Perú

La consulta previa en debate: Sentencia del Parque Ichigkat Muja

El 26 de abril último, el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima (Expediente 14037-2013), declaró fundada la acción de amparo presentada por la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) en el año 2013, resolviendo la nulidad de 111 concesiones mineras y otras resoluciones de Estudios de Impacto Ambiental aprobadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), respectivamente. El motivo fue que estas entidades omitieron realizar el procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas Awajún y Wampis que habitan esos territorios.

Durante muchos años, las organizaciones que representan a los pueblos Awajún y Wampis venían demandando que sus territorios tradicionales fueran declarados como Zona Reservada, un primer paso para la creación del “Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor”. Ello como una forma de proteger su hábitat natural y evitar la intromisión de actores externos, particularmente empresas extractivas. Luego de un largo proceso de negociación de estas organizaciones con el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), se acordó en el año 2004 que el referido Parque tendría un área de 152,873.76 has. Sin embargo, en el año 2007, ya iniciado el segundo gobierno de Alan García, el INRENA incumplió el acuerdo alcanzado con las comunidades y redujo el área del Parque a 88,477 has. A las organizaciones indígenas no se les dio ninguna explicación de esta decisión. En ese momento las políticas del Poder Ejecutivo se inscribían en la lógica del “perro del hortelano”, que el fallecido presidente García utilizaba para simbolizar el vínculo que los pueblos indígenas tenían con sus territorios tradicionales, y cómo estas formas culturales impedían el desarrollo del país que era entendida como de promoción irrestricta de las actividades extractivas.

Así, sobre la extensa área del territorio Awajún y Wampis que quedó desprotegida, se comenzaron a otorgar concesiones mineras y permisos para actividades de exploración y explotación. Varias empresas y agentes externos comenzaron a ingresar a este territorio del Parque con dichos fines, produciéndose numerosos conflictos con las comunidades de la zona. El caso de la empresa minera Afrodita y sus reiterados desencuentros y conflictos con la población, refleja de forma clara, las consecuencias del incumplimiento del Estado. En esa medida, esta sentencia corrige un despropósito y una clara afectación a los derechos colectivos de los pueblos Awajún y Wampis, referidos a su capacidad de tener injerencia y poder de decisión sobre las cuestiones que afectan sus territorios tradicionales.

Asimismo, al declarar la nulidad de las concesiones y autorizaciones otorgadas, esta sentencia se suma a otras resoluciones judiciales emitidas que también declaran la nulidad de concesiones mineras por no haber realizado la consulta previa. Estos son los casos de Tres Islas en Madre de Dios o Atuncolla en Puno. Además, existen muchas otras demandas de amparo en trámite que también vienen solicitando la nulidad de concesiones mineras otorgadas. De igual manera, en el caso de las actividades de hidrocarburos, también se han venido acogiendo favorablemente muchas demandas de amparo de pueblos indígenas amazónicos para declarar la nulidad de lotes petroleros por la omisión de la aplicación de la consulta previa.

Dicho esto, lo que se ha resuelto en esta sentencia, y en general, lo que se viene resolviendo a nivel judicial en torno a los alcances del derecho a la consulta previa, obliga a reflexionar sobre cuál es el momento más apropiado para su aplicación. Cabe decir que, en mayo de 2011, dos meses antes que finalice el segundo gobierno de García, el MINEM emitió el Decreto Supremo 023-2011-EM, que regulaba la aplicación de la consulta previa para las actividades inscritas en su sector. Lo curioso es que esa norma estableció que la consulta se tenía que realizar antes del otorgamiento de una concesión minera. Probablemente esa flexibilidad del Gobierno para ampliar de esa manera los alcances de la consulta, haya tenido que ver con que estaba casi de salida. Sin embargo, ya en el gobierno de Humala, una vez que entraron en vigencia la Ley de Consulta (setiembre de 2011) y su Reglamento (abril de 2012), las normas procedimentales que se emitieron para implementar este derecho restringieron sus alcances.

En el caso de las actividades mineras, se decidió que la consulta se debía realizar en el momento previo a la emisión de la resolución de la Dirección General de Minería del MINEM para autorizar el inicio de actividades. Pero esta medida administrativa es de tipo fast checking, que solo verifica el cumplimiento de requisitos que previamente se deben cumplir para iniciar actividades de exploración, explotación o beneficio minero. Justamente uno de esos requisitos es contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado. Es decir, bajo este esquema, la consulta se realiza una vez que se tiene el EIA definido, lo cual sin duda resta eficacia a este derecho y lo vacía de contenido. La etapa de elaboración de estos estudios debería ser la oportunidad para determinar y proponer alternativas a las observaciones o reservas de los grupos de interés, entre los que se cuenta a las poblaciones indígenas. El hecho de que no se consideren estas preocupaciones es lo que viene llevando a que los pueblos indígenas opten por la vía del amparo entrando en una dinámica cada vez más fuerte de judicialización de la consulta.

La oportunidad o el momento más apropiado para la aplicación de la consulta sigue siendo un debate abierto. En la Sentencia del Parque Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, se ha señalado de forma explícita que la consulta se debe realizar antes del otorgamiento de la concesión, y además que todas las concesiones aprobadas tras la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT (1995) tendrían vicios de nulidad; es decir, deberían ser declaradas nulas en tanto no pasaron por un procedimiento de consulta. Pero, cabría analizar qué consecuencias conllevaría establecer la obligatoriedad de consultar todas las concesiones otorgadas desde la admisión del Convenio 169. Considerando que existen miles de concesiones aprobadas desde esa fecha, muchas de las cuales constituyen grandes operaciones mineras en pleno funcionamiento actualmente, ¿podría el Estado viabilizar en la práctica la implementación de procedimientos de consulta respecto a todas esas concesiones? Más allá de la justicia detrás de estas reclamaciones, lo concreto es que el Estado no se encontraría en condiciones de atender tantas reclamaciones simultáneas. Ello considerando también la presión mediática que se generaría en su contra, proveniente de grupos de poder vinculados con la minera, que reclamarían por tantas operaciones que se suspenderían de adoptarse tales medidas.

