Perú

Cusco: proyecto minero de Glencore avanza con consulta previa pendiente

El proyecto minero Integración Coroccohuayco consiste en la ampliación de la capacidad de producción de Antapaccay de la gigante suiza Glencore, para la cual se estima una inversión de US$590 millones. Se calcula también que este proyecto minero tendría una producción estimada de 100 mil toneladas de cobre al año.

El 19 de noviembre del 2019, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, se comprometió con representantes de las comunidades de la zona a implementar la consulta previa, para lo cual se estableció un plazo de 30 días.

Sin embargo, lo que pasó un mes después (19 de diciembre) fue que representantes del Ejecutivo señalaron que las preparaciones para la consulta se iniciarían a fines de enero de este 2020 y precisaron que cada comunidad podría presentar su propio plan de consulta. Ese mismo día, en el diario oficial El Peruano, se publicó la Resolución Ministerial N° 403-2019-MINEM/DM, que señala los procedimientos administrativos del subsector minero sobre los cuales corresponde realizar consulta previa. En dicha resolución, se deja abierta la posibilidad de que la consulta se pueda realizar “luego de la admisión a trámite del instrumento de gestión ambiental” y hasta antes de la autorización de inicio/reinicio de actividades, advierte CooperAcción.

Luego, en una entrevista a la agencia estatal Andina el 27 de diciembre, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, dijo incluyó a Integración Coroccohuayco como uno de los proyectos que debería estar en desarrollo en este 2020.

«Pensamos que en el 2020 seguiremos con la tendencia creciente, y proyectamos alcanzar 6,300 millones de dólares de inversión en el sector minero, porque algunos proyectos, como Yanacocha Sulfuros (Cajamarca) ya debería estar en desarrollo el próximo año. También tenemos otros como San Gabriel (Moquegua), Corani (Puno), Ampliación Pachapaqui (Áncash) e Integración Coroccohuayco (Cusco), los cuales nos permiten vislumbrar que podríamos estar en ese nivel de inversiones», dijo Liu en entrevista a Andina.

A esto debemos agregar que, según informó Rumbo Minero el pasado 13 enero, la Compañía Minera Antapaccay «recibió luz verde» para su modificación al estudio de impacto ambiental detallado para Integración Coroccohuayco. Precisa que el plan de minado será de 15 años y el proyecto contempla un ciclo de vida de aproximadamente 34 años. El diario Gestión también dio cuenta de este «visto bueno» del gobierno de Martín Vizcarra a este proyecto minero de Glencore.

Las declaraciones del ministro de Energía y Minas y los demás anuncios se dan cuando aún está pendiente de realizarse la consulta previa con las comunidades campesinas de Espinar.

Al respecto, Cooperacción consideró que este hecho no constituye un avance en la implementación de la consulta en los términos señalados por el Convenio 169 de la OIT. «Consideramos que no, y por el contrario, estamos ante un acto de mala fe por parte del Gobierno contra las comunidades«, afirma.

«En el Perú, la consulta previa en el sector minero representa solo un acto formal. Esta se implementa antes de que se emita la autorización de inicio de actividades, y es esa la medida administrativa que se pone en consulta», argumenta la organización.

«La autorización de inicio de actividades es una medida de tipo fast checking, que solo verifica el cumplimiento de requisitos que las empresas mineras previamente deben cumplir para iniciar actividades de exploración, explotación o beneficio minero, como por ejemplo contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado».

«Es decir, la consulta se realiza al final de la cadena de decisiones, cuando todos los permisos que ponen las condiciones para que el proyecto se lleve a cabo están aprobados y consentidos, incluyendo el EIA. Por tanto, en el momento de la consulta ya nada se puede cambiar, y los pueblos indígenas no tienen la posibilidad de influir eficazmente en la determinación de condiciones para el desarrollo de proyectos mineros. Como lo ha señalado CooperAcción en reiteradas oportunidades, bajo este esquema se resta eficacia al derecho a la consulta, vaciándolo de contenido».

CooperAcción señaló que con una MEIA aprobada, «ya no habría medida administrativa consultable en lo inmediato». Resaltó que con la resolución «se habilita al Gobierno a realizar la consulta sin la necesidad de que el titular de la mina (la multinacional Glencore) haya cumplido con todos los requisitos previos para llegar a la última etapa del proceso de evaluación, con la autorización de inicio de actividades».

 

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2020/01/15/proyecto-minero-coroccohuayco-glencore-espinar-cusco-comunidades-campesinas-consulta-previa/jorgepaucar/?fbclid=IwAR1C5RUDZkSIXm6mz5K6vr4iSPn2O4P5ghfvS00Om9oRWVWw37pbULJX6Vc

Mexico

‘Investiga la 4T compras ilegales de carbón’

Reportes. Activista señala que las primeras denuncias se hicieron desde hace 14 años. ESPECIAL Christian Martínez

Auerbach afirmó que los casos expuestos en el documento “El Carbón Rojo de Coahuila” comenzarán a ser investigados por la subsecretaría de Minas

La Secretaría de Economía federal investiga las compras ilegales de carbón en Coahuila, afirmó la activista Cristina Auerbach, vocera de la organización Familia Pasta de Conchos.

