Chile

Silicosis: El otro legado de la minería en Aysén

Silicosis: El otro legado de la minería en la cuenca del lago General Carrera

  • En 2016 un equipo profesional entrevistó a 62 ex trabajadores y trabajadoras de Puerto Cristal, todos habitantes actuales de la cuenca del lago General Carrera. Las entrevistas constataron las difíciles condiciones laborales y de salud a las que fueron expuestos.  Siete de este acotado grupo ha sido diagnosticado con esta enfermedad incurable y progresiva que ataca los pulmones y es reconocida como uno de los problemas prioritarios de salud ocupacional en el mundo.

Uno de los argumentos al que se recurre, en el marco de la discusión sobre el avance de la minería hacia otros territorios de Aysén, es que hoy los poblados mineros de Puerto Sánchez y Puerto Cristal, junto a mina Escondida cerca de Puerto Guadal, son atractivos turísticos.  Y que no se comprende tanto cuestionamiento a una actividad que es parte de la historia, incluso cultura, de la cuenca del lago General Carrera.

Eso es indiscutible.

Baste asistir a una cita con antiguos pobladores y pobladoras de Chile Chico, Mallín Grande, Puerto Guadal, Puerto Ingeniero Ibáñez, Levicán para que afloren relatos de un pasado ligado a la extracción de mineral.   Recuerdos de tiempos pasados, similares a los que permanecen en el alma de ex trabajadores de las pampas salitreras del norte, las de las fichas y las pulperías que engrosaron fortunas inglesas y de la elite chilena.   Las de la matanza de la Escuela Santa María.

No es extraño que en la evocación del pasado se filtren los recuerdos, privilegiando los de noble y encantador cuño.  La Agrupación Social y Cultural Los Cristalinos, que desde 2005 arriba cada verano a Puerto Cristal para rememorar, visitar antepasados y encontrarse entre quienes comparten un pasado común, tiene tal sentido.  Es el legítimo rescate de la memoria.  Son las vivencias antañas que, efectivamente, hoy también forman parte de los atractivos que en Aysén busca el visitante.  No por nada desde 2008 Puerto Cristal es monumento nacional en categoría de monumento histórico.

Pero la historia no son solo buenos recuerdos. En el caso de la minería en Chile cobija una dramática realidad que, en algunos casos, subsiste hasta hoy. Porque Baldomero Lillo no estaba equivocado.

Las condiciones laborales en la mina

En 2016 el antropólogo Mauricio Miranda y el ingeniero en prevención de riesgos Cristian Evaristi elaboraron para la secretaría regional ministerial de Salud de Aysén el informe “Identificación de ex trabajadores que estuvieron expuestos a polvo en fracción respirable con contenido de sílice, en las extracciones de las mineras ubicadas en Puerto Cristal”.

El documento recoge los testimonios de 62 ex trabajadores y trabajadoras de Puerto Cristal, recabando antecedentes respecto de su exposición a diversos riesgos, en especial al polvo en suspensión.   Todos hoy viven en Puerto Ingeniero Ibáñez (8), Chile Chico (27), Puerto Guadal (5), Bahía Murta (4), Puerto Sánchez (11) y Puerto Río Tranquilo (7).  De estos, fueron validados 60 que cumplían con todos los requisitos considerados en la investigación.

Una mayoría hombres (hay una sola mujer), la muestra involucra principalmente a ex trabajadores de entre 50 y 90 años (un 89,9 %), donde un 40 % se desempeñó en la década del 70.  Más de la mitad con enseñanza básica incompleta, dependientes en un 88,3 % del sistema público de salud y proveniente un tercio del rubro ganadero y agrícola, dato que demuestra cómo una empresa privada transformó no solo la economía sino parte de la cultura en la cuenca.

De los entrevistados, “existe una mayor frecuencia de ex trabajadores mineros que describen que las condiciones del campamento eran buenas (45 %)”.  Un 41,7 %, en cambio, relata que estas eran regulares.

Un antecedente relevante es que la mayoría (85 %) recuerda que su salud en el tiempo de trabajo era apta.  Sin embargo, un 83,4 % define un sueldo en dicho período como regular y malo.

En términos de exposición a riesgos como ruidos, vibraciones, altas temperaturas, humedad, polvo en suspensión, humo, gases, iluminación y ventilación deficiente, una mayoría reconoce su alta prevalencia.  En esto, sobresalen el ruido y polvo en suspensión, bordeando un 90 % que dijo haber estado siempre expuesto a estas condiciones.

En el caso del material particulado, este les afectaba múltiples órganos: ojo, nariz y garganta.

Respecto de la entrega de equipo de protección personal, un gran porcentaje indica que efectivamente se le hacía entrega de estos elementos, pero no el requerido de acuerdo al peligro y niveles de riesgo al que se exponían los trabajadores de acuerdo a sus labores habituales. Por ejemplo, se entregaban botas de goma sin protección.  La mayoría del equipo se entregaba hasta que se presentara un detrimento importante” se indica el informe.

En este sentido, un 65 % recuerda que nunca le entregaron mascarilla de protección respiratoria.

Silicosis

El informe consigna que “la silicosis es una enfermedad de los pulmones causada por respirar polvo que contiene partículas muy pequeñas de sílice cristalina”.

Las patologías que puede producir son que “el tejido del pulmón se daña de alguna forma, conocida o desconocida”; “las paredes de los alvéolos de los pulmones se inflaman”; “empiezan a aparecer cicatrices (fibrosis) en el intersticio, tejido que se encuentra entre los alvéolos y los capilares”, “una fibrosis progresiva, granulomatosa, hialinizante, que se produce en sitios de depósito de polvo de cuarzo en los pulmones”.

Y explica:

La fibrosis es el engrosamiento y cicatrización del tejido pulmonar, lo que disminuye progresivamente su función fisiológica que permitía el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Los alvéolos, así como el tejido de los pulmones que se encuentra entre ellos y rodeándolos, y los vasos capilares de los pulmones, son destruidos por la formación del tejido cicatrizante”.

Los granulomas son formaciones de nódulos de carácter inflamatorio, por lo común de 1 a 2 mm. de diámetro, constituidas esencialmente por macrófagos que no han podido absorber la sílice”.

Hialinizante, que forma material homogéneo cristalino dentro de una célula”.

La silicosis, reconocida como uno de los problemas prioritarios de salud ocupacional en el mundo, es incurable y muchas veces progresiva.

De regreso en Puerto Cristal.

Más de la mitad de los encuestados informa que nunca se le realizó un control médico durante su trabajo en faena (55 %).  Y un 83,3 % nunca fue sometido a rayos X de tórax o pecho.

Del total, un 13,3 % ha sido diagnosticado con una enfermedad profesional, de los cuales 7 corresponden a silicosis.  En este sentido, el informe apunta que “existe una mayor frecuencia de ex trabajadores mineros que en la empresa no le informaron sobre los riesgos de accidentarse o enfermarse (61%), lo cual indica que históricamente los mineros poseían una mala condición en torno al contexto de su salud y la relación con su trabajo”.

