Brasil, Internacional, Latinoamerica

Minería y desastres van de la mano

Por Darío Aranda.18/02/2019, Página12
El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó el registro de 104 desastres de diques de colas desde 1990 hasta 2016. Entre las responsables figuran la multinacional Vale, que produjo el alud de Brasil, y la BHP Billiton (Inglaterra-Australia)

Más de cien muertos, 200 desaparecidos y un pueblo sepultado bajo miles de toneladas de barro tóxico. Es el desastre de la minera Vale en Brumadinho (Brasil), ocurrido en enero pasado. Pero no es la única tragedia de la megaminería, que acarrea cientos de “accidentes”, muertos y gravísimos hechos de contaminación. Datos de Naciones Unidas afirman que desde la década del 90 la megaminería provocó al menos 100 “fallas-accidentes”, 27 de ellos “muy graves” (con más de 20 muertos). En Argentina, los derrames de Barrick Gold en San Juan y la contaminación de Minera Alumbrera en Catamarca son las mayores preocupaciones.

El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó al menos 104 desastres de diques de colas (gigantescos basureros mineros) desde la década del 90 hasta 2016. El informe, publicado en 2017, se titula “Dique de colas: la seguridad es no accidente”, de 70 páginas.

El informe procesó información desde 1915 hasta 2016 y contabilizó en total 289 “fallas” de diques mineros. 43 fueron “muy graves”, con más de 20 muertos y/o derrame de más de un millón de metros cúbicos.

El antecedente directo a Brumadinho es el colapso del dique de la mina Samarco en noviembre 2015 (en la localidad de Bento Rodíguez, también en Brasil), con 17 muertos y 200 desaparecidos. Las empresas responsables fueron las multinacionales Vale (Brasil) y BHP-Billiton (Inglaterra-Australia).

En Agosto de 2014, en Canadá, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (de la empresa Imperial Metals) y provocó el mayor desastre minero de la historia de ese país. Derramó más de 25 millones de metros cúbicos de desechos mineros en el lago Polley.

En 2014 la multinacional Grupo México (del magnate Germán Larrea) provocó el mayor desastre minero del país con su minera Buenavista del Cobre, en la ciudad de Cananea. Derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre, contaminó tres ríos a lo largo de 250 kilómetros y dejó sin agua a más de 22.000 personas.

Marcelo Giraud es integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, geógrafo y estudioso de los efectos de la mgaminería. Afirmó que los desastres de la multinacional Vale en Brasil no son excepciones. “Sabemos que la empresa Vale o el estado brasileño no son particularmente más irresponsables que el resto. Vale actúa como todas las otras empresas transnacionales de su tipo y el gobierno de Minas Gerais y Brasil no son ni más ni menos corruptos o irresponsables que los demás de América Latina”, aclaró.

La Asamblea de Jáchal (San Juan) escribió una carta abierta a las víctimas de Vale en Brasil. Recordó el derrame de Barrick Gold en la mina Veladero en 2015 (más de un millón de litros de solución contaminada que llegaron a ríos) y también resaltó la situación de Samarco en 2015 (Brasil): “Ambos hechos no sólo están impunes, también siguen contaminando, y lo hacen con la complicidad de gobiernos. La primarizacion de la economía es tan brutal e impiadosa que podemos asegurar que Sudamérica enfrenta un nuevo saqueo histórico. Y acá estamos nosotros, resistiendo a la destrucción de nuestras vidas”.

En Catamarca funciona desde hace más de 20 años Minera Alumbrera (empresas Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). Su mineraloducto (un gran caño que lleva el concentrado a lo largo de cientos de kilómetros) tuvo al menos media docena de roturas y derrames. La compañía reconoció la filtración del dique de colas (que contamina napas subterráneas). Y desde hace años los vecinos de Catamarca (muchos de ellos nucleados en la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá) alertan sobre el posible colapso del dique de colas (enorme basurero de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad). El gobierno provincial, que siempre impulsó la actividad minera y defendió el accionar de Alumbrera, dice que no hay riesgos. Pero nunca permitió el ingreso de peritos independientes para examinar el yacimiento. El mismo accionar del gobierno de Brasil ante la minera Vale.

Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral “Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno”, analizó los peligros y riesgos de la minería.

De los casos de América Latina detalla el derrumbe en la mina El Soldado (Chile, 1965), con un saldo de 154 víctimas fatales. El colapso de la presa de la Planta Otapara (Perú, 1996) provocó el derrame de relaves sobre el río Acarí (Arequipa). La rotura del dique de la División Andina de Codelco (Chile, 2000), con un derrame de 5300 metros cúbicos de relaves provocó muerte de ganado y anegamiento de cultivos. La fractura del dique de la mina Cerro Negro (Chile, 2003), con derrame de 50.000 toneladas de lodos tóxicos que contaminaron cursos de agua.

Recordó que el colapso de los diques de colas no son los únicos peligros de la megaminería. Agregó a la lista las filtraciones subterráneas de esos diques, la falla en las tuberías, el derrame de sustancias químicas, el transporte de sustancias tóxicas y la contaminación del aire producto de las explosiones, entre otras.

A pesar de los numerosos desastres con muertos y contaminación, gobiernos y empresas siguen publicitando la actividad como “minería sustentable”.

Internacional

Los ecologistas rechazan los proyectos mineros previstos en la región

‘Salvemos las Villuercas’ y la ‘Raya sin minas’ comparecieron ayer en la Comisión de Medio Ambiente para refutar la minería a cielo abierto.

Mérida- España. Las plataformas ‘Salvemos las Villuercas’ y ‘La Raya sin minas’, de Valencia de Alcántara, rechazaron ayer los proyectos mineros a cielo abierto que investigan en sus zonas, por ser «altamente contaminantes» en lo que consideran «paraísos medioambientales», mientras que PSOE y PP defendieron «un justo equilibrio» entre el desarrollo económico y la naturaleza.

Representantes de ambas plataformas comparecieron ante la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, a petición de Podemos por los 230 proyectos mineros activos en la región, 85 con permiso de investigación, 62 en trámite de recibirlo y 49 en trámite de concesión de explotación, entre otros.

La plataforma ciudadana ‘La Raya sin minas’ afirmó que no son «trogloditas ni alérgicos al progreso siempre que este sea humano y ecológico», y rechazó los seis posibles proyectos mineros que estudian implantarse en Valencia de Alcántara, que suman «22.800 hectáreas, más de un tercio de su territorio», y otros tres en su entorno.

Esta agrupación vecinal apartidista negó que la minería a cielo abierto cree empleo, pues por «cada puesto de trabajo que crea, se destruyen varios en otras actividades económicas tradicionales de la zona».

