Colombia

100.000 COLOMBIANOS MARCHARON CONTRA MINERÍA EN SANTANDER

Desde Colombia llegan los ecos de la imponente movilización de la población en defensa de su agua y su ambiente. Una vez más queda claro el valor de la participación y la organización de las comunidades que deben enfrentar a transnacionales poderosas y sus socios de la política.

 

Más de cien mil colombianos marcharon el viernes 10 de mayo en rechazo a la realización de actividades mineras en el Páramo de Santurbán, ubicado al norte del departamento de Santander. Los manifestantes alzaron sus voces en defensa de la vida y el agua del macizo montañoso.

Según la página oficial de la minera, vinculada a capitales de los Emiratos Arabes, «Minesa se estableció en noviembre de 2015 para desarrollar la mina subterránea de oro más grande en Colombia«, agregándose a continuación las habituales mentiras sobre propósitos altruistas de desarrollo, responsabilidad empresaria y métodos de última tecnología.

La manifestación del día 10 salió desde la Puerta del Sol, ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander. Las autoridades declararon “tarde cívica” y activaron un plan especial de seguridad. En rechazo al plan de minería, en Cúcuta y Bogotá, también se llevaron a cabo movilizaciones y un plantón frente a la sede de la ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

El Comité para la Defensa del Agua y Páramo de Santurbán rechazó por su parte cualquier política del Gobierno del presidente, Iván Duque, que afecte al ecosistema y obstaculice el servicio de agua que surte a la población. “De Santurbán se surte el agua que consumimos a diario y por eso invitamos a rechazar masivamente los proyectos extractivos contra el ecosistema”, dijo una de las integrantes de la comisión, Mayerly López.

El agua no tiene precio y no se vende por unos cuantos pesos de las regalías para tapar los huecos que ha dejado la corrupción en el presupuesto nacional”, aseguró el jefe de despacho de la Alcaldía de Bucaramanga.

A través del recorrido, el clamor de la población retumbó en las principales calles de Bucaramanga pidiendo “agua sí oro no”.

La presencia de jóvenes, estudiantes, ambientalistas,  docentes y hasta adultos mayores fue fundamental porque se unieron todas las voces para decir que la minería puede ser generadora de riqueza, pero no garantiza el agua.

Marta Quintero de Ríos, integrante de  una ONG indicó que esta es la única forma de exigirle al Gobierno Nacional que proteja los ecosistemas como el páramo de Santurbán. También señaló que se está haciendo una veeduría muy particular sobre la delimitación que viene adelantando el Ministerio de Ambiente.

Mientras tanto, Erwing Rodríguez, integrante del Comité Prodefensa del Páramo, sostuvo que este es el clamor de la ciudadanía que ve aún amenazada su agua, y la de sus hijos, ante la posibilidad de que el Gobierno Nacional otorgue la licencia ambiental para la explotación aurífera.

De esta forma está amenazada la región de Soto Norte donde Minesa pretende adelantar su proyecto.

Rodríguez dijo que también existen riesgos con cualquier proyecto de mega-minería que se ubique por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, en Santurbán o en sus ecosistemas circunvecinos complementarios.

Sostuvo el integrante del comité que hay aspectos que generan muchas inquietudes como la comunicación que se conoció hoy (por el viernes 10 de mayo) en donde el director de la ANLA, Rodrigo Suárez, le informa a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia sobre los posibles hechos de corrupción que se están presentando alrededor de la solicitud de la licencia ambiental tramitada por Minesa.

“Más allá de dar a conocer de esta situación a la Oficina de Transparencia de la República, la ANLA -Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-, dada la gravedad de la denuncia, debe ponerla en conocimiento de los Órganos de Control del Estado colombiano”, puntualizó.

La multinacional minera Minesa ha presentado al Gobierno colombiano un proyecto para explotar oro en las cercanías a la zona del Páramo de Santurbán. En lo que va del año se han sostenido más de dos reuniones, mientras la empresa espera por la aprobación de una licencia ambiental para iniciar los trabajos, donde se prevé la extracción anual de más de 400.000 onzas de oro y otros minerales en la zona de Soto Norte de este ecosistema intertropical.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/42725-100-000-colombianos-marcharon-contra-mineria-en-santander?fbclid=IwAR3gfpKNNRURdC_TSvh8eresCP4VvElQ79bXJ55UiJhHUBDvRrj59rLYTlU

Colombia

Colombia: Convocan a marchas contra el fracking y la minería contaminante

«Por el agua, por nuestra tierra, #Colombia Libre deFracking», bajo ese lema, movimientos ambientalistas y activistas por los derechos humanos, vienen convocando para una marcha nacional contra el fracking, el día 7 de junio en Colombia.

Servindi, 16 de junio, 2019.- «Por el agua, por nuestra tierra, #Colombia Libre deFracking», bajo ese lema, movimientos ambientalistas y activistas por los derechos humanos, vienen convocando para una marcha nacional contra el fracking, el día 7 de junio en todo Colombia.

La marcha carnaval nacional contra el fracking y la minería contaminante se da en medio del álgido debate nacional por la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno de Iván Duque.

En dicho plan, se incluye la explotación de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking, la disminución de regalías para empresas mineras y otras medidas que afectan el ambiente.

La movilización, impulsada por el Movimiento Nacional Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking, espera convocar de manera simultánea a ciudadanas y ciudadanos en al menos 100 municipios del país.

