Perú

Salvador del Solar favoreció a mineras cuando fue ministro de Cultura

Tal como lo denunciamos el lunes 11 de marzo a través de una nota de prensa y adjuntando un informe; el mismo día de la juramentación del nuevo presidente del Concejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar; el día de hoy, el Semanario Hildebrandt en sus 13, confirmó que Salvador del Solar, en ese entonces ministro de Cultura, se reunió entre enero y febrero del 2017 con varios miembros del Tribunal Constitucional (TC): el presidente del TC, Manuel Miranda Canales, y su sucesor Ernesto Blume Fortini; y los magistrados Eloy Espinosa Saldaña y Carlos Ramos Nuñez; con el objetivo de que el TC rechace la demanda de amparo presentada por la comunidad campesina quechua Arboleda en contra del Ministerio de Energía y Minas por omisión de la consulta previa ante las concesiones mineras en la zona de Tiquicalla, Puno. Zona donde se encuentran las Chulpas de Sillastani, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El ahora premier Salvador del Solar acudió a esas reuniones junto al ex ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

El objetivo era influir en el voto de 4 vocales porque dos vocales ya habían manifestado su decisión de votar en contra y a favor de la consulta: José Sardón de Taboada en contra y Marianella Ledesma a favor; señaló uno de los magistrados que estuvo presente en esas reuniones, fuente de Hildebrandt en sus 13.

La respuesta del Ministerio de Cultura el 2017

La Red Muqui, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, enviaron una carta al Ministerio de Cultura el 28 de junio del 2017, señalando una serie de preguntas frente a las informaciones que habían llegado en ese entonces sobre una interferencia del ahora premier ante los magistrados del TC cuando se desempeñaba como ministro de Cultura.

En carta de respuesta a fines de agosto, el Ministerio de Cultura (MINCUL), a través del viceministerio de interculturalidad, precisó que efectivamente se habían reunido con los magistrados del TC para garantizar que el contenido del derecho a la consulta se dé de acuerdo al ordenamiento jurídico. “Desde el Ministerio de Cultura se realizaron diligencias al Tribunal Constitucional con la finalidad de entrevistarse con los miembros del referido órgano constitucional y exponer la necesidad e importancia del Ministerio de Cultura en dicho proceso, ello conforme al marco normativo vigente”. Y también adjuntaron una serie de argumentos de por qué no se debería aplicar la consulta previa antes de que el Ministerio de Energía y Minas otorgue las concesiones mineras: “la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada y desnaturalizaba el derecho colectivo”.

Sin embargo, no dijeron si fue el procurador o el propio Ministro de Cultura Salvador del Solar, quién se reunió con los magistrados del TC. “Nos han respondido, sin negar o desmentir que el propio ministro de Cultura se ha reunido personalmente con los magistrados del TC”, señalamos en el informe que hicimos público el 11 de marzo a través de una nota de prensa, adjuntando la respuesta del MINCUL.

“¿Puede el Ministro de Cultura, cuyo Viceministerio de Interculturalidad se encarga de promover la política pública, abogar contra la consulta previa de una concesión minera?”

“¿A quién corresponde el patrocinio legal de los casos del Ministerio de Cultura, al Ministro de Cultura o al Procurador de dicho Ministerio?”, preguntó Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, quién defiende el caso de la comunidad campesina Arboleda de Puno.

Y respondió: “Es evidente que no es competencia del Ministro de Cultura Salvador del Solar, la defensa judicial de los intereses del Ministerio de Cultura. No lo han nombrado ministro para eso.Su entrevista con los magistrados del TC constituye no solo un acto de inconducta funcional, sino incompatible con la prohibición expresa establecida en el artículo 139.1 de la Constitución, que reconoce: “La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.

Las empresas mineras

En la carta de respuesta del Ministerio de Cultura a Red Muqui, IDL y DHUMA en agosto del 2017, nunca mencionaron el nombre de las seis empresas mineras que tenían las concesiones en el distrito de Tiquicalla.

Sin embargo, hoy Hildebrandt en sus 13, a través de la recopilación que tiene el propio TC, publicó que tres empresas mineras son canadienses: “Candente Gold”, que tiene2,700 hectáreas concesionadas; “Bear Creek Mining Company”, con cuatro concesiones que ocupan 900 hectáreas, y ““IMGOLD Company”, dueña de un asiento minero de 300 hectáreas. En cuanto a las locales, son “Buenaventura”, la minera del presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, que tiene una concesión de 1, 000 hectáreas, y las compañías “Servicios Integrales en Producción Industrial” y “Colque”, con sendas concesiones de 100 hectáreas cada una”.

¿En qué situación está el juicio?

El jueves 7 de marzo del presente año fue notificado a DHUMA (Derechos Humanos y Medio Ambiente) en Puno e IDL una nueva resolución del Tribunal Constitucional sobre el “Caso Arboleda”. Ésta nueva resolución declara nula la resolución anterior; y en su contenido señala que declara nulo todo lo actuado y decide enviar el expediente al juez de 1ra instancia a Puno.

El 2011, cuando el gobierno de Ollanta Humala otorgó varias concesiones en el distrito de Tiquillaca a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company; la comunidad campesina quechua Arboleda acudió al Tercer Juzgado Civil de Puno para solicitar que se realice la consulta previa.

La demanda fue desestimada en 1ra instancia, confirmándose ésta improcedencia en 2da instancia en el año 2012; subiendo ese año al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional. Es el primer caso sobre consulta previa en concesiones mineras que se conoce en el Tribunal Constitucional y, por tanto, un caso de bastante importancia porque hubiera podido sentar precedentes constitucionales en la materia.

Sin embargo, con la última resolución del TC, que cambión de opinión entre noviembre y diciembre, devuelve a foja cero todo el proceso judicial, tras 7 años en esa instancia, perjudicando a la comunidad campesina que durante años ha esperado una respuesta de parte de la justicia peruana, gastando recursos y tiempo.

