Gobierno participara de esas reuniones para tener una mirada provincial y que no sólo Aranguren pusiera espejitos de colores sobre la mesa y todos quedáramos maravillados. Sino debatir qué espejitos de colores nos sirven como provincia y qué es bijouterie”.

El titular de la cartera de Ambiente arremetió con todo contra el ex-CEO de Shell. “El problema es que Aranguren efectivamente tiene una mirada que siempre discuto y la cuestiono, que es empresarial, le interesa que se desarrolle la minería por una cuestión empresarial y no tiene mucho que ver con el desarrollo local. Cuando dice que Chubut podría hacer minería y no tener problemas financieros es mentira”.

A modo de ejemplo, se hizo eco de lo que ocurre en Santa Cruz. “Allí está muy desarrollada la minería, pero no tuvo 6 meses clases porque no podían pagar sueldos este año y atraviesa una crisis muy fuerte. Plantear eso es una mentira y la minería de Santa Cruz aporta 1.400 millones de pesos todos los años a la economía provincial, y con eso no se paga ni una masa salarial de un mes. El planteo de Nación de que la minería es la solución a todos los males es falaz”.

Y agregó sobre el ministro de Energía de Nación: “Que Aranguren como un maestro de escuela nos venga a decir que ustedes tienen una mina de caliza acá y compran los ladrillos en San Juan… Eso tiene que ver con competitividad y hay que hablarlo con el ministro de Producción. Hacen puras promesas, al igual que el Plan Patagonia, la realidad es que Nación hace fuerte inversión en la región centro del país y muy poca infraestructura en la Patagonia y esto se ve con el Presupuesto. Demuestran que no les interesa el desarrollo de la Patagonia. Es un federalismo como lo entienden los porteños, de Córdoba, Santa Fe y Mendoza”.

Empresarios de Chubut

Sobre el sector empresarial, manifestó que “hay varios industriales interesados porque le han puesto la zanahoria que es la gran solución para Chubut y desde Ambiente tenemos muy estudiada la minería en otras provincias y otros puntos del mundo y no compartimos esta visión de que sea la gran solución para Chubut”.

Y para concluir y sentar la postura del Ministerio de Ambiente al respecto, indicó: “Tenemos recursos mineros, pero también una ley que lo prohíbe. Si la Legislatura cambiara la ley, como Estado tenemos la obligación de evaluar los proyectos y ver si efectivamente son beneficiosos para la provincia. No tienen nada que ver las visiones personales”.#

Fuente:http://www.diariojornada.com.ar/203341/provincia/agulleiro_dijo_que_aranguren_les_puso_espejitos_de_colores_a_los_intendentes_con_la_mineria/

Colombia

¿Es legal la extracción de piedra y arena en el río Tonusco?

Desde el puente del río Tonusco, en Santa Fe de Antioquia, ya no se ve el agua. Por el contrario, son evidentes montañas de piedras de unos 30 centímetros y las retroexcavadoras se mueven constantemente a orillas del afluente, a metros del Cauca, donde desemboca.

Del lugar, a 4 kilómetros del casco urbano, en las partidas al corregimiento Bolombolo de Venecia, la cantera Agregados El Tonusco extrae diariamente 800 metros cúbicos de piedra y material de construcción llevados, principalmente, a Medellín por la troncal de Occidente.

El gerente de la empresa, Alexánder Graciano, asegura que su actividad es legal y que cuenta con licencias de la autoridad ambiental.

Sin embargo el panorama luce devastador para algunos turistas, como Jorge Montoya quien manifiesta su preocupación, porque cada vez se ve menos agua y más polvo.

“La alta temperatura y la cantidad de máquinas y piedra hacen sentir más calor y pone más feo el paisaje”, dice.

Vigilancia estricta

José Roso Muñoz, secretario de Planeación de Santa Fe de Antioquia, acepta que el panorama que muestran los trabajos bajo el puente del Tonusco no es el mejor, pero apunta que la empresa que los lleva a cabo no daña el medio ambiente.

“Conserva las distancias del río y no lo afecta. Tiene un plan de dragado, que se lo presentaron a Corantioquia, y cuando hay invierno se evita que inunde las casas de la zona”, destaca.

Agregados El Tonusco se creó formalmente hace 16 años. Sus fundadores fueron paleros que sacaban el material del río con herramientas manuales y entraron en un proceso de formalización que los llevó a obtener títulos y permisos, tanto del gobierno departamental como de Corantioquia.

Si bien esa autoridad ambiental de la región, da fe de la licencia de explotación que le otorgó a Agregados, también reporta que ha adelantado investigaciones por presuntas irregularidades en la actividad que desarrolla la empresa, que ha acatado las recomendaciones realizadas.

Sin embargo, todavía la autoridad ambiental continúa con el análisis de los casos.

Carlos Andrés Naranjo, subdirector de Regionalización de Corantioquia, explica que el permiso ambiental a la cantera le fue entregado en abril de 2009 y, desde ese momento, ha habido operativos de control permanentemente.

“Hemos atendido quejas, una por Devimar (constructor de Mar 1) y otra del municipio (Santa Fe de Antioquia), esta última en noviembre, por presuntos problemas con el material particulado”, aclara.

Agrega que “se les puso medida preventiva de suspensión de actividades porque se evidenció que movían las máquinas más allá de donde la podían hacer, de acuerdo con la autorización que se les dio. Acataron la medida, pero el proceso por eso sigue en curso y pronto se determinará si hay sanción o no”.

Según Corantioquia, la cantera extrae piedra y arena, y de acuerdo con la tipología o requerimientos de los clientes, constructores de obras públicas o urbanísticas, la trituran para que sea más gruesa o pequeña. Destaca que esa labor—haciendo barreras con el material extraído— impide que viviendas del barrio La Esmeralda, aledaño a la zona de operación, se inunde.

“Esa explotación puede verse impactante, porque es a orillas de la carretera y porque es cerca del río. Pero el material que extraen es transportado por el mismo afluente que lo baja de la montaña, y como llega a nivel del agua, puede entrar a extraerlo”, asevera.

El funcionario agrega que el caudal bajo de El Tonusco, que advierten turistas y habitantes, se debe al desvío del cauce para surtir de agua algunas propiedades privadas.

Infografía

en definitiva

La vigilancia estricta de autoridades a las explotaciones mineras debe ser constante para evitar afectaciones al medio ambiente. En el río El Tonusco se extrae piedra y se mueve maquinaria.

Desde el puente del río Tonusco, en Santa Fe de Antioquia, ya no se ve el agua. Por el contrario, son evidentes montañas de piedras de unos 30 centímetros y las retroexcavadoras se mueven constantemente a orillas del afluente, a metros del Cauca, donde desemboca.

Del lugar, a 4 kilómetros del casco urbano, en las partidas al corregimiento Bolombolo de Venecia, la cantera Agregados El Tonusco extrae diariamente 800 metros cúbicos de piedra y material de construcción llevados, principalmente, a Medellín por la troncal de Occidente.

