Chile

Tribunal Ambiental deja en estudio solicitud de levantamiento de medida cautelar que afecta a minera Cerro Colorado

El demandante solicita al tribunal la detención definitiva de toda la extracción de agua desde el acuífero para la operación de la faena, así como el desmantelamiento de obras asociadas.
15/09/2021
Minería Chilena
En estudio quedó la solicitud de minera Cerro Colorado de alzamiento de la medida cautelar dictada por el Primer Tribunal Ambiental que le prohíbe la extracción de agua del acuífero de Lagunillas.

La decisión, adoptada por los ministros Mauricio Oviedo, Cristián López y Juan Opazo, se tomó luego de la audiencia efectuada, por la petición de la empresa de dejar sin efecto la determinación adoptada el pasado 19 de agosto por el tribunal.

Recordemos que dicha medida se decretó en el contexto de la demanda interpuesta por Luis Jara Alarcón copropietario de la Estancia de Cancosa y la solicitud realizada por el eventual daño ambiental que la minera, propiedad de BHP, ha provocado en el sector.
Argumentos de las partes

En la audiencia, tanto el abogado de la empresa como el del demandante expusieron sus argumentos ante la sala del organismo colegiado. Comenzó sus alegatos el abogado demandante Ladislao Quevedo, quien solicitó mantener la medida tal como fue decretada “por los antecedentes graves y serios que acreditan la casi destrucción total del acuífero Lagunillas que alimenta al bofedal Lagunillas y a la laguna Huantija, la que se sostiene hoy día con la propia agua que se saca del bofedal” dijo.

El abogado Quevedo aseguró que “cada vez que se continúa extrayendo agua la recuperación del acuífero se proyecta para después del año 2100, lo que es contrario a los principios del derecho ambiental, la Constitución y la Ley”.

Otro punto planteado por abogado demandante tuvo relación con los antecedentes presentados por la empresa en la nueva evaluación de impacto ambiental que está llevando a cabo el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y que tienen relación con la falta de control de los acuíferos del humedal Lagunillas y la laguna Huantija. “En los informes aparece que la última medición fue el año 2018”, dijo Quevedo, además, de enfatizar que “a la minera no le interesa evaluar lo que allí está ocurriendo”.

“Se han omitido los monitoreos exigidos por la autoridad” por lo que los estudios presentados no tendrían una base –dijo- y explicó que se trata de “un acuífero que alimenta un bofedal alto andino, bienes muy escasos de alto endemismo de flora y fauna y todos nos vemos afectados por su daño”.

También, el abogado cuestionó que la minera esté extrayendo agua en el sector de la mina, porque aseguró que se trata de una “extracción indebida” que no ha sido evaluada ambientalmente.

En tanto, el litigante de la empresa, José Luis Fuenzalida, refutó los antecedentes entregados por Quevedo y aseguró que “no se está en presencia de la irreparabilidad del acuífero” y cuestionó los intereses del demandante y su legitimación activa para demandar ya que “no tiene derechos de agua en Lagunillas”, argumentó Fuenzalida.

También, el abogado detalló que “la operación del campo de pozos no ha superado, ni proyecta superar los descensos máximos previstos” y que la obligación de la empresa es volver a la recuperación del acuífero a los niveles de la condición base, “lo que se proyecta antes del 2050”, aseguró.

Además, el abogado de la empresa acusó al demandante de “hostigamiento judicial e instrumentalización de los tribunales de justicia” y aseguró que “no tiene presencia material en el entorno”, por lo que no tiene legitimación activa y aseguró que los títulos inscritos están judicializados y transferidos. Además, de asegurar que la posesión ancestral está en manos de la comunidad Aymara de Cancosa.

Fuenzalida asegura que el demandante no tiene interés ambiental y dio a conocer diversas acciones judiciales interpuestas por Luis Jara. “En los últimos años ha deducido más de 20 acciones, ente judiciales y administrativas, con el único propósito que la operación de Cerro Colorado se haga derechamente imposible, excesivamente gravosa con miras a mejorar su posición de negociación, con pretensiones indemnizatorias del orden de más de 32 millones de dólares”, recalcó Fuenzalida.

Ahora el tribunal estudiará los antecedentes entregados por ambas partes antes de tomar la decisión de levantar la medida cautelar o bien modificarla por otra que atienda a la protección del acuífero y su bofedal.
Medida Cautelar

La medida cautelar, tal como se encuentra decretada hasta ahora, rige desde el 01 de octubre y tiene como fin impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidas a su conocimiento y se fundamenta en el fallo que ya fue dictado por el Segundo Tribunal Ambiental en 2019 a través del cual se anuló parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Continuidad Operacional Cerro Colorado”, lo que posteriormente fue ratificado por la Corte Suprema.

