Argentina

Santacruceños presentes en apoyo a la Bicicleteada en defensa de los Glaciares.

Unos quince ciclistas fueron recibidos este martes en la Plaza del Congreso, luego de pedalear unos 1400 kilómetros desde la provincia de San Juan. Su reclamo es por la preservación de los Glaciares, amenazados por la actividad minera. Un grupo de santacruceños, entre ellos de El Calafate, estuvo presente en la manifestación.

La caravana partió de Jáchal, pueblo de 10 mil habitantes que sufrió el derrame de cianuro por la mina Veladero, y recorrió el mismo camino que hacen los ríos nutridos por las aguas de deshielo de la Cordillera de los Andes, para reclamar que el Gobierno no modifique la Ley de Glaciares y que se cumpla su reglamentación.

Los ciclistas son integrantes de la asamblea Jáchal No Se Toca. En su viaje atravesaron La Rioja, Córdoba, Santa Fe hasta llegar a la Plaza de los Dos Congresos esta tarde, donde fueron recibidos por integrantes de organizaciones ambientales como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace, y otras como el CELS.  Ahora pretenden que los reciba el presidente Mauricio Macri.

“Quieren modificar el artículo 6 de la ley, que prohíbe realizar minería sobre glaciares y ambientes periglaciares”, le explicó a PERFIL Enrique Viale, abogado ambientalista que representa a la Asamblea de Jáchal.

El letrado sostuvo que “la minería está lejos de ser la gran creadora de trabajo” y que la situación se repite en toda Latinoamérica. “Las regiones más pobres están donde existe una gran minería, porque desplaza las economías regionales”, afirmó.

Del recibimiento, que tuvo lugar pasadas las 18, participaron varias organizaciones ambientalistas. Entre ellos vecinos de El Calafate y otras localidades de Santa Cruz que llevaron la consigna “Río Santa Cruz Libre, desde los Glaciares hasta el Mar”.

El colectivo de vecinos tiene como lucha principal que no se construyan las represas en el río Santa Cruz. Pero también viene  apoyando el reclamo para que no se modifique la Ley de Glaciares, y que en cambio se tomen medidas concretas para garantizar su proyección.

También de la manifestación participaron  políticos opositores a la modificación de la Ley de Glaciares, como la legisladora porteña por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman; el dirigente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois; y el senador Pino Solanas. También se sumaron al reclamo diferentes figuras del espectáculo como Julieta Diaz, Georgina Barbarrosa y el cantante Axel.

“Si la ley se cumpliera, no tendría que estar abierta la mina de Veladero”, argumentó Viale, y explicó que su derrame de cianuro en 2015 por la empresa canadiense Barrick Gold produjo “la contaminación del agua por los metales pesados, que son incorporados al cuerpo y tienen una gravísima consecuencia para la salud”.

“Pedimos que no destruyan las fábricas de agua -por los glaciares- y que se cumpla con el inventario de glaciares que establece la ley”, sentenció el abogado sobre los glaciares que se encuentran en las provincias de La Rioja y Jujuy.

La campaña para evitar la Ley de Glaciares comenzó en noviembre del año pasado, cuando el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, asumió que el Gobierno quería revisar la legislación que protege a las enormes reservas de agua dulce. La iniciativa se debe al reclamo de los empresarios del sector minero que quieren destrabar los proyectos guardados en el cajón.

Según un informe realizado por la Dirección de Gestión Ambiental, Recursos Hídricos y Acuáticos de la Nación existen 44 proyectos mineros cercanos a glaciares o ambientes periglaciares que están inventariados. El único que está en actividad es la mina de Veladero. (Ahora Calafate – Perfil)

Fuente:http://ahoracalafate.com.ar/nota/8282/santacrucenos-presentes-en-apoyo-a-la-bicicleteada-en-defensa-de-los-glaciares

Mexico

Indígenas que expulsaron a tiempo la minería festejan cinco años de lucha cotidiana

Justino García es un joven originario de Magdalena Teitipac. Cuando la “Minera Plata Real” (subsidiaria de la empresa Sunshine Silver Mining con sede en los Estados Unidos) llegó a su comunidad, el tenía tan solo 5 años de edad, ahora ha cumplido 12 años y ha hecho suya la responsabilidad de defender su territorio contra la minería, él forma parte de la radio comunitaria Teitiradio “Lobadani” que significa en zapoteco “Raíz del Cerro”. Esta radio fue construida como una necesidad de defensa contra la minería. Hoy, la resistencia es cotidiana.

El joven cuenta que desde los cinco años ha guardado los recuerdos de cuando la empresa quizo incursionar en su comunidad. “Mis hermanos, mis amigos y yo teníamos miedo porque llegaron en helicópteros a los cerros, ahora, después de siete años ya no les tenemos miedo, porque no queremos que los extranjeros vengan a explotar nuestras tierras”, cuenta para Avispa Midia el joven radialista, mejor conocido como el tigrillo.