De igual manera, es importante tomar en cuenta que los procesos de consulta suelen generar altas expectativas entre la población respecto a los beneficios que pueden obtener de la actividad extractiva. Pero antes del otorgamiento de una concesión resulta difícil poder establecer de forma clara qué beneficios se podrían obtener. El otorgamiento de una concesión solo requiere presentar una serie de requisitos formales, pero no se solicita información que pueda determinar los impactos a nivel social o ambiental que se generarían a futuro (eso recién se tiene más claro en un siguiente momento, cuando se elabora el EIA). Incluso muchos solicitan concesiones solamente con fines especulativos, esperando obtener un beneficio económico futuro por la venta de la concesión ante una empresa con mayor capital (y posibilidades de explotar). El marco normativo permite que uno pueda tener una concesión vigente hasta por 30 años sin explotar el recurso, solamente pagando un derecho de vigencia anual y luego penalidades. Sin embargo, estos montos no constituyen incentivos suficientes para abandonar una concesión. En ese sentido, realizar una consulta bajo estas condiciones, con la incertidumbre sobre si el recurso va a ser extraído o no, puede determinar que se generen expectativas infundadas entre la población que sería consultada, pudiendo ser un factor adicional y muy importante que puede conducir a la proliferación de conflictos sociales y la afectación de la gobernabilidad en espacios de desarrollo de actividades mineras.

Por lo expuesto, este artículo plantea que las discusiones sobre el momento o la oportunidad de la aplicación de la consulta, no pueden desligarse de otra discusión mucho más profunda y de mayores dimensiones: la necesidad de efectuar reformas sustanciales en el actual sistema de concesiones minero en el país, que en lo sustancial sigue siendo el mismo que instauró Fujimori al inicio de su primer gobierno. Los problemas evidenciados reflejan la necesidad de establecer una serie de restricciones al otorgamiento indiscriminado de concesiones por parte del INGEMMET, entidad adscrita al MINEM y que está encargada de otorgar las concesiones. Estas se aprueban sin evaluar o cruzar información sobre los usos del territorio, o sin tomar en cuenta los instrumentos de planificación local o regional. En la práctica, son las mismas concesiones las que definen los usos del territorio, en una lógica orientada a la explotación intensiva de los recursos naturales, y sin tomar en cuenta o subvalorando otras actividades económicas o prácticas tradicionales de las poblaciones que se asientan en esas zonas y que para ellas pueden ser más valiosas que las actividades mineras o extractivas.

Por tanto, lo que cabría plantear es que se revierta esa figura, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de ordenamiento territorial (OT). La idea es que estos sean implementados antes de autorizar cualquier tipo de actividad extractiva, y se elaborarían con la participación directa de la población involucrada, incorporando sus intereses y aspiraciones en la organización del espacio físico y del uso del suelo de acuerdo a sus potencialidades. En el caso de los pueblos indígenas, procesos participativos de este tipo plasmarían en la práctica el espíritu y los principios que guían las normas, sentencias y declaraciones internacionales que delimitan el marco de protección de sus derechos colectivos como pueblos. Sería una forma de implementar un procedimiento de consulta previa y que no se tendría que supeditar necesariamente al otorgamiento futuro de una concesión o a una autorización para realizar actividades mineras.

Habiendo realizando este proceso de evaluación previa de carácter participativo, los pueblos indígenas podrían contar con mayor información para determinar los impactos sociales y ambientales que se podrían generar en la eventualidad de que se quiera promover algún tipo de actividad minera o extractiva en sus territorios, así como los beneficios o perjuicios que se podrían generar.

Por lo tanto, una salida sostenible y con mirada de largo plazo a los problemas que se van a ir generando por el cuestionamiento a las concesiones y autorizaciones de actividades mineras inconsultas, pasaría por fortalecer el OT y que este tenga carácter vinculante y no se subordine a los intereses de las industrias extractivas, tal como ha venido ocurriendo hasta la actualidad.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-consulta-previa-en-debate-sentencia-del-parque-ichigkat-muja/?fbclid=IwAR3pU52VMpWCP1vAZ2H1Qe2YHnfEUp4o3HAt4LPfY6iV4dgVjw-AXVdjuEc

Perú

Cajamarca: tras 5 años absuelven a ronderos de Celendín

El día 22 de mayo en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca se leyó la sentencia absolutoria para dos ronderos de la zona de Oxamarca- Celendín. Absalón Martos Vásquez y Segundo Nazario Chávez Tirado, miembros de la ronda Campesina de la Comunidad de Quillamachay, eran procesados desde el 2014 por delito de Secuestro agravado y para los que se pedía la pena de cadena perpetua.

El motivo fue que en junio del 2014 intervinieron a cuatro personas ajenas al lugar, las cuales estaban comprando tierras en grandes cantidades de manera irregular y sospechosa, probablemente para venderle a la Odebrecht quien tenía previsto construir en esta zona la represa Chadín II, o a las compañías mineras que están también en el lugar.

La intervención sólo consistió en pedirles que se presenten ante la asamblea ronderil, los presuntos secuestrados habrían incluso tenido la oportunidad de dar parte a la Policía Nacional, que llegó al lugar y al no observar nada irregular de parte de la ronda, participó de la reunión.  Días después, estas personas denunciaron a los ronderos por secuestro agravado y lo increíble sería que la Fiscalía de Celendín, sin mayores pruebas y obviando su condición de ronda, procedió a denunciar por este grave ilícito pidiendo la pena máxima.

Este proceso se convirtió en una larga y tortuosa lucha judicial; la comunidad se preguntaba si el haber actuado contra personas vinculadas a las grandes empresas tenía que ver con esta absurda persecución. Los 2 ronderos incluso fueron sentenciados en una primera instancia, sin mayores pruebas y por un delito diferente al que les imputaban.

Este proceso ha tenido muchas irregularidades y en virtud de ello una Sala Penal determinó su nulidad, sometiéndose el caso a nuevo juicio donde se llegó a la absolución de los mismos. Esperamos que este caso contribuya al cese de la criminalización de la labor ronderil, reconocida por la Constitución y que no debe ser motivo de ninguna denuncia o proceso, cuando se realiza dentro de los márgenes de la ley y el respeto a los derechos fundamentales.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/23/cajamarca-tras-5-anos-absuelven-a-ronderos-de-celendin/?fbclid=IwAR21duH6AK73M99cl6jsM62Sj9hPHlXnQNs14tqxgfxQGQDQKbP5OBOMFfY

Perú

Juez ordena anular 127 concesiones mineras en comunidad «Tres Islas»

La semana pasada, la Sala Civil de la Corte Superior de Madre de Dios, dictó la orden de ejecutar la sentencia que declara nula las concesiones mineras y otras acciones inconsultas en la comunidad nativa «Tres Islas», en el distrito de Tambopata. Para ello, solicitó que dicha sentencia regrese al juzgado de origen para que pueda hacerse efectiva en diez días, además queda prohibido que el Gobierno Regional de Madre de Dios otorgue más concesiones.

