Brasil, Internacional, Latinoamerica

Minería y desastres van de la mano

Por Darío Aranda.18/02/2019, Página12
El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó el registro de 104 desastres de diques de colas desde 1990 hasta 2016. Entre las responsables figuran la multinacional Vale, que produjo el alud de Brasil, y la BHP Billiton (Inglaterra-Australia)

Más de cien muertos, 200 desaparecidos y un pueblo sepultado bajo miles de toneladas de barro tóxico. Es el desastre de la minera Vale en Brumadinho (Brasil), ocurrido en enero pasado. Pero no es la única tragedia de la megaminería, que acarrea cientos de “accidentes”, muertos y gravísimos hechos de contaminación. Datos de Naciones Unidas afirman que desde la década del 90 la megaminería provocó al menos 100 “fallas-accidentes”, 27 de ellos “muy graves” (con más de 20 muertos). En Argentina, los derrames de Barrick Gold en San Juan y la contaminación de Minera Alumbrera en Catamarca son las mayores preocupaciones.

El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó al menos 104 desastres de diques de colas (gigantescos basureros mineros) desde la década del 90 hasta 2016. El informe, publicado en 2017, se titula “Dique de colas: la seguridad es no accidente”, de 70 páginas.

El informe procesó información desde 1915 hasta 2016 y contabilizó en total 289 “fallas” de diques mineros. 43 fueron “muy graves”, con más de 20 muertos y/o derrame de más de un millón de metros cúbicos.

El antecedente directo a Brumadinho es el colapso del dique de la mina Samarco en noviembre 2015 (en la localidad de Bento Rodíguez, también en Brasil), con 17 muertos y 200 desaparecidos. Las empresas responsables fueron las multinacionales Vale (Brasil) y BHP-Billiton (Inglaterra-Australia).

En Agosto de 2014, en Canadá, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (de la empresa Imperial Metals) y provocó el mayor desastre minero de la historia de ese país. Derramó más de 25 millones de metros cúbicos de desechos mineros en el lago Polley.

En 2014 la multinacional Grupo México (del magnate Germán Larrea) provocó el mayor desastre minero del país con su minera Buenavista del Cobre, en la ciudad de Cananea. Derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre, contaminó tres ríos a lo largo de 250 kilómetros y dejó sin agua a más de 22.000 personas.

Marcelo Giraud es integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, geógrafo y estudioso de los efectos de la mgaminería. Afirmó que los desastres de la multinacional Vale en Brasil no son excepciones. “Sabemos que la empresa Vale o el estado brasileño no son particularmente más irresponsables que el resto. Vale actúa como todas las otras empresas transnacionales de su tipo y el gobierno de Minas Gerais y Brasil no son ni más ni menos corruptos o irresponsables que los demás de América Latina”, aclaró.

La Asamblea de Jáchal (San Juan) escribió una carta abierta a las víctimas de Vale en Brasil. Recordó el derrame de Barrick Gold en la mina Veladero en 2015 (más de un millón de litros de solución contaminada que llegaron a ríos) y también resaltó la situación de Samarco en 2015 (Brasil): “Ambos hechos no sólo están impunes, también siguen contaminando, y lo hacen con la complicidad de gobiernos. La primarizacion de la economía es tan brutal e impiadosa que podemos asegurar que Sudamérica enfrenta un nuevo saqueo histórico. Y acá estamos nosotros, resistiendo a la destrucción de nuestras vidas”.

En Catamarca funciona desde hace más de 20 años Minera Alumbrera (empresas Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). Su mineraloducto (un gran caño que lleva el concentrado a lo largo de cientos de kilómetros) tuvo al menos media docena de roturas y derrames. La compañía reconoció la filtración del dique de colas (que contamina napas subterráneas). Y desde hace años los vecinos de Catamarca (muchos de ellos nucleados en la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá) alertan sobre el posible colapso del dique de colas (enorme basurero de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad). El gobierno provincial, que siempre impulsó la actividad minera y defendió el accionar de Alumbrera, dice que no hay riesgos. Pero nunca permitió el ingreso de peritos independientes para examinar el yacimiento. El mismo accionar del gobierno de Brasil ante la minera Vale.

Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral “Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno”, analizó los peligros y riesgos de la minería.

De los casos de América Latina detalla el derrumbe en la mina El Soldado (Chile, 1965), con un saldo de 154 víctimas fatales. El colapso de la presa de la Planta Otapara (Perú, 1996) provocó el derrame de relaves sobre el río Acarí (Arequipa). La rotura del dique de la División Andina de Codelco (Chile, 2000), con un derrame de 5300 metros cúbicos de relaves provocó muerte de ganado y anegamiento de cultivos. La fractura del dique de la mina Cerro Negro (Chile, 2003), con derrame de 50.000 toneladas de lodos tóxicos que contaminaron cursos de agua.

Recordó que el colapso de los diques de colas no son los únicos peligros de la megaminería. Agregó a la lista las filtraciones subterráneas de esos diques, la falla en las tuberías, el derrame de sustancias químicas, el transporte de sustancias tóxicas y la contaminación del aire producto de las explosiones, entre otras.

A pesar de los numerosos desastres con muertos y contaminación, gobiernos y empresas siguen publicitando la actividad como “minería sustentable”.

Latinoamerica

Contra la megaminería, el pueblo iluminado

La amenaza de la minería en un pueblo no surge de un día para otro, es un mal que va germinando poco a poco, silenciosamente. Mucho antes de que el boletín oficial de turno anuncie el inicio de la fase de información pública de un proyecto de explotación, las empresas promotoras ya llevan mucho andado.

Normalmente todo comienza con una pequeña empresa local, que se hace con la concesión de los derechos mineros y, con ello, también con la complicidad y favores de los gobiernos locales y autonómico. En muchos casos, podría decirse que el gobierno municipal llega la convertirse en una corporatocracia, en la que quien ostenta el poder, los alcaldes y concejales, toman decisiones favorables a determinadas corporaciones en detrimento del pueblo. Estos gobiernos, normalmente regidos por alcaldes con poca formación y aún menos escrúpulos, van sucumbiendo a los encantos de la minera, que les vende humo a precio de oro, o el metal que se precie según el yacimiento objeto de explotación. Y, a medida que estas empresas aumentan su control sobre la toma de decisiones en los municipios en los que pretenden instalarse, las administraciones serán menos capaces de resistirlas y defender a sus propios ciudadanos.

Cuando la pequeña empresa ya está asentada es cuando empieza a trabajar en el nuevo proyecto de explotación, para lo cual se aliará con una multinacional con más experiencia en el sector y, sobre todo, con más solvencia financiera. Juntas crearán una nueva empresa, que no hará mucho ruido hasta que el proyecto sea público, normalmente cuando la mayoría de la gente esté de vacaciones, con “agostosidad” probablemente.

Las empresas de este tipo, aunque lo intenten, no pueden comprarlo todo.

Lo primero que intentan estas compañías en cuanto sale a la luz el proyecto de explotación minera es buscar la licencia social, la aprobación de la comunidad local, y para eso emplearán todo tipo de estrategias, en las que no escatimarán recursos económicos. Desde charlas informativas en las que tratarán de vender el proyecto como la única y gran oportunidad de crecimiento del entorno, que generará cientos de empleos directos y seguramente miles indirectos, no sin antes convencer al vecindario de que el suyo es un ayuntamiento en declive, y ellos están aquí para venir a salvarlos de la más absoluta miseria.

Primero ofrecen empleo local en la empresa concesionaria o en otras afines, y así van allanando el terreno, embaucando a una parte de la población, a la que además amenazarán con posibles despidos por una supuesta falta de trabajo si la mina no consigue la autorización para operar.

Pero las empresas de este tipo, aunque lo intenten, no pueden comprarlo todo. No pueden comprar las voluntades de las vecinas y vecinos afectados por sus proyectos extractivos, que se verán en el deber de organizarse para defender lo suyo, las tierras, el medio, el agua, sus modos de vida, totalmente incompatibles con la minería especulativa y tóxica, en todos los sentidos de la palabra.Así surgen estas plataformas vecinales, que en los siguientes meses o años en el peor de los casos se tendrán que enfrentar ineludiblemente a las tretas de la minera para salirse con la suya.

Ahora ya no hay vuelta atrás, ya hay dos pesos en la balanza: de un lado la minera, junto con la corporación municipal a la que domina y los empleados de la misma que ya no tienen elección, y del otro el resto del vecindario organizado para tratar de impedir que la empresa consiga explotar la mina.

Pero hay un elemento más, la Administración que decide sobre el proyecto; ¿en qué lado se posiciona?, ¿a quién debe defender primeramente? La respuesta puede parecer tan sencilla como decir que la Administración debe seguir la ley, más la realidad parece ser muy distinta en la mayor parte de los casos. No es inusual que los departamentos de Minas o Medio Ambiente miren para otro lado cuando reciben quejas sobre las sospechosas actividades de estas empresas, o que pongan mil y una trabas administrativas a los afectados por la posible futura explotación a la hora de acceder a determinada información sobre el expediente.

Cuanto mayor sea la fuerza social que consigan las organizaciones ciudadanas, más agresiva será la campaña de lavado de imagen de la promotora. Primero intentarán desacreditar a sus opositores, tratando de vincular en todo momento su postura contraria a la mina a cuestiones ideológicas y partidistas. Los tacharán de iluminados, agitadores profesionales, ecoloxetas, alborotadores y todo lo que se les vaya ocurriendo. Pero normalmente esa campaña de desprestigio no les es suficiente, pues esos grupos sociales, aun sin ser expertos en el ámbito de la minería o del medio ambiente, no tienen más remedio que trabajar a destajo para proteger sus propias vidas ante la amenaza de la minería destructiva. Es por eso que la empresa intentará venderse como una industria sostenible, respetuosa con el medio y con el resto de actividades económicas, y para eso necesitan la complicidad de grandes medios de comunicación, a los que no dudarán en pagarles caras publirreportajes a doble página en los que contar las bondades de sus planes para la comunidad.