“Se acoge la solicitud de medida cautelar consistente en la paralización de la extracción de agua subterránea desde el acuífero Lagunillas, desde los Pozos P1, P2, P3 y P4, destinada a la operación de la faena minera Cerro Colorado, por el término de 90 días, con excepción de la extracción de 10 litros por segundo autorizada para la ejecución del Sistema de Riego Artificial (SRA)”, dictaminaron los ministros en su oportunidad.
Acción judicial

La acción judicial fue interpuesta por Luis Jara Alarcón, copropietario de la Estancia de Cancosa y se basa en el daño ambiental que la empresa habría provocado por la extracción de agua del acuífero de Lagunillas, lo que ha provocado un deterioro al sistema Lagunar y al bofedal del mismo nombre del acuífero.

El demandante solicita al tribunal la detención definitiva de toda la extracción de agua desde el acuífero para la operación de la faena, así como el desmantelamiento de obras asociadas; la elaboración, evaluación e implementación de un proyecto de suministro hídrico artificial al acuífero; y la reposición, reparación y restauración integral de todos los recursos biológicos y demás condiciones abióticas preexistentes en el ecosistema dañado.
Daño ambiental

Luis Jara asegura que el daño ambiental es una consecuencia del actuar “ilegal y culpable” de la compañía por la ausencia de una autorización ambiental para extraer aguas del acuífero. “La RCA (Resolución de Calificación Ambiental) 69/2015 fue anulada en consideración a que las medidas ambientales propuestas por el titular no eran apropiadas para hacerse cargo de los impactos ambientales sobre el recurso hídrico del proyecto”, dice el escrito.

Sumado a lo anterior, el demandante aduce que se realizan extracciones de agua sin contar con los derechos de aprovechamiento. “Así, sumado a la falta de permiso ambiental, CMCC (Compañía Minera Cerró Colorado) careció también del permiso sectorial consistente en el derecho de aprovechamiento de aguas legalmente otorgado por la DGA que la habilite para las extracciones referidas, lo que constituye otro presupuesto para presumir su responsabilidad ambiental por infracción a los artículos 6 y siguientes del Título I del Código de Aguas”.
Incumplimientos

Otros de los incumplimientos de los que se acusa a la minera tienen relación a las medidas de riego artificial necesarias para la mantención del humedal.

Seguido de un retardo negligente en el proceso de evaluación ambiental de las nuevas medidas que debe proponer la empresa para hacerse cargo de los efectos ambientales del nuevo proyecto en el acuífero Lagunillas. Se acusa a la minera de daño continuo, permanente, irreversible y significativo.

Tribunal Ambiental deja en estudio solicitud de levantamiento de medida cautelar que afecta a minera Cerro Colorado

Chile

Justicia estadounidense falla contra SQM y ordena pago de US$ 48 millones por caso de contaminación que viene de la década de 1930

09/09/2021
Un vuelco dio cuenta este miércoles SQM en uno de los juicios que enfrenta la minera. Un jurado del Tribunal de Distrito en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, emitió un veredicto contra SQM North America, filial de SQM NA, por US$ 48,1 millones en un caso iniciado el año 2010 por la ciudad de Pomona, Estado de California, en el que busca la reparación por supuestos daños por contaminación por el uso de fertilizante entre 1930 y 1940.

Según informó en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el gerente general de la minera, Ricardo Ramos, el veredicto no es final y está sujeto a recursos o mociones que SQM NA y la parte demandante puedan presentar en los próximos días, así como a recursos de apelación que se pueden presentar en la Corte de Apelaciones del IX Distrito.

“SQM NA tiene la intención de ejercer enérgicamente sus derechos para impugnar el veredicto ante el Tribunal del Distrito y la Corte de Apelaciones”, aseguró Ramos en el escrito. Y, además, señaló que a esta fecha no es posible determinar los efectos financieros que esto pudiese tener sobre los activos, pasivos o resultados de la firma.

De acuerdo a lo detallado en un análisis razonado de la compañía, la demandante reclama el pago de gastos y otros valores relacionados con el tratamiento de aguas subterráneas para permitir su consumo previa extracción del perclorato existente entre ellas y que supuestamente provendría de fertilizantes chilenos. Esto, por un monto de US$ 36 millones.

Justicia estadounidense falla contra SQM y ordena pago de US$ 48 millones por caso de contaminación que viene de la década de 1930

Chile

15 empresas mineras analizaron su huella de carbono

Martín Cabello 14/09/2021
reporte minero
Desde GIZ explicaron que con estos resultados las empresas podrán identificar los procesos que más energía consumen, pudiendo enfocar sus esfuerzos en sus planes de gestión energética.
Como parte del proyecto “Eficiencia Energética en Minería” de la GIZ se formó la Red de Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones en la Minería, espacio que reúne a 15 empresas de la pequeña, mediana y gran minería del país, con el objetivo de generar una discusión técnica a través del intercambio de experiencias, casos de éxito y recibir asesorías especializadas.

Ante este escenario y luego de seis meses de trabajo, se realizó un estudio que analizó las emisiones de gases de efecto invernadero en los distintos procesos productivos de las empresas que componen esta red. Lo anterior, con el fin de tener una línea base de emisiones por procesos, para impulsar su gestión y búsqueda de oportunidades de reducción.