Aunque el diagnóstico de silicosis puede parecer bajo, un 36,7 % sí ha presentado problemas como dificultad para respirar, cansancio, dolor pulmonar, silbido en el pecho, tos seca y tos con flema.   Y de los ex trabajadores, un 86,7 % conoce compañeros de trabajo que han presentado problemas respiratorios o que se han enfermado de los pulmones.

Todo esto da cuenta de que un “gran porcentaje de los trabajadores presentan en algún grado síntomas relacionados con problemas respiratorios”. De todas formas aclara que este hecho “no afirma ni niega la presencia de silicosis en ellos”, ya que esta enfermedad,“según indica la OMS, debe descartarse o afirmarse mediante la aplicación de exámenes específicos de radiografías del pulmón”.

Las difíciles condiciones respiratorias son confirmadas por los propios testimonios:

Se podía ver la presencia de polvo en el ambiente, la lámpara alumbraba el polvo que siempre estaba presente mientras nosotros trabajábamos”; “hacían los tiros, no esperaban ni una hora y nos enviaban de nuevo a trabajar… y recién de 3 o 4 horas se disminuía el polvo”; “oiga, los filtros debe haber sido una cosa de 2 o 3 horas nada más, porque ahí agarraba humedad y se iba pegando…  conforme se iba humedeciendo con la respiración se iba pegando el polvillo y ya después no respiraba uno y así había que botarlo y trabajar al aire, así nomás, sin nada”; “antes no se entregaban máscaras, se usaba puro pañuelo mojado que salía negro”; “cuando trabajábamos, nos sonábamos o escupíamos y salía todo negro”.

El pasado minero en la cuenca

Puerto Sánchez, con la mina Chivas, fue una faena de extracción de cobre y calcopirita, que comenzó sus operaciones a principios de los años 50 llegando a albergar a medio millar de trabajadores en sus campamentos. Luego de pasar a Corfo fue adquirida en los 90 por la familia Walker para explotar caliza.  En el libro “La Ruta del Mineral: Guía Patrimonial de los pobladores mineros en la Patagonia” se relata que en sus primeros años la operación “fue visitada por delegaciones nacionales y extranjeras, médicos, ingenieros, entre otros profesionales. Lamentablemente, su concurrencia se debía a la deficiente condición ambiental del proceso de producción del mineral que respondía a una planta de fundición altamente tóxica que estaba envenenando a la población”.

En Puerto Guadal funcionó también desde los años 50, primero artesanalmente y luego a mayor escala, la mina Escondida, extrayendo cobre como recurso principal durante aproximadamente una década, con unos 150 trabajadores en sus momentos de mayor movimiento.  A mediados de los 80, ya en manos de Corfo, se intentó una nueva explotación, pero esta duró solo dos años.

Y en Puerto Cristal operó la mina Silva, de zinc y plata, desde 1948 hasta 1993. Durante la década del 50 llegó a alojar en sus campamentos unas 850 personas.

Estas operaciones no eran menores.

El estudio consigna que la Compañía Minera Aysén generaba el 50 % del plomo y más del 40 % del zinc de Chile desde la explotación de sus yacimientos en la cuenca del lago General Carrera como Puerto Cristal y Puerto Sánchez.

Las operaciones del pasado minero de Aysén hoy son objeto de investigaciones científicas producto de la contaminación asociada a sus pasivos.

El Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile ha desarrollado, con fondos públicos, un proyecto de biorremediación ambiental bajo el nombre “Recuperación de sitios contaminados con metales pesados”, principalmente en los relaves que aún permanecen en la zona.  Y últimamente ha dirigido sus miradas hacia el lago General Carrera con el estudio “Influencia de Relaves en Chelenko: Propuesta de Remediación”.

La razón de estos proyectos es claro: la minería en Aysén ha dejado un pasivo de contaminación en sus suelos, lo cual ha sido constatado dramáticamente en 2015 en Alto Mañihuales con la muerte de ganado e intoxicación de pobladores por plomo, arsénico y mercurio producto de las operaciones de mina El Toqui, hoy de Laguna Gold.

Y según consignó un informe elaborado por Sernageomin las aguas del lago también estarían siendo afectadas por el drenaje ácido de metales pesados proveniente de las operaciones abandonadas de Puerto Cristal.

Es el otro legado de la minería en un territorio que ha basado su estrategia productiva, fundamentalmente, en un espacio de naturaleza y biodiversidad con calidad ambiental de excepción.

 

Fuente: https://prensaopal.cl/2019/05/20/silicosis-el-otro-legado-de-la-mineria-en-aysen/?fbclid=IwAR0buh8JrsSgqs4M9iZOq4A9CGzJFAMfrsK4yLxpDTCzz166wa6pb1ckuI8

Chile

Justicia declara ilegal que SEA excluya a ciudadanos en revisión de proyecto minero

La Corte Suprema declaró ilegal la negativa del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén de realizar participación ciudadana en la revisión del proyecto de 101 plataformas de prospección minera “Terrazas”, de Laguna Gold en Puerto Ibáñez, decisión que retrotrae el procedimiento al momento previo a su calificación ambiental favorable.

La sentencia del Máximo Tribunal deja sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique del 12 de diciembre pasado, que rechazó el recurso de protección de los vecinos de Puerto Ibáñez, Marlina Orellana y Daniel Soto, quienes se habían sumado previamente a una solicitud de participación ciudadana de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Corporación Costa Carrera y la Agrupación Aysén Reserva de Vida.

El proyecto “Terrazas” inició su tramitación en enero de 2018 y dentro del plazo legal las tres organizaciones solicitaron abrir un proceso de participación ciudadana, el cual fue negado por el director regional del SEA, Claudio Aguirre, bajo el argumento de que la instalación de plataformas en la zona, a 3,5 kilómetros de Puerto Ibáñez, no generaría “cargas ambientales”. Estas se entenderían como “beneficios sociales” y “gravámenes a los habitantes de la localidad donde se realiza”, debiendo en su interpretación ocurrir obligatoriamente ambas condiciones para permitir que la ciudadanía presentara observaciones por la vía institucional.

Marlina Orellana, vecina que había presentado este recurso, valoró el fallo y dijo que “como agrupación estamos preocupados de los impactos que llegan a las comunidades cercanas de este tipo de industria y de esta forma los habitantes ahora se pueden sentir partícipes de un proceso de evaluación que impactará directamente de forma social y medioambiental”.

El fallo establece que “la omisión del proceso de participación ciudadana legalmente requerido por los actores deviene, entonces, en ilegal, toda vez que impide el efectivo ejercicio del principio de participación consagrado en el Derecho Ambiental Chileno, que la autoridad debía acatar por imperativo legal, aspecto que lesiona la garantía de igualdad ante la ley”.

Patricio Segura, secretario de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), indicó que negar la participación es una situación que se volvió recurrente en el SEA de la región y comentó que esperan poder repetir este fallo en casos similares.

“Vamos a buscar, no solamente en el caso del proyecto Terrazas, sino que en otros proyectos más que fueron rechazados por el mismo motivo, ver las vías legales, administrativas, de revertir esas decisiones para que se hagan con participación de la comunidad y que esta pueda hacer observaciones y, obviamente, exista un mayor análisis de esos proyectos de parte de la visión que tiene la comunidad y no solamente de organismos técnicos que, lamentablemente, en el caso de los proyectos de prospecciones mineras en la comuna de Aysén han demostrado que están bailando la cueca de la minería”, aseguró.