Magdalena Teitipac es pueblo Zapoteco que está ubicado en la región de los valles centrales, en el Estado de Oaxaca. Dicha comunidad se organiza bajo su propio sistema normativo, siendo la asamblea general la máxima autoridad de la comunidad. La propiedad de la tierra en Teitipac es de tipo comunal; en el año de 1975 por resolución presidencial se reconoce como los Bienes Comunales de Magdalena Teitipac. Gran parte de la población se dedica a la agricultura, “somos campesinos, dependemos de la tierra” comparte para Avispa Midia el señor Fernando Martínez, oriundo del pueblo Zapoteca.

La expulsión de la empresa

El 6 de septiembre del año 2007 la Dirección General de Regulación Minera otorgó para su explotación, a la empresa Plata Real, la concesión registrada con el numero 230489 y titulada “el doctor”. Los minerales que pretendían extraer son oro y plata en una superficie de 9 mil 653 hectáreas de tierras comunales de Magdalena Teitipac, “no fuimos informados sobre esta decisión, no sabíamos que estaban entregando nuestras tierras” denuncia Martínez.

A inicios del mes de abril del año 2009, el Comisariado de los Bienes Comunales de Magdalena Teitipac, suscribió un convenio dando permiso a la empresa minera “Plata Real” para que pudiera realizar los trabajos de exploración, esto sin el consentimiento de la asamblea de comuneros.

Las acciones del comisariado fueron generando descontento en la población, “en el año 2009, el comisariado terminó su gestión, pero no quería irse. La gente ya estaba molesta por todo lo que había hecho con la minera sin consultar a la asamblea, por lo que decidieron quitarlo de su cargo en octubre de 2010. Esta situación afecto mucho a nuestra organización comunitaria” comparte Don Fernando.

Fuente: https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/39216-indigenas-que-expulsaron-a-tiempo-la-mineria-festejan-cinco-anos-de-lucha-cotidiana

Internacional

La minería de asteroides se acerca a la realidad con el exitoso lanzamiento del Falcon Heavy

CABO CAÑAVERAL.- Cuando Elon Musk lazó fuera de la Tierra su Falcon Heavy, el cohete más poderoso que ha construido SpaceX, no sólo estaba sentando una nueva etapa para la compañía, sino que con ello se habría legado el inicio de una de las barreras tecnológicas que detienen el avance de la minería de asteroides, uno de los aspectos más lucrativos de la exploración espacial.
¿En qué consiste la minería de asteroides? Es precisamente ir hasta una de las rocas que se encuentra en el espacio y extraer minerales de ellas. Estos cuerpos, a diferencia de los planetas y las lunas, no cuentan con protección internacional sobre su explotación, por lo que Estados y compañías privadas podrían realizar estas labores.
Noticias relacionadas China planea arrastrar un asteroide hasta la órbita lunar para explotar sus minerales China planea arrastrar un asteroide hasta la órbita lunar para explotar sus minerales 12 La NASA y la Casa Blanca detallan el plan para capturar un asteroide La NASA y la Casa Blanca detallan el plan para capturar un asteroide 7 Por ahora, esta técnica se ha mantenido en el área de las proyecciones y las investigaciones teóricas, incluso la Agencia Espacial Europea (ESA) junto a la NASA, mantenían un proyecto para arrastrar un asteroide más cerca de la órbita terrestre, iniciativa que se encuentra en pausa por temas económicos.
No obstante, diversas compañías como ispace, Planetary Resources o Deep Space han iniciado proyectos para aterrizar en estos cuerpos rocosos a extraer sus minerales y traerlos de regreso a la Tierra. Algo que el Falcon Heavy de Elon Musk podría ayudar a hacer realidad. La importancia de este cohete radica precisamente en su potencia para salir del planeta y regresar, así como los bajos costos que involucraría su despegue -sólo 90 millones de dólares por cada lanzamiento-, lo que haría posible y rentable viajar hasta un asteroide.
Si bien el plan de Elon Musk con el Falcon Heavy no es precisamente esto, sí está enfocado en potenciar misiones espaciales mientras se enfoca en su gran idea con SpaceX: llegar a Marte. En lo que sí se vería beneficiado este plan con la minería espacial es precisamente los puntos que se dispondrían a lo ancho y largo del cosmos, entregando así fuentes de materiales más al alcance de otros planetas, sin la necesidad de depender de la Tierra, uno de los principales desafíos que se debe resolver en el camino a colonizar el planeta rojo.

Esta técnica que hasta ahora está en medio de limitaciones legales y tecnológicas podría ver una ventana de esperanza en el potente cohete de Elon Musk y su potencia para salir de la Tierra y regresar fácilmente.

Fuente:http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2018/02/22/896200/La-mineria-de-asteroides-se-acerca-a-la-realidad-con-el-exitoso-lanzamiento-del-Falcon-Heavy.html
Mexico

Reitera juez suspensión a proyectos mineros en Ixtacamaxtitlán

Ixtacamaxtitlán, Pue.- La justicia federal dio un revés a la empresa canadiense Almaden Minerals que, a través de la división de sus concesiones, pretendía dejar sin efecto el amparo promovido por indígenas de la comunidad de Tecoltemi en Ixtacamaxtitlán, para evitar dos de sus proyectos extractivos.