Para mayor ampliación sobre la última resolución del TC ver nuestra nota: Después de 7 años de espera TC se lava las manos ante Caso Arboleda en Puno

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/861-salvador-del-solar-favorecio-a-mineras-cuando-fue-ministro-de-cultura

Chile

A Cuerpo Entero cientos de personas dijeron “No A Dominga”

Una inédita intervención medio ambiental tuvo lugar en la región de Coquimbo. Cientos de ciudadanos manifestaron que no descansarán hasta asegurar que la minera no se instale.

Hemos sido testigos de esta gran idea de escribir #NoDominga en la arena con personas vestidas de negro! Llegaron familias completas de diversas ciudades de la Región de Coquimbo, con entusiasmo y decisión a participar en esta inolvidable e inédita manifestación familiar “A Cuerpo Entero Decimos No A Dominga”, la que se llevó a caboen la Playa de El Faro de La Serena. Este gran hito fue fotografiado y filmado por tres drones, cuyas imágenes ya recorren gran parte del planeta.

El propósito de este acto cívico, ha sido enviar un mensaje rotundo e inconfundible, que No permitiremos la instalación de Dominga y ningún otro proyecto que atente contra Nuestra Casa Común, más aún cuando se trata de proyectos que amenazan generar impactos irreversibles sobre las personas, sus fuentes laborales, el entorno donde viven y sobre el Santuario de la Naturaleza; ¡el Archipiélago Humboldt!

Fue una actividad de altísimo compromiso, muy ordenada y responsable, los asistentes se sentían felices de ser parte de este gran evento, muchos se quedaron más tiempo gritando, cantando, disfrutando del acto cultural e informándose con la exposición montada por el centro de estudiantes de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte.

Ante la consulta de por qué había querido ser parte de esta actividad, Consuelo explica que “apoyo todo lo que es la vida y el medio ambiente. Dominga significaría la destrucción de nuestro entorno”. Por su parte Andrea agregó que “es un hecho que ya nos están robando el agua en La Higuera. Por ello debemos luchar y estar más alertas que nunca. La unión hace la fuerza y es la única manera en la que impediremos nuestra destrucción.”.

UN GRAN HITO

Por supuesto que los organizadores, pertenecientes a la Alianza de Humboldt Coquimbo – Acatama estaban felices con el resultado y la convocatoria. Patria Jorquera, de Defensa Ambiental, se encontraba muy emocionada. “Este No A Dominga gigante hace demostrar el poder de la gente. Se trata de una gran intervención playera inédita en los movimientos ambientales de la zona”.

En tanto Nancy Duman, líder de Defensa Ambiental, no podía disimular su alegría. “Estamos aquí porque el tema de Dominga tiene que ver con la supervivencia de la humanidad en el planeta. El gobierno y todos los que toman las decisiones entiendan de una vez que lo que se está haciendo, devastando el país, no va sólo en contra de nosotros, sino que de ellos mismos y sus hijos”.

Rosa Rojas, líder de Modema detalla que Dominga es destrucción. “Y aquí estamos otra vez, porque nadie nos va a ganar. No vamos a permitir que nos pasen a llevar. Todos unidos demostremos a Chile y los políticos que somos capaces. Somos dueños de nuestro destino y lo que queremos para nuestros hijos. Seguiremos adelante hasta asegurarnos que nada destruirá la naturaleza. No permitiremos otra Zona de Sacrificio”.

 

Fuente:http://www.laserenaonline.cl/2019/03/18/a-cuerpo-entero-cientos-de-personas-dijeron-no-a-dominga/

Perú

Ayabaca y Huancabamba reafirman su negativa al proyecto minero Río Blanco

Durante el Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales, regionales y nacional por el agua y la vida, que se realizó el sábado 24 de febrero en el Salón Parroquial de Ayabaca, los dirigentes de Huancabamba y Ayabaca reafirmaron que no permitirán el ingreso del Proyecto minero Río Blanco en sus territorios. En la reunión estuvieron dos congresistas: Hernando Cevallos y Tania Pariona, quienes se comprometieron a velar porque se respete la decisión de las comunidades de apostar por el agro y otras actividades alternativas a la minería.

Hilario Peña Huamaní, presidente de la comunidad de Segunda y Cajas afirmó: “Las comunidades hemos acordado que Río Blanco no va”.  Señala que uno de los motivos que los ha llevado a esta decisión son las malas prácticas de los representantes del Proyecto Río Blanco, que pertenece al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation. “Es una empresa que compra dirigentes y que abusa de su poder”, aseveró.

El congresista Hernando Cevallos comentó: “Ayabaca es una región rica, con una gran potencialidad y deberíamos poder desarrollar nuestras potencialidades, sin embargo, ahora es una de las zonas más pobres del país con desnutrición y anemia. Ese es el resultado de un Estado ausente que no impulsa actividades productivas”.

También se le dio la palabra a la congresista Tania Pariona quien aseguró que “el Estado no ha volteado a mirar a los sectores agrarios que necesitan apoyo tecnológico, asistencia técnica y capacitación”.  Agregó que apoyaba la defensa de los páramos que han emprendido los comuneros. “Yo concuerdo plenamente en eso que ustedes sostienen y defienden”, afirmó.

La parlamentaria declaró que el proyecto minero Rio Blanco sería el segundo proyecto más grande de cobre, por eso hay tanto interés de parte del Estado en que se ejecute.  Resaltó que se tiene que respetar la voluntad del pueblo.

El director de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Fernando Castillo Torres se disculpó la inasistencia del Ministerio. En la carta de respuesta a los dirigentes afirma que el proyecto minero Río Blanco no tiene autorizaciones ni permisos aprobados ni en trámite para exploración/explotación.

Entre los acuerdos del encuentro se exige respetar los resultados de la consulta vecinal realizada en Huancabamba y Ayabaca el año 2007, donde el 95% de la población en promedio votó a favor de respetar su modelo de desarrollo basado en la agricultura y el turismo. También, rechazaron el Proyecto de Ley 1910, del congresista Luis López de Fuerza Popular que pone en riesgo los territorios de las comunidades de Piura.

