Mexico

Municipio de Ocotlán ¡Declarado Territorio Libre de Minería!

Hermanas y hermanos de Ocotlán, Oaxaca hemos recibido el comunicado que con motivo del 100 Aniversario de Emiliano Zapata han distribuido, en el que dan a conocer, que a través de un acta de Sesión Solemne de Cabildo el H. Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, el Presidente del Comisariado de Bienes Ejidales y la comunidad de Magdalena Ocotlán declararon al Municipio como “Libre de Minería”.

En la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería nuestros corazones están de fiesta y les hacemos llegar una felicitación, un gran abrazo y nuestro agradecimiento por este logro y por la lucha ejemplar que han venido dando con el firme propósito de defender su tierra, sus bienes naturales comunes, su autonomía, su libre determinación y su cultura zapoteca. Nuestras luchas se hermanan en contra del modelo extractivo que hoy como nunca amenaza con más fuerza.

Este acto se suma a la defensa por la vida que a lo largo y ancho del país se viene realizando por declarar “Territorios Libres de Minería”, por evitar que los consorcios mineros de capitales de privados mexicanos y extranjeros sigan saqueando y devastando nuestros bienes comunes naturales; por defendernos del despojo de la tierra, el agua, el aire, el ambiente sano, de los procesos identitarios ancestrales. La minería nos arranca todo, todo lo que somos como pueblo, como comunidad, como nación.

Nos unimos a su demanda de cancelación de todas las concesiones mineras en sus comunidades y por la salida del consorcio minero Fortuna Silver Mines-Cuxcatlán que desde 2009 impacta gravemente su territorio.

¡POR MÁS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
¡Cancelación Total a las Concesiones Mineras en México!
¡No Más Proyectos de Muerte!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/municipio-de-ocotlan-declarado-territorio-libre-de-mineria/

Mexico

No a la mina (II) -La Última Trinchera

La Paz,  (BCS). Desde hace tres décadas ha habido intentos por establecer una megamina a tajo abierto para la extracción de oro, en el área de la Sierra de la Laguna, en la parte sur de la Entidad. Sin embargo, fue durante el sexenio de Felipe Calderón cuando el riesgo de aprobar la megaminaría tóxica generó un gran conflicto social; en ese tiempo la compañía minera canadiense Vista Gold presentó diversas propuestas de proyectos bajo los nombres de Paredones Amarillos y Mina Concordia, esas peticiones derivaron en una fuerte movilización social.

La lucha de la población sudcaliforniana en defensa del agua y la tierra se ha mantenido durante años. La primera parte de este ensayo puede consultarse AQUÍ.

 

Marrullerías políticas

A finales de julio de 2015 la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología (DGDUE), a cargo de Socorro Isela Fiol Manríquez, otorgó un dictamen técnico de viabilidad y factibilidad a la solicitud de cambio de uso de suelo para los 18 predios que requería Desarrollo Zapal para erigir la megamina (Oficio D.G.D.U.yE./1101/331/2015). Con lo que el proceso de autorización estaba corriendo, ahora faltaba la autorización del Cabildo en pleno. La ciudadanía protestó y encaró con reclamos a Fiol Manríquez, quien se declaró víctima de las presiones de Marco Antonio Núñez Rosas, secretario general del Ayuntamiento de La Paz, quien según ella la obligó a firmar el dictamen. Envuelta en llanto Fiol Manríquez prometió que revocaría su firma.

En septiembre de 2015, a una semana de la renovación del Cabildo y después de dos sesiones supuestamente realizadas los días 9 y 21 de ese mes, el grupo saliente, de mayoría priísta, autorizó el cambio de uso de suelo solicitado por Desarrollo Zapal, y lo hizo en una sesión ilegal pues esta se celebró en el salón de un hotel de la ciudad de La Paz; cabe señalar que se realizó con la ausencia del Presidente Municipal y de dos de los Regidores, éstos últimos quienes señalaron que la documentación signada en dicha sesión era apócrifa. La Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología señaló que no había emitido un nuevo dictamen sobre la viabilidad y factibilidad del cambio de uso del suelo, además del que Fiol Manríquez declaró haber firmado bajo presiones de Núñez Rosas, por lo que la aprobación de algunos integrantes del Cabildo incurría en más de una violación al protocolo y a la legalidad.

Desde que se corrieron los rumores de la aprobación a la minera, la ciudadanía realizó diversas acciones de protesta civil que se iniciaron con la toma de la carretera transpeninsular en Todos Santos el día 23; para el 24 y 25 de septiembre estaban bloqueadas varias carreteras y autopistas de la Entidad, así como los accesos a los aeropuertos de La Paz y de San José del Cabo. Y fue hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general del Gobierno Estatal, se presentó en los bloqueos y firmó un documento en el que se comprometió a dar salida al conflicto, que las vías de comunicación fueron liberadas. Así mismo, del 23 al 27 de ese mes, integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav)resguardaron el Archivo Municipal para evitar el ingreso del documento apócrifo resultado de la sesión clandestina del Cabildo, y aunque Marco Antonio Núñez se presentó al recinto e intentó regularizar las ilegalidades cometidas, el documento no le fue aceptado.

El 9 de marzo de 2016, Saúl Colín Ortiz, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) no acudió a la audiencia solicitada por la comisión legal del Freciudav; los representantes de la organización ciudadana pedían respuesta a una denuncia, presentada anteriormente, contra la empresa Desarrollo Zapal por haber realizado desmonte en algunas zonas de la Sierra de la Laguna. Las autoridades nuevamente ignoraban el reclamo social. Entre mayo y junio de 2018, durante las campañas electorales para elegir al nuevo Presidente Municipal de La Paz, el Freciudav convocó a todos los candidatos a firmar un documento para que se comprometieran a negar el cambio de uso de suelo para el establecimiento de cualquier empresa minera en la Sierra de la Laguna, excepto los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), los demás signaron dicho documento.

