Perú

HUANCAVELICA: PROYECTO MINERO AMENAZA CON CONTAMINAR AGUA QUE CONSUMEN 50 MIL PERSONAS

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 14 de enero de 2021
Foto: Servindi
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el pasado 15 de diciembre, el proyecto de exploración minera “Pukaqaqa Sur” presentado por la empresa de capitales brasileños, Nexa Resources Perú S.A.A., el cual pone en riesgo el agua que consumen más de 50 mil pobladores de la provincia de Huancavelica. Las comunidades exigen a las autoridades que se anule la resolución que aprueba esta iniciativa.

Las autoridades de la provincia de Huancavelica se reunieron el 11 y 12 de enero con representantes del Ejecutivo y el Congreso para expresar su rechazo al proyecto que pone en riesgo la calidad de agua. Asimismo, anunciaron que presentarán formalmente ante el Minem el pedido para anular dicha resolución.

La comisión que se presentó estuvo integrada por los regidores de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Yovana Quispe, Cancio Inga y Elsa Benavente, y el gerente de Gestión Ambiental, Cirilo Gómez.

En su momento, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica, la Municipalidad de Ascensión, y la Comisión Ambiental Regional de Huancavelica presentaron ante el Minem, observaciones en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto. En este documento presentaron sólidos argumentos sobre las afectaciones de Pukaqaqa Sur generaría en ecosistemas frágiles por estar en la cabecera de la subcuenca, y la toma de agua de Callqui, que va a la planta de tratamiento de agua potable para el consumo de más de 50 mil personas.

Lamentablemente, la presión del gobierno por impulsar estos proyectos y el alza del precio del cobre, priorizaron la aprobación de este proyecto dejando de lado las observaciones. Al no considerar estos argumentos, el Minem no tomó en cuenta la autonomía del Gobierno Regional ni la de Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Pero eso no es todo, pues al aprobar la DIA, el gobierno ignoró dos ordenanzas municipales que declaran de interés público la conservación y protección de la cuenca y microcuenca de Ichu, donde se realiza este proyecto.

Este memorial fue presentado el lunes 11 ante el Minem y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambientes y Ecología del Congreso. Además, de las comisiones de Fiscalización y Contraloría, y de Energía y Minas del Parlamento.

Pedido formal

En tanto, la regidora Elsa Benavente informó que el pedido de nulidad de la resolución que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero, se presentará formalmente antes del 22 de enero.

Chile

Corte Suprema acoge demanda de grupo indígena y falla contra permisos de expansión de mina de BHP

El máximo tribunal estableció que no se consideraron adecuadamente los impactos ambientales y los recursos de la comunidad en el plan para la mina Cerro Colorado.
La firma aseguró que «ya está trabajando en el cumplimiento de las medidas exigidas por el Tribunal Ambiental».
14/01/2021 Bloomberg
La Segunda La Corte Suprema acogió una demanda interpuesta por un grupo indígena contra la mina de cobre Cerro Colorado de BHP Group, emplazada en la Región de Tarapacá, y dictaminó que los permisos para una expansión no consideraron adecuadamente los impactos ambientales y los recursos de la comunidad. La resolución a favor de la Asociación Agrícola Indígena San Isidro de Quipisca fue emitida el miércoles por la noche por la Tercera Sala de la Corte Suprema.
Ante las dudas de que este fallo signifique que la mina deba detener sus operaciones, BHP aseguró que aquello no es así, más bien, explicó la compañía, se mantuvo una solución procesal ordenada por el Tribunal Ambiental en 2019 para considerar que las observaciones del grupo en un nuevo proceso de evaluación que ya está en curso.
«El fallo de la Corte Suprema no ordena el cierre de las operaciones de Cerro Colorado», aseguró la compañía.
«Cerro Colorado ya está trabajando en el cumplimiento de las medidas exigidas por el Tribunal Ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental», añadió.
La más pequeña de las tres minas de cobre de BHP en Chile se ha enfrentado a la oposición de las comunidades indígenas que buscan defender los suministros de agua subterránea en la región norteña de Chile.
En julio, BHP anunció que planea reducir las operaciones en Cerro Colorado, adelantando efectivamente un plan de reducción antes de la expiración de sus permisos de operación en 2023.
En ese momento, dijo que continuaría explorando opciones para extender la explotación más allá de 2023 mediante el uso de agua de mar.
El año fiscal pasado, BHP registró un deterioro de US$ 409 millones de Cerro Colorado, una operación que había acordado vender en 2018, pero luego el acuerdo fue cancelado .
La empresa reafirmó su voluntad de establecer procesos de diálogo basados ??en el respeto, la buena fe y los principios del Plan de Pueblos Indígenas de BHP.
Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/01/14/1009431/Corte-Suprema-mina-Cerro-Colorado.html