Auerbach afirmó que los casos expuestos en el documento “El Carbón Rojo de Coahuila” comenzarán a ser investigados por la subsecretaría de Minas, que forma parte de la cartera de Economía. Los operativos dieron comienzo desde el pasado diciembre, sostuvo la activista. 

“Desde hace muchos años se presentó el informe el Carbón Rojo de Coahuila y se señala ahí como fue el gobierno de Coahuila quien compró el carbón para después revenderlo a la CFE”, dijo Auerbach.

De acuerdo con lo dicho por la activista, por primera vez se hizo un operativo por parte de la Secretaría de Economía en centros de trabajos clandestinos, ubicados en concesiones que incluso han sido canceladas, en donde seguían extrayendo carbón. Te puede interesar

“Por primera vez en la historia se están abriendo expedientes por robo a la nación. ‘Huachicoleo de carbón’ que hemos denunciado en 14 años. Este operativo se logró ya que en la mesa en donde está el comité de reparación de Justicia de Pasta de Conchos entren todos los temas de minería del carbón” señaló.

ESTUDIO PREOPERATORIOS PARA RESCATAR RESTOS

En cuanto al rescate de los cuerpos en una mina de Pasta de Conchos, Auerbach mencionó que se encuentran en los estudios preoperatorios para comenzar con las exploraciones, se espera que estén listos a finales del mes de enero.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2020/01/investiga-la-4t-compras-ilegales-de-carbon/

Mexico

Mineras y call centers relacionadas con subcontratación ilegal: IMSS

Zoe Robledo expuso que detectaron que 1,053 empresas dieron de baja a toda la nómina durante el mes de diciembre del año pasado.

Las prácticas agresivas de subcontratación o outsourcing afectó a más de 64,000 trabajadores en México y las grandes empresas que operan en este esquema son mineras, de servicios informáticos, call centers y producción de alimentos, entre otras, informó este miércoles el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo.

“En siete operativos se detectaron 10,000 trabajadores contratados y 36 empresas subcontratistas involucradas. Se detectó que usan un sistema sofisticado de empresas que movían la nómina, saltaban a otras empresas. Se realizaron acciones concentradas en siete operativos especiales a grandes empresas como de servicios informáticos, call centers, mineras y producción de alimentos”, explicó Robledo.

Expuso durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que detectaron que 1,053 empresas dieron de baja a toda la nómina durante el mes de diciembre del año pasado, afectando a 14,000 trabajadores.

“Estas prácticas agresivas de subcontratación afectó a más de 64,000 trabajadores en México. Esas empresas no son pequeñas, tienen contratados desde 101 hasta 500 empleados, se detectó en los operativos la estacionalidad y las empresas que dieron de baja a grupos muy grandes”, señaló el títular del IMSS.

No descartó que haya empresas que desconocen estas prácticas ilegales que les afectarán porque se someterán a revisiones dentro de los operativos organizados por las dependencias como la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal.

“Las acciones son inspecciones laborales por parte de la Secretaría del Trabajo, revisiones fiscales a través del IMSS, Infonavit, el SAT y la UIF. Se les invita a los patrones a que se regularicen. Hay integración de expedientes por parte de la Procuraduría Fiscal como defraudación fiscal, es el grupo de trabajo”, expuso.

El funcionario federal añadió que durante este año se seguirán los operativos conjuntos porque ha habido reformas legales para proteger los derechos de los trabajadores.

“Vamos a continuar de manera intensa aplicando este trabajo coordinado para algo que está desde hace años en el sentir de los mexicanos. Nadie puede entrar en estos esquemas, se le pide a los patrones reales que lo abandonen. No se puede seguir lucrando con los derechos de los trabajadores”, finalizó.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2020/01/mineras-y-call-centers-relacionadas-con-subcontratacion-ilegal-imss/

Mexico

Frenan proyecto minero a cielo abierto de filial canadiense en Dolores Hidalgo

GUANAJUATO, Gto., (apro).- El proyecto de la minera San Antón de las Minas, filial de la canadiense Argonaut Gold, no sólo tuvo el rechazo de pobladores de Dolores Hidalgo y organizaciones de la sociedad civil desde su anuncio: la mayoría de las instancias que fueron consultadas para la obtención de la autorización del cambio de uso de suelo y estudio de riesgo ambiental se negaron a avalarlo, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente federal -la Semarnat- determinó negarle el permiso para operar en ese municipio.

La empresa pretende explotar oro, plata y cobre en el Cerro del Gallo de Dolores Hidalgo, en una zona que abarca 370 hectáreas, mediante el método de tajo a cielo abierto con procesos de lixiviación que utilizan el cianuro, lo que de entrada provocó la reacción de organizaciones civiles que durante los últimos meses han realizado protestas, marchas y gestiones directas ante las autoridades responsables de autorizar el proyecto.

En la resolución a cargo de la Dirección general de impacto y riesgo ambiental (DGIRA) de la Semarnat publicada en la Gaceta Ecológica de la dependencia el 8 de enero, se advierte que la empresa “presentó información imprecisa, contradictoria e incompleta” sobre el desarrollo de las obras del proyecto, los anexos técnicos, la flora y fauna existente en la zona y las acciones de restauración y mitigación de los impactos ambientales en la misma.