Asimismo, la convocatoria se hace extensiva para colectivos en ciudades del exterior, con el fin de exigirle al presidente Iván Duque que cumpla su promesa de campaña y no implemente estos proyectos en los territorios.

Según la versión de Amarilys Llanos, vocera de la Alianza Colombia Libre de Fracking, esta movilización surge cómo respuesta a la inclusión de la hoja de ruta del fracking en las bases del Plan Nacional de Desarrollo.

«Queremos que el Gobierno y el Congreso entiendan que el país rechaza rotundamente el fracking, y que sus decisiones deben ser consecuentes con las preocupaciones de las comunidades”, manifestó Llanos.

“esta movilización surge cómo respuesta a la inclusión de la hoja de ruta del fracking en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Queremos que el Gobierno y el Congreso entiendan que el país rechaza rotundamente el fracking, y que sus decisiones deben ser consecuentes con las preocupaciones de las comunidades”.

“Nos sumamos a la XI Marcha Carnaval por el agua, la vida y el territorio convocada por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima ese mismo día, para hacernos sentir, ver y escuchar contra la dictadura mineroenergética que nos pretenden imponer, coartando el derecho de las comunidades de participar de activa y eficazmente en las decisiones que nos afectan”, agregó Renzo García, vocero del Movimiento Nacional Ambiental.

“Ya tenemos plantones y marchas carnaval confirmadas en ciudades como Ibagué, Armenia, Bogotá, Valledupar, Tunja y Barrancabermeja. Invitamos a personas y organizaciones a contactarnos a través de http://www.colombialibredefracking.wordpress.com y [email protected] para coordinar las movilizaciones en sus municipios”, puntualizaron los organizadores.

Además reiteraron que por la suspensión del marco normativo del fracking por parte del Consejo de Estado, “hoy sería ilegal la realización de cualquier piloto de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales”.

 

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/16/05/2019/convocan-marchas-contra-el-fracking-y-la-mineria-contaminante?fbclid=IwAR0npYtFF-X0JT1_pbnQu7-dqG6klnAIQrM32IsN-VvE8iTiV_lCm8Uomjc

Colombia

Convocan a marchas contra el fracking y la minería contaminante en todo el país

En medio del álgido debate nacional por la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno de Iván Duque, en el cual se incluye la explotación de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking, la disminución de regalías para empresas mineras y otras medidas que afectan el ambiente, desde diversos sectores se está organizando una marcha carnaval nacional contra el fracking y la minería contaminante para el viernes 7 de junio.

Esta movilización, impulsada por el Movimiento Nacional Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking, espera convocar de manera simultánea a ciudadanas y ciudadanos en al menos 100 municipios del país y algunas ciudades del exterior, para exigirle al Presidente Iván Duque cumpla su promesa de campaña y no implemente estos proyectos en los territorios.

De acuerdo a Amarilys Llanos, vocera de la Alianza Colombia Libre de Fracking, “esta movilización surge cómo respuesta a la inclusión de la hoja de ruta del fracking en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Queremos que el Gobierno y el Congreso entiendan que el país rechaza rotundamente el fracking, y que sus decisiones deben ser consecuentes con las preocupaciones de las comunidades”.

“Nos sumamos a la XI Marcha Carnaval por el agua, la vida y el territorio convocada por el Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima ese mismo día, para hacernos sentir, ver y escuchar contra la dictadura mineroenergética que nos pretenden imponer, coartando el derecho de las comunidades de participar de activa y eficazmente en las decisiones que nos afectan”, manifestó Renzo García, vocero del Movimiento Nacional Ambiental.

“Ya tenemos plantones y marchas carnaval confirmadas en ciudades como Ibagué, Armenia, Bogotá, Valledupar, Tunja y Barrancabermeja. Invitamos a personas y organizaciones a contactarnos a través de http://www.colombialibredefracking.wordpress.com y [email protected] para coordinar las movilizaciones en sus municipios”, puntualizaron los organizadores, quienes además reiteraron que por la suspensión del marco normativo del fracking por parte del Consejo de Estado, “hoy sería ilegal la realización de cualquier piloto de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales”.

Colombia

Anglo Gold Ashanti desconoce acuerdo municipal que prohíbe la minería

El pasado lunes 13 de mayo empleados de Anglo Gold Ashanti, en conjunto con miembros de la Fuerza Pública intentaron instalar plataformas de exploración minera en la vereda Vallecitos, del municipio de Jericó (Antioquia). Con esta acción, la empresa quiso pasar por encima del Acuerdo municipal 10 de 2018, que prohibía la explotación minera en el territorio. (Le puede interesar: «Jericó, Antioquia le dice ¡No! a la minería por segunda ocasión»)

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, relató que los campesinos de la zona fueron advertidos sobre la presencia de la multinacional junto a efectivos de la Policía, el Ejército y el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD); fue entonces cuando los habitantes pidieron el acompañamiento del Alcalde de Jericó, quien solicitó a la empresa no violar el Acuerdo pactado en diciembre de 2018 y detener cualquier intento de explotación minera. Tras la intervención, la empresa aceptó detener sus actividades de exploración.

Sin embargo, como lo recuerda Jaramillo, desde la fecha de aprobación del Acuerdo la empresa ha realizado distintas actividades «tendientes a terminar el estudio de impacto ambiental para pedir la licencia de exploración» mediante la instalación de plataformas; pero siempre la respuesta campesina lo ha evitado. De acuerdo al ambientalista, esto ha sido así porque «esta multinacional, como otras, sabe que cuenta con el respaldo del Gobierno nacional, que favorece su presencia así se hayan rechazado sus actividades».