 

Fuente:http://www.muqui.org/details/itemlist/tag/R%C3%ADo%20Blanco

Ecuador

Consulta Popular sobre minería en Loma Larga sí va el 24 de marzo, según ambientalistas y comunidades

Johnny Tapia, secretario de Sistemas de Agua de Girón expresó que “la minera INV Metals tendrá que coger sus cuatro cosas e irse. La consulta popular del 24 de marzo va porque va”. El principal argumento de colectivos como Yasunidos es que el Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, se pronunció el viernes pasado diciendo que en la sentencia 046-19-TCE de ese Tribunal se emitió un criterio favorable a la consulta, el cual es de última instancia y debe ser cumplido por tanto por las autoridades electorales como por las partes involucradas

David Fajardo, miembro de Yasunidos Cuenca, comentó que la decisión del juez constitucional de Quito, el miércoles pasado, no tiene sustento y contraviene varios artículos de la constitución y la ley de garantías constitucionales.

“Se ha buscado echar abajo un ejercicio legítimo y democrático. Pero la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral volvió a confirmar hoy que la consulta popular se realizará el día previsto”, dijo.

Además añadió que la pregunta fue presentada para el proceso en 2015, pero recién con el cambio de autoridades en los últimos meses se pudo viabilizar la iniciativa en donde votarán 15.000 habitantes de la parroquia Girón.

Sin embargo, Las comunidades cercanas de Chumblín, San Gerardo y Victoria del Portete presentaron las medidas cautelares para suspender la consulta, debido a que no quieren prohibición, sino que al menos el 60% de las rentas sean para su beneficio. (JS)

Fuente:https://lahora.com.ec/noticia/1102229863/consulta-popular-sobre-mineria-en-loma-larga-si-va-el-24-de-marzo-segun-ambientalistas-y-comunidades

Latinoamerica

Así es como las empresas mineras envenenan los acuíferos de Latinoamérica

“La minería metálica necesita del agua tanto para extraer la roca del subsuelo, como para lavarla y luego para separar la roca y el metal”, dice a Sin Filtros “La minería metálica necesita del agua tanto para extraer la roca del subsuelo, como para lavarla y luego para separar la roca y el metal”, dice a Sin Filtros el activista Alejandro Labrados. Para realizar la extracción de oro, se recurre a la cianuración, una práctica eficaz para procesar el material, pero sumamente peligrosa ya que solo bastan con dos gramos de esta sustancia para matar a un hombre.

Las empresas mineras riegan con una solución de cianuro el terreno, luego se aplica carbón para separar los componentes y se lava todo con agua. Sin embargo las empresas deben instalarse cerca de un acuífero o directamente encima de él, lo que provoca el desabasto de agua en las comunidades cercanas, así como la contaminación de lo que resta.

Latinoamérica sigue siendo un territorio que esconde vastos yacimientos de oro, y es en las zonas donde la regulación ha sido corrompida por la corrupción en las que se establecen las minas ilegales. Países como Guatemala, Honduras y El Salvador se prestan para estas prácticas, dejando poblaciones devastadas por el envenenamiento de sus fuentes principales de agua.

 

Fuente:https://noticieros.televisa.com/historia/empresas-mineras-envenenan-acuiferos-latinoamerica/

Ecuador

Ecuador. Kimsakocha y la importancia nacional de la Consulta Popular en Girón

Kimsakocha fue concesionada para minería, pero en 2012 el Ministerio del Ambiente recuperó 3.217 hectáreas (de las 12.000 entregadas en concesión) para formar el Área Nacional de Recreación que forma parte de la Reserva de la Biósfera del Maciso del Cajas.

Kimsakocha es un territorio conformado por valles y llanuras entre los 2.760 y 3.960 metros sobre el nivel del mar. El complejo de páramos (ecosistemas tropicales de altura) permiten una regulación natural del ciclo del agua abasteciendo de líquido a las zonas circundantes en períodos de secano, constituyéndose en una reserva hídrica de alta importancia, reconocida por diversos estudios por ser el principal aporte de aguas para diversas poblaciones y proyectada para más del 30% de la población urbana de Cuenca, además de servir para el riego de amplias áreas agrícolas y de pastizales para la ganadería.

El territorio

Históricamente, desde 1962 se fueron estableciendo sistemas comunitarios de agua que, a lo largo de la historia, fueron creciendo y ampliándose hasta tener hoy, con aguas de Kimsakocha, unos 35 sistemas comunitarios para consumo humano y riego que se encuentran bajo amenaza directa de la posible explotación minera.

Esta realidad, sin embargo, ha tratado de ser negada por las empresas mineras Iamgold (primera concesionaria) e IMV Metals Inc. (que reemplazó desde 2012 a la anterior), afirmando que la concesión minera se encuentra fuera del sistema hidrológico.

Coincidiendo con las transnacionales, Rafael Correa en ejercicio de su presidencia señaló, durante una visita altamente militarizada a la zona, que la minería no afectaría el agua para Cuenca. Esa “visita” la realizó luego de que las poblaciones de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete el domingo 2 de octubre de 2011, llevasen a cabo una consulta previa no vinculante sobre la explotación minera con participación de 1037 de los 1500 ciudadanos empadronados, 92.38% de los cuales se expresaron contra el ingreso de la minería metálica a cielo abierto en la zona.

Kimsakocha fue concesionada para minería, pero en 2012 el Ministerio del Ambiente recuperó 3.217 hectáreas (de las 12.000 entregadas en concesión) para formar el Área Nacional de Recreación que forma parte de la Reserva de la Biósfera del Maciso del Cajas.

El proyecto minero y sus efectos

De acuerdo a los cálculos de Alberto Acosta y William Sacher (La minería en el Ecuador, 2012), con datos tomados del Plan Nacional del Sector Minero 2011-2014, el Estado recibiría del proyecto Kimsakocha un promedio de 22,32 millones de dólares por año y un total de 184,27 millones.

Estos cálculos derivan de la suma de los ingresos generados por el impuesto a la renta (64 millones al año), las regalías (6,07 millones), aduana e impuestos al capital (3, 18) y las utilidades que por ley deben llegar a las comunidades (0,87). Una suma en realidad muy baja como aporte al PIB del país que ya superó los 103 mil millones de dólares en 2017, sin tomar en cuenta los daños que, a largo plazo, superarán lo ofrecido.