Criminalización de la protesta, Perú

Preparan marcha en respaldo a dirigentes sentenciados por caso Tía María

La dirigente Marilú Marroquín señaló que las acciones de protesta en defensa del agro y medio ambiente acaban siendo criminalizadas injustamente.
12/01/2021 Ibón Machaca Regional Avatar
La reciente condena impuesta a los dirigentes del valle de Tambo, que lideraron las protestas contra el proyecto minero Tía María, sigue despertando indignación. La presidenta de la Junta de Usuarios La Ensenada Mejía, Marilú Marroquín, informó este lunes a los medios de Arequipa, que la población participará de una movilización en apoyo a los condenados Jesús Cornejo, Jaime de la Cruz y Pepe Julio Gutiérrez.

Los pobladores del valle de Tambo se han auto convocado para salir a marchar este martes 12, en Islay. Esto con la finalidad de respaldar a los dirigentes sentenciados, dijo Marroquín. La movilización será de carácter pacífico, portando sus banderillas verdes por las calles de Cocachacra y Dean Valdivia. La representante de los agricultores se reunió en Arequipa con autoridades de la provincia de Islay y el Gobierno Regional.

Se esperaba que el caso de los dirigentes sea tratado en la sesión, en vista de la disposición y apoyo mostrador por el gobernador Elmer Cáceres Llica en días previos. Sin embargo, ante su ausencia el debate giró en asuntos relacionados al déficit hídrico y el efecto de las lluvias.
“Se criminalizan las protestas”, afirma dirigente de Arequipa

Al igual que otros dirigentes, Marilú Marroquín consideró que la sentencia criminaliza los actos de protesta. Asimismo, castiga a quienes salen a defender el agro y el medio ambiente. En su opinión, el proceso judicial no tuvo los suficientes sustentos y se les ha condenado solo por dirigir las manifestaciones.

“Se está criminalizando las protestas. Prácticamente, como los quieren maniatar y callar, yo creo que el pueblo se tiene que levantar. Se está vulnerando la justicia”, sostuvo Marroquín.

Por su parte el alcalde distrital de Dean Valdivia, Richard Ale Cruz, manifestó que el valle de Tambo se mantiene en contra del proyecto y debe respetarse dicha posición. Ale Cruz estuvo procesado junto con los dirigentes, pero quedó absuelto. Él manifestó que no ha cambiado de opinión respecto al proyecto. Considera que la empresa minera no ha despejado las observaciones que hizo UNOPS al Estudio de Impacto Ambiental.

En tanto, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) anunció su respaldo a los dirigentes sentenciados. Con tal motivo convocaron a una protesta. Así lo informó el secretario general del sindicato, José Luis Chapa Díaz. Manifestó que el próximo 14 de enero saldrán a las calles para defender a quienes luchan por el pueblo.

Preparan marcha en respaldo a dirigentes sentenciados por caso Tía María

Criminalización de la protesta, Perú

Sentencian en Perú a dirigentes ambientalistas que pelearon contra megaproyecto minero

El jueves pasado fueron sentenciados dirigentes del Valle de Tambo quienes participaron en el año 2015 en las luchas sociales realizadas en el sur peruano contra la minera Southern que buscaba expandir su radio de explotación en torno al proyecto Tía María. Esta es una demostración concreta de la criminalización de la protesta social y la persecución judicial a los que luchan.
12/01/2021
El Primer Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, condenó a 3 exdirigentes de las protestas que se dieron en el año 2015 en el valle de Tambo, Perú, contra la extensión de la minera Southern en el proyecto llamado Tía María.

Los tres dirigentes condenados, que integraban el Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT), son: Jesús Cornejo Reinoso, presidente de la Junta de Usuarios de valle de Tambo, a quien se le sentenció a 7 años y 4 meses de prisión; Jaime de la Cruz, ex alcalde de Dean Valdivia, sentenciado a 12 años y 4 meses de prisión; y Pepe Julio Gutiérrez, sentenciado a 18 años de prisión.

