Perú

El distrito de Suyo en Piura y las disputas alrededor de la minería

El asesinato del presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina de San Sebastián, Wilbelder Angel Vegas Torres, ocurrido en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura, es una clara muestra del clima de violencia e impunidad que se vive en las zonas donde se implanta esta actividad.

Suyo es el principal asentamiento de minería informal/ilegal en Piura y un porcentaje altísimo de su territorio se encuentra concesionado. Como se puede apreciar en el siguiente mapa, el 90.9% de Suyo o ya se encuentra concesionado o está en proceso de trámite.

Usualmente, en zonas de minería informal/ilegal son personas naturales las que tienen la titularidad del mayor número de concesiones. Sin embargo, en el caso de Suyo es importante subrayar que apenas dos empresas (que en realidad responden a un solo propietario) ocupan el 27.67% de todo el territorio de Suyo. Las empresas son San Miguelito SAC. y Minera Ate SAC., ambas de propiedad de la minera canadiense Plexmar Resources

Vegas Torres, había pedido garantías para su vida y según algunas informaciones no solo encabezaba el frente de defensa de su comunidad, sino que también estaba registrado como minero artesanal y había conformado una cooperativa para la explotación minera de forma artesanal.

Lo que se espera es que se investigue este crimen y se sancione a los culpables. Cabe señalar que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en este distrito de Ayabaca: como lo ha recordado Radio Cutivalú de Piura, en los últimos años el conflicto con los mineros ilegales instalados en Suyo ha cobrado la vida de más de diez personas. Por ejemplo, en el año 2010, el fiscal de la comunidad campesina de Santa Rosa de Suyo también fue asesinado por sicarios y hasta el momento este hecho ha quedado impune.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-distrito-de-suyo-en-piura-y-las-disputas-alrededor-de-la-mineria/?fbclid=IwAR29sA5EcbrOZws9c8bgO2J525GeCRmdLZX_5YdfVqoN6W2wmORWoaWrkoI

Chile

Gobierno apunta a administración Bachelet por Parque Nacional Patagonia

El Ministerio de Bienes Nacionales explicó la redefinición de límites del Parque Nacional Patagonia, en la Región de Aysén, luego que se denunciara la reducción en casi 5.000 hectáreas de su territorio, a favor de la empresa australiana Equus Mining, que sondea yacimiento de oro y plata en la zona.

De acuerdo a un comunicado, antes de dejar su cargo como Presidenta, Michelle Bacheletfirmó el decreto que creaba el parque de 302.335 hectáreas, pero dejó en su interior terrenos particulares que se habían considerado como fiscales.

Además, la cartera aclaró que la superficie del parque, tras la decisión del Consejo de Ministros realizado en octubre de 2018, creció en 2.192 hectáreas si se compara con lo aprobado en el gobierno anterior en 2017, llegando a 304.527,75 hectáreas.

El Ministerio de Bienes Nacionales detalló que “se trabajó también en responder a las necesidades productivas de la zona y la incorporación de terrenos fiscales que no habían sido considerados en la propuesta anterior”.

Al respecto, el jefe de la cartera, Felipe Ward, afirmó que “heredamos un problema y por ello tuvimos que sentarnos a redefinir los límites del parque. Tuvimos que excluir propiedad privada que había sido incluida erróneamente y aun así logramos que la cantidad de hectáreas protegidas sea mayor”.

El citado proyecto de exploración estaría a cargo de la división sudamericana de Equus Mining, Southern Gold, compañía que no se ha referido a la supuesta entrega de terrenos, publicada por el medio digital Interferencia.

Aunque el propio Ward, a través de Twitter, calificó como “fake news” el reportaje, la nota de prensa del ministerio no hace mención alguna a estas cerca de 5.000 hectáreas cuestionadas.

 

Fuente:https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-aysen/gobierno-apunta-a-administracion-bachelet-por-parque-nacional-patagonia/2019-01-29/125829.html

Internacional

Los ecologistas rechazan los proyectos mineros previstos en la región

‘Salvemos las Villuercas’ y la ‘Raya sin minas’ comparecieron ayer en la Comisión de Medio Ambiente para refutar la minería a cielo abierto.

Mérida- España. Las plataformas ‘Salvemos las Villuercas’ y ‘La Raya sin minas’, de Valencia de Alcántara, rechazaron ayer los proyectos mineros a cielo abierto que investigan en sus zonas, por ser «altamente contaminantes» en lo que consideran «paraísos medioambientales», mientras que PSOE y PP defendieron «un justo equilibrio» entre el desarrollo económico y la naturaleza.