Con el dictamen de la Corte Suprema se retrotrae el procedimiento al momento previo a su calificación ambiental favorable, debiendo realizarse un proceso de participación ciudadana formal y luego ser votado.

Fuente: https://radio.uchile.cl/2019/05/16/justicia-declara-ilegal-que-sea-excluya-a-ciudadanos-en-revision-de-proyecto-minero/

Chile, Litio

DECLARACIÓN PUBLICA COMUNIDAD ATACAMEÑA DE COYO

La Comunidad Atacameña de Coyo, manifiesta su RECHAZO a la Solicitud de Pertinencia que presenta la EMPRESA WEALTH MINERALS, en su campaña de exploración de minerales no metálicos, donde pretenden ubicar una plataforma de sondaje sónico (sondeara entre 150 metros a 200 metros de profundidad). Nos preocupa por el impacto que esto genera hacia NUESTRO SANTUARIO DE LA NATURALEZA DE LA LAGUNA DE TEBENQUICHE QUE PERTENECE AL PUEBLO ATACAMEÑO LICKANANTAY. Creemos que se ha transgredido uno de los principales valores enseñados por nuestros abuelos y padres, hablamos de la necesidad de pedir PERMISO, acción que la Empresa no ha realizado, utilizando caminos privados y habilitando un NUEVO CAMINO SIN AUTORIZACIÓN en horarios que generan incertidumbre. Es lamentable que esto ya sea una reiterada práctica de parte de la empresa, y más grave aún que esta vez lo hagan incluso acompañados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Ante esta situación, no queda más que preguntarnos: ¿Por qué querer pasar desapercibidos? La falta de respeto hacia la Comunidad es por NO SOLICITAR AUTORIZACIÓN ya que somos quienes protegen el Santuario de la Naturaleza.
Dentro de su solicitud de pertinencia, la empresa no considera los impactos reales, como:
• El riesgo del valor e interés para la ciencia de nuestra laguna sagrada a nivel mundial inserta en nuestro SANTUARIO DE LA NATURALEZA.
• En su marco legal, tampoco toma en cuenta el CONVENIO 169 y el derecho a Consulta Indígena.
• Impacto en la micro y macro fauna, EXTREMOFILOS presentes.
• La generación de fracturas internas o derrumbes que pueden ser ocasionados por máquina de sondaje de alto tonelaje.
• Tampoco considera medidas de mitigación frente al impacto ambiental de sustancias tóxicas al aire.
Creemos que los antecedentes suficientes que permitan a la autoridad determinar si esta solicitud requiere o no el ingreso al SEIA para su evaluación ambiental en forma para su ejecución, debe ser complementado con antecedentes de las malas prácticas que ha tenido la empresa en reiteradas ocasiones, además de la falta a la verdad que tiene el documento en varios párrafos:
• “No es susceptible de generar impactos ambientales adversos”. FALTA A LA VERDAD; TODA ACCIÓN GENERA IMPACTOS Y EN ESTE CASO SON DESFAVORABLES.
• “Se procurara utilizar huellas y caminos existentes”. FALTA A LA VERDAD; SE HABILITARON CAMINOS SIN AUTORIZACIÓN, IMPACTANDO A UN CAMINO TROPERO EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2019.
• La consulta de pertinencia no tiene relación con el alumbramiento de Aguas Subterráneas. PARA EL PUEBLO ATACAMEÑO LICKANANTAY EN SU COSMOVISIÓN, LAS AGUAS SON UNA SOLA Y LO QUE DENOMINAN SALMUERA ES BASICAMENTE AGUA CON SAL SUBTERRANEA ALUMBRADA, HOY ENCONTRANDONOS CON 2 CALICATAS EN TERRENO.
• La Empresa considera utilizar el sistema de perforación sónico hasta una PROFUNDIDAD DE 150- 200 METROS para tomar muestras de SALMUERA Y MUESTRAS GEOLOGICAS.EL ATACAMEÑO ES EL QUE MEJOR CONOCE SU TIERRA Y LA PROFUNDIDAD de 200 METROS PROVOCARA DERRUMBE O FRACTURA INTERNA ACOMPAÑADO DE UN DAÑO IRREVERSIBLE.
Queremos manifestar que nuestra comunidad llegará hasta las últimas instancias,tomando medidas por el RESPETO que se merece el EQUILIBRIO NATURAL de nuestra laguna. Esta exploración se da en un sitio RAMSAR por lo cual obligatoriamente debe someterse al Sistema de Evaluación Ambiental.

COMUNIDAD ATACAMEÑA DE COYO

Fuente: https://www.facebook.com/ocmal.org/?epa=SEARCH_BOX

Chile

NUEVO EXTRACTIVISMO MINERO AMENAZA A REGIÓN DEL BIOBÍO

El extractivismo en Chile se fortalece día a día, no es suficiente que se produzcan cerca de 1.400.000 toneladas diarias de relaves como consecuencia de la producción de cobre. Ahora en la Región del Biobío la proyección de un nuevo tipo de minería amenaza al ecosistema. Se trata del proyecto minero Biolantánidos, propiedad de la empresa Minería Activa, parte de Larraín Vial. Su representante legal es Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO.

El proyecto, según su Estudio de Impacto Ambiental, consiste en  “la construcción y operación de una faena minera junto con una planta de procesamiento de maicillo granítico con presencia de Lantánidos – conocidos ampliamente como Tierras Raras-, con una capacidad para procesar hasta 240 toneladas/hora de mineral, para producir de 1.700 toneladas anuales de Concentrado de Tierras Raras”.

¿Qué son las tierras raras?

El profesor del departamento de Geología de la Universidad de Chile, Miguel Ángel Parada,  explica qué son estos elementos y las características de sus yacimientos.

“Las tierras raras constituyen un grupo compuesto por 17 elementos, que se encuentran en la parte baja de la tabla periódica, bajo el nombre de tierras raras. La extracción de tierras raras es algo nuevo en Chile, no hay experiencias de yacimientos anteriores”.

El principal uso que se le da a las tierras raras es para el desarrollo tecnológico y producción de armas. Entre sus múltiples usos destaca: desarrollo de inteligencia artificial, aplicaciones cibernéticas, televisores LED, baterías recargables. desarrollo de aleaciones para fuselajes de aeronaves y vehículos espaciales, fabricación de drones y fabricación de dispositivos bélicos.

Los múltiples productos que dependen de las tierras raras lo han convertido en un elemento estratégico para el desarrollo de potencias mundiales. Dos de los principales productores de tierras raras son China y Estados Unidos.

Litros de problemas

Desde el punto de vista legal el proyecto ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental en diciembre del 2018 y actualmente se encuentra en calificación. Cabe destacar que la misma empresa Rare Earth Extraction UNO,ya había ingresado tres veces un proyecto con similares características bajo el nombre de PROYECTO MINERO EL CABRITO, el cual fue rechazado en una ocasión y desistido en las otras dos. Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, su director Lucio Cuenca, expone lo incompleto del proyecto minero.

“Es un proyecto muy deficiente, incluso los mismos servicios públicos han manifestado que no tienen la información suficiente para que se haga una evaluación del posible impacto social y ambiental del proyecto. Falta mucha información, no están descritos los procesos que se hacen para realizar este tipo de minería”.