Inconsistencias

En principio, como punto fundamental de la resolución negativa, la Semarnat y varias de las instancias consultadas -como el Consejo Estatal Forestal- encontraron que la minera reportó un área de vocación forestal menor a la real:

Mientras que la empresa indicó que requeriría del cambio de uso de suelo forestal para 142 hectáreas -de las cuales unas 40 corresponden a vegetación de bosque de encino y poco más de cien a área de pastizal- se identificó que en realidad son 148, seis hectáreas más.

De esa superficie, también se presentaron datos imprecisos sobre el área con vegetación de bosque de encino, que según la revisión efectuada, son 14 hectáreas más del total mencionado en la solicitud.

“En tal sentido, no hay certeza de cuál es la superficie correcta solicitada de cambio de uso de suelo de tipo forestal por excepción (CUSTF) para el desarrollo de las obras del proyecto”, dice el informe de la DGIRA.

En el proceso de análisis y consulta del Documento Técnico Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal y Estudio de Riesgo (DTU-BR) y la información adicional que se solicitó a la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V., “las opiniones recibidas por las diversas instancias no fueron favorables al proyecto y éste presentó información incompleta relativa a la correcta descripción de las obras y actividades del proyecto, la superficie solicitada para el Cambio de Uso de Suelo de Tipo Forestal (CUSTF) y la correcta caracterización de la flora y fauna en el sitio del proyecto”, se resume.

La documentación e información presentada por la minera contiene cambios en las superficies de afectación del proyecto, en la superficie para el cambio de uso de suelo de vocación forestal y en la actualización de los estudios técnicos entregados por la minera.

En esta información también se detectó que “la ubicación de las obras hidráulicas y las obras de conservación y retención de suelo se traslapa con el nuevo arreglo de las obras del proyecto”.

Por ejemplo, de los anexos de análisis hidrológico, la DGIRA identifica la probable afectación a los arroyos “Los Sistos” y “Las Cuevas”, donde de acuerdo al arreglo general originalmente presentado en el Documento técnico “se evitaba afectar el cauce de dichos arroyos y se contemplaba la construcción de diversas obras hidráulicas para proteger los escurrimientos dentro del predio del proyecto”.

Pero en la información adicional que entregó la empresa, “no se tiene la certeza de cuál sería la afectación a dichos arroyos y escurrimientos”.

Todo ello, resolvió la DGIRA, “genera incertidumbre respecto a la descripción y afectación de los arroyos y escurrimientos existentes en el predio del proyecto, así como de la caracterización de la flora que será afectada por el desarrollo del mismo, además de inconsistencias en cuanto a la información del inventario forestal presentado”.

Historia de tropiezos

San Antón de las Minas, localidad dolorense ubicada a poco más de 20 kilómetros de la cabecera municipal, fue una zona de actividad minera en el siglo XIX y principios del XX.

En el 2017, Argonaut adquirió las concesiones en 15 millones de dólares, según la página de internet de la compañía canadiense. A raíz de la compra, comenzó actividades de exploración que despertaron la inquietud de los pobladores de la zona y del municipio.

Organizaciones como la Coalición para la defensa de la Cuenca de la Independencia, el Centro de Desarrollo Agropecuario (Cedesa), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Acción Colectiva Ambiental salieron a la palestra y convocaron a especialistas e investigadores a foros para que los habitantes de la región conocieran los impactos de la minería de tajo a cielo abierto, altamente contaminante.

La empresa minera presentó ante la Semarnat la solicitud de autorización con el Documento Técnico Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal (DTU-BR) el 26 de abril del año pasado, en el que anexó información sobre los contratos de cesión de derechos posesorios y compraventas de predios rústicos en las localidades de San Antón, Cerro del Gallo, Mina Blanca, El Refugio, Silleros, El Sisote y otras vecinas.

El 22 de mayo, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) solicitó la opinión técnica sobre el desarrollo del proyecto a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado, al Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, al Consejo Estatal Forestal, así como a otras instancias dentro de la propia Semarnat:  la Dirección general de gestión forestal y suelos, a la Dirección de vida silvestre y a la Dirección general de política ambiental e integración regional y sectorial.

Opinión negativa, casi unánime

Sólo una de todas estas instancias respondió señalando que no era su competencia conocer de la solicitud. Todas las demás emitieron una opinión negativa sobre el proyecto.

Por ejemplo, el 11 de junio de 2019, el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo comunicó su rechazo por estos aspectos:

“Eliminación de la fauna y flora nativa de una zona considerable del territorio municipal; uso de explosivos para fragmentar la roca; uso del método de lixiviación de minerales de oro y plata, ya que se utilizan preparaciones con bajas concentraciones de cianuro, método que pone en riesgo la calidad del agua superficial y, a largo plazo, la integridad de mantos freáticos”.

Y destacó como inviable un punto contenido en la solicitud que dice: “Mediante la integración al proyecto de los habitantes de las poblaciones rurales, abatir, y para el caso de las poblaciones de San Antón de las Minas y El Sisote, desaparecer la agricultura y ganadería de subsistencia que actualmente se realiza”.

Mientras que el Consejo estatal forestal, en sesión efectuada el 2 de agosto de 2019, presentó una serie de argumentos para concluir una opinión desfavorable en su mayoría, ya que “no se sustenta de manera adecuada las medidas de remediación de las áreas a impactar”.