El gerente de la empresa, Alexánder Graciano, asegura que su actividad es legal y que cuenta con licencias de la autoridad ambiental.

Sin embargo el panorama luce devastador para algunos turistas, como Jorge Montoya quien manifiesta su preocupación, porque cada vez se ve menos agua y más polvo.

“La alta temperatura y la cantidad de máquinas y piedra hacen sentir más calor y pone más feo el paisaje”, dice.

Vigilancia estricta

José Roso Muñoz, secretario de Planeación de Santa Fe de Antioquia, acepta que el panorama que muestran los trabajos bajo el puente del Tonusco no es el mejor, pero apunta que la empresa que los lleva a cabo no daña el medio ambiente.

“Conserva las distancias del río y no lo afecta. Tiene un plan de dragado, que se lo presentaron a Corantioquia, y cuando hay invierno se evita que inunde las casas de la zona”, destaca.

Agregados El Tonusco se creó formalmente hace 16 años. Sus fundadores fueron paleros que sacaban el material del río con herramientas manuales y entraron en un proceso de formalización que los llevó a obtener títulos y permisos, tanto del gobierno departamental como de Corantioquia.

Si bien esa autoridad ambiental de la región, da fe de la licencia de explotación que le otorgó a Agregados, también reporta que ha adelantado investigaciones por presuntas irregularidades en la actividad que desarrolla la empresa, que ha acatado las recomendaciones realizadas.

Sin embargo, todavía la autoridad ambiental continúa con el análisis de los casos.

Desembocadura del río El Tonusco con el Cauca, en las partidas de Santa Fe de Antioquia al corregimiento Bolombolo. Foto: Juan David Úsuga

Carlos Andrés Naranjo, subdirector de Regionalización de Corantioquia, explica que el permiso ambiental a la cantera le fue entregado en abril de 2009 y, desde ese momento, ha habido operativos de control permanentemente.

“Hemos atendido quejas, una por Devimar (constructor de Mar 1) y otra del municipio (Santa Fe de Antioquia), esta última en noviembre, por presuntos problemas con el material particulado”, aclara.

Agrega que “se les puso medida preventiva de suspensión de actividades porque se evidenció que movían las máquinas más allá de donde la podían hacer, de acuerdo con la autorización que se les dio. Acataron la medida, pero el proceso por eso sigue en curso y pronto se determinará si hay sanción o no”.

Según Corantioquia, la cantera extrae piedra y arena, y de acuerdo con la tipología o requerimientos de los clientes, constructores de obras públicas o urbanísticas, la trituran para que sea más gruesa o pequeña. Destaca que esa labor—haciendo barreras con el material extraído— impide que viviendas del barrio La Esmeralda, aledaño a la zona de operación, se inunde.

“Esa explotación puede verse impactante, porque es a orillas de la carretera y porque es cerca del río. Pero el material que extraen es transportado por el mismo afluente que lo baja de la montaña, y como llega a nivel del agua, puede entrar a extraerlo”, asevera.

El funcionario agrega que el caudal bajo de El Tonusco, que advierten turistas y habitantes, se debe al desvío del cauce para surtir de agua algunas propiedades privadas.

La cantera Agregados El Tonusco mueve, en promedio, 800 metros cúbicos de material. Foto Juan David Úsuga

Control a volquetas

Augusto Hernández, habitante y comerciante de Santa Fe de Antioquia, manifiesta que el permanente tránsito de volquetas que salen de la cantera Agregados El Tonusco afecta la movilidad y el estado de la carretera.

“Hay un flujo de volquetas alto. Además hace más largo el viaje y genera riesgo de accidentes”, dice el funcionario.

Precisamente, aclara Naranjo, la posible contaminación y afectación generada por las volquetas es uno de los procesos que se han adelantado contra la cantera y por lo que ya Corantioquia les hizo el requerimiento respectivo a la empresa.

Todo es legal

Alexánder Graciano, gerente de la empresa, explica que desarrolla minería sin mercurio ni tala de árboles. Afirma que tiene dos títulos de explotación por 50 años: el 6457 y 6922, del puente Tonusco hacia arriba y del puente del Cauca 4 km hacia abajo.

“Aprovechamos lo que el río trae. Es lo que extraemos. Le hacemos un bien al medio ambiente al no excavar montañas ni cortar árboles. No sacamos oro. Lavamos y clasificamos el material para despacharlo”, señala.

Graciano entiende la preocupación de habitantes y turistas por el aspecto de devastación que puede presentar el lugar de las operaciones, contiguo al barrio La Esmeralda, y responde que “el río siempre ha estado de esta manera (seco y con poco cauce)”.

“A las personas que pasan por los puentes (el amarillo de la vía a Santa Fe de Antioquia y el de El Tonusco) les aseguro que somos legales y tenemos permisos ambientales”, acota.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/en-puente-del-rio-el-tonusco-se-ven-mas-maquinas-que-agua-AM7934992

Perú

“POR UNA AUTÉNTICA DEMOCRACIA” RECHAZAMOS LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN ENRAIZADA DE NUESTROS GOBERNANTES Y LA INTROMISIÓN DEL PODER ECONOMICO

RED MUQUI es un colectivo nacional que se conformó en octubre del año 2003 en una coyuntura particularmente especial, luego de culminado abruptamente el tercer gobierno de Alberto Fujimori por los hechos de corrupción que fueron públicos, del breve gobierno de transición de Valentín Paniagua y recién iniciado el gobierno de Alejandro Toledo.

En esa época se avizoraba una creciente conflictividad social vinculada con el crecimiento desmedido de las actividades extractivas, en especial la actividad minera, en la que se centraba nuevamente la dependencia de nuestra economía.

Casos como la consulta vecinal realizada en Tambogrande (Piura) en el año 2002, donde el 98% de su población votó por la no realización de actividad minera en sus tierras, y la terrible contaminación producida en La Oroya (Junín), a sólo cinco horas de Lima, donde más del 90% de los niños tenía intoxicación por plomo producido por la actividad minero-metalúrgica, lo que la colocaba luego, entre las cinco ciudades más contaminadas del mundo, impulsaron a un conjunto de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, a unirse en un solo esfuerzo por el acompañamiento de casos y propuestas, así nació la RED MUQUI.

Desde RED MUQUI, nuestras 29 instituciones miembro a nivel nacional de 11 regiones del país, avizoramos juntos, el logro de un Perú donde pueblos y comunidades disfruten plenamente del acceso a sus territorios y recursos naturales, donde ejerzan sus derechos individuales y colectivos con criterios de justicia social y ambiental nacionales e internacionales, y donde puedan ejercer sus modos de vida que se cimientan en la sostenibilidad y el Buen Vivir. Pero pese a nuestros llamados y propuestas, los retrocesos en los últimos años son evidentes, y borran los avances que se habían logrado, remontándonos a la misma situación que vivimos en la época del gobierno de Fujimori.