Algo habitual en estas campañas de las mineras es la contratación de personas estratégicas, conseguidores de voluntades y de la tan ansiada licencia social. Así, no es raro que formen parte de su plantilla concejales de un partido favorable al proyecto o presidentes de alguna asociación influyente en el entorno.

La empresa nunca tratará de mejorar el proyecto presentado ante la Administración, pues tiene muy calculado cuál es la forma más barata de conseguir los mayores beneficios posibles, y cualquier adaptación a la legalidad o al menor daño a las personas y al medio ambiente le supondrá perder ganancia, que es lo único que busca. Las inversiones que hará antes de conseguir el sí de la Administración serán solamente para hacerse con el máximo apoyo popular posible. Como mucho presentarán informes firmados por técnicos con cierto renombre, seguramente del ámbito universitario, que siempre parece dar cierto caché a cualquier estudio técnico.

Pero las multinacionales mineras tienen la billetera grande y la conciencia pequeña, y todo les parece poco en su afán por conseguir el vil metal, por lo que no escatimarán en gastos y organizarán visitas guiadas de todo tipo al yacimiento, sobre todo de escolares, a quienes puedan hacer ver que toda la labor que realizan es ejemplar y respetuoso con el medio. Y si en la zona hay algún club deportivo con cierta categoría no han tardar en intentar patrocinarlo, ofreciéndole una suculenta cifra de dinero que de otro modo les sería muy difícil de conseguir, y cada vez que ese equipo salga al terreno de juego lucirá el flamante nombre de la empresa en la camiseta, y así se venderá como una gran entidad que apoya y fomenta la vida saludable y los valores deportivos. Cualquier cosa sirve para comprar sociedad.

¿Hasta dónde están dispuestas a llegar estas empresas con la especulación minera? ¿Tienen límite sus intentos de manipulación? ¿Por qué los gobiernos permiten que estas entidades los manejen a su antojo? ¿A cambio de qué?

Sin duda, una vez que una minera pone el pie en tu municipio, ya no hay vuelta atrás, o estás con ellos o estás contra ellos, lo que viene siendo contra la destrucción, contra la contaminación, contra la explotación de tus recursos y de tu modo de vida, contra el daño a la salud. Si ves la minera llegar prepárate, porque te va a tocar luchar.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/contra-la-megamineria-el-pueblo-iluminado/

Latinoamerica

La modernidad contra la vida: el orden “extractivo-minero” como el desorden ecológico de los pueblos

Los regímenes mineros a gran escala, sean abiertos o subterráneos, para la extracción de oro, cobre o plata, entre otros, establecen una autoridad minera desde la cual produce su realidad fáctica, es decir, su presencia y pertinencia es justificada a través de engendrar deseos, modos de ver, soñar y sentir para apropiarse de los territorios constitutivos de otras territorialidades (como las territorialidades de vida que resultan de los metabolismos sociales de los pueblos para su supervivencia en la tierra).

Dicho de otra manera, los regímenes mineros (extractivos), categoría que propone Horacio Machado (2017), son una manifestación tanto de la política que expropia las energías y la materia de comunidades enteras, como de la implantación de un orden necropolítico (políticas de muerte) que articula y dispone de toda la complejidad viviente, o sea, el trabajo humano y la naturaleza, para producir capital en beneficio de pocos empezando por el control de lo que llamamos agua. Todo esto está asociado con la colonialidad de la Naturaleza cuyo único fin es convertir la materia viviente en el “combustible” del molino satánico (Polany 2010) del capital y de la modernidad.

Esto lo saben muy bien los capitalistas con sed de oro, porque sus beneficios y privilegios dependen de la capacidad de control que tienen sobre los pueblos empezando por el control material y energético que, a nuestro modo de entender, comienza con la expropiación de lo que está hecho el ser humano y toda especie viviente: el agua. Por eso, entendemos que “el orden extractivo-minero no es más que el desorden ecológico de los pueblos”.

Este desorden ecológico (Porto Gonçalves 2014) tiene que ver con la construcción de una geografía minera que dispone de la geograficidad del agua, es decir, al disponer del agua desequilibra la sostenibilidad de la reproducción agroalimentaria de las comunidades que consumen, grafían y se apropian de este líquido para mantener su cultura. A nuestro entender, y siguiendo a Porto Gonçalves, “el agua debe ser entendida en cuanto territorio, es decir, en cuanto inscripción de la comunidad en la Naturaleza”, porque ella, el agua, no está por fuera de ningún pueblo, incluido el moderno o los modernizados que creen estar desmaterializados y fragmentados de todos los ciclos ecosistémicos. Por tal motivo hablamos de una geograficidad del agua que está plenamente gestionada por los metabolismos sociales y comunitarios, entiéndase su gestión y administración para la reproducción de la vida.

Donde hay agua hay vida. El agua es trabajada y cuidada para la permanencia tanto del ser humano como de la Naturaleza, la cual infelizmente es absorbida por la geografía minera cuya secuela es la parálisis de la resiliencia ecosistémica de la vida. No se hace paradójico que este “sector energivoro”, a pesar de las cantidades exorbitantes de agua que emplea en todo el proceso de extracción, sea una “industria seca y árida”. En otras palabras, el extractivismo-minero produce sed como sacrificio pagado para el mantenimiento de los privilegios económicos/raciales en el norte global a costa de la destrucción de los pueblos ya racializados, es decir, los territorios donde habitan los diversos pueblos son desvalorizados por la transferencia de la escasez y muerte.

La extracción del agua: acumulación y contaminación

El extractivismo-minero en América Latina está repleto de ejemplos como para emitir no solamente un juicio científico, sino histórico. Si es que la historia tiene algún sentido para vernos desde otros horizontes de vida, dé el porqué cuando la minería moderna-metalífera toca el símbolo agua – y no nos referimos al símbolo químico de H2O, sino a los trazos simbólicos desde la cual es significada y apropiada para la vida – la acumula y la contamina. En Argentina el proyecto Potasio Rio Colorado usa 86,4 millones de litros al día en una población cuyo consumo es de 280 litros por persona a la semana. En Bolivia el proyecto Sinchi Wayra usa 24.4 millones de litros por día donde cada persona tiene acceso a 30 litros por semana. En Honduras, el proyecto San Andrés usa 480 mil litros de agua al día, cuyas personas tienen acceso al agua sólo durante 8 horas por semana. Otro caso extremo, es el Cerrejón en Colombia, donde se usa 17 millones de litros al día, cuyos habitantes sólo tienen acceso a 0,7 litros por día, este último caso es ampliamente documentado porque constituye un hecho insobornable al decir de Augusto Ángel Maya (2013). Vemos, pues, que el uso intensivo del agua establecido por el orden del extractivismo-minero es constitutivo del desorden del ciclo del agua para los pueblos. Niños mueren de literal sed. Esta es la verdadera “fractura hídrica” constitutiva del desequilibrio ecosistémico. Esto sin mencionar la cantidad de energía eléctrica que necesita este sector para impulsar las máquinas de trituración y de pulverización de las montañas y de la tierra.

Además del uso intensivo del agua, hay que agregar otro tipo de relacionamiento asociado a la contaminación. Dice Edgar Isch (2010) que “la acumulación de los recursos naturales en pocas manos y particularmente la del agua, ha estado ligada a mayores daños ambientales”. Quiere decir que al “acaparamiento hídrico” le es constitutivo los “activos tóxicos” como resultado de la relación establecida entre la minería moderna con el agua, cuyo trasfondo es entender el ciclo del agua como si estuviera por fuera de todo contexto viviente.

Hace tres años en el Estado de Minas Gerais, sucedió uno de los desastres más representativos de la historia en América Latina, asociado al rompimiento de una represa que contenía aproximadamente 62 millones de mde lodo tóxico. Su recorrido fue aproximadamente de 650 kilómetros desde el origen de la afectación hasta la desembocadura en el Océano Atlántico, impactando los ecosistemas alrededor de la cuenca del Río Doce. Como resultado del desastre perdieron la vida 19 personas y como producto de la contaminación los pescadores, los ribereños, los agricultores y los indígenas del pueblo Krenak perdieron su territorialidad simbólica: formas particulares de existencia humana. Lo anterior es una manifestación de la colonialidad en la Naturaleza que es constitutiva de la minería moderna.

Toda la geografía minera-moderna está marcada por estos dos factores, a saber, el de la acumulación y el de la contaminación como hecho colonial sobre los territorios cuya finalidad es quitarle agua a los pueblos como resultado de la concentración de este líquido y la imposibilidad de consumo en contextos de abundancia hídrica por la contaminación. No quedan dudas que el tipo de relacionamiento establecido entre minería-moderna y agua de los pueblos, altera el ciclo reproductivo de los mismos, en tanto que los pueblos están siempre intrínsecos en el ciclo del agua.

En el encuentro con el ciclo del agua

A pesar de estos hechos tan lamentables para nuestros pueblos, aun los sujetos con subjetividad burguesa hablan del “uso racional y eficiente de los recursos naturales”, como si todo se resumiera al empleo de las técnicas eficientistas y “buen” manejo y administración de la disposición de los sistemas vivos, como si se tratase de una buena gestión ambiental de la relación entre los seres humanos y el agua.

Hay que decirlo de una buena vez: ¡esa relación no existe! No se trata de armonizar el desencuentro de la cultura moderna y la naturaleza como generalmente es tratada desde “la racionalidad instrumental como si fuera un tema de especialistas” (Porto Gonçalves, 2014), sino de reconocer que somos agua, de allí la territorialidad contenida en ella. Es con y en el agua que nos encontramos todos los seres vivientes. Por eso el extractivismo-minero es inviable para la humanidad toda y para el planeta vivo.

El ciclo del agua está en todo y no puede ser tratada por visiones simplificadoras de los buro(tecno)crátas. Generalmente sigue siendo tratada desde la visión de los científicos no comprometidos con la comunidad, como si se tratase de una “superficie liquida” donde la radiación solar la transforma en vapor y después en nubes para finalmente ser condensada y precipitada, dando origen a los cuerpos de agua como los ríos, lagos y riachuelos para después empezar el ciclo de nuevo. Esta es la manera desde la cual se nos explica el funcionamiento de este ciclo, que ilustra muy bien esa separación entre ser humano y naturaleza, además da la idea como si dicho ciclo fuera eterno sin alteración posible.

