Perú

Los operativos en Madre de Dios

21 de Febrero de 2019
José De Echave C.
Imagen: Perú21
La superficie de Madre de Dios es de 85,301 kilómetros cuadrados, lo que representa el 6.6% del territorio nacional y el 15.3% de toda nuestra Amazonía. Madre de Dios es una de las joyas de nuestro territorio: es una de las 25 zonas de mayor biodiversidad del planeta; el Parque Nacional del Manu, junto al Parque Nacional Bahuaja Sonene forman parte del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboro.

Sin embargo, los impactos de décadas de actividad minera aurífera en Madre de Dios han sido devastadores. Varios han sido los intentos por detenerla: el año 2010, el entonces ministro del Ambiente, Antonio Brack, preparó el Decreto de Urgencia 012-2010, que declaraba de “interés nacional el ordenamiento minero en Madre de Dios”. En el mencionado decreto se señaló que se suspendía la entrega de petitorios mineros en la región; el establecimiento de zonas de exclusión minera; la prohibición de usos de dragas y artefactos similares; entre otras medidas. En la siguiente imagen se puede apreciar la zona de exclusión y la zona minera, según el Decreto de Urgencia 012.
La respuesta de los mineros fue una huelga y el inicio de una larga y feroz batalla por la derogatoria del decreto de urgencia. En las altas esferas del Estado, el ímpetu inicial se fue diluyendo y el ministro Brack no contó con el respaldo necesario del gobierno aprista que terminaba su período.

Iniciado el gobierno de Humala, el año 2011, se diseñó el operativo “Aurum I”. Como ahora, 1,500 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron desplazados a Madre de Dios. El Ministerio del Ambiente, con el propio ministro Ricardo Giesecke a la cabeza, lideró el operativo que intervino dragas en los ríos Malinowski, Tambopata y Madre de Dios. El plan era llevar la presencia sostenida y efectiva del Estado a una región que siempre estuvo muy apartada y poco conectada con el resto del país y que a todas luces había sido tomada por actividades ilícitas.

El proceso se interrumpió con el cambio de gabinete a finales del año 2011 para luego ser retomado unos meses más tarde: el 28 de febrero de 2012, se publicó el Decreto Legislativo N°1102 que incorporó al Código Penal los delitos de minería ilegal. En su Artículo 307°-A, se especificaba que el delito de minería ilegal “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años, y con cien a seiscientos-días multas, el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de recursos minerales, metálicos y no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental”.

Además, en el mismo Decreto Legislativo, Artículo 307°-B, fueron precisados los supuestos en los que se comete este delito: “en zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera; en áreas naturales protegidas; o en tierras de comunidades campesinas, nativas o indígenas; utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares; si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas; si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinadas al consumo humano; si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público; si el agente emplea para la comisión de delito a menores de edad u otra persona inimputable”.

Posteriormente, el 19 de abril de 2012, fue publicado el Decreto Legislativo N° 1105, que “estableció disposiciones especiales para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal”, y en su Artículo 2, define claramente que: “toda actividad ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal”. En el mismo artículo se diferencia a la minería informal de la ilegal; definiéndola como la actividad que se realiza “en zonas no prohibidas”. Además, se considera mineros informales a los que, pese a no contar con todas las autorizaciones correspondientes, sí han iniciado el proceso de formalización. El Ministerio del Ambiente, con el ministro Manuel Pulgar Vidal, lideró este proceso.

Al margen de los operativos de interdicción que se fueron implementando en paralelo, lo cierto es que las cifras de formalización no mostraron avances significativos. Además, los enfrentamientos abiertos entre el gobierno y los mineros ilegales se fueron agudizando; se implementaron movilizaciones y paros de mineros en varias regiones del país; críticas abiertas al proceso de formalización que en realidad apuntaban a detenerlo.

La campaña electoral y el cambio de gobierno, marcó un paréntesis en todo este proceso. Ahora, transcurridos algo más de dos años, se ha comenzado a implementar un nuevo operativo “Mercurio 2019”, con el despliegue de alrededor de 1,500 agentes policiales y militares que han llegado a la zona de La Pampa, una de las más devastadas por la minería ilegal de Madre de Dios. El ministro del Interior ha dicho que “han llegado para quedarse”. Habrá que ver.

Imagen: El Comercio

Lo primero que queremos subrayar con este rápido recuento, es que no es la primera vez que un operativo de esta magnitud se implementa en Madre de Dios. Los primeros despliegues siempre son espectaculares, generan expectativa y esperanza en algunos y por supuesto, rechazo en otros. Sin embargo, las dificultades para sostener un operativo de esta magnitud y sobre todo lograr resultados efectivos en términos de erradicación y formalización de los mineros, son más que evidentes.

Experiencias previas muestran que hay varios cuellos de botella que deberían ser tomados en cuenta:

Cualquier proceso de intervención debe considerar que se está enfrentando a un enorme grupo de poder que desde hace un tiempo, controla territorios y representa más del 50% de la economía de Madre de Dios. En todos estos años, los mineros ilegales han acumulado poder económico, poder político y han ganado en organización y en número. También han penetrado poderes del Estado, como el Poder Judicial, municipalidades e incluso, en varios períodos, han comandado el propio Gobierno Regional: el anterior gobernador de Madre de Dios, Luis Otzuka, era un conspicuo representante de los mineros, lo mismo que el famoso ex congresista Amado Romero, apodado como el “Come Oro” y el actual, Modesto Figueroa Minaya, que ha sido investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos por posibles vínculos con la minería ilegal.
La presencia de los mineros en cargos públicos se ha traducido en acciones concretas que han buscado favorecer los intereses de su propia actividad -con iniciativas legislativas, construcción de infraestructura, etc.- y por supuesto tratando de bloquear las iniciativas de interdicción del gobierno nacional y mantener el estatus quo, lo que hasta el momento han logrado. Si bien ya no están de manera directa en la gobernación, las redes construidas todos estos años no han sido desmanteladas.
Cualquier proceso que busque enfrentar el flagelo de la minería ilegal que vulnera los derechos de la naturaleza, deberá apostar por construir una institucionalidad que opere en el territorio. Sin un gobierno subnacional empoderado y fortalecido, con capacidades y recursos suficientes, es imposible que se pueda tener éxito. Por supuesto, ese gobierno regional deberá estar apoyado por la presencia de todas las dependencias del Estado nacional en el territorio.
Todo esto implica una cantidad importante de recursos económicos. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas ha decidido destinar partidas importantes a la región éste y los próximos años? No estamos hablando de recursos para sostener solamente el desplazamiento de las fuerzas policiales y militares; nos referimos sobre todo a los recursos que se necesitan para sostener una intervención integral del Estado peruano que permita revertir la situación actual y transformar en serio y a fondo el panorama actual.
Finalmente, no está de más recordar que todo esto deberá estar respaldado por una férrea voluntad política al más alto nivel. Un proceso sostenido deberá tener la capacidad de hacer frente a las respuestas de los grupos de poder que está enfrentando; hacer frente a conflictos sociales de envergadura que, seguramente, se presentarán en la región y al mismo tiempo disputar una base social de respaldo en el propio territorio. ¿El gobierno del señor Vizcarra y todo su gabinete están dispuestos a dar esa batalla? Hasta ahora, lo que se ha podido ver se parece mucho a una película que ya hemos visto varias veces en el país. Habrá que ver cuáles son los siguientes pasos.