En marzo de este año, la comunidad logró una victoria judicial, cuando la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, sentenciara por primera vez la anulación de concesiones mineras, adjudicaciones de predios agrícolas y derechos de agua que se otorgaron a colonos sin realizar las consultas previas a la comunidad.

A pesar de haberse dado dicha sentencia, los procuradores del Gobierno Regional de Madre de Dios y el Ministerio de Agricultura presentaron una apelación al fallo; sin embargo, estos fueron desestimados por la Corte.

Sin precedentes

Esta sentencia es la primera en el Perú, y anularía 127 de las concesiones mineras otorgadas, así como 4 licencias de agua y 11 adjudicaciones de predios agrícolas de las comunidades. Fallo que ha generado el saludo de la relatora de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpuz, a través de su cuenta en Twitter.

Las comunidades compuestas por las familias Shipibos y Ese´eja fueron principalmente afectadas por la actividad minera y la contaminación de mercurio. En el fallo también se incorpora las disposiciones que detalla la Medida Cautelar 113-16, donde determina se atienda la salud, la seguridad, el agua y la alimentación de las poblaciones indígenas.

Asimismo, el fallo exige realizar estudios para descontaminar las aguas y suelos, reforestar los territorios dañados, y brindar atención integral de la salud y provisión de agua potable.

Por su parte los representantes de las comunidades han expresado su acuerdo y saludo a la ejecución, ya que contribuirá a «la recuperación de nuestro bosque», manifestó César Estanico, presidente de la Comunidad Nativa  «Tres Islas».

 

Fuente:https://wayka.pe/juez-ordena-anular-127-concesiones-mineras-en-comunidad-tres-islas/?fbclid=IwAR00y2JqBpUzKcQXsJQ5LXdqVwF_zJNG-8UScq3m9vjwy0EYMZmEP8WAo3o

Ecuador

La Política Minera inconsulta: Alerta por la consolidación del Modelo extractivista en Ecuador

La consolidación del modelo extractivista contribuirá a aumentar la violencia hacia las comunidades afectadas, evidenciando la continuidad de mecanismos encaminados a perseguir, criminalizar y judicializar a personas, dirigentes y a las organizaciones sociales que resisten hace varios años.

Mediante un proceso de subasta y remate se otorgaron 275 concesiones con más de 1.500 millones de dólares comprometidos en el período 2018 – 2021, para actividades de exploración minera, manifestó este 27 de abril Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. De tal manera que las transnacionales que tienen proyectos en el país anunciaron la creación de la Alianza para la Minería Responsable en Ecuador (AMRE). Alianza que está liderada por Adventus, Lowell Copper, Cornerstone, Lumina Gold, INV Metals, Lundin Gold, Newcrest, Toachi Mining, SolGold y la Cámara de Minería del Ecuador. Así, la política extractiva se profundiza en Ecuador, violentado los derechos individuales y colectivos de la población, en especial su derecho a la consulta previa porque las comunidades no fueron consultadas por el estado ecuatoriano para el otorgamiento de la concesión minera a favor de las compañías mineras.

El presidente Lenín Moreno, el 24 de abril de 2019, mediante Decreto Ejecutivo 722, dispuso la emisión de la nueva Política Minera del Estado, la cual tiene seis ejes: planificación sectorial, inversiones, consulta previa y popular, gestión eficiente y sostenible, combate a la minería ilegal y beneficios tributarios. Estos ejes buscan fundamentalmente una mayor articulación entre Ministerios, inversionistas extranjeros y sectores de la sociedad civil, incrementar la inversión con beneficios tributarios como exenciones de impuestos y eliminación de otros, flexibilizar las normas para el otorgamiento de permisos y licencias ambientales, y regular la consulta previa, libre e informada. Asimismo, el Gobierno ha incluido a los proyectos mineros Fruta del Norte y Mirador, ubicados en Zamora Chinchipe y Loma Larga, en Azuay, en el plan de ingresos de la minería para el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según la investigación de Martín Zorrilla y otros (2018), nuestro país cuenta con la mayor biodiversidad del mundo, la amenaza de extinción para parte de esta biodiversidad ha aumentado dramáticamente desde abril de 2016, tiempo durante el cual el Gobierno ha abierto alrededor del 13% del país a la exploración minera, con muchas de las concesiones en bosques previamente protegidos. Si se produce exploración o explotación, estas nuevas concesiones disminuirán significativamente las áreas protegidas forestales, dado que más del 30% del área total protegida por Bosques Protectores (BP) se incluye en las nuevas concesiones mineras exploratorias. La mayoría de las concesiones se ubican en la hiperdiversa zona de bosques y fuentes de agua.

En el marco de la resistencia frente a la imposición de proyectos extractivos las organizaciones sociales desde el 2017, exigieron a la Contraloría General del Estado investigar y emitir informes sobre las irregularidades denunciadas por las comunidades, respecto de varios proyectos de minería a gran escala. Hasta la fecha el contralor subrogante Pablo Celi ha visitado los proyectos mineros: Loma Larga en Quimsacocha – Azuay y Llurimagua en Imbabura.

El proyecto Llurimagua, ubicado en la zona de Íntag en el cantón Cotacachi, está a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami) y la Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco) de Chile, empresa que, hasta la presente, ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde el 2015. La falta de evaluación y control permitió que no se apliquen medidas de prevención y mitigación, por lo tanto, no aplicaron sanciones administrativas para suspender o revocar la licencia ambiental, es decir que el Ministerio del Ambiente (MAE) aprobó el estudio de impacto y plan de manejo ambiental sin parámetros locales que describan la caracterización del área del proyecto. Las violaciones a la ley han sido tan graves que la Contraloría concluyó en su informe que la concesión minera debió haber sido revocada.