Las multinacionales tienen respaldo del ejecutivo, ¿y del judicial?

Jaramillo recordó que el Acuerdo de diciembre es el segundo presentado y aprobado en Jericó, luego de que en 2017 se aprobaran 12 acuerdos municipales que prohibían la minería y uno de ellos (el de Urrao) fuera reconocido por el Consejo de Estado. A pesar del reconocimiento, el Tribunal Administrativo de Antioquia se ha negado a pronunciarse en su favor, situación que ha sido aprovechada por la empresa para cuestionar la legitimidad de los mismos. (Le puede interesar: «Alcalde de Jericó exige a Anglo Gold suspender actividad minera»)

De hecho, el Coordinador de la Mesa Ambiental señaló que Anglo Gold Ashanti se comprometió a suspender sus actividades hasta que el Tribunal se haya pronunciado sobre el Acuerdo, y añadió que esperaban presiones hacía el tribunal para rechazar la medida. Pese a ello, sostuvo que el movimiento ambiental ya emprendió acciones legales ante la Fiscalía por el desconocimiento de la resolución municipal, están estudiando la incidencia en el esquema de ordenamiento territorial y seguirán en el proceso de movilización y unión del suroeste antioqueño en favor del ambiente.

CENSAT Agua Viva @CensatAguaViva

Desde Jericó nos informan: MENSAJE Urgente. En este momento están llegando a la vereda Vallecitos fuerzas de la policía y a Palocabildo el Esmad. Igualmente, los campesinos con sus familias empiezan a llegar. Desconociendo acuerdo municipal que impide actividades mineras.

Fuente: https://www.contagioradio.com/anglo-gold-ashanti-desconoce-acuerdo-municipal-que-prohibe-la-mineria/?fbclid=IwAR3otsKrNwKR4kHLs696KUKkryuOTHxqiNJTGc3wlmJr6RKRk2jIyfhAGdA

Colombia

Una nutrida marcha contra la minería en Santurbán

Los santandereanos regresaron a las calles para manifestar su rechazo a una posible licencia ambiental para que la empresa Minesa opere en el páramo de Santurbán.

La cita era a las 2:00 p.m. Ciudadanos de distintas corrientes políticas y miembros de diversas organizaciones sociales y ambientales esta vez encontraron una razón para marchar juntos: oponerse a una posible licencia ambiental que permita a la empresa Minesa explotar oro en el Páramo de Santurbán.

La disputa por la minería en el Páramo de Santurbán ya completa casi una década. En 2011 se llevaron a cabo las primeras manifestaciones. Esta vez el temor a que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales conceda una licencia a la empresa con capital de Emiratos Árabes fue la motivación principal para protestar.

Mientras los santandereanos en gran número marchaban en Bucaramanga, el director general de la ANLA Rodrigo Suárez Castaño, sostuvo una reunión con el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República Camilo Ernesto Jaimes Poveda. Suárez había pedido previamente a este organismo realizar un “acompañamiento permanente» al proceso de licenciamiento.

Video insertado

Más de 100 mil personas le dicen al gobierno @IvanDuque y @RodSuarezCa que preferimos la vida y el agua. No queremos que se realice mega minería en nuestro bosque alto andino de Santurbán. #YoMarchoPorSanturbán

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/una-nutrida-marcha-contra-la-mineria-en-santurban-articulo-860030
Colombia

Mujeres tejiendo resistencias. Voces de La Minga Indígena, Afro y Campesina en Colombia.

Atravesando ríos, valles, montañas y desiertos, en lo que va corrido del año, a lo largo y ancho de su territorio, la Colombia históricamente convulsionada por la guerra se ha sacudido con la capacidad organizativa y movilizadora de una Minga indígena, Afro y Campesina. Con esa fuerza, en el mes de marzo se levantó un Paro Nacional y una Asamblea Permanente y, se instaló hasta el 2 de mayo un Refugio Humanitario por la vida de líderes y lideresas sociales en Bogotá.

Esta nueva explosión de sinergia social iniciada el 10 de marzo con La Minga por la Vida, Territorio, la Justicia y la Paz en el departamento del Cauca, que encontró adhesiones en todo el territorio nacional, sostiene como eje común y central la defensa de la vida, dentro un pliego de exigencias en materia de derechos sociales, culturales y sociales. La Minga enfrenta de esta manera las políticas derechistas y retroactivas en términos sociales, humanitarios y ambientales que busca implementar el gobierno a través de su base de políticas gubernamentales propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo.

Los Acuerdo de paz, el gran damnificado de la falta de compromiso del Estado.

El presidente Iván Duque, del Centro Democrático, el partido político fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha sido el único en declararse formalmente opositor al Proceso de Paz llevado adelante entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la organización guerrillera insurgente FARC-EP. En la misma línea ha procurado una postura desinteresada en dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz. Por el contrario, ha optado por el desfinanciamiento de los mismos e incluso arremete en su contra entablando una serie de objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el conjunto de normas creado para regular el inédito sistema de justicia transicional que resultó de las negociaciones en La Habana para el juzgamiento de los excombatientes y que funciona a su vez como sistema de rendición de cuentas.