Una de las aristas más complejas dentro del proyecto es el consumo hídrico que tendría la empresa, en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), declaró que usaría 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco, sin embargo la empresa solicitó derechos de agua por 176.000 litros por hora. El encargado de comunicaciones de la Coordinadora Penco-Lirquén, Edison Neira, destaca el problema hídrico que significaría la aprobación del proyecto.

“Principalmente afectaciones en lo que son los cauces de agua. Por un lado extaerían grandes cantidades de agua del Estero Penco y del Estero El Cabrito de la comuna. Ellos declaran que esas cantidades de agua serían 35 mil litros por hora, sin embargo tienen derechos de agua por tres o cuatro veces más”.

Una de las principales fuentes de agua para el consumo de la minera provendría el Estero Penco, lo paradójico es que estas aguas están clasificadas por la Dirección General de Aguas como Calidad de Agua excepcional.

¿Qué significa que un cauce sea clasificado como fuente de calidad de agua excepcional?

Según la Dirección General de Aguas, quiere decir que son aguas de extraordinaria pureza y escasez, por lo que forman parte del Patrimonio Ambiental de la República de Chile, ya que no afectan a la salud humana y cumplen los criterios de aceptabilidad del agua potable. ¿Seguirá así después del trabajo de una minera? Esa es la pregunta que se hacen las comunidades.

Bosque nativo en peligro

Otro grave problema que generaría el proyecto minero es el daño que significaría al bosque nativo presente en la zona. Si bien desde la empresa desmienten esta información, las coordenadas entregadas en su EIA coinciden con más de 13 hectáreas de bosque nativo, donde destacan plantaciones de Queule y Pitao, ambas especies han sido declaradas como monumentos naturales por la CONAF.

¿Qué es un monumento Natural?

Según la CONAF: “El monumento naturales un área generalmente reducida, caracterizada por la presencia de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde el punto de vista escénico, cultural o científicos. Su objetivo es preservar el ambiente natural, cultural y escénico, y en la medida que sea compatible con ello, desarrollar actividades educativas, recreacionales o de investigación”.

Sin duda que la explotación y la destrucción que generan las mineras se ve respaldada por el Estado, desde muchos aspectos. Las leyes mineras preponderan por encima de las demás leyes y queda en las comunidades el rol de defensa de los territorios.

Desde esta misma perspectiva, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, destaca la importancia que han tenido las comunidades en el rechazo de algunos proyectos mineros.

“Aquí juega un factor determinante la acción de la comunidad. Yo creo que en algunos casos se ha podido paralizar o poner límites a la intervención de la minería y eso se ha debido fundamentalmente a la acción de la comunidad. Por un lado la minería tiene un estatus legal protegido desde la constitución, la ley orgánica de concesiones mineras, el código minero, que pone a la minería en un estatus superior a otras actividades que se desarrollan en el territorio”.

Desde las comunidades de Penco y Lirquén trabajan organizadamente buscando detener el avance de esta nueva minería. El deficiente trabajo del Estado y de todas las instituciones responsables del cuidado del ecosistema obligan a las organizaciones a emplear gran parte de sus energías en demostrar las múltiples deficiencias y probables consecuencias de los proyectos extractivistas. El caso de Biolantánidos es particularmente grave porque la construcción de la minera significaría la afectación de los cauces de agua, el daño a bosque nativo y las, por ahora, inimaginables consecuencias de la extracción de Tierras Raras.

Se espera que durante el segundo semestre del 2019 el Servicio de Evaluación Ambiental entregue respuesta a la empresa Minería Activa sobre el Estudio presentado en 2018.

Chile

Preocupación en la Patagonia por perforaciones mineras en el entorno del lago General Carrera

En la región de Aysén se encuentra el lago General Carrera, un magnífico espacio natural rodeado de montañas nevadas y alimentado por los glaciares del Campo de Hielo Norte, que a su vez, es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. En este lugar, además, se encuentra una zona conocida como Quebrada Honda, donde investigadores han descubierto las huellas de los primeros pobladores humanos de la Patagonia, incluyendo pinturas rupestres que datan de por lo menos, 10 mil años.

“Hay niveles de roca que eran el fondo del Atlántico hace 20 millones de años, ahí estamos encontrando restos de arrecifes de corales, de tiburones y algunas ballenas. Otros niveles están llenos de marcas de hojas, de lo que eran bosques tropicales hace más o menos 45 millones de años”, explica al diario español El País el paleontólogo de la U. de Valdivia, Enrique Bostelmann, quien lidera las excavaciones en la zona.

Pero en paralelo a esta labor científica, hay otras personas que están buscando riquezas en el suelo de esta zona. Se trata de la minera australiana Eqqus Mining, que está realizando perforaciones para encontrar oro y plata, situación que tiene en alerta a las comunidades locales.

El proyecto de la minera, llamado Los Domos, ha dividido al pueblo de Chile Chico y ha generado un clima social “insoportable”, según describen algunos activistas que incluso acusan que han recibido amenazas. Una de las personas que se ha atrevido a sacar la voz en ese sentido es Corina Ainol, líder de la Agrupación Antukulef, colectivo que ha venido informando sobre los impactos de la minera en la localidad.

Ainol explica que el proyecto de la firma australiana llegó en medio de un momento de incertidumbre en Chile Chico, ante los niveles de desempleo. Así, el plan contemplaba abrir una nueva mina dentro de los límites del Parque Nacional Patagonia, los que fueron aprobados en enero de 2018, en los últimos meses del Gobierno de Michelle Bachelet. Se trata de un territorio salvaje que supera las 300 mil hectáreas, dentro de las que están los terrenos donados al Estado por la fundación Tompkins Conservation.

Ante las limitaciones, comenzó una dura campaña del alcalde de Chile Chico contra el Parque Nacional, argumentando que atacaba a los modos de vida tradicionales e impedía «el desarrollo del pueblo». En ese entonces, se realizó una votación en la que participó solo el 20% del Censo, y que terminó con un 80% contra el Parque.

En paralelo, el gobierno de Sebastián Piñera redibujó los límites del área protegida, asegurando que hubo errores en el decreto firmado por Bachelet. De esta forma, se sacó un polígono de 2.309 hectáreas de tierras del Estado donde la minera pretende obtener el oro.

Esta decisión fue admitida por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en enero de este año, destacando que se sumaron dos mil hectáreas para compensar. Así el Parque Nacional quedó con un tamaño similar al original, pero quedando al lado de una eventual mega operación minera que se establecería entre los cerros y los afluentes del río, según detalla El País.

Gloria Becerra, agricultora y líder campesina, ha manifestado su preocupación por el futuro de Chile Chico con el proyecto minero, y fue hasta el Senado para denunciar el hecho: “Me preocupa la contaminación de nuestras aguas y del lago”, dice la mujer que se dedica a la venta de verduras y hortalizas en el pueblo.

“Hay campesinos arriba que beben agua del río, los animales también, regamos con ella y no vamos a poder cultivar sano, natural. Y el río va a parar al lago, que es el principal reservorio de agua dulce de Chile“, agrega Becerra.