Mientras que el informe de la Defensoría del Pueblo sobre este proyecto, evidencia que varias personas de la zona de Intag, opuestas al proyecto minero, están bajo amenaza constante. Además, señala que, junto a la ausencia de supervisión de las operaciones mineras, el Estado, a través de sus instituciones, incluida la Policía Nacional, violó sistemáticamente los derechos de la comunidad y la naturaleza.

El 8 de mayo de 2019, Carlos Pérez, Ministro de Energía y Recursos No Renovables, anunció una reforma al Código Orgánico Ambiental para normar la consulta previa y popular, en el tema minero, petrolero y eléctrico; también anunció que el presidente Lenín Moreno en días posteriores firmará un Decreto Ejecutivo en este sentido. Esta reforma alarma a las comunidades afectadas, en el caso de Quimsacocha atenta contra la consulta popular del 24 de marzo de 2019, que ha sido un precedente importante de democracia, con una repercusión directa, vinculante con el territorio, luego de un proceso largo de resistencia que no ha estado exento de persecución, criminalización y judicialización a los dirigentes sociales.

Con estos antecedentes, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU denuncia que este nuevo anuncio de regular las consultas vía decreto es ilegal, porque pretender regular un derecho constitucional violentando el principio de reserva de ley, pues es una clara contradicción a las decisiones judiciales y decisiones de las personas en los territorios, que se han pronunciado y demandado para frenar las actividades extractivas.

Exigimos que se cumplan las sentencias y las decisiones expresadas vía consultas populares, que las autoridades estatales cumplan lo dispuesto por la Contraloría General del Estado en el Examen Especial sobre el proyecto Llurimagua. Además, que se cumpla lo dispuesto por la Defensoría del Pueblo en la Resolución Defensorial sobre la violación a los derechos humanos y de la naturaleza de este proyecto, donde exhorta al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables a declarar la caducidad de la concesión minera Llurimagua, y a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) la reversión de autorizaciones de uso de agua.

Alertamos que la imposición y consolidación del modelo extractivista en el Ecuador atenta contra los derechos humanos y de la naturaleza, garantizados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales; por lo tanto, contribuirá a aumentar la violencia hacia las comunidades afectadas, evidenciando la continuidad de mecanismos encaminados a perseguir, criminalizar y judicializar a personas, dirigentes y a las organizaciones sociales que resisten hace varios años, incluso existen asesinatos de dirigentes sociales que han quedado en la impunidad y son muestra de un contexto de conflicto por la apropiación de los recursos naturales por parte del Estado y las empresas transnacionales. Hemos constatado que hasta el momento el papel del Estado ha sido garantizar que las actividades de las empresas mineras no se interrumpan; un ejemplo claro es la imposición de una política pública minera violentando el derecho a la consulta previa libre a informada, y su incapacidad para controlar el cumplimiento de las normas que regulan las actividades mineras.

 

Fuente:https://cedhu.org/noticias/counicados/152-alerta-por-la-consolidacion-del-modelo-extractivista-en-ecuador?fbclid=IwAR2lBZHwIlL3mL4YXty9Ud9GChBkMzpNOV__DNl0sNhfi60FgRvxM7QrMsE

Perú

Las Bambas: Fuerabamba retoma el bloqueo de la vía tras diálogo frustrado

La comunidad campesina de Fuerabamba decidió iniciar un nuevo bloqueo vial a la mina de cobre Las Bambas de la minera china MMG Ltd tras unas frustradas negociaciones con la compañía china en torno a compensaciones.

La comunidad comenzó el bloqueo a la medianoche del martes (05:00 GMT), dijo el representante Américo Contreras a medios nacionales, citando un documento de funcionarios del Gobierno que mediaron en las conversaciones, que finalizaron sin una solución el lunes por la noche.

“En este momento Yavi Yavi se encuentra bloqueada y la empresa minera ha decidido no trasladar los minerales en los [camiones] encapsulados”, dijo Contreras, en referencia al fundo por donde pasa la carretera.

Imagen: El comercio

Previamente en el año, Fuerabamba mantuvo un bloqueo al acceso de la mina que evitó el transporte de concentrado de cobre por más de dos meses.

El yacimiento Las Bambas, uno de los mayores de Perú, produce alrededor de 400,000 toneladas de cobre al año, o cerca del 2% de la extracción global del metal.

La comunidad llegó a un acuerdo con MMG, lo que había llevado a que se levantara el bloqueo.

El día de ayer representantes de la empresa minera y los comuneros de Fuerabamba no llegaron a un acuerdo tras sostener una reunión en el sector de Yavi Yavi. Algunos de los temas tratados fueron la propuesta de los comuneros del pago de S/150 mil para cada uno de ellos, la retribución económica de 500 puestos de trabajo desde el 2014, así como una compensación por el derecho de la vía, la cual sería de S/20 millones.

Según documentos de la reunión, la compañía rechazó las demandas de la comunidad por considerarlas “exorbitantes” e “inviables”. El bloqueo se reanuda en espera de una nueva respuesta de la minera y del gobierno central.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/21/las-bambas-fuerabamba-retoma-el-bloqueo-de-la-via-tras-dialogo-frustrado/

Perú

Por tercera vez se suspende audiencia contra dirigentes denunciados en la zona de influencia del proyecto Las Bambas

Se ha vuelto a reprogramar, por tercera vez consecutiva, la audiencia que se debía realizar hoy miércoles 22 de mayo en el juicio que se sigue contra 19 comuneros de Cotabambas, por los sucesos ocurridos en setiembre de 2015 en el marco del conflicto social contra la empresa Las Bambas.

Andrés Flores Aguilar, es el juez encargado de llevar adelante la referida audiencia, que se debía realizar en el Juzgado Penal Unipersonal ubicado en la ciudad de Tambobamba, en la provincia apurimeña de Cotabambas. Por un acuerdo entre la defensa de los dirigentes sociales, la Fiscalía y el Juzgado, se decidió reprogramar nuevamente la audiencia para el 3 de julio próximo.

Una de las razones principales de la suspensión es que se han producido cambios en el Ministerio Público, por lo que el Fiscal tiene un desconocimiento del tema. Por esa razón se ha pedido que se postergue la audiencia para que pueda revisar bien el caso.