Por su parte, ‘Salvemos las Villuercas’ transmitió su «incertidumbre y desprotección» por el permiso de investigación para una mina a cielo abierto, en «104 cuadrículas que afectan a 3.000 hectáreas», en los términos de Logrosán, Cañamero y Berzocana, y a la que han presentado más de «16.000 alegaciones». Una zona que es un paraíso natural y una zona de alto valor ecológico, perteneciente a la Red Natura 2000 y al Geoparque Mundial Villuercas-Ibores-Jara, con una economía local basada en la producción agrícola de cerezo, castaño, ciruelo y miel protegida, el geoturismo y el desarrollo sostenible.

 

Fuente:https://www.hoy.es/extremadura/ecologistas-rechazan-proyectos-20190131003130-ntvo.html

Internacional

Minería, desastres ambientales y accidentes

En Brasil se ha repetido otro accidente minero de un alcance terrible, 254 personas sepultadas por la rotura de una represa de residuos, al tiempo que ha supuesto una catástrofe ambiental. Ambos desastres, humanos y ambientales, provocados por accidentes, suelen ir de la mano afectando a las poblaciones más vulnerables.

Una vez más un accidente que hemos visto una y otra vez en las minas a cielo abierto: la rotura de la presa de los residuos del tratamiento del mineral y el vertido al medio ambiente de millones de toneladas de fangos con alto contenido en metales pesados. En España vivimos el drama de Aznalcollar y los vertidos tóxicos sobre Doñana.

Esta vez ha sido en Brumadinho, la tragedia mil veces repetida y no sólo en Brasil, donde hacía sólo tres años que Minas Gerais había sufrido otro accidente similar, la tragedia de Mariana. En este caso el impacto ha sido brutal, con cientos de víctimas humanas; pero también lo será el ambiental, por la contaminación que causarán las miles de toneladas vertidas a lo largo de kilómetros de cauce del río.

Las investigaciones de estos grandes accidentes deben servir para que se apliquen medidas de control de los riesgos y no se vuelvan a repetir, pero lo cierto es que ni se pagan las multan ni se aumentan los controles ni se paraliza la actividad cuando el riesgo es intolerable. En algunos casos, aunque se realicen comisiones de investigación en el Parlamento, alguno de sus integrantes han recibido fondos de la minería para sus campañas políticas. En el Brasil de Bolsonaro hay pocas esperanzas siquiera de que se exijan responsabilidades a la empresa, porque Bolsonaro ha hecho del antiecologismo una de sus banderas. ¿Quién se puede creer ahora que hará algo contra los responsables de este desastre?

La legislación de la minería en materia de seguridad siempre ha sido objeto de controversia, como lo ha sido ligar los sueldos a la producción bajo cualquier condición laboral y sin prevención de riesgos. La cuestión cobra especial gravedad en lo que a baldas de residuos mineros se refiere, porque son infraestructuras inseguras y peligrosas.

La amenaza del desempleo se convierte en el mantra que las empresas extienden como un virus por las poblaciones donde se instalan. La falta de visión de alternativas ligadas a los escasos recursos de esas poblaciones, las convierte en doblemente vulnerables.

Tenemos varios factores subyacentes donde se gestan las catástrofes: pobres legislaciones en materia de seguridad unidos a la financiación de campañas políticas o legislaciones que siendo correctas no se hacen cumplir, inspecciones complacientes, connivencia con representantes de trabajadores que han de elegir entre susto o muerte, entre desempleo o empleo miserable, poblaciones con pocos recursos, en situación de vulnerabilidad y por último empresas que sólo invierten para enriquecerse, depredan el lugar y llevan al límite los riesgos sin invertir en seguridad.

El debate sobre las explotaciones mineras a cielo abierto está muy presente en España. Decenas de nuevos proyectos mineros se extienden por toda nuestra geografía. Sus promotores se aprovechan de dos factores: el abandono del territorio que deja campo libre a su explotación más impactante, y las necesidades de empleo.

Razmig Keucheyan, en su libro “La Naturaleza es un campo de batalla” comienza el capítulo dedicado a la ecología política que viene, con estas palabras: “Si a las asociaciones ambientalistas tradicionales les cuesta trabajo reconocer la dimensión social de la ecología, el movimiento obrero, por su parte, mantiene desde los orígenes una relación ambivalente con las problemáticas ambientales”. Tras la explosión de la planta química AZT en Toulouse, los sindicatos y los damnificados se dividieron, mientras los primeros gritaban que la química era una necesidad y la seguridad una exigencia, pidiendo seguridad y empleo, las víctimas, los ribereños y asociaciones ambientalistas clamaban “Nunca más, ni aquí ni en otra parte”.

Continúa diciendo Keucheyan “Esta ruptura es reveladora de una división que estructuró el campo político en el siglo XX. A los sindicatos la defensa de los empleos y de la industria que los proporciona, a veces con exclusión de otras preocupaciones como la seguridad de los vecinos o de  los mismos asalariados. Una lectura productivista del marxismo también influyó en esto así como la distinción entre el trabajo (sindicatos) y “fuera del trabajo”(sociedad civil).

La naturaleza no escapa a las fuerzas sociales, es la más política de las entidades. Por ello las explotaciones mineras están ligadas no sólo a las crisis ecológicas sino a los incumplimientos repetidos de las medidas de seguridad que acaban afectando tanto a trabajadores como a la   población. Todo ello teñido de un “clasismo ambiental” donde la ubicación de las grandes explotaciones mineras perpetúa las desigualdades vulnerando derechos cívicos, como son la seguridad, la salud y el ambiente, justamente en los territorios o comunidades más pobres.

Bhopal, un drama de consecuencias que aún perduran, Chernóbil o Fukushima tienen en su génesis causal pobres medidas de seguridad. Tantos accidentes mineros, como dice el cantautor asturiano en La Planta 14 la tragedia repetida, una tarde amarilla, los hombres no volvieron.

Contra la mercantilización de la naturaleza se necesita de una revolución política y social en cuanto a la rebelión contra la sociedad de consumo, y ahí es donde no debemos dejarnos vencer para evitar que las tragedias se repitan.

Fuente:https://blogs.publico.es/ecologismo-de-emergencia/2019/01/28/mineriadesastresaccidentes/
Internacional

150 personas forman una cadena humana hispano-lusa contra la mina de uranio

Presa de Saucelle (Salamanca) – Unas 150 personas han participado en la cadena humana hispano-lusa que se ha realizado en la tarde de este sábado en la presa de Saucelle (Salamanca), de un lado a otro de la frontera entre España y Portugal, contra de las minas de uranio en las Arribes del Duero.

La plataforma antimina Stop Uranio, una de las entidades organizadoras, ha explicado que el objetivo era “visualizar nuestro hermanamiento y compromiso en la lucha contra las minas de uranio que Berkeley quiere abrir en la provincia de Salamanca”.