En este proceso judicial estaban implicados otros 10 dirigentes entre ellos Richard Ale Cruz, José Ramos Carrera, Juan Meza Igme, Hilario Cornejo Reynoso, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín César Juárez Bernedo; Victor Zeballos Ortiz, Juan José Colquehuanca Chaiña, quienes fueron absueltos, además del abogado de los acusados Héctor Herrera Herrera.

Recordemos que en estos últimos 10 años en el Valle de Tambo se han realizado diversos paros por parte de los agricultores y pobladores contra la instalación del megaproyecto minero Tía María de propiedad de la multinacional Southern.
Los campesinos y los pobladores de este valle se oponen a este emprendimiento minero ya que contamina el agua y el suelo y de esa manera afecta su principal actividad productiva que es la agricultura. Para llevar adelante esta lucha los campesinos y el pueblo constituyeron el Frente Amplio de Defensa del valle de Tambo (FADVT) que fue el espacio de centralización que sirvió para organizar las diversas iniciativas de los campesinos y de los pobladores.

Cabe mencionar que en el caso de los dirigentes sentenciados Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, para el Juzgado Colegiado, ambos abrían actuado en la condición de “coautores no ejecutivos” en la comisión de los delitos de “entorpecimiento de los servicios públicos y motín”, es decir, habrían desarrollado supuestamente la prestación de tareas y habrían integrado un “plan criminal” siendo por tanto parte de la “comisión del delito”. Este razonamiento judicial, sin embargo, no pudo ser probado.

Frente a estos casos, la Red Muqui sostiene que:

“El juzgado no ha tenido en cuenta que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 0009-2018-PI/TC, ha establecido claramente que el ejercicio del derecho a la protesta social puede devenir en la limitación de otro derecho fundamental o la prestación de un servicio. Esta es constitucional siempre y cuando tenga como fin la búsqueda de la protección de un derecho fundamental o bien constitucional. Esto es lo que ocurrió en las protestas de Tía María, pues cuestionaban un proyecto minero que carece de estudios ambientales suficientes para garantizar el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, y que afectaría gravemente el desarrollo de las actividades económicas de la zona”.

Sobre el caso de “Pepe” Julio Gutiérrez, este ha sido condenado por el delito de extorsión. Como es de conocimiento público, este ex dirigente de Valle de Tambo, en el año 2015, a espaldas de la población, intentó obtener un beneficio económico personal de la empresa Southern, lo cual fue abiertamente rechazado por los pobladores del valle que en ese momento se encontraban en pie de lucha. Lamentablemente este acto fue utilizado para tratar de deslegitimar la justa protesta de los agricultores, a pesar que “Pepe” Julio fue apartado desde ese entonces de toda instancia de representación social.

Con esta sentencia lo que se estaría haciendo es crear un precedente jurídico para criminalizar la protesta social y a los dirigentes de estos procesos de lucha, además de ello, se buscaría también amedrentar a los diferentes sectores sociales como los campesinos y los trabajadores que hoy, como consecuencia de la profunda crisis económica que se vive en el país, empiezan a luchar y enfrentar con la movilización los planes de ajuste de los empresarios y los gobiernos como ocurrió hace poco con los trabajadores agrarios.

Es necesaria una campaña urgente de las centrales de trabajadores, campesinos, frentes de defensa y organismos de derechos humanos para rechazar esta injusta sentencia judicial, y solidarizarse con los dirigentes sociales Jesús Cornejo Reinoso y con Jaime de la Cruz, quienes hoy son sentenciados por representar en su momento los intereses y la voluntad del pueblo del valle de Tambo.
https://www.laizquierdadiario.com/Sentencian-en-Peru-a-dirigentes-ambientalistas-que-pelearon-contra-megaproyecto-minero

Bolivia, Litio

La Paz, 11/01/2021 (Prensa Latina)
El Ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Franklin Molina, posesionó hoy a Marcelo Gonzales al frente de la industria del litio para reactivarla luego de la afectación provocada por el gobierno de facto.

‘El desafío es grande luego de haber prácticamente tenido parada un año nuestra planta donde no hemos tenido inclusive comercialización de los productos’, declaró el titular tras la designación del presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

Molina calificó de importante la articulación de la política energética porque este producto permitirá el desarrollo económico del país y de las regiones productoras por su alto valor agregado, así como la demanda en el mercado internacional de baterías de litio.

A su turno, Gonzales agradeció la confianza y aseguró que YLB tiene los recursos humanos calificados y necesarios para ‘entrar a la etapa de industrialización del litio’ y continuar lo establecido hasta antes de octubre de 2019.

