Chile

De apoyo a total rechazo por Proyecto Dominga

Nuestra gente lamentablemente no va a tener oportunidad laboral”. Ex miembros de Mesa Comunal de La Higuera explican porqué Dominga ha actuado de forma ambigua y contradictoria, y porqué están desilusionados al respecto.

Sólidos argumentos presentaron vecinos de La Higuera que ahora son ex miembros de la Mesa Comunal, planteando su rechazo al proyecto minero-portuario Dominga. Cuentan que las personas que asistieron a reuniones de apoyo al proyecto eran pagados con 30 mil pesos cada vez, y que -aunque el acuerdo Marco firmado el 2016 pretendía mejorar el diálogo con la comunidad- su representación fue puesta en duda por parte de sus integrantes. Es así como no todo lo que brilla es cobre. Y en este caso, Minera Dominga ha actuado de forma ambigua y muy contradictoria.

Recordemos que el pueblo de La Higuera esta construido sobre un antiguo relave, considerado uno de los 13 más peligrosos de Chile, y sus habitantes no lo saben.

Fuente:http://relaves.org/Posts/2018-07-12.html

Colombia, Videos

Resistencia al fracking en Colombia – Resistance against fracking in Colombia

Las organizaciones de San Martín y la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC – viene resistiendo este proyecto, enfrentándose a fuerte represión estatal. Desde el año 2017 CORDATEC y un Comité pro Consulta Popular de San Martín impulsan el proceso de una Consulta Popular en contra del fracking y de la minería en el municipio. Se trata de la primera consulta en el país que podría prohibir la técnica de fracking. Las consultas populares son un mecanismo legal que permite a las municipalidades prohibir la minería y exploración y explotación petrolera en sus territorios. Hasta la fecha 9 municipios han prohibido la minería, y hay 54 consultas en proceso de planificación. Ahora mismo las consultas populares en Colombia están en peligro. El día 12 de abril se realizó una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional de Colombia para revisar el tema de las consultas populares. Este proceso legal podría resultar en una modificación de la sentencia T445, la que permite las consultas populares. Organizaciones nacionales e internacionales están pidiendo a la Corte que no modifique la sentencia y que respete el derecho de lxs colombianxs de decidir si quieren o no minería y extracción de hidrocarburos en sus territorios. #ConsultasParaTenerVoz

Perú

Cotabambas: reconstruir la política, acabar con la corrupción

Ante la gran corrupción existente en los gobiernos municipales y regionales, es urgente impulsar la vigilancia ciudadana y reconstruir la política. Esta es una de las conclusiones de los participantes en el Foro Público “Desafíos del desarrollo sostenible e integral, y lucha contra la corrupción en Cotabambas”, realizado el pasado 21 de julio con la concurrencia de un centenar de participantes, principalmente de las comunidades campesinas de los distritos de esta provincia apurimeña.

“Es necesario reconstruir la política como espacio de toma de decisiones, quiénes toman las decisiones, a favor de quién y cómo para transformar la realidad y la política”, señala el documento que resume los acuerdos y conclusiones de este importante evento.

El Foro abordó además los desafíos para un desarrollo integral que sea sostenible en el tiempo, reto más urgente aún en el marco de la gran inversión minera del proyecto Las Bambas. “Las poblaciones deben tener proyecto propio para no establecer relaciones de dependencia con la empresa minera, pues la empresa tiene sus propios objetivos”, señalan los acuerdos del encuentro.

Para dicha propuesta de desarrollo se requiere contar con información sobre el territorio, sus potencialidades, sus riesgos y limitaciones. “El ordenamiento territorial es un instrumento clave para el desarrollo, y de igual manera es importante el ordenamiento a nivel de las comunidades”, señaló durante el evento el dirigente Víctor Limaypuma, del Frente de Defensa de la provincia.

El desarrollo debe concebirse como “integral”, es decir, abordar varias dimensiones y no solo la productiva, se señala en los acuerdos finales del encuentro. Entre las prioridades para el desarrollo local se identificó “cerrar brechas en educación, salud, de género, laborales, de salario, también elevar la productividad agrícola, mejorar la gestión pública local y la gestión social del agua”.

Además, existe preocupación por los impactos ambientales de la actividad minera, por lo cual se acordó “impulsar la vigilancia ambiental ciudadana y comunal y la articulación con OEFA”.

El Foro, llevado a cabo en la Casa Cultural de Tambobamba, fue convocado por diversas organizaciones sociales, tales como el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Cotabambas, la Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas, la Organización de mujeres del distrito de Tambobamba, la Federación distrital de comunidades Campesinas, las Rondas Campesinas y los Presidentes Barriales del distrito. Así mismo, la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac (Sede Tambobamba) y los centros federados de administración e ingeniería civil de dicha universidad.

El Foro contó con la participación de especialistas como Carmen Ilizarbe, de la PUCP, el economista Juan Aste y Pablo Villa del Centro Bartolomé de las Casas. Este encuentro contó con el apoyo de varias instituciones, entre ellas CooperAcción, el Centro Bartolomé de las Casas (CBC), la Red Muqui y la municipalidad provincial de Cotabambas.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/reconstruir-la-politica-para-acabar-con-la-corrupcion-pide-foro-publico-en-cotabambas/

Mexico

Se le dijo “NO” por el riesgo nuclear y ni así: la minera de Canadá perfora con fuerza en Veracruz

Por más riesgos demostrados, los proyectos mineros en México parecen imbatibles. Es un lugar común su resurgimiento, después de haber sido detenidos por la presión de la sociedad. Reaparecen con ligeras modificaciones, pero con el mismo impacto potencial en los pueblos. Eso ocurrió con La Paila, de la minera Caballo Blanco, en Alto Lucero, Veracruz. En 2017, la Semarnat resolvió no darle permiso para extraer oro después de una evaluación de riesgo ambiental. Y se fue. Pero ahora ha vuelto, acaso con más fuerza.

 Era la década de los 80, del siglo pasado, cuando en Palma Sola, comunidad costera de Veracruz, las plazas se llenaban para protestar en contra de la construcción de la central nuclear Laguna Verde.

Aunque los habitantes bloquearon la carretera costera 180 por más de una semana, su voz no hizo eco y fueron desalojados por la fuerza del Ejército. En 1990, la planta entró en operaciones.

Han pasado 28 años desde entonces, y Mario Landa Viveros, comisario ejidal de la comunidad de Mesa de veinticuatro en Alto Lucero, dice que nunca imaginó una nueva amenaza para su pueblo.

A unos kilómetros de su comunidad ubicada en lo alto de los cerros frente al mar, el proyecto minero a cielo abierto para la explotación de oro en el cerro La Paila, interrumpe su tranquilidad.

No queremos el proyecto, no queremos dinero, hemos vivido sin ninguna minera, tranquilos con nuestra vida, si llegan todo se va a secar”, exclama.