Representantes de ambas plataformas comparecieron ante la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, a petición de Podemos por los 230 proyectos mineros activos en la región, 85 con permiso de investigación, 62 en trámite de recibirlo y 49 en trámite de concesión de explotación, entre otros.

La plataforma ciudadana ‘La Raya sin minas’ afirmó que no son «trogloditas ni alérgicos al progreso siempre que este sea humano y ecológico», y rechazó los seis posibles proyectos mineros que estudian implantarse en Valencia de Alcántara, que suman «22.800 hectáreas, más de un tercio de su territorio», y otros tres en su entorno.

Esta agrupación vecinal apartidista negó que la minería a cielo abierto cree empleo, pues por «cada puesto de trabajo que crea, se destruyen varios en otras actividades económicas tradicionales de la zona».

Por su parte, ‘Salvemos las Villuercas’ transmitió su «incertidumbre y desprotección» por el permiso de investigación para una mina a cielo abierto, en «104 cuadrículas que afectan a 3.000 hectáreas», en los términos de Logrosán, Cañamero y Berzocana, y a la que han presentado más de «16.000 alegaciones». Una zona que es un paraíso natural y una zona de alto valor ecológico, perteneciente a la Red Natura 2000 y al Geoparque Mundial Villuercas-Ibores-Jara, con una economía local basada en la producción agrícola de cerezo, castaño, ciruelo y miel protegida, el geoturismo y el desarrollo sostenible.

 

Fuente:https://www.hoy.es/extremadura/ecologistas-rechazan-proyectos-20190131003130-ntvo.html

Brasil

Río contaminado por derrame minero afecta alimentación de indígenas brasileños

El pueblo indígena de São Joaquim de Bicas queda en Brumadinho, en el estado brasileño de Minas Gerais, aguas abajo de donde una presa se rompió el viernes 25 de enero, dejando 84 de muertos y casi 300 desaparecidos.

Luego de la catástrofe, la población tuvo que reprogramar sus hábitos alimenticios, ya que el río del que su vida depende está contaminado por los desechos de minería.

Los peces en el río Paraopeba son la principal fuente de alimento para los miembros de la tribu Pataxó Hã-hã-hãe, que viven al final de un camino de tierra. Los habitantes de la aldea también se bañan y lavan las ropas en sus aguas.

Pero, después de que una presa de desechos de la mina Corriente del Frijol estalló, soterrando comunidades y transformando las aguas claras del río en un flujo marrón barroso, los cerca de 80 habitantes de la aldea Pataxó se han visto obligados a reubicar a sus familias.

Aunque no hay ningún Pataxó Hã-hã-hãe hasta el momento, entre los 84 muertos confirmados o los 276 desaparecidos, temen que el desastre pueda ser el fin de su estilo de vida.

“El jueves yo estaba aquí lavando mis ropas, bañando a mis hijos, y ahora no puedo ni tocar el río”, dijo Sot de Ionara, conteniendo las lágrimas, señala el portal. “Nuestros corazones están muy tristes por saber que nada puede ser hecho”.

El sufrimiento de los Pataxó Hã-hã-hãe coincide con el momento en que el actual Gobierno señala que quiere eliminar los reglamentos para la minería y reducir las protecciones que las comunidades indígenas disfrutan actualmente. Para los críticos, la ruptura de la represa revela los riesgos de estas directrices.

La Fundación Nacional del Indio (Funai) dijo estar comprometida a ayudar a la aldea, garantizando el suministro de agua potable, entre otras medidas. Pero la confianza en las autoridades es baja tras la tragedia.

“¿Crees que una minera cualquiera se preocupa por eso? ¿Crees que un alcalde cualquiera se preocupa por esta área? “, indicó Sot de Aigoho. “Ellos sólo aman el dinero y la minería”.

En el segundo dique que se revienta en tres años en Minas Gerais, los rescatistas encontraron los cuerpos de 84 personas sin vida, pero se teme que pueda haber muchas más víctimas del lodo tóxico.

La minera Vale, dueña de la represa en la que se almacenaban aguas residuales, confirmó que había trabajadores en el área que resultaron afectados por una gran corriente de lodo tóxico.

“El rescate y la atención a los heridos se está realizando en el lugar por el Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil, aunque no hay confirmación sobre la causa del accidente“, expresó Vale en un comunicado.

En el escrito anuncian la activación de un plan de emergencia. “La prioridad absoluta de Vale, en este momento, es preservar y proteger la vida de los empleados y los integrantes de la comunidad”, comunicó la empresa.