Detalló entre las principales acciones la construcción de otras plantas industriales como las de ión litio y cátodos en los salares de Coipasa Uyuni(departamento de Oruro) y Pastos Grandes (Potosí).

Esas entidades van a generar grandes recursos económicos para Bolivia, su desarrollo, algo que esperan los nacionales particularmente para Oruro y Potosí, afirmó Gonzales.

Las actividades de producción en la planta industrial de cloruro de potasio y de la planta semi industrial de carbonato de litio las frenó Jeanine Áñez al encabezar el ejecutivo de manera transitoria en noviembre de 2019.

La pandemia de Covid-19 sobrevino también factor de impacto sobre esa industria debido al mal manejo de la enfermedad y a las restricciones de cuarentenas rígidas dictadas.

Los yacimientos de litio de Bolivia están entre los más grandes del mundo, por lo cual estimaciones apuntan a que el proyecto impulsado por la actual administración permita continuar erradicando la pobreza y la dependencia.

No obstante la voluntad gubernamental, algunos ámbitos de conflicto emergen de los intereses divergentes de varios actores internos y de las interdependencias a escala global, nacional, regional y local.
mem/znc
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=422873

Chile

Tras «fatídica» reunión en línea: Asamblea Territorial Penco Lirquén emplaza al SEA a hacer efectiva participación ciudadana en proyecto minero de tierras raras

13/01/2021
[resumen.cl] Este martes se realizó la primera reunión virtual de la denominada participación ciudadana gestionada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Esto ante la inminente arremetida del proyecto de extracción de tierras raras que la empresa Biolantánidos pretende ejecutar en Penco
A través de un comunicado la Asamblea Territorial Penco Lirquén calificó de «fatídica» esta primera jornada de participación ciudadana (PAC)
Cabe recordar que el SEA convocó a esta nueva participación ciudadana el 20 de diciembre pasado por cambios en el proyecto minero.

Esta es la planta piloto de la minera a pocos kilómetros de la población de la ciudad de Penco en el Gran Concepción


Este proceso duraría solamente 30 días y se organizaron 2 reuniones por Zoom el martes 12 y jueves 14 de enero

Hackeo impidió a la comunidad conocer detalles del proyecto
Por cerca de una hora estuvo bloqueada la reunión de Zoom, incluyendo el chat. Esto derivó en una pobre presentación del representante de la empresa, la cual era esperada por la comunidad para conocer los nuevos cambios en el proyecto de extracción minera.
«El hackeo sólo generó un beneficio para la empresa que no tuvo que responder ninguna pregunta de público, hackeo que además no presentaba ninguna consigna ambiental» indicaron desde la Asamblea

Pantallazo de la interrupción de la reunión
El contenido no apuntaba hacia algún descontento contra problemáticas ambientales ni sociales, sino que incluso mostró contenido misógeno y pornográfico.
Emplazamiento para postergar la PAC hasta que las condiciones de la pandemia lo permitan

En su comunicado, la Asamblea territorial explica que «diversas organizaciones e instituciones entre ellas la Municipalidad de Penco y la Unión Comunal de JJVV de Penco entregaron cartas al SEA para que postergara la realización de esta nueva participación debido a que la comuna de Penco se encuentra desde la semana pasada en fase 1 [cuarentena toda la semana] por Covid»

«Emplazamos al SEA a postergar la participación ciudadana hasta que las medidas sanitarias lo permitan y pueda hacerse efectiva la participación ciudadana» indicaron

Desde hace aproximadamente 5 años que está operativa la planta piloto del proyecto minero Biolantánidos en los cerros aledaños a la ciudad de Penco en el Gran Concepción. Inaugurada en 2015 constituye la fase de experimentación y preparación de una faena minera a tajo abierto que utilizaría decenas de miles de litros de agua por hora del Estero Penco y El Cabrito; y tendría una capacidad para procesar hasta cientos de toneladas por hora de mineral.
https://resumen.cl/articulos/asamblea-territorial-penco-lirquen-emplaza-al-sea-a-hacer-efectiva-la-participacion-ciudadana-ante-proyecto-minero-de-tierras-raras

Argentina, Bolivia, Chile, Litio

La ambición minera por el codiciado «Triángulo del Litio» en Chile, Bolivia y Argentina

12/01/2021
[resumen.cl] La gran minería se refiere como «Triángulo del Litio» a la zona que alberga entre un 70% y 85% de las reservas de litio descubiertas, siendo objeto de la explotación extractivista y escenario de conflictos socioambientales que van en auge sostenido tras el impacto negativo en los ecosistemas de la zona altoandina de Chile, Bolivia y Argentina.