Tensa calma y reactivación del conflicto

Durante la mayor parte de los años 2016 y 2017 la batalla entre promoventes y ciudadanos se dio mayormente en los medios de comunicación y en las redes sociales; con acusaciones y noticias falsas por parte de los pro-mineros y mediante comunicados y ruedas de prensa informativas por parte de los opositores. Éstos últimos llevaron a cabo eventos informativos en diversas plazas públicas, así como colectas de firmas dirigidas para mandatar a diversas autoridades, legislativas y ejecutivas, a negar la entrada del proyecto Los Cardones y la megaminería en general. La protesta social pacífica se reactivó en las plazas públicas y en las calles el 29 de agosto de 2018 con intensas y nutridas manifestaciones debido a que Desarrollo Zapal, intentó ese mes, de nuevo conseguir el cambio de uso de suelo mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Y aunque ese mismo día por la mañana el presidente municipal de La Paz, de extracción panista, Armando Martínez Vega, ratificó que el cambio de uso de suelo había sido rechazado, también dijo que la empresa podía intentar tramitar los permisos de nuevo. Lo que no aminoró la molestia de los ciudadanos.

En La Paz, ante la convocatoria del Freciudav, se congregaron alrededor de 1 mil personas afuera del Palacio de Gobierno Estatal para exigirle al gobernador, Carlos Mendoza Davis, realizar un acto contundente contra la minería. Ante la ausencia del mandatario incrementaron el tono de la protesta hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno salió y, micrófono en mano, dijo que “el Gobierno del Estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…”, haciendo referencia a Los Cardones. Sin embargo, ante la insistencia de los manifestantes de dialogar formalmente, de la Peña Angulo aceptó el ingreso de una comitiva de representantes de las diversas organizaciones ciudadanas al recinto.

En la mesa y ante las demandas de integrantes del Freciudav y de otras organizaciones procedentes de Los Cabos y Todos Santos, así como de ciudadanos independientes, de la Peña Angulo, acompañado por Axxel Sotelo, delegado de la Semarnat, se comprometió a elaborar un documento oficial en el que se especificaría la emisión de una iniciativa de ley contra la minería y para la protección ambiental de la Sierra de la Laguna; este documento daría continuidad a lo ya desarrollado por el Freciudav y que sería integrado de común acuerdo por ambas partes y con la participación de las diversas áreas del Gobierno estatal y municipal competentes en la materia, incluyendo al Cabildo saliente y al entrante, así como a las instituciones encargadas del medio ambiente. Ese mismo día se integró y firmó el documento, que menciona: “… el Gobierno del Estado no ha estado, no está y no estará a favor de obras y/o actividades industriales (minería), comerciales o de servicios que atenten contra los derechos humanos y la ecología.

En el caso concreto del pretendido proyecto minero conocido como “Los Cardones”, el Gobierno del Estado de Baja California Sur continúa con la postura de “No viable ambientalmente” como lo hizo del conocimiento de la Semarnat mediante la opinión técnica correspondiente en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El 30 de agosto fueron a la explanada del palacio estatal alrededor de 200 personas, muchas de las cuales confesaron a varios medios de comunicación que habían recibido entre 150 y 200 pesos por presentarse al lugar y declararon no saber que hacían ahí. Así, la respuesta de los promoventes mineros ante la protesta social pacífica contra el megaproyecto quedó muy disminuida.

El día 13 de septiembre, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Delegado de la Semarnat, al Consejo Estatal Forestal y a los Regidores y al Presidente Municipal de La Paz; en el primer punto de acuerdo dicho documento señala que:

“EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR CONDUCTO DE LA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR EN LA ENTIDAD DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE EN ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE, PROCEDA A DICTAMINAR EN SENTIDO NEGATIVO LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES A USO INDUSTRIAL, PRESENTADA POR LA EMPRESA DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. PARA DESARROLLAR EL PROYECTO MINERO METALÚRGICO DENOMINADO ¨LOS CARDONES¨ UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LA PAZ, DENTRO DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA SIERRA LA LAGUNA, EN ATENCIÓN A LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. “

La ciudadanía, después de una larga lucha, consiguió entre agosto y septiembre de 2018 el apoyo de las autoridades municipales y estatales y no sólo alcanzó eso, pues el día jueves 8 de noviembre, con la participación del Freciudav, fue aprobado de manera unánime en el Congreso del Estado un dictamen con proyecto de decreto para reformar la Constitución del Estado y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con el propósito de que: “El Gobernador del Estado decrete por causas de utilidad pública, protección al ambiente y garantía de los derechos humanos: “Zonas de Salvaguarda Territoriales para la Prevención de la Contaminación”. La ciudadanía sigue a la espera de la aprobación y publicación oficial de tales reformas.