La preocupación no es menor. A poco más de tres kilómetros de la planta nuclear y a cuatro del reactor principal, se planea el tajo a cielo abierto, ahora en manos de la Minera Caballo Blanco, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp.

La presencia de los “mineros” no es desconocida en la región, desde hace más de 20 años los han visto ir y venir, haciendo exploraciones, pero desde 2012 su actividad se ha intensificado. En dos ocasiones han intentado obtener el permiso para explotar oro, plata y cobre de su territorio.

El proyecto ha estado en manos de tres mineras canadienses desde 1995, cuando fue descubierta la veta de oro. Se trata de Gold Group, Timmins Gold Corp y Candelaria Mining. La Paila tiene 12 concesiones por 50 años cada una, en 19 mil hectáreas de terrenos de Actopan y Alto Lucero.

A lo largo de estos años han adquirido terrenos en propiedad y otros los han rentado.

En 2011, cuando obtuvieron el permiso para los primeros seis socavones, el entonces Alcalde de Alto Lucero, Lucio Castillo, les rentó su terreno para el paso principal y aceptó un cheque por 300 mil pesos y la promesa de mejorar los caminos de la región.

Divididos por la carretera costera 180 Veracruz- Poza Rica, los pueblos de la montaña y el mar, viven del campo, la ganadería, la pesca y pequeños comercios al pie de carretera, la idea de una mina en su territorio los tiene atemorizados.

“ESTE CAMINO ES DE AVES”

Los cerros que rodean Alto Lucero- Actopan a unos 70 kilómetros del Puerto de Veracruz, son únicos en el Golfo de México, son los mejor conservados.

Si hubiera un lugar prohibido para instalar minería, sería justamente el Cerro La Paila, por su gran diversidad biológica, advierte Javier Laborde Dovalí, investigador del Instituto de Ecología AC (Inecol).

La minera quiere construir en 361 mil 85 hectáreas, un tajo, la tepetatera, patio de lixiviación, piletas de soluciones y planta ADR en 11 polígonos entre los cerros.

Pero más de 265 hectáreas son terrenos forestales de bosque de encinos tropicales, selva baja caducifolia, que son parte del corredor de aves migratorias más grande del mundo.

En el camino de las aves migratorias, este cerro es de los pocos remanentes donde pueden descansar antes de viajar, y ahora estará durante seis días en explotación, con luces las 24 horas, con explosiones, con tráfico de camiones en tres turnos, eso es una fuente de ruido y de disturbio”, cuestiona.

Dentro del proyecto hay 51 especies de flora y fauna en peligro de extinción, entre ellas una comunidad de 1 mil 231 cicadas, las cuales tienen una antigüedad estimada de dos a tres mil años, son consideradas la vegetación viviente más antigua de México.

La minera Gold Group intentó en 2012 un primer permiso de explotación que fue negado, entonces la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó para el cambio de uso de suelo fue analizada por expertos de diez instituciones académicas, se obligó a ir a la consulta pública y en febrero del 2012, el entonces Gobernador Javier Duarte de Ochoa decidió negar permisos y vetar el proyecto.

Pero la minera fue hábil y retiró el proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para evitar su cancelación definitiva. Seis años después, apenas en agosto del 2017, ahora la minera Candelaria Mining volvió a presentar la MIA.

Un grupo de expertos investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad Veracruzana y el Instituto de Ecología AC, analizaron el documento. Dovalí, uno de los expertos, advierte que el estudio de la minera tiene fallas importantes, que implica amenazas significativas, e irreductibles al sistema ambiental.

La más grave es su cercanía con la planta nuclear Laguna Verde.

–¿Cuántas minas de tajo abierto con explosiones diarias durante seis años están a menos de cinco kilómetros de una nucleoeléctrica? – se cuestiona.

–Parte de los polígonos de la minera están dentro de la zona vía pluma de 15 kilómetros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), lo cual es muy riesgoso – responde.

Para obtener 240 kilos de oro mensualmente, la minera plantea el uso de al menos 28 sustancias químicas, entre ellas cianuro, además de toneladas de explosivos para socavar los cerros.

Laborde señala que la minera en un documento de más de 2 mil 702 páginas no incluyó los impactos que tendría en lugares cercanos como La Mancha, sitio ramsar con dos lagunas costeras y manglares, además subestimó el riesgo de huracanes. “Promete remediaciones, que es complicado que pueda cumplir, como la reforestación de encinares en tres años”, exclama.

Cuestiona que la minera explica que explotará seis años el tajo (a cielo abierto) y luego destinará tres años para remediación, lo cual es prácticamente imposible, pues se necesitan varios años para restablecer el hábitat de encinares, y hay animales como venados cola blanca que no podrían vivir en un bosque joven.

El investigador considera que la empresa no ha dicho claramente a las comunidades afectadas cuáles son los proyectos completos a explorar, y en cambio intenta comprar a la comunidad a través de apoyos, para ir ganando su confianza.

No han dicho a la Semarnat, ni a la gente que vive ahí, que tienen planeados otros polígonos, llevan muchos años trabajando con ellos, hablando con el cura, el presidente municipal, han pavimentado caminos, les han pintado la escuela, les han puesto pozos, les dan beneficios para ganar confianza y decir que la mina es buena; es como un gobierno aparte: llegan a un lugar pobre y aprovechan”, lamenta.

Laborde sentencia que aunque la minera dice que el proyecto solo durará seis años podría ser mucho más tiempo y el impacto sería más grave.

Además, existen otros peligros. El tajo a cielo abierto está a dos kilómetros de los gasoductos de Petróleos Mexicanos que alimentan la industria del norte del país, y cerca de las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.

El PERE NO FUNCIONARÁ 

Caminar por los cerros y caminos donde se planea la instalación de la piletas de lixiviados, y la estructura central  de la minera es toparse con los letreros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) de la nucleoeléctrica Laguna Verde.

La minera alineó su plan de emergencia al PERE, por encontrarse en el radio de influencia, sus rutas de evacuación en caso de un accidente son las mismas, pero también son las rutas que la empresa utilizará para la circulación de material químico.

El Plan de Emergencia de Laguna Verde, está diseñado para enfrentar cualquier clase de emergencia radiológica, y tiene dos radios, el primero de 16 kilómetros a la redonda conocido como zona vía pluma por ser las comunidades de principal exposición al material radiactivo y otra zona conocida como vía ingestión con un radio de 80 kilómetros, donde podía haber contaminación de aguas superficiales, alimentos contaminados y por el material radiactivo depositado en el suelo.

En diversas ocasiones, los habitantes han denunciado las malas condiciones de los caminos, apenas en septiembre del 2017 en el Congreso Local se presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a otorgar recursos para el mejoramiento de las rutas de evacuación.