Desde hace años que se ha instalado en el debate público el impacto multidimensional del extractivismo como modelo que acompaña, en América Latina, el desarrollo del neoliberalismo. La minería, la industria forestal y el rubro de la energía han sido identificadas como piedras angulares, a escala regional, de los sectores alimentados de la extracción de recursos naturales, trayendo consigo consecuencias para el medioambiente y las comunidades que habitan los territorios.

En este contexto, por su capacidad de densidad eléctrica, el litio ha sido caracterizado como un metal que presenta un buen almacenamiento de electricidad y, a la vez, de calor, concibiéndose como ‘el oro blanco del siglo XXI’, siendo esencial para la fabricación de cerámicas, lubricantes y siendo utilizado en la metalurgia. Asimismo, en consideración del contexto de traspaso de los combustibles fósiles a las denominadas ‘energías renovables’, el litio es utilizado para la fabricación de baterías de dispositivos como computadores, celulares e, incluso, de autos eléctricos.

Así, la explotación del litio ya se encuentra andando en Latinoamérica, teniendo como referencia a Bolivia, Argentina y Chile como países en donde esto ha significado el desarrollo de importantes conflictos sociales, siendo los principales productores de litio ubicados en los salares altoandinos del Cono Sur, pese a existir otros países como Australia, Congo, España, México y Canadá que también cuentan con importantes reservas de litio.

Conflicto triangulado: medioambiente, extractivismo y resistencia(s)

La codicia extractivista y neoliberal del litio se ha traducido en lo que se conoce como ‘Triángulo’ de los territorios altoandinos de Argentina, Chile y Bolivia, países que cuentan con salares y humedales que están en la mira de grandes empresas a nivel mundial pese a que, como señala el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) «ser un conjunto de ecosistemas que albergan no solo salares sino también fauna, incluida la micro fauna, flora, y asentamientos humanos».

Según diversos estudios[1], entre un 70% y un 85% de las reservas de litio -descubiertas, explotables y económicamente viables- se encuentran en esta zona. Concretamente, en Bolivia se considera el Salar de Uyuni, en Chile el Salar de Atacama y en Argentina el Salar del norte de Catamarca y de la Puna Jujeña y Salteña, lo cual ha sido objeto de la llamada ‘fiebre del litio’ caracterizada por el auge de la explotación de este elemento.

Este escenario ha significado, a escala regional, el desarrollo de importantes y, en algunos casos, nacientes conflictos basados en la resistencia de las comunidades en defensa de los territorios. En esta línea, mediante una declaración firmada por diversas individualidades y organizaciones, incluido el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, se expresó que la popularización del término ‘Triángulo del Litio’ por las empresas mineras «es un incentivo a la sobrexplotación de este mineral en los salares como commodity estratégico para una transición energética «verde», cuyos costos ambientales y sociales perpetúan la histórica huella del extractivismo en territorios indígenas andinos«.

En este contexto, la investigadora Bárbara Jerez ha señalado que como consecuencias de su explotación ha avanzado la devastación de los territorios, la irrupción en las formas de vidas de comunidades de pueblos originarios y el hecho de que se estén secando acuíferos subterráneos.

(Fotografía: inspimundo)

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Así, el impacto en la dinámica hidrológica de, por ejemplo, los salares, no solo se ha desarrollado en base a un desconocimiento -sustentándose en la no existencia de estudios veraces-, sino que también en el auge de los conflictos para con las comunidades a través de la irrupción de empresas en los territorios.

De esta forma, los tres países del Cono Sur son territorios que, geopolíticamente, son objeto de intereses económicos de potencias extranjeras y el empresariado nacional que han procedido a la explotación del litio sustentándose en la continuación y anclaje del extractivismo, es decir, con bajo procesamiento y con altos impactos socioambientales y culturales.

Sin embargo, el ‘Triángulo’ cuenta con características administrativas particulares. En el caso de Bolivia el litio es manejado en un 100% mediante propiedad estatal, administrada por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la cual se asoció con la empresa alemana K-Utec Technology con la intención de crear el diseño ingenieril de la planta en el Salar de Uyuni.

Paralelamente, en el caso de Argentina los permisos de exploración y explotación del litio varían su propiedad acorde a las provincias, sin regularizar ni restringir la cantidad de agua que se puede extraer de los salares como tampoco la cantidad de litio, siendo explotado por empresas nacionales y transnacionales.