En término de empleos, anuncian mil empleos directos en la fase de construcción, cifra que desciende a 526 empleos directos en el momento de ejecución. Cantidad que es menor a los empleos relacionados a la ganadería que en la zona ocupan a alrededor de 45.000 personas y que podría crecer ampliamente con inversiones en tecnificación. El daño territorial llevaría a mucha de esa gente a perder la producción de su tierra y su trabajo.

Los defensores de la naturaleza y el agua han alertado que el proyecto Kimsakocha (hoy llamado Loma Larga) pretende explotar, durante 12 años, unos 14 millones de toneladas de material rocoso en zona de páramo, produciendo 12 millones de metros cúbicos de residuos mineros tóxicos, equivalentes a 4.800 piscinas olímpicas, con liberación de sulfatos y arsénico.

Estas ya son razones suficientes para negar oficialmente la realización del proyecto minero, pues contradicen los Derechos de la Naturaleza incorporados a la Constitución junto a otros articulados y el Mandato Minero de la Asamblea Constituyente (2008) y articulados constitucionales, que señalan ya la negativa a actividades mineras en nacientes de agua y áreas de protección.

Estas disposiciones se ratificaron por una mayoría ecuatoriana, mediante Referéndum y Consulta Popular de 2018, cuya quinta pregunta fue: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?”. De cerca de nueve millones y medio de votos válidos, el 68,62% votó sí frente al 31,38% que votó no. En la provincia del Azuay el voto sí subió a 72,02%.

La larga lucha por la consulta

Tras la burla gubernamental a las consultas parroquiales ya mencionadas, se inició en el cantón Girón el trabajo por una Consulta Popular de carácter vinculante que se basa en principios constitucionales y de la propia Ley de Minería que establece que “los procesos de participación ciudadana o consulta deberán considerar un procedimiento especial obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades para aquellos casos en que la exploración o la explotación minera se lleve a cabo en sus tierras y territorios ancestrales, y cuando dichas labores puedan afectar sus intereses”.

Hagamos una breve cronología del proceso que inició el 28 de marzo de 2012, cuando la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón de la provincia del Azuay solicitó a la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) del Azuay el formulario para la recolección de firmas para convocar a una consulta popular local en dicho cantón. Trámites van y vienen entre la Corte Constitucional y el CNE hasta que el 31 de agosto de 2015, luego de la recolección de la cantidad de firmas de apoyo necesarias, se presentó todo para que la Corte se pronuncie sobre la legalidad de la pregunta.

Para este paso se contaba con 20 días de término o se entiende por aceptada la consulta. Ni la Corte Constitucional ni el Consejo Electoral dominado por el gobierno de Correa cumplieron sus obligaciones. Es recién el 19 de noviembre de 2018 que un nuevo Consejo Nacional Electoral, dio paso a la consulta popular y se la convocó para el 24 de marzo de este año, el mismo día de las elecciones locales en todo el Ecuador. Es decir que tomó alrededor de siete años de exigencia social para que la Consulta Popular que se realizará en el cantón Girón de la provincia del Azuay.

La pregunta es muy clara y directa: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico de Kimsakocha (Quimsacocha)?

Lo que está en juego

Por supuesto que tras esta consulta está el futuro de la población y la naturaleza de ese territorio. Decirlo es simple, pero no lo será la vida de quienes vean su territorio despojado y su vida destruida. Eso es lo que la historia de América Latina y no solo de Ecuador demuestran que es el resultado del extractivismo.

Sin embargo, allí se puso en juego mucho más. Por un lado, la democracia misma y el derecho ciudadano a ser consultados y respetados ante decisiones que atentan contra derechos. Esto se hizo más notorio cuando el sector empresarial, hoy dominante de manera descarada de las decisiones del gobierno nacional, logró que un juez de Quito hubiese pretendido suspender la Consulta, cuando una vez iniciado un proceso electoral ninguna autoridad puede intervenir, razón por la que la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó la destitución del juez que suspendió la consulta popular.

Por otra parte, los resultados dejarán un mensaje a todo el Ecuador y un antecedente ineludible frente a cualquier acción futura de este tipo. En Girón se defiende la vida y se remarca que el agua vale más que el oro, que existen alternativas de vida superiores a las de la sobre-explotación de los recursos naturales, que el Ecuador no requiere de una minería metálica a cielo abierto que alimenta el sistema de acumulación injusto de nuestros días.

Los empresarios han hablado de la seguridad jurídica como un derecho exclusivo que les pertenece. La seguridad jurídica empieza por la sociedad, las comunidades, los pueblos y la naturaleza porque lo primero es defender los derechos humanos y demás consagrados en la Constitución. Aquí también se pone en juego, entonces, la soberanía nacional frente a una transnacional que quiere hacer negocio en nuestro suelo, los derechos humanos frente a derechos comerciales de esa empresa.

Otro aspecto es el referido a la gestión de las aguas que, de acuerdo con la Constitución, solo puede ser pública y/o comunitaria, como manera de garantizar al agua como un bien común. En la zona, alrededor del 93% del agua se encuentra en gestión pública o comunitaria, pero ello también se pone en riesgo si ingresa la minera y afecta las fuentes agua además de que recibiría una importante cantidad del líquido vital para contaminarla.

El cuento de la minería sustentable sostenido por el anterior y el actual gobierno no puede ocultar los desastres mineros, continuados o de carácter explosivo, en todo el mundo. El agua se somete a los mayores peligros y esto implica poner en peligro a la vida misma.

El apoyo a la consulta y el no a la minería en la zona nos involucra a todos. Será uno de los temas más importantes en esta jornada electoral del 24 de marzo. El pueblo tiene su palabra y las autoridades deberán respetarla.