La coyuntura actual de crisis que vive el país, con el presidente Kuczynski salvado de la vacancia, a partir de tratos con la bancada fujimorista, nos remonta a recordar el por qué se conformó la RED MUQUI y plantear nuestra posición sobre la situación que atravesamos:

Recordamos que los problemas de flexibilización de marcos ambientales y de acceso a las tierras comunales se inician justamente con el gran paquetazo de decretos legislativos producido con el autogolpe del gobierno de Fujimori el año 1992, cuando con el D. Leg. 757, Ley Marco de la Inversión Privada, se deroga en gran medida el D. Leg. 613, Código del Medio Ambiente, con menos de dos años de vigencia, que era un Código de avanzada y ejemplo para América Latina, evitando medidas de protección y conservación, para facilitar las inversiones “a cualquier costo”. Asimismo, la nueva Constitución del año 1993, dictada por el gobierno de Fujimori, elimina las garantías de “inembargables e inalienables” de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, para sólo dejar la de “imprescriptibles”, previendo sólo una perspectiva económica de su uso para el acceso a los créditos y la posibilidad de su embargo, sin considerar la relación social, cultural, religiosa que las comunidades tienen con sus tierras y sus recursos naturales.

Ese mismo escenario de involución legal, sin vivir la misma coyuntura económica y política que se vivió a inicios de los años 90, es el que sufrimos hoy, y es que en realidad pese a las votaciones cada 5 años, no vivimos una auténtica democracia.

Los hechos recientemente conocidos sobre los negocios realizados por empresas del Presidente de la República cuando ostentaba cargos públicos en anteriores gobiernos, evidencian las continuas denuncias de “puertas giratorias” que desde Red Muqui hemos realizado, donde los operadores del sector privado pasan al sector público, facilitando normas, contratos y proyectos, y luego regresan al sector privado promovidos a nuevos cargos por la información privilegiada que tienen, o por las facilidades que han prestado a las empresas durante la gestión pública que asumieron. Lo más grave es que éstas personas asumen como normales éstas prácticas, sin asumir responsabilidades por su accionar.

Nuestros últimos gobiernos, desde el gobierno del condenado ex presidente Fujimori, pasando por Toledo, García, el propio Humala, pero en especial el actual presidente Kuczynski, estuvieron o fueron cooptados por el poder económico, para flexibilizar aún más las normativas y políticas públicas que ya se habían sido flexibilizadas desde el gobierno fujimorista, en diversos ámbitos, facilitando las actividades extractivas, fundamentalmente la actividad minera, eliminando las garantías para las tierras y derechos de nuestras comunidades campesinas y nativas, eliminando las regulaciones ambientales, con los paquetazos normativos y los decretos legislativos emitidos con las facultades brindadas por el actual Congreso de la República, en favor de las empresas.

Nos preocupa desde RED MUQUI que ésta situación de indiferencia de nuestros gobernantes, por una economía que tenga como centro a la persona, su dignidad, participación, seguridad y el bien común, y que más bien prioriza favorecer al poder económico, dejando de lado a la mayoría de peruanas y peruanos, genere situaciones de violencia, que ya se están promoviendo con la represión policial y procesos de criminalización de la protesta social, que se han seguido ejerciendo durante este gobierno, con las declaraciones de estado de emergencia en lugares donde las poblaciones han realizado protestas pacíficas y justas por actividades mineras que no cumplen estándares ambientales y sociales, y se agudicen ahora por las nefastas decisiones políticas del actual gobierno, como la del reciente indulto al condenado ex presidente Fujimori.

La situación actual de crisis que vivimos, evidencia que en materia económica, independientemente de las luchas por parcelas de poder entre el poder ejecutivo y el legislativo, en realidad lo que ha habido desde el inicio del mandato del presidente Kuczynski es un cogobierno con el Fujimorismo, que luego ha incluido acuerdos de impunidad y solapamiento de la corrupción, y que la actual decisión de otorgar el indulto al condenado por delitos contra los derechos humanos, ex presidente Fujimori, simplemente lo confirma.

Finalmente, nuestros gobernantes en el poder ejecutivo y legislativo deben asumir sus responsabilidades, y dar los pasos que correspondan para que haya autoridades que con independencia y dejando de lado lazos con intereses económicos, tomen decisiones en favor de todas/os los peruanos, no como ha sucedido hasta la fecha.

Lima, 28 de diciembre de 2018

RED MUQUI

Argentina

Patagonia Gold compró el proyecto Calcatreu y habría aval para explotar el yacimiento

La adquisición de los activos mineros en territorio rionegrino fue por 15 millones de dólares y forma parte de un intercambio entre Patagonia Gold y Pan American Silver por el proyecto santacruceño COSE. El senador nacional Miguel Pichetto ya había adelantado a APP esta posibilidad, señalando que avalaba la posibilidad de llevar adelante este proyecto aurífero porque “sin minería, la gente de la Línea Sur tiene un destino de pobreza extrema”.

El propio gobernador Alberto Weretilneck a mediados de este año avaló esta posibilidad, señalando que un proyecto minero de las características de Calcatreu “para Jacobacci y para la Región Sur es sumamente importante, sobre todo por los problemas de ocupación y empleo que existen en la zona”.

En momentos en que todavía respaldaba no sólo la minería sino la radicación de la quinta planta nuclear en el territorio, indicó que: “La minería, el gas, el petróleo y la energía nuclear, son fuertes inversiones y de muy largo plazo, que tienen una muy alta capacidad de generación de empleo. Obviamente que todo gobierno tiene que privilegiar la protección y el cuidado del medio ambiente que para la provincia es innegociable. Creemos que se puede hacer este tipo de actividades respetando el medio ambiente. Lo que se necesitan son legislaciones claras y un Estado presente y estricto”.

Pichetto dijo a APP  que con leyes como la que prohíbe la construcción de la planta nuclear y con oposición a los proyectos mineros, incluyendo la megaminería, “el desarrollo está perdido”.

Reivindicó en este sentido reactivar el proyecto Calcatreu, ya que “está la posibilidad que el empresario Miguens, que fue dueño de Quilmes, que ya conoce Jacobacci, compre el yacimiento y lo ponga en producción”. Esto es lo que se acaba de conocer: “El pasado viernes la minera presidida por Carlos Miguens hizo uso de la opción para quedarse con Calcatreu. El acuerdo de opción de compra había sido anunciado el 24 de abril pasado y el cierre de la transacción está previsto para antes del 31 de enero de 2018, cuando Patagonia Gold realice un pago inicial de 5 millones de dólares. La cancelación del pago total fue programada para el 18 de mayo de 2018”.

El senador rionegrino fundamentó que “no estamos hablando de una explotación de oro en el medio de un parque nacional, sino en el medio del desierto, a 90 kilómetros de Jacobacci, en una zona de pobreza extrema, donde, por supuesto, hay que cuidar el medio ambiente, el Estado tiene que hacer un acuerdo social empresario, pero que se saque oro para generar trabajo y recursos para la provincia”.