Nuestro cuerpo humano es 70% agua y nuestra sangre es el 83% agua, si esto es así, el ciclo del agua está contenido en nuestro cuerpo que siempre se renueva en ese movimiento propio de la vida cuando consumimos los alimentos, cuando nos vestimos o simplemente transpiramos. Ya deberíamos de saber que todo está hecho a base de agua, los cereales, las frutas, legumbres y todo el proceso agrícola productivo se sustenta por la incorporación del agua. Es decir, todo el mercado, y no me refiero propiamente al capitalista, está constituido por el agua, porque eso somos. Entonces, el ciclo del agua debe de entenderse desde esta visión integradora de la vida entre cuerpos y territorios de manera espiral, o sea, intercambios de energías y de materia que se dan en el tejido de lo que es la vida. No es por acaso que toda resistencia comunitaria contra el extractivismo-minero inicie con una preocupación por el agua como núcleo de discusión política y epistemológica de las luchas socioambientales en el continente.

 

Sociedades en movimiento con el agua

Las luchas contra el extractivismo-minero en toda América Latina no es simplemente un fanatismo ecológico de unos cuantos o un pachamamismo como lo ha querido reconocer un geógrafo anglosajón de moda en los centros académicos universitarios, sino que es la defensa de la existencia humana en su diversidad cultural de los pueblos, porque saben que sus cuerpos materialmente y científicamente están hecho de agua y atados a la tierra. Por eso es que el agua, como dice Porto Gonçalves (2014), se filtra en todo, en el aire, en la tierra, en la agricultura, en la industria, en nuestra casa, en definitiva, en nuestro cuerpo. Es el agua y sus formas de apropiación la que mejor refleja, que cualquier otro tema en la actualidad, las contradicciones políticas y culturales por su disputa territorial, al involucra un conjunto de representaciones y visiones que se tienen sobre ella.

De acuerdo con lo anterior, y a nuestro entender, el agua, y en consecuencia la vida, no debe ser comprendida desde la visión fisicalista y del “biologicismo eficiente” propio del pensamiento moderno que reina en el extractivismo-minero y en muchas autoridades ambientales, por el simple fato comunal de que el agua está contenida en los cuerpos de los pueblos. Para mantener el “flujo energético y ecológico” se comienza con la defensa del agua y se termina en la posibilidad de la reproducción de la vida contra el orden necropolítico del extractivismo-minero y de la capitalización de la naturaleza. Si esta es la lógica, toda sociedad en movimiento (Zibechi 2017) en el actual contexto de crisis civilizatoria-ambiental, se caracterizará por llevar y profundizar esta discusión, ya no como lo hídrico, sino como territorio y como cuerpo en permanente cambio con el ciclo de la reproductividad, que es el agua.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/la-modernidad-contra-la-vida-el-orden-extractivo-minero-como-el-desorden-ecologico-de-los-pueblos/

Latinoamerica

Desastre minero deja en evidencia fallas en protección ambiental

A tres años de que una represa operada por la minera brasileña Vale S.A. se rompiera y vertiera 45 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos sobre el río, un evento similar volvió a ocurrir el viernes 25 de enero en otra instalación de la empresa, lo que deja en evidencia que no se han aprendido las lecciones necesarias para proteger el ambiente en estos proyectos.

El reciente desastre sucedió en la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, y liberó cerca de 11 millones de metros cúbicos de lodo de minería en el río Paraopeba, afluente del río São Francisco, uno de los más importantes de Brasil y de América del Sur.

El anterior evento ocurrió el 5 de noviembre de 2015, en la ciudad de Mariana, cuando se rompió la represa del Fundão —controlada por la minera Samarco, una joint-venture entre Vale S.A. y la anglo-australiana BHP Billiton— y barrió casas, miles de animales, arrasó una villa cercana y mató a 19 personas, antes de alcanzar y contaminar la cuenca del río Doce con metales pesados como hierro, manganeso, aluminio, plomo y arsénico.

Si bien el material contaminante que llegó al ambiente este año es mucho menor, la situación se transformó en tragedia humana: hasta el cierre de la edición de este artículo se registraban 84 muertos y 276 desaparecidos.

Mientras rescatistas, autoridades y científicos hacen su trabajo, este martes 29 de enero el gobierno brasileño publicó una resolución que determina la fiscalización de todas las represas del país, especialmente en “aquellas clasificadas como poseedoras de ‘Daño Potencial Asociado’ a la vida humana de alto nivel o de ‘Riesgo’”.

Asimismo, recomienda a los organismos fiscalizadores que “exijan de los agentes fiscalizados la inmediata actualización de los respectivos planes de seguridad de la represa y evalúen la necesidad de remoción de instalaciones de soporte a los emprendimientos ubicados en el área de influencia de las represas”.

Ambiental y humana

En una rueda de prensa, el presidente de la compañía, Fábio Schvartsman, afirmó que la tragedia de Brumadinho es más humana que ambiental, por el gran número de víctimas. En tanto, minimizó el daño ecológico: “En los desechos solo había sílice, por lo que casi no hay riesgo para el ambiente”, señaló.

No obstante, la comunidad científica no coincidió con esta afirmación. “La cantidad de muertos coloca a la tragedia como una de las mayores del sector de la minería en el mundo. Pero es impreciso decir que no habrá riesgo para el ambiente”, declaró a Scidev.Net el ingeniero Leo Heller, coordinador del Grupo de Investigación en Políticas Públicas, Derechos Humanos en Salud y Saneamiento del Instituto René Rachou.

Heller —también relator especial de los Derechos Humanos al Agua y el agotamiento Sanitario de la ONU— agregó que “es probable que los impactos económicos de Mariana se repitan en Brumadinho” y destacó los efectos sobre la salud humana debido a pérdidas de familiares. “Muchas familias no recuperarán siquiera los cuerpos de seres queridos, y esto genera importantes impactos en la salud mental”, dice.

Según Heller, comparado con el desastre de Mariana, el lodo de la represa de Brumadinho puede no tener muchas sustancias tóxicas, pero las lluvias que cayeron pueden revolver el fondo del río y traer a la superficie sustancias que estaban sedimentadas, como muestra un estudio publicado en diciembre.

En él, los investigadores demuestran que la contaminación con metales pesados que afectó la cuenca del río Doce en 2015 ​​recorrió cientos de kilómetros desde el lugar del accidente, y que la concentración de cada uno de estos metales puede variar de localidad a localidad, dependiendo de condiciones como la cantidad de lluvias.

“Conforme observamos en nuestra investigación, el lodo trae una gran cantidad de metales pesados en partículas o disueltos en el agua. En el caso de Brumadinho, además de sílice, deben existir elementos raros, que generalmente se encuentran en concentraciones mayores en los residuos de la minería. Y, como fue en el caso de Mariana, también existe el problema de la turbidez”, resalta la bióloga Gabrielle Quadra, del Laboratorio de Ecología Acuática de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Minas Gerais, autora del estudio.

De acuerdo con los investigadores, el aumento de la toxicidad y la elevación en los niveles de turbidez del río Paraopeba pueden tener impactos en el río São Francisco, y las consecuencias de ello pueden afectar a las hidroeléctricas y el abastecimiento de agua, aunque el grado aún es incierto.

El río São Francisco tiene 2.700 kilómetros de largo y 168 afluentes, baña cinco estados y 504 municipios; en su cuenca están nueve importantes centrales hidroeléctricas.

“Mariana nos enseña que esos desastres traen un aumento en las concentraciones de metales pesados, aunque no estén presentes en el lodo, sino en los sedimentos. La trayectoria del fango revuelve lo que ya está sedimentado”, observa Heller. La extensión de eso, según el experto, solo se sabrá mediante un monitoreo continuo.

Fallas en la protección del ambiente

Para el geólogo Klemens Laschefski, del Instituto de Geociencias de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), no se aprendió nada con la catástrofe de Mariana en términos de seguridad y protección.

“El desastre muestra la total debilidad de la gobernanza ambiental. El tráfico de influencias permite que las empresas manipulen los procesos decisorios y posibilita que esos desastres ocurran. En esa coyuntura, los problemas de Mariana no se resolvieron, las familias afectadas no fueron ni siquiera reasentadas y las empresas no fueron castigadas. La vulnerabilidad y el sufrimiento de los afectados pueden repetirse”, dijo Laschefski, que desde 2015 investiga la situación de los afectados y las acciones adoptadas por el Estado y las empresas.

El experto detalla que en 2018 Vale logró —a través de la Secretaría de Medio Ambiente del estado— que la Mina de Brumadinho pasara de la categoría LAC2 —que exige cautela mayor en el análisis— a la categoría LAC1, que facilita la adquisición de la licencia ambiental por más diez años.

 

Latinoamerica

Las grandes mineras tienen mucho y van por más este año

Aprovechando el impulso que les ha dado el gobierno, las multinacionales están envalentonadas y siguen acrecentando su poder. Estos son los hechos, estos son los proyectos, y estas son las regiones que están siendo afectadas.Imponiendo el orden privado

A fines del año pasado la Gran Colombia Gold Corp (GCG) solicitó al gobierno garantizar sus derechos “mediante el despliegue militar y policial, así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería ilícita”. Pero, ¿a qué otra fuerza se refiere? ¿A los grupos armados ilegales que operan por la zona?

En una comunicación conocida a comienzo de este año, la minera canadiense señaló que sus títulos en Marmato, Remedios y Segovia se encuentran “plagados” de mineros ilegales, que el gobierno no les ha dado la protección necesaria para remover a los “invasores” y que los operativos de las autoridades son “francamente decepcionantes”.