El “no a la mina” del presidente

El lunes 17 de septiembre de 2018 el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dirigió un mitin en el malecón de La Paz, en donde alrededor de tres mil personas le exigieron un pronunciamiento determinante contra la minería tóxica, que incluye Los Cardones, la minería submarina en el Golfo de Ulloa, y otras de menores efectos mediáticos. Ni el discurso de agradecimiento de AMLO, ni su plan de trabajo y proyectos para la Entidad, ni siquiera el “no les voy a fallar” desviaron el grito de “no a la mina” que invadió la asamblea popular. La gente quería escuchar un contundente no a la minería, una promesa de blindar al Estado contra una de las industrias más letales. Obrador no complació a la masa y dijo: “[…] lo de la mina lo va a decidir el pueblo…”. Planteó una consulta ciudadana para legitimar la lucha anti-minera, no obstante, el pueblo ya había decidido, eso estaba claro desde varios años atrás, ahora sólo tendría que mostrar el músculo otra vez, así como lo hizo en la firma del Pacto de Todos Santos, cuando tomó las calles de Cabo San Lucas y bloqueó carreteras, o cuando protestó frente a Tv Azteca. La consulta podía ser un arma poderosa, pero de dos filos, que dependería del tamaño de la participación ciudadana. La propuesta de Obrador fragmentó a los asistentes y durante algunas semanas dividió a la sociedad sudcaliforniana, unos se manifestaron a favor y otros en contra, el asunto se alargó en las redes sociales.

La cercanía de AMLO con Ricardo Salinas Pliego, quien es parte de un consejo asesor del presidente, generó mucha suspicacia entre la sociedad sudcaliforniana. Desde el encontronazo entre el pueblo y el presidente electo los rumores y las suposiciones sobre que Obrador había negociado con Salinas Pliego una consulta popular amañada estuvieron presentes en los medios de comunicación, en las redes y en las conversaciones. El 3 de marzo, cuando Obrador regresó a Baja California Sur, los activistas anti-mineros ya tenían preparadas varias acciones, querían demostrarle al ya Presidente en funciones su completa animadversión a la minería, esperaban el anuncio de la consulta ciudadana, la que se había pospuesto desde diciembre pasado, pues habrá que recordar que el 17 de septiembre AMLO dijo que la consulta se realizaría en diciembre de 2018. En la asamblea popular AMLO los sorprendió con el “no a la mina” presidencial y transformó la protesta ciudadana en algarabía.

Un logro ciudadano

Impedir la entrada de la megaminería a tajo abierto en una Reserva de la Biósfera, en un país que adolece de corrupción, no es un logro menor y este es sin duda de la sociedad civil organizada de sudcalifornia, pero debe ser considerado también un triunfo nacional; y, por supuesto, un ejemplo de que la sociedad puede determinar su devenir en las políticas públicas si se lo propone y ejerce la debida presión sobre las autoridades, que se han caracterizado por ser complacientes con las autorizaciones de proyectos de diversas actividades industriales y comerciales, aunque los empresarios no cumplan con las reglamentaciones nacionales e internacionales correspondientes, y a pesar de que atenten contra el medio ambiente y la vida.

Ese “no a la mina” es el resultado de años de lucha de sudcalifornianos comprometidos con la defensa de su territorio y del derecho a la vida, pues lo que estaba en juego en esta parte del Estado era la contaminación, con desechos tóxicos, del sistema de recarga hídrica que abastece a gran parte del sur de la Península. La lucha de los ciudadanos parece haber ganado la liberación de la Sierra de la Laguna de la amenaza de la megaminería a tajo abierto para la extracción de oro, pero aun falta que lo dicho por Obrador se haga oficial mediante documentos, leyes o decretos, que enfaticen la ilegalidad del establecimiento de minería en la Sierra de la Laguna y en general en la Reserva de la Biósfera de que ésta es parte.

 

Fuente:http://www.culcobcs.com/educacion-y-sociedad/no-a-la-mina-ii/?fbclid=IwAR3PDb0tZf3YCKM8O3fxQRs8RXpbxeepidlJr6hXJsZSp8xrg-PDd0l2uXI

Mexico

Incendio en Alto Lucero evitaría desarrollo de Caballo Blanco y El Cobre: Pronatura

Elisa Pérez Barbosa, directora de Pronatura-Veracruz dijo que esperará los resultado de las investigaciones sobre si el incendio en donde se ha afectado a 800 hectáreas en Alto Lucero, fue provocado o fue accidental ya que se encuentra en el espacio de los proyectos mineros Caballo Blanco y El Cobre, pero ante los daños ocasionados, de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico, las mineras no podrán utilizar esos cerros porque no se puede hacer un cambio de uso de suelo y por ley las autoridades pueden emitir una declaratoria de sitio para restauración ecológica.

La zona del incendio queda exactamente en el sitio en donde se ubican los proyectos mineros, pero los expertos en incendios, con el recorrido en campo, de satélite, las fotografías aéreas pueden definir si fue un accidente, fue natural o fue provocado, esperaremos a que den los dictámenes, sostuvo Pérez Barbosa.

La directora de Pronatura comentó que ante un incendio los ecosistemas tienden a regenerarse de manera natural, si se les deja y no se interviene, el ecosistema va a tomar su tiempo pero va a regresar, además por ley cualquier lugar que haya sido afectado por un incendio, tiene prohibido hacer un cambio de uso de suelo forestal, tiene que esperar hasta 20 años.

El artículo 78 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, que impide que se cambie el uso de suelo y por otra parte la legislación considera que cuando la zona está afectada, cuando se presentan importantes signos de degradación, cuando es un ecosistema único, las autoridades pueden emitir una declaratoria de sitio para restauración ecológica y eso solicitaremos a las autoridades, dijo Pérez Barbosa.

La zona que se está quemando, al parecer –comentó–, es la zona de encinales tropicales, ese ecosistema es único en el Golfo de México, hay cícadas que están en peligro de extinción y es una zona de corredor migratoria de aves y con el incendio se pierde habitad para las aves y muchas especies que encontraban allí refugio y de parada de aves migratorias, como águilas, halcones, entre otras.