Pichetto reflexionó que “sin minería, la gente de la Línea Sur tiene un destino de pobreza extrema”.

Desde Patagonia Gold informaron que “se planea avanzar en Calcatreu durante el 2018 con una campaña de exploración intensiva con el objetivo de aumentar el recurso. La compañía confía en que aún existe un potencial significativo para aumentar la base de recursos existentes y considera que se necesitarán aproximadamente entre 12 y 18 meses para generar más información para un mayor conocimiento del proyecto a través de estudios geofísicos y geoquímicos más detallados y una campaña de perforación dirigida en función a la información obtenida”, según se indicó en el diario Río Negro.

Los trabajos de exploración de Patagonia Gold comenzarían inmediatamente después de completada la adquisición. El sistema tiene una longitud conocida de más de 8 kilómetros y la nueva propietaria confía en aumentarla. (APP)

Fuente:http://appnoticias.com.ar/app/patagonia-gold-compro-el-proyecto-calcatreu-y-habria-aval-para-explotar-el-yacimiento/

Colombia

La lucha de cuatro pueblos indígenas para que la minería no cruce la Línea Negra

La Sierra Nevada de Santa Marta es un territorio sagrado que, sin embargo, es apetecido por los recursos minerales que albergan sus entrañas. Así se organizan los pueblos nativos para frenar los intentos de explotarlos.

Esta vez las autoridades de los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) decidieron intentar una nueva forma de lucha para conservar el territorio ancestral.

Agotados por tantos trámites sin resultados en la última década, unos 2000 hombres y mujeres arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo bajaron el 1 de noviembre desde los cuatro puntos cardinales del macizo y se agruparon en Valledupar, capital del departamento del Cesar, para protestar a través de una minga. Esta es una reunión comunitaria de apoyo mutuo que se realiza para sacar las cosechas, construir casas o en este caso, para defender el suelo que habitan.

Nunca nos habíamos expresado públicamente. Este es un acto pacífico en el que solo tuvimos la palabra como herramienta. Llegamos aquí porque nos preocupan los megaproyectos, hidroeléctricas, represas, minería e infraestructura que tienen programados para nuestro territorio y que podrían generar en un desequilibrio sin control a futuro”, exclamó la economista del pueblo arhuaco Saday Rosado.

Pedían solucionar el incumplimiento de fallos y sentencias de las altas cortes en 2009, 2010, 2014, 2016 para la salvaguardia de los grupos étnicos que sufren el desplazamiento forzado; la protección general de la Sierra y la ampliación de los resguardos.

El tema más álgido, y en el que se centró toda su energía, fue la petición de eliminar el licenciamiento minero en el territorio ancestral y la búsqueda de una herramienta jurídica que garantice que la Sierra estará libre de esta actividad a perpetuidad.

“Los Mamos (hombres sabios) dicen que los daños son tan grandes que si no logramos sacar este punto adelante ya no tendremos nada más que conversar”, aseguró a Mongabay Latam Gelver Zapata, líder arhuaco.

Después de varios días de manifestación, de proclamas virtuales, desencuentros con el gobierno, de mucha insistencia y de conocer los gases lacrimógenos, el 25 de noviembre una Mesa de Alto Nivel conformada por la Confederación Indígena Tayrona y los ministerios de Interior, Ambiente, Minas, Agricultura y las agencias del Estado se llegó a un acuerdo. Las partes buscarán una figura jurídica, antes de finalizar el año, que proteja el territorio de megaproyectos, minería e hidrocarburos. Los garantes son la OEA, ONU, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Si no se da el acuerdo, los indígenas anunciaron que volverá una minga más grande.

¿Qué pasa en la Sierra?

“Una buena parte del origen de las afectaciones en la Sierra Nevada es el desorden por una intervención institucional desarticulada, acompañada de los múltiples intereses que hay desde afuera. Esto genera en una vulneración y afectación muy fuerte sobre el ejercicio de la autonomía y el gobierno de los cuatro pueblos indígenas”, expresó a Mongabay Latam Tito Rodríguez, jefe del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM).

Comentó que “todos los antecedentes históricos que ha tenido el macizo, llámese los diferentes momentos de conflicto armado, marihuana, coca, guerrilla y paramilitares, han generado en desorden y eso se traduce en lo que tenemos actualmente: un conflicto territorial”.

Un ejemplo claro -explica- es que muchas tierras que eran de los indígenas ya están ocupadas por población no nativa, además ahora se quiere generar una gran zona de cadenas productivas. Para el funcionario, los principales impactos ambientales que existen hoy en la Sierra son los megaproyectos, la minería y el turismo.

“La Sierra no da para eso y esa mirada que se hace desde fuera del territorio está en contravía de la visión de ordenamiento que tienen los pueblos, por eso la minga. Para nosotros desde el gobierno vemos y tenemos a la Sierra fragmentada, cada uno tiene su jurisdicción y para los indígenas es un solo territorio, eso es lo que más complica la situación, tener múltiples visiones sobre un lugar que es unificado para ellos”, relató Tito Rodríguez.

Entonces hay miradas distintas del departamento, del municipio, del Parque Nacional, de la Corporación Autónoma, de la reserva forestal por parte del Ministerio de Ambiente, y sigue la lista. Miradas que apuntan -desde lo político administrativo, ambiental, conservación, el uso del agua- a diferentes objetivos.

Entender la Línea Negra

Para las comunidades el único enfoque es la sierra misma, el ‘corazón del mundo’, regido por una Ley de Origen o un conjunto de normas sobre el orden social, cultural y territorial.

Una Ley enmarcada en la llamada Línea Negra que es la zona teológica o frontera invisible que delimita el territorio ancestral y que comprende 17 municipios y un Distrito en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, con 3 millones de habitantes.

Dentro de la Línea están los sitios ceremoniales o espacios sagrados. “Es donde los mamos, las autoridades y comunidades tenemos que realizar los pagamentos (ofrendas en sitios específicos) dictados por la ley de origen para mantener la vida y el equilibrio. No se pueden privatizar y utilizar para fines personales, vender, comprar o comercializar”, consigna el estudio Visión Ancestral Indígena para el Ordenamiento del Territorio de la Sierra Nevada.

“La Ley de origen establece que todo lo que existe en el mundo material como plantas, animales, agua (mar, ríos, lagunas, nieve), fuego, aire, tierra, cerros, piedras y el hombre, existieron primero en espíritu, eran como personas”. Así, cada uno de estos seres espirituales tiene una función y lugar. De ahí lo imprescindibles que son los sitios ceremoniales donde realizan pagamentos, refiere el estudio sobre Ordenamiento.