Los términos utilizados por Lombardo Paredes, director general de la minera, fueron claramente desobligantes con el gobierno colombiano. Sus palabras desconocen la historia y la realidad de miles de mineros ancestrales que las normas oficiales han arrinconado en la minería ilegal. Además, estigmatiza a la Mesa Minera que promueve el diálogo entre las partes, incita a la violencia y sugiere una futura demanda en cortes internacionales por “graves perjuicios a GCG”.

Más preocupante todavía es el hecho de que no se trate de un reclamo aislado sino de la tendencia general de las compañías mineras, especialmente de las multinacionales, que quieren imponer por cualquier vía el modelo extractivista que favorece a sus intereses.

Muchas de ellas han tomado nuevos aires gracias al relanzamiento desde la Casa de Nariño de la “confianza inversionista y la seguridad jurídica”, la defensa de sus privilegios tributarios en el Congreso y el recorte de derechos de los ciudadanos por parte de la Corte Constitucional. Con el viento a su favor, se prevé en este año la exacerbación de los conflictos en el sector minero y petrolero.

 

Marmato, Remedios y Segovia

Aunque otros voceros de la GCG trataron de enmendar las palabras de Paredes, el daño estaba hecho y el mensaje de la empresa produjo la esperable reacción entre los mineros ancestrales e informales de las regiones afectadas.

Hay que recordar que la GCG no ha contribuido a la solución del problema, pues nunca hizo la cesión de las áreas para formalizar a los mineros ya existentes que quedaron dentro del territorio que le concedían sus títulos y suscribió 44 contratos de operación minera que le sirven de anillo de seguridad a sus operaciones y cuyos beneficiarios también están en conflicto y desplazan a los mineros tradicionales.
Las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos.

Entre tanto la violencia se ha agudizado en la región por la presencia de numerosas organizaciones al margen de la ley: las Autodefensas Gaitanistas, los Urabeños, los Libertadores del Nordeste, Nueva Generación, los Zetas, la Mano que Limpia, las Águilas Negras y algunos remanentes de la guerrilla. ¿A cuál de estas fuerzas se refiere el comunicado de la GCG? ¿Cómo se explica que muchas de ellas no existían hace pocos años?

 

AGA en Jericó y Támesis (Antioquia)

El concejo municipal de Jericó prohibió la minería mediante un acuerdo avalado por el alcalde y apoyado por la comunidad. AngloGold Ashanti (AGA), en alianza con las autoridades mineras nacional y departamental y la Gobernación, ha respondido con acciones que van desde amenazas y demandas contra las autoridades territoriales por supuesta extralimitación de funciones, hasta demandas también contra el acuerdo ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado.

Según denuncias de campesinos de la zona de Palocabildo, los acuerdos municipales han sido desconocidos por AGA, la cual continúa como Pedro por su casa desarrollando trabajos de exploración, ignorando la decisión del pueblo, la autonomía de los territorios y las competencias de los concejos municipales.

No se puede olvidar que las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos que competen los ciudadanos y a sus gobernantes.

Esta empresa es conocida por tratar de imponer su modelo extractivista, dividiendo a la población con campañas sobre una supuesta “minería responsable” que promete “inversión social”, al mismo tiempo que contribuye a estigmatizar los líderes comunitarios.

AGA ha anunciado una inversión de 5.500 millones de pesos en programas sociales que se ejecutarán este año, en un momento que curiosamente coincidirá con el periodo preelectoral y con la elección de alcaldes y concejales. ¿Estamos frente a un caso de mermelada privada?

 

Minesa en Santurbán

En marzo de 2018 la empresa árabe Minesa S.A. desistió del proceso de licenciamiento ambiental para ejecutar un proyecto a gran escala en el páramo de Santurbán y hasta el momento no ha presentado el estudio de impacto ambiental para reiniciar ese proceso. Sin embargo, Minesa adelanta labores de alistamiento, como si ya tuviera en sus manos la licencia.

En una visita a la zona en diciembre pude ver un acelerado proceso de construcción de viviendas en las orillas de la carretera entre Suratá y California, así como una notoria migración de foráneos a la zona de operación, un mayor flujo vehicular y una enorme rivalidad entre los que se oponen y los que apoyan el proyecto minero, alimentada por el programa de gestión social de la empresa.
Las grandes mineras, buscan por todos los medios imponer un modelo extractivista que les garantice, disponer a su antojo de recursos escasos.

Es un hecho que Minesa no tiene la licencia ambiental, pero actúa como si el gobierno ya le hubiera dado luz verde al proyecto. Así se explica que continúe el programa de “Restablecimiento Integral de las Condiciones de Vida” y el “Plan de Acción para el Reasentamiento” de centenares de familias que deberán abandonar sus tierras por el proyecto minero. Además, la empresa ha levantado un censo de las familias que deberán ser reasentadas, un inventario de predios, y ha hecho promesas de compra de tierras y de reubicación.

Pero el gobierno no debería entregar la licencia ambiental sin haber evaluado las investigaciones pertinentes. Estudios como el del ingeniero santandereano Gonzalo Peña demuestran que la zona es más rica en óxido de uranio que en oro. Por ejemplo, en el municipio de California se pueden obtener de 500 a 20.000 gramos de óxido de uranio por cada tonelada de material removido, según los estudios que desde 1910 se han hecho en la región.

Greystar reveló en su estudio de impacto ambiental la existencia de 39,2 gramos de óxido de uranio por tonelada, pero Minesa apenas 19 gramos. Estas cifras son muy inferiores a las que muestran los estudios anteriores (y muy convenientes para los intereses de estas empresas).

Minesa planea arrojar el óxido de uranio y otros metales de alto riesgo en un depósito permanente frente al casco urbano de Suratá. Como se ve, los riesgos para la salud de los habitantes del páramo y de Bucaramanga son enormes y ameritan que el gobierno intervenga.

El volumen del óxido de uranio contrasta dramáticamente con los datos presentados el año pasado por Minesa en su estudio de impacto ambiental, según el cual se pueden encontrar 43,37 gramos de oro por tonelada de material extraído.

Un intento de la Procuraduría regional por atender las denuncias contra Minesa fue frustrado en octubre pasado cuando la empresa negó su acceso a la mina. Parece que las multinacionales mineras piensan que el área de su título es república independiente y que el mineral in situ es de su propiedad y no un bien público.

Los estragos de Drummond

En octubre del año pasado un juez de Ciénaga, Magdalena, absolvió por delitos contra el medio ambiente a varios empleados de Drummond que habían sido acusados por la Fiscalía por el vertimiento de un volumen incierto de carbón al mar en enero de 2012.

La cantidad de carbón vertido al mar es tan incierta como las razones que llevaron al juez a fallar a favor de dicha multinacional. La poca información que se conoce fue publicada por la revista Semana.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales multó a Drummond por estos hechos y le impuso un pago cercano a los 7.000 millones de pesos. Pero la absolución por estos hechos no fue claro ni contundente en la instancia judicial.

Este constituye un triunfo más para la empresa, la cual, gracias a su grupo de abogados, suele dilatar los procesos, los gana en tribunales locales utilizando toda suerte de recursos o, en algunos casos, incluso demanda y gana.

¿Por qué pasa todo esto? Porque las grandes mineras, especialmente las multinacionales, buscan por todos los medios imponer un modelo extractivista que les garantice, además de millonarias utilidades, disponer a su antojo de recursos escasos. Es el mismo modelo que el gobierno impulsa en nombre del desarrollo económico y el bienestar de los colombianos.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/las-grandes-mineras-tienen-mucho-y-van-por-mas-este-ano/?fbclid=IwAR3AReAcjfpC168LxkAk86kf1W6qKlLC6aV9b1CRuziqPgbgoH2m7_e3NSY

Latinoamerica

Minería y medio ambiente: 3 casos de contaminación ambiental

En la actualidad se debate en distintos niveles y ámbitos sociales los impactos ambientales que genera la minería sobre el  medio ambiente. A lo largo de los años se han producido distintos desastres ambientales asociados a este sector económico, normalmente causados por las malas prácticas llevadas a cabo durante esta actividad.

Entre los principales impactos que puede originar la minería se encuentran: la destrucción de la corteza terrestre,  la contaminación de las aguas, la afección a la flora y fauna del entorno próximo a la explotación minera y  los efectos negativos en la salud humana de las poblaciones próximas a la mina (aunque en ocasiones estos efectos pueden extenderse más).

A nivel mundial se han registrado una serie de casos alarmantes relacionados a contaminación por causa de la minería, algunos de estos se muestran a continuación:

  • Cajamarca, Perú.

Las localidades de Magdalena, el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa y San Juan, fueron afectadas en una extensión de 50 kilómetros en fecha de 2 de junio del año 2000, ese día aconteció un derrame de aproximadamente 11 litros, lo cual equivale a 151 kilogramos de mercurio elemental, esto produjo una gran intoxicación en alrededor 1200 personas, contando niños y adultos.

Los daños ambientales fueron muy cuantiosos, contaminando ríos, causes, flora y fauna, originando la alteración de los ciclos naturales de la zona, la vegetación y los animales expuestos a esta sustancia sufrieron graves índices de intoxicación, en la mayoría de los casos no lograron soportarlo, sin contar los efectos que ocasionaron sobre la vida humana.

  • Estado Bolívar, Venezuela.

En Venezuela, específicamente en los Estados Bolívar y Amazonas, desde hace aproximadamente 25 años se ha demostrado que la minería ha causado grandes impactos ambientales, generando grandes focos de contaminación por mercurio, la cual ha presentado un considerable aumento en los últimos años, aunado al uso indebido de tecnologías no aptas para esta delicada actividad.

Algunas de las zonas afectadas son la Cuenca del Río Cuyuní, ríos Caroní y Caura, todos ubicados en el Estado Bolívar, se han generado daños tanto en los causes, corrientes fluviales y vegetación foránea, sin contar la fauna y los habitantes que se encuentran cerca de la zona (mineros e indígenas). Algunas de las consecuencias que ocasiona el mercurio en la salud humana de los mineros son: daños en los riñones, sistema nervioso central, comportamientos erráticos y en la infancia tiene la capacidad de generar retardo mental.