Las modificaciones propuestas por el mandatario afectan en varios sentidos a las comunidades movilizadas. Quebrantar los acuerdos establecidos que permitieron la desmovilización del grupo guerrillero instala un descrédito en el proceso que busca establecer una paz estable y duradera en territorios de fuego cruzado entre los distintos grupos armados. Este gesto es una invitación a la reactivación del conflicto. Además, sienta bases de desconfianza para futuros procesos de desmovilización con otros grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional. Desde que Duque asumió la presidencia, ocho ex-comandantes de las Farc abandonaron sus espacios de reincorporación argumentando faltas de seguridad.

Esta actitud por parte del gobierno no es nueva. De hecho, fue la falta de compromiso político lo que precisamente impulsó a una nueva conformación de La Minga, una práctica ancestral que funciona como mecanismo de articulación entre indígenas de diferentes etnias para la coordinación de acciones conjuntas alrededor de la consigna “Caminar la Palabra”. A esta Minga, acudieron comunidades de consejos regionales indígenas de varios departamentos como el Cauca, Huila y Caldas, contó con la participación de algunos resguardos indígenas, organizaciones campesinas como el Coordinador Nacional Agrario, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO-CUT), movimientos político-sociales como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos y comunidades Afro nucleadas en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.

Despojo de la tierra, el triunfo de las grandes minorías.

“Las organizaciones que nos movilizamos en la minga somos organizaciones que tenemos acuerdos firmados con el gobierno nacional, acuerdos que no se han cumplido” cuenta Marylen Serna, mujer campesina del departamento del Cauca, integrante de La Minga, vocera del Congreso de los Pueblos y vinculada al Movimiento de Mujeres por la Vida del municipio Cajibío.

Un serial acumulado de pactos incumplidos relacionados principalmente con prácticas de despojo de la tierra que se remontan al periodo colonial y que hoy persisten en los territorios a causa de las altas concentraciones de la tierra en manos de pocos propietarios: terratenientes, ingenios azucareros, grandes concesiones mineras y multinacionales. Marylen nos presenta un ejemplo concreto de esta dinámica: “En el caso del Cauca, la multinacional irlandesa Smurfit Kappa Cartón de Colombia que siembra pinos y eucaliptos tiene más de 12.000 Hectáreas”.

La presencia de esta compañía en municipios del suroccidente colombiano como Cajibío, Sotará y El Tambo, genera varios tipos de afectaciones “Tiene miles de hectáreas productivas. Ha ocupado tierras que se necesitan para la producción de alimentos, además requiere muchísima agua y ha ido acabando con fuentes hídricas propias de nuestras comunidades. Ha desplazado flora y fauna nativa por la instalación de cultivos que son agresivos. Los campesinos y campesinas que antes tenían sus propias fincas donde producían su comida se han vuelto dependientes de esta empresa, hoy son peones con malos pagos por sus trabajos […] Al ir mecanizando el trabajo, ha ido desplazando el empleo que trajo a las comunidades.” Explica Marylen.

Defensa de la tierra y el territorio en el centro de la vida

La líder campesina señala que los impactos más fuertes los produce en la vida de las mujeres: “No es posible que haya una producción de alimentos en la zona, porque no tenemos tierra y las mujeres somos las que más trabajamos y luchamos por la conservación de las semillas, para tener una producción diversificada en el terreno, en las propias huertas, así no es necesario comprar todos los alimentos, ni traerlos de otros lugares o de las ciudades o que las mujeres tengan que irse al trabajo doméstico simplemente porque no hay tierra para trabajar. El promedio de la tierra que tenemos en el municipio de Cajibío es 1.3 hectáreas por cada familia y cada familia está compuesta por 5 o 6 personas. Realmente es imposible vivir con esa cantidad de tierra. Por eso una de las peticiones más importantes de las mujeres en esta Minga es la adjudicación de tierra y que las mujeres sean propietarias de esa tierra.”

La expansión de la frontera agrícola tiene efectos semejantes en la generación de alimentos para las comunidades. Kelly Peña perteneciente a la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública comparte la enorme preocupación por el impacto del creciente fenómeno de la deforestación: “El desplazamiento de esta frontera transforma inmensos bosques tropicales de la Amazonía del pacífico colombiano en grandes hatos ganaderos y cultivos de palma aceitera, poniendo en riesgo la labor de recolección que realizan las mujeres en las comunidades indígenas, reduciendo parte de la oferta de alimento que tienen comunidades enteras”.

Sobre este punto las diversas comunidades que integran La Minga vienen trabajando en el diseño de una propuesta de reordenamiento territorial con una justa redistribución de la tierra basada en la fórmula “territorio con autoridad colectiva” para que según Marylen “Podamos hacer un acuerdo interétnico con las comunidades indígenas y negras, porque estamos en un solo territorio, que podamos construir territorios interculturales, para producir conjuntamente […] que la tierra vuelva a manos de sus propietarios ancestrales y tradicionales”.

Mineras y violencias en los territorios

El conflicto por la tierra y el territorio se ven profundizados por el extractivismo, señala Kelly Peña. Desde la organización en la que trabaja vienen enfatizando las consecuencias del extractivismo minero-energético para las mujeres: “Se ha dado un aumento de la explotación y la violencia sexual de las niñas y mujeres en el marco de las economías de enclave, desarticulación de las economías propias de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas donde las mujeres tienen un papel preponderante, informalidad laboral, impacto en la salud sexual y reproductiva y surgimiento de nuevas formas de explotación de las mujeres a partir del trabajo no valorizado que realizamos en torno al cuidado”.