Honduras

A sangre y fuego se impuso proyecto minero en El Guapinol

21/02/2019
Coalición Contra la Impunidad documenta caso e interpone denuncia ante el Ministerio Público

Alcalde de Tocoa revela en vídeo que el proyecto minero fue concesionado inicialmente a Los Cachiros

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Tegucigalpa.-“Hemos andado siempre en apoyo. Porque cuando nosotros mirábamos a la comunidad de El Guapinol, cuando el agua empezó a ensuciarse, no se podía hacer nada con esa agua, teníamos que comprar el botellón y el botellón cuesta 20 lempiras. Entonces no hallamos qué hacer. Parecía que habíamos batido un poco de lodo, de ese colorado…espeso. Y el agua en la pila ya empezaba a echar mal olor”.

Sus palabras calaron en medio de las tibias paredes de un hotel capitalino a defensores del medio ambiente y de derechos humanos, pobladores de comunidades en conflicto por la explotación de los recursos naturales y a la poca prensa que asistió. Era la introducción vehemente de doña María Victoria Del Cid, una mujer de más de 70 años, que pese a su avanzada edad sigue luchando por la defensa del Río Guapinol, ubicado en la comunidad de El Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón.

Con su cuerpo arqueado por el paso de los años, pero con su memoria lúcida, doña María contó cómo fue que en Tocoa se conformó el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Desde esta estructura comenzó—junto a varias mujeres y a unos “cuatro varones”, según sus propias palabras—a luchar por la defensa del rio Guapinol concesionado desde el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.

Guapinol

Doña María contó que estaba consiente que se reirían de ella y que esperaba que lo primero que dijeran, era: ¿esa viejita qué va a hacer?…Bueno, aunque sea andar haciendo bulla y animando, se respondió.

A los pocos días de haberse conformado el Comité, dijo que conoció al alcalde de Tocoa, Adán Funes, a quien le dejó claro que no necesitaba de su dinero para vivir y le expresó su incomodidad por sus posturas a favor de los proyectos mineros. Relató también, que ese mismo día, luego de concluir un evento público, persuadió a sus compañeros de lucha que el edil no haría nada por ellos, porque los políticos cuando ya tienen el dinero en la mano no se preocupan por el pueblo.

Doña María es firme en su mensaje y posturas, las que dice haber logrado por ayuda divina, porque apenas cursó el segundo grado. La longeva mujer habló en público durante un evento informativo donde se discutió sobre el conflictivo proyecto minero ASP y ASP1, instalado en la zona núcleo del Parque Nacional de Botaderos

La septuagenaria es testigo fiel del conflicto generado por la concesión del proyecto minero, que en los últimos años ha dejado al menos seis muertes de dirigentes comunales, contaminación del rio Guapinol, que suple de agua potable a los hogares de la comunidad, daños al ambiente en general en la zona núcleo y alrededores del Parque Nacional de Botaderos, establecida desde el año 2012 como zona protegida y ahora conocido como Parque Nacional Carlos Escaleras, en memoria del líder ambientalista Carlos Escaleras.

El Parque Nacional Carlos Escaleras es una zona de alta producción de agua. Allí nacen los ríos Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo, Rio Chiquito, Tinto o negro, entre otros.

El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del parque para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.

Área protegida

El Parque Nacional Montaña Botaderos fue creado en el año 2012, como área protegida con el fin de conservar y proteger los recursos naturales y culturales. El parque cuenta con una extensión de 96,755.4 hectáreas, de las cuales 24,223.7 conforman la zona núcleo y 72,531.7 la zona de amortiguamiento.

En diciembre de 2013, el diputado al Congreso Nacional por el departamento de Colón, Ricardo Díaz, introdujo un proyecto de decreto para reformar el Decreto 127-2012, que contiene la declaratoria del parque como área protegida. El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. Ahora la Zona núcleo se ve reducida de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos.

De manera maliciosa, pese a que el Parque Nacional ha sido declarado como área protegida, aún no ha sido inscrito en el Catálogo de Patrimonio Público Forestal Inalienable, bajo el alegato que dicho proceso es indispensable pero costoso. La Ley de Minería prohíbe otorgar derechos mineros en dicho catálogo, siendo esta la verdadera razón para no hacer la inscripción.

Otras de las arbitrariedades que se están cometiendo es la violación al Plan de Manejo del Parque que establece algunas restricciones a los proyectos mineros como: Procesos participativos de socialización con las comunidades a fin de que acepten y se involucren en las etapas del proyecto.

También prohíbe realizar actividades mineras en zonas de recarga hídrica o tomas de agua donde se abastecen las comunidades y la construcción de carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos u zonas de riegos.

Criminalización

El conflicto también ha dejado la criminalización contra decenas de personas, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como nuestra de ese estigma 18 personas que forman parte del “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, que se mantiene desde hace varios meses como acto de resistencia y protesta contra el proyecto minero, están siendo judicializadas, acusadas por los delitos de usurpación y daños, en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares”.

Los pobladores han sido arrinconados a los Juzgado con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad.

A raíz de las denuncias de los pobladores de El Guapinol, la Coalición Contra la Impunidad (CCI), integrada por 19 organizaciones de sociedad civil, se trasladó a la zona a realizar una visita in loco y constató en noviembre de 2018 que la concesión minera es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial por parte de empresas privadas.