Sin embargo, debemos señalar que todos estos cambios llaman la atención. Además, es preocupante que habiendo pasado varios años, el proceso siga entrampado y no se formule hasta el momento acusación. Las comunidades hacen enormes esfuerzos para cumplir con las citaciones y para contar además con una asesoría legal que les permita afrontar el proceso en condiciones adecuadas.

Abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, son los que asesoran a los comuneros denunciados y han tenido que trasladarse a Cotabambas hasta en tres ocasiones y se han encontrado con audiencias que han sido suspendidas.

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho está solicitando entre 11 y 17 años de pena privativa de la libertad contra este grupo de dirigentes por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos. También se está pidiendo como concepto de reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del Estado peruano.

En tanto la compañía minera Las Bambas ha ratificado su pedido de reparación civil que asciende a 88,600 dólares por daños a la propiedad privada, monto que incluso puede incrementarse a petición de la referida compañía minera. Se dice en la zona que la empresa minera estaría contando para este caso con la asesoría de abogados vinculados al influyente Estudio Caro.

22 de mayo de 2019

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/22/por-tercera-vez-se-suspende-audiencia-contra-dirigentes-denunciados-en-la-zona-de-influencia-del-proyecto-las-bambas/

Mexico

Habitantes de Solosuchiapa toman minera de Carlos Slim

Habitantes de diferentes colonias del municipio de Solosuchiapa tomaron las instalaciones de la mina “Santa Fe”, propiedad de Carlos Slim, ante la inconformidad del nulo avance por parte del Gobierno del Estado por detener la operación de dicha empresa, debido a que representa una amenaza para la madre tierra.

Marcelo Pérez Pérez, padre de la Parroquia de Simojovel quien ha acompañado las movilizaciones de los habitantes, mencionó que la toma del inmueble se hace para recuperar las tierras de las que se había adueñado Slim, después de haber hecho una reflexión profunda sobre las consecuencias de la actividad minera, por el uso del cianuro, por tanto, decidieron no continuar dándole permiso a que se trabaja en su tierra.

El pasado 25 de febrero, Miles de indígenas feligreses católicos y miembros de organizaciones sociales campesinas marcharon para manifestar así su rechazo a la minería extractiva y exigieron la salida de las empresas que ya operan en el municipio.

Ante esto, Pérez Pérez detalló del poco avance que se ha tenido, por lo que, habitantes tomaron la decisión de posicionarse en esas tierras, sin embargo, le preocupó la reacción que tenga la empresa y el gobierno, por tanto, llamó a resolver este conflicto de forma pacífica.

“No vieron resultados, decidieron entrar de manera pacífica, han entrado sin el consentimiento de la empresa ni el gobierno (…) Los habitantes han despertado su consciencia sobre la actividad minera” dijo.

El padre añadió que las instalaciones siguen tomadas por los habitantes de Solosuchiapa, pero no sabe lo que sucederá en las próximas horas, por tanto, de parte de la Iglesia y la Pastoral Social estarán atentos a que no se lleve ningún desalojo, por lo que, invitó a los pobladores y al gobierno estatal buscar el diálogo.

Finalmente, invitó a otros pueblos que afronten las mismas problemáticas de minera a hacer consciencia del daño que provoca la actividad minera a la tierra, lo que ha agravado el calentamiento global.

Exigencia

Desde hace años, acompañados del  Comité “En Defensa de la Madre Tierra”, el pueblo zoque y tsotsil de Solosuchiapa han denunciado que “la extracción minera creará un ambiente insalubre que pone en riesgo la salud de los pueblos, ya que el lavado de los minerales extraídos provocan sustancias tóxicas que dañan el agua, aire, la flora y fauna, desencadenando enfermedades severas, degenerativas e irreversibles y de difícil curación, como cáncer, enfermedades de la piel, entre otras; dañando la calidad de vida de generaciones presentes y futuras”.

Respaldados por el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, del Movimiento Zoque en Defensa de la Tierra y del Territorio (Modevite), señalaron que los bosques de la región norte del estado de Chiapas son un pulmón no sólo para la entidad sino para el mundo, además de ser un generador de diversos productos agrícolas y animales comestibles para la nación.

Por tanto, denunciaron que la minería extractiva truncará la posibilidad de desarrollo social, cultural, espiritual y de otras formas alternativas de vida; pues esta minería sólo genera riquezas para sus propietarios.

“Nuestras tierras y el agua de nuestros ríos (La Sierra, Rio Negro y Moquimba) serán afectadas en gran dimensión, poco a poco se infertilizarán, la vegetación y los peces morirán, perderá su belleza visual, que es un atractivo local, y no tendremos la posibilidad de generar proyectos de desarrollo sustentables”, dijeron en un pronunciamiento.

“No queremos que se afecte ni a los pueblos ni a la naturaleza de estas tierras, que son el hogar en el que nos ha tocado habitar. Sabemos que la explotación de la mina traerá más perjuicios que beneficios, y no queremos ser ricos hoy, si es que en algo nos beneficiara, y dejar empobrecidos, enfermos y sin casa a nuestros hijos y generaciones futuras”, expusieron.

Ante esto, han exigido el cierre total de la Mina “Santa Fe”, que opera en la localidad de Beneficio, del municipio de Solosuchiapa y que las tierras sean regresadas a sus legítimos dueños y  el respeto a sus formas propias de vida, que están ligadas al trabajo en sus múltiples manifestaciones que no dañan a la Madre Tierra.

Fuente: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/05/habitantes-de-solosuchiapa-toman-minera-de-carlos-slim/

Chile

Cáncer y contaminación, la otra cara de la minería en Chile

ANTOFAGASTA – La contaminación por metales pesados persigue desde hace décadas a la ciudad de Antofagasta, que paga con creces los costos de ser la capital minera de Chile, el primer productor mundial de cobre.

«No es normal que todos se mueran de cáncer», se lamenta Jaqueline Jiménez, una activista que decidió denunciar la contaminación ambiental en Antofagasta, la región con mayor índice de cáncer del país tras convivir por décadas con la contaminación por metales.

En los años 60 la ciudad vivió una grave emergencia por los altos niveles de arsénico en sus aguas, y en 1998 otra por los elevados índices de plomo en niños que vivían cerca del ferrocarril hacia Bolivia.