Catástofre ambiental y humana

El incidente se produce tres años después de que la ruptura de los diques de la minera Samarco provocara una gran catástrofe ambiental de Brasil, la cual ocasionó 19 muertos por un vertido de residuos minerales.

El 5 de noviembre de 2015, el dique cedió liberando 32 millones de metros cúbicos de barro que arrasaron varias localidades en el sureste del país, siendo el más afectado el pueblo de Bento Rodrigues.

Fuente: https://www.elciudadano.cl/pueblos/rio-contaminado-por-derrame-minero-afecta-alimentacion-de-indigenas-brasilenos/01/30/#ixzz5eEwotTcw

Colombia

El pueblo antioqueño que ganó pelea contra multinacional minera

El alcalde de Jericó (Suroeste antioqueño), José Andrés Pérez, firmó un acta que impone la medida preventiva de suspensión de las actividades de exploración minera en el territorio. El documento, expedido este sábado 26 de enero, surgió tras varios días de protestas por parte de campesinos de la vereda Cauca, quienes denunciaron que allí la empresa Anglo Gold Ashanti estaba haciendo actividades de exploración.

La decisión de la administración municipal está sustentada en que en Jericó existe el Acuerdo 010 de 2018, por medio del cual se prohíbe la realización de actividades de minería metálica en el territorio, una decisión que ya han tomado varios concejos municipales del Suroeste antioqueño.

“De conformidad con información suministrada por campesinos de las veredas La Soledad, La Hermosa y Vallecitos, del corregimiento de Palocabildo, soportada con fotografiaras y videos y por la presencia del secretario de Gobierno municipal el 25 de enero, se pudo determinar que la empresa Quebradona Colombia S.A. (filial de Anglo Gold Ashanti) había contrariado lo dispuesto en el Acuerdo 010 de 2018”, indica el acta.

Con el fin de dar cumplimiento a la medida preventiva, el inspector municipal se trasladó a la finca La Mancha, en la vereda Cauca, para instalar las cintas a que haya lugar y dejar la constancia correspondiente en el sitio de ingreso a la misma.

Vale recordar que al menos 40 campesinos estaban protestando en días pasados  ante las exploraciones de la multinacional, pero se retiraron del lugar, tras ser notificados de la decisión de la alcaldía de emitir el acta de prevención.En medio de la polémica, la empresa minera salió al paso de las acusaciones e indicó que aunque el funcionamiento de las plataformas existe estas no están realizando actividades mineras, sino analizando las condiciones del terreno de la hacienda La Mancha, que ellos utilizan mediante un comodato.

Voceros de la compañía indicaron que son respetuosos de la ley y que no están realizando actividades que les sean prohibidas.

“Nosotros en este momento no estamos desarrollando actividad de exploración, sino un estudio de suelos para determinar la conformación de ese suelo en caso de que en un futuro posiblemente se pueda construir infraestructura”, aseguraron voceros de la compañía, quienes agregaron que el pasado jueves 24 de noviembre un grupo de campesinos cortaron las líneas de agua del predio donde funcionan las plataformas.

Entre tanto, los campesinos de Jericó seguirán luchando en contra de cualquier actividad de minería metálica en su territorio, pues para ellos es más importante conservar la gran riqueza natural de la región y preservar su vocación principalmente cafetera y agrícola.

Fuente:https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/alcalde-de-jerico-impuso-prohibicion-de-mineria-para-cumplir-acuerdo-municipal-319876
Latinoamerica

Contra la megaminería, el pueblo iluminado

La amenaza de la minería en un pueblo no surge de un día para otro, es un mal que va germinando poco a poco, silenciosamente. Mucho antes de que el boletín oficial de turno anuncie el inicio de la fase de información pública de un proyecto de explotación, las empresas promotoras ya llevan mucho andado.

Normalmente todo comienza con una pequeña empresa local, que se hace con la concesión de los derechos mineros y, con ello, también con la complicidad y favores de los gobiernos locales y autonómico. En muchos casos, podría decirse que el gobierno municipal llega la convertirse en una corporatocracia, en la que quien ostenta el poder, los alcaldes y concejales, toman decisiones favorables a determinadas corporaciones en detrimento del pueblo. Estos gobiernos, normalmente regidos por alcaldes con poca formación y aún menos escrúpulos, van sucumbiendo a los encantos de la minera, que les vende humo a precio de oro, o el metal que se precie según el yacimiento objeto de explotación. Y, a medida que estas empresas aumentan su control sobre la toma de decisiones en los municipios en los que pretenden instalarse, las administraciones serán menos capaces de resistirlas y defender a sus propios ciudadanos.