Según el respresentante de esta plataforma, José Ramón Barrueco, se trata de una lucha común “contra la mina de uranio, la planta de concentrados, los depósitos de residuos radiactivos y toda la contaminación que va a llegar tanto a España como a Portugal”.

Las otras dos asociaciones organizadoras han sido AZU (Ambiente en Zonas Uraníferas) y el grupo ecologista “QUERCUS”, que han apoyado a Stop Uranio desde sus inicios para impedir que se abran las instalaciones proyectadas por Berkeley Minera en la provincia salmantina.

Nuno Sequeira, presidente de la dirección nacional de la organización ecologista portuguesa Quercus, explicó a Efe, que “estamos aquí ciudadanos de España y Portugal porque queremos demostrar a nuestros gobiernos que estamos unidos en contra de los proyectos de explotación de uranio a cielo abierto, porque tienen impacto en el medio ambiente, no sólo en la biodiversidad sino en la salud porque generan material radiactivo, que tienen consecuencias en las personas como problemas respiratorios y oncológicos”.

El representante de Quercus aseguró que el gobierno portugués tiene una actitud más firme que el español, de hecho en marzo de 2018 la Asamblea de la República Portuguesa debatió y aprobó por unanimidad de toda la Cámara una Resolución recomendando a su Gobierno que realizara las diligencias necesarias para impedir la explotación de uranio en Salamanca y se realizara un estudio de impacto ambiental transfronterizo.

En la cadena humana, han participado unas cincuenta personas de las antiguas minas de uranio de Urgeiriça en Nelas, cerca de Viseu (Portugal), que han venido en autobús y que estuvieron por la mañana visitando los lugares donde se proyecta la mina de uranio en la zona de Retortillo.

Según explicó José Ramón Barrueco, el contacto con estos antiguos mineros comenzó hace cinco años cuando vinieron a dar una charla sobre los peligros de la minería de uranio ” porque allí ha habido bastante mortandad con el tema de la minería, eran tiempos donde no había medidas de seguridad y no sólo enfermaban mineros sino también sus familiares, ya que hacían las casas con los residuos que había de las minas”.

La mina que Berkeley proyecta en la localidad salmantina de Retortillo está pendiente de la licencia urbanística municipal y de la autorización de construcción de la planta para la que tiene que informar favorablemente el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear. EFE

 

Fuente:https://www.lavanguardia.com/vida/20190119/454207493519/150-personas-forman-una-cadena-humana-hispano-lusa-contra-la-mina-de-uranio.html

Internacional

Alertan sobre los riesgos radiactivos de la explotación minera en Fontanarejo

La Plataforma No a la Mina de Arroba, Fontanarejo y Puebla de Don Rodrigo ha alertado este domingo de los riesgos radiactivos que podría estar asociados a la explotación de la mina a cielo abierto que se prevé abrir en el municipio ciudadrealeño de Fontanarejo.

Esta organización, en colaboración con Ecologistas en Acción, organizó el sábado una charla informativa en este municipio situado en entorno del Parque Nacional de Cabañeros, a la que acudió el químico Ángel de la Cuesta, experto en el campo de la minería, ha explicado la Plataforma.

De la Cuesta expuso sus conocimientos sobre los elementos radiactivos que de forma natural acompañan a los fosfatos (itrio, uranio y radón, principalmente) y las dudas de que el yacimiento que se planea explotar carezca de estos elementos, como figura en el estudio de impacto ambiental de los promotores y en la declaración de impacto ambiental de la Dirección Provincial de Agricultura en Ciudad Real.

Por un lado, ha explicado que Fontanarejo se encuentra en un área de radiactividad y concentración de radón medio-alta, que podría estar causada por estos elementos radiactivos naturales, por lo que ha considerado necesario determinar la presencia o ausencia de estos elementos radiactivos.

En caso de detectarse debería intervenir el Consejo de Seguridad Nuclear para establecer el grado de influencia de estos elementos sobre el medio.

 

Fuente:https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-alertan-sobre-riesgos-radiactivos-explotacion-minera-fontanarejo-201901201852_noticia.html

Internacional

Cinco municipios pacenses, en contra de que se exploten las minas de uranio

Una empresa podrá hacer catas en Cabra Alta, en los términos de Villanueva del Fresno, Zahínos, Oliva de la Frontera, Higuera de Vargas y Jerez

España – Rechazo a un permiso de investigación para buscar uranio en la finca Cabra Alta, en el suroeste extremeño, donde hace décadas ya hubo una mina que explotó ese metal. En la conocida finca que copa varios términos municipales del suroeste de la provincia de Badajoz, una empresa minera ha recibido la autorización de la Dirección General de Minas para realizar sondeos.
Las catas pueden realizarse a lo largo de tres años. Los alcaldes de los cinco municipios con terreno en Cabra Alta, Villanueva del Fresno, Zahínos, Oliva de la Frontera, Higuera de Vargas y Jerez de los Caballeros, rechazan ese permiso e intentarán paralizar esas catas. Por este motivo anuncian un recurso inminente contra esa autorización de la Administración regional.

La Junta, por su parte, aclara que la autorización del permiso de investigación se concede porque cumple «todos los requisitos legales» para ser otorgado. Al mismo tiempo, recuerda que un permiso de investigación no concluye con un permiso de explotación en la inmensa mayoría de los casos.

El Diario Oficial de Extremadura publicó el 2 de enero la concesión de un permiso de investigación (también el de restauración del terreno) por parte de la Dirección General de Energía y Minas a Qbis Resources, SL, con sede en Granada. Se le ha autorizado una investigación en la antigua mina de uranio de la finca de la Cabra Alta, que fue explotada en tiempos del franquismo. Las últimas investigaciones sugerirían que podría ser el yacimiento con el mayor potencial de uranio de España.

La autorización es para hacer sondeos durante tres años en unas 8.000 hectáreas de terreno

El Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido un informe necesario para realizar las catas

Los términos municipales implicados son Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Zahínos y Villanueva del Fresno. La superficie a investigar es de 286 cuadriculas mineras, unas 8.000 hectáreas. El pueblo más próximo a dónde se van a realizar las catas es Zahínos; el más alejado, Jerez.

En 2008 la canadiense Mawson Resources se interesó por las minas de uranio de La Haba (población cercana a Don Benito) pero destacó entonces la antigua mina que se desarrolló en Cabra Alta como la más interesante debido al alto porcentaje de riqueza y a la mayor cantidad del uranio allí existente. En aquel momento, señala Ramón Díaz Farias, alcalde de Villanueva del Fresno a HOY, se cifraban en 65.000 toneladas de uranio las que se encuentran en esa antigua mina abandonada.