Fuente:http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190417_074321_740&fbclid=IwAR2_UzzrvcwJph0ARwkuDjd3Lk6bbHj28ruvSc_BbRDoP9I3Qy4s8vHAG90
Mexico

Ambientalistas dicen no a la instalación de minerías

En la jornada de resistencia, que este martes se realizó en Palma Sola, a la que se sumó la Alianza de Comunidades en Defensa del Río Nautla, Bobos y Tecolutla.

La Alianza de Comunidades en Defensa del Río Nautla, Bobos y Tecolutla estuvo presentes en la jornada de resistencia, que este martes se llevó a cabo en Palma Sola, del municipio de Alto Lucero, donde se reunieron más de dos mil ambientalistas para pronunciarse en contra de la instalación de minas, informó el presidente de la asociación civil, Rene Belin Capitaine.

Detalló que uno de los acuerdos que se tomaron en la asamblea, es solicitar al gobierno estatal y federal la cancelación de las concesiones que en administraciones anteriores fueron autorizadas.

“Acudimos a Palma Sola, un poco más de 80 personas de la defensa del río Bobos para respaldar a los compañeros de Alto Lucero, por la afectación que tendrían por las minas a cielo abierto que pretenden haya empresas extranjeras llevar a cabo, lo cual sería una gran contaminación tanto ambiental como del agua, estuvimos más de mil 500 personas de los que se anotaron, pero pudimos observar que habían más de dos mil personas.

El acuerdo principal es poner una carta de exigencia a Andrés Manuel López Obrador y a nuestro gobernador, Cuitláhuac García Jiménez para que se cancelen las concesiones, porque una cosa es que ya lo haya anunciado nuestro gobernador en varios videos que se opone a las minas, pero falta que lo ponga por escrito, en ese sentido se está pidiendo que se intervenga, se tiene que revisar cómo se dieron los permisos, si se dieron de forma correcta o hubo anomalías y por otro lado legislar para que se echen abajo dichos permisos”.

Dijo que estos proyectos representan un riesgo para todo el estado, debido a las afectaciones que podrían generar a los recursos naturales.

“Exigirle al gobierno que se cancelen las concesiones mineras, pero la petición viene siendo a nivel nacional puesto que tenemos afectación de minas por todos lados, mucha concesión por los gobiernos anteriores y estamos en riesgo, nosotros mismos en los ríos Bobos, Nautla, Tecolutla y Misantla nos veríamos afectados por las minas a cielo abierto que también hay concesiones en la parte alta, en el territorio poblano, entonces es importante la suma de esfuerzos a nivel nacional para poder para este tipo de proyectos de muerte que causa muchos daños al medio ambiente y a la salud”.

Advirtió que las organizaciones continuarán con la lucha ambiental, para que estos y otros proyectos no sean autorizados.

 

Fuente:https://www.msnoticias.com/news/241872?fbclid=IwAR2dYHZCVzlydphGXMOt2BLJBBYvIN5lruWjDzJsi1DECUSo2BeDN9wvawg

Mexico

Habitantes de Alto Lucero y Actopan exigen cancelación de proyectos mineros

Campesinos, amas de casa, estudiantes y miembros de organizaciones civiles llevaron a cabo una marcha que concluyó a las orillas de la playa.

Al grito de “Queremos frijoles, queremos maíz, fuera las mineras de nuestro país” cientos de habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero se reunieron para exigir la cancelación de los proyectos mineros de la región.

En el auditorio de la Unión Ganadera de Palma Sola, organizaciones y comunidades de la región votaron a favor de entregar una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en la que se le pide que ordene “la inmediata y definitiva” cancelación de los proyectos de minería tóxica -oro, plata y cobre- de la región.

“La verdadera riqueza de esta región no está en el oro del subsuelo, sino en la importancia biológica y ecológica de la zona, en su valor estético, en sus habitantes, en su cultura, su espiritualidad y su pasado histórico”, señala el documento que recibirá el mandatario federal.

Tras una jornada que duró más de 4 horas y en la que hubo música y lucha libre, los campesinos, amas de casa, estudiantes y miembros de organizaciones civiles llevaron a cabo una marcha que concluyó a las orillas de la playa.

 

Fuente:https://www.diariodexalapa.com.mx/local/habitantes-de-alto-lucero-y-actopan-exigen-cancelacion-de-proyectos-mineros-3332383.html?fbclid=IwAR3ywGuLJxTUlq-delASXiCeVLbKMnh76dPSyYiVsW_sklhVYrFiBPnIeQg

Mexico

Mineras habrían provocado incendio en Alto Lucero que dañó casi mil hectáreas

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez reveló a través de su cuenta de Twitter que el incendio forestal en Alto Lucero habría sido provocado y anunció que se investigará el actuar de las mineras que operan en la zona.

El incendio forestal en el paraje La Pedrera–Cerro Roca de Oro–Cerro La Paila–Cerro La Bandera, en la comunidad de Palma Sola, municipio de Alto Lucero, habría dañado una superficie de 915 hectáreas, aproximadamente.

“Actuaremos con el peso de la Ley contra los responsables de los incendios. Y en los provocados en Alto Lucero, investigaremos el actuar de las mineras de la zona respecto a estos hechos que se están suscitando extrañamente en esa región” escribió el mandatario veracruzano.