Este miércoles la CCI presentó un informe en un hotel de Tegucigalpa, donde además de doña María se encontraban otros pobladores y dirigentes sociales. Seguido del evento, los abogados de la Colación, Edy Tábora, Carlo Jiménez y Allan Alvarenga, se trasladaron a las oficinas del Ministerio Público a presentar una denuncia por abuso de autoridad y omisión de las obligaciones de los funcionarios, alrededor del conflictivo proyecto minero.

La Coalición documentó y analizó el proceso, desde que se creó el Parque Nacional de Botaderos hasta el momento en que la municipalidad de Tocoa, Colón, otorgó el permiso de operación.

En todo el proceso hay distintas instituciones que están relacionadas con el otorgamiento del título minero de manera irregular. La denuncia identifica al Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin), la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales (Serna), la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), el Instituto de Conservación Forestal y la Corporación Munucipal de Tocoa, Colón.

La Coalición demandó a la Fiscalía que proceda al decomiso de todos los expedientes relacionados con la concesión e individualice cuál es la participación de los funcionarios en cada una de las instituciones del Estado.

Relación de hechos

El conflictivo proyecto minero surge en el año 2013. El 22 de abril de 2013 el apoderado legal de EMCO MINING COMPANY presentó solicitud de otorgamiento de una concesión minera no metálica, para la explotación y posteriormente explotación de óxidos de hierro. Dicha solicitud fue admitida en junio de ese mismo año, identificando la zona como ASP.

Posteriormente, en el año 2014 el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió un dictamen técnico (DPA-031-2014) declarando que el proyecto no era factible por estar en un área protegida y la Asesoría Legal recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales declarar sin lugar la licencia ambiental porque se encuentra localizado dentro de la zona núcleo y dentro del proyecto se encuentra una fuente de agua que abastece a las comunidades.

Más adelante, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), el 21 de mayo de 2014 emitió el Informe y Dictamen Técnico número 713/2014 mediante el cual se determinó la viabilidad ambiental del proyecto minero no metálico.

El 9 de mayo de 2014 el abogado Miguel Sánchez solicitó se dejará sin valor y efecto la opinión legal del ICF junto con los demás pronunciamientos de los departamentos que conforman el ICF. Luego y siguiendo las presiones de los empresarios, el 23 de junio de ese mismo año el ICF emitió el dictamen técnico OL-TOCOA-MDF-042-2014, concluyendo que el proyecto era factible.

Explotación minera

En ese juego de favoritismo, el 28 de enero de 2014 el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ingeomin) realizó la inscripción de la resolución que declara con lugar la solicitud de exploración y explotación del proyecto minero ASP ante el Registro Minero y Catastral, firmándose así el respectivo contrato de concesión minera no metálica.

A finales del 2014, el 29 de diciembre para ser exactos, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), emitió la licencia ambiental número 014-2014 a favor de EMCO MINING COMPANY, con una vigencia de cinco años. Y en enero de 2015 la corporación municipal de Tocoa, bajo el liderazgo del alcalde Adán Funes renovó el permiso de operación.

Narcotráfico

Sobre el proyecto minero de El Guapinol se ha dicho que inicialmente perteneció a la familia Rivera Maradiaga, líderes del cártel de “Los Cachiros”, extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“La participación de narcotraficantes no la tenemos documentado”, dijo el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) e integrante del grupo de abogados de la Coalición Contra la Impunidad, que hasta el momento ha analizado 300 folios de 1,268 en total.

El profesional del derecho respondió, además, que la Coalición está trabajando en una investigación para establecer cómo el derecho minero se ha ido trasladando de una empresa a otra para evadir responsabilidades.

Tábora dijo a CRITERIO que solo han revisado 300 folios por impedimento del Acuerdo Ministerial 1402-2018 de MiAmbiente, aprobado el 8 de agosto y publicado en el diario oficial La 17 de agosto de 2018, que declara en secretividad las licencias y otros trámites ambientales.

Los Cachiros

Mientras Tábora no ha logrado documentar la participación de narcotraficantes en las concesiones mineras, el propio alcalde de Tocoa, Adán Funes, confiesa, según un video publicado por las “Noticias de Colón”, que la concesión de EMCO MINING COMPANY, pertenecía a Javier Rivera.

En el contexto del video, Funes dice además: “esas concesiones aquí en el sector San Pedro eran de Javier Rivera Maradiaga y no creo que ustedes siendo de este sector, siendo amigos de Javier Rivera Maradiaga y de toda la familia Rivera, ustedes no se dieran cuenta que él había solicitado esas concesiones, incluso la de allá, arriba de La Laguna, esa era de Javier Rivera”.

Funes reclama a sus partidarios que ahora que Javier Rivera Maradiaga se encuentra recluido en una cárcel de Nueva York nieguen su amistad. “Se lo llevaron los gringos y los que nos afanábamos de decir que éramos amigos de él, ahora no lo conocemos, ahora le damos la espalda a un amigo que le dio respaldo a estas comunidades”, dijo el edil durante una reunión de cabildo abierto de consulta en la comunidad de San Pedro, Tocoa.

El Parque Nacional Carlos Escaleras es una zona de alta producción de agua. Allí nacen los ríos Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo, Rio Chiquito, Tinto o negro, entre otros.

https://criterio.hn/2019/02/21/a-sangre-y-fuego-se-impuso-proyecto-minero-en-el-guapinol/

Mexico

Chinconquiaco Libre de Minería

México, 20 de Febrero de 2019
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), queremos hacer llegar nuestra
felicitación llena de alegría, por la dignidad y firmeza que mostraron 13 comunidades del Municipio de
Chinconquiaco, Veracruz el pasado 10 de Febrero en la Comunidad del Huérfano; en donde llevaron a cabo una
asamblea con alrededor de mil mujeres y hombres valientes, que con coraje rechazaron la entrada de cualquier
proyecto minero. En especial repudiaron las concesiones otorgadas por Enrique Peña Nieto dentro de su
territorio.

En esta Asamblea decidieron declarar a Chinconquiaco como Territorio Libre de Minería, con el respaldo
de 11 actas de asamblea y así sumarse a la lucha contra los proyectos mineros que han demostrado en todo el país
que lejos de traer algún beneficio a las comunidades solo representan una gran amenaza que trae consigo
despojo, devastación, contaminación y muerte.
Hermanas y hermanos de Chinconquiaco les abrazamos desde los distintos lugares del país donde la REMA tiene
presencia y queremos agradecer este gran paso que han dado por defender su territorio, porque la lucha es por
la vida, por la felicidad de nuestras familias y el futuro de los que aún no nacen. Lo que han hecho nos anima a
seguir luchando pues estamos convencidas/os que vamos por el camino correcto. Tengan la seguridad de que
estaremos con ustedes en esta lucha.

