Chile

Balance Medioambiente 2021: Cobre es el sector que más electricidad consume en el país

Así lo señala el reporte del Ministerio del ramo, donde también se da a conocer la evolución de la oferta total de energía primaria y la participación de las energías renovables en el consumo final total de energía.
18/01/2022
Minería Chilena
El consumo de energía final en Chile llegó a 2019 a 301.629 teracalorías, donde el sector industrial y minero se llevan el 38%, seguido por el transporte, con 37%, según indica el Sexto Reporte del Estado del Medio Ambiente, publicado por el Ministerio del ramo, en que se dan a conocer 130 indicadores de desempeño ambiental.
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La minería del cobre es una de las principales demandantes energética del país, llevándose por sí sola el 13,7%, siendo también el sector productivo más electrificado, pues cerca del 60% de su consumo es con energía eléctrica, seguida de petróleo diésel, gas natural y petróleo combustible.

Otros sectores que tienen el segundo mayor consumo eléctrico para sus procesos productivos, con alrededor del 40% son industrias varias y el sector energético de auto consumo. Después viene el sector comercial, público y residencial y el de papel y celulosa.
Energía

El balance del Ministerio también aborda la participación de las energías renovables en el consumo final de energía, señalando que se ha mantenido estable desde 2010: «La proporción de energías renovables en el consumo final total alcanza su mayor valor el año 2014, representando un 23,2% del consumo final total. Luego, se observa un decaimiento para los años 2015 y 2016, para posteriormente el 2017 y 2018 experimentar un alza, alcanzando un 22,2% y 23% . El año 2019, el porcentaje de participación equivale a 22,2% donde los tipos energéticos predominantes son biomasa (13%) y energía hídrica (1,8%)».

Además, el documento indica que la oferta total de energía primaria en 2019 llegó a 345.647 Teracalorías (TCal), cifra encabezada por el petróleo y sus derivados, seguida por la biomasa y el carbón.

«Por otro lado, la energía eólica y solar presentan un incremento desde el 2013, en el cual se ofertó 333 TCal a partir de energía eólica, y 5 TCal de energía solar, mientras que para el 2019 la energía eólica cuenta con 4.210 TCal y la energía solar con 5.519 TCal, sin embargo, la participación de estas energías en la oferta total es solo de un 3% al 2019», se precisa.

Balance Medioambiente 2021: Cobre es el sector que más electricidad consume en el país

Chile, Litio

La discusión olvidada del litio: informe describe los problemas que SQM ha causado al pueblo lickanantay

Joaquín Riffo B.18/01/2022
Protestas de las comunidades lickanantay en el contexto de la firma de acuerdos CORFO-SQM, enero 2018
INTERFERENCIA conversó con Marcel Dieder, abogado del Observatorio Ciudadano, quienes evacuaron un estudio que da cuenta de cómo la explotación del litio -en este caso de una empresa que no ganó la reciente licitación- afecta los derechos de los pueblos indígenas aledaños a los salares.

Tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó de suspender el proceso de licitación del litio tras dos recursos presentados, tanto por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, como por integrantes de diversos pueblos originarios, la discusión pública sobre el proceso que llevó a cabo el gobierno también está considerando otros elementos que no fueron tenidos en cuenta en un primer término por los distintos actores que se enfrentaron en ella.

En particular se trata de los efectos que esta industria sobre pueblos indígenas. En cuanto al segundo recurso presentado, este fue presentado el 12 de enero “en favor de la comunidad Colla Pai Ote y en favor de todas aquellas personas y comunidades indígenas que habitan los territorios en cuestión” y plantea que “esta licitación, tal como está diseñada, afectará a las personas en cuyo favor se recurre, pues la licitación no tiene límite geográfico dentro del territorio de Chile, y por ende, puede ser invocada en cualquier territorio donde exista litio, sean los salares de Atacama (Atacama), Maricunga (Copiapó), Coipasa, Salar del Huasco (Tarapacá), u otros”, donde se hace alusión a que en el proceso se vulneró el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, “por no haberse completado la consulta indígena a que obliga el derecho nacional e internacional, de acuerdo al petitorio”. De tal modo, los argumentos van más allá sobre la mera temporalidad del concurso o quiénes pudiesen resultar ganadores.

El trabajo tuvo por objeto realizar una identificación y evaluación de los impactos que la empresa SQM ha generado en los derechos humanos del pueblo lickanantay o atacameño que habita en la Provincia del Loa, en la región de Antofagasta.
En efecto, la acción legal presentada por Ariel León Bacián, de los pueblos aymará-quechua; Nancy Piñones, del pueblo aymará; Verónica Henríquez, del pueblo mapuche; Esteban Araya, del pueblo lickanantay o atacameño; Rafael Tuki, del pueblo rapa nui; y Ercilla Araya, presidenta de la comunidad indígena colla Pai Ote, encuentra un correlato cercano en la “Evaluación de Impactos en Derechos Humanos de SQM en los Derechos del Pueblo Indígena Lickanantay” (ver la publicación completa aquí), un estudio de febrero de 2021 y presentado en agosto de ese año en donde se evidencia cómo la compañía chilena ha afectado los derechos del pueblo atacameño en su ejercicio de explotación del litio.