Las personas que ingieren alimentos o agua contaminada con mercurio pueden padecer los siguientes síntomas: daños renales, problemas reproductivos, artritis, pérdida de la memoria, casos de demencia e incluso la muerte.

  • Colombia.

La minería ha causado grandes estragos en Colombia, este país presenta una tasa de mortalidad infantil de 18 por cada mil nacidos vivos (2012), sin embargo, en los departamentos de Cesar y La Guajira, se registraron 20 y 32 decesos respectivamente, esto se encuentra influenciado directamente por las consecuencias trae la ejecución de actividades mineras de manera irresponsable.

Dentro de los registros que se han realizado sobre los impactos ambientales de la minería , destaca el que se produce en los bosques, debido a la deforestación. En el norte del país desde el año 2000 hasta el 2007 se deforestaron alrededor de 19 hectáreas por cada mil, un número muy elevado cuando se compara con el promedio de toda la nación que correspondía a 5 hectáreas por cada mil.

Estos son algunos de los casos que han generado grandes impactos a las poblaciones y zonas aledañas donde se realizan actividades de minería, por estas razones es necesario establecer mayores controles por parte de las administraciones, dirigidos a controlar y disminuir los impactos que causa esta actividad.

 

Fuente:https://geoinnova.org/blog-territorio/mineria-medio-ambiente-casos-contaminacion/

Latinoamerica

Las mujeres frente al extractivismo patriarcal en América Latina

Aunque no se trate de casos tan resonantes, son muchos los territorios en los que mujeres campesinas o indígenas, y cada vez más, mujeres urbanas, se enfrentan a tradicionales y nuevas formas de extractivismo. Se trata de mujeres que procuran resistir a la mercantilización y sobreexplotación de los bienes naturales; sus experiencias ponen de manifiesto que el protagonismo femenino se ha logrado en escenarios marcados por una gran asimetría entre los actores involucrados y enfrentando entornos particularmente agresivos.

En América Latina, el siglo que transcurrimos se inaugura con un acontecimiento en el cual las mujeres tuvieron una participación insoslayable. En efecto, la llamada ‘Guerra del Agua’ que tuvo lugar en el año 2000 en Cochabamba (Bolivia) es un caso paradigmático, tanto del avance de la mercantilización de los bienes comunes como de la potencialidad de los movimientos de resistencia ante dicha tendencia. Allí, la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida logró la cancelación de la concesión del servicio de aprovisionamiento de agua potable que prestaba una empresa multinacional. Se trató de un proceso de articulación de actores sociales que estuvo marcado por el protagonismo femenino, aun cuando en las instancias de negociación la participación de las mujeres fuera mucho menor.

En Perú, en un contexto donde las poblaciones se enfrentan a grandes empresas mineras, figuras como la de Máxima Acuña, quien desde el 2011 realiza acciones y presenta demandas judiciales contra el proyecto aurífero más grande del país, son perseguidas y agredidas. El asesinato de la dirigente indígena y feminista hondureña, Berta Cáceres, quie estaba amenazada de muerte por su intensa labor de resistencia a la construcción de una represa hidroeléctrica, evidencia de manera cabal la violencia que acompaña la construcción de megaproyectos, a la vez que indica el potencial de estas resistencias.

Aunque no se trate de casos tan resonantes, son muchos los territorios en los que mujeres campesinas o indígenas, y cada vez más, mujeres urbanas, se enfrentan a tradicionales y nuevas formas de extractivismo. Se trata de mujeres que procuran resistir a la mercantilización y sobreexplotación de los bienes naturales; sus experiencias ponen de manifiesto que el protagonismo femenino se ha logrado en escenarios marcados por una gran asimetría entre los actores involucrados y enfrentando entornos particularmente agresivos.

La profundización de las actividades extractivas dio lugar a un activismo de base que suele comenzar en el nivel local y que se gesta a partir de percibir el riesgo que ciertas actividades generan o generarían en las comunidades. Es decir, nace como respuesta a inquietudes ligadas a la vida cotidiana y que se relacionan, en muchas ocasiones, con posibles efectos socio-sanitarios sobre la población. Es allí donde las mujeres juegan un rol central, ya sea por su grado de involucramiento como por los sentidos que le otorgan a la movilización.

En ciertos países de la región, tal sería el caso de Ecuador, es posible referir a organizaciones de mujeres que problematizan no sólo la relación naturaleza/ género, sino que inscriben cuestiones como el extractivismo en un marco más complejo, como lo es el de las relaciones patriarcales. En este sentido, podría postularse que la trayectoria de este tipo de colectivos converge con el movimiento que, aunque marginal al interior del feminismo, desde la década de los 60 del siglo pasado, y proveniente de los países centrales, enlaza preocupaciones ecológicas con las discusiones sobre el lugar destinado a las mujeres en la sociedad.

En efecto, el ecofeminismo -ya sea como movimiento social o como teoría propia de ámbitos académicos- sostiene y denuncia que existen conexiones entre la opresión que la humanidad ejerce sobre la naturaleza y la forma desigual en la que lo masculino se presenta por sobre las mujeres y lo feminizado, refiriendo así a una dominación en cadena. La influencia feminista que desde sus orígenes se había dirigido del Norte hacia el Sur, de modo análogo a lo que ocurrió con el ambientalismo, se encuentra virando en su orientación. Se asiste, entonces, a un proceso de reversión por el cual las ecofeministas del Sur realizan sustanciales aportes para interpretar y repensar los modelos de desarrollo en una nueva clave.

Es preciso señalar, sin embargo, que la identificación con las causas del movimiento feminista no es, por lo menos, un punto de partida para las mujeres que participan de las resistencias en los vastos territorios latinoamericanos. Aunque en el devenir de los conflictos se problematicen cuestiones asociadas al poder en sus diferentes manifestaciones, es la defensa de la calidad de vida y el derecho a decidir sobre el territorio lo que las conduce a ser promotoras de praxis ecofeministas. Esto no invalida que como resultante de los recorridos y aprendizajes que las mujeres realizan en los procesos de resistencia, se problematicen cuestiones que trascienden al locus original de la movilización. En otras palabras, la “productividad” de los conflictos podría contemplar transformaciones en la subjetividad, traccionar cambios en los ámbitos familiares e institucionales que conducirían a revisar, e incluso a modificar, relaciones de desigualdad entre los géneros.

Procesos y acontecimientos de los últimos tiempos invitan a pensar que, aun cuando no sea posible referir a un movimiento ecofeminista sólido y articulado a nivel regional, la integración entre feminismo y ambientalismo se encuentra transitando un nuevo camino.

Por un lado, los conflictos ambientales cada vez más recurrentes conducen a procesos de politización sobre los bienes naturales comunes, que por lo general se encuentran administrados por varones, aunque su cuidado permanezca anclado en el ámbito doméstico y, por ende, femenino. La mayor implicación de las mujeres en las cuestiones ambientales, aun cuando esté dado por una cultura del cuidado asociada históricamente a lo femenino, interpela tanto al modo de vinculación con los bienes naturales como las relaciones patriarcales. En palabras de Maristella Svampa, frente a las amenazas que supone el avance del extractivismo, se expresa un ethos procomunal potencialmente radical, que cuestiona el modelo desde el reconocimiento de la ecodependencia y la valoración del trabajo de reproducción de lo social. Este cuestionamiento del modelo androcéntrico de desarrollo, conquista y explotación destructiva nos ubica, según Alicia Puleo, frente al desafío político de integrar los valores del cuidado, jerarquizarlos y universalizarlos, incorporando tanto una mirada empática sobre la naturaleza como un análisis crítico de las relaciones de poder, en particular de las de género. Encontramos aquí un punto convergencia no sólo entre el ambientalismo y el feminismo, sino también frente a otros actores y movimientos que también están siendo interpelados por nuevas temáticas.

La marea verde en Argentina

Paralelamente, movilizaciones masivas de carácter feminista que plantean antiguas y nuevas demandas acontecen desde el 2015 en Argentina a partir de la configuración del movimiento Ni Una Menos. La amplia adhesión de mujeres organizadas y no organizadas a los paros internacionales de mujeres en 2017 y 2018, junto con las protestas espontáneas que tuvieron lugar para denunciar los femicidios hicieron converger, a su vez, un conjunto de movimientos y organizaciones que expresaron consignas precisas e interpelaron a diversos actores. Sin lugar a dudas, la marea verde que exige que el aborto sea legal, seguro y gratuito, representa un movimiento tan potente como transversal.

Muchas son las preguntas posibles de realizar a la luz de un proceso que es claramente motorizado por mujeres jóvenes en convergencia con militantes históricas. ¿Es este un proceso propio y circunscripto a los principales centros urbanos de Argentina? ¿Puede ser escalable, contar con réplicas y articulaciones a escala regional? En otro plano, ¿cuán verde puede ser la marea feminista y cuánto del feminismo asume el movimiento ambiental? Son algunos de los interrogantes que se están comenzando a responder…

Bibliografía

Esquivel, Valeria (2015) “El cuidado: de concepto analítico a agenda política”, en revista Nueva Sociedad N° 256, marzo-abril de 2015.

Puleo, Alicia (2011) Eco-feminismo para otro mundo posible. Madrid, Cátedra.

Svampa, Maristella (2015) “Feminismos desde el Sur y eco-feminismo”, en revista Nueva Sociedad, Nº 256, marzo-abril de 2015.

Por Marian Sola – Socióloga, investigadora docente del área de Sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estudia temas vinculados a los conflictos ambientales, de un modo especial, los asociados al desarrollo de la megaminería.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/las-mujeres-frente-al-extractivismo-patriarcal-en-america-latina/
Latinoamerica

De Hidroituango a Dominga: las amenazas y conflictos en 5 megaproyectos de Latinoamérica

En Latinoamérica los grandes proyectos generan controversia. Construcciones de hidroeléctricas, explotación minera o carreteras, entre otros, se convierten, algunas veces, es la causa de conflictos con comunidades indígenas o en amenazas para la biodiversidad. Mongabay Latam ha seleccionado cinco casos de megaproyectos que estuvieron en el ojo de la tormenta en el 2018 que reflejan los problemas de las grandes inversiones en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

 

1.- Bolivia: el avance de la coca en el Tipnis  

Los cultivos ilegales de hoja de coca han entrado al área protegida del Tipnis. Foto: El Deber

Cuando en el 2011, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la construcción de la carretera que uniría a los departamentos de Cochabamba y Beni atravesando Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) estalló una protesta. Ocho años después, con el proyecto suspendido, los males dentro del área protegida del Tipnis se están extendiendo.