Con la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con sede en Puebla, dentro del Recurso de Queja 184/2017, queda firme la orden de suspensión de las actividades de la minera en sus concesiones Cerrón Grande y Cerrón Grande II, además de que el juez Cuarto de Distrito tendrá que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera, hecha valer por los pobladores.

Luego de que el juez ordenó en 2015 que Almaden Minerals frenara sus trabajos en Ixtacamaxtitlán, la firma, con el apoyo de la Secretaría de Economía, manipuló las concesiones con la finalidad de quitarles el derecho a los pueblos para impugnarlas y además seguir sus trabajos en esta región.

Entre los argumentos que los ixtacamatlecos expresaron contra la minera está el de que las concesiones de Almaden Minerals fueron otorgadas aplicando la “anticonstitucional” Ley Minera  expedida en 1992, violando sus derechos al territorio y la consulta.

Por ello, la empresa trató de evitar que se discutieran esas normas y renunció a las licencias de explotación al dividirlas o recortarlas, todo para dejar fuera al territorio de los pueblos que recurrieron al amparo.

Los pobladores se inconformaron e interpusieron el recurso de queja, cuya resolución representa un revés para la canadiense pues debe acatar la orden de suspender cualquier actividad que tenga que ver con las concesiones. También obliga a la Secretaría de Economía a anular los cambios que hizo para favorecer a los inversionistas.

El juez Cuarto de Distrito en el estado deberá pronunciarse acerca de las violaciones a los derechos de los nahuas de Tecoltemi, cometidas al conceder las licencias de exploración y explotación de su territorio en contra de lo establecido por la Constitución y el artículo 169 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.

Sin embargo en el juicio de amparo interpuesto por los nahuas, el Estado mexicano consideró a la minería como de “utilidad pública” y alegó violaciones a su derecho de explotar “bienes públicos”. Cuestionó la identidad indígena de las comunidades y aseguró que las afectaciones por las actividades extractivas no impactarían en el “suelo, porque las concesiones fueron otorgadas sobre lo que hay en el subsuelo y lo que se va a afectar es propiedad de la nación”.

GJ

Fuente:http://municipiospuebla.mx/nota/2018-02-26/interiores/reitera-juez-suspensi%C3%B3n-proyectos-mineros-en-ixtacamaxtitl%C3%A1n

Videos

Lanzan campaña para visibilizar la violencia que sufren las defensoras ambientales

Las mujeres defensoras de Abya Yala pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros cuerpos: cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros cuerpos se violentan los lugares que habitamos

(Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo).

Mexico

Comienza guerra por el agua

Empresas de la industria energética y mineras mantienen con comunidades y pueblos indígenas casi mil disputas por el derecho al agua a lo largo del territorio nacional.

La guerra por el agua ya comenzó. A la fecha existen al menos 916 conflictos sociales en todo el país que se han generado a partir de la disputa de las reservas hídricas entre grupos poblacionales y empresas con proyectos de desarrollo económico en los ámbitos de la minería, la agroindustria, los hidrocarburos, la generación de energía y la urbanización.

Una de las causas de la disputa por el vital líquido en México tiene su origen en que “prevalece un modelo de gestión excluyente e insostenible que favorece a los negocios muy particulares”, debido a que se fomenta la sobreexplotación y contaminación del agua, otorgando miles de concesiones a industrias extractivas, a las que se les permite contaminar y apropiarse de pozos o afluentes.

Lo anterior forma parte del “Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento en México 2017”, elaborado por 101 organizaciones civiles, comunidades y colectivos con motivo de la visita oficial a México de Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, realizado en mayo del año pasado.

En dicho informe se plasma lo que desde hace años es una realidad en nuestro país: que las industrias de desarrollo han comenzado a despojar a comunidades enteras de su derecho al agua, lo que ha arreciado a partir de la reforma en materia energética, que promovió el gobierno federal en 2013, y sus leyes secundarias decretadas en el 2014.

En el espíritu de dichas reformas se establece que las actividades de exploración y explotación del subsuelo –minería, petróleo y demás hidrocarburos- tienen ahora “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo”.

Eso es lo que ha motivado a miles de empresas, principalmente del sector primario, tanto estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), o privadas nacionales o trasnacionales, se hayan comenzado a apropiar del agua, dejando en segundo plano el suministro a otras actividades minoritarias como las de tipo agrícola, ganadera, comunitaria e incluso habitacional.

Datos del REPDA detallan que durante el 2017 se extrajeron 235.3 mil millones de metros cúbicos de agua concesionada alrededor de todo el país

Cifras de la organización CartoCrítica, indican que en comunidades originarias de las entidades Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas, se concentran casi el 75 por ciento de los conflictos generados en todo el país por la disputa del líquido con compañías dedicadas al sector minero.

Pero en lo que se refiere a las cuencas hidrológicas, las que se encuentran más explotadas por este sector de desarrollo económico, son las de los ríos Balsas, Bravo, Yaqui, San Lorenzo, Colorado, Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos, Marabasco, Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan y Coahuayana, de donde se extraen en promedio anual más de 328.4 millones de metros cúbicos de agua.

El agua que aportan las cuencas de estos afluentes para el sostenimiento de la actividad minera durante un año es el equivalente al que podrían utilizar en conjunto durante casi 50 años las poblaciones actuales de las zonas urbanas de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y representa también casi el 0.07 por ciento de toda la reserva de agua dulce renovable con la que cuenta el país.