!Por más Territorios Libres de Minería!

¡Cancelación total a las Concesiones Mineras en México!

¡No más Proyectos de Muerte!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)

Perú

Minería ilegal: Perú invertirá US$60 millones en zona deforestada de la Amazonía

Perú es el primer productor de oro de Latinoamérica y el sexto a nivel mundial. Los expertos calculan que hasta una cuarta parte de la producción anual del metal dorado proviene de la minería ilegal.
21 de febrero del 2019

(El Comercio) Perú invertirá alrededor de US$60 millones en una zona clave de la Amazonía cercana a Brasil y Bolivia cuyos bosques tropicales fueron deforestados por una fiebre de oro que atrajo a miles de mineros ilegales durante más de una década.

La titular del Ministerio de Ambiente (Minam), Fabiola Muñoz, dijo en una entrevista con la radio local, Madre de Dios, que el gobierno invertirá esa cantidad de dinero en los próximos dos años en diversos sectores y donde dos tercios será usado en actividades productivas y de formalización de alrededor de 4.500 mineros que decidan trabajar en zonas permitidas por el Estado y que se comprometan a no fomentar la trata de personas, el trabajo infantil y abandonar el uso del mercurio, que para extraer el metal dorado provoca la contaminación de los suelos.

El martes Perú suspendió 60 días varios derechos constitucionales y lanzó un operativo en la Amazonía para desalojar a miles de mineros ilegales de un área de 10.000 hectáreas llamada La Pampa, donde no se puede realizar minería porque forma parte de una zona de amortiguamiento de una reserva natural. El gobierno también trasladó a una brigada del ejército hasta la Amazonía, que tendrá tres bases para proteger los bosques de próximas incursiones de mineros ilegales.

Luis Vera, jefe policial de medio ambiente, dijo a periodistas que cerca de La Pampa y junto a una carretera que conecta Brasil y Perú existían unos mil negocios ilícitos donde se vendía mercurio, combustible, oro, cerveza, pero también se esclavizaba sexualmente a mujeres en bares y discotecas. Están en “zonas ilegales” de una reserva natural del estado, indicó Vera.

De acuerdo con los expertos, la minería ilegal es fuente de otros delitos, entre ellos la trata de personas, el sicariato, el narcotráfico y el lavado de activos. El gobernador regional Luis Hidalgo indicó el miércoles a radio Exitosa que, por estar cerca de la frontera con Bolivia y Brasil, la región Madre de Dios se ha convertido en una zona de paso de la droga hacia Brasil, el segundo consumidor mundial de cocaína, de acuerdo a Naciones Unidas.

Perú es el primer productor de oro de Latinoamérica y el sexto a nivel mundial. Los expertos calculan que hasta una cuarta parte de la producción anual del metal dorado proviene de la minería ilegal.

Minería ilegal: Perú invertirá US$60 millones en zona deforestada de la Amazonía

Perú

Fuerzas del orden lanzan operativo en La Pampa

Madre de Dios: fuerzas del orden lanzan operativo en La Pampa, zona tomada por mineros ilegales
Unos 1.500 agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas inician una operación sin precedentes, llamada Mercurio 2019, que consta de dos etapas que tomarán más de seis meses.
PUBLICADO: 2019-02-19
Unos 1.500 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas iniciaron hace este martes la operación Mercurio 2019, dirigida contra la minería ilegal en la zona conocida como La Pampa, que está tomada por mineros ilegales, en la región Madre de Dios.

El jefe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de la Policía, general Luis Vera, explicó que esta acción consta de dos etapas y se desarrolla en el marco de una operación sin precedentes contra la minería ilegal en esta zona del país.

La primera etapa durará 14 días y se ejecuta en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, precisó el alto mando. Agregó que comprenderá una serie de acciones en contra de la minería ilegal y delitos conexos, como el tráfico de drogas, la trata de personas, la explotación sexual, la explotación laboral infantil, la evasión de impuestos, entre otros.

En esta primera etapa, los miembros de la fuerza del orden realizarán labores de apoyo como protección de locales públicos. Las personas rescatadas, víctimas de explotación laboral y sexual serán puestas a disposición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para garantizarles atención especializada.

La segunda etapa, explicó el general Vera, será la de consolidación y tendrá una duración de 6 meses, lo que permitiría que la Policía Nacional se instale de manera permanente en La Pampa y controle las actividades de la zona, incluido el tránsito en la carretera.

https://redaccion.lamula.pe/2019/02/19/madre-de-dios-fuerzas-del-orden-lanzan-operativo-en-la-pampa-zona-tomada-por-mineros-ilegales/redaccionmulera/

Chile

SMA formuló cargos contra SCM Lumina Copper Chile

Se determinaron 18 hechos de infracción contra la empresa, 11 de ellos clasificados como graves. La minera podría ser objeto de revocación de la RCA, clausura temporal o definitiva, o de una multa de más de $35.938 millones.

Publicado el 19 de febrero del 2019
MINERÍA CHILENA
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en contra de SCM Lumina Copper Chile S.A., por infracciones a las disposiciones establecidas en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), tanto del proyecto minero Caserones, como de la línea de transmisión eléctrica necesaria para el desarrollo del mismo.

Según comunicó la SMA, este procedimiento sancionatorio incorpora una serie de denunciantes que informaron a la Superintendencia respecto de incumplimientos en que habría incurrido el titular, sobre distintas materias. Entre ellas, destacó la sobre-extracción de aguas en pozos autorizados para la remediación de infiltraciones de aguas de contacto desde depósitos de relaves, la construcción y operación de pozos no autorizados para el mismo fin, la no entrega de aguas desaladas en el caudal comprometido en Caldera y en el canal Mal Paso, entre otras.

“Adicionalmente, la formulación de cargos considera infracciones asociadas a la falta de respuesta a requerimientos de información y cumplimiento parcial de medidas dictadas por esta SMA, con ocasión del primer procedimiento sancionatorio a que fue sometido la empresa (http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Ficha/61), y respecto del derrame de lamas ocurrido con fecha 20 de marzo de 2018″, indicó la autoridad.

A estos cargos se agrega la construcción de zanjas cortafugas de los depósitos de relaves, “sin cumplir con las condiciones establecidas en la evaluación ambiental del proyecto, lo que implicó una infiltración permanente desde esa obra, lo que causó un daño ambiental al acuífero del sector”, añadió.