Por su parte, en Chile se encuentra declarado como propiedad exclusiva del Estado sustentado en tres instituciones: Corporación del Cobre (CODELCO), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y la Empresa nacional de Minería (ENAMI), las cuales entregan los contratos de arrendamiento o de operación del litio, donde, como empresas que resuenan en su explotación, se encuentran Soquimich (SQM), Albemarle (minera norteamericana), la propia CODELCO que podrá iniciar exploraciones, Wealth minerals (empresa canadiense), entre otras.

En este escenario, el litio ha sido declarado en el país como un mineral no concesible, lo cual se relaciona con el interés de uso nuclear que existe sobre el metal, por lo que su extracción y sus concentrados derivados o compuestos están supeditados a la aprobación de la Comisión Chile de Energía Nuclear.

Derechos de la naturaleza y conflicto socioambiental

El auge sostenido de los conflictos socioambientales en la región latinoamericana no se ha obviado en el caso del litio, más aún cuando la naturaleza se ha instalado como un sujeto de derechos.

Sin embargo, pese a los antecedentes y progresivos estudios e investigaciones que se publican, en general se desconoce la cara oscura del litio, la cual implica la destrucción de humedales altoandinos, la utilización masiva de agua en zonas con alta escasez hídrica y el impacto a las comunidades indígenas andinas en los tres países del Cono Sur.

En este contexto, el litio para el sur de América Latina comienza a ser un tema altamente importante para las economías de Chile, Argentina, Bolivia y, por consiguiente, del mercado transnacional, trayendo impactos socioambientales aún poco conocidos y difundidos, a la vez que concentra la riqueza en manos de pocos grupos multinacionales que reproducen la intensa desigualdad que históricamente ha existido en el continente.
https://resumen.cl/articulos/la-ambicion-minera-por-el-codiciado-triangulo-del-litio-en-chile-bolivia-y-argentina

Argentina, Litio

Potencia del litio en Argentina: la estratégica provincia que agiganta sus exportaciones

© Foto : Pixabay/Carlos Bohorquez
12/01/2021
Por Francisco Lucotti
Por su ubicación geográfica, en la frontera de Argentina con Chile y Bolivia, la provincia de Jujuy es estratégica: está en el epicentro del ‘Triángulo Dorado’ del litio. El mineral es considerado el ‘petróleo blanco’ por su utilización en la fabricación de diversas y potentes baterías e incluso en la medicina para la producción de fármacos.

«El litio en Jujuy es una industria que crece a pasos agigantados. Para que te des una idea, en 2015 representaba el 2% de las exportaciones provinciales y hoy está en más del 30%», dijo a Sputnik Gabriel Márquez, presidente de la sociedad de control estatal Jujuy Litio.

Se trata de un mineral clave para el avance de la tecnología, como el desarrollo de baterías fundamentales para el futuro, necesarias para la industria de los vehículos eléctricos, entre otras, debido a su potencial para el almacenamiento de energía.

También apodado el petróleo blanco debido a su color natural y la posibilidad que representa para el eventual reemplazo de los motores por combustión, el 70% de las reservas naturales de este mineral se encuentran en los salares repartidos entre el noroeste argentino (NOA), el desierto chileno y el sur de Bolivia: el Triángulo Dorado.

Recientemente, se sumaron Brasil y Perú, dentro de la región, como productores de litio, por sus nuevos proyectos. Argentina se encuentra en una posición privilegiada, con la provincia de Jujuy a la cabeza, fronteriza con Chile y Bolivia, además de Salta y Catamarca. La actividad minera en su totalidad representa un 1% del PBI nacional (en Chile y Bolivia ronda cerca del 10%).

Jujuy cuenta con un proyecto en operación en el salar de Olaroz, otro en finalización de la construcción de la planta en el salar de Cauchari, un proyecto en etapa de análisis económico avanzado en el salar de Cauchari y otros cinco más en etapa de exploración en diversos salares como el de Jama, Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Olaroz-Cauchari presenta recursos medidos de más de 4.600 millones de m3 de salmuera rica en litio.