Con informe del CSN

«En 2008 mantuve diversas conversaciones con Mawson Resources. Decidieron abandonar el proyecto, supongo que porque no quisieron entrar en más litigios en vista de que en las poblaciones afectadas podía haber revuelos en contra», explica.

En 2011 se retomó el interés por parte Qbis Resources. Solicitó un permiso de investigación minera a la Junta cuyo trámite finalizó el 2 de enero con la autorización de Minas. En el transcurso de este proceso ha habido una serie de informaciones públicas en las que se hablaba de un mineral catalogado por la ley en la opción ‘D’, «nunca se ha hablado de uranio hasta que se publicó el día 2».

«Me puse en contacto con el resto de los alcaldes para transmitirle mi preocupación, no porque en sus pueblos haya uranio, que está aún por descubrir, sino porque sabemos que en Villanueva del Fresno hay una mina con restos de uranio y sabemos ya de por sí que el proyecto va a salir y como pueblos colindantes afectados deben ser conocedores, y así después cada uno que se posicione cómo crea oportuno», añade el primer edil de Villanueva.

Agrega que el Consistorio que preside solicitó una ampliación de plazo para la presentación de alegaciones al proyecto. Además, presentó alegaciones contra está autorización de investigación minera basadas fundamentalmente en argumentos técnicos de la aparejadora municipal.

Desde la Consejería de Economía se ha indicado a HOY que la Junta «tiene la obligación de tramitar cuantos expedientes se presenten ante el órgano público competente».

Esta autorización para investigar los recursos mineros fue solicitada en abril 2011 y se ha otorgado por tres años, «observando el cumplimiento de todos los requisitos que recoge la ley actual de minas, que es muy rigurosa en cuanto a la seguridad ambiental y de las personas», matiza Economía. Cuenta asimismo con el preceptivo informe del Consejo de Seguridad Nuclear desde noviembre de 2011.

No obstante, la Administración regional asegura que siempre «está abierta a escuchar a todas las partes, teniendo en cuenta que se trata de un permiso de investigación que posteriormente podría derivar o no en una concesión de explotación», finaliza la Consejería.

Recurso de alzada

El recurso anunciado por los cinco municipios (queda por definir si será de forma conjunta o individualizada) se basará básicamente en que no cuenta con el consenso de los ayuntamientos de la zona y que existe un riesgo para la salud de la población. El interrogante para la salud no deriva tanto del área de la radioactividad del uranio que en la naturaleza pueda emitir, sino del polvo de uranio en suspensión y la toxicidad que él genera, explica Díaz Farias, en el desarrollo de las catas.

Al mismo tiempo, el regidor explica que dentro de una apuesta general por la energía ‘verde’ y en una zona como el suroeste regional se hace más necesario aún «esa energía limpia y no por una energía contaminante cómo es la nuclear».

Para Díaz, «no procede abrir una mina de uranio aunque Villanueva pudiera ser la más beneficiada en cuanto a recaudación de impuestos. Entendemos que la generación de empleo es insignificante para la zona y el impacto sobre el medio ambiente sería brutal aunque la minería moderna sea mucho más segura». Representantes de los ayuntamiento se han entrevistado esta semana con la consejera de Economía, Olga García, para trasladarle su rechazo al permiso para investigar. Habrá movilizaciones en el caso de que no se revoque el permiso, aventura su alcalde de Villanueva del Fresno.

 

Fuente:https://www.hoy.es/extremadura/cinco-municipios-pacenses-20190113003143-ntvo.html

Internacional

“Las multinacionales financian el conflicto del Congo para conseguir los minerales”

Alcatel, Ericsson, Siemens o Nokia son empresas punteras en telefonía móvil. Todas se encuentran cada año en el Mobile World Congress de Barcelona, la convención más importante del sector. Pero, detrás de nuestros móviles, ¿qué se esconde? La periodista congolesa y defensora de los derechos humanos Caddy Adzuba, denuncia entre amenazas las consecuencias de la explotación ilegal del coltán.

Si trazamos el camino inverso de la producción, inevitablemente, llegamos a la República Democrática del Congo, que concentra el 80% de las reservas mundiales de coltán, un mineral fundamental para la elaboración de productos electrónicos. Los recursos minerales juegan un papel clave en la prolongación del conflicto más mortífero del mundo. Una periodista congolesa y defensora de los derechos humanos, Caddy Adzuba, lo ha denunciado, bajo amenazas pero incansablemente, a través de la frecuencia de Radio Okapi y en todo el mundo. En 2014, cuando recogió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, como siempre, habló claro: “Permitidme pedir cuentas a ciertas empresas multinacionales, que, en la búsqueda de sus intereses, han contribuido a asolar a sangre y fuego este grande y bonito país arrebatando la vida a más de seis millones de personas y la dignidad y el honor a más de 500.000 mujeres violadas”.

A menudo, los medios de comunicación olvidamos los conflictos de larga duración, como el de la República Democrática del Congo. Tú convives con él desde el año 1996, ¿qué recuerdas?

Más de seis millones de muertos, mujeres violadas, niños soldado, desplazados… Todos los congoleses que nos quedamos en el este del país, en Kivu, hemos vivido horrores. La guerra es algo que nadie puede desear ni a su peor enemigo, porque deja unas huellas imborrables: todo lo que vivimos y vimos, los familiares y amigos que perdimos… Conocí la primera guerra en 1996, cuando era muy pequeña. La llamaban de liberación, para derrocar al dictador, pero entonces no sabía ni qué significaba. Me levanté un día con el ruido de las balas y las bombas, en medio de una historia confusa que no entendía. Le pregunté a mi padre qué pasaba y me respondió: “Esto es la guerra”. Mi casa fue destruida y mi padre decidió que teníamos que marcharnos porque la ciudad era cada vez más insegura. Comenzamos una marcha a pie y, a veinte kilómetros de mi ciudad, caímos en una emboscada. No entendíamos nada, ni quién luchaba contra quién. Empezaron a disparar contra nosotros y me separé de mi familia. Me fui con un grupo de gente desconocida a través del bosque. Fueron más de 1.000 kilómetros a pie y hasta un año después no pude reencontrarme con mi familia, cuando ya pensaban que yo había muerto.

¿Las circunstancias te empujaron a estudiar derecho y a dedicarte al periodismo?