Otro rechazo contundente fue el de la Dirección general de gestión forestal y de suelos, que emitió su opinión el 5 de julio de 2019: “la empresa minimiza los impactos ambientales y el daño (afectación leve, moderada e irrelevante), con respecto al método de aprovechamiento de un tajo a cielo abierto y el establecimiento de una laguna de lixiviación, entre otros, y sólo se consideró la reforestación como medida de restauración (por lo que) faltan los programas de rescate y reubicación de flora y fauna, así como las medidas de mitigación de suelo y agua”.

Con las opiniones recabadas y la revisión propia (incluyendo información adicional que la empresa proporcionó el 28 de junio)  la DGIRA concluyó “que los impactos ambientales relativos al factor suelo, flora, fauna, agua y paisaje no fueron identificados en su totalidad”, mientras que las medidas o estrategias para la prevención y mitigación de los impactos ambientales “carecen del sustento técnico correspondiente”

La resolución -que puede ser impugnada o atendida en las observaciones- fue dirigida a la representante legal de la empresa San Antón de Las Minas, S.A. de C.V., Celia Rosario Badillo Botello, en el oficio no. 09968 de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), fechado el 17 de diciembre y notificado el día 19.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/614085/frenan-proyecto-minero-a-cielo-abierto-de-filial-canadiense-en-dolores-hidalgo?fbclid=IwAR1AqG9PqY1HmK-VFfQjVRTzb7hOqTnRrN27pqnzU12BO6MA6bibvDZrLd8

Mexico

Jales enferman a pobladores de Zimapán

En total nueve localidades han sido afectadas por las actividades de extracción

Pachuca.- Al menos nueve localidades de Zimapán registran contaminantes en el agua y sus habitantes presentan dificultad para respirar, así como dolor de ojos y cabeza, a raíz del mal manejo de los “jales” que contienen los residuos de la actividad minera en la zona.

En el municipio hay al menos cinco montañas que concentran 20 millones de metros cúbicos de residuos mineros (jales), mismos que provocan tolvaneras con metales pesados.

La situación afecta a los habitantes de las localidades San Miguel, La Lincera, La Sabina, Santiago, El Calvario, La Alberca, El Fas, Nueva Reforma, la cabecera municipal y los ejidos San Francisco y Xodhé.

Eso, porque la población padece dificultades para respirar, dolor de ojos y cabeza, así como la contaminación en elementos como el agua que consumen, a raíz de la dispersión de los metales pesados con los vientos.

Lo anterior lo dio a conocer el diputado local Víctor Guerrero Trejo, quien en conferencia de prensa detalló que las mineras asentadas en la demarcación son El Espíritu, La Purísima, Sago y Carrizal Mining, por lo que llamó a esas empresas y a algunos molinos de procesamiento a ser parte de la solución.

Además, pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a las dependencias estatales correspondientes a tomar cartas en el asunto.

El diputado morenista exhortó al edil de Zimapán Erick Marte Rivera Villanueva a no dar más permisos para la instalación de jales en la demarcación y atender los que ya existen.

Tan solo en los primeros días del año, cuando ocurrieron las rachas de viento en la entidad, una tolvanera generó una nube tóxica que afectó por varios días la demarcación.

 

Fuente:https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/jales-enferman-a-pobladores-de-zimapan/

Perú

Huancayo: Canipaco en emergencia ambiental por vertimiento de aguas ácidas

La zona del Canipaco, ubicada en la parte alta de la provincia de Huancayo, región Junín, se encuentra en emergencia ambiental a causa del vertimiento de aguas ácidas a tres ríos que a su vez son tributarios del Mantaro.

El presunto atentado contra el medio ambiente sucedió el jueves 9 de enero, informaron los pobladores que llegaron hasta el paraje Chuyas advirtieron el peligro pues las aguas del afluente de la zona adquirieron una coloración rojiza.
“Este es el riachuelo Chacote que sale de la misma operación minera de Corihuarmi, de allí se origina el riachuelo y constatamos aquí abajo en el encuentro que este río venía de color rojo, presumimos de que fue relave”, declaró el poblador de Huasicancha, Julio Santos Cahuana Tácunan.
Según los pobladores, varios kilómetros del cauce de los ríos fueron afectados por los relaves al parecer provenientes de pozas de oxidación ubicadas en la parte baja del tajo abierto de la mina Corihuarmi; inicialmente se contaminó el riachuelo Chacote, el cual se une con el río La Virgen y posteriormente con el río Canipaco, cuyas aguas finalmente desembocan en el río Mantaro.
En los afluentes de la zona fácilmente se podía pescar truchas, y en las riberas de los mismos también los animales pastaban y tomaban agua y muchos pobladores utilizaban el recurso hídrico para regar algunos sembríos, pero ahora el panorama se tornó sombrío y catastrófico.