Cuando la pequeña empresa ya está asentada es cuando empieza a trabajar en el nuevo proyecto de explotación, para lo cual se aliará con una multinacional con más experiencia en el sector y, sobre todo, con más solvencia financiera. Juntas crearán una nueva empresa, que no hará mucho ruido hasta que el proyecto sea público, normalmente cuando la mayoría de la gente esté de vacaciones, con “agostosidad” probablemente.

Las empresas de este tipo, aunque lo intenten, no pueden comprarlo todo.

Lo primero que intentan estas compañías en cuanto sale a la luz el proyecto de explotación minera es buscar la licencia social, la aprobación de la comunidad local, y para eso emplearán todo tipo de estrategias, en las que no escatimarán recursos económicos. Desde charlas informativas en las que tratarán de vender el proyecto como la única y gran oportunidad de crecimiento del entorno, que generará cientos de empleos directos y seguramente miles indirectos, no sin antes convencer al vecindario de que el suyo es un ayuntamiento en declive, y ellos están aquí para venir a salvarlos de la más absoluta miseria.

Primero ofrecen empleo local en la empresa concesionaria o en otras afines, y así van allanando el terreno, embaucando a una parte de la población, a la que además amenazarán con posibles despidos por una supuesta falta de trabajo si la mina no consigue la autorización para operar.

Pero las empresas de este tipo, aunque lo intenten, no pueden comprarlo todo. No pueden comprar las voluntades de las vecinas y vecinos afectados por sus proyectos extractivos, que se verán en el deber de organizarse para defender lo suyo, las tierras, el medio, el agua, sus modos de vida, totalmente incompatibles con la minería especulativa y tóxica, en todos los sentidos de la palabra.Así surgen estas plataformas vecinales, que en los siguientes meses o años en el peor de los casos se tendrán que enfrentar ineludiblemente a las tretas de la minera para salirse con la suya.

Ahora ya no hay vuelta atrás, ya hay dos pesos en la balanza: de un lado la minera, junto con la corporación municipal a la que domina y los empleados de la misma que ya no tienen elección, y del otro el resto del vecindario organizado para tratar de impedir que la empresa consiga explotar la mina.

Pero hay un elemento más, la Administración que decide sobre el proyecto; ¿en qué lado se posiciona?, ¿a quién debe defender primeramente? La respuesta puede parecer tan sencilla como decir que la Administración debe seguir la ley, más la realidad parece ser muy distinta en la mayor parte de los casos. No es inusual que los departamentos de Minas o Medio Ambiente miren para otro lado cuando reciben quejas sobre las sospechosas actividades de estas empresas, o que pongan mil y una trabas administrativas a los afectados por la posible futura explotación a la hora de acceder a determinada información sobre el expediente.

Cuanto mayor sea la fuerza social que consigan las organizaciones ciudadanas, más agresiva será la campaña de lavado de imagen de la promotora. Primero intentarán desacreditar a sus opositores, tratando de vincular en todo momento su postura contraria a la mina a cuestiones ideológicas y partidistas. Los tacharán de iluminados, agitadores profesionales, ecoloxetas, alborotadores y todo lo que se les vaya ocurriendo. Pero normalmente esa campaña de desprestigio no les es suficiente, pues esos grupos sociales, aun sin ser expertos en el ámbito de la minería o del medio ambiente, no tienen más remedio que trabajar a destajo para proteger sus propias vidas ante la amenaza de la minería destructiva. Es por eso que la empresa intentará venderse como una industria sostenible, respetuosa con el medio y con el resto de actividades económicas, y para eso necesitan la complicidad de grandes medios de comunicación, a los que no dudarán en pagarles caras publirreportajes a doble página en los que contar las bondades de sus planes para la comunidad.

Algo habitual en estas campañas de las mineras es la contratación de personas estratégicas, conseguidores de voluntades y de la tan ansiada licencia social. Así, no es raro que formen parte de su plantilla concejales de un partido favorable al proyecto o presidentes de alguna asociación influyente en el entorno.

La empresa nunca tratará de mejorar el proyecto presentado ante la Administración, pues tiene muy calculado cuál es la forma más barata de conseguir los mayores beneficios posibles, y cualquier adaptación a la legalidad o al menor daño a las personas y al medio ambiente le supondrá perder ganancia, que es lo único que busca. Las inversiones que hará antes de conseguir el sí de la Administración serán solamente para hacerse con el máximo apoyo popular posible. Como mucho presentarán informes firmados por técnicos con cierto renombre, seguramente del ámbito universitario, que siempre parece dar cierto caché a cualquier estudio técnico.