Cuando volví, muchas compañeras habían sido víctimas de la violencia sexual y otros chicos habían sido enrolados en grupos armados. Volvimos a la escuela y la mitad de la clase ya no estaba. Vivíamos con miedo, nos encerrábamos en casa a partir de las seis de la tarde. No podía soportar vivir así. En esa época, tenía dieciséis años y comencé a pensar qué hacer. Me concentré en mis estudios y me propuse ser jueza para juzgar a los criminales, todos aquellos que se habían llevado a mis amigos. Durante un tiempo, esa fue mi motivación. Después de la huida del dictador, comenzamos un ciclo durísimo de violaciones de los derechos humanos. Cuando ya tenía el bachillerato, pensé que era el momento de movilizarse. Para ser jueza, me faltaban cinco años en la universidad; así pues, pensé en la radio como un medio para denunciar la situación. Empecé a negociar una plaza en la radio nacional y, finalmente, después de insistir durante meses, me cogieron de prácticas. Conseguí algunos espacios para cubrir la violencia sexual contra las mujeres y la utilización de niños soldado.

Finalmente, has conjugado el periodismo y la justicia a través de la Asociación de Mujeres de Medios de Comunicación del Este del Congo.

He tenido que enfrentarme al machismo y hemos tenido que organizarnos para combatirlo y denunciarlo. La asociación ha presentado casos de violación de los derechos humanos y, específicamente, de violencia sexual ante la Corte Penal Internacional y el Senado de los Estados Unidos.

Aunque para la resolución de conflictos es imprescindible abordar las causas, del conflicto en la República Democrática del Congo ¿conocemos más las consecuencias?

Podemos comparar una guerra a una situación de enfermedad. Cuando estamos enfermos, no podemos curar solo el síntoma, no podemos siquiera controlar la fiebre, sino que tenemos que buscar el origen, la causa de la enfermedad, para combatirla. Cuando sepamos de dónde viene la fiebre, podremos curar. Asimismo, si queremos cortar la hemorragia, tenemos que ir a buscar las causas. Podemos trasladar esta ecuación a mi país, donde la guerra no acaba, sino que ya hace veinte años que dura, dos décadas de sufrimiento.

“En todos los países donde hoy en día hay conflictos, se esconden intereses económicos sobre recursos escasos: Siria, Iraq, Colombia, el Congo…”

Las causas de conflicto en mi país son multidimensionales. Hay causas vinculadas a la codicia internacional por los recursos mineros, hay causas relacionadas con el conflicto étnico interno, las hay en relación con la fragilidad política interna y la inestabilidad regional. Cada estructura o actor implicado debe reconocer su responsabilidad en el conflicto. Cuando todos los actores implicados se planteen la pregunta, podremos sentarnos alrededor de una mesa para establecer un diálogo franco y coherente. Mientras esto no pase, solo podemos bajar la fiebre. Vivir un año de paz y cinco de guerra y algunos periodos de calma aparente. Hay niños que han nacido y crecido en la guerra. ¿Qué pueden aportar a su país? Nada. Solo conocen la violencia.

¿El Congreso Mundial del Móvil tendría que ser una oportunidad para ir a las causas?

Vivimos en un capitalismo global, donde todos estamos por detrás del interés económico, también los medios de comunicación. Olvidan que son el cuarto poder y que deberían supervisar a los demás. Para comprender qué pasa, para entender el periodismo que se hace y el que no se hace, tenemos que saber quiénes son los propietarios de los medios de comunicación. Veremos que hay pocos medios independientes. En África, nos hace cierta gracia cuando se enfatiza la independencia de los medios europeos. Si el poder ejecutivo tiene el gobierno, la policía y el ejército, el poder legislativo puede hacer y modificar leyes y el poder judicial tiene jueces y el soporte policial… ¿qué herramientas tienen los medios? No tienen ninguna protección. Nuestro poder es la palabra, la información. Creo que los periodistas no son conscientes de que pueden contribuir a poner fin a una guerra. Y se requiere un cambio de perspectiva para sensibilizarnos ante los conflictos y ser transmisores de paz. Los medios no pueden continuar sirviendo a los intereses de determinados capitalistas de las multinacionales: deben tomar conciencia de lo que pueden hacer y poner a cada uno en su sitio.

¿Qué lugar corresponde a las multinacionales de la telefonía móvil?

En todos los países donde hoy en día hay conflictos, se esconden intereses económicos: Siria, Iraq, Colombia, el Congo… Para fabricar smartphones, se necesitan unos minerales escasos y hay países que los tienen, como el Congo, que es un país inmensamente rico con una población empobrecida. Para hacer los móviles, el coltán es imprescindible. Por eso se espolea la guerra, para extraer este y otros recursos. El mapa de las violaciones de derechos humanos coincide con el de las minas de coltán. Es verdad que las empresas de telefonía pueden decir que nadie las ha visto haciendo la guerra en el Congo, pero está lo que llamamos la mano invisible, existen los inversores de la guerra. Quien financia los conflictos bélicos también es criminal, aunque no dispare con el fusil. Las multinacionales financian el conflicto, los grupos rebeldes, para conseguir los minerales. La ONU impuso un embargo de armas al Congo en el 2003 y, aun así, el país está lleno. Sabemos quién trafica en nombre de quién y, por lo tanto, quien financia la guerra. Lo denuncian informes de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o las Naciones Unidas. Un informe de la ONU revela el nombre de multinacionales relacionadas con la compra ilegal de minerales, pero, actualmente, el documento está embargado por la presión de las empresas. La gente quiere vivir, pero no puede porque hay alguien que, desde su despacho climatizado, ha decidido que para hacer los teléfonos tienen que haber muertos en el Congo.

¿Qué camino sigue el coltán hasta que llega aquí?

La ruta está trazada y controlada. Hay alguien que financia a los grupos rebeldes, les da las armas y les pide ocupar un pueblo donde están los yacimientos. Los rebeldes tienen las armas y el dinero, ejecutan la orden de su financiador: matan y violan para intentar tomar el control del pueblo. Después, usan a los niños en las minas, convierten los hombres en esclavos y explotan la minería. Venden el producto a un país vecino, que lo envía al mercado mundial.

¿Entonces, países como Ruanda son clave?

Desde hace muchos años, es un país colaborador. Incluso se cita como el primer productor de coltán, aunque nunca ha tenido yacimientos. Por lo tanto, ¿de dónde viene? Efectivamente, del Congo, a través del tráfico ilegal. Y la comunidad internacional se mantiene en silencio.

Para romper el silencio, desde Barcelona, ya hace años que diversas organizaciones y colectivos piden un espacio de debate sobre los impactos de la telefonía móvil. ¿Cómo debe diseñarse la estrategia de sensibilización?