Oefa investiga denuncia

Frente a las denuncias de los presidentes de las comunidades locales y las autoridades de los distritos de Huasicancha, Chongos Alto, Colca y Chacapampa, personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa)–Junín, se constituyó a la zona y catalogó preliminarmente lo sucedido como una emergencia ambiental.
“Hemos recibido el reporte preliminar sobre la emergencia ambiental por parte de la empresa Corihuarmi; por lo tanto, nos estamos apersonando a la zona del evento para hacer la toma de muestras; hemos visto aguas abajo que el río ha cambiado a coloración amarillenta, pero igual tenemos que ir al punto donde ocurrió el evento”, manifestó la jefa de oficina desconcentrada de OEFA Junín, Ymelda Montoro.
Sostuvo que las muestras de las aguas contaminadas en diferentes puntos estratégicos se analizarán en un laboratorio acreditado para verificar que tipo de residuos contaminaron los ríos y determinar así el grado de afectación en esta zona ubicada en la parte alta de la provincia de Huancayo.
“Lo que señala el reporte de emergencia por parte de la empresa es el vertimiento de aguas ácidas, entonces nosotros vamos a corroborar esa información, tenemos que dimensionar la afectación. Es una emergencia ambiental y tenemos que acelerar el tema de la atención y la toma de muestras”, remarcó.
Fuente:https://andina.pe/agencia/noticia-huancayo-canipaco-emergencia-ambiental-vertimiento-aguas-acidas-781269.aspx?fbclid=IwAR2eFA-6gpg5fdEWQgolQx4CsQqtuLmYIhrCQL5F695nP_3tUFHYtd7Yci0
Perú

Tía María: “Antes del 2024 la empresa no va a iniciar operaciones”, afirma Ministro de Energía y Minas

Durante la reciente conferencia que acaba de realizar el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, ante la Asociación de Prensa Extranjera en la sede del ministerio; acaba de anunciar que el proyecto minero tía maría de la empresa Southern Copper, perteneciente al Grupo México, no va a iniciar operaciones antes del 2024. “Eso nos da 5 años para que el Estado haga el cierre de brechas”, añadió el ministro.

De acuerdo a los tweets de la periodista Jacqueline Fowks, el ministro afirmó que primero construirán el hospital de los distritos de Cocachacra y de Mollendo y realizarán el estudio de agua y desague del Valle de Tambo.

«El Ministerio se va a hacer presente en el valle de Tambo para ‘cerrar brechas’. Eso nos da 5 años para fomentar el diálogo y alejar preocupaciones. Esto empezó con reclamos hídricos», añadió el ministro Liu.

Asimismo, también anunció que este año empezará a operar Mina Justa en Marcona (Ica), que inicialmente produciría aproximadamente 100.000 toneladas de cobre al año a partir de las operaciones de dos minas a cielo abierto.

Justicia en México

Mientras el gobierno anuncia, a través de su ministro de Energía y Minas, la estrategia para que el proyecto minero tía maría se implemente en Arequipa después del 2024; en México, la empresa transnacional dueña de Southern Copper, Grupo México, acaba de recibir una sentencia desfavorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener que reabrirse el fideicomiso que había destinado para la reparación ambiental, social y en materia de salud de las personas afectadas el 2014, o definirse nuevos mecanismos de remediación y reparación de los daños generados tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi. En estos días se hará pública la sentencia.

La denuncia de los afectados organizados en los Comités de Cuenca del río Sonora, señala que la reparación implementada por el Grupo México y el gobierno de Peña Nieto a través del fideicomiso, fue fallida, mal implementada y sin participación de los afectados en el Comité Técnico. Por ejemplo, hasta ahora no se construye el centro de salud especializado para la atención de los afectados por metales tóxicos y no se ha realizado la remediación ambiental completa de la cuenca del Sonora.

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/tia-maria-antes-del-2024-la-empresa-no-va-a-iniciar-operaciones-afirma-ministro-de-energia-y-minas/?fbclid=IwAR3F5jt6oXzzaWTsY5msSxI6NDcSJGiWIs3vn2MMQ7FqRxAujkZX7_8NR-E