Pero las multinacionales mineras tienen la billetera grande y la conciencia pequeña, y todo les parece poco en su afán por conseguir el vil metal, por lo que no escatimarán en gastos y organizarán visitas guiadas de todo tipo al yacimiento, sobre todo de escolares, a quienes puedan hacer ver que toda la labor que realizan es ejemplar y respetuoso con el medio. Y si en la zona hay algún club deportivo con cierta categoría no han tardar en intentar patrocinarlo, ofreciéndole una suculenta cifra de dinero que de otro modo les sería muy difícil de conseguir, y cada vez que ese equipo salga al terreno de juego lucirá el flamante nombre de la empresa en la camiseta, y así se venderá como una gran entidad que apoya y fomenta la vida saludable y los valores deportivos. Cualquier cosa sirve para comprar sociedad.

¿Hasta dónde están dispuestas a llegar estas empresas con la especulación minera? ¿Tienen límite sus intentos de manipulación? ¿Por qué los gobiernos permiten que estas entidades los manejen a su antojo? ¿A cambio de qué?

Sin duda, una vez que una minera pone el pie en tu municipio, ya no hay vuelta atrás, o estás con ellos o estás contra ellos, lo que viene siendo contra la destrucción, contra la contaminación, contra la explotación de tus recursos y de tu modo de vida, contra el daño a la salud. Si ves la minera llegar prepárate, porque te va a tocar luchar.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/contra-la-megamineria-el-pueblo-iluminado/

Latinoamerica

La modernidad contra la vida: el orden “extractivo-minero” como el desorden ecológico de los pueblos

Los regímenes mineros a gran escala, sean abiertos o subterráneos, para la extracción de oro, cobre o plata, entre otros, establecen una autoridad minera desde la cual produce su realidad fáctica, es decir, su presencia y pertinencia es justificada a través de engendrar deseos, modos de ver, soñar y sentir para apropiarse de los territorios constitutivos de otras territorialidades (como las territorialidades de vida que resultan de los metabolismos sociales de los pueblos para su supervivencia en la tierra).

Dicho de otra manera, los regímenes mineros (extractivos), categoría que propone Horacio Machado (2017), son una manifestación tanto de la política que expropia las energías y la materia de comunidades enteras, como de la implantación de un orden necropolítico (políticas de muerte) que articula y dispone de toda la complejidad viviente, o sea, el trabajo humano y la naturaleza, para producir capital en beneficio de pocos empezando por el control de lo que llamamos agua. Todo esto está asociado con la colonialidad de la Naturaleza cuyo único fin es convertir la materia viviente en el “combustible” del molino satánico (Polany 2010) del capital y de la modernidad.

Esto lo saben muy bien los capitalistas con sed de oro, porque sus beneficios y privilegios dependen de la capacidad de control que tienen sobre los pueblos empezando por el control material y energético que, a nuestro modo de entender, comienza con la expropiación de lo que está hecho el ser humano y toda especie viviente: el agua. Por eso, entendemos que “el orden extractivo-minero no es más que el desorden ecológico de los pueblos”.

Este desorden ecológico (Porto Gonçalves 2014) tiene que ver con la construcción de una geografía minera que dispone de la geograficidad del agua, es decir, al disponer del agua desequilibra la sostenibilidad de la reproducción agroalimentaria de las comunidades que consumen, grafían y se apropian de este líquido para mantener su cultura. A nuestro entender, y siguiendo a Porto Gonçalves, “el agua debe ser entendida en cuanto territorio, es decir, en cuanto inscripción de la comunidad en la Naturaleza”, porque ella, el agua, no está por fuera de ningún pueblo, incluido el moderno o los modernizados que creen estar desmaterializados y fragmentados de todos los ciclos ecosistémicos. Por tal motivo hablamos de una geograficidad del agua que está plenamente gestionada por los metabolismos sociales y comunitarios, entiéndase su gestión y administración para la reproducción de la vida.

Donde hay agua hay vida. El agua es trabajada y cuidada para la permanencia tanto del ser humano como de la Naturaleza, la cual infelizmente es absorbida por la geografía minera cuya secuela es la parálisis de la resiliencia ecosistémica de la vida. No se hace paradójico que este “sector energivoro”, a pesar de las cantidades exorbitantes de agua que emplea en todo el proceso de extracción, sea una “industria seca y árida”. En otras palabras, el extractivismo-minero produce sed como sacrificio pagado para el mantenimiento de los privilegios económicos/raciales en el norte global a costa de la destrucción de los pueblos ya racializados, es decir, los territorios donde habitan los diversos pueblos son desvalorizados por la transferencia de la escasez y muerte.