“A menudo, se habla del Congo en Europa, pero se piensa en tácticas típicamente europeas que no funcionarán en África”

Hay un proverbio que dice: si haces algo para mí sin mí, lo haces en mi contra. Porque, si lo haces para mí, tienes que saber cuáles son mis necesidades. Es necesario conocerlas para trazar una buena estrategia que me ayude. Las empresas, de un modo u otro, están conectadas con los minerales de sangre y eso debe conocerse. Hay que sensibilizar y comenzar a trabajar en una trazabilidad eficiente. Como ya hacen muchas organizaciones que trabajan en este tema, tienen que juntarse con las que están en el terreno y conocer lo que pasa. Así, conjuntamente, se puede diseñar la estrategia. A menudo, se habla del Congo en Europa, pero se piensa en tácticas típicamente europeas que no funcionarán en África: no tenemos la misma cultura ni el mismo modo de vivir. Tenemos que reunirnos en una mesa, profundizar en el contexto y encontrar maneras eficaces de abordar el problema.

Los medios de comunicación son clave para visibilizar lo que sucede sobre el terreno, pero a menudo no están. ¿El periodismo congolés hace un buen seguimiento de la guerra?

En el Congo, hemos conseguido desarrollar un periodismo sensible al conflicto. Desafortunadamente, los medios no están subvencionados, pero hemos creado radios comunitarias de la sociedad civil, de proximidad, donde la población se puede expresar. Radio Okapi, donde trabajo, es una frecuencia creada precisamente con el objetivo de acompañar el proceso de paz. El poder político y los intereses capitalistas están detrás de otros medios que se han vendido.

¿Qué rol juega la radio en un país en guerra?

Es el medio más importante. Donde hay un conflicto, a menudo, no hay electricidad y, por lo tanto, no se puede ver la televisión ni imprimir prensa ni consultar Internet. Lo que nos queda es la radio porque podemos comprar pilas. En muchos momentos, la gente dependía de la radio para saber qué estaba pasando. Yo lo experimenté: la radio nos permite vivir durante la guerra.

Precisamente, su capacidad de difusión también puede avivar el odio, como el caso de la radio Mille Collines en Ruanda.

Cabe subrayar el gran rol de la radio en las guerras. La radio puede salvar o matar. Una emisora puede alentarte a matar a tu vecino, como hizo Mille Collines, que transmitía una llamada al genocidio a través del miedo. Nosotros nos salvamos, en 2004, gracias a Okapi y a la RFI. La ciudad de Bukavu estaba asediada y la población llamaba a las emisoras para dar coordenadas exactas y relatar lo que estaba sucediendo. Los testimonios facilitaban información sobre las acciones de rebeldes y alertaban al resto. La comunidad internacional se movilizó. Finalmente, gracias a toda esa circulación de la información, los rebeldes se marcharon una semana después.

En 2010, los Estados Unidos aprobaron la ley Dodd-Frank, conocida como la ley Obama, para evitar que las empresas de los EUA compraran materiales manchados con sangre. ¿Se ha conseguido?

Era necesaria. Ahora contamos con una ley que prohíbe claramente que las multinacionales americanas compren minerales del Congo que no han estado trazados, es decir, que no provengan de un ciclo de extracción controlado. Es un gran paso. Por un lado, esta ley da poder a los defensores de los derechos humanos, a las organizaciones que trabajan contra la explotación minera ilegal. Les facilita una grieta para recurrir a la justicia. Además, soy consciente de que en Estados Unidos hubo una lucha fuerte para conseguirla. Nuestra Asociación de Mujeres de Medios de Comunicación del Sur de Kivu participó en el Senado norteamericano para defender la ley. En cambio, en Europa, no hay una ley y las multinacionales nos preguntan: ¿en qué norma os basáis para acusarnos? [en mayo de 2015 se aprobó una enmienda para obligar a las empresas a contar con un certificado comunitario que garantice que no incentivan conflictos y abusos de derechos humanos en zonas de conflicto. Todavía no es vinculante porque tiene que pasar por los órganos legisladores de la UE y la Comisión Europea].

También hay minas legales, que son el medio de supervivencia de parte de la población congolesa. ¿En qué proporción?

“A través de un programa de trazabilidad de los minerales, sabemos que, en mi provincia, únicamente es legal un 1% de las 130 minas que hay. El resto son lo que llamamos puntos calientes, donde todavía hay grupos armados.”

Las empresas que necesitan el mineral del Congo deberían estar obligadas a ir sobre el terreno y asegurarse de que consiguen los minerales legalmente. A través de un programa de trazabilidad de los minerales, sabemos que, en mi provincia, únicamente es legal un 1% de las 130 minas que hay. El resto son lo que llamamos puntos calientes, donde todavía hay grupos armados. Por lo tanto, las empresas solo pueden comprar minerales de este 1%, donde no hay niños obligados a trabajar ni mujeres violadas. Este proceso de trazabilidad es lento, pero tiene efectos sobre algunos lugares. El pueblo congolés tiene derecho a hacer extracciones, es su país. Los llamamos explotadores de minerales artesanos, pero tienen que tener permiso del gobierno. Hay un catastro minero que define las zonas donde se pueden extraer los materiales y venderlos de forma legal. Obviamente, también hay congoleses que trafican, financian a los rebeldes y son criminales.

Igualmente, en el Congo, la gente también tiene smartphones.

En el Congo, la telefonía es la herramienta más importante después de la radio. Cada familia tiene, como mínimo, una radio y un teléfono. No deseamos que desaparezcan las empresas fabricantes, pero pedimos que respeten la legalidad y los derechos humanos. El teléfono es una herramienta esencial. Pero no puede pasar por encima de las personas. Las personas primero y los smartphones después.

“En el Congo, violan a las mujeres para destruir la comunidad”. Recientemente, en Guatemala, se ha iniciado un proceso judicial histórico contra la violencia sexual como arma de guerra. En el Congo, lo has denunciado reiteradamente. ¿Con qué objetivo se utiliza?

Para responder, me remonto a la planificación de una guerra. Quien hace la guerra dibuja una estrategia, pero, previamente, estudia a la población, la estructura social. Cuando ha estudiado el entorno, define el ataque. En el Congo, estudiaron cómo hacer la guerra y se dijeron: en lugar de gastar nuestras municiones para matar a las mujeres, las violaremos porque, así, destruiremos la comunidad y, entonces, la podremos someter. En el este del Congo, antes de la guerra, bajo una dictadura, comenzó una crisis económica muy fuerte. No había trabajo y solo los hombres trabajaban fuera de casa. Con la evolución de la crisis, ellos perdieron el trabajo y, por lo tanto, capacidad adquisitiva. Para mantener a la familia, las mujeres tuvieron que ir al campo, hacer intercambios y comerciar. Se hicieron cargo del comercio informal que, afortunada o desafortunadamente, se empezó a desarrollar. La economía del país estaba dirigida por las mujeres: eran las agricultoras, cultivaban y vendían. Ellas alimentaban a la familia y hacían funcionar la economía del país. Los señores de la guerra conocían la situación y planificaron la destrucción de la fuente de ingresos: destruimos a la mujer, sin matarla, y así no podrá mantener a la familia. No nos violan como un acto sexual, nos destruyen para que nos convirtamos en incapaces, enfermas, discapacitadas. Físicamente, después de las violaciones atroces, te tienes que someter a muchas operaciones y poca gente tiene la oportunidad. Además, si una mujer es violada, el marido no lo soportará, es un deshonor. Cuando la familia ya no se puede mantener, cogen a los hombres y a los niños para que trabajen en la mina.