 

Fuente:https://kaosenlared.net/ecuador-kimsakocha-y-la-importancia-nacional-de-la-consulta-popular-en-giron/

Mexico

Wixárikas esperan diálogo con AMLO para proteger su territorio de mineras

Sin obtener aún sentencia definitiva a los amparos tramitados en 2012 contra las 38 concesiones otorgadas a First Majestic Silver Corporation y 40 a Revolution Resources Corporation (ambas mineras canadienses) durante el gobierno de Felipe Calderón y que abarcan 70 por ciento de las 140 mil hectáreas del área natural protegida de Wirikuta, en San Luis Potosí, los wixaritari esperan dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quieren no sólo resolver la situación legal de ese territorio, sino empleos sustentables para los ejidatarios mestizos que viven en esa región sagrada donde nace el Sol, con lo cual se logre preservar el hábitat en que reina Tamatsi Kauyumarie (una de sus máximas deidades, el venado azul) y crece el hikuri (peyote) que permite a los marakames (chamanes) estar en contacto con las divinidades.

Para los ejidatarios de Wirikuta no es fácil: necesitan fuentes de trabajo, ingresos para sus familias. Hay migración por falta de empleos, señala Yuniur Vázquez Rosalío, coordinador del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, en entrevista.

La falta de resolución definitiva a las inconformidades presentadas por el pueblo wixárika, basadas en el Pacto Hauxa Manaka de 2008, avalado con la presencia de Calderón y firmado por los gobernadores de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas para respetar y proteger los lugares sagrados de los wixaritari, ha permitido que las mineras trasnacionales ejerzan presión económica sobre ejidos y municipios que podría devastar Wirikuta.

Por ello, también pretenden exponer a López Obrador que esa protección, jurídica y ambiental, se extienda a los otros sitios sagrados que representan los puntos cardinales, dos de ellos ubicados en Jalisco: Xapa Wiyeme, en la Isla de los Alacranes, en el lago de Chapala, y en Tecata (Santa Catarina Cuexcomatitlán), Mezquitic, en el norte de estado, que es el punto central de su cultura.

Al poniente está Haramara, donde vive la diosa del mar en la Isla del Rey, en San Blas, Nayarit; al norte, Hauxa Manaka, donde descansa la canoa del primer hombre que apareció en este mundo en Cerro Gordo, Durango.

Y al oriente está Wirikuta, donde nació el mundo, en Real de Catorce, San Luis Potosí, sitio ceremonial y centro de peregrinación anual de toda la nación wixárika, donde los marakames encuentran la sabiduría a través de elaborados diálogos y ceremonias con sus deidades.

Ya pasaron casi 12 años desde que se firmó el pacto, cuando estaba de presidente Calderón, y no se ha respetado. Se comprometieron a trabajar en conjunto en el tema de la conservación y defensa de esos cinco puntos, convertirlos en patrimonio cultural nacional, pero todo está igual o peor, se queja Yuniur Vázquez.

Por eso esperan que con este cambio de régimen les den fecha para dialogar con López Obrador y exigir el cumplimiento del pacto, que se proteja el entorno ambiental y social con proyectos que sean sustentables con la naturaleza y con la economía de las familias.

Hay varios activistas, académicos y científicos que trabajan en la región y plantean el cuidado de la diversidad silvestre, de flora y fauna, que se conserve, pero que a la vez sea fuente de empleo el cuidado de esa diversidad, que la misma gente de la región esté dedicada a cuidar esas tierras, explica.

Pobreza y presión

Wirikuta está ubicado en el desierto de San Luis Potosí y abarca los municipios de Catorce, Charcas, Vanegas, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en todos los cuales existen graves problemas económicos y desempleo. El principal sustento son las remesas de quienes migran, sobre todo a Estados Unidos.

En Catorce, por ejemplo, que tiene amplia afluencia turística, los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2015 señalan que 66.8 por ciento de sus pobladores son pobres y 11.2 por ciento viven en situación de pobreza extrema.

En Charcas los números de Coneval en 2015 ubicaban a 46.1 de sus habitantes en situación de pobreza y al 7.8 en pobreza extrema; en Vanegas, 80.4 por ciento de sus pobladores vive en pobreza y 17.6 en pobreza extrema.

Los índices que hablan de marginación continúan a lo largo de toda la ruta de Wirikuta. En Villa de la Paz 43.1 por ciento es pobre y 4.3 viven en pobreza extrema, mientras en Villa de Ramos llega hasta 85.6 por ciento de sus habitantes en pobreza, y 18.6 por ciento con carencias extremas.

Es a estos habitantes y ejidatarios a quienes las mineras presionan mientras la demanda de cancelación de concesiones sigue sin resolverse, con ofertas para que se permita la explotación de la tierra desértica pero rica en minerales.

En 2010, con la finalidad de contrarrestar las amenazas de la minería, se conformó el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, en Tiwayla (colonia Rivera Aceves), en la comunidad de Wauta (San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco), al que luego se sumó el Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, colectivo conformado por activistas, músicos, actores y organizaciones de la sociedad civil, quienes trabajaron en conjunto y lograron visibilizar la lucha a escala internacional.

Desde entonces, además de los amparos tramitados, la presión ha incluido manifestaciones en Jalisco, Nayarit, la Ciudad de México y hasta en Vancouver, Canadá, sede de First Majestic Silver y de Revolution Resources.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/19/wixarikas-esperan-dialogo-con-amlo-para-proteger-su-territorio-de-mineras-5558.html

Ecuador

Comunidades analizan acciones contra la minería

El Estado tiene firmado un TBI con la empresa INV Metals por el proyecto Loma Larga. La suspensión de la mina abre la ventana a un posible arbitraje internacional. Tanto el Gobierno ecuatoriano, la empresa canadiense INV Metals y la población de Azuay se encuentra a la expectativa de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, respecto a la consulta popular en Quimsacocha, que definirá el futuro de la producción de Loma Larga. Se trata de un proyecto de oro, plata y cobre.

Actualmente está en una fase de exploración avanzada y de evaluación económica. En enero finalizó el estudio de factibilidad del proyecto. Sin embargo, en 2017 ya se establecieron los flujos de dinero y los beneficios para el Estado y la compañía.