La extracción del agua: acumulación y contaminación

El extractivismo-minero en América Latina está repleto de ejemplos como para emitir no solamente un juicio científico, sino histórico. Si es que la historia tiene algún sentido para vernos desde otros horizontes de vida, dé el porqué cuando la minería moderna-metalífera toca el símbolo agua – y no nos referimos al símbolo químico de H2O, sino a los trazos simbólicos desde la cual es significada y apropiada para la vida – la acumula y la contamina. En Argentina el proyecto Potasio Rio Colorado usa 86,4 millones de litros al día en una población cuyo consumo es de 280 litros por persona a la semana. En Bolivia el proyecto Sinchi Wayra usa 24.4 millones de litros por día donde cada persona tiene acceso a 30 litros por semana. En Honduras, el proyecto San Andrés usa 480 mil litros de agua al día, cuyas personas tienen acceso al agua sólo durante 8 horas por semana. Otro caso extremo, es el Cerrejón en Colombia, donde se usa 17 millones de litros al día, cuyos habitantes sólo tienen acceso a 0,7 litros por día, este último caso es ampliamente documentado porque constituye un hecho insobornable al decir de Augusto Ángel Maya (2013). Vemos, pues, que el uso intensivo del agua establecido por el orden del extractivismo-minero es constitutivo del desorden del ciclo del agua para los pueblos. Niños mueren de literal sed. Esta es la verdadera “fractura hídrica” constitutiva del desequilibrio ecosistémico. Esto sin mencionar la cantidad de energía eléctrica que necesita este sector para impulsar las máquinas de trituración y de pulverización de las montañas y de la tierra.

Además del uso intensivo del agua, hay que agregar otro tipo de relacionamiento asociado a la contaminación. Dice Edgar Isch (2010) que “la acumulación de los recursos naturales en pocas manos y particularmente la del agua, ha estado ligada a mayores daños ambientales”. Quiere decir que al “acaparamiento hídrico” le es constitutivo los “activos tóxicos” como resultado de la relación establecida entre la minería moderna con el agua, cuyo trasfondo es entender el ciclo del agua como si estuviera por fuera de todo contexto viviente.

Hace tres años en el Estado de Minas Gerais, sucedió uno de los desastres más representativos de la historia en América Latina, asociado al rompimiento de una represa que contenía aproximadamente 62 millones de mde lodo tóxico. Su recorrido fue aproximadamente de 650 kilómetros desde el origen de la afectación hasta la desembocadura en el Océano Atlántico, impactando los ecosistemas alrededor de la cuenca del Río Doce. Como resultado del desastre perdieron la vida 19 personas y como producto de la contaminación los pescadores, los ribereños, los agricultores y los indígenas del pueblo Krenak perdieron su territorialidad simbólica: formas particulares de existencia humana. Lo anterior es una manifestación de la colonialidad en la Naturaleza que es constitutiva de la minería moderna.

Toda la geografía minera-moderna está marcada por estos dos factores, a saber, el de la acumulación y el de la contaminación como hecho colonial sobre los territorios cuya finalidad es quitarle agua a los pueblos como resultado de la concentración de este líquido y la imposibilidad de consumo en contextos de abundancia hídrica por la contaminación. No quedan dudas que el tipo de relacionamiento establecido entre minería-moderna y agua de los pueblos, altera el ciclo reproductivo de los mismos, en tanto que los pueblos están siempre intrínsecos en el ciclo del agua.

En el encuentro con el ciclo del agua

A pesar de estos hechos tan lamentables para nuestros pueblos, aun los sujetos con subjetividad burguesa hablan del “uso racional y eficiente de los recursos naturales”, como si todo se resumiera al empleo de las técnicas eficientistas y “buen” manejo y administración de la disposición de los sistemas vivos, como si se tratase de una buena gestión ambiental de la relación entre los seres humanos y el agua.

Hay que decirlo de una buena vez: ¡esa relación no existe! No se trata de armonizar el desencuentro de la cultura moderna y la naturaleza como generalmente es tratada desde “la racionalidad instrumental como si fuera un tema de especialistas” (Porto Gonçalves, 2014), sino de reconocer que somos agua, de allí la territorialidad contenida en ella. Es con y en el agua que nos encontramos todos los seres vivientes. Por eso el extractivismo-minero es inviable para la humanidad toda y para el planeta vivo.