La otra ley, la de ‘hermanos menores’ como denominan al resto de colombianos, cita a la Línea Negra, en sentencia T849-14  de la Corte Constitucional, como: “una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural que tiene para los cuatro pueblos indígenas, por esa razón, esas comunidades deben ser consultadas cuando un proyecto pueda afectar el ejercicio de sus derechos, no hacerlo constituiría un incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones y una vulneración de los derechos de la comunidad”.

Explica la Corte que fue georreferenciada, en un primer momento, en la Resolución 02 del 4 de enero de 1973 proferida por el entonces Ministerio de Gobierno y luego, en la Resolución 837 de 1995, emitida por el Ministerio del Interior.

La sierra es Reserva Forestal y de la Biósfera de la UNESCO (1959 y 1979) y la montaña costera más grande del mundo, y representa todos los pisos térmicos y ecosistemas colombianos, desde el nivel del mar hasta los picos, algunos todavía nevados.

Dicho lugar es una ecorregión donde convergen tres tipos de áreas protegidas: la Línea Negra, los Resguardos Indígenas y tres Parques Nacionales Naturales: PNN Sierra Nevada (400.000 mil hectáreas), PNN Tayrona (12.000 hectáreas) y el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos (7.600 hectáreas).

Avalancha de solicitudes

La biodiversidad está en riesgo, dicen los indígenas. Luego de un proceso de verificación con la Agencia Nacional de Minería realizado en el último año, constataron que 132 títulos mineros ya están activos en territorio ancestral.

Adicionalmente, la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Magdalena informó que con base en la Sentencia T849 de 2014, las comunidades fueron informadas  de la existencia de 395 solicitudes de títulos de minería que debían ser objeto de consulta previa.

“Es toda una agenda con visión extractiva a futuro”, comentó el dirigente indígena Ati Quigua.

stas solicitudes de títulos mineros para la explotación de calizas, hidrocarburos, níquel, cobre, entre otros minerales, se convirtieron en una avalancha durante 2017. Según Hermes Torres, secretario de la Confederación Arhuaca, se proyectarían a más de 1000 solicitudes.

Para el abogado Rodrigo Negrete, promotor de procesos de consulta previa en varias regiones del país, esas solicitudes mineras no debieron haberse tramitado por tres razones. La primera, “en virtud del principio de precaución las entidades correspondientes debieron suspender todos los trámites asociados a actividades mineras, petroleras de generación eléctrica y otras que vayan en contravía de la vocación de la Sierra”.

La segunda es que la Corte Constitucional en Sentencia C389 de 2016 ordenó que los indígenas son autoridades ambientales que se regulan por sus propias formas de manejo, por esto deberían tomar sus propias decisiones sobre su territorio.

Y la tercera, “los títulos mineros y los contratos petroleros son medidas administrativas que pueden afectar a estos pueblos, por tanto, antes de otorgarlos deberían surtir el proceso de consulta previa y no lo están haciendo. Todo eso debe llevar a que se suspendan los trámites y procesos de licenciamiento ambiental mientras se llega a un consenso con los pueblos. En la mirada del mundo indígena esos proyectos no caben”.

Según la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, se conoce como consulta previa “al derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se programe realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta  manera proteger su integridad cultural, social, y económica y garantizar el derecho a la participación”.

Mercurio en sitio ceremonial

La comunidad denunció ante la Procuraduría y la Corte Constitucional el funcionamiento de cinco minas ilegales de oro en los ríos Naranjales, San Salvador y río Negro, con daños al agua, aire y suelo por vertimiento de mercurio, cianuro y otros químicos concentrados.

En el caso del río San Salvador, está ubicado dentro del cerro sagrado de la fertilidad y la procreación Ukumeizhi, en jurisdicción del municipio de Dibulla, La Guajira. Sus aguas desembocan en otro sitio sagrado, Java Jan o Madre Vieja, un banco de mangle junto al mar.

“Los mangles son los ‘úteros de la naturaleza’, porque dan vida: allí los animales desovan, las aves migratorias llegan con las semillas y hacen crecer los bosques para generar el alimento que va al mar y que al cumplir el ciclo es consumido por humanos”, dicen los indígenas.

 

Para los mamos, acabar con el río San Salvador es acabar con la madre vieja, y acabar con la madre vieja es acabar con la madre de todos los alimentos.

“Hemos visto que la minería no respeta zonas de especial protección, espacios sagrados, asentamientos humanos, glaciares, nacientes de agua, cabeceras de cuencas ni ecosistemas frágiles. La actividad minera es de alto efecto negativo, quien diga no tiene impactos ambientales está mintiendo”, escribieron a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Proyectos sin consulta previa

El Consejo Territorial de Cabildos (CTC) se quejó ante  la PGN y la Corte Constitucional en agosto pasado  por lo que considera la violación al derecho de consulta previa en diferentes proyectos realizados en años anteriores: “La construcción inconsulta de la primera fase de la Represa Ranchería, Puerto Brisas, el proyecto ecoturístico Los Ciruelos, la ampliación de la Ruta del Sol y la entrega de nuestro territorio a empresas mineras”.

Además de los mencionados, los cuatro pueblos suspendieron el proceso de consulta del proyecto de Línea Férrea y el Puerto Carbonífero MPX-CCX, en Mingueo, La Guajira, al considerar que no había garantías.

Denunciaron que tampoco se realizó consulta en el proyecto Canteras Pavimentos El Dorado y Agregados del Cesar E.U, en el que la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), por Resolución 1646 del 13 de diciembre de 2010, otorgó licencia ambiental global a la empresa Agregados del Cesar E.U para la explotación del yacimiento de materiales de construcción dentro de la Línea Negra.

Esto generó una acción de tutela en noviembre de 2013 debido a que, según la comunidad indígena, el Ministerio del Interior, Corpocesar y las empresas mineras Agregados del Cesar E.U y Pavimentos y Construcciones el Dorado no reconocieron la protección especial y constitucional de los aborígenes.

El Tribunal de Valledupar negó las pretensiones de los indígenas. Y el fallo pasó a revisión en la Corte Constitucional, que en noviembre de 2014 profirió la sentencia T 849/ 2014 y concedió “los derechos fundamentales a la autodeterminación, a la subsistencia, a la diversidad étnica y a la consulta previa de las comunidades étnicas diferenciadas, objeto de especial protección constitucional, que habitan el territorio sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta”. Este fallo es hoy un referente normativo para los indígenas.

A raíz de la tutela, la sentencia revocó la mencionada licencia ambiental otorgada por Corpocesar para la explotación de materiales de construcción dentro de la Línea Negra y dio orden al Ministerio del Interior para que agote el procedimiento de consulta previa. En adelante deberá incorporar las solicitudes de certificación de presencia de comunidades indígenas en la Línea Negra, so pena de incurrir en desconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades.

También advirtió a Corpocesar que las certificaciones que señalen la ausencia de comunidades indígenas, para desarrollar proyectos que afecten el territorio dentro de la Línea Negra, no constituyen razón suficiente para otorgar permisos o concesiones.