Litio, Mexico

Estaría SLP en selecto grupo del litio

Una de las primeras referencias públicas en San Luis Potosí al “oro blanco” o “nuevo petróleo” -en relación a su posible riqueza- ocurrió en los albores de junio de 2010: el día 8, el periódico La Jornada publicó que empresarios españoles vinculados al Banco Santander firmaron un acuerdo con Litiomex, SA de CV, del empresario Martín Sutti Courtade “para hacerse cargo de la comercialización global” del litio mexicano.
Según este antecedente, laboratorios especializados de Canadá, Japón, Estados Unidos, Perú y México, encontraron que los depósitos de litio en SLP y Zacatecas “son de calidad mayor a la esperada”.
Courtade afirmó en ese entonces, que la empresa china Citic Gouan Group construiría en esta entidad una fábrica de baterías de litio para los automóviles eléctricos de los gigantes Nissan, Honda y GMC, a un costado de los salares del municipio de Santo Domingo. Courtade añadió que él posee los títulos de concesión de estos depósitos litíferos, a través de la empresa Pietro Sutti, sobre 47 mil hectáreas en el Altiplano de ambos estados.
Este empresario está identificado como un pionero en el conocimiento del litio y su valor, pero hace nueve años nadie le hizo caso. Cuando se busca a la empresa Litiomex en Google, apenas aparecen mil 20 resultados en 32 segundos, pero en realidad es muy poca la información de fondo.
Oficialmente, según el emprendedor, la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE) federal, fue la encargada de entregarle la enorme extensión para su explotación.
PRIVILEGIADOS
El único estudio formal corrió a cargo, precisamente, de la SE. El documento de la Dirección General de Desarrollo Minero intitulado “Perfil de mercado de litio” consta de 43 páginas y data de 2018. Las referencias son escasas, pero suficientes en el sentido de que el litio no está en todo el país, sino en ciertas regiones y una de ellas es San Luis Potosí-Zacatecas, tal como dijera Courtade, además de Baja California y Sonora, donde estaría el mayor yacimiento probado por el momento.
La dependencia federal indica que el proyecto se ubica en la parte occidental de San Luis, dentro de los municipios de Salinas, Santo Domingo y Villa de Ramos; además de Villa de Cos, en Zacatecas.
«El proyecto pretende explotar un depósito de sales de litio y de potasio que se encuentra en sedimentos arcillosos y en salmueras de evaporación, formando lagunas (…) y miden en promedio 2.5 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho, y están distribuidas a lo largo de un alineamiento de 100 kilómetros de largo dentro de cuencas endorreicas. Los estudios realizados a la fecha por la empresa Litiomex, indican que existe un gran potencial, estimando recursos del orden de los 8 millones de toneladas de litio equivalente», expresa el trabajo.
La zona donde estaría el recursos es el Altiplano potosino.
GEOPOLÍTICA
Pero el tema del litio, en sí mismo, no tiene mucho tiempo de circular a nivel nacional. Las primeras referencias fueron geopolíticas, por parte del analista político Alfredo Jalife-Rahme, quien sostuvo que el «golpe de Estado» en Bolivia contra el expresidente Evo Morales, tuvo su principal origen en la ambición de Estados Unidos por la riqueza de litio que posee el país, si bien está reconocido que Chile es el principal productor.
De hecho, México, a pesar de tener litio en su territorio, hoy lo importa. Según Economía, en 2016 gastó 1.6 millones de dólares en este producto (90% lo trajo del país andino), contra una venta irrisoria de 658 dólares de tres kilos a El Salvador, sin que refiera de qué parte del país se extrajo el elemento químico que hoy está en boca de todos. Además de Chile, otros países productores son EU, Argentina, Australia, Brasil, China, Portugal y Zimbabue. Bolivia y México tienen litio en abundancia y… está virgen.
De acuerdo con un reciente pronunciamiento del experto de la Facultad de Química (FQ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Plinio Sosa Fernández, el litio ofrece tecnologías más ligeras y actualmente es explotado en baterías de celulares, equipos electrónicos de trabajo, energía eólica, celdas solares, dispositivos recargables y autos eléctricos.
Ricardo Femat Flores.
POTENCIAL POTOSINO
El investigador de la División de Matemáticas Aplicadas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), Ricardo Femat Flores, declaró a Quadratín SLP que el valor del litio radica en que permite desarrollar baterías con alta duración y gran capacidad de almacenamiento de energía, “de ahí que baterías de litio en móviles y vehículos híbridos, son capaces de mover camiones de carga; sí se deben recargar constantemente, como un tanque de gasolina, pero es importante decir que será una de las alternativas energéticas para acumulación de energía para el futuro”.
Femat aclaró que la energía tiene una característica: no se puede acumular si no es con una batería. Puso como ejemplo los automóviles que tienen batería de ácido sulfúrico, alternador y generador, que la almacenan “y de ahí que los volvamos a prender al día siguiente”.
Consideró “exagerado” comparar el litio con el petróleo, ya que de este se pueden extraer varios compuestos, mientras aquel solo es utilizado para hacer baterías, aleaciones base, “incluso para ser superconductores, pero esa tecnología no maduró; es decir, en los superconductores no se pierde energía, mientras otros metales tienen una resistencia al paso de la energía y se pierde”.
El Investigador Titular “C”, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (SNI) Nivel 3, aceptó que del litio “se sabe poco en el país, pero la gente que se dedica a sales y minería tiene registros desde hace años, sobre todo en las salmueras continentales (regiones donde hay sal)”, de las que San Luis posee una gran extensión.
A futuro, la ventaja para el estado potosino es que podría dotar de litio a los autos eléctricos del clúster automotriz del Bajío y en un momento dado, ser productor para las grandes empresas como Tesla en EU.
Es un recursos con una potencial demanda
UN DESPERDICIO
Femat añadió que tan insignificante fue el litio en México hasta hace poco tiempo, que a pesar de tener entre 400 y 500 años, las mineras, al extraer sal para cocina, lo tiraban, por lo que debe estar en esas áreas de explotación y es posible producir cloruros de litio (sal formada por cloro y litio) para las baterías.
“El litio debe estar en las minas o sus linderos, pero además se sabe que en la salmuera hay litio, es decir, en la sal que no han extraído para llevarlo a la mesa”.
El doctor recordó que Salinas de Hidalgo era productor de sal por excelencia en el país hasta que apareció Guerrero Negro (la más grande salina al sur de la península de Baja California), por lo que debe haber una gran dotación de litio abandonado ahí.