INTERFERENCIA se comunicó con uno de los autores, el abogado Marcel Diedier del Observatorio Ciudadano para conocer más detalles de cómo se ve en perspectiva la publicación a la luz del concurso público que se ha tomado la agenda durante las últimas semanas. Esto, pese a que SQM no ganó este concurso, pero cuyo actuar sirve de proxy de la industria.

La publicación fue financiada por la Fundación Heinrich Böll Cono Sur y contó con el apoyo del Consejo de Pueblos Atacameños, organización que agrupa a las comunidades lickanantay o atacameñas de Atacama la Alta, donde se encuentra el Salar de Atacama donde SQM desarrolla sus operaciones, así como con el involucramiento de las comunidades del Salar que integran este pueblo.

Sin consulta indígena y en plena escasez hídrica

Según su propia definición, el trabajo tuvo por objeto realizar una identificación y evaluación de los impactos que la empresa SQM ha generado en los derechos humanos del pueblo lickanantay o atacameño que habita en la Provincia del Loa, en la Región de Antofagasta.

Para su realización se utilizó como referencia la guía metodológica Todo Derecho para evaluaciones de impacto en los derechos humanos basadas en la comunidad, que ha sido elaborada por OXFAM y la Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH en 2011 y utilizada desde entonces por muchas comunidades afectadas en sus derechos por empresas en todo el mundo.

Se trata de una metodología que busca proveer de herramientas a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil para medir el impacto real o potencial de un proyecto de inversión sobre los derechos humanos.

En conversación con este medio, Dieder explicó que “hemos hecho dos publicaciones en territorio lickanantay, que son las evaluaciones de impacto en derechos humanos. Nosotros hicimos una en lo que se denomina el “triángulo del litio” entonces indagamos qué empresas trabajan en Argentina, Bolivia y Chile, y cuáles han sido las comunidades que han sido impactadas. En el caso de suelo chileno, en particular el trabajo se hizo en base a las dos principales empresas que explotan el mineral en suelo chileno que son Albemarle y SQM. Pero además, el documento desarrolla las responsabilidades en primer parte del Estado de Chile pero también otros países involucrados que tienen inversiones en empresas de litio como China y Canadá”.

SQM proyecta para los próximos años la ampliación de su planta de carbonato en el Salar de Atacama para producir 180.000 toneladas por año por USD $450 millones. Lo anterior, además de ampliar sus operaciones en el Salar del Carmen con una inversión de USD $180 millones.
Según el estudio, la realización de este trabajo estuvo motivada por las múltiples denuncias que durante los últimos años han venido formulando tanto el Consejo de Pueblos Atacameños como las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama por las que consideran como graves afectaciones por parte de esta empresa a los derechos que les han sido reconocidos a los pueblos indígenas tanto en el derecho nacional como internacional.

Tales denuncias adquieren mayor gravedad teniendo presente que el 2018 Corfo celebró con SQM nuevos contratos que le permitirán seguir desarrollando sus operaciones en el Salar de Atacama hasta el año 2030, aumentando significativamente el volumen de extracciones de litio y, por lo mismo, sus impactos en las comunidades atacameñas aledañas y en el ecosistema de dicho Salar.

A ello se suma el hecho de que SQM proyecta para los próximos años la ampliación de su planta de carbonato en el Salar de Atacama para producir 180.000 toneladas por año por USD $450 millones. Lo anterior, además de ampliar sus operaciones en el Salar del Carmen con una inversión de USD $180 millones, según informó Cochilco.

Consultado sobre si en su percepción ha quedado fuera de la discusión pública sobre la licitación el impacto que tiene la industria del litio en las comunidades, en el entendido de que la conversación se ha centrado más sobre el recurso y su adjudicación, Dieder opina que “lo que ha faltado en el discurso es mencionar a los afectados. He escuchado hablar de comunidades, pero ni siquiera al pueblo lickanantay, entonces eso es bastante grave. Uno está escuchando sobre si lo explota una empresa pública o una privada, si hay una Empresa Nacional del Litio o no, pero en ningún momento se hace mención a la participación de las comunidades que dentro de sus territorios se están viendo afectados”.

En esa línea, el abogado describió que “entre las cosas que me ha llamado la atención en el discurso de las distintas fuerzas políticas es cómo la oposición le impugna al actual gobierno de que esto se hizo rápidamente e incluso han presentado recursos de protección que han resultado inadmisibles. Y en ese sentido, para mí es inadmisible que la oposición no considere que esto viene desde marzo de 2021, con un hito en junio del año pasado y la licitación la conocemos como tal en octubre. El Consejo de Pueblos Atacameños también interpuso un recurso de protección pero dentro del plazo porque estaban pendientes de lo que ocurre en su territorio, entonces llama la atención que los bloques del Congreso realicen estas acciones a último momento cuando esto se pudo haber frenado con mucha anterioridad y no la última semana”.