De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su más reciente informe sobre “Estadísticas del Agua en México 2016”, para el uso de la industria autoabastecida se destinan 634 mil 700 metros cúbicos de agua al año, mientras que para la operación de termoeléctricas se han concesionado 414 mil 900 metros cúbicos de agua por año

Comunidades vs. Empresas

De todos los sectores industriales que actualmente se disputan el agua con los pobladores de diversas regiones, el de la minería es el que más agua consume para sostener su actividad productiva, lo que ha llevado a la movilización constante de organizaciones civiles a fin de revertir la norma de distribución.

Sin embargo, dicha protesta no ha surtido ningún efecto, salvo el que termina con pobladores reclamantes del agua en conflicto con la ley, como es el caso de Cuetzalan, en la zona norte del estado de Puebla, en donde un grupo de activistas que se oponen a la operación de cuatro proyectos hídricos de la CFE actualmente cuentan con orden de aprehensión por parte de la Procuraduría General de la Republica (PGR).

Lo mismo sucede en el municipio de Mazapil, en Zacatecas, en donde un grupo de ejidatarios se encuentran bajo proceso penal desde el 2015, a causa del reclamo de devolución de 28 pozos que el corporativo minero Gold Corp y Fresnillo PLC se apropiaron para mantener la operatividad de la mina Peñasquito.

916 Conflictos por agua son los que se suscitan alrededor de todo el país entre pobladores y las industrias Los conflictos con la justicia surgidos por el reclamo del agua no son exclusivos de las empresas mineras; en el municipio de Saltillo, la empresa Aguas de Saltillo mantiene un proceso judicial en el Tribunal Agrario con sede en Monterrey, Nuevo León, a causa de que los habitantes del Ejido Jagüey de Ferniza fueron despojados de cuatro pozos, los que se privatizaron y ahora son utilizados para vender el agua al gobierno local para el suministro a la población.

Otro caso de despojo de agua, que mantiene vigente una disputa, es el que se registra en el ejido Gabriel Tepepa, municipio de Cuautla, Morelos, en donde la CFE sustrae el líquido desde los afluentes Los Sabinos y Agua Hedionda a fin de suministrar una termoeléctrica que ya opera, así como el área de pruebas de una segunda planta que entrará en operación este mismo año.

Industria sedienta

Datos pertenecientes al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) publicados por la Conagua con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017 detallan que durante el año pasado se extrajeron 269.4 mil millones de metros cúbicos de agua superficial y subterránea concesionada alrededor de todo el país.

Del universo de agua concesionada, el 68 por ciento fue destinada a la generación de energía eléctrica, pues para esta única actividad se emplearon 183.4 mil millones de metros cúbicos del líquido; mientras que otros 58 mil millones de metros cúbicos fueron utilizados en la industria agrícola.

A pesar de que la Conagua no informa de manera puntual la cantidad de agua concesionada empleada en el ramo de la minería, asegura que en el sector industrial a nivel general se otorgó el permiso para que se extrajeran 6.4 mil millones de metros cúbicos de líquido.

En el REPDA también se informa que durante ese año el número de inscripciones por derechos de aguas nacionales llegó a los 408 mil 832 al término del 2017, de las cuales los sectores de la generación de energía eléctrica solo acaparó 133 títulos y 148 anexos.

50 Años de suministro de agua para la CDMX, MTY y GDL, es lo que consume la minería durante un año Es decir, que por cada título y anexo en promedio se extrajeron más de 22.9 millones de metros cúbicos de agua; siendo la industria más sedienta de todas, con respecto al número de títulos que posee. En el sector industrial, hubo 13 mil 662 títulos y anexos cada uno extrajo en promedio 471 mil 510 metros cúbicos de agua.

Fuente:https://www.reporteindigo.com/reporte/comienza-guerra-agua-conflictos-comunidades-empresas-violacion-derecho-humano/

Latinoamerica

Lanzan campaña para visibilizar la violencia que sufren las defensoras ambientales

El 20 de febrero 2018, se inició la campaña Rexistir – Tejiendo Cuerpos Territorios, promovida por la Red Latinoaméricana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales con la colaboración de los socios Enginyeria Sense Fronteres, Grufides y Catapa. La campaña busca visibilizar y denunciar ante la opinión pública y tomadores de decisiones a nivel regional y global, las múltiples y sistemáticas violencias cometidas, con total impunidad, por el sistema capitalista extractivista, patriarcal y colonial, a través de sus proyectos mineros, contra las defensoras  de América Latina, sus comunidades y territorios.

La campaña consiste en material audiovisual alojado en una plataforma web www.rexistir.com y artículos de opinión que retratan las diferentes formas de violencias hacia los territorios y cuerpos de las defensoras en contexto extractivista en América Latina. A partir del 20 de febrero de 2018, podrán descubrir semanalmente en las redes sociales de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensora y Grufides, los testimonios de mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales de Latinoamérica que han tenido el coraje de denunciar las estrategias empleadas por las empresas y Estados para vulnerar sus derechos. A partir del 26 de febrero al 01 de marzo 2018, se inicirá una gira europea de incidencia y sensibilización de la campaña en distintos espacios de decisión, educativos y culturales.