Jorge Barreno, gerente general de la empresa, aseguró que se calcula aproximadamente el pago de $ 554 millones al fisco, durante la vida útil de la mina, estimada en 12 años (ver infografía).

Sin embargo, esos recursos podrían verse afectados si la población de Girón vota en contra de la realización de este proyecto en la consulta popular que fue convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 24 de marzo.

Parcialmente estaba suspendida por decisión judicial, debido a que un juez de primera instancia resolvió frenar la consulta, tras el pedido de amparo constitucional del colectivo “Unidos por el desarrollo de los cantones Girón y San Fernando”, quienes respaldan la realización del proyecto Loma Larga.

Pero el Tribunal contencioso electoral (TCE) decidió que la consulta seguirá su curso normal. Y desconoce la actuación del administrador de justicia que pidió suspender la consulta.

Al respecto, Juan Francisco Guerrero, abogado de la empresa en el ámbito constitucional, considera que, de haber una consulta popular, debe ser a nivel nacional.

En el caso de ser local, se debe tomar en cuenta a los tres cantones del área de influencia: Cuenca, Girón y  San Fernando, y no solo a uno.

Ecuador frente a un arbitraje

Hasta el momento, la inversión de INV Metals en el proyecto es de $ 55 millones, pero la construcción y desarrollo de la mina demandará una inversión de aproximadamente $ 309,5 millones.

La empresa canadiense tiene un tratado bilateral de protección de inversión con el Estado ecuatoriano.

Si en la consulta popular  la mayoría de la población de ese sector decide en contra del proyecto, se abre la ventana de un posible arbitraje internacional.

“Al ver que una comunidad de 15.000 personas puede pronunciarse sobre un tema que es de interés nacional, se establecerá (el arbitraje internacional) una indemnización de cientos de millones de dólares”, advirtió Guerrero.

Comunidades amenazan con medidas de hecho

Tras conocerse la suspensión temporal de la consulta popular, colectivos ambientalistas y sociales opuestos a la minería rechazaron la sentencia.

María Maltute, de la parroquia Santa Marianita, de Girón, dijo que las comunidades tienen derecho a pronunciarse sobre la consulta popular.

“No es posible que solo un grupo de personas beneficiadas  vengan a cortar este proceso democrático”, indicó Maltute.

Estaba previsto que este fin de semana se reúnan las comunidades que impulsan el No en el referéndum para determinar las acciones a seguir.

“Cerraremos calles y avenidas. Si es necesario dar la vida, la daremos”, enfatizó la ciudadana. (I)

Fuente:https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/comunidades-mineria-estado-tbi-inv

Perú

Más de 200 días de tensión en el corredor minero | INFORME ESPECIAL

En el fundo Yavi Yavi (Cusco), propiedad de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), se vive una tensión constante desde el 22 de agosto del año pasado. Pero desde el último 4 de febrero, el problema se agravó.

Desde aquella fecha, los comuneros cerraron el paso a los vehículos de la empresa MMG Las Bambas, la segunda minera más importante del país, por el tramo de 12 kilómetros de la vía nacional CU-135, que cruza este fundo. Un conflicto considerado por la defensoría como uno de los más preocupantes del país por su persistencia. Hoy se cumplen 209 días desde que se inició este problema.

De acuerdo con Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, cada día la minera deja de transportar desde sus instalaciones hasta el puerto de Matarani (Arequipa) concentrado de cobre valorizado en US$6 millones.

Fuerabamba considera que se vulneró su propiedad privada al reclasificarse como vía nacional el espacio de la carretera que atraviesa su terreno, el fundo Yavi Yavi, mediante una resolución ministerial publicada el 23 de mayo del 2018 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y firmada por el ministro Edmer Trujillo.

Por esa razón, unos 500 comuneros, según la Junta Directiva de Fuerabamba, se trasladaron hasta esta zona de Cusco con sus familias. En este llano, ubicado a tres horas de Nueva Fuerabamba, su lugar de asentamiento en el distrito de Challhuahuacho (Apurímac), levantaron pequeñas chozas de paja a los lados de la carretera desde fines de agosto del año pasado.

El Comercio viajó esta semana a esta zona, donde rige por sexta vez consecutiva el estado de emergencia (vence el jueves 28 de marzo). En Yavi Yavi, a 123 kilómetros de Las Bambas, no hay piedras que interrumpan el tránsito –los propios comuneros obstruyen el paso de los vehículos de la mina–, pero sí un problema que podría devenir en serias consecuencias.

-El origen-

Según el MTC y Las Bambas, ya en el 2008 existía una trocha en el fundo Yavi Yavi, abierta por sus antiguos propietarios. Cuando Las Bambas se hizo dueña de esta zona, entre el 2010 y 2011, empieza a hacer mejoras en la vía en virtud de un contrato de servidumbre.

Sin embargo, la comunidad de Fuerabamba, dueña de Yavi Yavi desde noviembre del 2011 (la minera les dio este predio como parte de un intercambio de tierras), niega que hubiera existido una trocha y asegura que la minera hizo la vía en el 2012 sin consultarles.

Pastor Paredes, director general de Asuntos Socio Ambientales del MTC, dijo a este Diario que cuando la comunidad de Fuerabamba se hizo propietaria del fundo Yavi Yavi esa carretera ya existía y era de uso público. “Esa vía fue solicitada incorporarse en el clasificador de vías en el año 2014 por el Gobierno Regional (GORE) de Cusco, que a su vez recibió el pedido de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, y esta a su vez recibió el pedido de la Municipalidad Provincial de Colquemarca. Eso nos da un indicio contundente de que esa vía ya existía en ese momento, que es uno de los cuestionamientos de la comunidad. Nosotros tenemos información además de las imágenes satelitales”. Agregó que un expediente del GORE Cusco, aprobado en el 2011, señala que la vía tenía que ser mejorada porque no tendría las condiciones adecuadas para la transitabilidad. “Fue mantenida y mejorada por la empresa minera ese año. a través de las autorizaciones emitidas por el GORE en ese momento”, dijo el funcionario.