En un recorrido por el radio del PERE, se observó que los caminos de salida y continuación de algunas rutas de evacuación están destruidos, los puentes colapsados y las comunidades no saben que harían en caso de una emergencia.

Es el caso de los caminos de comunidades como Topiltepec, Soyacuatla, La Reforma, Pastorías, Llano de Zárate, La Esperanza y Llano de Luna, entre Actopan y Alto Lucero.

El Diputado por el distrito de Misantla, Ernesto Cuevas, advirtió que desde hace más de ocho años no hay una inversión real para todos estos caminos y se necesitarían 600 millones de pesos para una rehabilitación completa de las rutas de evacuación del PERE.

LOS PROYECTOS EN EL SILENCIO

La minera Caballo Blanco oculta otros proyectos que no ha dado a conocer a la Semarnat ni a los pobladores de la comunidad, se trata de Bandera sur, Las Cuevas, La Cruz y Red Valley donde hay indicios de mineral.

La estrategia de la minera es hablar solo de La Paila, pero a sus inversionistas en su página Internet les revelan que la zona es de gran valía por su alta cantidad de concentración de oro. Los planes a largo plazo son extenderse al menos 9 kilómetros más.

La investigadora del Instituto de Ecología AC, Patricia Moreno Cassaola advierte que la empresa debería presentar una MIA regionalizada para conocer cuál será el verdadero impacto ambiental a esta región, y no sólo una parte del proyecto.

Si el proyecto se extiende, entonces llegaría hasta el corredor La Mancha donde cada año más de 13 millones de aves cruzan las montañas desde las tundras árticas hasta la Patagonia.

Por esas montañas atraviesan también hasta cuatro millones de 22 especies de aves rapaces entre agosto y noviembre de cada año, por eso la región está catalogada como el corredor de aves rapaces más grande del mundo.

Una extensión de mil 414 hectáreas de La Mancha y El Llano también están considerados sitios Ramsar (lista de humedales del mundo por la Convención sobre los Humedales), conformados por dos lagunas costeras rodeadas de manglares y humedales de agua dulce.

Ahí, un grupo de ejidatarios trata de hacer conciencia de la conservación de la biodiversidad, y para ello crearon el proyecto La Mancha en movimiento.

El ecoturismo es una de principales actividades, junto a la pesca, por lo que ven a la minería como un grave peligro para la conservación del medio ambiente y la vida de las personas de las comunidades.

Adán Vez Lira, agente municipal de La Mancha, advierte que el proyecto está a pocos kilómetros, y podrían resultar afectados fácilmente al recibir agua de montaña arriba. “Cualquier contaminación que se de en la parte de la explotación minera vendría hacia nosotros y afectaría en la pesca, la ganadería, ecoturismo”.

Los habitantes de La Mancha viven de la pesca y el ecoturismo, y si algo les queda claro es que no van a permitir que la minería llegue.

 

UNA NUEVA ESTRATEGIA MINERA

Ante el segundo rechazo del proyecto, la minera usó la misma estrategia que 2012, retiró el documento de la Semarnat para evitar ir a consulta pública, y en un comunicado, en octubre del 2017, anunció a sus inversores que no había condiciones idóneas para el proyecto.

Para entonces la minera había enviado a la Semarnat, dos permisos más de exploración: Bandera Norte y Highway North en Alto Lucero.

Siete meses después, en mayo de 2018, Julio Portales, consultor minero, informó que después del proceso electoral volverían a presentar el permiso de explotación.

Esta vez, su estrategia no era simple, la acompañaron de visitas a las comunidades y escuelas, censos, encuestas, cine móviles y reuniones entre sectores de influencia.

Para conseguir el apoyo, la minera ha entrado a las escuelas de comunidades como Palma Sola, la más grande dentro del radio del proyecto con más de tres mil habitantes, donde, sin la supervisión de los padres, da pláticas a los estudiantes.

También regala pintura y flores a las parroquias y a través del grupo Mexicominero.org ofrece cine móvil.

Julio Portales, uno de los consultores de la mina, dice que Veracruz podría ser el nuevo Dorado, y convertirse en los siguientes 30 años, en uno de los principales estados productores de oro del país.La recién administración de la minera asegura que en el pasado no hubo información suficiente del proyecto, por eso ha distribuido folletos sobre el cianuro, los explosivos, la flora, la fauna y los fenómenos meteorológicos, en todos promete la generación de 400 empleos.

No habla a tientas. En Veracruz se han otorgado 45 concesiones mineras en 11 municipios en los últimos años.

La minera sabe de la situación complicada de Veracruz y afirma tener el apoyo de las comunidades. “Nos han dicho, si vamos a hacer minería responsable, ya tráiganla, necesitamos el trabajo”.

También promete la rehabilitación del centro de salud de Palma Sola, la reconstrucción de escuelas, así como 20 millones de pesos para el municipio de Alto Lucero. “ Su presupuesto es de 78 millones de pesos. Imagínense. Podríamos darle un tercio. ¿Qué Gobernador podría hacer eso? Sería de gran impacto”, dejó en la mesa.

En una conferencia de prensa improvisada en Xalapa, confirmó que aunque el proyecto minero, se quiere hacer en 10 años, podría seguir por lo menos 24 años más.

Sin embargo, el discurso positivo de Portales dista mucho de la realidad que hay en las comunidades de la región.

Guillermo Rodríguez Curiel, de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), afirma que ahora, a diferencia de 2012, la minera da la cara, y dice que trae 115 millones de dólares para invertir. “ Yo lo leo así, 115 millones de dólares para comprar conciencias, para justificar la destrucción de la naturaleza”.

115 MDD, ¿ESO VALEN LAS CONCIENCIAS?

Para el activista, los mineros traen dinero para sustituir al estado, para construir carreteras, hospitales, y escuelas que son obligación de los gobiernos local y federal: “Lo que ellos traen son despojo, destrucción y muerte, la minería no es el nuevo Dorado , nuestro Dorado para Veracruz es la defensa del territorio, porque el agua vale más que el oro”.

Por eso, a lo largo de la costa comunidades se han informado y organizado para resistir al proyecto que les promete empleo y desarrollo a cambio de la destrucción de sus tierras.

 

“USTEDES CONTAMINAN MÁS QUE LA MINA”

Armando Alexandri, director de operación de la minera Candelaria, reconoce que de entrar en operación, la mina podría alcanzar una producción diaria de hasta 20 mil toneladas de roca, utilizaría ocho toneladas de explosivos y 2.8 toneladas de cianuro, pero asegura en esto no es más peligroso que un potrero de ganado.

Rosario Aguilar, de la comunidad Mesa de veinticuatro, se ofende cuando recuerda la última reunión con los mineros. Ahí les dijeron que el cianuro no era riesgoso, que estaba en todo, hasta en los árboles. “Nos dijeron que de qué nos espantábamos. Si contaminábamos más con el ganado que con la mina”. Entonces la mitad del auditorio se salió de la reunión.