“Para llevar adelante las metas de descarbonización necesitamos minerales como el cobre y el litio, por lo que el desafío del sector minero está en atender esta demanda con una huella de carbono cada vez más reducida a mercados con altas exigencias en las emisiones, como el europeo”, explicó Rodrigo Vásquez, asesor del programa GIZ.

Huella de carbono
Considerando los diversos procesos en las faenas mineras, se determinó un promedio general de consumos de energía en la minería metálica y no-metálica. Esto implica que, por ejemplo, la producción de cátodos de cobre consume en promedio 10,7 MWh por tonelada, el concentrado de cobre 9,4 MWh por tonelada, el nitrato e hidróxido de litio 11,9 MWh por tonelada; siendo los productos más intensivos en el consumo de energéticos.

Además, las empresas participantes en el estudio en su conjunto poseen una huella de carbono (Alcance 1 y 2) de 2,86 millones de toneladas de CO2eq, en la que el concentrado de cobre equivale al 59% y cátodos de cobre al 9%.

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“Con estos resultados las empresas podrán identificar los procesos que más energía consumen, pudiendo enfocar sus esfuerzos en sus planes de gestión energética. Además, como la minería tiende a la electrificación, el cambio de suministro eléctrico de fósil hacia alternativas renovables implicará una reducción importante en el nivel de emisiones de la industria”, detalló Rodrigo Vásquez de GIZ.

Cabe señalar que las 15 empresas que forman parte de la red son: Antofagasta Minerals, Anglo American Chile, Cemin Holding Minero, Codelco, Compañía Minera Cerro Negro, Lundin Mining Distrito Minero Candelaria, ENAMI, KGHM CHILE, Minera Cruz, Minera Rafaela, Minera San Pedro, Minera Tres Valles, PUCOBRE, SQM y Teck Resources Chile.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/09/empresas-eficiencia-energetica-mineria-huella-carbono

Chile

El impacto que tendría en la actividad minera la declaración de Zona Saturada de Copiapó y Tierra Amarilla

Sonami advierte que el material particulado que genera la pequeña y mediana minería es menor, debido a que se tratan principalmente de faenas subterráneas.

10/09/2021
Minería Chilena
A raíz del reciente anuncio que realizó la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, sobre la declaración de Zona Saturada a Copiapó y Tierra Amarilla, conversamos con el gerente de Medio Ambiente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Carlos Gajardo, acerca del impacto que podría causar esta decisión en la pequeña y mediana minería.

La visión del seremi de Minería de Antofagasta respecto a los desafíos de la industria

Cabe destacar que tras la declaración realizada por el Gobierno, se procede a la elaboración de un Plan de Descontaminación en las zonas mencionadas, donde se definirán e implementarán medidas y acciones específicas para reducir las emisiones en la zona, con el fin de recuperar los niveles señalados en las normas primarias de Material Particulado respirable MP10.

En los próximos días deberá ser publicado en el Diario Oficial el decreto supremo que declara zona saturada, con lo que el Ministerio del Medio Ambiente tendrá un plazo de 90 días para emitir la resolución de inicio de elaboración del Anteproyecto del Plan de Descontaminación respectivo.

A raíz de que el gobierno declaró Zona Saturada a Copiapó y Tierra Amarilla, ¿cómo Sonami recibe esta noticia?
Tanto la Sociedad Nacional de Minería como las empresas de pequeña, mediana y gran minería, tienen una alta preocupación por el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Entendemos la preocupación de la comunidad y de las autoridades ambientales así como la aplicación por estas últimas medidas y la aplicación de estas últimas medidas preventivas a través de Planes de Descontaminación. Las mismas afectadas, así como los futuros proyectos mineros adoptarán las acciones pertinentes para cumplir con dichas exigencias.

En lo inmediato, ¿cuál es el impacto y en el mediano plazo, cuáles las implicancias de esta medida para la pequeña y mediana minería de la zona?
La pequeña minería es fuerte en la Región de Atacama y trabaja casi totalmente en minería subterránea, por lo que su impacto en los niveles de material particulado es despreciable. Algo similar ocurre con la mediana minería, donde las principales empresas tienen explotación subterránea, incluso con planta de chancado primario interior mina, y en las plantas de beneficio ya se están tomando las medidas para controlar la emisión de material particulado.

¿Qué recomendaría a estas empresas mineras en este escenario, y/o cuando se comience a aplicar el Plan de Descontaminación en dichas comunas?
Las empresas mineras ya están haciendo los esfuerzos para controlar la emisión de material particulado y no dudamos en que, en forma proactiva como ha sido su gestión, continuarán realizando los esfuerzos para seguir mejorando la calidad del medioambiente y cumplir la normativa correspondiente.