En agosto, la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza visitó la zona reservada para dialogar con quienes están a favor y en contra de esta gran obra. El recorrido se vio frustrado cuando la comisión intentó llegar al Polígono 7, una zona autorizada para el cultivo de coca, poblada por colonos que se dedican a esta actividad y que apoyan el avance de la carretera.

Los cocales han avanzado más allá de la zona permitida y se están extendiendo dentro del área protegida. El Informe Anual de Monitoreo de Coca señala el Tipnis es una de las áreas protegidas más amenazadas por el cultivo ilegal. Los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de la carretera aseguran que el interés de debe a que los cocaleros quieren sacar sus cultivos por esta vía.

2.- Colombia: la catástrofe de Hidroituango

 

El proyecto hidroeléctrico más grande y ambicioso en la historia de Colombia se convirtió también en una amenaza en el 2018. La Hidroeléctrica de Ituango, más conocida como Hidroituango, mantuvo en vilo a por lo menos 120 000 personas debido al riesgo de una avalancha que se presentó cuando se taponearon los tuneles construidos para desviar el Río Cauca.

Para evitar el desborde, Empresas Públicas de Medellín —que ejecuta la obra— desvió el agua hacia el cuarto de máquinas. Pese a esta medida, el nivel del agua siguió subiendo y el 12 de mayo se produjo la inundación de Puerto Valdivia. El peligro continuó hasta el 23 de mayo cuando se logró controlar la situación. Las pérdidas fueron grandes para una obra valorizada en 11 billones de pesos (aproximadamente 3800 millones de dólares) y que ya lleva ocho años en construcción.

La megaobra también ha levantado inconformidades en las comunidades de los 12 municipios en los que tiene influencia, que reclamaban porque sus actividades de barequeo —minería manual— y pesca se han visto afectadas. Alertan, además, sobre el peligro que corre el bosque seco tropical en Colombia y el desplazamiento de la fauna, entre otros reclamos. Las protestas contra Hidroituango han cobrado dos vidas, Hugo Albeiro George y Luis Alberto Torres, que se oponían al proyecto, fueron asesinados.

 

3.- Chile: el proyecto minero Dominga en la recta final

La propuesta es instalar el proyecto Dominga en un área de alta biodiversidad. Foto: Oceana / Eduardo Sorensen.

El gobierno chileno tiene entre sus planes instalar el proyecto minero y portuario Dominga en una zona cercana a un área de alta biodiversidad en el mar de Chile: la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choro y Damas.

Esta propuesta ha generado serias controversias en el país y motivó que 200 científicos enviaran una carta al presidente Sebastián Piñera explicando la necesidad de proteger dicho espacio, considerado un Sitio Prioritario para la Conservación. El Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) y la Corporación Nacional Forestal (CORFO) —organismos encargados de administrar las áreas protegidas del país— han manifestado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Andes Iron —a cargo del proyecto— ha subestimado los impactos del mismo.

Luego de que el EIA fuera desaprobado por la Comisión de Evaluación y por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, la empresa Andes Iron acudió al Tribunal Ambiental que en abril de 2018 falló a su favor. La controversia se encuentra actualmente en la Corte Suprema, luego de que la ONG Oceana interpusiera un recurso de casación para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental. Lea la historia completa aquí.

 

4.- Ecuador: los bosques que se pierden por la mina Mirador

Los proyectos mineros en Ecuador se han incrementado exponencialmente en la última década, principalmente en la Amazonía y en la Cordillera del Cóndor. Mirador es uno de ellos, instalado en la provincia de Morona Santiago, donde el 90 % de las concesiones se superpone sobre territorio indígena. Se trata de una mina a cielo abierto que se extiende sobre 9928 hectáreas, y que está destinada a la extracción de cobre, principalmente, pero también a la explotación de plata y oro.

Hasta ahora, este proyecto ya ha causado la deforestación de 1307 hectáreas de bosque entre el 2009 y el 2017, solo por la construcción de las vías de acceso a la mina, según el análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

Pero no solo la deforestación está causando problemas en este proyecto minero. También se cuestionan las negociaciones que la empresa ECSA realizó para adquirir los terrenos en la zona donde se ha instalado la mina. La situación se agrava porque no se realizó el proceso de consulta previa en las comunidades afectadas por Mirador. El Ministerio del Ambiente suspendió, en mayo de 2018, el 40 % de las obras en este proyecto minero por irregularidades en la apertura de vías, inadecuado manejo de los pozos de sedimentación y mal manejo de escombros, entre otros incumplimientos. Lea la historia completa aquí.

 

5.- Perú: los problemas de la Hidrovía Amazónica

La Hidrovía Amazónica se desarrollará en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas. Foto: Yvette Sierra Praeli.

Cuestionamientos y reclamos rodean al megaproyecto Hidrovía Amazónica, una propuesta del Estado peruano para implementar un canal de navegación a lo largo de más de 2600 kilómetros en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas. Las críticas han llegado desde las federaciones indígenas y la comunidad científica, que temen por los impactos que ocasionen las obras que se ejecuten en los ríos.

Un estudio científico señala que el dragado o extracción del lecho fluvial podría afectar diversos hábitats de la Amazonía peruana. Mientras que las comunidades indígenas de las zonas donde se implementará el proyecto reclaman por las irregularidades presentes en el proceso de consulta previa y han presentado demandas en contra del Consorcio Hidrovía (Cohidro) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), responsables de la obra. Lea la historia completa aquí.

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Fuente:https://es.mongabay.com/2019/01/megaproyectos-latinoamerica-2018/?fbclid=IwAR0lblCLcdR7Osvooz-o5jzNObARJJJA808FcA5FlAkNtY5sb30g_VDLgWY

Latinoamerica

Megaminería en el país de los derechos de la naturaleza. Conflictividad, salud colectiva y daño psicosocial en las mujeres

Resumen

El artículo analiza la situación de salud y daño psicosocial de mujeres, niños y niñas de la comunidad Tsuntsuim, afectada por el proyecto de megaminería metálica San Carlos Panantza, considerado como uno de los cinco prioritarios del Gobierno nacional de Ecuador, país cuya Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos.

Las aproximaciones conceptuales y metodológicas parten de la salud colectiva, la ecología política y el ecofeminismo para estudiar los impactos diferenciales por género con una visión compleja que incorpora tres dimensiones: los contextos históricos territoriales, los modos de vida comunitarios y la situación de salud.

A través de procesos de acompañamiento psicosocial (testimonios, etnografía y dibujos), comprendemos de qué manera la ocupación, el despojo y la militarización del territorio mutan la reproducción material y social, las formas de consumo, la organización comunitaria y las relaciones con la naturaleza hasta devenir todo ello en daño psicosocial y trauma psíquico.

 

Introducción

Durante las últimas décadas, la conflictividad social y ecológica en torno a la explotación, la apropiación y el control de la naturaleza se ha exacerbado en América Latina, y en este marco la minería metálica a gran escala es una de las actividades más destructivas y violentas. Los impactos de la megaminería son devastadores, afectan las dimensiones materiales y simbólicas del territorio y alteran los metabolismos sociales en sus cinco procesos: apropiación, transformación, distribución, consumo y excreción.

Asimismo, la ocupación y militarización de los territorios indígenas y campesinos por parte de multinacionales extractivas opera como una suerte de terrorismo de Estado. La persecución, la criminalización y el asesinato de líderes indígenas, ecologistas y campesinos es un denominador compartido en el sur geopolítico (Martínez, 2013).

Incluso en países como Ecuador,[1] cuya Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, el once por ciento del territorio nacional fue dado en concesiones para la megaminería con la reapertura del catastro minero en mayo de 2016. Estas concesiones, además, se desarrollaron de forma ilegal e inconstitucional, desatendiendo los importantes procesos de movilización social y resistencia frente al extractivismo y la ocupación de los territorios.

 

Extractivismo y daño psicosocial

Al someter, dominar, militarizar y controlar los territorios locales, el extractivismo megaminero muta las cinco dimensiones de los modos de vida comunitarios (Breilh, 2004):

  1. Los modelos productivos: Los miembros de las comunidades viven una transición desde formas primarias de relación con la naturaleza (cazadores-recolectores) o economías productivas a pequeña escala (agricultura familiar) hacia procesos de proletarización, generalmente como obreros con salarios mínimos y sin derechos laborales, condición a la que hemos denominado encadenamiento laboral (Soliz et al., 2012). Los proyectos extractivos, al tiempo que destruyen la soberanía económica, la salud y el bienestar de las comunidades, son también la fuente central de sustento tanto por el pago salarial como por las medidas de compensación y las regalías que muchas veces reemplazan los derechos sociales.
  2. La reproducción social: Las mujeres asumen una sobrecarga social, afectiva y económica; se tornan las únicas cuidadoras de la familia, y viven la presión económica de la dependencia del salario de sus parejas o de la ocupación del territorio que limita su autonomía productiva. Son también las mujeres quienes, cada vez más, lideran la organización comunitaria y la resistencia. Un elemento adicional de la reproducción social que suele ser controlado por las empresas extractivas es la escuela. Su cierre ha sido determinante en el control de los territorios y el desplazamiento de las poblaciones (Soliz et al., 2012).
  3. El consumo: Al suplantar al Estado en el territorio, las empresas extractivas controlan el consumo en sus dimensiones cuantitativa y cualitativa: determinan el acceso a las infraestructuras, a los servicios sociales, a la alimentación, a la salud y a la recreación, así como la calidad de todos ellos. Las familias suelen transitar entre el autoconsumo del producto de los huertos familiares y la compra de alimentos procesados. Llama especialmente la atención el alarmante incremento del consumo de alcohol y del uso de agrotóxicos en la agricultura.
  4. Las formas de organización social y comunitaria: Las relaciones comunitarias se tornan tensas; se polarizan las posiciones entre la defensa y el rechazo de las empresas extractivas. Quienes tienen empleo o gozan de algún privilegio las respaldan, mientras quienes viven la contaminación, la pérdida de salud, la imposibilidad de cultivar y de continuar con sus prácticas de minería artesanal demandan su salida.
  5. La relación con la naturaleza: Las relaciones de las comunidades con la naturaleza pasan a estar mediadas por el Estado y las empresas mineras, que son quienes establecen prohibiciones y posibilidades: no se puede pescar, cazar, usar leña, criar animales ni lavar oro artesanalmente. En nombre de un discurso “ecoeficientista”, que apadrina la megaminería como alternativa limpia y responsable, se trastocan los históricos metabolismos comunitarios.