Hasta la comunidad, los mineros han llegado con folletos, promesas de empleo y mejor vida.

Nosotros vivimos con temor, para qué queremos agarrar su trabajo, eso no nos va a servir de nada después si esto se acaba y contaminan todo”.

Rosario es parte vital de la resistencia contra la minera, lo primordial para ella es la defensa del agua.

“Mesa de veinticuatro” administra su agua, y ha dividido al pueblo en tres secciones. Se turnan la distribución para que alcance para todos a través del bombeo, de sus dos nacimientos de agua, sólo uno funciona al ciento por ciento. Por eso, el proyecto es una amenaza para ellos.

La minera ha informado que para su operación diaria necesitan 15 mil litros de agua en su laguna de lixiviación y 2 mil 500 metros cúbicos para la operación diaria. Para obtener este líquido se planea explotar una parte del acuífero Actopan.

 

“¿QUÉ MEJOR VIDA NOS PUEDEN PROMETER?”

Villa Rica es una zona de mar azul y playas de arena café que la hacen preferida de turistas locales.

Ahí ha vivido toda su vida Gilberto Martínez Castellanos, junto a su familia se mantienen de un pequeño local de comida, donde se cocina lo que los hombres pescan por la mañana.

Su actividad la combinan con su labor para la conservación de la tortuga lora.

Ubicados a poco más de 5 kilómetros de Laguna Verde, Gilberto dice que la gente teme que su modo de vida acabe con la llegada de la mina.

No queremos que vengan a contaminar, nos prometen una vida mejor, pero qué mejor vida que la que estamos viviendo aquí, que nos pueden dar que no tengamos”, se pregunta.

“EL CERRO VA A DESAPARECER”

Arroyo Agrio es la comunidad más cercana al cerro La Paila. Ahí la minera se ha instalado en un terreno de renta donde almacena las cajas de muestra de las exploraciones, también utilizó las instalaciones de la escuela abandonada como centro de trabajo.

Rogelio, agente municipal de la comunidad, reconoce que la llegada de la minera los puso en un entredicho.

En 2011, la primera vez que inició el proyecto dio empleo, pagaba hasta mil 800 pesos a la semana. Para la comunidad de apenas un centenar de personas fue ayuda para paliar su pobre economía.

La minera abrió la posibilidad de que los hombres de la comunidad contactaran con otros empleos en zonas mineras como Durango y Coahuila.

Así, algunos habitantes como Rogelio conocen de cerca las afectaciones de la minería. “La gente tiene miedo por el cianuro, pero la minera dice que todo estará controlado, pero tememos por el agua que viene de los cerros”.

 

Rogelio quien fue trabajador eventual de la mina realizando pruebas de biofísica y bioquímica y luego recorriendo los cerros para mapear la cicadas (plantas únicas, antiquísimas) sabe que los impactos de los proyectos serán graves. “Tómale muchas fotos a ese cerro, porque si llega la mina va a desaparecer”, le dijo el geólogo en unos de los recorridos para recoger pruebas físicas y bioquímicas en busca de oro.

En ese entonces, la minera iniciaba la construcción de caminos hacia el Cerro La Paila.

Cuando la mina regresó en 2016, el trabajo escaseó y los salarios se cayeron, ahora pagan 200 pesos el día, mil 200 pesos a la semana “La gente quiere empleo, y nosotros pensamos también en pedirle otros beneficios, como escuela, un parque, una cancha,  no pedimos mucho, estamos abandonados aquí”.

Arroyo Agrio tiene sólo una calle principal. A los lados, las casas se reparten hasta llegar otra vez al cerro donde el camino se pierde.

Rogelio quien ahora trabaja como contratista eventual en la central nuclear Laguna Verde reconoce que el pueblo está en una balanza, donde los empleos que se ofrecen pueden ser a costa de su árboles y agua.

La minera ha concentrado su fuerza de convencimiento en Palma Sola. Lo intentó en septiembre de 2017, cuando llegó un cine móvil, y  con palomitas, refresco y una botarga del “Minerito”, quiso convencer a la población de las bondades de la minería.

“DICEN QUE VA A HABER DINERO, NUNCA DESTRUCCIÓN”

Ha pactado reuniones en escuelas primarias, secundarias y bachillerato para hablar con estudiantes. Ha repartido cientos de trípticos para explicar temas fundamentales como los explosivos, el cianuro, la flora y la familia y los fenómenos meteorológicos.

Pero algunos habitantes se quejan de que las reuniones son esporádicas, y la mayor parte con sectores de poder como ganaderos y propietarios de terrenos.

Isabel Báez, tiene más de 30 años de vivir en Palma Sola, se queja de que la minera no da información completa, sólo lo que a ellos les conviene. “Dicen que va a haber dinero, trabajo, mejora, pero nunca dicen va a haber muerte, destrucción, pueblos fantasma”.

Acusó que la minera “engaña” a la gente y usa a las escuelas como escudo para dar informaciones falsas.

Hace reuniones informativas pero sólo con unos cuantos, porque al pueblo no lo convocan. Al pueblo lo estamos informando la propia gente. Es un peligro para todos”.

Daniela Isabel cuenta que en las reuniones, los mineros le dicen que tener celular y estar en contra de la instalación de las minas es una contradicción.

“Pero yo les respondo que mi celular no se compara a la contaminación de la mina. Si llegan, será devastador. Si nos dan a elegir, preferimos el paisaje, lo verde”.

Cuenta que tiene varios folletos de la minera, y refuta los 400 empleos que se presume, se generarán, “eso no alcanza para Palma Sola y todas sus comunidades, plantean cosas ilógicas, como que van mover los animales y las plantas. Uno no necesita tener estudios para saber que eso no es posible”.

UNA CONSULTA LIBRE E INFORMADA

Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambietal (Cemda), advierte que la consulta a los pueblos de manera libre e informada se debe dar antes de la evaluación de impacto, y antes de que la empresa tenga permisos para explotación o exploración.

Señala que en la región, las comunidades campesinas y pesqueras, son equiparables con comunidades indígenas y tiene el derecho a solicitar una consulta sobre los proyectos invasivos a su territorio. “Dependen de su relación con el ambiente para el desarrollo de sus actividades. Si llegan las mineras, esto va a contaminar su agua y cambiar sus caminos, lo que vendrá en detrimento del derecho a un ambiente sano de las comunidades”.

Asegura que estos proyectos violentan los derechos de las comunidades que están plasmados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, como el derecho a un ambiente sano, el derecho al trabajo, a la alimentación y al agua.

Junto con varias comunidades, y organizaciones, Cemda solicitó a la Semarnat la consulta pública, y advirtió ahí que la minera presentó el proyecto fragmentado, pues mientras en 2011-2012 el proyecto comprendía Alto Lucero y Actopan en 55 mi hectáreas, ahora sólo lo presentaban La Paila con 19 mil hectáreas.