El impacto que tendría en la actividad minera la declaración de Zona Saturada de Copiapó y Tierra Amarilla

Chile

En estudio quedó reclamación por aprobación ambiental de proyecto minero Playa Verde de Chañaral

Esta reclamación, presentada por un vecino de la comuna, tiene relación con un proyecto que pretende recuperar mineral de las arenas de la playa grande de la ciudad y que fue aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental.
Negocios e industria
13/09/2021
Minería Chilena
Luego de escuchar los alegatos en contra y a favor de la calificación ambiental favorable del proyecto minero “Playa Verde” de Chañaral, los ministros del Primer Tribunal Ambiental decidieron dejar la causa “en estudio”, a fin de recabar mayores antecedentes antes de determinar si se acoge o rechaza la reclamación presentada.

Esta reclamación, presentada por el vecino de la comuna de Chañaral, Manuel Cortés Alfaro, tiene relación con un proyecto que pretende recuperar mineral de las arenas de la playa grande de la ciudad y que fue aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Sin embargo, para el reclamante, el SEA a la hora de calificar ambientalmente favorable el proyecto no consideró todos los impactos ambientales que podría generar, ni las observaciones ciudadanas planteadas durante el proceso.
Argumentos de las partes

En la audiencia, los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Fabrizio Queirolo y Juan Opazo, escucharon los alegatos de la abogada reclamante Gabriela Burdiles Perucci, y de la litigante del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quienes entregaron sus fundamentos respecto a la determinación del Comité de Ministros en orden a retrotraer la evaluación del proyecto y a las controversias por la no consideración de observaciones ciudadanas respecto a la falta de antecedentes sobre afectaciones que podrían generar las faenas al medio marino, su cercanía con el Parque Nacional Pan de Azúcar y en especial, con el sitio prioritario Quebrada de Peralillo.

Para la abogada Burdiles lo primero que se debe considerar es el contexto y lugar donde se quiere localizar el proyecto “a 3 kilómetros del centro de Chañaral en una de las zonas posiblemente más impactadas social y ambientalmente en la historia de Chile, en un lugar donde se han depositado alrededor de 350 millones de toneladas de residuos de relaves mineros a partir del año ´30”.

Sobre las controversias, la abogada Burdiles se refirió en primer lugar a las observaciones ciudadanas y explicó que se formularon 11 en la reclamación administrativa, de las cuales no hubo una consideración debida. “La información que se ordena incorporar es muy relevante y no puede ser subsanada a través de nuevas rectificaciones, explicaciones, respecto a información que ya existe en el proceso”, argumentó Gabriela Burdiles.

Lo anterior, porque las observaciones tienen que ver con la falta de antecedentes en los posibles efectos en el riesgo a la población local por el depósito de relaves después de un procedimiento metalúrgico; la falta de antecedentes que permitan descartar efectos del dragado en el acuífero y la incorporación del medio marino que no se incorpora en el área de influencia, ni en la línea base y, por último, la existencia de un sitio prioritario de conservación y su valor ambiental. “Lo que se constata es que hay una falta de información relevante y esencial”, afirmó la litigante.

Uno de los fundamentos que tienen relación con la línea base es la observación efectuada por Conaf, organismo que durante la evaluación del proyecto se manifiesta por la exclusión del medio marino.

En tanto, la abogada del SEA, Estefani Sáez Cuevas, explicó que la reclamación administrativa que se impugnó fue acogida parcialmente por el Comité de Ministros ya que se estableció que las observaciones ciudadanas relativas al impacto sobre la salud de la población, componente hídrico, posible impacto al medio marino y la existencia de un sitio prioritario no habrían sido debidamente consideradas.

Sin embargo, a pesar de que la abogada Sáez asegura que dicho comité determinó la existencia de vicios en la evaluación ambiental, asegura que sus amplias facultades dan pie a que pueda solicitar nuevos antecedentes a través de una adenda.

“Si uno revisa las observaciones ciudadanas respecto a las cuales se reclamó su indebida consideración, no existe ninguna referencia a que el EIA carezca de información relevante o esencial o tampoco existen solicitudes de un término anticipado de evaluación”, enfatiza la litigante del SEA.

También, Sáez Cuevas indica que no se verificaron requisitos para poner término anticipado al proyecto por falta de información relevante o esencial y que no cabe rechazar el proyecto.

Además, se refirió al fondo de la controversia, particularmente en lo referido a los impactos ambientales y asegura que pueden ser subsanados a través de la entrega que debe efectuar la empresa, de nueva información.
Playa Verde

Es un proyecto que se emplazará en la comuna de Chañaral, Región de Atacama, aproximadamente a 3 kilómetros del centro de la ciudad.

La planta metalúrgica se proyecta al Este de playa grande, a 2,5 kilómetros al norte de Chañaral, cercana a la ruta que conecta Chañaral con el Parque Nacional Pan de Azúcar, a 923 metros del Sitio Prioritario Quebrada de Peralillo y a 10 kilómetros del parque.

Tiene como objeto producir cobre fino y contempla tres fases: construcción, operación y cierre.