Gregorio Rojas Paniura, presidente de la comunidad de Fuerabamba, se reafirma en que fue el 2012 el año en que Las Bambas abre la carretera en su propiedad. “Las Bambas abre una carretera el 2012, cuando ya éramos dueños nosotros. Abre una carretera sin consultarnos. En 2011 nos entregan un terreno virgen, sin la carretera que está pasando acá”, dijo el dirigente a El Comercio. Según Rojas, la minera habilitó la carretera para el transporte del mineral.

La posición de la minera Las Bambas en esta controversia es similar a la del MTC: “El propio Gobierno ha confirmado que sobre este predio ya existía una trocha. Sí podemos confirmar que existía una vía en esta zona, la comunidad conocía sobre ello y los documentos acreditan que nosotros contábamos con derechos sobre el mismo”, dijo a este Diario Claudio Cáceres, vicepresidente de Asuntos Legales de Las Bambas.

-La reclasificación y el asfaltado de la pista-

Un tema aparte, pero ligado a la vía, es el proyecto de asfaltado del corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, por el cual el MTC debe realizar el levantamiento de la información predial para compensar económicamente a las comunidades por donde pasa la vía, como el predio Yavi Yavi. El 10 de enero, esta cartera se reunió con la comunidad para acordar el inicio de las evaluaciones en el tramo de 12 kilómetros que cruza su fundo y fijar el monto que se pagará. En aquella junta, se acordó tener un siguiente encuentro para informar sobre el proceso de recojo de información antes del pago y el cronograma para elaborar el expediente técnico. Ocho días después, el 18 de enero, el MTC se volvió a reunir con la comunidad y explicó que el tramo en cuestión existe desde el 2008.

Sin embargo, luego de aquellas reuniones, no se pudo iniciar con las evaluaciones. “La comunidad puso como condición en la siguiente reunión que previamente se resuelvan los problemas bilaterales con la empresa minera. Nosotros estamos en predisposición de iniciar trabajos de campo que nos permitan elaborar el expediente técnico que dé sustento a un pago futuro a la comunidad en el marco del proyecto de asfaltado de carretera”, dijo Pastor Paredes a El Comercio.

Según el MTC, era necesaria la reclasificación de la carretera CU-135 para iniciar con el asfaltado. “En el marco del convenio que teníamos, para que el MTC pueda invertir se hacía necesaria la reclasificación de esa carretera. El asfaltado está comprometido en un acuerdo marco con la provincia de Chumbivilcas”, añadió Paredes.

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, explicó luego de la reunión que sostuvo el lunes 11 con el Ejecutivo, que el objetivo de mediano y largo plazo es que se asfalte la vía para mitigar los impactos por la circulación de vehículos.

La minera explicó que la elaboración del expediente técnico para el asfaltado de la vía está realizándose en coordinación con el MTC y es la tercera etapa de acondicionamiento de la pista, que ha sido antecedida por la colocación de un micropavimento. “Esta última etapa consiste en la elaboración de los expedientes técnicos para el asfaltado de la vía, donde venimos invirtiendo cerca de US$4 millones para contar con el expediente técnico que sustente el futuro asfaltado de la carretera. Todo esto lo estamos haciendo en coordinación con el MTC”, dijo Cáceres, de Las Bambas.

Para la dirigencia de Fuerabamba, no condice la reclasificación de la carretera CU-135 como vía nacional porque en este punto solo circulan vehículos de Las Bambas. “Generalmente aquí transitan los vehículos de la minera. No hay ni un carro que pasa”, comentó. “Nosotros no tenemos conocimiento por qué razón han cambiado como vía nacional”, comentó Rojas. “La empresa ha construido esta carretera para su uso personal, para que traslade su mineral, para que saque desde el proyecto minero Las Bambas hasta Espinar”, añadió.

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que para avanzar en el proceso de diálogo entre la minera y Fuerabamba es necesario saber el estatus jurídico del fundo Yavi Yavi y en particular de la vía declarada como nacional.

El 29 de agosto del 2018, siete días después de haberse gestado el problema social en Yavi Yavi, esta entidad cursó un oficio a Carlos Estremadoyro, viceministro de Transportes del MTC, para solicitar la situación legal de la vía reclasificada, los mecanismos utilizados para que sea de uso público y demás implicancias legales. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta a sus consultas. “Hemos reiterado el oficio y a la fecha el MTC no ha contestado a la Defensoría del Pueblo, de modo que está incumpliendo un mandato constitucional, que es el deber de colaboración con la Defensoría”, dijo Luque a El Comercio.

-Negociaciones-

El 13 de febrero, en CuscoLas Bambas propuso a Fuerabamba el pago de S/50 mil por hectárea para resolver la controversia social, sumando en total S/1 millón 900 mil como monto social. La comunidad, por su parte, planteó el pago de US$80 por metro cuadrado. En total, US$31 millones 200 mil por 39 hectáreas involucradas en la reclasificación.

La mina, sin embargo, considera que el pago de una compensación por el uso de esta vía nacional no es posible bajo ese concepto, sino solo como un monto para resolver la controversia. “Nosotros como empresa privada no podemos pagar a la comunidad ni a ningún otro privado una compensación por el uso de una carretera pública”, aseveró Claudio Cáceres. “Tenemos plena disposición para continuar con un proceso de diálogo y revisar los compromisos que tenemos, e incluso de ser posible poder de repente ofrecer otros proyectos de desarrollo en favor de la comunidad. Nosotros no nos negamos a eso. Pero un pago por el uso de una carretera pública es algo que no corresponde”, añadió.

El presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, opina que la empresa debe mejorar su propuesta para llegar a un acuerdo. “¿Por qué pedimos esto? Ese terreno nunca más vamos a recuperar. Definitivamente va a irse a nombre del Estado peruano. Son 39 hectáreas que vamos a perder y nunca más seremos dueños”, dijo. “Si la empresa y el Estado están interesados en pasar por ahí tampoco estamos en contra de eso. Estamos diciendo sí, pero paga lo que es”, finalizó.