Así, la situación de la salud en las comunidades desplazadas por el extractivismo minero es un reflejo de los saldos de la ocupación y superposición de territorialidades (formas de ser, hacer y estar) en espacios históricamente habitados por población indígena o colona. Es a su vez el resultado de la mutación de los modos de vida comunitarios, del deterioro de sus ecosistemas, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y la permanente presencia de maquinaria pesada, tóxicos y explosiones.

De la misma manera, el daño psicosocial, entendido como afectación a las dimensiones social, cultural, psicoafectiva (sentimientos), psicosomática (manifestaciones físicas de daño) y cognitiva (en los mecanismos de comunicación y afrontamiento), es un proceso dotado de historicidad y territorialidad, enmarcado en la conflictividad social estructural y que se expresa a nivel de los individuos, sus familias y sus comunidades. Como muchas veces es poco visible, este artículo pretende develar la magnitud de las afectaciones psicosociales como resultado de la imposición de proyectos megamineros.

 

El proyecto megaminero San Carlos Panantza

El proyecto megaminero de cobre San Carlos Panantza, en la provincia de Morona Santiago (Ecuador), comprende un área de 41.760 hectáreas. Su concesión beneficia a la empresa china Explorcobres S. A. (EXSA) y tendrá una vigencia aproximada de veinticinco años. Se la considera la segunda mina de cobre más grande del mundo (Environmental Justice Atlas, 2017). Al menos quince comunidades shuares sufren impactos directos de este proyecto minero y cuatro de ellas (Tsuntsuim, San Pedro, Kutukus y Nankints) han sido afectadas con desplazamientos forzados.

Mediante un violento operativo militar, el 11 de agosto de 2016 la comunidad de Nankints fue desalojada y en su lugar se instaló el campamento minero La Esperanza. El 14 de diciembre del mismo año, con fuerte presencia militar en tierra y aire, se produjo un grave enfrentamiento que dejó entre los heridos a dos jóvenes shuares, uno por bala de alto calibre y otro con quemaduras graves producto de explosivos plantados por el ejército en la comunidad Tsuntsuim. Además falleció un policía (Acción Ecológica et al., 2017).

Ese mismo día el estado de excepción decretado en la provincia de Morona Santiago permitió una incursión militar nunca antes vista en Ecuador: tanques de guerra, helicópteros, camiones blindados y cientos de militares y policías allanaron varias comunidades en busca de los defensores shuares con causas judiciales abiertas. Los exhibieron públicamente como asesinos,[2] omitiendo el derecho humano de presunción de inocencia (Acción Ecológica et al., 2017).

Tsuntsuim fue una de las comunidades que vivió el desplazamiento. Durante semanas los militares invadieron, ocuparon y saquearon las viviendas; tomaron los alimentos y animales; quemaron cuatro casas; rompieron las conexiones eléctricas, y enterraron los cultivos. Las familias desplazadas de Nankints y Tsuntsuim se refugiaron en la comunidad de Tiink hasta inicios del mes de marzo de 2017, cuando retornaron. A partir de entonces, un equipo de organizaciones sociales, académicos y activistas iniciamos un proceso de acompañamiento y recuperación de la salud de las mujeres y sus familias, y lo hemos documentado con testimonios y relatos, así como con los dibujos de los niños y las niñas.

 

Daños psicosociales e impactos sobre las mujeres y los niños

Durante el proceso de acompañamiento, encontramos que esta comunidad, habitada sobre todo por mujeres con sus hijos, había perdido sus ajas (chacras), sus animales y sus herramientas de trabajo. Era una comunidad que enfrentaba una guerra legitimada y consentida por el Estado, una guerra que venía de la mano del hambre y el miedo. Las alternativas alimentarias se reducían a algo de verde y yuca, cocinados en agua no potable. Las familias vivieron el hambre; durmieron con hambre y despertaron con hambre durante semanas. En este contexto, identificamos cuatro condiciones psicosociales determinantes en el ejercicio del control y el amedrentamiento de la población (Beristain, 2009):

  1. La siembra del miedo: El proceso de investigación de los setenta indígenas shuares determinó que los hombres de la comunidad debieran permanecer clandestinos en la selva para evitar su captura. Esta situación es recurrente en Ecuador y se la conoce como criminalización de la protesta social. Al tiempo, sin comida, sin machetes para desbrozar la selva y con los niños y las niñas enfermos, las mujeres debieron encargarse de todo. Estaban sobrepasadas y tristes, hablaban bajo, dejaron de cantar y tenían miedo. Miedo de los drones y helicópteros que sobrevolaban, de los militares, de nuevos desplazamientos, de la situación de sus hombres, enfermos y aislados. A pesar de toda la dureza, fueron las mujeres quienes retornaron a su comunidad, le devolvieron la vida e intensificaron la resistencia.
  2. Los privilegios: El Ministerio del Interior ofreció una recompensa de cincuenta mil dólares por denunciar a quienes estaban en la lista; prometió compensaciones y empleo con el fin de dividir, romper los lazos sociales y la unión comunitaria.
  3. Los estigmas sociales y políticos: Se generó una embestida mediática que presentaba a las comunidades en resistencia como un grupo de salvajes, primitivos, terroristas, violentos y células armadas. La construcción de estos estigmas bloquea la solidaridad y aísla a las víctimas, que son señaladas como responsables. Al mismo tiempo, fortalece y legitima la criminalización de la protesta.
  4. La impunidad: El desplazamiento forzado, los saqueos, la destrucción y quema de viviendas y cultivos, el trauma psíquico, las heridas y la muerte de una niña shuar (Dallana, de once meses de edad) que en medio de las condiciones de desplazamiento enfermó de gripe[3] y falleció, todo ha quedado en la impunidad, lo que ha generado una pérdida de confianza en el Estado como garante de los derechos de sus pueblos.

En los siguientes meses, Tsuntsuim atravesó una situación de emergencia alimentaria. En agosto de 2017, la mitad de los niños aún presentaban algún nivel de desnutrición. Dos de cada tres niños y niñas sufrían infecciones respiratorias moderadas o leves, así como manifestaciones de escabiosis y pediculosis. La mitad de las mujeres mayores a diez años mostraban signos y síntomas de afectación psicoafectiva.

Según Soliz y Valverde (2012), el análisis del dibujo debe partir de la comprensión del uso que se hace del espacio. Para ello, se divide la página en cuatro cuadrantes: los superiores simbolizan la fantasía; los inferiores, la realidad. Los cuadrantes izquierdos, el pasado, y los derechos, el futuro. Con base en este lente interpretativo, los dibujos realizados por los niños y niñas durante nuestra evaluación (véanse imágenes 1, 2 y 3) se caracterizan por la pobreza en los detalles, los rostros tristes, la ausencia de extremidades y el pequeño tamaño de los miembros de la familia, que en general ocupan poco espacio en el papel. Los dibujos no tienen suelo y se ubican en el lado izquierdo de la hoja, en el pasado. Reflejan nostalgia por la unidad familiar, temor, dolor por la ausencia de familiares, rechazo al medio exterior, aislamiento e incertidumbre. La mayoría dibujaba a su comunidad sin personas y sin animales, como un pueblo fantasma donde la vida no existía. Los dibujos que incorporan personas lo hacen en el lado izquierdo de la hoja. El derecho, el espacio que representa el futuro, está vacío. Las casas se dibujaron sin puertas ni ventanas o con estas cerradas. El trazo débil evidencia percepción de hostilidad en el medio exterior y temor al mundo.

Las afecciones en la salud y el daño psicosocial en las mujeres y sus hijos aparecieron como mecanismos adaptativos para afrontar una realidad profundamente violenta. Los cambios en el sistema de creencias y en la comunicación; los sentimientos de tristeza, desesperanza, angustia y culpa; el estado de alerta exagerado; los miedos irracionales; las expresiones físicas de daño, y la imposibilidad de pensar y construir el futuro fueron algunos de los procesos psicosociales derivados de la pérdida del territorio, la ocupación y la guerra.

Las mujeres sufrieron especialmente los impactos de la apropiación social, material y cultural del territorio; vivieron y aún viven la sobrecarga social, afectiva y económica determinante de las graves condiciones psicoemocionales expresadas, incluso, en manifestaciones psicosomáticas. A pesar de todo esto, fueron ellas quienes, con una fortaleza admirable, retornaron a sus comunidades para reconstruirlas y reencontrar modos de subsistencia y resistencia (Acción Ecológica et al., 2017). Han sido ellas quienes, con sus relatos de denuncia, han tejido estas historias, han recuperado sus ajas, han abrazado a sus hijos e hijas y han defendido sus territorios. Gracias a ellas, la vida en Tsuntsuim ha seguido renaciendo. El día mismo del desplazamiento nació una hermosa niña, Paula, y en estos nueve meses han nacido tres más.


Bibliografía

Beristain, C., 2009. Diálogos sobre reparación. Quito, IIDH.

Borde, E., 2017. El territorio en la salud pública. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia (ensayo inédito).

Breilh, J., 2004. Epidemiología crítica. Buenos Aires, Lugar.