En estudio quedó reclamación por aprobación ambiental de proyecto minero Playa Verde de Chañaral

Chile

Científicos chilenos publican en revista Science dura crítica por aprobación de Dominga:

“O continuamos hipotecando nuestra biodiversidad o nos adaptamos hacia un futuro más verde”
El Mostrador 11/09/2021
Un grupo de catorce expertos firmó la carta donde critican la decisión de la Comisión Ambiental de Coquimbo del pasado 11 de agosto, de aprobar el proyecto minero-portuario Dominga. En la misiva enfatizan los impactos enormes e irreversibles que tendría la realización de la mina en la comuna de Higuera. Además hicieron una dura crítica a las políticas medioambientales vigentes que han demostrado tener consecuencias en la biodiversidad y en las comunidades.

El 11 de agosto de este año la Comisión Ambiental de Coquimbo aprobó el polémico proyecto minero-portuario Dominga de la empresa Andes Iron y distintas organizaciones y grupos científicos han mostrado su descontento ante el fallo. Entre ellos, un grupo de catorce expertos en zoología, gestión de recursos naturales y biología marina publicaron una carta en la destacada revista estadounidense Science, criticando la decisión de la comisión y las políticas ambientales que existen actualmente.

La carta se centra en el impacto que tendría el proyecto en el ecosistema del archipiélago de Humboldt, donde enfatizan que la realización de Dominga “causará impactos enormes e irreversibles tanto en tierra como en el mar a un ecosistema reconocido globalmente como un ‘hope spot’ de biodiversidad».

Además detallan que hay alrededor de 25 especies de aves marinas que se alimentan en el archipiélago, que hay mamíferos marinos como el chungungo y el delfín nariz de botella y 11 especies de cetáceos.

“La infraestructura portuaria, el riesgo de derrames de petróleo, la contaminación acústica y lumínica y el aumento del tránsito marítimo amenazará directamente a las aves marinas y a los cetáceos”, detalla la misiva.

Los científicos añaden que “la mina también comprometerá el hábitat de especies de cactus que se encuentran en peligro y poblaciones de aves, reptiles, escorpiones e insectos”.
Políticas extractivistas

Otro aspecto que recalcan los autores de la carta son las políticas medioambientales que existen actualmente en el país y plantean que Chile debería hacer un cambio en acciones para mitigar el cambio climático, debido a las alarmas que han expresado científicos e informes internacionales sobre el calentamiento global.

“Las políticas extractivistas en Chile tienen una larga historia a pesar de las evidentes consecuencias desastrosas para el medio ambiente, las comunidades y los derechos humanos. En línea con el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para mitigar el cambio climático, Chile debería implementar políticas medioambientales más limpias y socioeconómicas que permitan preservar la riqueza y la composición de especies del ecosistema del archipiélago de Humboldt”.

Finalmente, los autores manifestaron: “O continuamos en la senda del extractivismo, hipotecando nuestra biodiversidad o nos adaptamos hacia un futuro más verde, promoviendo una economía sustentable que balancee el progreso con la imperiosa necesidad de justicia ambiental.

Los autores que firmaron la carta son Mauricio A. Urbina, Pablo C. Guerrero, Viviane Jerez, Fulgencio Lisón, Guillermo Luna-Jorquera, Camilo Matus-Olivares, Juan C. Ortiz, Guido Pavez, María J. Pérez-Alvarez, Ramiro Riquelme-Bugueño, Macarena Santos-Carvallo, Maritza Sepúlveda, Pedro F. Victoriano y Daniel Gomez-Uchida.

Son parte el Departamento de Zoología y al Departamento de Botánica, de la Universidad de Concepción, al Núcleo Milenio Salmónidos Invasores, Núcleo Milenio Ecología Manejo Sustentable Islas Oceánicas de la Universidad Católica del Norte, Departamento de Ciencias Forestales y Medioambiente de la Universidad de La Frontera, el Centro de Investigación y Gestión de Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso, Centro de Investigación Eutropia y la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor.

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Chile

La batalla por Dominga sigue librándose en tribunales: INDH presenta informe en derecho a la Corte Suprema

por El Mostrador 07/09/2021
La batalla por Dominga sigue librándose en tribunales: INDH presenta informe en derecho a la Corte Suprema

Crédito: ATON
Pese a que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo calificó favorablemente el proyecto, en agosto pasado, en un vuelco que motivó duras críticas del mundo político y ambientalista, la iniciativa sigue su curso en la justicia. Existen 5 recursos de casación de las comunidades, que se encuentran en fase de admisibilidad, y en ese contexto el INDH elaboró un informe en derecho o Amicus Curiae, el cual se enfoca en los alcances del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y los deberes del Estado relativos a dicha obligación; Empresas y Derechos Humanos; Consulta indígena y Estándares sobre tierras y territorios indígenas.

La batalla en tribunales por el Proyecto Minero Portuario Dominga sumó una nueva arista luego que el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) decidiera entregar un informe en derecho, Amicus Curiae, ante la Corte Suprema, en la causa sobre recursos de casaciones en el polémico proyecto de la empresa Andes Iron, controlada por la familia Délano.

Para el INDH existen varios aspectos de protección a los derechos humanos involucrados en esta decisión, no solo la conservación del medio ambiente. La presentación del escrito Amicus Curiae busca entregar la opinión jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la causa, para que el máximo tribunal lo considere en su resolución, en caso de que los considere pertinentes, señala el organismo.