Normalmente, en los conflictos, las mujeres se presentan como víctimas. ¿Qué papel debería jugar el periodismo?

“Los señores de la guerra conocían la situación y planificaron la destrucción de la fuente de ingresos: destruimos a la mujer, sin matarla, y así no podrá mantener a la familia.”

Los periodistas, en la mayoría de casos se focalizan en los hechos y no hacen seguimiento. Se dan cifras de violaciones aterradoras, pero ¿cuál es la situación de estas mujeres, que no son cifras? Nosotros, desde Radio Okapi, hacemos un seguimiento. Cuando sabemos que alguna de estas mujeres ha ido al hospital, vamos para saber qué trato está recibiendo. Acompañamos a la mujer en el ámbito médico. Después de dos meses, nos acercamos para saber cómo se sienten, cómo están superando el trauma. Nos preguntamos qué quieren. Si quieren justicia, interrogamos a los responsables para saber qué medidas se toman. Y hacemos seguimiento de la vida cotidiana de las mujeres, para saber en qué se convierten. Podemos llegar a hacer seguimiento durante dos años. A parte de la denuncia, entendemos que es necesario un programa de autonomización, de ayuda para que pasen a ser mujeres empoderadas. Trabajo con 150 mujeres para eliminar la etiqueta de víctima. Desde el periodismo, hay que hacer un seguimiento de todas las etapas. Las mujeres víctimas de ayer se convierten en activistas.

 

Fuente:https://www.pikaramagazine.com/2016/03/caddy-adzuba-multinacionales-congo/?fbclid=IwAR1iZL7-1iGyfVIsybK0mDrzGjTe8JV5WUnwC8NV5hH5H_OpswWo-ifb5tk

 

Internacional

Congo: preocupa a las mineras el resultado electoral

Es claro que las empresas mineras no están dispuestas a resignar ni un centavo de sus abultadas ganancias. Las leyes de un país pueden responder a esta desmedida ambición o limitarla. Esto último preocupa a las empresas mineras. Un ejemplo de ello es lo que sucede en la República de Congo donde, a cinco días de las elecciones presidenciales,  se desconocen los resultados.  La Iglesia afirma que ya se sabe cuál es el resultado y  pide que  se haga público. Reclama además a la Comisión Electoral que proclame los resultados de “verdad y justicia”. Mientras, el sector minero manifiesta su preocupación…

La República Democrática del Congo, que celebró elecciones presidenciales el 30 de diciembre, es una de las jurisdicciones mineras más importantes pero difíciles del mundo. Empresas como Glencore Plc, Barrick Gold Corp. y China Molybdenum Co. tienen operaciones importantes en ese país, que es el mayor productor de cobalto –un material clave para las baterías–, y una importante fuente de minerales como tungsteno y estaño.

Una de las mayores preocupaciones del sector minero es un nuevo código minero introducido por el gobierno del presidente saliente, Joseph Kabila, que aumentó las regalías, agregó impuestos y canceló una cláusula que la protegía contra cambios fiscales durante 10 años.

El concurso presidencial es una carrera a tres bandas entre el protegido de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary y los dos principales candidatos de la oposición: Martin Fayulu y Felix Tshisekedi. Si bien se espera que Shadary se adhiera al nuevo código de minería, el tema no ha sobresalido durante la campaña, por lo que los inversionistas no tienen claro su posible impacto. Ejercicio inútil “Ninguno ha hecho una aseveración específica sobre lo que va a hacer con la industria minera después de las elecciones”, explica Ben Davis, analista en Liberum Capital Markets. “Hay demasiadas incógnitas. Implorar por cualquier candidato es un ejercicio inútil”.

Congo, hogar de depósitos de oro, diamantes, estaño y coltán, es famoso por su industria de cobre y cobalto, con más de la mitad de la producción mundial de este último. Glencore, el mayor operador de productos básicos, tiene minas de cobalto y cobre en el país y extrajo casi 300.000 toneladas métricas de cobre y 26.000 toneladas de cobalto en los primeros nueve meses de 2018. Planea producir significativamente más este año, con el aumento de la producción en su mina de Katanga. Barrick Gold, que completó la adquisición de Randgold Resources Ltd. por US$5.400 millones esta semana, heredó un interés en el país como parte del acuerdo. La compañía ahora opera la mina de oro Kibali en el noreste del Congo, una de las mejores del mundo. La operación producirá más de 700.000 onzas de oro este año. AngloGold Ashanti Ltd. también posee el 45 por ciento de la mina.

“Creemos que es un paso importante para el país. Esperamos el resultado final y sus consecuencias”, dijo el nuevo director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, a principios de esta semana. “Continuaremos trabajando con la nueva autoridad en la República Democrática del Congo para asegurarnos de poder cumplir con nuestra visión de que existe una gran oportunidad, especialmente en la región nororiental, para descubrir depósitos de oro de clase mundial”.

 

Fuente:https://noalamina.org/mundo/africa/item/42315-congo-preocupa-a-las-mineras-el-resultado-electoral

Internacional

Ciudad Real: Alegaciones contra un proyecto minero “muy pernicioso” para Arroba y Puebla de Don Rodrigo

Miembros de Ecologistas en Acción y de la Plataforma No a la Mina han presentado esta mañana, en la Delegación de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, un escrito con una veintena de alegaciones contra el proyecto de la mina de titanio en Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo.

Al igual que en los casos de Fontanajero y Abenójar, estos colectivos se oponen a proyectos “muy perniciosos” para unas de las zonas mejor conservadas de monte mediterráneo de la Península Ibérica. Además, apuntaba Rafael Gosálvez, portavoz de Ecologistas en Acción, las afecciones a la salud serán “bastante importantes”, perjudicando especialmente a la localidad de Arroba de los Montes.

Este proyecto de minería, recalcaba Gosálvez, pasa por su tercer proceso de impacto ambiental. “Por dos veces se ha dicho ya que no por parte de la Junta de Comunidades a la mina, y con dos gobiernos distintos: el de Barreda (PSOE) y el de Cospedal (PP)”. No entienden, por tanto, por qué se afronta una nueva DIA, máxime cuando la legislación contempla que “cuando un proyecto ha tenido declaraciones de impacto ambiental negativas, ni siquiera se debería haber dado acceso a un nuevo procedimiento”. Con los antecedentes, la presión social en los municipios afectados y a las puertas de unas elecciones municipales autonómicas, confían en que el Gobierno regional no desee “asumir el coste político de una mina que tiene a los pueblos de la zona en contra”.