Pero este no es el único proyecto que complica al lago General Carrera. Equus Mining está también desarrollando proyectos de exploración en Puerto Ibáñez, en la costa norte del lago, al igual que la empresa australiana Laguna Gold.

“La cuenca del Lago General Carrera podría ser convertida en una zona de sacrificio, porque hay cuatro empresas mineras transnacionales que quieren convertir la zona en un gran complejo industrial de extracción y procesamiento de oro“, advierte el periodista Patricio Segura, integrante de la red y director de la Corporación para el Desarrollo de Aysén (Codesa).

De acuerdo a los últimos informes entregados a sus accionistas, Equus Mining ya comenzó la fase tres de su proyecto de exploración en Los Domos. Ante esto, Codesa presentó ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que la firma debería presentar una evaluación de impacto ambiental. A la vez, el Servicio Nacional de Geología y Minería informó en febrero al SMA sobre una posible infracción, debido a que la empresa habría fragmentado el proyecto de exploración para eludir la evaluación de impacto.

Fuente: https://www.elciudadano.com/chile/preocupacion-en-la-patagonia-por-perforaciones-mineras-en-el-entorno-del-lago-general-carrera/05/08/?fbclid=IwAR3FReKDnwVGxlgGe3vRXLJqm52ix8dHdKWf0V7Fsa_tDLDsVv7HwY5YFXw

Chile

Megaproyecto Dominga ya fue rechazado y Corte Suprema deberá ratificarlo: Peligros, oportunidades y desafíos

En este artículo quiero proponer una breve reflexión de cómo enfrentar un conflicto que sigue abierto, que no ha cerrado y que está esperando ser gatillado para causar la alegría de algunos o la indignación de otros.

A fines de este año seremos sede de la próxima reunión de Conferencia de las Partes (COP) de Naciones Unidas, más conocida como COP25, la cual busca impulsar políticas activas para cuidar y proteger el planeta. El Gobierno de Piñera ha puesto algunos temas como el cuidado de los océanos y la Antártica (y otros) sumado a un Consejo Presidencial COP25, más bien técnico-político, porque no está la ciudadanía o dirigentes socioambientales. Pero en cualquier caso, se realizará y buscará tomar acuerdos planetarios sobre temas fundamentales para la sobrevivencia global. En contraposición, movimientos socioambientales están levantando la Cumbre de los Pueblos 2019. Ella propone una agenda antineoliberal y de justicia climática. Pero por qué menciono esto, bueno, porque en Chile parecemos funcionar fuera de la regla: ¿qué sucederá si la sentencia de la Corte Suprema no acoge los alegatos de la oposición al proyecto? Las autoridades actuales deberán aprobarlo o no en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Y bueno, solo recordemos las declaraciones de la Intendenta Lucía Pinto al momento de aprobar el Plan Regulador Intercomunal Elqui (PRI), contando con el apoyo de la Cámara Chile de la Construcción, los alcaldes de la conurbación y diputados de la derecha de la región (y sin la participación ciudadana, esa es la regla en Chile): la Intendenta señalaba que Dominga podía ser aprobada con mayor facilidad con este PRI. Y bueno sumando más antecedentes, todos los miembros de su coalición se han mostrado a favor porque necesitan de este proyecto para seguir sustentando su discurso de “trabajo” (precarizado y sin mejores sueldos), “desarrollo” (para los ricos) y “seguridad” (para ellos).

¿Qué sucedería? Nuevamente Chile perdería credibilidad internacional (como pareciera ser la tendencia en este Gobierno): pierde la comuna de La Higuera y sus comunidades, el trabajo sustentable realizado durante todos estos años por los pescadores artesanales, el turismo, pierden los animales, la flora, las aguas. Este es el gran peligro.

Pero, ¿las oportunidades? Las hay y las conocemos. La zona lleva más de 11 años en constante conflicto (en 2010 lo fueron las tres termoeléctricas “Barrancones” y hoy lo son Cruz Grande y Dominga), erosionando la convivencia del territorio y polarizando a las familias. Sin embargo, si observamos la evolución del conflicto, nos encontramos con varios hitos importantes durante este 2019:

(1) La creación de Alianza Humboldt es un giro estratégico fundamental: Con el objetivo de proteger el Archipiélago de Humboldt a corto y largo plazo, organizaciones (ONG’s, movimientos sociales) de la región y todo Chile, se han unido en red para generar una política de conservación definitiva para uno de los ecosistemas marinos con mayor biodiversidad. (2) El aumento de la organización y acciones públicas: durante este año, hemos sido testigos de diferentes acciones colectivas del movimiento socioambiental para concientizar y hacer presión a las autoridades que los proyectos no se deben aprobar: tales como, campañas en redes sociales, representantes en radios durante febrero y marzo; dos velatones; en marzo reunieron a más de 300 personas en el Faro de La Serena para hacer con los cuerpos un gran #NoADominga; y recientemente en abril, realizaron una Marcha del Pingüino.

Todas estas acciones, desarrollan la creatividad de un movimiento que vive a pulso, pero que posiciona estratégicamente (sin develar sus pasos) a nivel local y nacional, un proyecto mayor: éste proyecto mayor cuestiona cómo nos estamos relacionando como humanidad con la naturaleza, y necesitamos cambios estructurales e individuales en el hoy. Allí radican los desafíos. Los desafíos entonces, son sin duda llegar acuerdos internacionales en la COP25 (y que cada país los cumplan) pero también debemos poner atención a los planteamientos de los activistas y movimientos sociales que lo dicen con cansancio una y otra vez, hay una agenda “contra el cambio climático que se agotó y que no es suficiente”. La Cumbre de los Pueblos, Alianza Humboldt y todas las acciones anteriormente mencionas, nos entregan luces claras de un futuro más próspero pero eso significa poner sobre la mesa los intereses colectivos y comunes por sobre los económicos (del mercado internacional): sin la ciudadanía y organizaciones sociales, es imposible que estos intereses sean defendidos y promovidos. Necesitamos a estos actores en primera línea, necesitamos que estos actores sean escuchados por las autoridades, allí radican también nuestros desafíos y oportunidades.

El futuro del megaproyecto Dominga aún es incierto. Día a día estamos esperando el fallo oficial de la Corte Suprema porque sabemos que ahí se juega el futuro de la humanidad también. Estamos atento y conscientes, y también estamos dispuestas y dispuestos a colaborar y concretar que esas oportunidades sean viables para la región de Coquimbo y Chile.

Chile, Litio

Litio: Informe establece «evidente negligencia estatal» en firma de acuerdo Corfo-Soquimich

Por 72 votos a favor, 43 en contra y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe recaído en la investigación realizada respecto de los actos del Gobierno relativo al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich, sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama y su ejecución.

La investigación, aprobada en sesión celebrada el 6 de junio de 2018, tras la solicitud formulada por sesenta y ocho diputadas y diputados, arrojó entre sus conclusiones que la celebración del contrato entre Corfo y SQM, en 1993, generó las condiciones para que esta última pudiera explotar, sin mayores límites, el litio chileno hasta el año 2030.