A su consideración es necesario revisar la Ley ambiental, pues aunque hay un rechazo general al proyecto, la empresa tiene la opción de presentarlo las veces que quiera ante la autoridad, sólo modificando parcialmente el documento, lo que significa una amenaza permanente para las comunidades.

La activista considera que el proyecto prende un foco de alerta porque pone en riesgo los derechos de las comunidades y la realidad es que la autoridad ambiental como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), está rebasada y no podría vigilar la operación correcta de una mina.

No entiendo por qué creen que si el daño ya pasó en otras mineras, ¿cuáles son las circunstancias de que aquí no pase? ¿Por qué creen que será diferente?, se pregunta Ximena.

OTRA MINERA, UN RIESGO PARA ACTOPAN

Pero al riesgo del proyecto Caballo blanco, se suma otro: el proyecto el Cobre en Actopan donde la Minera Gavilán y Minera Alondra, filiales de la canadiense Almaden Minerals, ha perforado más de 100 barrenos en busca de oro, plata y cobre.

La minera tiene ocho concesiones por 50 años en la región, el proyecto se ha vendido entre varias empresas y comparte territorio y concesiones con Caballo Blanco.

Ximena Ramos advierte que la conjunción de ambos proyectos generará un daño mayor a biodiversidad de la región que ni las empresas mineras ni la autoridad ambiental han tomado en consideración.

En el caso de Actopan, han presentado una denuncia por la contaminación en manantiales ante Profepa.

Vedo Leal Vázquez, comisario ejidal de El Porvenir en Actopan, asegura que antes de la llegada de la minera, los aguajes nunca se habían secado.

Denunció que la minera perforó barrenos a menos de 500 metros del nacimiento de agua de las comunidades. Las exploraciones las realizó en el cerro el Timbrillo, lo que –dijo- podría afectar el abastecimiento de agua de varias comunidades.

Además, la minera ha dividido al pueblo, incluso a su familia, pues una parte ha dado permisos de servidumbre en caminos a los mineros y otros se han organizado para taparle el paso en 200 hectáreas.

EL PUEBLO ESTÁ DIVIDIDO, COMO SUELE OCURRIR

Antes de que la minera llegara, Ascensión Sánchez y su familia cuidaban de la pequeña estancia con aguas termales que es su patrimonio en Los Baños municipio de Actopan.

Pero hace dos años, la minera Gavilán instaló un barreno apenas a unos metros de su vivienda y una decena más en terrenos aledaños.

Organizados los ejidatarios, iniciaron la lucha para defender su territorio, así han logrado la firma de 28 actas de asamblea para decir no a la minera.

Son empresas que llegan con palabras de prosperidad y beneficio, de desarrollo económico, pero en la realidad tienen más de 20 años haciendo trabajos y no hay los empleos prometidos”, refuta Ascensión.

La minera se ha valido de mentiras para entrar a los terrenos, y convencer la gente, advierte Ascensión quien ahora tiene una agenda repleta de reuniones, asambleas y cabildeo para fortalecer la lucha.

Nosotros no necesitamos que vengan a romper la tranquilidad y la riqueza que la región tiene. Llegaron como sorpresa y maldición, traen muchos conflictos y división”, dice.

 

En la comunidad de Tinajitas, la minera rentó el salón social como sede de sus instalaciones, una marcha de habitantes y la clausura simbólica de las oficinas. Ha sido una de las acciones más fuertes en contra de la empresa.

Luego, los habitantes consiguieron que el alcalde José Paulino Domínguez prometiera que no daría permisos de construcción ni cambio de uso de suelo a la minera, y que pediría a Semarnat información de los proyectos y buscaría la consulta pública al pueblo.

Ubicados a unos cinco kilómetros en colindancia con Alto Lucero y el proyecto Caballo Blanco, Ascensión advierte que se organizan para encabezar juntos la lucha.

Apenas el 25 de mayo, realizaron una megamanifestación conjunta para presionar al cabildo de Actopan.

Varias comunidades no quieren a la minería. La minería sólo trae muerte, despojo, saqueo y males, por eso nos organizamos para defendernos porque la minería no trae beneficio a nuestros pueblos”, señala.

HE AQUÍ EL ROSTRO OPACO DE LAS CONCESIONES

 

Durante ocho años la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) ha informado y organizado a las comunidades para evitar la llegada de la minera.

Emilio Rodríguez Almazán dice que cuando iniciaron la lucha, la minera ya tenía  más de 100 barrenos perforados,  y lo primero que hallaron en las comunidades fue un temor al proyecto, pero también un sentimiento de cariño y arraigo a su tierra.

Aunque la lucha ha tenido logros como el posicionamiento en contra del proyecto del Congreso Local, de expertos científicos, del gobierno estatal actual, y recientemente del cabildo de Alto Lucero que se declaró libre de minería tóxica, los mineros no se dan por vencidos.

Es preocupante que la empresa siga ahí pese al nivel de contundencia que hay de la opinión pública. También es grave que los pobladores vivan en una incertidumbre porque saben que de un día para otro se puede autorizar el proyecto”, advierte.

Emilio afirma que la autorización de concesiones mineras es una arbitrariedad del Estado mexicano que violenta el derecho de las personas y se buscarán los instrumentos jurídicos para evitar que las mineras lleguen a la región.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/se-le-dijo-no-por-el-riesgo-nuclear-y-ni-asi-la-minera-de-canada-perfora-con-fuerza-en-veracruz/

 

Mexico

Por la vida: ¡territorios libres de minería!

En el Día Mundial Contra la Megaminería a cielo abierto, varios colectivos, así como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), hicieron público un comunicado dirigido a las y los mexicanos, y al próximo gobierno de la República, en un contexto marcado por la precariedad laboral, inseguridad, violencia generalizada, impunidad, falta de procuración de justicia, corrupción, violación de derechos humanos, criminalización de la protesta social, destrucción y contaminación de los ecosistemas y los bienes naturales, así como la imposición de políticas y leyes neoliberales entreguistas que atentan contra la identidad y cultura del y de los pueblos de México.

Manifiestan y visibilizan su repudio a la megaminería: “porque justo esta actividad extractiva, es la que mejor representa el despojo y desplazamiento forzado de la población, la que más encarna la eliminación de la vida en su conjunto, y la que se encuentra encabezada por un grupo de ‘selectos empresarios’ que recurrentemente violan las leyes –sin que existan consecuencias al respecto–, violentan a las y los habitantes opositores a este tipo de proyectos, y establecen, en la mayoría de los casos, un abierto contubernio con el crimen organizado para implantar control territorial”.