«La presentación tiene por objetivo ilustrar los alcances del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y los deberes del Estado relativos a dicha obligación; Empresas y DDHH; consulta indígena y los estándares sobre tierras y territorios indígenas, para que este Excelentísimo Tribunal lo considere en su resolución», expresa el documento.

Por ejemplo, en cuanto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el escrito del INDH recuerda la misma jurisprudencia sentada por la Corte Suprema, en fallos donde plantea que es “un derecho que no tiene una naturaleza meramente individual, sino también colectiva, debiendo incluso considerarse las afectaciones a las generaciones futuras”.

Además, el documento precisa que “en materia medio ambiental no solo es importante el rol del Estado y las empresas de su propiedad, sino también el que juegan actores no estatales, como las empresas privadas”, pero advierte que “una deficiente evaluación ambiental, eventualmente generará lagunas en el acto regulatorio –en este caso la RCA–, lo que a su vez repercutirá en la inobservancia de los derechos humanos de las comunidades aledañas, presentes en el área de influencia”.

Y en materia de consulta indígena, el informe plantea que «corresponde al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, no obstante la plena vigencia del derecho de consulta, establecer mecanismos institucionalizados que permitan garantizar un procedimiento adecuado que dé plena certeza a los pueblos concernidos bajo los principios desarrollados por el derecho internacional de derechos humanos. Estos procedimientos deben ser establecidos previa consulta con los pueblos indígenas, disponiéndose de un clima adecuado que genere confianzas entre los interlocutores».

Dominga, de Andes Iron SpA, es un proyecto minero valorado en US$2.500 millones, diseñado para producir hierro y secundariamente concentrado de cobre, el que que ingresó a evaluarse ambientalmente el 13 de septiembre de 2013 bajo el formato de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Sus obras o acciones se encuentran proyectadas en las comunas de La Higuera, La Serena y Coquimbo.

Su Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ha sido compleja, con aprobaciones y rechazos. En agosto pasado, en nueva votación, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo calificó favorablemente el proyecto, en un vuelco que motivó duras críticas del mundo político y ambientalista.

En este contexto, existen cinco recursos de casación de las comunidades y que se encuentra en fase de admisibilidad. Es en esta causa en la que el INDH presenta su informe en derecho o Amicus Curiae.
Compleja tramitación

El año 2017, la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo calificó desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Dominga. Frente a esta decisión, la empresa Andes Iron SpA recurrió al Comité de Ministros.

El Comité de Ministros –integrado por los ministros de Minería, Agricultura, Energía, Economía, Salud y presidido por Medio Ambiente–, revisó las reclamaciones al proyecto, resolviendo rechazar la del titular –la empresa Andes Iron–, y acoger parcialmente los recursos de reclamación de participación ciudadana, por considerar que las medidas de mitigación, compensación y reparación no son apropiadas para hacerse cargo de los impactos significativos del proyecto.

En diciembre de ese mismo año, Andes Iron SpA entabla un recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, alegando que el rechazo de Dominga habría sido ilegal.

Luego, en abril de 2021, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta resolvió acoger la reclamación judicial interpuesta por la empresa Andes Iron en contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el rechazo del proyecto minero Dominga (R-1-2017).

La sentencia anuló la resolución del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo, que calificó de manera desfavorable el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto y ordenó retrotraerlo a la etapa de votación. Sin embargo, el miércoles 11 de agosto de 2021, en una nueva votación, la Coeva calificó favorablemente, por 11 votos a favor y 1 en contra, el proyecto.

Revisa el informe en derecho aquí: https://media.elmostrador.cl/2021/09/Amicus-Curiae-INDH_Proyecto-Minero-Portuario-Dominga.pdf

Chile

Gobierno declara Zona Saturada a Copiapó y Tierra Amarilla

Con este anuncio se procederá a la elaboración de un plan de descontaminación que establecerá las medidas y acciones que permitan reducir las emisiones en el área.
07/09/2021
Minería Chilena
La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció la declaración de Zona Saturada a la zona de Copiapó y Tierra Amarilla, la que se realizó a partir del Informe Técnico de Cumplimiento de Normas de Calidad del Aire por MP10, Plomo y SO2, de la red de Calidad del Aire.

El Ministerio, junto a la Superintendencia del Medio Ambiente, han llevado adelante este proceso que permite declarar la zona Saturada por Material Particulado Respirable MP10 en concentración diaria (24 horas) y anual al sector.