En cuanto a la afectación del territorio por las empresas SQM y Albemarle, que fueron consideradas en el estudio, y el hecho de que ambas hayan quedado fuera de los beneficiados que anunció el gobierno en su momento, Dieder explicó que “hay una falta de consulta de todas las empresas que están trabajando hoy en el Salar de Atacama. No hay ningún proyecto que haya sido sometido a la consulta indígena. Eso es un asunto también bastante grave por el impacto que se genera porque tanto Albemarle como SQM se encuentran dentro de las empresas que producen más litio a nivel mundial, entonces es increíble que compañías de esa envergadura, que obviamente tienen que cumplir con determinados estándares a nivel internacional para poder operar, no cumplan ni siquiera con la consulta indígena”.

“Uno está escuchando sobre si lo explota una empresa pública o una privada, si hay una Empresa Nacional del Litio o no, pero en ningún momento se hace mención a la participación de las comunidades que dentro de sus territorios se están viendo afectados”
Así, según el jurista, “desde las empresas, uno podría escuchar que esto entró en vigencia de forma posterior, en relación a la vigencia del Convenio 169, pero bien sabemos que los últimos convenios han sido cuando el 169 ya estaba en vigencia, lo que da cuenta de los derechos que están siendo afectados”.

A juicio de uno de los autores del informe “acá uno de los temas más importantes es el agua. En la ley indígena también hay una regulación particular al respecto en los artículos 63 y 64 que establece una especial protección de las aguas que les pertenecen a los pueblos del norte de Chile. En un contexto de escasez, esta explotación que han tenido SQM y Albemarle que durante décadas extrajeron litio sin que hubiese una fiscalización, cuando no existía una institucionalidad ambiental como la que existe actualmente. Recién en 2010 con distintas leyes y la creación de algunas instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental recién se iniciaron las primeras fiscalizaciones a todo tipo de empresa. Y cuando se fiscaliza a SQM, la autoridad administrativa se da cuenta que está incumpliendo su RCA para producir y explotar litio, por lo que se inició un proceso sancionatorio. Y ahí se pudo dar cuenta que se extrajeron más cuotas de salmuera que lo que estaba concedido en el permiso, y ese es un proceso que se encuentra abierto”.

Didier sostiene que “los pueblos atacameños siempre han defendido que la extracción de salmuera es directamente la extracción de agua, que está combinada con determinadas sales y químicos. Y si a eso se le suma la extracción que han tenido SQM, Albemarle, Minera Escondida y Minera Zaldívar que son las cuatro que operan en el Salar de Atacama, juntan casi 4 mil litros de agua por segundo. Es decir, una cifra muy elevada para la escasez de agua que hay en el norte”.

Otro punto a abordar fue la incertidumbre que generó en las comunidades el hecho de que la licitación no especificara en qué lugar se iba a hacer la exploración y extracción de litio. Al respecto, el abogado manifestó que “estimo que el gobierno no hizo las consultas pertinentes porque cómo la licitación estaba abierta a todos los salares del norte de Chile se podrían ver eventualmente afectados distintos pueblos. Entonces era difícil determinar a quién había que consultar, pero obviamente esto deja en suspenso y en una situación de mucha incertidumbre a las comunidades que están en esos territorios respecto de lo que va a ocurrir. Inicialmente, cómo estaban estas 400 mil toneladas si uno va sacando la cuenta de la disponibilidad que tiene cada salar, inevitablemente se tendría que haber tocado el Salar de Atacama. Y si ya sabemos que está con un estrés hídrico, ahí está el peligro, y la posibilidad de que el salar sea explotado ahora por nuevas empresas”.
https://interferencia.cl/articulos/la-discusion-olvidada-del-litio-informe-describe-los-problemas-que-sqm-ha-causado-al

Chile, Litio

¿Un estado de bienestar hecho de litio y cobre?

Alejandra Mancilla 18/01/2022
Cuando los noruegos descubrieron petróleo costa afuera, a fines de los años sesenta del pasado siglo, lo usaron para construir uno de los estados de bienestar más generosos del mundo. Ante la demanda disparada de litio y cobre que se espera a nivel mundial en las próximas décadas, es tentador pensar que Chile podría hacer lo propio si el Estado aprovecha la riqueza derivada de estos. Sin embargo, hay importantes diferencias entre ambos casos. Más que a un estado de bienestar, quizás a lo que debiéramos aspirar en el siglo XXI es a un estado de “buen vivir”.

Lykkeland (Tierra de felicidad) es una popular serie del canal público noruego NRK que cuenta la historia de cómo, en pleno boom petrolero a nivel mundial, se descubrió unos de los mayores pozos de petróleo en el Mar del Norte en los años sesenta del pasado siglo, y de cómo los noruegos decidieron que este sería el motor principal de desarrollo y prosperidad a mediano y largo plazo.