De las reformas estructurales neoliberales, se menciona, en particular, la nefasta ley minera de 1992, que en su artículo sexto otorga carácter preferente a la exploración y explotación mineras sobre cualquier otro uso de la tierra. Esta ley, entre otras, ha traído afectaciones graves a cientos de comunidades, cuyos daños han sido documentados por científicos comprometidos que se han decidido a acompañar este tipo de procesos, así como igualmente los han documentado y denunciado cientos de grupos de la sociedad civil. En todos los casos el gobierno mexicano ha mostrado opacidad, omisión con la sociedad, y en consecuencia, complicidad para con las empresas y los empresarios.

Muy graves son las denuncias de las instituciones universitarias, quienes se están acostumbrando a recibir jugosas donaciones, que las mete en conflictos de interés y no en pocos casos, salen a proteger a los empresarios al ocultar, maquillar y manipular datos sobre los terribles daños a la salud y al ambiente que las empresas ocasionan durante su operación cotidiana.

Demandan al gobierno electo: “a). JUSTICIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: Ya no es posible dar continuidad a este modelo extractivo depredador; ya no es posible continuar reafirmando la ‘institucionalización’, tanto de los principios rectores empresariales como la responsabilidad social empresarial o la existencia de la minería verde/sustentable, menos aún se dé continuidad a la falsa premisa de que el que contamina paga (…) b). CANCELAR CONCESIONES MINERAS: Cortar de facto con esta política indiscriminada y entreguista de concesiones mineras, como si los bienes naturales de México fueran de los gobernantes y no de la nación (…) TODAS las concesiones mineras deben ser canceladas DE FORMA INMEDIATA, porque todas sin excepción, han violado las leyes, han violado los derechos humanos y han trastocado y vulnerado la participación y la toma de decisiones de los pueblos y de la gente (…) c). ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS DERECHOS HUMANOS: (…) Los pueblos tienen auto-adscripción, autonomía y libre determinación que hacen valer sus decisiones, a partir de las estructuras de gobernanza que para ello tienen definidas, mismas que están reconocidas por el Estado mexicano. (…) Los proyectos de muerte no merecen ni siquiera preguntarse, se prohíben desde el proyecto de nación de forma tajante. d). FIN DE LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL (…) que PROFEPA Y SEMARNAT dejen de ser totalmente lo que han sido hasta ahora; fieles artífices, amigos y coadjutores del modelo extractivo depredador que busca minerales, agua, gas, petróleo, a la vez que impone plantaciones como palma africana y transgénicos (…) e). DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: Es deseable que el gobierno electo construya una estrategia integral e integradora para que la nación deje de ser corporativa y regrese a su principal función, una nación social. f). RECUPERAR LA SOBERANIA Y LA PAZ SOCIAL: (…) Este ‘nuevo amanecer democrático’ debe también poner un alto al intervencionismo extranjero. Hace falta un ¡ya basta! para que el gobierno canadiense deje, de forma directa y a través de su embajada en México, de impulsar su agenda minera por encima de nosotros como mexicanos. Su política intervencionista y voraz es violatoria a la protección de los derechos humanos y colectivos, en aquellos territorios que son devastados por la operación de empresas mineras canadienses.”

Rema y los colectivos señalan: No hay tiempo ni espacio para mezclas o matices. En algunos temas y procesos, tal como lo señalamos contra el modelo extractivo, esperamos contundencia y no deseamos continuidad, a medias o en transición simulada.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/por-la-vida-territorios-libres-de-mineria/

Ecuador

Ciudadanos en contra de minería en Río Blanco se mantienen en vigilia a espera de sentencia de Corte Provincial

Ecuarunari anunció una movilización si no se suspenden

Ciudadanos y gremios en contra de la minería y a favor de proteger las fuentes de agua en el parque nacional de “El Cajas”, se encuentran en vigilia a afuera de la Corte Provincial del Azuay en espera de la sentencia que la entidad emita sobre la suspensión de actividades en el precio Río Blanco. Yaku Pérez, abogado de las comunidades del Molleturo, aseguró que si la sentencia es a favor de la minera se convocará a una movilización.

Desde la mañana de hoy, 30 de julio varias personas se han apostado en las afueras de la corte con pancartas que dicen “Río Blanco resiste”, “somos agua carajo”, “Oiga mire vea el 22% del territorio de Cuenca concesioando”, “los jueces Edgar Morocho, Rosa Zhindón, Aura Piedad, también tomán Agua” y demás están en sitio donde están apostados los manifestantes.

Asimismo se anunció que a las 16h00 se presentó más amicus curiae a favor de la suspensión del proyecto minero en la Corte. El pasado lunes 13 de julio se realizó la audiencia de apelación a la suspensión de actividades de la concesión minera. En esta el ministerio de Minería y la Procuraduría General presentaron sus alegatos en la apelación.

Por su parte, el viceministro de Minería, Henry Troya aseguró que en la zona de influencia de Río Blanco no hay comunidades indígenas, esto ya que las comunidades que viven en esta zona aseguraron que no se hizo la consulta previa a las mismas sobre si aprobaban o no el proyecto minero en esta zona. Se espera que en las próximas horas o días ya se conozca la sentencia de la Corte. (BGV)

Fuente:http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818840456&umt=ciudadanos_en_contra_mineria_en_rio_blanco_se_mantienen_en_vigilia_a_espera_sentencia_corte_provincial

Argentina

Las ganancias de la Alumbrera y el impacto económico en Andalgalá

Un derrame que no alcanzó para apagar el fuego. Más allá de los planteos ambientalistas, los números de Minera Alumbrera ayudan explicar parte del descontento social que atraviesa a esta localidad del oeste catamarqueño. Con exportaciones de cobre, oro, plata y molibdeno por 43.848 millones de pesos hasta 2010, la mina apenas emplea directamente a unos 100 vecinos de Andalgalá, que provee una ínfima parte de los productos que la mina consume.

Según un informe interno de mediados de 2011, que Minera Alumbrera entregó a LA NACION, el yacimiento Bajo de La Alumbrera , ubicado a 80 kilómetros de Andalgalá, extrae cada año un promedio de 140.000 toneladas de cobre en concentrado, 352.000 onzas de oro en concentrado, 45.000 onzas de oro doré y 960 toneladas de concentrado de molibdeno. El concentrado es la masa de roca y agua que la empresa envía por un ducto a Tucumán para deshidratarla y, que luego, con trenes propios, saca del país a través del puerto de Santa Fe.

En 2010, esa tarea le permitió exportar mineral por 1590 millones de dólares o 6390 millones de pesos: en un sólo año facturó más de lo que invirtió para iniciar la producción de la mina (1300 millones de dólares). Entre 1999 y 2010, la facturación declarada por la empresa acumuló 10.962 millones de dólares, casi diez veces la inversión inicial. La crisis mundial de 2008 disparó los precios de los metales, por lo que las ganancias del año pasado -se difundirán en abril- elevarán el promedio.