Por parte de la Plataforma No a la Mina, Francisco José Sarrión, abogaba por “otro tipo” de desarrollo para la zona. “Venden” el proyecto minero como una alternativa para la despoblación, explicaba, “pero creemos que tenemos recursos, valores y riqueza suficiente para que la comarca se desarrolle de forma sostenible, tenga un futuro sin contaminación y conserve su patrimonio natural y cultural; que es lo que vamos a perder a cambio de diez o quince años de minería”.

 

Fuente:https://www.miciudadreal.es/2019/01/04/ciudad-real-alegaciones-contra-un-proyecto-minero-muy-pernicioso-para-arroba-y-puebla-de-don-rodrigo/

Internacional

Bolsonaro y Maduro, un peligro para la Amazonía y el planeta

Ese enorme trecho de tierra y selva que se extiende a lo largo de 7.4 millones de kilómetros cuadrados por Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam, concentra el 60% de la biodiversidad del mundo, incluyendo especies animales y vegetales que aún no han sido catalogadas y estudiadas por la ciencia, es el hogar de 34 millones de personas, incluidas 385 comunidades indígenas. Una buena parte de ese territorio, en los últimos años viene soportando un crecimiento alarmante de la minería ilegal, estimulada por el precio del oro y otros minerales preciosos que alberga e sus entrañas. Ahora se cierne sobre él la plaga Bolsonaro, auspiciada por los intereses de la agroindustria que lo catapultaron al poder del país que controla la mayor parte de la tarta amazónica.

Un reciente informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), con datos de seis países de la región -Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela-,  recogidos por ocho grupos de ambientalistas apartidistas que elaboraron un mapa a partir de imágenes de satélite, evidencia que Venezuela tiene más minas ilegales que cualquier otro de los países estudiados, seguido por Brasil y Ecuador. Un informe de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, titulado «El crimen organizado y la minería ilegal del oro en América Latina» publicado en 2016, ya revelaba que entre 80 y el 90 % del mineral producido en Venezuela es ilegal.

El mapa publicado por RAISG muestra que hay minería ilegal en 37 territorios indígenas, dieciocho de ellos en Brasil, y que hay sitios cerca o alrededor de otros 78 territorios. Según Alicia Rolla, una de las coordinadoras de la RAISG, «la situación actual es peor que nunca».

Pero el efecto Bolsonaro sobre la Amazonía brasileña no se limita a la minería ilegal. Con su llegada a la presidencia de Brasil empieza una época dorada para los agronegocios. Según el Observatorio del Clima, los datos del Deter B, un sistema del Instituto Nacional de Estudios Espaciales que controla la Amazonia en tiempo casi real, muestran que la tasa de deforestación ha subido un 36% entre junio y septiembre, período de la precampaña y campaña electoral.

Brasil es el principal exportador de soja en el mundo. El ex ministro de agricultura, Blairo Maggi, ha anunciado que duplicará su producción durante los siguientes 10 años. Con la tasa actual, Brasil ya utiliza dos millones de kilómetros cuadrados (24% del territorio), pero para alcanzar el nivel de producción proyectado se necesitan entre 70 y 75 hectáreas más. La poderosa bancada parlamentaria que representa los intereses del sector de la agroindustria fue la gran impulsora de la candidatura de Bolsonaro.

Con la fusión  de los ministerios de agricultura y medioambiente, una de las primeras promesas de campaña el nuevo presidente dejó claro que la política ambiental quedará relegada a la agresiva explotación de la tierra. En una entrevista el pasado abril en The Guardian, Bolsonaro afirmó que la causa de la deforestación en la Amazonia no es la tala excesiva, sino el aumento de la población. En sus palabras: «no vas a cultivar soja en la terraza de tu edificio o criar ganado en el jardín. Así que debemos tener una política de planificación familiar. Así comenzarás a reducir la presión sobre esos problemas que llevan, sí, en mi opinión, al calentamiento global, que podría ser el fin de la especie humana».

Cuando aún era precandidato a la presidencia, ya anunció que no demarcaría las tierras indígenas, una exigencia histórica que garantizaría la conservación de sus modos de vida.  En tono despectivo dijo que «el indio es nuestro hermano, quiere ser reintegrado a la sociedad. El indio ya tiene demasiada tierra, vamos a tratarlos como seres humanos».

Su promesa de campaña se convirtió en su primer decreto presidencial según el cual la demarcación de las tierras indígenas deja de ser responsabilidad de la Fundación Nacional del Indio (Funai), para pasar al control del Ministerio de Agricultura.

«Más del 15 % del territorio nacional es demarcado como tierra indígena y quilombola (poblados por exesclavos fugitivos). Menos de un millón de personas viven en esos lugares aislados de Brasil, explotadas y manipuladas por las ONG. Juntos vamos a integrar a esos ciudadanos y a valorar a todos los brasileños», tuiteó Bolsonaro, tras firmar el decreto.

De acuerdo con la disposición, el Ministerio de Agricultura tendrá a cargo todo lo relacionado con «la reforma agraria, la regularización de la propiedad en áreas rurales en la Amazonia legal (no sólo el estado Amazonas), las tierras indígenas y los quilombola».

Agricultura abraza en la nueva administración los intereses de la agroindustria, que entran en frecuentes conflictos con organizaciones de trabajadores rurales, con los grupos indígenas y de protección al medio ambiente. Al frente de este ministerio colocó a Tereza Cristina da Costa, una partidaria de los agrotoxicos y la producción de alimentos a gran escala.

Según numerosos científicos, la función de la Amazonía es vital para mantener la temperatura del planeta y evitar el calentamiento. Sin embargo, de acuerdo con el reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund por sus siglas en inglés) publicado en octubre del año pasado, una quinta parte de la selva ha desaparecido en los últimos 50 años como parte de la explotación de los recursos, y solamente el año 2017 se perdieron 4.921 kilómetros cuadrados. Bajo el mando de Bolsonaro, esta situación solamente va a empeorar, si lleva a cabo su ambicioso proyecto de abrir una carretera a través del Amazonas y concesionar nuevos proyectos de explotación. La ganadería y la agricultura fueron responsables de una cuarta parte de la deforestación en el mundo y entre 2015 y 2016, la deforestación en Brasil alcanzó la escalofriante cifra récord de 7,800 kilómetros cuadrados. Según Greenpeace, la deforestación de la Amazonia en los años 70 alcanzaba un 1% del territorio, mientras hoy llega al 18%.

 

Fuente:https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2019/01/06/bolsonaro-maduro-peligro-amazonia-planeta/00031546795084785808768.htm