En ese municipio las empresas mineras Candelaria Mining – vinculada a GoldGroup GoldCorp- Gavilán SA de CV y Alondra SA tienen propiedades y han sido acusadas de realizar extracciones de oro y cobre sin permisos locales.

Fue el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán quien impulsó el desarrollo del proyecto minero “Caballo Blanco” con la empresa canadiense Gold Group-

El incendio que inició desde el pasado 11 de abril fue controlado ocho días después según los reportes de la Secretaría de Protección Civil (PC) quien informó el jueves 18 de abril que el Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI) informa que hay un 90% de control y un 70% de liquidación del incendio forestal en el paraje La Pedrera–Cerro Roca de Oro–Cerro La Paila–Cerro La Bandera, en la comunidad de Palma Sola, municipio de Alto Lucero.

Asimismo, los cálculos de la superficie afectada se han ajustado a 915 hectáreas, aproximadamente.

Se realizaron 59 operaciones aéreas de riego, en las que se vertieron 79 mil 850 litros de agua; participaron el helicóptero MI17 de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) y el Bell 407 de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); además de vuelos de reconocimiento y valoración del Bell 407, del Gobierno del Estado.

Considerando el avance en las labores de combate al fuego, se ha decidido desactivar el EEMI y reorganizar el Centro de Mando Unificado con un equipo más compacto, para atacar los últimos puntos de calor.

 

Fuente:http://www.veracruzenred.com/noticia/mineras-habr%C3%ADan-provocado-incendio-en-alto-lucero-que-da%C3%B1%C3%B3-casi-mil-hect%C3%A1reas

Mexico

500 años de despojo: Vida o Mina (Veracruz)

“Las minas están destrozando a México”

Veracruz ha perdido el 99% de su vegetación y ecosistemas, de acuerdo a un estudio realizado por CONABIO[1], dijo el exrector de la UNAM José Zurukhán en su visita al Estado. Además señaló como causas principales a la minería a cielo abierto y la ganadería. Sin duda esto es alarmante, pero no puede ser de otro modo, dado los generosos apoyos oficiales otorgados a esas actividades a pesar del desastre ambiental que provocan. Sin embargo, lo más importante, conocida esa noticia, es buscar cómo conservar el 1% de biodiversidad restante sabiendo que al Estado NO le conviene hacerlo. ¿Por qué? Es simple contestar: se romperían acuerdos con los hombres de “negocios” e implicaría encarcelar a talamontes y a empresarios mineros ecocidas. Eso y la “cara de Dios”, nunca lo veremos, al menos durante los próximos 6 años. Corresponde entonces a los ciudadanos organizarse y exigir se proceda en consecuencia. Con ese propósito, LAVIDA y otros grupos ambientalistas han convocado a participar en la “jornada por el recuerdo y reforzamiento de las resistencias comunitarias en defensa del territorio” a realizarse el 16 de abril en la ciudad de Palma Sola. Las actividades iniciarán con una asamblea popular y concluirán efectuándose un festival político-cultural. Así se recordarán los 500 años del interminable proceso de despojo iniciado por los españoles en 1519 y continuado por los descendientes de esos asesinos y saqueadores de México. A estos señores se les ha concesionado 25 millones de Hectáreas incluyendo pueblos, ríos, lagos y bosques para desarrollar megaproyectos (hidroeléctrica, presas, minas, gaseoductos, etcétera). Este sistema necrófilo, originado en la conquista y hoy revitalizado, continúa amenazando el futuro de todos. Para darnos una idea sobre nuestra riqueza minera, se cita un dato cuya fuente es el Servicio Geológico Mexicano de la Secretaria de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (9/05/2014): el 70% del territorio nacional (1’375,063 Km2) tiene potencial para el desarrollo de proyectos mineros…”. Como están las cosas, este hecho, en lugar de ser afortunado para los mexicanos es una maldición apocalíptica. Créalo, está documentado: esos megaproyectos no generan riqueza para las comunidades (Fundar[ii]). Por donde pasan dejan desolación y pobreza. Esa expoliación se ha intensificado debido a la tecnología extractiva del Fracking y además porque la Ley minera declaró a la minería como actividad de utilidad pública “preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”[iii]; es decir, la DESTRUCCIÓN y el despojo están legalizados. Esta grave situación tiende a prolongarse sin remedio inmediato por dos razones: el 15.7 % del territorio nacional ha sido concesionado por 50 años (COMIMEX[iv]) y AMLO anunció respetar los contratos firmados con las 345 empresas (93% extranjeras) extractoras de оrо y plata, principalmente. Tan sólo en la década 2000-2010, aquellas, extrajeron un volumen equivalente a la mitad del saqueado durante 300 años. Pero no es todo, los privilegios otorgados por los gobiernos del PRIAN, les ha permitido torcer las leyes, evadir impuestos, reprimir y asesinar opositores, impunemente. Y todo por un pago anual de entre ¡10 a 2000 pesos! [v] de impuesto. Con este pago se arrogan derechos coloniales. La región donde se ubican los municipios de Alto Lucero y Actopan está seriamente amenazada por las empresas Candelaria Mining Group y Almaden Mineral operadoras de los proyectos mineros de “Caballo Blanco” y “El Cobre”. Por esa razón, representantes de 20 comunidades de la zona, el Ecologista Universal y organizaciones ambientalistas exigen su cancelación.
Para terminar le dejo una lista de los daños que seguirán ocasionando a nuestro Veracruz.

BOSQUES.
*Al tasajear la tierra se destruirán 50 mil hectáreas de encinos, robles, sauces, higueras, guácima, guanacastes, cocouites, cícadas, helechos, palmas, manglares y otras especies.