En Andalgalá , percibir esos números es tan difícil como llegar. La única vía de acceso asfaltada a la ciudad es la ruta hacia la capital provincial . Para llegar a Belén o Santa María, las localidades que rodean la mina, a La Rioja o Tucumán, se necesita atravesar caminos de ripio que colapsan con las lluvias.

Ambientalistas o no, los andalgalenses no recuerdan que las deterioradas calles del pueblo hayan estado peor antes de la llegada de Alumbrera. Ni las escuelas. Ni los centros de salud. De hecho, LA NACION intentó consultar los servicios médicos del único hospital público local: no había oculista ni traumatólogo. A la tercera pregunta, cortaron la llamada. Si alguna enfermedad necesita traslado a la capital provincial, el afectado debe conseguir unos 500 pesos para el combustible de la ambulancia.

Los andalgalanses, incluso los “promineros”, se quejan que el Estado continúa siendo el principal empleador y que el desempleo, aún con la mina, sigue afectando a un tercio de la población.

Según los datos oficiales de Minera Alumbrera, la empresa tiene 1400 empleados directos y otros 630 indirectos. Los catamarqueños (560), no son mayoría: Tucumán, donde la megaminería no está permitida, aporta más trabajadores a la mina: 630 (el 45%). Anti y pro mineros coinciden en la explicación: la falta de capacitación de los catamarqueños, otra promesa que suma 15 años.

IMPACTO DIRECTO

En el área de impacto directo del proyecto (API), esto es, los departamentos catamarqueños de Santa María, Belén y Andalgalá, se generaron sólo 481 empleos. Belén es el municipio que más aporta (222 trabajadores), seguido por Santa María (159). Andalgalá, apenas un centenar.

En 2010, los 1400 empleados directos cobraron salarios por casi 160 millones de pesos. La fórmula kirchnerista del “fifty-fifty” no opera en Catamarca: los sueldos representan el 2,5% de los $ 6390 millones que exportó la compañía. Desde el inicio de las operaciones se pagaron salarios por 746 millones: el 1,7% de los $ 43.848 millones facturados.

Al comprar productos y servicios, la mina genera nuevas fuentes de trabajo indirectas. Según la empresa, por cada empleado directo se generan otros 10 empleos. Pero no en la API, donde Alumbrera reconoce un rendimiento menor: apenas 3,5 nuevos trabajadores por cada obrero de la mina. Eso significa que en Andalgalá, donde hay 100 empleados directos, se generaron sólo 350 empleos más: un total de 450 empleos para una población de 18.000 almas.

En 2010, la minera compró bienes y servicios por 1220 millones de pesos. Pero sólo el 4,5% de esas compras se realizaron en Catamarca: unos 54,6 millones de pesos. La comparación que proponen quienes no quieren a la mina puede resultar odiosa, pero no deja de ser cierta: en 2010, Alumbrera vendió diariamente $ 17,5 millones de pesos en minerales extraídos de la montaña, un recurso no renovable. Pero consumió productos catamarqueños por $ 150.000 cada día.

En este rubro, Andalgalá sí fue beneficiada: proveyó el 69 por ciento de los productos y servicios que la mina compró dentro de la API: unos 65.000 pesos diarios. Para los ambientalistas, esto explica el empeño de los “promineros” andalgalenses, los principales proveedores regionales de la mina. Con todo, se trata de una fracción ínfima frente a los 3 millones de pesos que gasta al día en el país.

El Informe de Sustentabilidad de 2010 habla de generar oportunidades para “capturar el derrame” que genera la minería.

No sólo es una palabra odiosa para el relato oficialista: la furia desatada en esta ciudad apunta a que tampoco fue una oportunidad concretada. Alumbrera pretende ahora explotar Agua Rica, un yacimiento mayor, ubicado a sólo 17 kilómetros de Andalgalá. Deberá lidiar con quienes luchan por el agua y la ecología. Los números no alcanzan para eso.

Lo que factura

 

  •  43.848 MILLONES DE PESOS
     Exportó hasta 2010
    Es casi diez veces la inversión inicial, de 1300 millones de dólares.

 

  •  6390 MILLONES DE PESOS
     Exportó sólo en 2010
    Es el resultado del último informe anual presentado.

 

  •  140.000 TONELADAS DE COBRE
     Extrae por año
    Más 352.000 onzas de oro en concentrado y 45.000 onzas de oro doré.
Lo que aporta

 

  •  1397 EMPLEOS DIRECTOS  Trabajo generado
    Según la minera, por cada puesto se generan 10 indirectos.

 

  •  3916 MILLONES DE PESOS
     Aportó a la economía
    En impuestos, regalías utilidades, etc, según la empresa.

 

  •  1220 MILLONES DE PESOS
     Consume en el país
    Por compras realizadas en 2010. En Adalgalá: $ 34 millones.
Fuente:https://infosur.info/las-ganancias-de-la-alumbrera-y-el-impacto-economico-en-andalgala/
Ecuador

Comunidades indígenas continúan denunciando actividades mineras en Ecuador

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), expresaron su preocupación y denuncia ante lo que consideraron la creciente actividad minera en Ecuador.
En un comunicado recalcaron que en el territorio de la comunidad de Sinangoe, en el noreste de la Amazonía ecuatoriana, se desarrolla una intensa actividad minera y ratificaron su “lucha en defensa de sus comunidades, los bosques y la vida”. Según escrito, desde 2017 el Estado ecuatoriano otorgó 20 concesiones mineras inconsultas y más de 30 se encuentran en estado de tramitación. Denunciaron que estas actividades están provocando graves afectaciones a territorios ancestrales, lo que ha provocado “un cambio radical en sus formas de vida y amenazan con causar serios daños ambientales”.
Las comunidades afectadas han censurado que las autoridades pertinentes no han dado respuesta a sus requerimientos: “Solamente ofrecimientos y promesas sin ninguna acción concreta de regulación ni remediación social, económica o ambiental”, apunta el texto. Y ante la falta de respuesta, las comunidades indígenas han convocado la celebración de una Asamblea Comunitaria y un recorrido territorial para corroborar el daño provocado que, según estos colectivos, vulnera los derechos humanos y de la naturaleza.
De su lado, el Ministerio de Ambiente señaló en un comunicado que se ha mantenido un diálogo permanente con los dirigentes del pueblo Cofán Sinangoe, tanto en la capital del país, Quito, como en territorio. La institución indicó que se han mantenido varias reuniones, que han dado resultados “positivos para la gestión ambiental”. Señaló que el Ministerio de Ambiente mantiene un Convenio de Uso y Manejo de Recursos para la Conservación y Manejo Ecológico del Territorio Cofán en el Parque Nacional Cayambe Coca.
El Ministerio agregó que su Dirección Provincial en Sucumbíos, ha realizado 13 inspecciones en territorio para identificar actividades ilegales, junto a otras instituciones, entre enero y junio del 2018. Añadió que la mencionada Dirección Provincial inspeccionó a la Concesión Minera Puerto Libre, determinándose incumplimientos a la normativa ambiental. Por ello, el pasado 16 de marzo suspendió las actividades mineras dentro de dicha concesión, además se les solicitó presentar un plan de acción para subsanar los incumplimientos determinados en las inspecciones.
Asimismo, enumeró que la Dirección Provincial inspeccionó a la Concesión Minera Properidad, determinándose incumplimientos a la normativa ambiental. El Ministerio recordó que en el marco de los acuerdos de participación entre con los dirigentes de la comunidad Sinangoe, se estableció la realización de patrullajes mensuales para identificar trabajos de minería ilegal en la zona, conjuntamente con miembros de la guardia comunitaria, y establecer redes de comunicación para alertar, en forma temprana las actividades mineras ilegales.