En el documento, rendido ante la Sala por el diputado Esteban Velásquez (FRVS), se sentencia que la decisión de firmar el citado contrato fue perjudicial para los intereses del Estado, dado que se otorgaron amplias facultades de exploración, explotación y comercialización de pertenencias mineras de litio, que eran de propiedad estatal, a una empresa privatizada, sin que hubiera información suficiente para justificarlo en su origen, en especial respecto del plazo que se pactó originalmente.

El informe también acusa «evidente negligencia estatal» en la fiscalización y control de las cláusulas del contrato, así como carencia de políticas públicas y de fiscalización administrativa respecto de la situación ambiental del Salar, el impacto que producía la explotación a las comunidades aledañas e incluso sobre la naturaleza de los productos que exportaba SQM al extranjero.

Desde el punto de vista de los ingresos tributarios, se estima que hubo inexistente control y trazabilidad del litio por parte de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos, así como falta de fiscalización de la extracción de salmuera.

El informe valora positivamente la decisión de Corfo de demandar a SQM en 2014, con el objeto de cobrar la renta de arrendamiento no pagada por SQM (ascendente a cerca de 8 millones de dólares, más intereses y daño moral), como asimismo, la terminación del contrato en sí mismo (que hubiera permitido la recuperación del litio para el Estado).

Según se plantea, es producto de esta decisión que se pudo constatar los graves incumplimientos en que había incurrido la empresa, aún sin tener conocimiento de los hechos de corrupción en que se vería involucrada con posterioridad.

Se resalta, en todo caso, que las decisiones adoptadas por Corfo durante la tramitación del arbitraje, requerían de un proceso de análisis jurídico y político mayor, que aseguraran coherencia con la política nacional del litio y mayor publicidad sobre las condiciones que se estaban negociando.

El texto indica que en este proceso se percibió «un vertiginoso actuar de los organismos estatales para cerrar el contrato antes del cambio de gobierno” y se reprocha a Corfo «haber llegado a acuerdo con SQM en lugar de perseverar en el juicio, agotando todas las instancias jurisdiccionales que disponía en el marco del arbitraje».

Se concluyó también que pese a que Corfo logró terminar con el control que ejercía Julio Ponce Lerou en SQM, a través del Grupo Pampa, no se establecieron cláusulas contractuales que impidieran, por ejemplo, contratarlo como asesor estratégico de la empresa.

«En este sentido, la Comisión valora la actitud del Consejo de Defensa del Estado en orden a perseverar en la querella que presentó dicho organismo contra la persona jurídica de SQM S.A. y sus filiales, por los delitos de cohecho y soborno», se remarca en el informe.

Se criticó, del mismo modo, que la negociación se ampliara a puntos no sometidos a consideración del arbitraje, incorporándose cláusulas adicionales y ajenas al texto de la demanda, como por ejemplo, el aumento de cuota de extracción de litio a favor de SQM, las cuales debieron ser objeto de un nuevo contrato a fin de que se evaluaran sus impactos ambientales y sociales.

Entre otras variados planteamientos, se sostiene que existen cláusulas del contrato que aún generan incertidumbre y que la conciliación suscrita dejó importantes problemas de interpretación contractual, que todavía impiden ejecutarlo plenamente.

Entre las propuestas, se pide a Corfo que informe trimestralmente a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados sobre el estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de SQM, indicando a su vez, las rentas de arrendamiento pagadas por dicha empresa en el período respectivo.

Asimismo, se solicita que comunique cuáles medidas se adoptarán para acelerar la puesta en marcha de las cláusulas contractuales sobre valor agregado del litio producido por SQM y sobre las acciones para poner en ejecución todas las cláusulas referidas a las comunidades indígenas.

Luego, se llama al Presidente de la República a crear una mesa de trabajo permanente entre las comunidades indígenas y los organismos fiscalizadores sectoriales, que sirva de instancia coordinadora para el debido cumplimiento de la normativa legal; y requerir de los organismos fiscalizadores sectoriales correspondientes que informen trimestralmente sobre los procedimientos realizados a SQM, estado de tramitación y su resultado.

También se pide al Ejecutivo que restituya el Comité de Minería No Metálica al interior de la Corfo; crear en la ley de presupuesto un fondo especial cuya finalidad sea asegurar el financiamiento de una empresa pública que explote el litio, una vez finalizado el acuerdo con SQM el año 2030.

Por último, entre otras propuestas, se plantea al Gobierno fortalecer el rol fiscalizador de los organismos sectoriales competentes; y apoyar diversas mociones relacionadas con la explotación estatal del litio, para establecer un marco legal que garantice la gobernanza sustentable de los salares del país y para sancionar de forma específica la extracción ilegal de salmuera y de aguas en salares.

Fuente: https://www.elciudadano.com/chile/litio-informe-establece-evidente-negligencia-estatal-en-firma-de-acuerdo-corfo-soquimich/05/07/

Chile

Alertan sobre la llegada de la gran minería a Penco y Tomé

 Desde hace varios años se vienen desarrollando prospecciones mineras en la cordillera de la costa de la región del Biobío, las cuales buscaban evaluar la factibilidad económica de extracción minera en la zona. Esto ha desembocado en la construcción de una planta piloto en los cerros de la comuna de Penco, en donde posteriormente se pretende instalar una minera a tajo abierto que explote las denominadas Tierras Raras en la zona.

La explotación de estos elementos constituye una novedad dentro del panorama minero del país, ya que ésta sería la primera minera de estas características en todo el territorio nacional. Lo que no sería una novedad son los altos costos socioambientales asociados a la actividad extractiva del mineral, los cuales se han dejado ver en distintas partes del mundo, en especial en territorio chino, país que produce la mayor cantidad de estos elementos a nivel global.

Las tierras raras se han vuelto indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías marcadas por aplicaciones cibernéticas, desarrollo creciente de la inteligencia artificial, nuevos materiales para dispositivos bélicos por parte del complejo militar-industrial y de programas espaciales de las potencias imperialistas, tales como aleaciones para fuselaje de aeronaves y vehículos espaciales, o sistemas de guías de misiles y aviones no tripulados (drones). Algunas aplicaciones civiles incluyen el desarrollo de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento eléctrico e información digital, el desarrollo de energías eólica, solar, vehículos, medicina alópata, smartphones, cámaras digitales, televisores LED, baterías recargables, entre otras. Resultando unos elementos altamente estratégicos en el campo de la geopolítica mundial.

En el tercer piso del edificio Crisol, frente a la Plaza de Armas de Tomé, se realizó el conversatorio “Minería en la provincia de Concepción” durante la tarde del día viernes 26 de abril de 2019 organizado por la Coordinadora Tomecina contra los Terminales de Gas. En dicha actividad se presentaron diferentes ponencias que abordaron el panorama global de la minería en Chile, así como la amenaza local que supondría la instalación de una minera de Tierras Raras en la región del Biobío. La actividad contó con la presentación de Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Edison Neira de la Coordinadora Penco-Lirquén, Damaso Saavedra de la Fundación Keule y Lucia Molina experta en toxicología.