En este sentido el relato de Marylen resulta descriptivo: “Las concesiones mineras llevan maquinaria a sitios donde anteriormente la minería era artesanal, tanto hombres como mujeres de manera sostenida en el tiempo extraían pequeñas cantidades de minerales que les permitían subsistir, hoy ya no es posible, hoy están las dragas, las grandes maquinarias en los ríos especialmente donde se saca oro. Lo que afecta principalmente a las mujeres quienes más se sostenían de la pequeña minería”.

Estos territorios de gran riqueza natural y proximidad al mar pacífico convierten a estas tierras en una región codiciada por todos, aquí el conflicto armado se relaciona con la disputa por el control de cultivos ilícitos, la minería y la presencia de las multinacionales. Frente a este escenario las comunidades desarrollan procesos de resistencia por el valor de los ríos y del agua, cuenta Kelly, recordando la experiencia de lucha contra el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. “En muchas de estas regiones se asesinan líderes y lideresas sociales” plantea. La organización Somos Defensores habla de 600 asesinatos desde el 2016. De los cuales 118 serían indígenas según la Organización Indígena Nacional de Colombia.

“La presencia de grupos guerrilleros, militares, paramilitares, grupos armados protegen los cultivos ilícitos, otros protegen la minería y las multinacionales. Quitan libertades y la posibilidad de movilidad de la gente en el territorio. La gente no tiene libertad para reunirse, organizarse, porque está siempre estigmatizada, señalada. Donde las mujeres son botín de guerra de los actores armados [..] las consecuencias de todo esto son muy fuertes: miedo a la organización, a la vida comunitaria, tener que salir del territorio para ir a la ciudad a buscar formas de subsistencia, por miedo, por el temor, por el asesinato a líderes y lideresas que se atreven a levantar su voz y defender su territorio”. Comparte Marylen acerca de la presencia de actores armados legales e ilegales.

Conectando luchas entre mujeres mingueras y de otras organizaciones.

En este contexto la movilización social adquiere características específicas para las mujeres “Ellas han ganado estos espacios en el marco de enormes dificultades y sacrificios familiares […] Alejandrina Pastor, mujer referente de la ONIC hablaba de Efigenia Vásquez, de todo lo que implicó tanto para la organización como para ella, ser una mujer periodista indígena” cuenta Kelly refiriéndose al asesinato de la lideresa indígena del pueblo Kokonuko en el 2017 por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, una unidad de la Policía Nacional de Colombia. “No sólo se pierden vidas, se pierden procesos costosísimos para las mujeres”.

En medio de estos escenarios de dolor, exclusión de los espacios de decisión y la desatención de las apuestas y necesidades de las mujeres, las mujeres han motivado los procesos de organización, expone Marylen: “Poder leer el contexto que nos rodea y nos afecta desde la visión de las mujeres ha permitido el reconocimiento de nuestro derecho a la movilización y la participación política”. Sobre el desafío que implicó para las mujeres sostener la minga durante más de 27 días comparte una anécdota: “Las múltiples tareas y obligaciones no les permiten esa libertad para poder participar y poder salir de su casa durante tanto tiempo. Por eso tuvimos que generar un relevo. Que estuvieran por 3 y 4 días y después llegarán otras. No fue fácil, fue muy difícil. Sin embargo, ahí estuvimos durante todo el tiempo, movilizadas, trabajando, cocinando, prestando guardia, asistiendo a los espacios de comisión política. Las mujeres nos la jugamos toda en esta Minga”.

A pesar de que el movimiento social y en este marco el de las mujeres atraviesa por un periodo de repliegue defensivo, sugiere Angélica Beltrán de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, en el cual “pasamos de tener un escenario en el que propusimos con mayor protagonismo a uno en el cual resistimos el avance de las diferentes iniciativas del Gobierno Colombiano”.  Las últimas movilizaciones revelan una nueva capacidad aglutinante entre diferentes sectores, organizaciones y apuestas “Poder construir un ejercicio unitario de movimiento social y popular de los movimientos sindicales, agrarios, estudiantiles.” concluye Marylen.

Así también viene ocurriendo en los movimientos de mujeres según observa Sandra Solano, también integrante de la Confluencia “En nuestro país el movimiento de mujeres es muy diverso en sus apuestas feministas, aun así se han generado escenarios de unidad y convergencia desde los feminismos, entorno a la defensa de la paz y la salida política y negociada”. En este sentido el reto consistirá según ella en: “Seguir generando opinión y acción frente a la profundización del modelo neoliberal después de unos acuerdos incumplidos a las FARC y un creciente exterminio de líderes y lideresas sociales […] Es necesario generar procesos de reflexión frente a experiencias pasadas y apostar al fortalecimiento organizativo de las mujeres en los territorios, pues es allí donde se generan disputas diarias frente a la justicia, la permanencia en el territorio y la eliminación de todas las violencias que nos atraviesan”.

Estos desafíos conllevarían el aprovechamiento del caudal de saberes adquiridos en materia organizativa, como explica Angélica: “Las experiencias que vivimos son capacidad instalada, aprendizajes valiosos que nos fortalecen para seguir actuando de cara al país y también en lo regional, donde el trabajo no para y las organizaciones de mujeres seguimos sembrando trabajo de base”.