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/indigenas-denuncian-mineria-ilegal-comunidades.html

Brasil

Brasil permitirá la explotación minera en el Amazonas para reducir el déficit del país

Es el pulmón de la Tierra, donde se encuentra la mayor cantidad de especies animales y plantas del planeta. Una sola reserva del Amazonas tiene más especies de aves que todo Estados Unidos.

Pero este paraíso, en peligro desde hace tiempo, va a sufrir uno de los golpes más duros en años. El presidente de Brasil abrirá a la explotación privada de cobre y oro nueve reservas naturales que ocupan 47.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor a la de Dinamarca o Suiza.

Un ataque medioambiental sin precedentes con una única finalidad, reducir el déficit del país, pero a costa de lo que sea. “Esta decisión supone, sin duda, el mayor ataque a la amazonia en los últimos 50 años, porque hay que pensar que Brasil, hasta ahora, ha sido realmente el líder referente en la constitución de áreas protegidas”, denuncia Luis Súarez, responsable del Programa de Especies de WWF.

La selva amazónica brasileña perdió 800.000 mil hectáreas entre 2015 y 2016, y los ecologistas denuncian que las leyes de Temer eliminarían hasta 30.000 kilómetros cuadrados más de áreas protegidas.

Algo catastrófico, como asegura el responsable de la campaña de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto: “Hablamos de una zona remota, muy rica en biodiversidad, donde en algunas zonas se habla de 300 especies arbóreas por hectárea“. Una desprotección del Amazonas que provocaría la desaparición de animales, plantas y también de etnias indígenas.

Fuente:https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/brasil-permitira-la-explotacion-minera-en-el-amazonas_2017082559a03c7a0cf27ca1f8fd71fb.html

Colombia

Mercurio “vuela” hacia zonas rurales

Pasados 15 días desde que empezó a regir en el país la Ley 1658 de 2013, que prohibe el uso del mercurio en la minería, se detectó que las emisiones del metal han disminuido en las zonas urbanas del Nordeste y Bajo Cauca antioqueños y ahora se concentran en las zonas alejadas de los centros poblados.

Así lo reveló un estudio del programa Oro Legal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -Usaid-, adelantado en 2016 y 2017 en los municipios de Segovia, Remedios, El Bagre, Caucasia y Zaragoza (Antioquia); y Quibdó, Condoto e Istmina (Chocó).

Según concluyó la investigación, hay una significativa reducción del uso de este elemento químico en las minas.

Miguel Molano, subdirector del programa Oro Legal, resalta que este estudio en las subregiones no tiene precedentes, toda vez que antes se habían hecho mediciones y análisis en los tejidos vegetales y de animales, pero por primera vez se midieron las concentraciones de la atmósfera.

“El estudio lo repetimos año tras año y concluimos que la concentración ha disminuido en las vías principales aledañas a los sitios donde antes se ubicaban los quemaderos y compras de oro”, señaló. Sin embargo, explicó que las emisiones no han cesado sino que se trasladaron a la zona rural.

Para el caso de Segovia, por ejemplo, en 2016 la cabecera municipal registraba concentraciones por encima de los 1.000 nanogramos (ng) en el parque y zonas con población vulnerable. En 2017 se dieron las mismas concentraciones, pero redistribuidas en zonas perimetrales.

“Se detectó una mayor dispersión hacia las áreas periféricas, una situación que dificulta el control”, advirtió Peter Doyle, director de Oro Legal.

Lo positivo de este desplazamiento es que ya se afecta menos a los humanos, aunque se impactan más la flora y la fauna rurales.

Mercurio evitado

Pero no todas las maneras de extraer y procesar el oro arrojan los mismos resultados a la hora de evaluar los impactos del mercurio.

Usaid hizo tomas de muestras en 63 pequeñas unidades mineras ubicadas en el Bajo Cauca y el Nordeste, 25 de ellas de socavón, 25 de minidragas y 13 aluviales.

“Las unidades mineras que han recibido y en la actualidad reciben acompañamiento del programa Oro Legal de Usaid para su proceso de formalización, en los dos últimos años registran una eliminación aproximada de 7.8 toneladas de mercurio en Antioquia”, detalla el estudio.

Lo anterior obedece a la asistencia técnica y a los contratos y subcontratos de formalización establecidos entre los titulares y los pequeños mineros, lo que obliga a estos últimos a procesar su material en plantas de beneficio exentas de mercurio. Si bien su uso no ha cesado, ha mermado.

Así, mientras en 2016, en los tres tipos de minería, por cada gramo de oro producido se utilizaban 14 gramos de mercurio, en 2017 se bajó a 6,1 gramos de mercurio por cada gramo de oro generado.

Los precios se elevan

En cuanto al comercio del metal en las subregiones, Usaid halló que la prohibición de su uso ha disparado los precios. En diciembre de 2016, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2133, que estableció el proceso y el cupo permitido para la importación.

Para el periodo entre el 16 de septiembre de 2017 y el 15 de septiembre de 2020, el cupo de importación es de dos toneladas anuales y se podrá usar en otras actividades, pero no en minería.

La dificultad para acceder al mercurio generó un “mercado negro” que elevó el precio del kilo de $220.000 a $750.000. En septiembre de 2016, una pipeta de 34,5 kg se vendía en $5’400.000 al por mayor y hoy la misma cantidad cuesta $24’375.000.

“Suponemos que el mercurio que se usa en las minas entró ilegalmente al país”, admitió Molano. Pese a esta situación, los avances en la eliminación del metal han sido significativos y los reconoce la agencia estadounidense.

“El progreso en la reducción del mercurio ha sido impresionante (…); va a llegar el momento en el que los mineros no cuenten con la cultura, tecnología y las fuentes de financiamiento para su eliminación y van a necesitar más apoyo para lograrlo”, advirtió Peter Doyle, director de Oro Legal, teniendo en cuenta que el programa, en esta fase, termina en 2020 y no es seguro que se inicie un nuevo ciclo.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/mercurio-vuela-hacia-zonas-rurales-MA9075842