JEMSE, la empresa de energía y minería de la provincia de Jujuy, promueve el desarrollo económico con alianzas público-privadas, en conjunto con la sociedad de control estatal Jujuy Litio, y cuenta con alrededor de 10.500 hectáreas de propiedades mineras en salares para formar alianzas estratégicas.
Litio en Argentina: impacto social y ambiental

«Genera un desarrollo de proveedores mineros con una particularidad muy interesante que es que no solamente son empresas metalmecánicas o servicios de transporte especializados, sino que además contiene a las comunidades, se han generado empresas manejadas en su totalidad por poblaciones aborígenes. En 2019, la empresa Sales de Jujuy desembolsó 25 millones de dólares en pagos a proveedores locales de la puna jujeña», comentó Márquez.

La construcción de cada planta implica el empleo de alrededor de 1.000 puesto de trabajo y cada salar contrata cerca de 500 empleados, aunque entre 10.000 y 15.000 personas viven de actividades vinculadas a la minería del litio al contemplar los proveedores, lo que ubica a esta actividad específica en la tercera generadora de empleo de la provincia, después de las producciones de tabaco y azúcar, aseguró.

El proceso productivo consiste en la evaporación en piletas de las salmueras supersaturadas, aprovechando la pérdida de humedad natural por medio de las energías solar y del viento, para que precipiten sal y se concentre litio o potasio, para luego ser tratada para producir cloruro de potasio o carbonato de litio.

«El método evaporítico, que es el que se lleva adelante en Jujuy, es menos caro y menos contaminante que su alternativa química por espodumeno-roca. Queremos agregar valor al carbonato de litio que sale de la provincia y de Argentina. Es una falacia que el carbonato de litio es un producto primario, no hay nada más alejado de eso, conlleva un proceso industrial. «, aclaró el profesional formado en relaciones y negocios internacionales.

Se cree que para el 2040 pueda haber déficit de litio, dada la poca oferta mundial y teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda ante los proyectos para los próximos 20 años. Alemania incentivará a los compradores de autos eléctricos con 6.600 dólares en subsidios, cifra que subirá hasta 10.000 dólares si el fabricante también contribuye.

Francia estableció un presupuesto de 1.430 millones de dólares para incentivar la compra de vehículos eléctricos, con subsidios de 13.000 dólares a los usuarios que adquieran autos eléctricos o híbridos, y estableció como objetivo que para 2025 el país galo produzca anualmente un millón de coches eléctricos.

Gran Bretaña prohibirá la venta de autos nuevos con motores a nafta o diésel a partir del 2030. Dinamarca prohibirá las ventas a partir de 2040 y mejorarán los subsidios ligados a la compra de vehículos eléctricos, mientras que irá aumentando el precio del combustible, los impuestos de circulación y los costos de mantenimiento a partir del 2030.
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202101121094090891-potencia-del-litio-en-argentina-la-estrategica-provincia-que-agiganta-sus-exportaciones/

Argentina

Advierten que la ley de humedales podría afectar la actividad productiva

13/01/2021
Una propuesta legislativa que tiene como objetivo primordial dar una respuesta al avance de los incendios en el delta del Paraná, podría afectar a otras actividades productivas como la minería, que sí se desarrollan de modo sustentable en otras partes del país.
La ley para la protección de humedales se comenzó a analizar a mitad del año pasado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, y logró el dictamen favorable por 24 a 3 votos.

Desde el punto de vista ambiental, la iniciativa tiene muchísimo sentido. Sobre todo ante las quemas de pastizales en grandes zonas forestales. Pero tal como está planteada, considera que el 20% del territorio nacional son humedales, por lo que sí o sí se van a cruzar con alguna actividad productiva.

El punto más complejo del proyecto es el que establece que ante la necesidad de un inventario de humedales, se prohíbe la realización de cualquier actividad mientras ese inventario no se realice.

Este año, el proyecto espera para ser tratado en las comisiones de Agricultura y Pesca y la de Presupuesto. Necesita el dictamen de todas para subir al recinto.

Según el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, su equipo ha mantenido conversaciones con legisladores de las comisiones de Minería tanto de Diputados como del Senado. Pero no está previsto que el proyecto pase por esas instancias.

Presupuestos ¿mínimos?

“Con la ley de Humedales no tiene que pasar lo mismo que con la ley de Glaciares”, afirmó Hensel en diálogo con Santa Cruz Produce. “Cuando hablamos de presupuestos mínimos, (como es esta ley) el Congreso de la Nación tiene que tener una visión integral del ambiente de todo el país».

“No debe pasar lo mismo que con la ley de Glaciares”, pidió el secretario de Minería Alberto Hensel

«Y digo esto porque lo que es un presupuesto mínimo para una región, para otra región es un presupuesto máximo. Si legislo mirando el Perito Moreno y asumo que eso es un presupuesto mínimo, probablemente cometa una injusticia con otras provincias”, puntualizó el funcionario.