Hoy lo que preocupa es el denso polvo negro que cubre gran parte del borde costero de una ciudad que en paralelo disfruta los beneficios de albergar a gigantes de la minería como BHP Billiton o la estatal Codelco.

Es un polvo espeso, que cuesta retirar de las superficies y que el viento costero expande por toda esta ciudad ubicada a unos 1,200 km al norte de Santiago.

Un estudio del Instituto de Salud Pública determinó que contenía al menos 16 metales distintos, mientras que la filial de Antofagasta del Colegio Médico encontró «contenidos totales de arsénico, cadmio, zinc, cromo, cobre, plomo y manganeso que sobrepasan largamente las normas chilenas».

Jaqueline Jiménez, de 38 años, vivió cinco años frente al puerto internacional de Antofagasta (ATI), una terminal de carga y descarga de concentrado de cobre en pleno centro, desde donde emerge gran parte del polvo negro que envuelve a la ciudad.

En la azotea de un pequeño edificio a pasos del puerto, sus dos hijos jugaron por años expuestos a este polvo y hoy ambos muestran presencia de metales pesados en su organismo, según exámenes realizados en el extranjero.

«Es una sentencia de muerte para mi familia», afirma su madre con angustia.

Una generación afectada

Si la minería llevó a Antofagasta a tener un ingreso per cápita que casi dobla al del país (36,000 dólares anuales versus 20,000), es también uno de los factores que ha llevado a su población a tener tres años menos de esperanza de vida que la media.

En la región, la mortalidad por cáncer de pulmón duplica a la media nacional (34.7 casos cada 100,000 habitantes versus el 16.1), con una alta incidencia también de cáncer de vejiga y piel.

«Los científicos consideran que en la zona de Antofagasta se está haciendo una experimentación biológica al tener a la población expuesta a estos niveles decontaminación», alerta Aliro Bolados, presidente del Colegio Médico en Antofagasta.

La grave exposición al arsénico entre 1958 y 1971 -cuando en el agua potable superó 86 veces la norma- es hasta ahora el único factor comprobado que explica el incremento del cáncer y otras enfermedades cardiovasculares en la región.

Especial preocupación hay sobre unas 16,000 personas que nacieron antes de 1970 y que tuvieron una alta exposición temprana al arsénico.

Hoy, con 40 ó 50 años, y en su mayoría siendo grandes fumadores, tienen un alto riesgo de padecer cáncer, según las investigaciones de Catterina Ferreccio, subdirectora del Centro de Estudios Avanzados de Enfermedades Crónicas, Epidemiología y Cáncer de Chile.

«Es toda una generación que tiene todas estas cosas y que hace que a pesar de que son los que tienen el mayor ingreso per cápita tienen la menor sobrevida en Chile», explica.

Sacrificar Antofagasta

Con niveles de arsénico dentro de la norma, el foco se concentra en lacontaminación que emana desde el puerto de Antofagasta, del grupo Luksic, que ocupa unas 10 hectáreas en el centro de la ciudad y que en los últimos 14 años ha transferido 35 millones de toneladas de carga.

Pese a que suscribió un Acuerdo de Producción Limpia, en octubre la justicia lo condenó por contaminación y lo multó con 1.3 millones de dólares, ordenándole, además, limpiar la zona aledaña al puerto. Pero no cesó sus funciones.

«Prefieren sacrificar Antofagasta y evitar que Chile deje de ganar dinero», dice Ricardo Díaz, del movimiento Este Polvo te Mata, que exige trasladar el puerto a una zona alejada de la ciudad.

Pese a la comprobada presencia de metales pesados en este polvo, las autoridades llamaron a la calma, afirmando que las poblaciones más expuestas tienen niveles de contaminación bajo la norma, ya que al tratarse de metales pesados no es respirable y debe ingerirse para una intoxicación.

A fines de 2015, a 243 niños de jardines infantiles y colegios cercanos al puerto se les midió el nivel de plomo en sangre. El 99.2% arrojó valores bajo los 5 ug/dl (microgramos en decilitro de sangre), en línea con recomendaciones internacionales.

Pero el Colegio Médico de Antofagasta cuestionó los resultados y exigió nuevas mediciones sobre metales acumulados. Desconfiada de los resultados oficiales, Jaqueline Jiménez le realizó exámenes de pelo en el extranjero a sus hijos, que arrojaron altas concentraciones de metales.

Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta, exige por su parte «hacer obligatorio el análisis a los niños a partir del año de vida hasta los 6 años para determinar anualmente el daño que pueda tener la población», según dijo.

Y si bien expertos avalan a las autoridades chilenas, alertan sobre la necesidad de reducir a un mínimo la exposición de niños ante la incertidumbre de sus interacciones en el futuro.

Fuente:https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8837221-cancer-y-contaminacion-la-otra-cara-de-la-mineria-en-chile-story.html

Brasil

Yo creía en la minería hasta que vi a la Vale matar gente, matar peces, matar río

Mi nombre es Marina, yo soy de Brumadinho, vivo en Brumadinho. Soy trabajadora social, acompaño a las comunidades. Desde niña yo siempre dibujaba trenes, yo celebraba la sirena del tren: “¡mamita mira, el tren está llegando!”. Yo crecí mirando los huecos en las sierras y montañas. Miraba esos huecos, con mucha naturalidad, “mira es la minería”. Adonde yo iba, a otros lugares y otros países, siempre me presentaba con mucho orgullo: ‘Mi nombre es Marina, soy de Brumadinho, una ciudad de minería’. Yo nunca problematicé el hecho de que el tren siempre llegaba vacío a mi ciudad y salía siempre lleno, sin traer nada… sin traer nunca nada.

 

Así, con voz entrecortada, habló Marina Oliveira, pobladora de Brumadinho, y articuladora social de la Arquidiócesis de Belo Horizonte, que acompaña la vida y las luchas de las comunidades. Ella, que creía en la minería y soñaba algún día con trabajar para la empresa Vale, es ahora una de las más fervientes defensoras de las comunidades afectadas por la minería. Su mensaje remeció corazones y conciencias entre los participantes al seminario “Minería y cuidado de la Casa Común” en el que participaba Monseñor Andre-Marie Duffé, representante del Papa Francisco, desde su cargo como Secretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral en el Vaticano.