18 hechos, 11 graves
El procedimiento sancionatorio determinó 18 hechos de infracción contra la empresa, de los cuales 11 fueron clasificados como graves y 7 como leves, por lo que la minera podría ser objeto de revocación de la RCA, clausura temporal o definitiva (en el caso de las infracciones graves) o de una multa de hasta 62.000 unidades tributarias mensuales (UTA), equivalente a más de $35.938 millones.

Tras la notificación de esta formulación de cargos, SCM Lumina Copper Chile S.A. tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos respectivos.

Para acceder a los detalles de la formulación de cargos en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA): http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Ficha/1851.

SMA formuló cargos contra SCM Lumina Copper Chile

Perú

Madre de Dios: inician megaoperativo contra minería ilegal

19/02/2019
Cooperaccion
Imagen: El Comercio
El Gobierno central estableció el estado de emergencia en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata, de la región Madre de Dios, por un plazo de 60 días. La medida fue dispuesta el lunes por la Presidencia del Consejo de Ministros por medio del decreto supremo Nº 028-2019-pcm, con la firma del presidente Martín Vizcarra.

Según la norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, también se establece la suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales como relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

La norma salió en la víspera de la intervención de las Fuerzas Armadas (Policía y Ejército del Perú) a la zona denominada La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, para erradicar la minería ilegal. Desde hace algunos años, la zona denominada “La Pampa” -en Madre de Dios- es conocida por ser el lugar más afectado por la minería ilegal del país. Deforestación, contaminación del suelo y agua, trata de personas, explotación laboral, entre otros delitos, han sido el pan de cada día en este lugar que además se ubica en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Se informó que la minería ilegal en Madre de Dios ha generado una deforestación de 11,000 hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

El mega operativo “Mercurio 2019”
A primera hora del día martes 19 de febrero las patrullas conjuntas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas iniciaron la operación Mercurio 2019, dirigida contra la minería ilegal en la zona. El general PNP Luis Vera, titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente de la Policía, explicó que esta operación, que consta de dos etapas, se desarrolla en el marco de una operación sin precedentes contra la minería ilegal en esta zona del país.

El operativo, se realizará en etapas. Primero se desalojará a los comerciantes y mineros de los kilómetros 106 al 108 de la carretera Interoceánica, en 15 días. Será ejecutado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y comprenderá acciones contra la minería ilegal y delitos conexos, como el tráfico de drogas, trata de personas, explotación sexual, explotación laboral infantil, evasión de impuestos, entre otros. Asimismo los miembros de las Fuerzas Armadas realizarán labores de apoyo como protección de locales públicos. Las personas rescatadas, víctimas de explotación laboral y sexual serán puestas a disposición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para garantizarles atención especializada.

La segunda etapa, llamada de consolidación, tendrá una duración de 6 meses y permitiría que la Policía Nacional se instale de manera permanente en la zona de La Pampa controlando las actividades de la zona, incluido el tránsito en la carretera. Se instalará una base militar en la zona para evitar el reingreso de los mineros.

Finalmente, la tercera fase tiene que ver con la consolidación y sostenibilidad del plan, que durará dos años. En esta fase también se incluye el proceso de formalización minera. El plan también contempla el fomento de actividades productivas más sostenibles como el turismo, acuicultura, reforestación, entre otros.

En la operación participan 1,272 agentes de la Policía Nacional de 16 unidades especializadas de diversas partes del país; además de peritos de Criminalística y de la Unidad de Explosivos, 300 miembros de las Fuerzas Armadas, y 70 representantes de Ministerio Público. Durante la operación de control se realizarán intervenciones por aire, tierra y fluviales, través del río Malinowski.

Este operativo forma parte del “Plan integral frente a la minería ilegal en Madre de Dios”, una iniciativa multisectorial que busca terminar las actividades delictivas en la zona, rescatar a personas víctimas de trata o explotación laboral, instalar una base militar temporal para evitar el reingreso de mineros y, finalmente, iniciar una etapa de formalización de la minera artesanal. En este plan participarán los ministerios de Defensa, Interior, del Ambiente, Energía y Minas, Transportes, Justicia, Salud, además de la Fiscalía, Sunat, entre otros.

Formalización de la minería
Por su parte el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, sostuvo que el Gobierno tiene como meta formalizar a 10,000 mineros artesanales a nivel nacional este año. Agregó que, en el 2018, sobrepasaron los 6,000 mineros formalizados, superando a los 5,000 del 2017.


Imagen: El Comercio

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se refirió a Madre de Dios como una región del país en donde existe muchos pequeños mineros que formalizar y minería ilegal que erradicar. Señaló que, por ello, a fines del año pasado se inauguró el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica privado Minería y Medio Ambiente (CITE Minero), que busca brindar apoyo y nuevas tecnologías a los mineros pequeños y artesanales, en vías de formalización. En ese sentido, Francisco Ísmodes, manifestó que en La Pampa no está permitida la actividad minera y el objetivo es recuperar la zona para desarrollar otras actividades legales que generen empleo y prioricen la protección del ambiente de nuestra Amazonía.

Por otro lado, sostuvo que esta acción no significa que no existan otras zonas en Madre de Dios en las que sí se pueda desarrollar minería. “Existe una zona conocida como el corredor minero y ahí, estamos trabajando como ministerio para fortalecer y acelerar el proceso de formalización de los minero pequeños y artesanales. Este año esperamos tener no menos de 1,500 trabajadores formalizados, pues ahora ya contamos con el apoyo del Gobierno Regional”, indicó.

Chile

Relave El Mauro sepultó un valle de petroglifos

Cómo minera Los Pelambres destruyó gran parte del patrimonio diaguita
Michael Lieberherr & Lila Osorio
15/02/2019
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Tranque de relave El Mauro. Imagen extraída de Minería Chilena.

Con el fin de obtener los permisos para construir el relave minero más grande de Sudamérica, la empresa del Grupo Luksic manipuló estudios arqueológicos. Expertos afirman que se trata de la mayor pérdida de patrimonio precolombino en Chile, a pesar de que la compañía construyó un pequeño museo en que se alojan algunos objetos rescatados.

El valle de El Mauro, en la región de Coquimbo, se extiende de mar a cordillera a la altura de Los Vilos, y corresponde a una zona de asentamiento diaguita, uno de los pueblos precolombinos de Chile, quienes tienen presencia en el lugar desde el año 900 d.c. El valle se caracteriza por ser el lugar donde este pueblo andino plasmó uno de sus mayores legados: una serie de más de 2.700 petroglifos dispuestos en casi 500 lugares diferentes, que resultan clave para la comprensión arqueológica e histórica de su pasado precolombino.