El proyecto de ley de Humedales está focalizado en los incendios forestales que ocurrieron en zonas cercanas a Buenos Aires el año pasado. Se cree que la ley va a proteger ese tipo de circunstancia, pero desde el sector minero se busca advertir sobre los efectos secundarios que puede tener en otros sentidos.

“La pregunta que yo hago es qué tienen en común el delta del Paraná con las vegas andinas o los salares puneños. Son ecosistemas bien distintos, deberían ser separados del tratamiento, tampoco los humedales que tenemos en la Patagonia, tienen nada que ver».

La ley de Humedales se focaliza en los incendios forestales en la zona del Delta

«Si el problema son las quemas, hay una ley de control del fuego en la Argentina, si el problema es la especulación inmobiliaria, habrá que hacer lo que corresponda para combatir la especulación inmobiliaria, pero no me parece que el camino para eso sea una ley de humedales”, estimó Hensel.

Las provincias

El Consejo Federal Minero (COFEMIN) emitió un manifiesto en el que se pone a disposición de los legisladores para “contribuir a que una ley de este tipo, ordene, proteja el ambiente e incentive la producción nacional sin perjudicar a ningún sector”.

En el documento, señalan que “no es posible comparar los pastizales y humedales del litoral, con los mallines y turberas de la Patagonia, o con las vegas de altura de la Cordillera, o con el delta del Paraná, o con los salares de la Puna”.

Integrado por todas las provincias, el COFEMIN sostiene que las definiciones de ´humedal´ acordadas, por ejemplo, en el ámbito de Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), deben ser revisadas, discutidas, analizadas y consensuadas por todas las comisiones de trabajo técnico que conforman el Congreso Nacional, tomando en cuenta, principalmente, el concepto rector de la ley de Humedales que se quiere sancionar: que es que “debe ser de presupuestos mínimos”.

El Consejo apoya la definición de humedales del COHIFE, considerando que cumple, de un mejor modo, con el principio “presupuesto mínimo”. “Sin esa premisa, cualquier ley que se apruebe puede ser utilizada como una ley prohibitiva de actividades productivas relacionadas a la minería, agricultura, ganadería, forestación, y turismo, que ya se están desarrollando y que tienen potencial de crecimiento a futuro”, indica.

Por su parte, el especialista en litio José de Castro Alem, consultor internacional y actual director del posgrado de Ingeniería de Litio de la Universidad Austral, sostiene que la ley de Humedales tiene algunas consideraciones que podrían ser muy nocivas para la actividad, sobre todo del noroeste del país que es donde se concentra la producción de litio.

“El proyecto presentado presupone que los salares y las lagunas continentales que contienen salmuera son humedales desde el punto de vista de la definición”, aseguró a SCP el experto, quien fue parte activa de varios emprendimientos de litio en el país.

“Hay trabajos realizados sobre los salares altoandinos en donde son considerados humedales, sin lugar a dudas están a consideración, y son al mismo tiempo, la fuente primaria del material de producción de litio».

«La ley de Humedales está direccionada a la protección de todo tipo de humedales y ahí se incluyen por supuesto los que están cercanos a la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente en la zona del delta».

«Allí existen negocios inmobiliarios que tal vez, no tienen la misma percepción que existe en el ámbito productivo sobre la realización de informes de impacto ambiental, o el manejo ambiental en general, y en esos casos es más entendible la ley”, estimó. Fuente: La Opinión Austral.

Advierten que la ley de humedales podría afectar la actividad productiva

Colombia

Corantioquia multó a la Minera Quebradona con $288 millones

04/01/2021
Corantioquia estableció un procedimiento sancionatorio a la Minera Quebradona y una multa de $288.372.106, por su intervención en la zona de retiro o protección de la fuente “sin nombre”, afluente de la quebrada ‘La Fea’, con la instalación de la plataforma de exploración minera N.º 10 (ya recuperada) aproximadamente a 15 metros del cauce. Con esta acción, Quebradona incurrió en la infracción de varias normas ambientales, como son la protección y conservación de los bosques, teniendo en cuenta que el área donde se situó la zona de retiro está protegida por el municipio de Jericó, por lo que el retiro debía realizarse en una altura no inferior a 30 metros.
https://www.semana.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/minera-quebradona-fue-multada-con-288-millones-por-corantioquia/311230/