FAUNA
Corren peligro miles de aves migratorias que anidan en la región; así como armadillos, tlacuaches, tuzas, zorras, venado, coyotes y tejones, entre otros. AGUA
*Se contaminarán con cianuro y otros químicos 250 mil litros de agua por hora.
*La mina consumirá en una hora la cantidad que una familia consume en 16 años.
*Los sedimentos (lodos) con cianuro contaminaran ríos, lagunas costeras, arrecifes y playas.

LAGUNA VERDE
Debido a que “Las sacudidas y vibraciones como resultado de las voladuras asociadas a la minería pueden producir… el colapso de estructuras…[vi] en ninguna parte del mundo se autorizan minas cerca de instalaciones nucleares. En la fase extractiva de la mina La Paila, ubicada a 2.5 km de Laguna Verde, se detonarán por día entre 5 y 7 toneladas de explosivos, violando la norma internacional.

SALUD
Los envenenamientos, silicosis, carcinomas, dermatitis, malformaciones, daños a los riñones e hígado son frecuentes en quienes viven dentro o cerca de las áreas mineras.
Por todo lo anterior y en tanto no garantice la protección plena del medio ambiente, esos megaproyectos debe ser cancelados.

[1] Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
[i] Sánchez Salazar Mª Teresa, “La industria minerо-metalúrgica en Méxicо”. Investigadоra del Institutо de Geоgrafía de la UNAM.
[ii] Centro de Análisis e Investigaciones de la sociedad civil, con sede en México.
[iii] Articulo 6 de la Ley Minera
[iv] CAMIMEX. Cámara Minera Mexicana.
[v] Articulo 59 del reglamento de la Ley Minera.
[vi] EC-DG-INFSO-B4 (2000), “Review of potential environmental and social impact of mining” part II.)

 

Fuente:https://www.grieta.org.mx/index.php/2019/04/15/500-anos-de-despojo-vida-o-mina-veracruz/?fbclid=IwAR1KLPa9yz8mw16m6HeaeJbPYA3JoyOd58ieQjy4H1f80qh7mmYrmH4AXWc

Mexico

De 290 mineras en México, 211 son de Canadá; todos las autorizan, nadie se responsabiliza del daño

Las dependencias federales que autorizan que las mineras nacionales y extranjeras operen en una extensión que abarca ya 22 millones de hectáreas en el territorio mexicano son las secretarías de Economía (SE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener).
También se involucran las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del Gobierno mexicano.

La actividad minera provoca daños a la salud que incluso propicia distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.

En el tema medioambiental, los problemas se esparcen por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad.

Los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción se centran en el desplazamiento y migración local, así como en conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad entre las personas que están de acuerdo contra quienes se oponen a los proyectos.

En palabras de Isabel Clavijo, investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), “las empresas tienen patrones y tácticas que contribuyen a la generación de conflictos sociales, ya que buscan desestimar y eliminar cualquier proceso de resistencia organizativa por parte de las comunidades, la mayoría indígenas y pobres, que estén en contra de los proyectos”.

 

SinEmbargo consultó a distintos especialistas en la materia, quienes señalaron a las instancias que tienen participación –en mayor o menor medida– para permitir operar en el país a 290 compañías mineras, 211 de ellas de origen canadiense.

Todo comienza en la Secretaría de Economía (SE), donde se otorga la concesión. La dependencia federal es, afirmaron los entrevistados, la principal de la docena de instancias incluidas en la “Guía de Procedimientos Mineros”, realizada justamente por dicha instancia hoy dirigida por Ildefonso Guajardo Villarreal.

Asimismo, la SE regula y promociona la actividad minera e inscribe a las firmas en un registro de empresas mineras y de compañías con inversión extranjera directa.

Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.

“Para poder dimensionar esta extensión, equivale aproximadamente a la superficie acumulada de la Península de Yucatán, que abarca Yucatán, Quintana Roo y Campeche, más Veracruz, Aguascalientes y Ciudad de México”, se lee.

En apego al último registro del Sistema de Administración Minera (SIAM), sólo en septiembre de 2017 se otorgaron 84 permisos.

Cabe mencionar que la concesión es otorgada hasta por un siglo: de entrada se concede por 50 años, con la posibilidad de solicitar una prórroga por un periodo igual, que, indicaron los especialistas, difícilmente será  negada.

“Lo que hace el Gobierno federal es otorgar un pedazo de soberanía nacional sobre un territorio determinado a un particular por un periodo de tiempo demasiado extenso […]. La función de la SE es un clásico ejemplo del Estado reducido a su mínima denominación como ente regulador”, alertó Francisco Cravioto Lagos, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

“Los polígonos se están otorgando de manera muy rápida, su objetivo es hacer lo más ágil posible el trámite para los intereses privados. La concesión normalmente se otorga, no conozco un caso donde se haya negado una concesión en aras de respetar o garantizar un derecho humano, no es común”, apuntaló Clavijo.

Cabe aclarar que el hecho de que exista una concesión no significa que haya un proyecto en marcha.

MANGA ANCHA A MINERAS

El maestro Eduardo Torres Alonso, miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que, a pesar de que la Secretaría de Economía, es la instancia más importante porque otorga las concesiones, no es la única que tiene participación en dar manga ancha a las mineras.

Las otras dependencias que tienen participación son las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener); también las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En términos de importancia, coinciden los investigadores consultados, a la Sener le sigue la Semarnat, encargada de la regulación en el tema ambiental, ente que debiera velar por la conservación y el bienestar de los recursos naturales, pero que en la práctica no lo hace.