El ciclo del agua está en todo y no puede ser tratada por visiones simplificadoras de los buro(tecno)crátas. Generalmente sigue siendo tratada desde la visión de los científicos no comprometidos con la comunidad, como si se tratase de una “superficie liquida” donde la radiación solar la transforma en vapor y después en nubes para finalmente ser condensada y precipitada, dando origen a los cuerpos de agua como los ríos, lagos y riachuelos para después empezar el ciclo de nuevo. Esta es la manera desde la cual se nos explica el funcionamiento de este ciclo, que ilustra muy bien esa separación entre ser humano y naturaleza, además da la idea como si dicho ciclo fuera eterno sin alteración posible.

Nuestro cuerpo humano es 70% agua y nuestra sangre es el 83% agua, si esto es así, el ciclo del agua está contenido en nuestro cuerpo que siempre se renueva en ese movimiento propio de la vida cuando consumimos los alimentos, cuando nos vestimos o simplemente transpiramos. Ya deberíamos de saber que todo está hecho a base de agua, los cereales, las frutas, legumbres y todo el proceso agrícola productivo se sustenta por la incorporación del agua. Es decir, todo el mercado, y no me refiero propiamente al capitalista, está constituido por el agua, porque eso somos. Entonces, el ciclo del agua debe de entenderse desde esta visión integradora de la vida entre cuerpos y territorios de manera espiral, o sea, intercambios de energías y de materia que se dan en el tejido de lo que es la vida. No es por acaso que toda resistencia comunitaria contra el extractivismo-minero inicie con una preocupación por el agua como núcleo de discusión política y epistemológica de las luchas socioambientales en el continente.

 

Sociedades en movimiento con el agua

Las luchas contra el extractivismo-minero en toda América Latina no es simplemente un fanatismo ecológico de unos cuantos o un pachamamismo como lo ha querido reconocer un geógrafo anglosajón de moda en los centros académicos universitarios, sino que es la defensa de la existencia humana en su diversidad cultural de los pueblos, porque saben que sus cuerpos materialmente y científicamente están hecho de agua y atados a la tierra. Por eso es que el agua, como dice Porto Gonçalves (2014), se filtra en todo, en el aire, en la tierra, en la agricultura, en la industria, en nuestra casa, en definitiva, en nuestro cuerpo. Es el agua y sus formas de apropiación la que mejor refleja, que cualquier otro tema en la actualidad, las contradicciones políticas y culturales por su disputa territorial, al involucra un conjunto de representaciones y visiones que se tienen sobre ella.

De acuerdo con lo anterior, y a nuestro entender, el agua, y en consecuencia la vida, no debe ser comprendida desde la visión fisicalista y del “biologicismo eficiente” propio del pensamiento moderno que reina en el extractivismo-minero y en muchas autoridades ambientales, por el simple fato comunal de que el agua está contenida en los cuerpos de los pueblos. Para mantener el “flujo energético y ecológico” se comienza con la defensa del agua y se termina en la posibilidad de la reproducción de la vida contra el orden necropolítico del extractivismo-minero y de la capitalización de la naturaleza. Si esta es la lógica, toda sociedad en movimiento (Zibechi 2017) en el actual contexto de crisis civilizatoria-ambiental, se caracterizará por llevar y profundizar esta discusión, ya no como lo hídrico, sino como territorio y como cuerpo en permanente cambio con el ciclo de la reproductividad, que es el agua.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/la-modernidad-contra-la-vida-el-orden-extractivo-minero-como-el-desorden-ecologico-de-los-pueblos/

Ecuador

Minería amenaza ‘destruir’ Reserva Cotacachi-Cayapas

La mayor riqueza de aves de Ecuador está en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. También es una de las mayores fuentes de agua. Y no lo es todo, en su subsuelo tiene metales preciosos.

Ese es el ‘imán’ para que empresas mineras abran 22 posibles frentes con la intensión de explorar y explotar el terreno. Por ahora están fuera de la reserva y sin trabajar, pero los comuneros advierten que si no los frenan, no solo que los sacarán a ellos, sino que se apropiarán del  patrimonio natural.

“Allá es una tierra de nadie, por eso pedimos ayuda”, advirtió Raúl Vaca, vocero de los comuneros. Juntos lograron reunir en un solo espacio a los representantes de Fiscalía, Consejo de Participación Ciudadana, Gobernación, Prefectura, Municipio de Quinindé, Arcom y los ministerios del Ambiente y Agricultura, para hablar del tema.