Si fueron empresas privadas como Philips las que iniciaron la prospección y explotación, ya que contaban con la tecnología y el know-how, rápidamente el Estado noruego fundó su propia empresa, Statoil (hoy Equinor, de capitales mixtos), y comenzó a usar los ingresos del petróleo para financiar un estado de bienestar que está entre los más exitosos de Europa. En 1990, además, el Parlamento estableció el Fondo de Pensiones noruego con los excedentes de riqueza derivados de la extracción del mineral, constituidos principalmente por los impuestos a las empresas petroleras (¡78 por ciento!), pagos de licencias para exploración, y dividendos de la empresa estatal –que hoy cuenta con un 33 por ciento de participación de privados–.

A junio de 2021, el “Fondo del Petróleo” era uno de los más ricos del mundo, tanto que alcanzaba para repartirle unos 200 millones de pesos a cada ciudadano. Constituido solo con inversiones extranjeras, su objetivo es proteger a la economía de los cambios bruscos en los ingresos derivados del petróleo y ser una reserva financiera para las generaciones presentes y futuras –sobre todo considerando que los años dorados del oro negro ya pasaron, y que su extracción irá en descenso en las próximas décadas–. Como se resume en su página web, el fondo busca “asegurar que ocuparemos nuestro dinero de manera responsable, pensando a largo plazo, y que aseguraremos el futuro de la economía noruega”. Noruega se convirtió, en breve, en un estado de bienestar hecho de petróleo.

En su reporte de 2021, titulado “El rol de minerales críticos en las transiciones a energías limpias”, la Agencia Internacional de Energía estima que, si los países se esfuerzan por cumplir con el Acuerdo de París, la demanda de minerales necesarios para la construcción de energías limpias se cuadruplicará de aquí al 2040, principalmente para la construcción de vehículos y baterías eléctricas. La demanda de litio aumentará 40 veces según el reporte. Se estima que la construcción de nuevas líneas eléctricas, en tanto, hará aumentar la demanda de cobre a más del doble. Chile es el primer productor mundial de cobre y posee las mayores reservas a nivel mundial, mientras que es el segundo productor mundial de litio y cuenta con la mitad de las reservas mundiales. La pregunta obvia, entonces, es: ¿podría convertirse Chile en un estado de bienestar hecho de litio y cobre?

Desde 2007, Chile cuenta con un Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), formado a partir de los ingresos del cobre, cuyo fin es financiar déficits fiscales y amortizar la deuda pública. Desde 2006, además, existe el Fondo de Reserva de Pensiones, a través del cual el fisco financia las obligaciones previsionales hacia los más desposeídos. Fue a esos fondos soberanos a los que el Gobierno recurrió durante la pandemia, para financiar la ayuda social entregada a familias y pymes.

En un contexto donde el Presidente electo aspira a dar una mejor calidad de vida a toda la población –y debe buscar los medios para hacerlo–, y donde la Convención Constitucional tiene entre sus misiones fundamentales repensar el marco normativo para ciertos recursos naturales clave, es tentador pensar que las arcas fiscales podrían seguir llenándose y creciendo si, como país, trazamos una estrategia para la explotación del litio (y revisamos la del cobre) –así como Noruega trazó la suya para el petróleo–.

Hay, sin embargo, al menos tres diferencias importantes que no hacen fácil simplemente trasponer la experiencia escandinava a Chile. Estas diferencias, a mi juicio, deberían llevar a nuestro país por un camino propio en lo que se refiere a la explotación de minerales en su territorio.

En primer lugar, mientras el petróleo noruego se ubica costa afuera y su explotación no afecta directamente a poblaciones humanas, las externalidades negativas que genera la gran minería sobre las comunidades circundantes están bien documentadas. Estos costos tienen que tomarse en cuenta si el camino que se quiere seguir –como sugirió en una entrevista reciente el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet– es convertirse en el primer productor mundial de litio. La voz y el voto de quienes se ven más afectados por la industria debería ser así una consideración fundamental a la hora de normar su extracción (lo que han sugerido José Aylwin y Marcel Didier en una columna en este medio).

En segundo lugar, cuando Noruega comenzó a extraer petróleo en los años sesenta del siglo pasado, el cambio climático generado por el uso de combustibles fósiles no era tema aún, y los derrames de petróleo eran considerados daños colaterales, si bien con el tiempo las regulaciones ambientales fueron haciéndose más estrictas. En la actualidad, cuando ya no es posible escudarse en la ignorancia de sus efectos, unos de los temas de debate recurrente en ese país es si es éticamente aceptable seguir extrayendo petróleo y haciendo nuevas prospecciones. Algunos incluso han sugerido que se debiera compensar a quienes salen dañados por dicha extracción; por ejemplo, a los habitantes de países cuyas costas serán inundadas por el aumento en el nivel del mar, causado por el cambio climático antropogénico.

En el caso de las energías llamadas “limpias”, en cambio, ya sabemos que su “limpieza” se mide en término de emisiones directas de CO2, pero la evaluación se complica si se consideran los costos ambientales de extraer los materiales que se necesitan para producirlas. En el caso del cobre, el sobreúso de agua para los procesos de producción y la contaminación provocada por los relaves son solo dos ejemplos. En el caso del litio, este se encuentra en salares ubicados en las cercanías de parques nacionales. Extraerlo requiere perforar dichos salares y luego evaporar el agua contenida en la salmuera, lo que se hace en piscinas de evaporación de hasta un millón de metros cuadrados (el equivalente a unas 150 canchas de fútbol profesional). Otras tecnologías para extraerlo usan ácido clorhídrico e hidróxido de sodio (soda cáustica) y requieren reinyección de salmuera al salar. En suma, de minería verde, poco.