Environmental Justice Atlas. Panantza – San Carlos, Ecuador, 2017. Disponible en: https://ejatlas.org/conflict/panantza-san-carlos-ecuador, consultado el 3 de junio de 2017.

Leff, E., 2000. La complejidad ambiental. México D. F., Siglo XXI.

Martínez, J., 2013. “Ecologistas de panza llena de plomo”. La Jornada en Línea, Ciudad de México, UNAM. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/05/opinion/020a1po, consultado el 15 de septiembre de 2017.

Soliz, M. F. (coord.), 2017. Salud colectiva y daño psicosocial en las familias de la comunidad de Tsuntsuim. Quito, Acción Ecológica, Alames Ecuador, Conaie-Confeniae, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Luna Creciente.

Soliz, M. F, A. Maldonado, C. Valladarez y D. Murcia, 2012. Infancia de oro en la cordillera del cóndor. Quito, Clínica Ambiental.

Soliz M. F., y S. Valverde, 2012. Guía n.º 2 de diagnóstico rápido (6-11 años). Quito, Clínica Ambiental.

[1] Ecuador fue pionero en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos en su carta constitucional de 2008, conquista histórica que pretendía marcar un punto de quiebre con las lógicas antropocéntricas determinantes de la primacía de las leyes ciegas del mercado sobre las de la naturaleza y los sentidos de la cultura (Leff, 2000).

[2] Setenta indígenas shuares enfrentan procesos de investigación por asesinato y por ataque o resistencia en las protestas que tuvieron lugar tras la desaparición de la comunidad de Nankints, en las que un policía falleció (Acción Ecológica et al., 2017).

[3] Fue gripe el término en español que la familia utilizó para describir la causa de la muerte de Dallana. Nos alarma que todavía en el año 2017 una bebé pueda morir de gripe. Se trata de una muerte más de las que se conocen como muertes por desplazamiento.

Fuente: Revista Ecología Política. También se puede descargar el artículo desde aquí.

Fuente:https://movimientom4.org/2018/12/megamineria-en-el-pais-de-los-derechos-de-la-naturaleza-conflictividad-salud-colectiva-y-dano-psicosocial-en-las-mujeres/

Latinoamerica

Indígenas de la Amazonía exigen reconocimiento en lucha mundial contra el cambio climático

Las comunidades autóctonas alertan sobre los estragos de la minería y el tráfico de madera en bosques de América del Sur, poniendo a la orden de la comunidad internacional sus iniciativas basadas no solo en conocimientos ancestrales, sino en tecnologías de geolocalización y monitoreo con drones.

Tala ilegal, monocultivos, minería y concesiones petroleras ganan cada vez más terreno en el conocido como el pulmón vegetal del mundo, la Amazonía, en el corazón de América del Sur. Allí las comunidades indígenas, las primeras en enfrentar las presiones de estas actividades económicas, están viendo alteradas sus formas ancestrales de vida. La dinámica externa las ha obligado a actuar desde sus conocimientos heredados para frenar la destrucción y con ello evitar contribuir al calentamiento global, pero necesitan refuerzos.

La minería avanza “con una magnitud bastante sorprendente, destruyendo la cosmovisión de los pueblos indígenas, los bosques y los servicios ecosistémicos, alterando de manera drástica la forma de vida de las comunidades indígenas”, dijo Oswaldo Juep Danducho, miembro del equipo técnico de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), durante una conferencia de prensa en la cumbre climática de Katowice, Polonia (COP24), que culminó el sábado 15 de diciembre, con compromisos que algunas organizaciones han tildado de “mínimos” y “decepcionantes” vista la urgencia de frenar el aumento de las temperaturas en el mundo.

Las comunidades indígenas de la Amazonía, representadas por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), levantaron su voz en el encuentro mundial para solicitar reconocimiento y participación en el manejo de fondos para mitigar el cambio climático. Su bandera es habitar en la concentración de bosques húmedos más grande del planeta que comparten nueve naciones de América del Sur.

Casi la tercera parte de este inmenso bosque de 8,4 millones de kilómetros cuadrados es el hábitat de territorios indígenas, de acuerdo con la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). Una proporción similar y, en algunos casos superpuesta con territorios indígenas, la integran áreas naturales protegidas en las que organizaciones ambientales de la región han alertado un aumento de la minería.

“Para los pueblos indígenas de la cuenca amazónica llegar a una COP no es fácil”, expresó Juan Carlos Jintiach, miembro de la Coica, quien llamó a la comunidad internacional a reconocer y mirar a los territorios indígenas. “En todas estas reuniones que tienen acá, están hablando de negociaciones, tienen que trabajar con nosotros y articular con las organizaciones”, añadió.

El dirigente indígena instó a que los fondos climáticos no se queden en la burocracia, sino que lleguen y apoyen las iniciativas de las comunidades indígenas. “Allí está la solución, sin pueblos indígenas no vamos a tener un claro desarrollo contra el cambio climático. Con los pueblos indígenas y la sabiduría ancestral hemos mantenido por milenios los bosques, pero tienen que reconocernos (…) Tenemos una urgencia ahora y ese es el llamado que se hace a la comunidad internacional”, enfatizó.

Minería en crecimiento

El aumento de la minería es uno de los principales gritos de auxilio de las comunidades nativas. José Dumas, miembro de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad – Perú), aseguró que la minería -que antes era catalogada como artesanal porque los principales utensilios eran las bateas para lavar el oro- ha migrado a métodos más industriales. “En los últimos años esto se ha ido motorizando, cada vez más la actividad es más fuerte, se viene trabajando en las orillas de los ríos, volteando las grandes playas y dejando montones de piedras”, explicó.

De 649 áreas naturales protegidas en seis países amazónicos, 55 tienen puntos de minería ilegal activos o dragas dentro de sus límites, indica un estudio de Raisg e Infoamazonía, publicado recientemente, en el que identifican 78 territorios indígenas con actividades mineras en su interior de un total de 6.207 territorios. “Los ancianos, sabios y muchos líderes de los pueblos indígenas ven a la influencia de la actividad minera en sus territorios como fuente de peligro para la integridad cultural, el manejo tradicional, la gobernabilidad local sobre sus territorios y la salud de sus pueblos”, alertan.

En Madre de Dios en Perú, estimó Dumas, 10 comunidades indígenas están seriamente afectadas por la extracción indiscriminada de minerales, mientras que cuatro comunidades tienen concesiones mineras -otorgadas por el Estado- superpuestas en sus tierras. “Estos grandes concesionarios no respetan los territorios indígenas, meten maquinarias y lo que dejan son tierras y suelos degradados”, dijo.

El impacto, resaltó, incluye invasiones de territorios indígenas, delincuencia, trata de personas, prostitución y enfermedades. “Las mismas autoridades están corruptas, los grandes mineros trabajan para ellos. A los grandes destructores de las tierras no se les toca y es una triste realidad”, planteó, al solicitar la suspensión de concesiones mineras y vigilancia en las comunidades.

“Si no se contribuye al equilibrio climático, se romperán los servicios ambientales”, expresó Jintiach.

Los aportes del bosque

Distintas organizaciones indígenas mostraron iniciativas de mitigación del cambio climático y monitoreo de daños ambientales, como aporte a las soluciones, pero reclaman mayor soporte en aras de que las estrategias se repliquen.

Fermín Chimatani, directivo de Coica, presentó el caso de la Reserva Comunal Amarakaeri en Perú, un área natural protegida gestionada por la Red Indígena Amazónico y construida a solicitud de las comunidades nativas, que pasaron “de la protesta a la propuesta y de la propuesta a la acción” y han hecho un plan de capacitación en seguridad, economía indígena y valores ancestrales.

Turismo vivencial, piscigranjas y agroforestería son algunas de las iniciativas económicas, en las que también ha tenido cabida el cultivo de castañas, un producto que había desaparecido de la siembra local pero que volvió con una rentabilidad significativa. La comunidad cuenta también con un sistema de seguridad con drones para monitorear los bosques. “Tenemos el reto y la ambición climática de que esta propuesta pueda seguir escalando en otras zonas de la Amazonía”, dijo, durante la COP24.

Delfina Catip Tawan, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), resaltó que en los bosques de la Amazonía la mujer indígena realiza un trabajo de mitigación del cambio climático, aun sin estar consciente del rol que ejerce. El aporte, agregó, se centra en la clasificación de las semillas de los productos nativos tanto frutales como no frutales, maderables y hortalizas, así como semillas para artesanías, cortezas para generar telas, hilos y algodones. “La mujer ve que están disminuyendo los productos y las semillas y tiene que seleccionar qué semillas son más resistentes para no aminorar nuestra alimentación”, explicó.

“Como cambio climático es un tema nuevo, pero veníamos practicándolo desde nuestros conocimientos ancestrales”, sostuvo Tabea Casique Coronado, miembro de Coica, quien insistió en la necesidad de que las comunidades indígenas sean escuchadas. “A veces el Estado no nos escucha, planteamos qué queremos hacer con nuestro territorio, pero el Estado impone. La ley de consulta previa no se cumple”, dijo.

Aidesep ha propuesto el proyecto de Vigilancia de Acción Indígena Integral, que contempla el diseño de un geoportal en el que se podrán ubicar las alertas tempranas de deforestación con las coordenadas precisas de ubicación. “Tenemos más de 13 millones de hectáreas de bosques en pie que están contribuyendo de manera significativa a mitigar la temperatura en el planeta”, afirmó uno de sus directivos.

Con Chile como anfitrión de la próxima cumbre climática, que se realizará entre finales de 2019 y principios de 2020, las organizaciones de la Amazonía podrán ver cuánto alcance tuvo su voz y podrán mostrar desde muy cerca la importancia de los bosques del sur del continente americano en cuanto a potencial hídrico, provisión alimentaria, captura de carbono, generación de oxígeno y hábitat de especies únicas en el mundo.

 

Fuente:http://www.correodelcaroni.com/index.php/mas/ambiente/897-indigenas-de-la-amazonia-exigen-reconocimiento-en-lucha-mundial-contra-el-cambio-climatico