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/economia/estaria-slp-en-selecto-grupo-del-litio/?fbclid=IwAR1DQX0Qjsy3KQbaQseYqfbtJYHDJtKmwYLU3GB2HtqUyESEM8ZlJR5QhuI

Ecuador

Comunidades no permitieron ingreso de empresa minera en Íntag

A través de una misiva, desde la comunidad de Cazarpamba, en Cotacachi, se informó que las “comunidades afectadas por concesiones mineras en Íntag rechazan firmemente la presencia de la empresa transnacional BHP – Cerro Quebrado”.

Según denunciaron, al medio día del martes, “hombres y mujeres de la comunidad de Cazarpamba, juntamente con moradores de comunidades aledañas, le prohibieron el paso a empleados de la poderosa empresa transnacional minera BHP, a pesar de haber estado acompañada de decenas de policías”.

Además, se expuso que en la carretera se instaló un “control comunitario”, precisamente, “para controlar la presencia de personas no deseadas”.

“En horas de la tarde, moradores informaron que los policías esperaban refuerzos para intentar de nuevo pasar por el control, con la intención de llegar a la comunidad vecina de Irubí. Sin embargo, decenas de moradores de otras comunidades ahora se encuentran junto a los comuneros de Carzarpamba, incluyendo campesinos y campesinas de Irubí, Guamirla, Puranquí y Santa Rosa”, detallaron desde la organización Decoin (Defensa y Conservación Ecológica de Íntag).

“Los comuneros afirman que el permiso para que la empresa inicie la exploración inicial se otorgó sin que el Estado consulte debidamente con las comunidades. Ya van cerca de dos años que la empresa obtuvo el permiso para la exploración minera, pero no ha logrado iniciar debido a la resistencia de las comunidades, que no hace sino fortalecerse”, finalizaron. (DLH)

 

Fuente:https://www.lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102299661/comunidades-no-permitieron-ingreso-de-empresa-minera-en-intag-?fbclid=IwAR01NuHBcAMhbRIsgi6pZuWivZbuuCZqSKzIi4amShkTWHPS7dRIUkgqCKY

Perú

Las sombras del proyecto Coroccohuayco

El 19 de diciembre último, se reunieron en la provincia de Espinar, Cusco, una comitiva del Poder Ejecutivo y representantes de las 13 comunidades de la zona de influencia de la mina Tintaya – Antapaccay, que actualmente se encuentra en proceso de ampliación con el proyecto Coroccohuayco. La reunión tenía por finalidad dar seguimiento al compromiso asumido por el Presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, en la reunión del 19 de noviembre, relacionado con la implementación del proceso de consulta previa para el proyecto Coroccohuayco.

En esta reunión se acordó que las sesiones preparatorias para la realización de la consulta se iniciarán a fines de enero del presente año. Para dicho fin, el Poder Ejecutivo presentaría el plan de consulta, que es el primer paso para la realización de este proceso. El plan debe precisar: qué comunidades son las consultadas, quién es el encargado de hacer la consulta (el Ministerio de Energía y Minas en este caso), las etapas del proceso, los principios que la rigen, entre otros temas; siendo un punto fundamental, el objeto de la misma, es decir qué es lo que se está consultando.

De igual manera, en el acta de esta reunión de diciembre, también aparece como acuerdo la posibilidad que las comunidades presenten una propuesta de plan.

Hasta acá uno podría pensar que las cosas se están manejando correctamente por parte del Poder Ejecutivo, y los derechos de las comunidades están siendo respetados. Pero si uno escarba un poco más, encuentra muchas más sombras que luces en este caso. Para entrar en detalles, es necesario contextualizar el caso.

Como es bien sabido, el primer tajo Tintaya data de mediados de los ochenta, cuando todavía la mina era una empresa pública. En los noventa la mina se privatizó, y ya con la empresa suiza Xstrata como titular, Tintaya amplió sus operaciones con la aprobación del proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya a partir del 2010.  Luego Xstrata fue absorbida por Glencore, que es el actual dueño de esta mina. Años de explotación indiscriminada bajo nulos estándares ambientales o sociales, y las sucesivas expansiones de la mina con las compras de tierras, ha devastado el tejido social de estas comunidades, y condenado a aquellos que decidieron quedarse y no migrar a zonas urbanas a convivir con los relaves mineros y las aguas contaminadas. De acuerdo a estudios del Ministerio de Salud, existen más de 700 personas que habitan en la zona de influencia de la mina a los cuales se les ha detectado presencia de metales pesados en el organismo.

Para viabilizar el proyecto Coroccohuayco, la empresa presentó una Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) ante el SENACE, órgano encargado de su aprobación y la certificación ambiental. Como lo señaló el mismo SENACE en el proceso de evaluación de esta MEIA, la ejecución de Coroccohuayco implicaría el reasentamiento de 3 comunidades: Huano Huano, Huini Coroccohuayco y Pacopata. De acuerdo al artículo 16 del Convenio 169 de la OIT, que protege a estas comunidades en su condición de pueblos originarios, el reasentamiento requiere el consentimiento de estas comunidades. Y solo en el excepcional caso que no se pueda obtener tal consentimiento, el Estado debe brindar a aquellas comunidades o pueblos indígenas reasentados, similares o mejores condiciones que las que tenían inicialmente; eso quiere decir que el lugar al cual sean reasentados les debe permitir seguir manteniendo su infraestructura comunal y, especialmente, sus prácticas tradicionales de convivencia con la tierra y el territorio, sus derechos colectivos como pueblos originarios.