Por último, y conectado con los dos puntos anteriores, cabe preguntarse si el modelo de estado de bienestar noruego desarrollado a partir de la explotación de un recurso natural puede replicarse en el siglo XXI, y si es deseable de replicar. Mientras los estados de bienestar del siglo XX fueron de la mano de la Gran Aceleración económica posterior a la Segunda Guerra Mundial y se basaron en la premisa de crecimiento económico infinito y en el aumento exponencial en la explotación de la naturaleza, hoy se ha hecho obvio lo problemático de esto. En este contexto, en lugar de correr para satisfacer la demanda de litio o de cobre antes que otros, los chilenos tenemos la oportunidad de preguntarnos antes qué tipo de sociedad queremos, en qué relación con la naturaleza y a qué costo. Quizás, en lugar de un estado de “bienestar” medido por índices económicos estrechos, valdría más la pena enfocarse en construir un estado de “buen vivir” (como ya lo han hecho, al menos en el papel, Bolivia y Ecuador), tomando en serio la necesidad de transitar a otro modelo social, ético, político y económico.

Con una nueva Constitución ad portas y un nuevo Gobierno que ha reconocido al menos en principio la necesidad de hacerse estas preguntas más de fondo, lo que está claro es que estamos en un punto de inflexión, y que tenemos una oportunidad única para sacudir la inercia y convertirnos en un ejemplo de cómo podrían hacerse las cosas de otra manera: con una mirada de Estado de largo plazo, que integre a actores públicos, privados y civiles, y que no dependa de los gobiernos de turno, sino que se mantenga por sobre las alternancias de poder.
https://www.elmostrador.cl/opinion-newsletter/2022/01/18/un-estado-de-bienestar-hecho-de-litio-y-cobre/

Chile, Litio

Diputadas del Norte categóricas sobre licitación del litio: “Es muy grosero lo que se pretende hacer”

Daniela Cicardini (PS) y Catalina Pérez (RD) valoraron la orden de no innovar de la Corte de Copiapó, y aseguraron que se continuará con otras medidas para evitar que el Gobierno logre el objetivo planteado.
Eduardo Andrade
16/01/2022
Son diez los días que la Corte de Copiapó otorgó al Gobierno para responder por el recurso de protección presentado por el gobernador de Atacama, Miguel Díaz, y que pone en pausa adjudicación del litio a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Al respecto, este domingo, el titular de Minería, Juan Carlos Jobet, se mostró confiado en tener los argumentos suficientes para llevar a cabo este proceso, lo cual ha producido algunas reacciones dentro de la oposición, desde donde sí se ha valorado haber obtenido una al menos una pausa en la licitación a través de un proceso judicial.

Así lo manifestó, por ejemplo, la diputada del Partido Socialista, Daniela Cicardini, quien aseguró que lo manifestado por el Gobierno no es “ninguna novedad”.

“Nadie ha dicho que el proceso de licitación ha terminado, pero sí es importante que un tribunal haya acogido a trámite este recurso junto a una orden de no innovar hasta evitar el fondo. Para mí es tremendamente significativo que este recurso que ha permitido esta suspensión del proceso de adjudicación haya nacido en mi región, en Atacama, a partir de lo que hizo el gobernador regional con comunidades indígenas de quienes estuvimos hablando antes de su ingreso a la Corte”, señaló la diputada.

Por su parte, la diputada de RD, Catalina Pérez, dio cuenta de otras iniciativas llevadas a cabo desde la oposición y que también buscar prolongar el debate respecto de la utilización del litio.

“En la oposición vamos a seguir todas las vías administrativas mediante, una reclamación en Contraloría; las vías judiciales, mediante recursos de protección, y también las vías legales. Hoy día existen dos proyectos impulsados, uno de ellos de mi autoría, que busca suspender el proceso. Eso tiene que seguir su curso, el presidente de la comisión de Minería ha respaldado la continuidad de esta tramitación, veremos las modificaciones necesarias en su idea matriz, pero nos parece importante que el Congreso continúe con un pronunciamiento férreo respecto de la negativa de vender el litio”, explicó.

Finalmente, Pérez criticó la postura del Gobierno en este proceso, asegurando que “es muy grosero lo que se pretende hacer”, tomando en cuenta de que se trata de una administración que está de salida, además de la discusión por los recursos que se viene llevando a cabo en la Convención Constitucional.

“No puede ser la necesidad del Presidente de dejar amarradas al final de su mandato medidas tan graves como éstas. No puede ser el ego del Presidente lo que prime a la hora de generar una política pública, sino más bien la responsabilidad fiscal, con nuestros ecosistemas, en el diálogo con las comunidades de pueblos indígenas y por las regiones afectadas por la lógica extractivista que este gobierno se ha impuesto profundizar”, sentenció.