La primera ponencia a cargo de Edison Neira intentó explicar en términos generales qué son las tierras raras y qué características tiene este controvertido proyecto en el Gran Concepción. Basándose en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto el expositor planteó que “el proyecto es propiedad del grupo financiero Larrain Vial a través de la empresa Minería Activa. Su representante legal es Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO (REE UNO en sus siglas en ingles)”. Por su parte el proyecto, que también es conocido como Biolantanidos, consiste en “la construcción y operación de una faena minera junto con una planta de procesamiento para la producción de oxidos de lantanidos, más conocidos como tierras raras, los cuales se encuentran absorbidos en el maicillo granítico de la cordillera de la costa. El proyecto contará con una capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral, para producir aproximadamente 1700 toneladas anuales de óxidos de tierras raras”.

El expositor además recordó que desde el 2014 existe una planta piloto ubicada en los cerros colindantes a la ciudad de Penco, en donde la empresa montó sus instalaciones con la ayuda del financiamiento estatal derivado de un proyecto CORFO denominado programa Fenix, el cual le otorgó 4.828.401 dolares.

El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 3 veces; siendo 2 veces desistido por la empresa, y una vez rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)

Neira además planteó, basándose en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto que la minera emitiría cada año a nuestro aire 37,7 toneladas de material particulado fino (PM 2,5) 182 toneladas de PM 10, 40 toneladas de monóxido de carbono, 222 toneladas de óxidos de nitrógeno y 6 toneladas de óxidos de azufre.

Respecto a la superficie afectada, el expositor dijo que “el proyecto minero Biolantanidos pretende intervenir 270 hectáreas, de las cuales 13,23 corresponden a bosque nativo donde habita el Queule, Pitao, Naranjillo, Hualle y Boldo, entre otros”.

Otro punto que fue destacado en la exposición fue la afectación a los esteros y cauces de agua de Penco, los cuales se verían seriamente dañados por la instalación de la minera. En ese sentido y siguiendo el Estudio de Impacto Ambiental la empresa declaró que “usaría 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco, sin embargo solicitó derechos de agua por 176.000 litros por hora” lo cual dañaría aún más el cauce de agua y deja entrever que utilizarán más agua de la que declaran en su estudio de impacto ambiental. Neira además planteo que hay que considerar que “Las aguas del Estero Penco están clasificadas con calidad de agua excepcional, según la dirección de general de aguas, es decir son de extraordinaria pureza y escasez”. Esta fuente de agua de gran calidad y apta para el consumo humano y otros usos se vería gravemente mermada y contaminada por este proyecto.

Otro dato interesante fue el relativo a la cantidad de trabajo que entregará la empresa. Según el expositor este punto es bastante débil al constatar que para su construcción necesitará de un máximo de 90 trabajadores, mientras que para su funcionamiento requerirá un máximo de 140 trabajadores, lo cual, según el expositor, es un numero muy reducido considerando el gran impacto de la minera. Hay que recordar, además, que la mina tiene proyectado 15 años de funcionamiento, lo cual implica más de una década con faenas mineras a escasos kilómetros de la ciudad de Penco.

Posteriormente fue el turno de Lucio Cuenca del OLCA, el cual realizó una presentación de cerca de una hora sobre la minería en Chile. Para esto hizo una radiografía general, en donde recordó que la minería en Chile es una actividad altamente beneficiada por las leyes del país, al ponerla por encima de muchas otras actividades económicas. En ese mismo sentido remarcó que estas leyes fueron instaladas en plena dictadura civico-militar a través de la imposición del marco constitucional, la ley de concesiones mineras y el código minero aprobados en la década de 1980. Este marco, para el expositor, implicó tres características principales que son la privatización de la minería nacionalizada durante la Unidad Popular; la privatización del agua como un bien de consumo, y la facilitación que se le entrega a las empresas extranjeras en la inversión en minería.

Respecto a la privatización Lucio Cuenca apuntó al concepto clave de Concesión Plena que definió como “un conjunto de medidas que permiten que la concesión adquiera protecciones excepcionales, por ejemplo que las concesiones mineras son derechos reales e inmuebles, por lo tanto se pueden transar, se pueden arrendar y se pueden dejar en propiedad privada”. A esta propiedad se le otorgan una cantidad de protecciones que hacen que luego de que el Estado se las entregue a una empresa minera, es prácticamente imposible que el Estado pueda recuperar ese derecho de concesión, porque tendría que no solo compensar a la empresa por las inversiones que ha realizado, sino también por las ganancias que aún no han sido obtenidas por la empresa.

Además el expositor planteó que la concesión Minera se sobrepone al dominio del suelo, inclusive en el caso de territorios indígenas, además se entrega de manera gratuita y a perpetuidad y no se respeta la preexistencia de comunidades y culturas. Destacó, además, que se entregan sin Evaluación Ambiental previa, lo cual dejá en plena libertad a las empresas, sin marcos que las regulen. Por último, planteó que cerca del 41% del territorio nacional según SERNAGEOMIN se encuentra bajo el concepto de Concesión Minera con datos de 2013.

El expositor planteó una serie de puntos entre los que se cuenta la estrecha relación entre la expansión de la minería, el crecimiento de la demanda energética y la crisis hídrica en los territorios. Por otro lado, existe una sobrevaloración en torno al aporte económico de la minería para la población del país, mientras que existen grandes perjuicios para las comunidades y ecosistemas en torno a estas empresas. Respecto a esto recordó que la minería genera residuos que pueden llegar a ser altamente contaminantes como los relaves, señalando que se producen diariamente en Chile más de 1,4 millones de toneladas de relaves.

Posteriormente vino el turno de Damaso Saavedra de la fundación Keule, el cual expuso acerca de la alta diversidad de flora que existe en el lugar a intervenir por la minera, en especial un parche de arboles de Queule, una especie en peligro de extinción. El profesional, tras un completo estudio de la zona y una presentación detallada sobre las deficiencias de la propuesta de mitigación y reparación ambiental de la empresa minera, determinó que este parche de Queules es uno de los pocos que existen en la costa del Biobío y se encuentra en peligro frente al proyecto minero. El investigador recalcó que se debe tener sumo cuidado en su conservación, estudio y cuidado

Para finalizar las exposiciones fue el turno de Lucia Molina experta en toxicología, la cual recalcó los impactos de la minería en el país, haciendo especial énfasis en los residuos contaminantes, no solo químicos, sino radioactivos de la minería de tierras raras. La profesional, con amplia experiencia en temas ligados a la contaminación ambiental vivida en diversos puntos del país por la minería, como lo que ocurre en Chañaral, remarcó la necesidad de mayores regulaciones en el ámbito socioambiental que sean capaces de medir realmente los niveles de contaminación de estas industrias y proteger a los ecosistemas y comunidades a su alrededor.

La actividad terminó con la intervención de los y las asistentes, las cuales hicieron comentarios y preguntas a los y las expositoras, agradeciendo y felicitando por la iniciativa que informó a la comunidad de Tomé y sus alrededores sobre los grandes impactos socioambientales que tendrá este polémico proyecto minero en el caso de su instalación. La empresa ya ingresó un Estudio de Impacto Ambiental al sistema de evaluación del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que la comunidad se encuentra a la espera e informándose frente a lo que acontecerá próximamente con este proyecto minero que amenaza la vida, el agua y los ecosistemas en la provincia de Concepción, y en especial a las comunas de Penco y Tomé.