A 25 kilómetros de Los Vilos, hacia la cordillera de los Andes, se ubica El Mauro, una localidad homónima al valle, que hoy sirve de base para la operación del relave del mismo nombre. En este lugar se depositan los deshechos tóxicos de Minera Los Pelambres del Grupo Luksic, que es también donde se concentra buena parte de todo el patrimonio de petroglifos diaguitas.

La historia parte en 2003, cuando Los Pelambres intentaba que fuera autorizada la construcción del tranque El Mauro, para lo que se comprometió -entre otras cosas- por medio de una resolución de calificación ambiental de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de La Serena, a construir un parque rupestre, donde se albergarían todas las piezas arqueológicas encontradas en la zona en la que se construiría el tranque. Este lugar, además, debía estar acondicionado para el estudio antropológico y arqueológico de las piezas.

“Los elementos arqueológicos rescatados desde los sitios intervenidos por el proyecto […] serán exhibidos en el parque rupestre que el titular ha propuesto construir en el fundo Monte Aranda. Dicho parque estará acondicionado con la antelación necesaria para recibir el material arqueológico procedente de los rescates, permitiendo su estudio en gabinete y poder planificar la exhibición de los materiales en condiciones apropiadas”, se afirma en el documento de compromiso.

Lo que no podía ser trasladado era un conjunto de más de 200 petroglifos diaguitas que se encuentran solo en los alrededores de la localidad El Mauro, los que están protegidos desde 1970 bajo la categoría de monumentos nacionales.

Se fue llenando de mercurio, arsénico, plomo y sales de cianuro, entre otros componentes tóxicos, en la misma medida en que se vaciaba de petroglifos la zona.

Sin embargo, el gran problema es que este parque fue creado con una tardanza de 14 años e incumpliendo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Además, hay un segundo museo -que también incumple la RCA- que se está construyendo en La Serena, a 300 kilómetros de distancia, lo que significó terminar sacando de El Mauro las piezas arqueológicas diaguitas encontradas, las que, a su vez, en todo ese tiempo, sufrieron irreparables daños, al punto en que hoy no se sabe a ciencia cierta ni siquiera cuántas son.

Lo que sí se construyó en 2004 fue el tranque El Mauro, el más grande de Sudamérica, con un muro de 1,4 kilómetros, una superficie de 1.800 hectáreas y una capacidad de 1.700 millones de toneladas, la que se fue llenando de mercurio, arsénico, plomo y sales de cianuro, entre otros componentes tóxicos, en la misma medida en que se vaciaba de petroglifos la zona.

Arqueólogos en la planilla de pago de Pelambres

Apenas se enteró que el arqueólogo Gastón Castillo, en ese entonces funcionario de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) de La Serena había sido contratado por Los Pelambres para levantar la información patrimonial de la zona y después emitiera un informe favorable a la edificación del tranque, el arqueoastrónomo Patricio Bustamante decidió intervenir. Llegó hasta la zona de relave y constató que hay una serie de petroglifos que no están en el informe.

“En 10 minutos vimos 10 petroglifos. Si no estaban contabilizados, quiere decir que el mapa del informe estaba mal. Hicimos junto a otro arqueólogo la denuncia al Consejo de Monumentos, el cual exigió hacer un nuevo estudio”, cuenta Bustamante.

El problema escaló a Contraloría, pues desde 1997 Castillo venía realizando trabajos esporádicos para la minera, en circunstancias en que era funcionario público, lo que representa un claro conflicto de intereses. Así lo corroboró el órgano contralor en agosto del 2010, tras recibir una carta de Bustamante, que denunciaba que el trabajo de la minera incumplía la RCA, lo que le valió a Castillo un sumario, que culminó con su renuncia voluntaria a la Dibam y una anotación de demérito en su hoja de funcionario público. Estas anotaciones son aquellas que dejan constancia de cualquier acción u omisión del empleado que implique una conducta o desempeño funcionario reprochable.

Desde 1997 Gastón Castillo venía realizando trabajos esporádicos para la minera, en circunstancias en que era funcionario público, lo que representa un claro conflicto de intereses.

El informe de Contraloría no solo mencionó el caso de Castillo, sino que también el de Cristián Becker, quien también trabajó en paralelo en la Dibam y para Pelambres, a quien se sancionó con la disminución de su sueldo y también una anotación de demérito.

El caso llegó hasta la misma directora de la Dibam y vicepresidenta del Consejo de Monumentos Nacionales de entonces, Nivia Palma, quien la Contraloría en otro informe de 2012 sancionó con puntos de demérito por no ejercer ninguna acción teniendo la información del caso. “A doña Nivia Palma Manríquez, Directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y Vice Presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, RUN N° 7.441.543.-1, la medida disciplinaria de censura y una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente, establecida en los artículos 121, letra a), y 122 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo” señala el informe de contraloría.

Por su parte Palma, que fue directora de la Dibam entre 2006 y 2010, se defiende. “Esta situación habría ocurrido en el proceso anterior al que yo era directora de la Dibam, y al final tuvo algunas sanciones por parte de la Contraloría. La persona [Castillo] se fue de la Dibam”, dice. Años después, en 2016, fue designada como ministra de Bienes Nacionales

100 arqueólogos y una nebulosa

Como el informe de Castillo no era útil y se requirió un segundo, Los Pelambres contrató a más de 100 arqueólogos y cerca de 150 estudiantes de arqueología para realizar un nuevo estudio. El proyecto se desarrolló entre los años 2005 y 2006, y es denominado en la página web del Parque Rupestre Monte Aranda como el “mayor rescate de piezas arqueológicas de la historia de Chile”, con más de 100 sitios arqueológicos distintos y unos 500 petroglifos

Pese al hallazgo, no hubo un nuevo estudio de impacto debido a que el proyecto ya estaba aprobado en la RCA-038 y para realizar uno nuevo debían presentar de nuevo el proyecto. Así, la construcción del relave continuó su marcha sin inconvenientes.

“Es un sitio que no puede ser alterado porque no sabemos interpretarlo, nadie sabe qué significan los petroglifos. Con qué derecho destruimos cosas que no sabemos”, dice el arqueoastrónomo Patricio Bustamante.