* * *

REXISTIR, como palabra sensibilizadora en esta campaña recoge el sentido de la RESISTENCIA histórica de los pueblos y las mujeres frente al modo de vida capitalista y patriarcal y los efectos de destrucción socioambiental que genera. Una resistencia que DEFIENDE otros modos de vida dignos, justos y armónicos entre humanidad y naturaleza, entre géneros y entre pueblos, con la que se gesta procesos de organización y defensa territorial, como también de defensa de los derechos de las mujeres frente a las violencias. Entendemos que tejernos desde nuestros cuerpos-territorios en América Latina, es RESISTIR a la nueva colonización del extractivismo, reivindicando nuestras memorias, luchas y alternativas de Buen Vivir como mujeres, es por lo tanto crear nuevo mundo, es REXISTIR.

Las mujeres defensoras de Abya Yala pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros cuerpos: cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros cuerpos se violentan los lugares que habitamos

(Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo).

El extractivismo es un modelo económico y político capitalista neoliberal basado en la extracción, usufructo y mercantilización de elementos, cuerpos, ciclos y funciones de la naturaleza. El extractivismo se basa en una cultura patriarcal, ya que existen paralelos culturales, históricos y simbólicos en los patrones de dominio de las mujeres y la naturaleza, por la cual a ambas históricamente han sido sujeto de dominación, control y explotación.

El sistema capitalista extractivista, patriarcal y colonial no puede funcionar si es que al mismo tiempo no mercantiliza, despoja y usufructúa los cuerpos de las mujeres y los tejidos sociales que reproducen la vida.

Las violencias que este sistema ejerce hacia nuestros cuerpos-territorios son múltiples y vulneran los derechos, en particular el de las mujeres que los defienden. El extractivismo conlleva la devastación ambiental y a la precarización de las condiciones de vida de las poblaciones, violando el derecho a la vida, a la salud, a una vivienda digna, a la propiedad, la alimentación, al trabajo y a gozar de un ambiente sano, además, socava los derechos a la participación, a la protesta y a la libertad de expresión, de reunión y asociación.

Por ello se hace necesario visibilizar estas violencias y denunciarlas públicamente para velar por el cuidado, protección y defensa de nuestros cuerpos-territorios.

PÁGINA DEL PROYECTO: http://www.rexistir.com/

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/698-lanzan-campana-para-visibilizar-la-violencia-que-sufren-las-defensoras-ambientales

Mexico

Canadá “protege y encubre” las violaciones de sus mineras en México

José Luis Abarca y organizaciones que acompañan la demanda contra la embajada de Canadá en México recorren oficinas y universidades para mostrar las pruebas de una acción sistemática de la diplomacia canadiense para apoyar violaciones de sus empresas contra los pueblos mexicanos.

MONTREAL, .- La demanda contra la embajada canadiense en México por abrió el debate sobre la protección sistemática que ha dado la diplomacia de ese país a empresas que poseen concesiones mineras en México, a pesar de las denuncias por contaminación y violación a los derechos de los pueblos que son dueños de la tierra donde se encuentran los yacimientos.

No se trata de protección o encubrimiento ocasional, sino acciones continuas que demuestran que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas”, sostienen las organizaciones sociales demandantes, académicos y activistas de México y Canadá.

Desde el 3 de febrero, José Luis Abarca, hijo del ambientalista chiapaneco Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009 por oponerse a la minera Blackfire, recorre varias ciudades de Canadá para presentar ante ciudadanos de este país y sus autoridades los argumentos que sostienen la primer demanda formal que se presenta contra la diplomacia canadiense en México. El joven es acompañado por integrantes de las organizaciones Mining Watch, la Red de Méxicanos Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, y el Proyecto Justicia para la Integridad Corporativa de la Universidad de York,  que son también partes demandantes.

La primera parada fue en las oficinas del Comisionado para Integridad de la Administración Pública de Canadá, donde se presentó la demanda. Esa institución tiene la función de investigar casos de conductas deshonestas de los servidores públicos canadienses.

En esa oficina, los familiares de Roblero y organizaciones demandantes presentaron argumentos y evidencias documentales que muestran que la diplomacia canadiense violentó las políticas del gobierno de Canadá al apoyar a la empresa Blackfire Exploration para imponer la operación de una mina en la comunidad de Chicomuselo, en  Chiapas y que esas acciones desembocaron en el homicidio de Abarca Roblero, quien tres meses antes de su muerte había solicitado directamente la atención de la embajada en su sede en la Ciudad de México, pero fue ignorado.

Representantes del Comisionado recibieron la demanda, e informaron que tienen 90 días para analizarla y decidir si investigarán el hecho.En los días consecutivos a la entrega de la demanda, la delegación mexicana y organizaciones canadienses que acompañan a Abarca tuvieron reuniones con estudiantes de diversas universidades, que organizaron foros a donde también acudieron otros ciudadanos canadienses. También se reunieron con representantes del Poder Legislativo, y directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá

En todas estas reuniones expusieron cómo las empresas mineras canadienses que operan en México han seguido un mismo patrón de conducta para imponer la extracción a pueblos y comunidades que rechazan estas acciones. Estas conductas han dejado una secuela de homicidios, desplazamiento de personas, contaminación medioambiental, enfermedades y muertes por el envenenamiento.