Para que la dependencia operada por Rafael Pacchiano Alamán autorice las actividades de exploración, los interesados deben presentar un informe preventivo.

Ante esta dependencia federal, las empresas presentan también la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un análisis en el que se previene y planea el proyecto a fin de determinar cuáles son las consecuencias que puede causar, en este caso la actividad minera, sobre el medio ambiente. Además, la MIA designa las medidas preventivas que se ejecutarían para disminuir esos impactos negativos.

“La Semarnat tiene un papel fundamental, dadas las consecuencias ecológicas que tiene esta actividad. Esta Secretaría regula precisamente el tema medioambiental, fomenta la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. Para obtener la concesión, la Semarnat revisa la MIA y da el visto bueno en relación con las actividades mineras. Una vez que da el visto bueno, se puede continuar con el proceso de obtención de la concesión”, dijo Torres Alonso.

La investigadora Clavijo afirmó que lo que se ha “identificado es que Semarnat no necesariamente hace un análisis exhaustivo que permita garantizar que no se esté atentando contra el derecho a un medio ambiente sano”.

A las autoridades municipales se les solicita un permiso de cambio de uso de suelo.

La SHCP otorga el registro fiscal a dichas firmas, además de recaudar los impuestos y los derechos de sus actividades.

La Sedatu otorga la certeza jurídica con relación a la tenencia de la tierra. A través del Registro Agrario Nacional (RAN), se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal. Es la entidad que lleva a cabo la inscripción de los decretos de expropiación de dichos bienes.

“La Sedatu tiene como misión proporcionar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra de la población, pero si esto no se cumple, pues la dependencia no satisface su objetivo. La Sedatu está vinculada a que precisamente los terrenos no le sean arrebatados indebidamente a los pueblos que habitan en donde se va a ejecutar la minería”, comentó Torres Alonso.

La CDI asesora a las empresas en relación con los usos y costumbres de los pueblos originarios a fin de evitar conflictos sociales, ya que gran parte de las comunidades indígenas habitan en lugares que son atractivos para la realización de la minería, de allí la importancia de que los interesados en llevar a cabo la actividad extractiva se acerquen al organismo descentralizado.

No obstante, “la CDI interviene cuando ya hay un conflicto porque las empresas no se acercan antes a ellos, no se comunican antes para preguntar si en tal lugar se puede operar una mina”, criticó Torres Alonso.

La Conagua tiene una actividad fundamental vinculada a la regulación de los derechos por uso del vital líquido. La minería requiere grandes cantidades del vital líquido y contamina aún más, entonces la Comisión puede otorgar o prorrogar los títulos de asignación o concesión para el uso de agua. También se encarga de lo relacionado con las descargas de aguas residuales.

“Los espacios que se ocupan para la minería están en el norte del país, principalmente, donde hay muy poca agua. En la franja norte de México, hay 30 por ciento de disponibilidad de agua y como allí se concentran los proyectos mineros, disminuye aceleradamente el vital liquido para la población”, puntualizó el investigador de la Máxima Casa de Estudios.

La Sedena está vinculada con la autorización y supervisión del uso de explosivos, ya que es la encargada de otorgar un permiso general para la compra, almacenamiento y consumo de este tipo de material en la industria.

El IMSS tiene la tarea fundamental de brindar el servicio médico y seguridad social a sus afiliados, después de que el patrón de la empresa minera registra a los empleados.

La STPS proporciona la seguridad laboral con los trabajadores, lo cual resulta importante al ser la minería una actividad riesgosa. La secretaría autoriza el funcionamiento de recipientes como calderas o recipientes sujetos a presión a fin de vigilar el cumplimiento a la NOM-020- STPS-2011. También inspecciona que en las mineras no trabajen menores de edad y es quien puede autorizar empleos a menores entre 14 y 17 años. También aprueba planes y programas de capacitación.

La Sener, al ser la entidad encargada de dirigir la política en materia energética del país, participa cuando en las tierras a explotar por las compañías mineras se da el hallazgo de yacimientos de hidrocarburos. Por su parte, el SGM ofrece asesoría geológica minera de uso de suelo y estudios ambientales.

Ante el panorama expuesto, los especialistas coinciidieron que en México, las autoridades anteponen los intereses particulares de las mineras, sobre el bienestar de la población.

“Las autoridades, amparadas en el marco de la Ley, no están realizando un proceso de evaluación y de revisión exhaustivo que permita que las empresas garanticen el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente […]. No se está considerando la decisión y la libre autodeterminación de las comunidades a decidir sobre las actividades que quieren sobre el territorio”, aseveró Clavijo.

Por ello, recriminó que “el interés privado no debería prevalecer por encima del bien común”, por lo que remarcó, “es obligación del Estado y de las autoridades actuar en concordancia con esta premisa” y que existe una “actitud muy laxa” por parte de las autoridades, que favorece precisamente el interés privado sobre el público.

“[El Gobierno] sobrepone el interés privado, sobre el interés público. Se le da prioridad a grupos privados en aras de proteger la inversión como política de Gobierno”, insistió.

 

Fuente:https://www.sinembargo.mx/15-04-2018/3404994?fbclid=IwAR2kS1T3XV1JzTXHuuhuRlUC0k2TO9g2A35Mk1L-T51-K79a3chA9aTvwek

Mexico

Incendio en Alto Lucero pudo ser provocado por mineras, según ONG

Xalapa, Ver., El dirigente de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental (Lavida), Guillermo Rodríguez Curiel, dijo que el incendio que comenzó el 27 de marzo en el paraje La Pedrera-Cerro Roca de Oro, municipio de Alto Lucero, pudo haber sido provocado por las mineras Candelaria Mining, Gavilán SA de CV y Alondra SA, que pretenden asentarse en la zona.