Este y algunos de los casos arriba mencionados hicieron que el 13 de febrero de 2016 los pueblos suspendieran los procesos de consulta previa por considerar que no existen garantías, hasta lograr un acuerdo con el gobierno. A la fecha son 130 las solicitudes de consulta previa que están  pendientes por realizar.

Mongabay Latam intentó recoger la versión de la empresa Pavimentos y Construcciones El Dorado, sin embargo funcionarios de la misma indicaron que los directivos se encontraban fuera del país. Tampoco se obtuvo respuesta de Corpocesar frente a este caso y a otros interrogantes.

Por su parte la empresa Agregados del Cesar indicó que a la fecha ya se cumplieron los requisitos solicitados, como la consulta previa con los indígenas, y que en este momento aspiran a entregar otros requerimientos a Corpocesar para obtener una nueva licencia.

Para Ati Quigua, tantas consultas aumentan la presión y desbordan la capacidad operativa de las autoridades tradicionales, que ya no tienen vida espiritual y cultural.

“Asumirlas no va a solucionar el problema de la minería, por el contrario es una carga desproporcionada porque no contamos con la gente, los técnicos y el tiempo para hacerlo. Debido a esa avalancha de consultas hemos ocupado nuestro tiempo en asumir asuntos externos derivados del gobierno y privados, lo cual ha afectado la cohesión, autonomía y gobierno propio. Atenderlas, así como hacer relacionamiento político, nos ha dividido internamente y va debilitando nuestra cultura y supervivencia”, expresó el Consejo Territorial de Cabildos, al insistir a la Corte y a la PGN que analicen este punto en especial.

‘Sujeto de Especial Protección’

El 1 de agosto la Procuraduría General de la Nación convocó una audiencia con las cuatro comunidades indígenas y los nueve magistrados de la Corte Constitucional, en Nabusímake.

Fue la primera vez en la historia que la Corte sesionó en pleno fuera de Bogotá. “El diálogo no tiene antecedentes, ayudó mucho a la comprensión, porque ver esto desde Bogotá en un escritorio es muy distinto a verlo en los territorios”, expresó Fernando Carrillo, procurador general, quien se comprometió a proteger las 36 fuentes hídricas que nacen en la Sierra.

Los pueblos reclamaron por autos y sentencias de la Corte que no se han cumplido y les entregaron el Informe que elaboraron sobre afectaciones culturales y ambientales por el modelo de desarrollo minero-extractivista. Un extenso documento que expone su forma de ver el mundo y una a una las problemáticas, sustentadas jurídicamente.

n él inscribieron dos solicitudes específicas. La primera, la declaratoria como Sujeto de Especial Protección a la SNSM, con el fin de que se adopten medidas para la conservación del ecosistema y paren las acciones que lo están destruyendo. Una medida similar a la Sentencia T622 de 2016 que la Corte Constitucional profirió para declarar al río Atrato como Sujeto de derecho con efectos de protección, conservación y restauración.

La segunda es la construcción de una Política Pública para garantizar la protección cultural y ambiental de la SNSM que realice un ordenamiento desde la visión ancestral y ambiental. Para este punto hacen dos propuestas: replantear el modelo de desarrollo para la Sierra, fijar garantías para las consultas previas con el fin de que se exija el ‘consentimiento’ y no sea un mero requisito.  También realizar una Evaluación Ambiental Estratégica para la Línea Negra y de impactos ambientales y culturales, acumulativos del pasado, así como los que se pueden causar por proyectos en el futuro.

¿En qué va la Procuraduría?

La entidad creó un grupo interno de acompañamiento y respuesta para atender el caso (Delegadas Ambientales, Étnica, Entidades Territoriales, Restitución y Agraria), en el Caribe y Bogotá.

En reporte a Mongabay Latam y Red Prensa Verde, la PGN informó que ya se hizo una primera intervención judicial por parte de la Procuraduría Ambiental del Magdalena al solicitar que “de acuerdo a la Sentencia T622 de 2016 se tenga el territorio de la Sierra, incluso más allá de lo comprendido al interior de la Línea negra como Sujeto de derecho, multicultural y necesario no solo para los pueblos indígenas que lo habitan sino para los pobladores de los tres departamentos… que dependen en su totalidad del recursos hídricos que dicha estrella fluvial provee, vital para las actividades económicas, la supervivencia de la especie humana, la fauna y la flora”.  

Consultado sobre la solicitud de las comunidades para que la Sierra sea declarada como Sujeto de derechos, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, explicó que existe un sinnúmero de acciones constitucionales que han intentado defender los ecosistemas de la Sierra, pero han sido insuficientes. “Eso me obligaría a trasladarme a lo que pasó con el río Atrato, en el que a pesar de muchas decisiones trataron de descontaminar la cuenca y todos sus afluentes pero no tuvieron el impacto esperado”.

Recordó que dicha situación generó en su momento que la Corte Constitucional en una decisión histórica, el 22 de noviembre de 2016, declarara el río Atrato y todos sus afluentes como Sujeto de derechos. Mencionó que las comunidades anidadas en la Sierra requieren una decisión similar para que haya un orden estructural en el nivel central y local en la recuperación real del ecosistema.

“Ya hay una intervención judicial, como se mencionó, pero no se ha elevado a la Corte Constitucional, cuando llegue a esa instancia y después de revisar el informe entregado por los indígenas se decidirá en qué sentido vamos a intervenir”, dijo el Procurador.

La PGN adelanta el levantamiento de información con 22 autoridades del área y busca recursos de cooperación para desarrollar la línea base ambiental del diagnóstico de la SNSM, monitoreo y seguimiento de títulos y licencias mineras.

Recientemente requirió a la Presidencia de la República sobre el estado de construcción del Decreto de Línea Negra, según lo ordenado por el Auto 189 de 2013de la Corte Constitucional, en el que se insta a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que inicie de inmediato, la revisión de las resoluciones y normas para redefinir o actualizar la Línea Negra.

Espera e ilusión

La ilusión de los cuatro pueblos, dicen los voceros indígenas, está ahora en el cumplimiento del acuerdo.

“Siempre hemos confiado en la buena fe y el gobierno nos ha incumplido. Veíamos remoto tomar una acción de estas, pero el gobierno funciona con presión y nos movilizamos. Costó mucho llegar a este punto, ahora esperemos que se materialice ese instrumento jurídico, pero eso ya no depende de nosotros. Nuestra lucha no es por los cuatro pueblos indígenas, es por la humanidad”, afirmó Hermes Torres, secretario General de la Confederación Indígena Arhuaca el domingo 26, una vez que firmó el acuerdo con el Ministerio del Interior.

El dirigente manifestó el que Ministerio de Ambiente ofreció declarar 585 000 hectáreas más de ampliación del parque. “Es un proceso que se lleva independiente y no está en el marco del acuerdo, lo dejamos a voluntad”.