Dada el nivel de impacto que conllevaría el proyecto Coroccohuayco sobre estas 3 comunidades, poniendo en peligro su subsistencia física y cultural, desde hace más de un año estas comunidades vienen demandando que la MEIA sea objeto de consulta. Existe una acción de amparo pendiente de resolver en el juzgado de Espinar por esta causa, y, además, en el transcurso del 2019 se han enviado numerosos petitorios al SENACE y otros ministerios para que se socialicen los contenidos de esta MEIA ante las comunidades. SENACE nunca atendió ninguna de estas solicitudes, justificando su decisión en el carácter técnico de su labor. De acuerdo a lo que señalaron en sus respuestas, formalmente ellos no se sentían obligados a dialogar con la población o sentarse en un espacio de diálogo.

De tal manera que, ya existían varios cuestionamientos sobre la forma cómo SENACE venía manejando el proceso de evaluación de la MEIA Coroccohuayco. Lo concreto es que esta entidad nunca tuvo la iniciativa para informar con transparencia a las comunidades cuáles eran los planes de venta de sus tierras.

Y así se llegó a la reunión del día 19 de diciembre. Dos días antes, el 17 de diciembre, el SENACE emitió la Resolución 00196-2019-SENACE-PE/DEAR que aprobó la MEIA Coroccohuayco. Las comunidades de Coroccohuayco que acudieron de buena fe a la reunión del 19 de diciembre no pudieron enterarse de dicha decisión, puesto que no fue un punto de agenda en la reunión ¿Se hubiera llegado a un acuerdo con las comunidades sobre la consulta previa si es que estas se hubieran enterado de antemano de la aprobación de la MEIA?

De tal manera que, nos encontramos próximos al inicio de un proceso de consulta con unas comunidades que aún no saben cuáles son las implicancias de los planes de compra de sus tierras. Con una MEIA aprobada, lo más probable es que el Poder Ejecutivo no quiera incluir en la consulta el reasentamiento de estas comunidades.

Pero hay que dejar algo en claro. En el proceso de evaluación de la MEIA, SENACE le requirió a Glencore que presente un plan de reasentamiento para las comunidades de Coroccohuayco, y este plan tenía que cumplir con los estándares de protección de pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT. La empresa nunca cumplió con presentar dicho plan, justificando su posición en el hecho de que no está regulado el reasentamiento poblacional para actividades mineras, y de que sus tratativas se deben enmarcar en el libre acuerdo entre privados. Bajo este marco, la empresa prefiere impulsar negociaciones bilaterales, o entre grupos de interés dentro de las comunidades, generando divisionismos y la fractura social.

A pesar de que la empresa no presentó ningún plan de reasentamiento, SENACE les ha aprobado la MEIA. En el Informe que sustenta esta aprobación, SENACE señala, de forma contradictoria, que el plan de adquisición de tierras presentado por la empresa debe cumplir con los estándares sociales y ambientales del Convenio 169 de la OIT, aunque propiamente todavía no puede ser considerado un plan de reasentamiento[1]. Ante una MEIA aprobada y la ausencia de una legislación sobre reasentamientos poblacionales para actividades mineras, cabe preguntarse: ¿qué órgano del Estado va a garantizar de que el proceso de adquisición de tierras en este caso cumpla estándares mínimos de protección de pueblos indígenas? Si es un acuerdo entre privados, va a ser difícil que el OEFA se vea obligado a intervenir. Si no lo hace, ¿quién lo hará entonces? SENACE se lava las manos al plantear una obligación que tiene que cumplir la empresa, pero sin especificar cuál es el órgano que va a supervisar que se cumpla tal disposición. Sería saludable que el Ministerio de Cultura, en su condición de órgano rector de los pueblos indígenas del país, pueda plantear alguna posición respecto a esta grave situación que pone en completa indefensión a estas comunidades. Nos preguntamos si lo hará o también se va a lavar las manos en este tema.

Resulta indispensable que en el próximo proceso de consulta que se va iniciar, puedan ser aclarados los puntos mencionados, particularmente precisar cómo el gobierno va a garantizar la vigencia de los derechos colectivos de las comunidades de la zona de influencia del proyecto Coroccohuayco.

 

16 de enero del 2020

[1] Como indica SENACE en el Informe 1017-2019-SENACE-PE/DEAR (págs. 270 y 271) que sustenta la aprobación de la MEIA: “(…) el efecto del impacto (Pérdida de tierras de actividades productivas) generado por el Proyecto es el desplazamiento físico y económico de los hogares asentados en dichas tierras, por lo cual, la medida que corresponde para este caso es reubicar dichos hogares en otras tierras en las condiciones que señala la citada disposición (…) Por lo tanto, considerando a la vivienda como medio de subsistencia y ubicándose ésta en tierras donde se asientan los hogares de las comunidades campesinas de Huano Huano, Pacopata y Huini Coroccohuayco, que son pueblos indígenas, y que van a ser impactados por el Proyecto; se les aplica la medida de compensación de reubicación de viviendas conforme el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-sombras-del-proyecto-coroccohuayco/?fbclid=IwAR2J8tdAAyfNHHnG4r78mrsGwqQOTxbJrzaBEymKQMUvjjpO-5HDc_OAYIk