Entre los compromisos está el cruce de información para lograr desgraficar las supuestas concesiones; empezar la acción para que un Juez aplique medidas cautelares y, de ser necesario -dijo el representante de Gobernación- elevar la advertencia hasta la Presidencia de la República para que disponga el uso de las fuerza pública. (MGQ)

 

Fuente:https://www.lahora.com.ec/noticia/1102218439/mineria-amenaza-destruir-reserva-cotacachi-cayapas

Mexico

Exigen a López Obrador detener la minería en Acacoyagua

Han mencionado que la actividad minera ya ha tenido consecuencias en la salud esencialmente de mujeres, niños y niñas.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Frente Popular por Defensa del Soconusco (FDPS) y Otros Mundos A.C dirigieron una carta con más de mil 700 firmas para exigirle al presidente de la República se detenga la actividad minera en el municipio de Acacoyagua.

El Frente Popular recolectó un aproximado de 1796 firmas para que el Ayuntamiento Municipal de Acacoyagua no otorgue ningún permiso de uso y factibilidad de suelo para alguna actividad minera dentro del municipio, informó un comunicado.

Cabe destacar, que de las 26 mineras activas en el estado, 13 se encuentran en ese municipio.

“Somos testigos y testigas de los impactos a la salud, alimentación y medio ambiente de la minería a la tierra y a nuestros cuerpos, pues desde 2012, los proyectos de explotación de Titanio, denominados “sustentables” por el Estado han contaminado el ambiente, bosques y mantos acuíferos” comunicaron.

Así mismo, la organización detalló que los ríos Cacalita, Chocolate y Cintalapa, que sirven a la comunidad en sus actividades diarias, están contaminados y como consecuencia ha ocasionado daños a la salud física y emocional.

“Creemos que es necesario que la sociedad y los gobiernos entendamos el riesgo que viviríamos si se formulan más políticas del modelo extractivo minero” acodaron.

El Frente Popular es parte de REMA y el Movimiento Mesoamérica contra el Modelo Extractivo (M4), por lo que desde su experiencia de cooperación de información confirmaron que no conocen ningún proyecto minero que sea sustentable y que no cause daño a la tierra, el agua y la salud.

Finalmente, la organización chiapaneca pidió a las autoridades gubernamentales estatales y federales acabar con el poder de corrupción y la impunidad, además de recordar que el modelo extractivo tiene la capacidad para acabar con las comunidades y la salud mental de cada uno de los pobladores.

 

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/01/exigen-a-lopez-obrador-detener-la-mineria-en-acacoyagua/

Colombia

¿Pueden los Alcaldes suspender actividades mineras en sus municipios?

El ingeniero de petróleos Julio Vera y el abogado ambientalista Rodrigo Negrete debatieron si los Alcaldes están facultados para suspender actividades mineras en sus territorios.

La decisión del alcalde de Jericó, Antioquia, Jorge Pérez Hernández, de suspender las actividades de exploración minera de la multinacional Anglo Gold Ashanti en la finca La Mancha, a las afueras de ese municipio, revivió el debate sobre la autonomía de las comunidades y el poder de decisión sobre el subsuelo de la Nación.

El debate llegó a los micrófonos de Partida W con el ingeniero de petróleos Julio César Vera y el abogado ambientalista Rodrigo Negrete.

Vera argumentó que el subsuelo le pertenece a la Nación y, por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre este deben ser tomadas por las autoridades competentes que pueden tocar decisiones con base en argumentos técnicos y científicos. Señaló que en determinaciones como la del caso de Jericó, Antioquia, priman las verdades a medias y el miedo infundado, lo cual genera que los entes municipales decidan bajo manipulación. Expresó que en el país se debe dejar de estigmatizar al sector de hidrocarburos y extractiva, sino que se debe trabajar conjuntamente entre el Estado y las comunidades para traer el desarrollo y crecimiento económico al país.

Por su parte, Negrete dijo que los Alcaldes sí pueden suspender ese tipo de actividades gracias a sentencias de la Corte Constitucional que, a pesar de dejar sin piso las consultas populares, dio viabilidad para que los concejos municipales pudieran detener los proyectos extractivos. Fue enfático en que el Estado y las multinacionales han acudido, en varias ocasiones, al chantaje para manipular a los ciudadanos con el argumento de que si no se permite la minería legal, esos territorios serán copados por actores ilegales. Aseguró que la industria extractiva de un país no puede estar por encima de la vida y de los derechos fundamentales de su población, pues esta destruye sus entornos que han padecido el abandono del Estado en su papel de brindar seguridad, entre otros, a los líderes ambientalistas.
Fuente:http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/pueden-los-alcaldes-suspender-actividades-mineras-en-sus-municipios/20190129/nota/3856995.aspx