Este ciclo de movilizaciones que incluyeron el paro más grande realizado por poblaciones indígenas en el país seguramente continuará caminando como la Minga, hasta que se transformen las condiciones que le dieron forma, hasta que haya tierras donde vivir y garantías para cultivar. Ni los panfletos encargados de diseminar amenazas contra las líderesas y líderes sociales, las organizaciones sociales, campesinas y afro, ni los pronunciamientos criminalizantes por parte de integrantes del gobierno buscando estigmatizar las resistencias, ni el miedo, ni el dolor, ni la desesperanza han sido suficientes para frenar esta fuerza colectiva que aprende de la movilización en unidad. Porque como dijo la líderesa afro del Cauca Rossa Mejía Caicedo “El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende”.

Fuente: https://www.revistaamazonas.com/2019/05/08/mujeres-tejiendo-resistencias-voces-desde-la-lucha-de-la-minga-indigena-afro-y-campesina-en-colombia/?fbclid=IwAR35i1-426-6noyXtGhJKwhgXyMcA35g1wtDlM_y2JGnOsSqpk3syQnDE0k

Colombia

Colombia: atentan contra Francia Márquez, luchadora ambiental

 Varios líderes sociales y defensores de derechos humanos del Cauca, entre ellos Francia Márquez, fueron víctimas de un ataque el sábado 04 de mayo en la tarde. El hecho se presentó en zona rural de Santander de Quilichao, al norte del Cauca. Márquez estaba con varios líderes, preparándose para una reunión con el Gobierno el próximo 8 de mayo, en el marco de la Minga Nacional.

El hecho ocurrió durante una reunión de varios líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (ACONC). Dos hombres de la Unidad Nacional de Protección (UNP) resultaron heridos.

Según la organización, el ataque es la materialización de amenazas que desde días pasados se han venido presentando por parte de grupos paramilitares hacia voceros de la minga, que lo único que han hecho es luchar por los derechos del pueblo.

En el ataque, escribió Márquez a través de su cuenta en Twitter, explicó que “como pueblo negro del norte del Cauca estábamos preparando una reunión para los diálogos en el marco de los acuerdos con La Minga y fuimos atacados con armas y granadas por hombres armados, tenemos dos hombres de la UNP heridos”.

El hecho ocurrió cerca de las 5:35 p.m. cuando Carlos Rosero, Francia Márquez, Víctor Moreno, Clemencia Caranbalí, Sofía Garzón y otros líderes sociales y defensores de derechos humanos que hacen partes de la La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC, se encontraban en una reunión comunitaria. El ataque, según Márquez, habría durado unos 15 minutos.

La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el atentado y pidió que se garantizara la protección de los líderes: “Rechazamos atentado en vereda Lomitas, Santander de Quilichao, contra los líderes de los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Exigimos garantías para que estos defensores de derechos humanos pueden reunirse libremente y trabajar por sus comunidades”.

Además del presidente colombiano Iván Duque, la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), rechazó el atentado dirigido hacia la líder social Francia Márquez y otros dirigentes.

Francia Márquez es una reconocida activista de las luchas contra la minería ilegal en Colombia. Hizo parte de la mesa de negociación del Gobierno y las Farc, en La Habana (Cuba) para hablar del impacto del conflicto armado en las mujeres y comunidades afro, indígenas y campesinas. En abril del 2018 recibió el premio Goldman, conocido universalmente como el Premio Nobel ambiental, que enaltece la labor de los defensores del territorio y el medio ambiente.

Desde CooperAcción expresamos nuestra solidaridad con Francia Márquez y nuestro rechazo a toda forma de violencia contra las y los defensores ambientales.

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/colombia-atentan-contra-francia-marquez-luchadora-ambiental/

Colombia

Colombia será demandada por multinacionales por impedir minería en Páramos

Luego que la corte constitucional fallara a favor de una demanda interpuesta por el polo democrático, en la que se impedía la minería y la extracción de hidrocarburosen las zonas protegidas, una empresas canadiense ha interpuesto una multimillonaria demanda en contra del estado colombiano, se trata de Eco Oro Mineral Corp con sede en Canadá,  haciendo uso de sus derechos legales, entregados por el gobierno en los marcos puntuales del tratado de libre comercio firmado por Colombia.

Tan pronto la minería se volvió un factor de crecimiento acelerado, el estado colombiano entregó títulos minerosa diestra y siniestra desconociendo que algunos predios para la extracción de recursos, se encontraban en zonas de reserva protegidas. Nueve mil títulos en todo el país se otorgaron para extraer recursos sin importar que se trataran de zonas de paramos, reservas productoras de agua, parques naturales y resguardos indígenas, muchos de estos títulos fueron otorgados en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y por consiguiente fue implementado por Juan Manuel santos mediante el Plan Nacional de Desarrollo.

La multinacional Eco Oro Mineral Corp entabló una  millonaria demanda,  por tratarse de una falla en los contratos establecidos en los tratados de libre comercio, la multinacional pretendía explotar a cielo abierto 7,7 millones de onzas de oro durante el transcurso de 15 años, sin embargo hace cinco años el estado los obligo a ejercer minería subterránea debido a las fuertes criticas ambientalistas que recibieron por estas practicas irresponsables en terreno colombiano, y con la probación del PND su funcionamiento siguió vigente.