Diputadas del Norte categóricas sobre licitación del litio: “Es muy grosero lo que se pretende hacer”

Chile, Ecuador

ECUADOR NO QUIERE SOCIO A CODELCO

11/01/2022
Agencia de Noticias de Ecuador
QUITO.10 .ENE.2021 (Agencia Ane)._ La minera ENAMI EP de Ecuador no quiere como socia a su similar de CODELCO de Chile sin embargo que firmaron un addendum para constituir una sociedad anónima con la participación del 51% para la ecuatoriana y 49 % para la chilena y avanzar en la explotación de cobre en Llurimagua-Imbabura, no obstante la oposición tenaz de los moradores de esa zona.

El addendum fue suscrito en marzo del 2019 durante el gobierno del presidente Lenin Moreno Garcés. La sociedad anónima que hasta ahora no se ha constituido tenía por objeto impulsar la exploración y explotación de cobre en la zona de Llurimagua,localizada en Intag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.

Llurimagua es considerado como uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo. Antes de la firma del addendum CODELCO ha invertido $40 millones en el proyecto y planeaba, en el futuro, invertir otros $ 500 millones en las fases de desarrollo y de ingeniería.

Llurimagua está ubicado a 1.800 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Imbabura, abarca una extensión de 4.829 hectáreas y es rica en minerales no metálicos, especialmente de cobre.

ENMI EP recibió como concesión ese sector para explorar minerales en 2011 por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La concesión fue rectificado en 2012. La empresa estatal ecuatoriana informó que las actividades de exploración avanzada y su operación están a cargo de Exploraciones Andinas Mineras, una filial de CODELCO.

CODELCO reclama el cumplimiento del addendum para la formación de la sociedad anónima como complemento a los múltiples acuerdos suscritos después que se firmó, en el año 2011, el convenio para la exploración de cobre y luego el acuerdo de accionistas para operar en Llurimagua.

La estatal ahora ha demandado a Ecuador y a ENAMI EP ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) después que solicitó un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional en París.La demanda se fundamenta en que ENAMI EP no ha cumplido el addendum firmado en 2019 para desarrollar conjuntamente el proyecto, que está en etapa de exploración avanzada.
https://radioequinoccio.com/index.php/item/10901-ecuador-no-quiere-socio-a-codelco

Chile

Senadores evalúan prohibir licitación de contratos especiales de operación en los 3 meses anteriores al traspaso de un gobierno

Sala del Senado declaró admisible -en votación dividida- la moción, pasando el texto a la Comisión de Minería y Energía. Cabe consignar además que, en la Cámara Baja, hay dos mociones del mismo tenor que serán tramitadas.
13/01/2022
Tras conocerse que el Ministerio de Minería notificó la adjudicación del proceso de licitación para impulsar la producción de litio, optando por entregar dos de las cinco cuotas que se ofrecían, a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., diversos senadores expresaron sus opiniones a favor y en contra.

Asimismo, al inicio de la sesión ordinaria de este miércoles se analizó la admisibilidad de una moción presentada por los senadores Yasna Provoste, Isabel Allende, Guido Girardi, Alejandro Guillier y Alejandro Navarro, que modifica el Código de Minería, para prohibir la licitación de contratos especiales de operación de minerales no concesibles a privados, en los tres meses anteriores al traspaso de un gobierno.

Luego de someterla a votación y previa fundamentación de la senadora Provoste, la Sala la declaró admisible -en votación dividida- pasando el texto a la Comisión de Minería y Energía. Cabe consignar además que, en la Cámara Baja, hay dos mociones del mismo tenor que serán tramitadas.

En ese contexto, diversos congresistas opinaron de la decisión del Ejecutivo de adjudicar la producción del litio. Mientras parlamentarios de oposición cuestionaron que se definiera el concurso sin considerar la petición del presidente electo de dejar esta licitación ‘stand by’ considerando que “debía ser una decisión de Estado”; desde el oficialismo se apuntó a que “la actual administración debe ejercer hasta el último día” y que la licitación en cuestión solo afecta “un margen mínimo de las reservas de litio”.
En contra de la concesión

El senador Álvaro Elizalde calificó como “escandalosa” la decisión del Gobierno argumentando que “el mismo día que el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet debía dar explicaciones a la Cámara Baja sobre por qué esta administración estaba apurando el concurso, se adjudica la concesión”.

En la misma línea, el senador Alejandro Navarro insistió en el “descaro del presidente Piñera que presentó la concesión a espaldas de la ciudadanía. Este presidente humilla al Congreso. Solo pedimos transparencia, que se hagan las cosas como se debe”.

Luego, la senadora Isabel Allende manifestó que “estamos diciendo que la licitación debió hacerse con transparencia porque tiene una vigencia de 29 años. Hay un mal precedente que es lo que pasó con el Instituto de Energías Limpias. No se trata de explotar sino de tener una estrategia antes de hacerlo”.

Para el senador Ricardo Lagos, “es un hecho que el gobierno debe gobernar hasta su último día. Otra cosa es preguntarse si lo que se hizo era esencial. ¿Era necesario? Una cosa es adjudicar y otra es todo lo que se debe hacer para explotar. Creo que hay que hacer muchas distinciones”, señaló.