 

El día 24 de enero del 2019, me gradué en Relaciones Internacionales, en la Universidad Católica, y mi sueño era trabajar en la empresa Vale. ‘Quién sabe, yo podría ser de relaciones internacionales de la Vale’. Pero el día siguiente, el 25 de enero, yo vi a la Vale matar gente, matar peces, matar río… Y ahí, en ese momento, yo comencé a problematizar, los daños y los impactos de una minería irresponsable, que coloca el lucro por encima de la vida.

Marina Oliveira, saludó la presencia y el apoyo a las víctimas del crimen socio-ambiental en Brumadinho, de los obispos de Belo Horizonte, del Presidente de la Conferencia Nacional de Obispos (CNBB), de Frei Rodrigo Peret (Red Iglesias y Minería), del representante del Papa Francisco monseñor Bruno-Marie Duffé, de funcionarios públicos, y de todos los presentes. Pero, hizo un destaque:

Saludo a todas las personas afectadas por el crimen de la Vale en Brumadinho, que, a pesar de tanto dolor, colocaron ese dolor en el bolsillo y vinieron hasta aquí a gritar por Brumadinho, gritar por Mariana, Gritar por Barão de Cocais, Gritar por la Serra da Piedade, por todas las otras ciudades que corren el mismo riesgo que nosotros.

Junto a las familias afectadas de Brumadinho -habían llegado también al auditorio de la Universidad Católica de Minas, donde se realizó el mencionado seminario, el día 17 de mayo- representantes de los indios Pataxos, de las comunidades Quilombolas, de las pastorales sociales e inclusive autoridades públicas, religiosas y religiosos. A todas ellas llegaron las palabras y el dolor de Marina.

Son muchos dolores diferentes. Son dolores diversos, así como nuestras comunidades, los dolores que tenemos en Brumadinho. Al centro de Brumadinho, por ejemplo, el barro no llegó físicamente, a pesar de haber llegado por el río. Pero, el barro llegó a nuestros corazones, llegó a nuestras cabezas. Tenemos una ciudad llena de barro. Yo, algunas veces, no me siento bien cuando voy a la entrada, porque allí me encuentro con Arturo. Y Arturo perdió a su hermano. Cuando yo voy a la barbería me encuentro con Soninha y Soniha perdió a su hermano. La profesora Andressa perdió a Bruno, su único hijo y Jossie perdió a su hermana que estaba embarazada de cinco meses. Marina llora… A mi me gusta citar los nombres, porque son 270 víctimas.  Y, a veces parece estadística, pero no, son historias. ¿Quién nos va a devolver esas vidas?, ¿quién las regresará a la vida? ¿Cuál es el precio? A ellos les gusta poner precio a todo. Yo, quiero saber ¿cuál es el precio?

 

Nosotros tenemos el Corrego de Feijão, el lugar donde de hecho la represa de desechos tóxicos se rompió. EL local, donde el barro pasó, era un local donde teníamos vegetación, fauna, flora. Pero, además de eso que fue perdido, esta comunidad perdió también la tranquilidad. Ella, perdió lo cotidiano, su día a día. Ella perdió su modo de vida. Y ese modo de vida comenzó a ser habitado por policías, bomberos, voluntarios y, peor, por cuervos. cuervos que sobrevolaban todo el tiempo. Un día de esos, yo fui a Corrego de Feijão, y una señora me preguntó así: escucha, mi hija, yo sé que no puedo beber agua del pozo, porque el agua está contaminada. Por eso yo tomo y cocino con agua mineral.  Pero, yo no tengo agua mineral para darle a mi vaca y le doy agua del pozo. Sólo que yo estoy tomando la leche de mi vaca. ¿Estará bien, o habrá algún problema?

Yo quiero saber quién va a responder esa pregunta de esa señora. Porque yo no sé… Lo que yo sé es que, en Mariana, hasta ahora, hay personas que no saben si pueden beber agua, si pueden plantar, si pueden comer. Esa señora, no perdió a nadie de su familia, pero perdió la seguridad de las informaciones.  Ella no sabe si puede beber la leche de su vaca. El daño de la incertidumbre.

Yo quiero saber también, quien va a responder a las criaturas, a los niños que jugaban pelota con los pies descalzos en la calle. Si ellos puedes continuar jugando descalzos. Por que los camiones van por el barro contaminado y luego circulan por las calles todos los días. Y la gente sabe que es barro tóxico y entonces, ¿los niños pueden jugar bola con los pies descalzos?

En el Parque da Cachoeira, otra comunidad donde el barro tóxico llego físicamente y enterró a más de veinte casas, también hay daños que no son materiales. Todas la fotos, memorias e historias de esas familias que hoy lloran a sus seres queridos, se perdieron. Una de esas familias me dijo: Marina, si pudiese tener al menos una foto de mi hija cuando ella era pequeña…

Parque da Cachoeira, era una comunidad con agricultura. Uno de estos días, doña Elsa me llamó por teléfono y me dijo: Marina, yo estoy tan avergonzada de pedirte esto. Pero necesito una canasta básica de alimentos. Tengo tanta vergüenza de pedir esto, porque antes yo conseguía pagar todos mis gastos, pero ahora mi huerta está bajo el barro. Doña Elsa, además de haber perdido toda su agricultura, era también la dignidad. Yo sentía tanto dolor, porque ella tenía vergüenza, de pedir algo que es un derecho de ella. ¿Cuál es el precio de la dignidad? Yo quisiera saber.

Los indígenas Pataxos, el primer día del rompimiento del depósito de desechos, en que el río les trajo los peces muertos, ellos comenzaron a enterrarlos uno por uno. Sí, los enterraban uno por uno. Algunos Pataxos, desesperados querían arrojarse al río. El cacique tenía que sentarse con ellos, para explicarles lo que estaba sucediendo. Y, después cada vez que llovía algunos preguntaban, ¿será que esa lluvia ya lavó el río? ¿Ya se curó el río? Cada vez que voy allá, los pequeños me preguntan, ¿Tía, ya nos podemos bañar en el río? ¿Cuándo es que vamos a poder nadar?

Varias comunidades quilombolas de la región, quedaron aisladas. Sus caminos y carreteras desaparecieron. Ahora tienen que improvisar otros trayectos y ya tuvieron accidentes. Perdieron la libertad de ir y venir ¿Cuánto cuesta la libertad?