Un caso sobresaliente, señaló Miguel Mijangos, representante de la REMA, es el que enfrenta la comunidad de Carrizalillo, en Guerrero. Ahí le fue concesionado a la empresa Gold Corp la mina de oro más grande que posee México. Gold Corp, detalló Mijangos, “ha violado sistemáticamente los derechos ambientales, a la salud y la vida de las personas. Hoy la mitad de la población de Carrizalillo ha tenido que huir de la región. Lo mismo ha ocurrido en 81 poblados que componen lo que se llama El Cinturón Dorado de Guerrero”, conocido así por sus minas de extracción de oro.

En cada una de las reuniones y foros, la delegación que acompaña la demanda de justicia para Mariano Abarca explicó que uno de los factores que permiten y propician estas violaciones es el apoyo que abiertamente han tenido las empresas mineras por parte de la embajada de Canadá en México.

Y este apoyo ocurre aun cuando la diplomacia canadiense ha recibido peticiones concretas por parte de ciudadanos mexicanos para intervenir contra las violaciones a sus derechos. Por ejemplo el 12 de mayo de 2013, el Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Metales Preciosos acudió a la embajada de Canadá en México para solicitar que el órgano diplomático intercediera ante la empresa Almaden Minerals, porque la mina de oro a cielo abierto que tiene en Morelos impactará el sitio arqueológico de Xochicalco; 17 mil campesinos de la región respaldaron la solicitud. Pero tras recibirla, la embajada no dio ninguna respuesta a los peticionarios y el proyecto de extracción sigue en puerta

El apoyo de la embajada canadiense a las empresas mineras ha pasado de ignorar las peticiones de la población afectada, hacer cabildeo político a su favor y brindar asesoría jurídica, hasta cometer actos que de manera evidente violan los preceptos éticos y administrativos que las leyes de su país les exigen.

Un caso que se comprobó con documentación obtenida de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá –vía solicitudes de acceso a la información- señala que en 2012 la embajada canadiense entregó documentación privada de pobladores del ejido La Sierrita, de Durango, a la minera Excellon Resourses y su equipo legal, para que la empresa defendiera sus intereses en la demanda que enfrentaba la empresa.

Luego de analizar esos patrones de conducta, y en el caso particular de Abarca Roblero, la conclusión es que “la embajada ha hecho suyos los intereses de las empresas, y actúa en consecuencia”, señaló Miguel Ángel de los Santos, abogado de la familia Abarca y titular del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades de la UNACH.

En el caso de Blackfire –dijo- la embajada Canadá en México tuvo conocimiento a tiempo y de manera suficiente sobre las actividades que realizaba la empresa y decidió continuar su apoyo, omitiendo dar a conocer a las autoridades de su país los actos de corrupción. Su apoyo a la minera comprometió la seguridad y la vida del activista.

“La violación a los derechos de los pueblos donde están asentadas las empresas mineras canadienses, y la impunidad con que actúan no puede entenderse sin la protección que reciben de su embajada”, afirmó Miguel Mijangos, de REMA.

Mecanismos de sanción blandos

Las leyes canadienses indican que si el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá encuentra elementos suficientes para iniciar la investigación y comprobar que su diplomacia en México violó las normas de código de conducta que rige el servicio público, e incluso incurrió en otros delitos –como señala la demanda-, tendría que recomendar un procedimiento sancionatorio de sus conductas.

La normatividad señala que, en su caso, el Comisionado presentaría un informe al Parlamento (Poder Legislativo canadiense), el cual puede incluir recomendaciones para tomar medidas correctivas, atender las infracciones y prevenir que vuelvan a suceder actos como el señalado.

Es decir, pese a el logro que significó buscar y encontrar en el caso de Mariano Abarca Roblero, las evidencias para iniciar una demandar ante el Comisionado ­–un proceso que llevó más de 8 años- el dictamen al que podría llegar esta institución se enmarca más en sanciones de tipo administrativo.

Por ello, José Luis Abarca y las organizaciones que lo acompañan se reunieron también con representantes de Parlamento canadiense –con los de partidos Social Demócrata y la líder del Verde, Elizabeth May-,  a quienes plantearon el vacío legal que hay en las leyes canadienses para poder sancionar las conductas de las embajadas, y les pidieron legislar con mayor rigurosidad las conductas de los diplomáticos en el extranjero.

“Hay un problema muy amplio en relación al contexto de violación a los derechos humanos por parte de la embajada, y prácticamente el recurso que tienen para detenerlo es el establecimiento de un mecanismo para interponer quejas o denuncias, cuyos resolutivos quedan en códigos voluntarios de conducta, con poca responsabilidad jurídica, dijo Mijangos.

“Creemos que medidas más fuertes pueden ayudar a disuadir y erradicar conductas violatorias de los derechos humanos y ambientales de las personas donde se encuentran las concesiones mineras”.

¿Un ombusdman para comunidades afectadas por la minería?