Para el año 2016, debido a la intervención del polo democrático y sus ponentes, Alberto castilla y Jorge robledo y otras bancadas del partido en compañía de sectores ambientalistas, cumbre agraria, y la corte constitucional se logro fallar a favor de los paramos y las zonas de reserva protegidas. Con este fallo los multinacionales con títulos mineros en zonas de paramos y áreas protegidas debían sin reprocho alguno abandonar el país.

Luego de fuertes criticas presentadas por el sector agrario y campesino en contra de los tratados de libre comercio y que el estado hizo caso omiso a estas denuncias, será el pueblo quien de su bolsillo pague las indemnizaciones a multinacionales por los descuidos de la clase política a los intereses reales de Colombia.

«Esta medida a favor de los paramos no solo beneficia a unos cuantos campesinos de a pie, mas de tres millones de personas se benefician del agua que emana Santurban, paramo que se encuentra en disputa con la compañía demandante, no hay otra salida que defender la soberanía interponiendo las demandas necesarias para lograr una vida digna y un desarrollo sostenible en un país lleno de recursos naturales»; fueron las palabras de miguel ramos, integrante del Equipo Jurídico de Pueblos en Santander.

Fuente:http://www.libertadypensamiento.com/2016/04/colombia-sera-demandada-por-multinacionales-por-impedir-mineria-en-paramos.html?fbclid=IwAR18VeBxLepiLHJIRSqpeVQC7CoBXeb0IiIJhftdxd0OtjFDrFpR6jdLTmU

Colombia

No existe la minería sostenible ni responsable, eso es un discurso corporativo

Una entrevista sobre las implicaciones ecológicas, sociales y humanas de los megaproyectos Minero-Energéticos en Colombia

En el mes de Octubre una comisión de líderes sociales colombianos estuvieron de gira por Europa con el apoyo y organización de Friends of the Earth International. Tras ubicarse Colombia, junto a Honduras y Palestina, como uno de los tres países prioritarios de la organización a causa de la situación de violación de derechos humanos, emprendieron camino en esta gira Danilo Urrea, miembro de CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia, Blanca Nubia Anaya del Movimiento Social Ríos Vivos en defensa del Sogamoso en Santander y Jonathan  Ospina del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA – en el departamento del Tolima.

Nos reunimos con la comisión para ahondar en el estado de la situación y presentar las violaciones colectivas a los derechos de los pueblos que están teniendo lugar en el país por la participación del capital transnacional en la construcción de megaproyectos.

 

Colombia se ha caracterizado por décadas por su actividad económica de tipo extractiva. La extracción y exploración de hidrocarburos como principal fuente de ingresos nacionales, se vio sin embargo, consolidada junto al énfasis en los proyectos minero-energéticos a gran escala como uno de los pilares de desarrollo económico en el plan nacional de desarrollo 2014-2018.  ¿Qué implicaciones ha tenido esta afamada «locomotora minero-energética “en los territorios donde se ubican dichos proyectos?

Danilo: Señalaría un aspecto, sí es cierto que el modelo se consolidó entre 2014 y hasta 2018 por el plan de desarrollo, pero la viabilidad del modelo y su incursión firme en el país las entrega la política de “seguridad democrática” durante la presidencia de Uribe, en la que se hizo todo por atraer la inversión extranjera directa, causando 4 millones de desplazados, 5 millones de hectáreas de tierra tomadas por el paramilitarismo.  Es la seguridad democrática la que garantizó el modelo, Santos, el presidente actual, lo que hizo fue darle un impulso a esas garantías para el capital transnacional. Pero ya eso estaba bien consolidado.

Jonathan: Este modelo ha hecho que haya un desconocimiento de las comunidades en los territorios por parte del estado, desde la centralidad. Al perseguir esta estrategia de desarrollo, se han causado nuevos y numerosos conflictos con las comunidades, conflictos por la tierra y por el ambiente. Lo que se ve amenazado es la tradición y la permanencia en el territorio.

 

¿Es posible hacer minería a gran escala sostenible, responsable y respetuosa de los derechos?

Danilo: No existe la minería sostenible ni responsable. Es un discurso corporativo, que incluso ha calado en todo el sistema de Naciones Unidas que ha garantizado que a través de esos discursos lleguen a territorios específicos con esas falacias.

Es contradictorio. La misma actividad es de tipo extractivo. De explotación. No puede ser sostenible ni sustentable. Desde la mirada científica es contradictorio. Tampoco es responsable. De lo único que es responsable es del desplazamiento, de la criminalización de la lucha, de la contaminación de agua, de enfermedades respiratorias y estomacales. Lo demás es una falacia. Todo el modelo de responsabilidad social empresarial, que ha sido montado alrededor de la minería, es un favorecimiento del modelo corporativo. Porque una responsabilidad social corporativa que se hace por ejemplo responsable de pagar las fiestas patronales del Tolima para que la gente se comprometa a permitir la entrada  de la transnacional, o de pagar la construcción de escuelas en las que se les enseña a los niños indígenas que se tienen que convertir en mineros por fuera de toda su concepción tradicional y ancestral, un puesto de salud donde ni siquiera hay energía necesaria para poner a funcionar las máquinas para realizar exámenes y atender a la población, son claramente sólo lavados de imagen corporativo para lograr exención de impuestos como está comprobado hasta la saciedad en el caso colombiano. Por todo eso, ese modelo de responsabilidad social y el discurso de minería sostenible es sólo una estrategia para garantizar la entrada más fácil de los proyectos y las mineras a los territorios.