Fuente: https://resumen.cl/articulos/alertan-sobre-la-llegada-de-la-gran-mineria-a-penco-y-tome?fbclid=IwAR3ZlC__hZN2_Of7yM5-nuKqN6VdPIQK7GfZrpIJ7eqQqqpRBLhSU2IPBDc

Chile

Advierten sobre sondajes de proyecto Nueva Unión en valle del Huasco

 El Movimiento Del Río Huasco que tiene por lema ¡De Cordillera a Mar El Río Huasco hay que Salvar!, dio a conocer que el proyecto minero NuevaUnión realizará sondajes en el sector de Maitencillo, hacia el interior del Valle del Huasco.

Según esa carta se realizarán una serie de trabajos para estudiar el subsuelo y proyectar la construcción de un concentraducto y tubería de aguas que estarán 24 metros por debajo del lecho del río. “Cabe señalar que en esta etapa estos trabajos no son una construcción, o una alteración permanente del área de interés”, indica la misiva.

Los sondajes tendrán un diámetro de 8 cm y una profundidad de 40 metros y según la empresa se realizarán tres de estas obras, donde se instalarán casetas con sistemas para monitorear el nivel de agua, “las cuales posteriormente serán selladas con una placa de bronce o aluminio con un monolito de centro de 60 cm de alto y 50 de ancho.

En el sector también se dispondrás de tres calicatas de mecánicas de suelo, las que tendrán cinco metros de profundidad.

La empresa enfatiza en la carta que “una vez terminado el trabajo, el lugar será rehabilitado, restaurando las condiciones originales, dejándolo limpio y libre de accidentes”.

El movimiento indica que “no permitiremos dicho mineroducto de ninguna forma pasar por nuestra cuenca. Tampoco permitiremos afectaciones de este proyecto en la cuenca alta, en la cordillera, naciente de nuestras aguas, a consecuencia de botaderos de estériles, mina, tranque de relaves, correa transportadora y afectación de humedales altoandinos y glaciares, entre otros”.

“Reafirmamos con aún mayor fuerza y unidad provincial del Valle del Huasco, última frontera verde del Norte de Chile, que no permitiremos los sondajes en el Río Huasco, ni otra afectación más en nuestra cuenca por parte de Nueva Unión. Estamos en riesgo inminente y nuestros derechos básicos se están vulnerando: A la vida, a vivir en un medio ambiente libre y sano de contaminación y al trabajo. Exigimos que estos trabajos no se lleven a cabo”, agrega el comunicado.

Según el movimiento, no van e dejar que se realicen dichos trabajos más aun cuando allí se genera el agua que consume el resto de la provincia, recalcaron.

Fuente: http://atacamanoticias.cl/2019/05/02/advierten-sobre-sondajes-de-proyecto-nueva-union-en-valle-del-huasco/?fbclid=IwAR3Wb_PdzOvNdNaHoLsXnKPn4joEdOByjy4IVJmTJP_LkHEN4eTH41r-tQg

Chile

Las 8 mentiras de la minería en Putaendo

Especial mentiras de la Asociación Minera de Putaendo y de los Andes Copper.

  • La Minera argumenta que las juventudes migran a la Región Metropolitana o a Valparaíso a buscar mejores condiciones de trabajo. Si esto es cierto, claramente las juventudes no van a buscar trabajo en la minería porque en esas ciudades no hay. Sin embargo, sabemos que cada vez más jóvenes que se han ido a estudiar a otras ciudades, ahora regresan a sus pueblos, Putaendo entre ellos, para hacer su vida en un entorno apacible, con condiciones geográficas y atmosféricas envidiables.
  • La Minera dice que trae el desarrollo que la región necesita. ¿Existe desarrollo en el norte de Chile? ¿Migra la gente hacia esos lados por la buena calidad de vida? No y no. Solo van trabajadores por turnos a cumplir su relevo en las minas, gente que ha estudiado minería, pero que luego se enferman jóvenes de cáncer y tantas otras enfermedades relacionadas con la actividad minera. Nadie va a vivir al norte de Chile buscando calidad de vida porque lo han desertificado, pelado todo.
  • La Minera dice que es limpia y sustentable, que para eso se siguen los procedimientos adecuados en cumplimiento con las legislaciones vigentes. Sin embargo, en Chile tenemos un sistema legal obsoleto: desde la misma Constitución Nacional que necesita su buena reforma ya que data de la última dictadura militar; hasta el Código de Agua, también de la última dictadura, que permiten tener más derechos de agua a aquellos que las puedan pagar. La minería pretende utilizar ese sistema de leyes a su favor, sistema que desde su génesis es corrupto y que necesita una revisión y cambios urgentes en épocas de democracia.
  • La Minera dice que trae el desarrollo sustentable, entonces ¿por qué no se ha desarrollado África? ¿Por qué mueren niños de hambre allí? Por la fiebre extractivista, que ha saqueado los recursos naturales del continente africano durante siglos. Nada de lo que sea extractivista, esto es: sacar desmedidamente los recursos de la tierra por beneficio económico, ha producido jamás riqueza alguna para la región donde se encuentra la mina. El dinero siempre es transferido a sus casas matrices, a los centros de poder, donde residen sus dueños y accionistas. Solo quedan migajas y contaminación en las zonas de explotación minera.
  • La Minera dice que trae desarrollo económico. Sin embargo, el desarrollo por definición tiene que ser sostenible en el tiempo, a nivel social y ambiental. Las mineras tienen una proyección de explotar las minas durante un período de 30 años (para el caso de Vizcachitas Holding, según su plan de negocios). Una actividad económica que dura solo 30 años y luego deja daños ambientales tremendos no puede ser nunca desarrollo. A lo sumo será crecimiento económico en términos de aumento del PIB durante algunos años, nada más. Crecimiento NO es sinónimo de desarrollo, éste último es sostenible y sustentable en el tiempo.
  • La Minera dice que puede convivir con la agricultura, el turismo y otras actividades económicas. Sin embargo, nadie se va de vacaciones a un lugar de explotación minera, a nadie le gusta enfermarse. Todos buscan la calidad de vida y la salud, son los bienes más preciados. Además, la minería no puede convivir con la agricultura, por algo en Chile el norte es minero y el sur es agropecuario. No coexisten en las mismas regiones por obvias razones: el agua. La minera sí o sí contamina las napas subterráneas o los ríos cuando hay derrames, entonces es imposible que con aguas contaminadas se puedan regar los cultivos. La huella del agua en el mundo mide eso, la trazabilidad y el seguimiento de los recursos utilizados en la producción.
  • La minera dice que es mentira que la gente se enferma en ciudades mineras. Sostienen que se vive en abundancia y que ellos instalan nuevos hospitales y centros de atención. Sin embargo, numerosos estudios sostienen claramente cómo la minería causa decenas de enfermedades por el polvo y material particulado que genera en el aire y en el agua. Además de las numerosas muertes por “accidentes” que se dan en las minas. Es una actividad de alto riesgo que se paga con la vida misma solo para llenar el bolsillo de unos pocos.
  • La minería no contempla los costos ambientales, sino no sería rentable. Sólo consideran costos económicos y técnicos, pero si sumaran los costos ambientales y sociales de los impactos negativos (externalidades negativas) que generan, deberían cerrar sus puertas y dejar de funcionar. Se gastan millones de dólares en multas, reparaciones de daños, etc.