Saday Rosado, piensa que este es un momento crucial. “Sentimos tristeza porque el gobierno de ‘Yugayinna’ no le cumplió las promesas a una cultura viva que no está en libros o museos. Ahora esperamos que no nos falle”.

Para los arhuacos, ‘Yugayinna’ es la máxima autoridad del país, el presidente Juan Manuel Santos, quien previo a su posesión, el 7 de agosto de 2010, subió a la Sierra y recibió la protección de los mamos como símbolo de su compromiso para cuidar la naturaleza.

Tito Rodríguez, el jefe del parque nacional SNSN, no pierde la esperanza. “Yo soy muy positivo, pero esa es la radiografía. Creo que la Sierra presenta una ventaja muy importante y es que está resguardada por cuatro pueblos indígenas muy fuertes. Tienen muchísimos problemas y debilidades, pero su convicción de conservación y protección es poderosa, y esa es la esperanza que nos permite soñar”.

Fuente:http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/linea-negra-de-la-sierra-nevada-la-lucha-indigena-contra-la-mineria-en-ese-lugar/39119

Colombia

Diez ríos a punto de desaparecer

El Espectador conoció un informe de la Fiscalía en el que se advierte que el uso de mercurio y otros químicos por parte de organizaciones ilegales tiene en jaque la biodiversidad en cinco regiones del país.

“Esta agua no has de beber” no es un refrán popular colombiano, es la sentencia de un informe alarmante de la Fiscalía en el que queda en evidencia el daño ambiental por el uso de mercurio y la remoción del lecho fluvial por parte de organizaciones ilegales que están acabando con los ríos más importantes del país, entre los que figuran Vichada (Meta), Acandí (Chocó), Quito (Chocó), Caquetá (Caquetá), Yarí (Amazonas), Arroyohondo (Valle del Cauca), Simití (Santander), Barbacoas (Nariño), Suesca (Cundinamarca) y Puerto Berrío (Magdalena).

En el documento, conocido por este diario, también se hace un balance de las operaciones que viene realizando el ente investigador para frenar las acciones de las organizaciones ilegales que encontraron en esta actividad un sustento económico y ahora están dejando a su paso las aguas contaminadas con el mercurio y el cianuro que se usan para separar el oro en la minería artesanal. En el más reciente operativo a orillas del río Nechí (Antioquia) fueron capturadas 32 personas, 13 de las cuales son de nacionalidad brasileña y 19 colombianas.

“Durante los operativos, peritos del CTI de la Fiscalía tomaron muestras del agua del río Nechí para establecer el nivel de contaminación del río”, señala una fuente del ente investigador. El tema no es de poca monta. La intoxicación por mercurio causa daños neurológicos, ceguera, malformación fetal, parálisis y muerte por consumo de pescado contaminado. En Colombia, la Ley 1658 de 2013 reglamenta el uso de ese metal en la industria, con la meta de erradicarlo en 2018.

La disputa ilegal

En 2015, la Fiscalía y el Ejército realizaron uno de los operativos más grandes para combatir la minería ilegal, denominado Plan Anostomus, que dejó como resultado la inmovilización de maquinaria (dragas y retroexcavadoras). En esa investigación se encontró que en el interior de la Reserva Natural Puinawai, una de las 56 áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, tres de los más importantes resguardos indígenas del Guainía, de las etnias puinaves y curripacos, fueron desplazados, sometiéndolos a ejercer la explotación minera y cambiando sus usos y costumbres.

“La actividad de minería ilegal sobre el tungsteno y el coltán, considerados minerales estratégicos por ser de interés nacional y permitir el desarrollo sostenible de la nación, se desarrollaba en la zona registrada en las inmediaciones de la vertiente del río Inírida a la altura del corregimiento de Morichal, Pana Pana y Puerto Colombia, generando contaminación ambiental al suelo y al recurso hídrico, y contaminación física por sedimentación”, señala el informe de la Fiscalía, que resalta que, para la época, el frente Acacio Medina de las Farc era el beneficiado con las actividades ilegales, pero hoy, tras la firma del Acuerdo de Paz, la disputa por el territorio es entre las disidencias y el clan del Golfo.

Pero la mayor preocupación de la Fiscalía es que los esfuerzos se dirigen a un componente de minería ilegal, que también califica como “empresarial”. “Tienen nóminas de pagos en salarios, obtienen préstamos bancarios, incluso cobran vacunas hasta de 25 millones de pesos-mes por las máquinas con las que operan”, señalan fuentes del ente investigador. Toda esta actividad se está concentrando en Chocó, “las actividades mineras son adelantadas en inmediaciones de la Reserva Forestal del Darién, en el departamento del Chocó y en el área protegida que pertenece al Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) La Playona, impactando el río Acandí Seco”, advierte el informe.

La destrucción del ecosistema en las cuencas de los ríos Quito y Atrato y la sedimentación de los afluentes por la agresiva extracción de minerales puso al descubierto el actuar criminal de los denominados Zares del Oro, una organización que se habría valido del uso de mercurio, maquinaria pesada y diversos permisos ambientales para obtener oro y platino. Los investigadores descubrieron la empresa Metalpac, que obtenía el mineral en los yacimientos mineros, lo transportaba a Istmina (Chocó), llegaba en un helicóptero al parque Divino Niño de esa población y trasladaba el oro y el platino a la ciudad de Medellín, donde lo entregaba a las comercializadoras internacionales Meprecol y Anexpo, que se encargaban de su venta y exportación.

Alcanzaron a realizar transacciones por más de $1,2 billones entre 2009 y 2013, según reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Adicionalmente, lograron una fortuna de $3,4 billones producto de la minería ilegal en Chocó. Entre los elementos recopilados por la Fiscalía hay reportes de la comercializadora Meprecol a la Agencia Nacional Minera en los que solicitó el pago de regalías por la adquisición de oro proveniente del Alto Baudó durante 2011. Por estos hechos fueron capturados el alcalde de Nóvita (Chocó), Déyler Eduardo Camacho Mosquera, quien habría facilitado el ingreso de insumos a las zonas de extracción, y los representantes legales de dos comercializadoras.

Lo cierto es que este tipo de minería sigue siendo el negocio ilegal más rentable. En el último estudio de la Universidad Externado se identificó que son más de 80 los ríos del país que están contaminados con mercurio. Cada día se hacen más evidentes las secuelas de esta problemática.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/diez-rios-punto-de-desaparecer-articulo-730516

Colombia

Contaminan fuente de agua por minería en Zaragoza, Antioquia, en riesgo de desaparecer.

En el municipio de Zaragoza, nordeste antioqueño se evidencia la contaminación de una fuente de agua por la explotación de la minería de manera ilegal. Las autoridades del departamento investigan a los responsables del hecho que serían sancionados.

Las imágenes son impactantes, donde antes había una cascada cristalina en la vereda Quebradona del municipio de Zaragoza, hoy hay un lodazal. El nordeste de Antioquia es una zona de explotación de minería de oro. Corantioquia, que es la autoridad ambiental, hizo una visita a la zona.