Son muchos los daños, que las empresas y las autoridades no quieren ver. Y que muchas veces son irreparables, causados por empresas que sólo tienen como fine el lucro y donde la vida de la gente y de las comunidades, simplemente no vale nada. Son empresas entrenadas para producir este tipo de accidentes y de crímenes, ellas tienen hasta protocolos para este tipo de desgracias. Si perdió un familiar, entonces haga esto. Si se quedó sin casa siga este procedimiento, si su terreno agrícola fue destruido, entonces, los pasos son los siguientes. Esto entonces, no es un accidente, ni mucho menos una casualidad, es algo propio del sistema, de la forma de hacer minería en nuestros países.

Ante estos gritos de dolor, pero también de esperanza, Monseñor Bruno-Marie Duffé, Secretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, quien llegaba para visitar a las víctimas y afectados de Brumadinho, manifestó la solidaridad del Papa Francisco y toda la Iglesia: “Vamos a hacer un momento de silencio para encontrarnos de nuevo con las personas que murieron y para encontrar también a las personas que continúan combatiendo por la vida… Un silencio que nos permita reflexionar y nos de fuerza para seguir luchando por la vida. Cómo dice el Papa Francisco los gritos de la madre tierra y los gritos de los pobres son un mismo grito que clama por justicia”.

 

Fuente:https://iglesiasymineria.org/2019/05/18/yo-creia-en-la-mineria-hasta-que-vi-a-la-vale-matar-gente-matar-peces-matar-rio/

Chile

Alertan que mineras están poniendo en riesgo al mayor lago chileno de la Patagonia

«La cuenca del Lago General Carrera podría ser convertida en una zona de sacrificio, porque hay cuatro empresas mineras transnacionales que quieren convertir la zona en un gran complejo industrial de extracción y procesamiento de oro», sostuvieron desde la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa).

En la Patagonia, en la región de Aysén, se ubica el lago General Carrera, un escenario natural rodeado de cumbres nevadas y que se alimenta de los glaciares del Campo de Hielo norte, una de lasmayores reservas de agua dulce del planeta.

En este lugar se encuentra una zona conocida como Quebrada Honda, donde investigadores han descubierto huellas de los primeros pobladores humanos de la Patagonia, con pinturas rupestres que datan de 10 mil años.

 

“Hay niveles de roca que eran el fondo del Atlántico hace 20 millones de años, ahí estamos encontrando restos de arrecifes de corales, de tiburones y algunas ballenas. Otros niveles están llenos de marcas de hojas, de lo que eran bosques tropicales hace más o menos 45 millones de años”, asegura al medio español El País el paleontólogo de la Universidad de Valdivia, Enrique Bostelmann, quien lidera las excavaciones en la zona.

En paralelo, hay otras personas buscando riquezas bajo el suelo de esta zona. Se trata de la minera australiana Eqqus Mining, que está realizando perforaciones para encontrar oro y plata. Esta situación tiene en alerta a los activistas locales, quienes califican el hecho como una “fiebre del oro”.

 

El proyecto de la minera, llamado Los Domos, ha dividido al pueblo de Chile Chico y generado un clima social “insoportable”, según activistas quienes incluso cuentan que han recibido amenazas.

Una de las personas que se ha atrevido a sacar la voz es Corina Ainol, líder de la Agrupación Antukulef, colecitvo que se ha preocupado de informar sobre los impactos de la minera en la localidad.

 

El proyecto de la minera australiana llegó en medio de un momento de incertidumbre en Chile Chico, ante los niveles de desempleo. El plan contemplaba abrir una nueva mina dentro de los límites del Parque Nacional Patagonia, los que fueron aprobados en enero de 2018, en los últimos meses del Gobierno de Michelle Bachelet.

Se trata de un territorio salvaje que supera las 300 mil hectáreas, dentro de las que están los terrenos donados al Estado por la fundación Tompkins Conservation.

Ante las limitaciones, comenzó una dura campaña del alcalde de Chile Chico contra el Parque Nacional, argumentando que atacaba a los modos de vida tradicionales y impedía el desarrollo del pueblo. En ese entonces, se realizó una votación en la que participó solo el 20% del Censo, y que terminó con un 80% contra el Parque.

 

En paralelo, el gobierno de Sebastián Piñera redibujó los límites del área protegida, asegurando que hubo errores en el decreto firmado por Bachelet. De esta forma, se sacó un polígono de 2.309 hectáreas de tierras del Estado donde la minera pretende obtener el oro.

Esta decisión fue admitida por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en enero de este año, destacando que se sumaron dos mil hectáreas para compensar. Así el Parque Nacional quedó con un tamaño similar al original, pero quedando al lado de una eventual mega operación minera que se establecería entre los cerros y los afluentes del río, según detalla El País.

Gloria Becerra, agricultora y líder campesina, ha manifestado su preocupación por el futuro de Chile Chico con el proyecto minero, y fue hasta el Senado para denunciar el hecho.

 

“Me preocupa la contaminación de nuestras aguas y del lago”, dice la mujer que se dwdica a la venta de verduras y hortalizas en el pueblo. “Hay campesinos arriba que beben agua del río, los animales también, regamos con ella y no vamos a poder cultivar sano, natural. Y el río va a parar al lago, que es el principal reservorio de agua dulce de Chile“, agrega.

A la vez, este no es el único proyecto que complica al lago General Carrera. Equus Mining está también desarrollando proyectos de exploración en Puerto Ibáñez, en la costa norte del lago, al igual que la empresa australiana Laguna Gold.

La cuenca del Lago General Carrera podría ser convertida en una zona de sacrificio, porque hay cuatro empresas mineras transnacionales que quieren convertir la zona en un gran complejo industrial de extracción y procesamiento de oro“, sostiene el periodista Patricio Segura, integrante de la red y director de la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa).

De acuerdo a los últimos informes entregados a sus accionistas, Equus Mining ya comenzó la fase tres de su proyecto de exploración en Los Domos.

Ante esto, Codesa presentó ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que la firma debería presentar una evaluación de impacto ambiental. A la vez, el Servicio Nacional de Geología y Minería informó en febrero al SMA sobre una posible infracción, debido a que la empresa habría fragmentado el proyecto de exploración para eludir la evaluación de impacto.

 

Fuente:https://www.cnnchile.com/pais/mineras-riesgo-mayor-lago-chileno-patagonia_20190508/