El senador Alejandro Guillier recordó que “el litio es un elemento esencial para el desarrollo nacional. El nuevo gobierno ha pedido al presente que postergue la decisión pensando en una política de Estado. Se había dicho que todo se conversaría pero no fue así”.

A modo de conclusión, el senador Alfonso De Urresti reforzó que “cuando hablamos de una política nacional y el presidente electo solicita conversar pensando en el largo plazo, es importante considerarlo. Estamos hablando de algo que genera consecuencias en varios planos más allá de los inversionistas”.
A favor de la concesión

En contrapartida, el senador Alejandro García Huidobro explicó “el Presidente ejerce su cargo hasta el 10 de marzo. Si se acoge el argumento de los colegas, aquellos que no fuimos reelegidos deberíamos haber dejado de venir al Congreso y trabajar en la tramitación de los proyectos. Eso sería absurdo”.

A mayor abundamiento, el senador David Sandoval, recalcó que “sería vergonzoso para un gobierno no legislar hasta el último día. Esta concesión corresponde a involucrarse en el mundo del litio es un 1,8% de las reservas conocidas en Chile. Codelco tiene una concesión por el 7% y en 7 años no ha sido capaz de explorar el mineral”.

Por su parte, el senador Claudio Alvarado sinceró que “no comparto las calificaciones que se hacen en esta Sala. Nosotros mismos estamos negando la facultad de la mesa para declarar un proyecto como inadmisible, eso es escandaloso. Me refiero a la moción defendida por la senadora Provoste”.

Finalmente, el senador Juan Antonio Coloma argumentó que “estas cosas no pueden terminar en caricaturas: los buenos contra los malos. Acá hay una lógica de continuidad de los gobiernos. No se puede pensar que todo los gobiernos que se van, hacen todo pensando en perjuidicar al que viene”.

Senadores evalúan prohibir licitación de contratos especiales de operación en los 3 meses anteriores al traspaso de un gobierno

Chile

Chile: 40 proyectos mineros cercan 16 parques y reservas nacionales

ESPECIAL MINERÍA #NaturalezaAcorralada
12/01/2022
Los proyectos mineros se ubican al interior, en los límites o en zonas próximas a las áreas protegidas. En Chile, los decretos que crean los parques y reservas no contemplan una zona de amortiguamiento en torno a ellos por lo que, en ciertos casos, hasta ocho proyectos mineros se ubican alrededor de una área protegida. Esta situación podría cambiar con la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que lleva más de diez años en trámite en el Congreso.
Por Paula Díaz Levi/Coautoras: Michelle Carrere, Bárbara Tupper
Leer articulo completo: https://laderasur.com/estapasando/especial-mineria-naturalezaacorralada-chile-40-proyectos-mineros-cercan-16-parques-y-reservas-nacionales/

Chile, Litio

Oposición abandona la sala de la Cámara de Diputados a modo de protesta por licitación del litio

Agencia Uno
T13
12/01/2022
Parlamentarios de izquierda y centroizquierda cuestionaron al ministro de Minería por anunciar la adjudicación del litio antes de reunirse con ellos y aseguraron que llegarán “hasta las últimas consecuencias” para frenar el proceso.

Diputados y diputadas de oposición se retiraron de la sala este miércoles, cuando se iba a realizar una sesión especial con el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, para analizar la licitación del litio. Los parlamentarios criticaron que se haya dado los resultados de la adjudicación para la explotación del mineral antes de este encuentro.

Pasado el mediodía, el propio Jobet anunció que dos empresas se adjudicaron la licitación de parte del litio de Chile, quienes presentaron ofertas por 61 y 60 millones de dólares respectivamente.

Desde la oposición se habían manifestado en contra de la licitación del litio a dos meses que se termine el Gobierno de Sebastián Piñera y habían pedido que se bajara el proceso, sin embargo, el Ejecutivo la defendió.

Dos empresas se adjudicaron controvertida licitación del litio en Chile Ministerio de Minería

“Es una falta de respeto que el ministro de Minería haya llegado una hora tarde, y con el proceso de explotación del litio ya adjudicado a dos empresas privadas cuando, justamente, lo que queríamos era discutir y llegar a acuerdos en esta materia, con otro poder del Estado como lo es el Congreso Nacional”, expresó el diputado PPD Raúl Soto.

“Es una falta de respeto a la inteligencia de los chilenos y chilenas, por eso nos retiramos de la sala, por eso le hace un desaire al gobierno y al ministro Jobet. Vamos a insistir en la vía judicial con recursos de protección, en la vía administrativa yendo a Contraloría, y en la vía legislativa, avanzando en los proyectos de ley. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, añadió.

Todos los parlamentarios que salieron de la sala, deberán pagar una multa por haber hecho fracasar la sesión especial, que tuvo que ser suspendida por falta de quórum, sin embargo, defendieron el gesto contra lo que calificaron como un “proceso ilegítimo”.