“Es un sitio que no puede ser alterado porque no sabemos interpretarlo, nadie sabe qué significan los petroglifos. Con qué derecho destruimos cosas que no sabemos. Aquí llegaron seres humanos que nos dejaron algo escrito, y antes de leerlo lo estamos destruyendo. ¿Qué van a hacer los arqueólogos del futuro? Se van a sentar a leer los libros que estaban mal hechos”, dice Bustamante.

Además, el estudio de los arqueólogos sufrió bastantes complicaciones en su desarrollo, la mayoría surgidas porque las instalaciones comprometidas en Monte Aranda no estaban construidas cuando comenzaron con la remoción de piezas arqueológicas, lo cual contravino los compromisos contraídos. Ante ello, Patricio Bustamante escribió cartas a la contraloría.

De tal modo, la falta de un espacio adecuado de acopio y preservación llevó a que las piezas arqueológicas se guardarán en lugares que no cumplían con las condiciones mínimas, lo que significó un daño para diversas piezas arqueológicas y eventualmente la pérdida de algunas de éstas.

No se sabe a ciencia cierta si hay pérdidas de piezas, pues pese a que el trabajo exigido a los arqueólogos en terreno fue llenar a mano fichas con información de cada pieza y luego respaldar dichas fichas en computadores, cuando el proyecto terminó, parte de estas fichas se perdieron, al igual que la información digitalizada.

“Se empezaron a perder las fichas y nos enteramos que a los arqueólogos se les olvidó respaldar la información de los computadores. La información que quedó, cuando llegó gente de la minera, fue borrada en gran parte de los computadores. Se perdieron 2/3 de los datos”, afirma Bustamante.

Este hecho generó una total nebulosa respecto de las piezas arqueológicas catastradas. En el año 2005 se presenta la “Caracterización, Plan de Mitigación y Compensación Arqueológica de la Plataforma y Botadero Relaveducto y Recirculación de Aguas”, documento que señala que existe un registro de 22 sitios arqueológicos que incluyen 448 bloques, 765 paneles y 2.788 petroglifos. En el primer informe entregado por el Consejo de Monumentos Nacionales el año 2003 (dentro de la auditoria e inspección de la contraloría del año 2006, disponible en la carpeta de pdfs públicos), se habla de 64 sitios arqueológicos sin mencionar cuántos petroglifos hay. Además, en ese mismo informe se adjunta una tabla que demuestra las múltiples diferencias en los registros.

El informe de la Contraloría del año 2012 reconoce que “no existe un detalle en el Consejo de Monumentos Nacionales sobre el total de material arqueológico extraído desde el fundo El Mauro, así como tampoco las unidades llevadas a las dependencias de la Universidad de Chile (traslado que se realizó dado que las instalaciones de Monte Aranda no estuvieron listas a tiempo)”.

Por su parte, el sitio web del Parque Rupestre Monte Aranda habla de 250 piezas en una parte y luego de 241 en otra, contribuyendo a la incertidumbre respecto del total de piezas en cuestión.

A este caos favoreció también un manejo totalmente inadecuado de las piezas, las que fueron indistintamente guardadas en cajas, casas particulares y lugares de acopio temporales. Esto constituyó múltiples infracciones, confirmadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, la que sancionó a Pelambres en 2014 con más de 1.200 millones de pesos (2.595 UTM), ya que “incumple gravemente las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo previsto en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental”.

Nuevo museo, nuevas infracciones

En septiembre del 2018, Minera Los Pelambres comenzó la construcción de un museo de conservación en La Serena donde, se guardarían más de 1.400 cajas con material arqueológico rescatado.

“Con esto se amplía la red de espacios de conservación e investigación arqueológica existentes en Chile, a la vez que ponemos en valor el patrimonio arqueológico de la Provincia de Choapa”, dijo a El Mercurio, Jorge Araneda, gerente de Asuntos Públicos de Los Pelambres.

Este museo está a 300 kilómetros de Monte Aranda, el lugar original donde debía hacerse el parque y el museo para los petroglifos, lo que contradice el compromiso frente a la Corema.

El problema estriba en que este museo está a 300 kilómetros de Monte Aranda, el lugar original donde debía hacerse el parque y el museo para los petroglifos, lo que contradice el compromiso frente a la Corema y por el cual se autorizó la edificación del tranque El Mauro.

La confirmación de que existen más de mil cajas con petroglifos que no están en Monte Aranda y que se trasladarán a La Serena, pone nuevamente en evidencia las contradicciones de la minera. ¿Dónde están guardadas las piezas arqueológicas que pretenden trasladar?

Unos 300 kilómetros más lejos, en El Mauro, Cristián Flores, vocero de la comunidad maurina, manifiesta su dolor por la pérdida, saqueo y desalojo sufrido por los habitantes del sector. “Lo que hizo Minera Los Pelambres con nosotros en El Mauro fue un atropello tremendo. Desarraigarnos, quitarnos toda nuestra cultura, nuestra historia. La gente que hizo esos petroglifos, que dejó esas cartas abiertas en las piedras fueron nuestros antepasados”, dice.

Durante varias semanas INTERFERENCIA trató de contactarse con la compañía minera para obtener su visión de estos hechos. Nunca obtuvimos respuesta.

https://interferencia.cl/articulos/como-minera-los-pelambres-destruyo-gran-parte-del-patrimonio-diaguita

Chile

Este es el decreto que el gobierno retiró para reducir Parque Patagonia y entregar terrenos a mineras

Isabel Reyes B.
Pedro P. Ramírez Hernández
20/02/2019

INTERFERENCIA accedió al documento que a fines del gobierno de Michelle Bachelet concedía 309,5 mil hectáreas al parque y que no fue considerado por Felipe Ward, actual ministro de Bienes Nacionales. Según Nivia Palma, la ex titular de la cartera, el asunto de fondo siempre fue la entrega o no de territorio para una minera australiana.

Tras la investigación de INTERFERENCIA que reveló la reducción del Parque Nacional Patagonia en casi 5 mil hectáreas y cuya modificación significó la instalación de exploraciones mineras por parte de la empresa australiana Equus Mining, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, salió en su defensa y desmintió la información entregada por este medio, calificando la publicación como una fake news.

A través de su cuenta personal en Twitter y un comunicado de prensa, el secretario de Estado, explicó que la superficie final del Parque Nacional Patagonia, aprobada durante la actual administración, sería mayor a la definida por el gobierno anterior.

En su justificación, Ward aludió a que la extensión suscrita por la administración de Michelle Bachelet para el Parque Nacional Patagonia fue de 302.335 hectáreas, por lo que el decreto del gobierno actual, en este caso, sería mayor ya que alcanza 304.525,75 hectáreas.