No hay casualidades; detrás de este incendio están las empresas, que con esa acción pretenden amedrentarnos para que dejemos de defender los cerros, acusó en el festival político-cultural 500 años resistiendo a la vida, que se realizó en Palma Sola, de Alto Lucero.

Por lo anterior, el activista solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente estatal investigar las causas que lo provocaron.

El incendio se inició en la zona de La Pedrera, cerca de la carretera costera 180, y con los días nos hemos percatado que empezaron a aparecer varios focos secundarios en los cerros La Paila y La Bandera; es muy poco común que haya tantos puntos activos, expuso.

Rodríguez Curiel consideró que las autoridades deben aclarar por qué ha transcurrido más de una semana con el fuego activo, sin que hasta ahora sean capaces de extinguir las llamas, a pesar de que se usaron helicópteros para ayudar en los trabajos de mitigación.

“Nos parece sospechoso que un incendio que comenzó a orillas de la carretera se haya dejado escalar a la parte alta de los cerros (…) Siguen siendo muy valiosos y vamos a defenderlos de la minería, que destruye los ecosistemas del Golfo de México. No hay pretexto para declararlo zona de desastre y que ingresen las máquinas de las mineras. El cerro aún puede regenerarse”, externó.

Por su parte, Elisa Pérez Barbosa, directora de Pro Natura Veracruz, mencionó que en la zona del siniestro hay encinares tropicales, únicos en el Golfo de México, pues forman parte de un corredor de aves rapaces migratorias. Va-mos a ver si el incendio fue provocado, esperaremos los dictámenes, dijo.

En el auditorio de la Unión Ganadera de Palma Sola, municipio de Alto Lucero, más de 500 habitantes acordaron enviar una misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle revocar 27 concesiones mineras en Veracruz aprobadas en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Solicitaron a la administración lopeobradorista no emitir nuevas autorizaciones en el paraje La Pedrera-Cerro Roca de Oro y que la zona de encinares tropicales, entre las localidades de Alto Lucero, Actopan, Juchique de Ferrer, Acatlán, Chiconquiaco y Colipa sea decretada área natural protegida.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/04/17/estados/028n2est#
Mexico

Policías intentan romper cerco de habitantes en Peñasquito

Agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) intentaron romper el cerco que habitantes y transportistas de Mazapil mantienen desde hace casi tres semanas en torno de la mina de oro y plata a cielo abierto Peñasquito, propiedad de las trasnacionales Goldcorp y Newmont.

Los uniformados llegaron ayer por la mañana al acceso principal del complejo minero ubicado en el valle de Mazapil, 305 kilómetros al noroeste de la capital de Zacatecas, con el argumento de que recibieron el reporte de que había una persona herida por arma blanca durante una riña en el interior del yacimiento, y ellos debían ingresar al lugar porque somos seguridad pública.

Vecinos del municipio expusieron que un trabajador de la mina resultó lesionado en un incidente que nada tiene que ver con nosotros, y lo dejaron ingresar por humanidad para que fuera atendido en la clínica que existe dentro de Peñasquito.

Agregaron que si el herido requería salir en alguna de las ambulancias de la minera a Saltillo, Coahuila, o a la capital de Zacatecas, los policías podrían sacarla, pues se les permitiría el paso, o de ser necesario, se le podría trasladar en uno de los helicópteros a disposición de Goldcorp las 24 horas, para mover a quien quiera.

El comandante de la PEP que encabezaba a los uniformados pidió que se les permitiera pasar para comunicarse con sus superiores.

Los pobladores de Mazapil le respondieron que toda la comunidad está totalmente incomunicada desde el 27 de marzo, cuando Peñasquito apagó la antena de telecomunicaciones que daba servicio de Internet y telefonía en la región.

Los vecinos dijeron a los elementos de la PEP que si querían comunicarse con sus superiores en Zacatecas se dirigieran a la cabecera municipal de Mazapil o a la delegación municipal de Cedros.

Sólo que traigas una orden de un juez vas a entrar, si no, lo sentimos mucho, pero nuestro movimiento no lo permite. Agarren la onda, son mexicanos ustedes también, como nosotros. Y ellos adentro son canadienses y estadunidenses (…) Este es un movimiento pacífico. No van a entrar, advirtieron.

Asimismo, los inconformes entregaron a La Jornada un informe elaborado por la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con número de oficio BOO.932.04-077/037, firmado por Héctor González Curiel, director de la Conagua en Zacatecas, donde se informa que el manantial El Socavón, de San Juan de Cedros, se secó en 2013 y posiblemente uno de los factores contribuyentes en la disminución del flujo del manantial El Socavón hayan sido las actividades mineras.

Felipe Pinedo Hernández, asesor de los habitantes de Mazapil, apuntó al respecto que en el desierto semiárido de ese valle la única mina en operaciones es Peñasquito.

Goldcorp respondió a la Conagua en su comunicado número 04/19 que Peñasquito considera los argumentos del documento como no determinantes pues no presenta elementos definitorios. El mismo documento afirma que no existe evidencia que las actividades mineras sean la causa de disminución de flujo en El Socavón.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/04/17/estados/028n1est?fbclid=IwAR1db-zNQavSV0TFNfI-8r-_I0YoD4UIj-5CimBM9J2fQN-vtuf3EZ_ISfU