-El rol de los asesores-

¿Cuál es el papel de los asesores de la comunidad de Fuerabamba, Frank y Jorge Chávez Sotelo? Según la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el MTC, agentes externos estarían ejerciendo manipulación en los comuneros. Pero Fuerabamba, a través de su presidente, se distancia de esta posición.

“Nosotros vamos a insistir hasta el extremo y estamos convencidos de que la vía del diálogo es la que mejor resultados ha dado para el desarrollo del país. Tenemos que separar los intereses que puedan haber particulares con los de la misma comunidad”, dijo a El Comercio José Antonio Caro, secretario de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM.

En esta misma línea opina Pastor Paredes, quien dice que hay una manipulación de agentes externos a la comunidad de Fuerabamba. “Es evidente que los abogados están influyendo de manera negativa en la comunidad porque cuando uno construye una infraestructura, lo que se hace es un reconocimiento a precios comerciales de la tierra. Ya sea que lo construya el MTC, lo construya el GORE, el distrito o un privado”, explicó.

Gregorio Rojas deslindó de estas posiciones, pues según dijo la asamblea tomó conjuntamente este asesoramiento legal. “Nosotros hemos ido a buscarlos. En una asamblea se presentaron los señores Chávez y mi persona también, como dirigente, he presentado a los señores son los asesores y otros también había. Entonces la comunidad decide tomar a los hermanos Chávez”. “La asamblea ha pedido a los señores para que vean todos los compromisos que hemos hecho con la empresa”, dijo Rojas.

-Salidas a la controversia-

Desde hace siete meses, la comunidad de Fuerabamba, la minera Las Bambas y el Gobierno han sostenido al menos una decena de reuniones tanto en la ciudad de Cusco, en el fundo Yavi Yavi y en Lima.

Entre las posiciones para la resolución del problema social, tanto la PCM como el MTC precisan que continuarán con el diálogo, pero consideran que la comunidad debe “flexibilizar” sus posturas.

“A la comunidad de Fuerabamba no le toca otra cosa que poner también de su parte, flexibilizar su postura porque lo que tenemos en Yavi Yavi es una vía de uso de todos los peruanos”, opina Caro, de la PCM. Precisa que el levantamiento del bloqueo a los vehículos de la minera es una acción necesaria. “Ellos tienen que levantar este bloqueo para que nos sentemos a la mesa y en el menor tiempo posible podamos tener resultados. Van a haber temas que van a tomar un poco más de tiempo, eso es propio de los procesos”, apuntó.

Respecto a los montos que plantea la comunidad, Paredes, del MTC, indica que es necesaria una reflexión sobre este monto. “Esperamos que la comunidad reflexione y haga una propuesta con un monto accesible, que esté referido a precios de mercado y no a las cantidades que están planteando en este momento”, dijo a este Diario.

La defensoría, por su parte, indica que para que el diálogo no debe estar condicionado a una amenaza o presión. “Estamos ante un conflicto persistente donde llegamos a momentos de estancamiento, sobre todo porque se pone como condición para continuar con el diálogo que la vía quede plenamente liberada y eso nos parece, desde el punto de vista del principio de legalidad, atendible. No se puede dialogar bajo amenaza”, dijo Luque. Añadió que el llamado de la entidad es que se deje de lado la medida de fuerza.

El gobernador Benavente, por otro lado, indica que como GORE busca dar respaldo en este proceso de diálogo, donde ellos participan como nuevo actor. “Nosotros como GORE estamos obviamente dando una característica de darle un respaldo a la comunidad, pero bajo cuestiones objetivas, y ese es nuestro principal propósito”, dijo Jean Paul Benavente.

Finalmente, la comunidad sostiene que ellos no están contra la mina, sino en favor que se indemnice lo que consideración la vulneración a su propiedad. “Nosotros estamos apostando por la minería. Aquí no es que nos están manejando abogados. Lo que la comunidad decide, nosotros también cumplimos”, dijo Rojas.

Para Las Bambas, hay una expectativa generada en la comunidad para recibir un alta suma de dinero. “En esta oportunidad creemos que hay una expectativa muy grande de la comunidad para recibir una suma de dinero demasiado elevada y que no se encuentra debidamente sustentada. Creemos que son esas expectativas acumuladas que están generando esta controversia y que no necesariamente representan el sentir de toda la comunidad y eso es importante tomar en consideración”, añadió Cáceres.

La comunidad de Fuerabamba acudiría este martes al Gobierno Regional de Cusco para continuar con el diálogo para la resolución del problema social que sigue rondando Yavi Yavi.

 

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/200-dias-tension-corredor-minero-informe-especial-noticia-ecpm-617670

Argentina

El Escandaloso Negocio del Litio

El próximo jueves 21 de marzo se desarrollará en Jujuy la Mesa de Competitividad del litio, un instrumento más de las empresas mineras y los gobiernos de Macri y Morales para garantizar el saqueo a cualquier precio.

Actualmente se obtienen 12 mil toneladas de litio al año, pero hay proyectos en marcha para aumentar la producción a 60 mil toneladas/año. No se exige valor agregado a las mineras, las regalías son de apenas el 3% y las empresas utilizan las técnicas de extracción son las más baratas y las menos amigables con el ambiente.

Las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, se oponen a nuevos proyectos y reclaman en forma permanente porque no se respetan sus derechos a la Consulta Previa, Libre e Informada que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que fuera incorporado por ley en 1992.

Además, el propio informe de impacto ambiental que elaboró Sales de Jujuy   determinó que el flujo total de la cuenca –donde se encuentra realizando las operaciones– es de aproximadamente 94 millones de metros cúbicos de agua dulce y los egresos por la utilización del método evaporítico fueron de 92.7 millones de metros cúbicos.

Para nuestro país y fundamentalmente para las comunidades cercanas, todo balance es negativo, tanto el hídrico como el económico. Pese a ello, las políticas públicas de minería siguen promoviendo beneficios para las empresas.

Aquí se puede leer una nota muy completa sobre la situación del litio en Jujuy producida por Nuestras Voces.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/jujuy/item/42564-el-escandaloso-negocio-del-litio