Con esto, Ward desestimó el dato ofrecido por INTERFERENCIA, que señala que hubo un decreto que ofrecía al parque 309.445 hectáreas.

Sin embargo, el decreto existió y puede ser consultado al final de este artículo. Se trata del Decreto Supremo N°3, ingresado el 12 de febrero de 2018, el que -aunque no alcanzó a tener toma de razón por parte de Contraloría- es posterior al documento del 10 de abril de 2017, que es al que ha aludido el ministro como la propuesta del gobierno de Bachelet.

Según información solicitada a través de transparencia a Contraloría, el Decreto Nº3 fue retirado sin tramitar por el ministerio de Bienes Nacionales el 16 de noviembre de 2018. Ese mismo día, el nuevo gobierno ingresó la nueva propuesta.

Palma vs Ward

Consultado por INTERFERENCIA por este antecedente, el ministro Ward indicó que el único documento válido para él, es la resolución del Comité de Ministros del 10 de abril de 2017, pues el decreto de febrero de 2018 no cuenta con la toma de razón de Contraloría.

“Uno no puede aprobar algo en un Comité de Ministros y luego llevar un tema distinto a la Contraloría. Ahí se equivocan ellos”, dice Felipe Ward sobre las dos propuestas del gobierno de Bachelet.

“Nunca he escuchado una explicación de por qué la diferencia entre 302 mil y 309 mil hectáreas [la diferencia que hay entre los dos propuestas elaboradas por la administración Bachelet]. Uno no puede aprobar algo en un Comité de Ministros y luego llevar un tema distinto a la Contraloría. Ahí se equivocan ellos. El único documento formal con el cual se crea o se intenta crear el Parque es la resolución de Comité y ahí hay una sola cifra que son 302 mil hectáreas”, asevera.

Por su parte, la ex ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, acusó a Ward de “faltar a la verdad”. Según Palma no es cierto el argumento de su sucesor en el cargo. “Los decretos no deben pasar de nuevo por el Comité de Ministros. Si la tesis del ministro Ward fuera verdadera, el contralor no habría tomado razón de todos los decretos anteriores de los otros parques y el gobierno actual los habría retirado todos”, dice Palma.

“Me molesta que aquí se está mintiendo para ocultar una decisión política de favorecer un proyecto minero en una zona que estaba incluida en el Parque Patagonia”, dice Nivia Palma.

“El terreno ingresado por la presidenta Bachelet era sobre las 309 mil hectáreas. El ministro Ward sacó 5 mil hectáreas básicamente para permitir que allí se lleve adelante el proyecto minero. Aquí no hubo un problema de límites, eso estaba súper claro. Me molesta, con el respeto que le tengo al ministro Ward, que aquí se está mintiendo para ocultar una decisión política del gobierno del presidente Sebastián Piñera de favorecer un proyecto minero en una zona que estaba incluida en el Parque Patagonia. Así de claro”, sentencia Palma.

Palma además asegura haber recibido presiones durante su gestión para proteger la misma zona donde hoy se encuentra la exploración minera.

“Tanto el diputado Sandoval [UDI] como autoridades locales y empresarios, hicieron un duro lobby frente a nuestro gobierno. Recibí muchas llamadas, peticiones de reuniones y fuertes presiones cuando fui a la región de Aysén para acoger la exclusión de estas cinco mil hectáreas. La decisión de la presidenta y la mía como ministra de Bienes Nacionales fue no aceptar las exigencias para llevar ahí proyectos mineros. Por eso es que el parque quedó con 309 mil hectáreas”, dice Palma.

Problemas también le ha traído a Nivia Palma los argumentos de su sucesor en el cargo, Felipe Ward, respecto a las razones para cambiar el trazado del proyecto de creación del Parque Nacional Patagonia.

“Heredamos un problema y por ello tuvimos que sentarnos a redefinir los límites del Parque. Tuvimos que excluir propiedad privada que había sido incluida erróneamente y aun así logramos que la cantidad de hectáreas protegidas sea mayor”, escribió Ward en un comunicado ampliamente difundido.

Palma se refirió a la responsabilidad que le han atribuido por los supuestos errores acusados por Ward.

“En Bienes Nacionales hay equipos técnicos permanentes, cambian los gobiernos y los equipos quedan exactamente igual. Entonces creo que no es correcto echar la culpa a un tema de imperfecciones por una decisión política. Eso es grave”, dice.

https://interferencia.cl/articulos/este-es-el-decreto-que-el-gobierno-retiro-para-reducir-parque-patagonia-y-entregar

Chile

Minera multinacional inscribió más de 50 mil hectáreas en la Patagonia para explotar oro

20.02.2019 cnnchile
La compañía Newmont, actualmente posicionada como la industria de oro más grande del mundo, tiene puesta su atención en la zona de la Región de Aysén

182 solicitudes para explotar más de 50 mil hectáreas en la zona de la Patagonia de la Región de Aysén inscribió la empresa estadounidense Newmont, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial el pasado 10 de enero de este año.

Los terrenos que fueron inscritos por la minera se encuentran cerca de la frontera con Argentina, una zona caracterizada por sus bosques de lenga y ñire, además de su patrimonio arqueológico y paleontológico, según da cuenta el medio local Interferencia.

El 15 de enero de este año Newmont adquirió a su rival, la canadiense GoldCorp, transacción que la convirtió en la minera de oro más grande del mundo.

GoldCorp ha desarrollado en Chile los proyectos Nueva Unión (Alto del Carmen) y Norte Abierto (Tierra Amarilla), ambos en la Región de Atacama, además de mantener en la región de Aysén concesiones de exploraciones en el sector El Estero, a cerca de 15 kilómetros al noroeste de Puerto Ingeniero Ibáñez.

El medio precisa que ambas firmas han tenido que enfrentar conflictos socioambientales y denuncias por violaciones a los derechos humanos en proyectos que han impulsado en países como Perú, Guatemala, Honduras y México.

Uno de los casos más polémicos es lo que sucedió en Guatemala, país donde la compañía GoldCorp operó por más de una década a través de la mina Marlin. Tras diversos hechos, como la muerte de un hombre que fue quemado vivo por trabajadores de la empresa y episodios de contaminación de ríos, se decidió cerrar la mina en mayo de 2017.

https://www.cnnchile.com/pais/minera-newmont-hectareas-patagonia-or_20190220/