Los señalamientos contra las empresas mineras y la diplomacia canadiense no son exclusivos de México. El gobierno de ese país ha recibido denuncias de habitantes de Guatemala, Honduras, EL Salvador, Perú, Chile, Argentina, Filipinas, Colombia, El Congo, Nueva Guinea, entre otros países donde empresas de Canadá explotan minas.

Un día después de que se presentó la denuncia, directivos de los ministerios de Asuntos Globales y de Comercio Internacional de Canadá -encargados de las políticas de comercio y de relaciones internacionales- aceptaron recibir a representantes de la familia Abarca. A la reunión llegaron una docena de representantes de la División de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de Norteamérica; de la División de Planificación y Cooperación de Comercio Internacional y Prácticas Empresariales Responsables; de Programas Comerciales de Norteamérica; representativas del Punto de Contacto Nacional de Canadá para la administración de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales; y de la oficina del Consejero de Responsabilidad Social Empresarial para el Sector Extractivo.

Jen Moore, de Mining Watch, y Miguel Mijangos, de REMA, plantearon nuevamente la situación ante los directivos, quienes respondieron que asistían a la reunión solo para escuchar, pero que ya habían  “tomando medidas” para atender demandas como las de México y el resto de los países donde empresarios de Canadá tienen minas.

Se trata –dieron- de la creación de un Defensor del Pueblo Canadiense para Negocios Responsables, un ombudsman que, señala la normatividad que lo regiría, “emitirá recomendaciones no vinculantes (no obligatorias) frente las empresas, sobre la posible suspensión de servicios gubernamentales –como financiamiento y apoyo diplomático- y sobre posibles cambios en las leyes y las políticas canadienses”.

Los funcionarios entregaron a Moore y Mijangos el boletín de prensa que el 17 de enero pasado habían dado a medios de comunicación, cuando hicieron pública la nueva figura administrativa, que al momento no ha sido creada formalmente.

En reuniones posteriores a ese encuentro, ante con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de Canadá, Mijangos analizó los alcances de esa nueva figura administrativa canadiense: “Todos los ombudsman actúan con acciones tenues y recomendaciones que generalmente no se atienden, porque las instituciones de gobierno no están obligadas a hacerlo. La prueba son los relatores de la ONU, que hacen recomendaciones a los gobiernos, sin que con ello se detengan las violaciones a los derechos de las personas”.

Sin embargo, frente al tamaño y la gravedad de las violaciones que cometen las empresas extractivas canadienses, “no queremos una ventanilla de quejas, queremos una ventanilla con dientes y que los responsables sean llevados ante la justicia”, sostuvo el activista.

Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: http://www.piedepagina.mx

Fuente:http://www.remamx.org/2018/02/canada-protege-y-encubre-las-violaciones-de-sus-mineras-en-mexico/

Brasil

Brasil: Investigan posible contaminación de agua por residuos de minería (El Debate)

Brasilia,  (AFP) – La fiscalía brasileña investiga el desborde de un depósito de residuos de una minera noruega en el estado de Pará (norte), que podría poner en riesgo la salud de los habitantes de la región, según un laudo preliminar.

Residuos no tratados de uno de los depósitos de la refinería de alúmina (material a partir del cual se fabrica el aluminio industrial) Hydro Alunorte se habrían vertido al exterior después de varios días de fuertes lluvias en el municipio de Barcarena, vecino a la capital paraense Belém.

Una portavoz de la fiscalía federal de Pará dijo a la AFP que “el derrame indica que estaban trabajando con una producción mayor que la capacidad del depósito” y señaló que el dique “no tenía una licencia adecuada de operación”.

De acuerdo con un laudo del instituto científico Evandro Chagas –dependiente del Ministerio de Salud Pública–, el desborde de este “lodo rojo” puede implicar riesgos para pescadores y otras comunidades amazónicas cercanas a la planta, ya que el agua que habitualmente usan para beber y bañarse presentó niveles elevados de aluminio y también de metales tóxicos, aunque en menor concentración.

“El consumo de aluminio en alta concentración puede acarrear diversos daños a la salud”, afirmó el investigador Marcelo de Oliveira al presentar el informe.

El informe apuntó además la existencia de un “ducto clandestino” con el que Hydro Alunorte habría intentado evacuar parte de los residuos, puesto que la capacidad del depósito se encontraba superada.
Hydro Alunorte afirmó en un comunicado que “análisis técnicos, inclusive del gobierno de Pará, indicaron que los niveles del depósito estaban normales” y prometió “apoyar a la población proveyendo agua potable para las comunidades” potencialmente afectadas.

Sobre el tubo clandestino, la empresa respondió que “todavía no recibió el informe del instituto Evandro Chagas”, pero que cuando eso ocurra adoptará “las medidas que estén en las recomendaciones del documento”.

Según la fiscalía, Barcaerna es un polo industrial en plena Amazonía que sufre constantemente incidentes que causan contaminación.

Hydro Alunorte es propiedad desde 2011 de la multinacional Hydro, que posee activos en toda la cadena de producción del aluminio en más de 40 países.