El subdirector racionalización Corantioquia, Carlos Andrés Naranjo, aseguró: “encontrando que efectivamente se habían adelantado actividades mineras ilegales puesto que no se cuenta con permisos ambientales”.

Durante la inspección no se encontró a ninguna persona realizando actividades extractivas. Las autoridades del departamento investigan a los responsables del hecho quienes serán sancionados.

“Si es un título minero y se comprueba con Corantioquia que está contaminando de esta manera eso da la terminación de su licencia ambiental y por tanto la caducidad del título minero”, indicó Dora Elena Balvín, secretaria de Minas del departamento de Antioquia.

‘’Identificando los infractores podría llevar a multas desde uno hasta cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes”, agregó Carlos Andrés Naranjo, subdirector racionalización Corantioquia.

Las personas responsables de la contaminación además tendrían sanciones penales por parte de la Fiscalía.

Fuente:https://canal1.com.co/noticias/nacional/contaminan-fuente-de-agua-por-mineria-en-zaragoza-antioquia/

Mexico

Reafirman con séptimo radiotón la resistencia contra la mineria en Zanatepec

Integrantes del Grupo Ecologista Zanatepec y el colectivo Gulucheño celebraron por séptima ocasión “un radiotón ecologista” que es un maratón radiofónico que realiza la estación de radio comunitaria en donde se difunden temas sociales y ecológicos enfatizando su resistencia a los proyectos mineros en esta zona del Istmo de Tehuantepec.

El evento se realizó en la explanada del parque central de Zanatepec en donde estuvieron presentes defensores indígenas de la tierra y el territorio y la autoridad municipal que encabeza Ramiro Nolasco Jerónimo, quién en el pasado mes de marzo en sesión publica de cabildo reafirmó a este municipio como “libre de minería”.

El radiotón 2017 tuvo una duración de más de cuatro horas en vivo y a través de la frecuencia radiofónica 90.7 “Radio Éxito” los integrantes del grupo ecologista Zanatepec e invitados especiales manifestaron que seguirán con su defensa de la tierra y el territorio y conservación del medio ambiente.

En el 2008, la Secretaria de Economía entregó tres concesiones mineras “Aurena, Santa Martha y la Ventosa” que abarcan 19 mil 795 hectáreas en terrenos colindantes de San Miguel Chimalapa y Zanatepec con la finalidad de extraer cobre, plata y oro, por lo que desde entonces se ha emprendido una resistencia en la comunidad.

En el evento estuvieron presentes, Alejandro García, presidente del Grupo Ecologista Zanatepec quién puntualizó que desde el 2014 ellos tuvieron accesos a los permisos de las mineras que intentan ubicarse en su localidad sin embargo y por fortuna se cuenta con el apoyo y respaldo de la autoridad municipal para estar en resistencia.

Daniel Cirilo, defensor de los derechos humanos y el medio ambiente explicó que a la par de este evento, se continua haciendo una labor de concientización en la comunidad y localidades vecinas a través de volantes, pinta de bardas, conferencias y marchas, lo cual ha dejado un precedente importante de resistencia.

“Estamos realizando pintas de bardas y también acudimos a las comunidades para concientizar, la minería como hemos observado en muchos países ha dejado daños al medio ambiente, lo único que hacemos es defender lo nuestro y no permitir mayores daños a nuestros pueblos indígenas”, señaló.

Durante el radiotón también se realizó una feria de dulces típicos de la localidad de Zanatepec en donde las mujeres ofertaron sus dulces que realizan por medio del sistema artesanal y también una exposición fotográfica que mostró los espacios naturales de la comunidad y su lucha frente a la minería.

Fuente:http://www.istmopress.com.mx/municipales/reafirman-con-septimo-radioton-la-resistencia-contra-la-mineria-en-zanatepec/

Chile

Collahuasi enfrenta cargos por infracciones ambientales

Una de las denuncias fue interpuesta por una de las comunidades vecinas a las faenas de extracción de cobre, quienes acusaron que no se hicieron los procedimientos necesarios para hacerse cargo de un eventual derramamiento de material tóxico.

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos este martes en contra de la Minera Doña Inés de Collahuasi, faena de extracción de cobre ubicada en el Desierto de Atacama. Según el texto de la entidad gubernamental, la empresa habría cometido infracciones a lo establecido en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que podría acarrear una multa que superaría los 60 millones de dólares.

El alcalde de Pozo Almonte –comuna cercana a las labores mineras–, Richard Godoy, comentó a Radio y Diario Universidad de Chile que, al igual que el superintendente Cristián Franz, prefiere no opinar previo a la investigación de este supuesto incumplimiento.

“Estamos recabando antecedentes para ver qué es lo que realmente sucedió respecto del incumplimiento y la sanción que está emitiendo la Superintendencia”, expresó.

Consultado respecto de los convenios que tiene la minera con el municipio, Richard Godoy indicó que este antecedente, que abarca la colaboración en materia educativa, no se presta para establecer una condicionante a la hora de sancionar públicamente el comportamiento de la empresa.

“Si acá una minera no cumple con su RCA vamos a ser tajantes nosotros y nos vamos a poner del lado que corresponde, que es cuidar el medio ambiente y también todo lo que viene a futuro para nuestra gente”, añadió.

Una de las denuncias realizadas ante la SMA fue presentada por la Comunidad Indígena Quechua de Huatacondo. Sus miembros se quejaron que el 27 de julio de 2016, Collahuasi “habría tenido un incidente menor de rotura en su mineroducto, a la altura del Camino a Quebrada Blanca y que el día 4 de agosto habría tenido un incidente mayor, cerca del poblado de Ujina y de un área de pastoreo ancestral, en la cual, según estimación del Servicio Nacional de Geología y Minería, se habría derramado un volumen de 4.500 metros cúbicos de material tóxico. Preocupa que no se haya aplicado el procedimiento debido”.

Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama –representante de la comunidad–, explicó a este medio qué es lo que debería hacer la empresa ahora que se aceptó la reclamación.

“La idea es que la empresa ofrezca un plan de cumplimiento que se haga cargo de los daños o que mitigue los daños producidos a la flora y fauna, a la biodiversidad, lo que el derrame pueda haber provocado aunque sea dentro de sus instalaciones. Anduvo corriendo esta agua contaminada a pampa abierta y no sabemos hasta qué punto”, dijo.

La mitigación incluye estudiar y hacerse cargo de los problemas producidos. Acorde a las palabras de Alonso Barros, Collahuasi debería lograr con la comunidad un convenio de co-monitoreo respecto de los recursos hídricos compartidos en la cuenca de Huatacondo.

Por el momento, como afirmó el abogado, la empresa deberá presentar el programa de cumplimiento, y si eso no está a la altura de las expectativas de la entidad fiscalizadora, se podría dar paso a cursar multas y otro tipo de sanciones.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2017/12/27/collahuasi-enfrenta-cargos-por-infracciones-ambientales/