“Esta declaración de zona saturada de Copiapó y Tierra Amarilla por material particulado es una noticia importante para la comunidad que tenía este anhelo por más de una década ya que permite desarrollar e implementar un plan de descontaminación que garantizará la calidad del aire y la salud de los habitantes. La minería responsable sí es compatible con una buena calidad del aire si se toman medidas para el control del material particulado, lo que las nuevas tecnologías hoy lo permiten. Así lo hemos visto en todas las zonas mineras donde a través de planes se han implementado estas medidas y así será también para esta zona que podrá contar con un desarrollo minero sustentable y un aire limpio”, afirmó la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Por su parte, el delegado presidencial Patricio Urquieta señaló que “el propósito de esta declaración es poder lograr la elaboración de un plan de descontaminación que permita reducir los niveles de material particulado en las comunas. Estamos cumpliendo con una de las gestiones más importantes en materia medioambiental a nivel regional que contribuyen con ese anhelo de la comunidad de poder vivir en un ambiente libre de contaminación y, naturalmente, pidiéndole a todas las actividades productivas que cumplan con un nuevo estándar que se adapte a las nuevas exigencias convenidas a nivel internacional y nacional, que puedan armonizar todos los pilares de la sustentabilidad a fin de que podamos tener desarrollo económico, social, pero también resguardo medioambiental”.
Plan de Descontaminación

Posterior a la declaración de Zona Saturada se procede a la elaboración de un Plan de Descontaminación, el cual permite definir e implementar medidas y acciones específicas para reducir las emisiones en la zona con la finalidad recuperar los niveles señalados en las normas primarias de Material Particulado respirable MP10.

En los próximos días deberá ser publicado en el Diario Oficial el decreto supremo que declara zona saturada, con lo que el Ministerio del Medio Ambiente tendrá un plazo de 90 días para emitir la resolución de inicio de elaboración del Anteproyecto del Plan de Descontaminación respectivo.

El plazo máximo para la elaboración del Anteproyecto corresponde a un año, luego se realiza la consulta pública, donde la comunidad podrá conocer, revisar y hacer observaciones al contenido del Anteproyecto del Plan de Descontaminación. Y finalmente, terminada la consulta pública, se elabora el proyecto definitivo del Plan de Descontaminación el cual, al ser publicado en el Diario Oficial, comienza a implementarse.

Una vez que entre en vigencia el Plan, las medidas establecidas en él, permitirán la reducción de la concentración de MP10, y en consecuencia recuperar los niveles de calidad del aire, permitiendo el mejoramiento en la calidad de vida respecto a las condiciones ambientales en ambas ciudades.

Por su parte, Mario Maturana, integrante del Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente, en representación de la ONG Atacama Limpia dijo que “indudablemente esta declaración que está haciendo el Gobierno es una tremenda noticia porque nos permite precisar mejor la tarea que hace el Consejo Consultivo que es una instancia de participación ciudadana permanente. El hecho de que se haga esta declaración y haya un plan de descontaminación para las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla es un gran avance en la tarea que tiene la Región de Atacama de mejorar la situación medioambiental”.

Finalmente, el seremi de Medio Ambiente, Guillermo Ready, expresó que “el Plan de Descontaminación para reducir el MP10, es una medida largamente esperada por la comunidad, por lo que como gobierno nos estamos haciendo cargo de problemáticas medio ambientales históricas de la región, cumpliendo el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sustentable para Atacama”.

Gobierno declara Zona Saturada a Copiapó y Tierra Amarilla

Chile

[+VIDEO] Los cuestionamientos de los senadores de la Comisión de Medio Ambiente a la aprobación del proyecto Dominga

La instancia especializada continuó el análisis del proyecto minero-portuario y prosiguió las audiencias con la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente y de la ONG Defensoría Animal.
06/09/2021
Minería Chilena
Sumándose a la preocupación de numerosos científicos, académicos e instituciones asociadas al medioambiente, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado manifestaron la necesidad de advertir las consecuencias en el ecosistema que generaría el proyecto minero portuario Dominga, en la Región de Coquimbo; al tiempo que algunos senadores mencionaron otros desarrollos similares en la región, tales como Puerto Cruz Grande, que se encuentran en operaciones.
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En la última sesión de esta instancia, los congresistas conocieron la opinión de los representantes de la Federación de Trabajadores de Medio Ambiente y de la ONG Defensoría Ambiental, las que se complementan a la intervención realizada previamente por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Cuestionamientos

En sesiones anteriores los senadores Guido Girardi, Ximena Órdenes y Rabindranath Quinteros, presidentes de las comisiones de Salud, Medio Ambiente y de Pesca, respectivamente; más la senadora Adriana Muñoz –representante de la Región de Coquimbo- anunciaron que presentarán un recurso de protección contra el proyecto y pedirán que se declare esa zona como Área Marina Protegida.

En esa línea, la instancia de Medio Ambiente escuchó al presidente de la Federación de Trabajadores de Medio Ambiente, Francisco Cabrera, quien describió el proceso de evaluación del proyecto desde 2013 a la fecha, reconociendo que “creemos que se vulneró la opinión técnica de nosotros como funcionarios y solo prevaleció una opinión política. Nos referimos a un tema tanto del gobierno de la presidenta Bachelet como Piñera”.

“Ya en 2017 nosotros emitimos una carta donde hacíamos ver que el proyecto no contaba con los antecedentes necesarios para ser aprobados, por ejemplo respecto a las medidas de mitigación ambiental y de transportes (…) Los antecedentes que hoy se usan para aprobarlo, son los mismos que se usaron para rechazarlo”, aseguró.