La gestión de los desechos de minería se ha vuelto un tema sensible en Brasil, que en 2015 vivió la peor tragedia ambiental en su historia, cuando se rompió un dique que contenía casi 40 millones de metros cúbicos de residuos mineros en el estado de Minas Gerais (sudeste).

El tsunami de lodo mató 19 personas, arrasó varias localidades y recorrió más de 600 kilómetros por el Rio Doce hasta el océano Atlántico, devastando fauna y vegetación a su paso.

Fuente:https://www.debate.com.mx/mundo/Investigan-posible-contaminacion-de-agua-por-residuos-de-mineria–20180223-0311.html

Mexico

En encuentro estatal, comunidades repudian proyectos mineros en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- En el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”, rechazaron programas del gobierno federal como Procede y Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-Fanar), debido a que, con ellos, acusaron, se pretende privatizar la tierra e individualizar a los ejidos y comunidades.

De igual forma, en su pronunciamiento, condenaron el hostigamiento desarrollado por la Procuraduría Agraria que, a través de los visitadores agrarios, pretende imponer el programa de privatización a través de una serie de condicionamientos a los pueblos.

“Desde las comunidades, pueblos indígenas y campesinos en resistencia le decimos al gobierno federal y estatal, a las empresas extractivas y diferentes grupos con los que actúa en contubernio, que no aceptaremos el despojo de nuestras tierras que nos fueron heredadas por nuestros ancestros”, añadieron.

Y advirtieron que “no aceptaremos la implementación de ningún trabajo de prospección, exploración, explotación de los minerales que se encuentran dentro de nuestros territorios o cualquier programa o proyecto que altere o atente contra las comunidades y nuestra forma de organización interna”.

Igual explicaron que “el agua, los bosques y las semillas, entre ellas el maíz, así como los demás bienes naturales presentes en el territorio, son nuestros, nos significan identidad, soberanía y los defenderemos ante los proyectos extractivos”.

El encuentro se realizó en Magdalena Teitipac, Tlacolula, donde el tema central fue su lucha por la defensa de la tierra y el territorio y en contra de la imposición del modelo extractivo de diferentes megaproyectos que violentan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con el amparo de las leyes mexicanas.

Durante tres días, los pueblos, comunidades y organizaciones intercambiaron experiencias para continuar fortaleciendo sus procesos organizativos en las comunidades, ejidos, bienes comunales y municipios.

También mencionaron que “los pocos empleos que se crean en el sector minero tienen pésimas condiciones laborales, como ha ocurrido en la región carbonífera de Coahuila en el norte del país, dejando más de tres mil mineros muertos, generando el despojo del territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales, y en consecuencia el desplazamiento forzado de miles de pobladores, quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la tierra, la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales, los que en conjunto les dan sentido de pertenencia.

En su pronunciamiento, denunciaron “el hostigamiento, la persecución y el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, así como las estrategias de violencia que las empresas y el gobierno han utilizado para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades y querer controlar el territorio donde existen yacimientos mineros a través del crimen organizado”.

Incluso consideraron que “la militarización y presencia de la Gendarmería son estrategias que se han legalizado con la reciente Ley de Seguridad Interior que a todas luces busca criminalizar la protesta social para controlar el territorio”.

Por consiguiente, “nos hermanamos como pueblos para seguir de manera organizada defendiendo nuestra madre tierra desde nuestras comunidades y en las regiones, ya que la tierra la reconocemos como nuestra madre que nos da vida y después nos recoge con su manto para guardarnos en su seno”.

Finalmente, reconocieron a las mujeres como guardianas de la tierra y una pieza fundamental en los procesos de resistencia en esta lucha por la vida ante los “proyectos de muerte” que han significado los megaproyectos en sus territorios.

En el encuentro se solidarizaron con las diferentes comunidades y movimientos que se encuentran en resistencia, como Magdalena Teitipac, Tlacolula, San José del Progreso; Pasta de Conchos, Coahuila; Chicomuselo, Chiapas, así como con Coordinadora de Pueblos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda) y Comunidades del Istmo de Tehuantepec, entre otras.

También se sumaron a la exigencia para la cancelación inmediata de los proyectos mineros y las concesiones entregadas en Enriqueta y El Doctor, en Magdalena Teitipac; Tlacolula en San Juan Guelavia; Progreso II, II (bis), III, en San José del Progreso, y Los Ocotes, en Ejutla de Crespo.

Así como en Los Ocotes I, Reducción Taviche Oeste, Unificación Cuzcatlán en San Jerónimo Taviche; Lute II, Lutito, en San Miguel Ejutla; La Raquelita I, del municipio de San Juan Tepeuxila, Cuicatlán; El Roble y Reducción El Roble en los municipios de Ixtlán de Juárez y San Pedro Yaneri; Lachatao, en Santa Catarina Lachatao; Zapotitlán I en municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec y Asunción Tlacolulita, entre otras, otorgados por el gobierno federal “sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos”.

Por último, exigieron el respeto irrestricto del derecho a la libre determinación y autonomía para que se “respete nuestra forma de vida y nuestras aspiraciones como pueblos y comunidades”.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/524054/en-encuentro-estatal-comunidades-repudian-proyectos-mineros-en-oaxaca