“Creemos que es un robo a mano armada a los chilenos y chilenas porque estamos además en un proceso de transformaciones sociales, donde el próximo gobierno va a tener mucho que decir cómo administramos, explotamos y usamos los recursos naturales y la Convención Constitucional, también va a tener mucho que decir respecto del modelo económico que queremos para el futuro y qué queremos hacer con los recursos naturales”, insistió Soto.

“Estamos en las postrimerías de un gobierno en que el abuso y la poca transparencia se ha tornado una práctica habitual y recurrente. La poca separación entre el mundo privado, los negocios y la política y la función y el interés público, ha estado bastante diluido”, agregó.
https://www.t13.cl/noticia/politica/oposicion-abandona-sala-camara-diputados-modo-protesta-licitacion-del-litio-12-01-2022

Chile, Litio

Boric y la licitación del litio: «Nos parece una mala noticia, recuerda a las leyes de amarre»

12/01/2022
«Es algo que vamos a revisar con nuestros equipos, y mantenemos nuestra disposición a crear una Empresa Nacional del Litio», dijo el Presidente electo tras la decisión del Gobierno de Piñera.

Pese a que el ministro de Minería aseguró haber acogido «todas las sugerencias» de la futura administración respecto al proceso, el diputado enfatizó que su posición era que el Ejecutivo «no innovara en esta materia».
Boric y la licitación del litio:
Foto: ATON (archivo)

El Presidente electo, Gabriel Boric, cuestionó este miércoles la adjudicación de la licitación del litio anunciada por el Gobierno, asegurando que es «una mala noticia para Chile» y que le recuerda a las «leyes de amarre» que impuso la dictadura de Augusto Pinochet, hacia su término, para limitar el margen de maniobra de las futuras administraciones democráticas.

«Esta era una atribución exclusiva del Gobierno de Chile en ejercicio. Nos parece que es una mala noticia y me recuerda a esas ‘leyes de amarre’ que se hacían a última hora, cuando un gobierno ya está dejando sus funciones y que finalmente amarran a todos los chilenos, en este caso, por 20 años», puntualizó el Mandatario electo.

Por otra parte, el actual diputado señaló que esta licitación «es algo que vamos a revisar por cierto con nuestro equipo», pero que no cambia su propuesta de campaña de «la creación de una empresa nacional del litio, que además actúe en consideración con las comunidades, con el cuidado de los salares, con el desarrollo productivo nacional»-

«Lo que nosotros le planteamos al Gobierno es que nuestra posición era no innovar en la materia y que, por lo tanto, nos permitieran tener un debate de largo aliento respecto de un bien tan estratégico como es el litio. Si lo iban a hacer, por lo menos que bajaran lo que estaban comprometiendo en ese momento», puntualizó el nuevo Presidente.

Finalmente, reiteró que «es una mala noticia para Chile y vamos a revisarlo en conjunto con nuestro equipo en el momento en que asumamos» la Presidencia del país.

Según lo informado este miércoles por el Gobierno, la adjudicación de esta licitación fue para la multinacional china ByD y la firma Servicios y Operaciones Mineras del Norte, cuyas ofertas totalizaron 121 millones de dólares para el Estado.

Fue el Ministerio de Minería el que informó el resultado del proceso que buscaba producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME), divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una.
https://cooperativa.cl/noticias/economia/materias-primas/litio/boric-y-la-licitacion-del-litio-nos-parece-una-mala-noticia-recuerda/2022-01-12/171937.html

Chile

Propuesta para nacionalizar empresas de la gran minería alcanza las 15 mil firmas

Elizabeth Meneses
La iniciativa popular logró superar las firmas necesarias para ser discutida en la Convención Constitucional.

La iniciativa popular que busca nacionalizar las empresas de la gran minería del cobre, litio y oro, alcanzó este lunes las 15 mil firmas necesarias para que pueda ser discutida en la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional.

En la propuestas plantean que los requerimientos sociales del país pueden ser financiadas por la minería ya que “generar recursos más que suficientes para satisfacer las necesidades”. Por este motivo, el Comité de Defensa y recuperación del Cobre ingresó la iniciativa con el fin de estatizar las empresas mineras.
Fundamento del Comité

Entre los argumentos que sostienen la propuesta señalan que según cifras de Cochilco, “en 1989, Chile producía 1,6 millones de Toneladas de cobre y el 90% de la producción estaba en manos del Estado aportando cerca del 25% del Presupuesto Nacional. En el año 2020, Chile produce 5,73 millones de Toneladas, sin embargo, el cobre aporta solo el 5.9% del Presupuesto Nacional”.

En ese contexto señalan que la caída en los aportes de la actividad minera se debe a que “hoy más del 70% de la producción de cobre ha vuelto a estar en manos de mineras extranjeras, que por lo general han evadido de tributar en Chile”.
Propuesta

Además de proponer que todas las mineras sean administradas por el Estado, también se busca que la nueva Constitución contenga en su redacción “el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.

Es decir, que la totalidad de las sustancias fósiles deberán ser nacionalizadas, solo con la excepción de las arcillas superficiales.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/internacionales/propuesta-nacionalizar-empresas-de-la-gran-mineria/