Luego la directora ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso enfatizó que “Dominga genera una serie de impactos que no son compatibles con el territorio donde se emplazará, hablamos en tierra en la mina sobre la parte más austral del desierto florido como en el puerto, que se emplaza la reserva nacional de Pingüino de Humboldt”.

“Dominga vulnera la separación de poderes del Estado porque es deber del Poder Judicial revisar la legalidad de los procesos y eso acá no ocurre. La administración lo que hace es ir en contra de lo que dirá la Corte cuando recoja los cuatro recursos de casación presentados. Hablamos además de calificaciones contradictorias (un rechazo inicial y ahora una aprobación) Vemos que se atenta contra el Estado de Derecho”, insistió.

En la sesión, la presidenta de la instancia, la senadora Ximena Órdenes recordó que “hemos expresado nuestra preocupación como Comisión y por eso vamos a presentar un recurso de protección porque esta aprobación la consideramos una acción arbitraria. Esto explica el rechazo transversal”.

Luego, la senadora Isabel Allende reconoció que “los vicios de este proyecto vienen desde el origen. Es muy tremendo que se esté pasando a llevar la institucionalidad medioambiental que tanto nos ha costado levantar. Siempre se ha demostrado que la línea de base es insuficiente y el desequilibrio que genera el proyecto”.

Finalmente, el senador Rafael Prohens reflexionó indicando que “en 2015 se aprobó en esa misma zona el proyecto Puerto Cruz Grande, ahí pasan seis barcos al mes. Me llama la atención que en ese caso no se haya dicho nada y ahora se cuestiona Dominga que es muy similar y donde pasarán cuatro barcos al mes. En la región hay muchas miradas distintas. Ojo que no estoy defendiendo Dominga sino haciendo ver hechos objetivos”.
VIDEO https://youtu.be/VgMjhpHnpwc

[+VIDEO] Los cuestionamientos de los senadores de la Comisión de Medio Ambiente a la aprobación del proyecto Dominga 

Chile

Comunidad Aymara de Umirpa gana recurso de protección contra empresa canadiense Andex Minerals

03/09/Chile
Se determinó que los trabajos realizados por Andex Minerals han dañado la flora como la Llareta y Queñua y fauna protegida del sector, la minera también ha tomado agua de la vertiente “Ventanane” para sus faenas, afectando también sitios arqueológicos y provocando contaminación acústica.

El pasado martes 31 de agosto, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por la Comunidad Aymara de Umirpa contra la minera canadiense Andex Minerals Spa y determinó el cese de los trabajos de exploración que ha estado realizando desde el 2018 en el cerro sagrado Anocarire, ubicado en la comuna de Camarones, en la región de Arica y Parinacota.

El cerro Anocarire forma parte del Área de Desarrollo Indígena y colinda con la Reserva Natural “Las Vicuñas”, y a pesar de estar en territorio indígena, la minera canadiense no ha realizado ninguna consulta a las comunidades, vulnerando así los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT, y del Decreto Supremo N° 66, del Ministerio de Desarrollo Social del año 2014.

La Corte Suprema determinó vulneración de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 6, 8, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución de la República, según cita el fallo.

Asimismo, se determinó que los trabajos realizados por Andex Minerals han dañado la flora como la Llareta y Queñua y fauna protegida del sector, la minera también ha tomado agua de la vertiente “Ventanane” para sus faenas, afectando también sitios arqueológicos y provocando contaminación acústica.

Para la presidenta de la Comunidad Indígena Aymara de Umirpa Marcela Gómez, “este es un fallo muy importante para la comunidad porque reivindica el derecho de que nosotros somos pueblos somos nación y estamos vivos”. Asimismo, señaló la importancia de seguir trabajando en defensa del territorio.

“Con Andex Minerals fue todo sorpresa, nunca hubo una vinculación con la comunidad. Nosotros, como siempre, vamos al Cerro a hacer nuestros rituales y uno de esos días – año 2018 – encontramos que estaban sacando agua de la vertiente Ventanane, ahí empezó la defensa”, recuerda Gómez también Consejera del Área de Desarrollo Alto Andino de Arica y Parinacota.

El proyecto de exploración inició con 6 sondajes, sin embargo, hasta la fecha la minera ya lleva 21 de estos trabajos, denunció Marcela Gómez.

Por su parte, Juan Jofré, integrante del Colectivo de estudios sobre conflictos socio-ambientales Willa Pacha alertó sobre el avance de las iniciativas extractivistas en territorio indígena en el contexto de pandemia.

“El Estado de Chile se ha negado a escuchar a la Comisión Interamericana de los DDHH en la cual se ha recomendado que se abstenga de dar pie a estas iniciativas extractivistas en territorio indígena, esto por la dificultad que tiene las comunidades en reunirse y hacer las consultas.”

“Que estos proyectos sigan avanzando en este contexto de pandemia nos da cuenta de un atropello que realiza el Estado de Chile a las comunidades”, puntualizó Jofré.
Fuente: diarioUchile

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