 

Y en últimas para liberar también al estado de su responsabilidad como garante de las condiciones para el desarrollo de los territorios y la vida de las personas.

Danilo: Suplantación ficticia del estado.

 

Y además dividen a la población para ganar adeptos. ¿Cómo hicieron por ejemplo en Cajamarca para reunir a la mayoría en contra del proyecto de minería de oro?

Jonathan: Sólo tuvimos 15 días  para organizar a la gente. Sobre minería ya habíamos hablado por muchos años. Para todos era claro que Cajamarca en su mayoría iba a votar No a la minería. Ese día de la votación, ofrecieron paseos para irse a otros lados, en otros casos ofrecieron 400.000 pesos para retener cédulas y después las devolvían al final de las votaciones. A pesar de esas maniobras de último minuto, nuestro proceso de información y sensibilización ya tenía efectos irreversibles. Los pequeños grupos que estaban a favor de la minería eran porque tenían contratos u otros beneficios directos con la empresa.

 

Colombia transita por un proceso de construcción de paz. Ya con la ley de víctimas, y después del acuerdo de paz, se comenzó a implementar y reforzar en Colombia la política restitutiva, reparativa y de redistribución de tierra.  Pero todo eso va en paralelo compitiendo con la “Locomotora Minero-energética” y con políticas o leyes como la ZIDRES- Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social- . ¿Uds. creen que esta competencia de políticas se constituye en un impedimento efectivo para la paz?

Danilo: En primer lugar es importante señalar que es un error tratar los temas agrarios  en el marco de los planes de desarrollo territorial integral. Cuando hablamos de desarrollo rural, se habla de la tierra en términos de explotación, de lo productivo. Diferente a cuando hablamos de lo agrario. Más allá de ésto, el obstáculo real es que todo el andamiaje normativo de Colombia está en contravía del acuerdo. Por ejemplo las ZIDRES van a crear clústeres productivos, es decir que la única vía será integrar a las Zonas de Reserva Campesina con las ZIDRES como anexo para fortalecer los megaproyectos en la zona. Esta anexión implica que las zonas campesinas, van a ser devoradas por el modelo corporativo que dirige las ZIDRES. Esa fue una jugada brillante del gobierno, ya que ahora todo ese esquema normativo y las políticas de desarrollo rural van a ser validadas y legitimadas en su totalidad por los Planes de Desarrollo Territorial – PDET-, que son parte del acuerdo de la Habana. No dejan ventana ni chance de articular de ninguna forma alternativa los territorios rurales y las actividades productivas. Todo queda atrapado en el modelo corporativo.

 

Se ha discutido ya ampliamente, que tras la retirada de las FARC de los territorios, éstos quedan totalmente libres para que el gobierno y las multinacionales entren con sus megaproyectos de minería o agricultura intensiva y monocultivo. ¿Puede ser que la ausencia de las FARC conduzca a una catástrofe natural y social en territorios que por tradición habían sido intocables por la protección del grupo guerrillero?

Blanca: De hecho en varias comunidades, la misma gente no ha querido que la guerrilla se vaya. La gente tiene miedo. Ha habido muchas amenazas a pobladores diciendo que apenas se vayan las FARC los van a ajusticiar.

Danilo: Es importante dejar claro que nosotros respaldamos cien por ciento el acuerdo como posibilidad de terminar un conflicto armado de tan larga data. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que se quiere implementar como paz. Las comunidades han construido paz desde siempre desde sus mismas formas de habitar el territorio, en una dirección totalmente diferente al modelo corporativo impuesto por el gobierno.

Nosotros como firmes defensores del proceso de paz, sabemos la importancia de la reconciliación como primer paso para construir paz. Pero la reconciliación debe ser completa. También debe haber reconciliación con la naturaleza. La guerra también ha sido declarada a la vida no humana. Reconocer, reparar y enmendar el camino es parte de la construcción de la justicia ambiental para una paz integral.

 

Ustedes representan procesos colectivos locales de resistencia y rechazo a los megaproyectos minero-energéticos. En Cajamarca se llegó a ese punto culmen con la consulta popular en la que el 97% votó en contra de la mina de Oro “La Colosa”. En Sogamoso, la represa siguió su curso como proyecto pero es conocido que la resistencia de la comunidad ha obligado a gobierno y a empresa a hacer un pare y negociar con la gente ¿Cómo fue el proceso colectivo del pueblo para llegar a esos puntos determinantes en la defensa del territorio?

Blanca: En Sogamoso, no ha sido nada fácil, duramos 6 meses en protesta y en paro organizado en uno de los parques de la localidad. Nuestras condiciones fueron muy difíciles. En últimas la sede de la CUT-Central Unitaria de Trabajadores- fue la que nos prestó techo y refugio sobre todo para nuestros ancianos y niños. Tal fue nuestra resistencia que la empresa ofreció 1.300 millones de pesos (39.000 euros) para solucionar la situación. Pero eso no era ninguna solución. Somos más de 2000 familias, y no se nos ofrecen tierras para cultivos ni soluciones de vivienda. Tras seis meses rompimos la huelga pues no aguantábamos más a sol y a lluvia todos los días. Seguimos movilizándonos y exigiendo. Requerimos apoyo internacional.

Jonathan: Un año antes de la llegada del proyecto “La Colosa”, ya existían algunas organizaciones sociales. Con la llegada de la minera y su gran campaña de prensa y su discurso de progreso económico en las jornadas de socialización con la comunidad, ya comenzaron con gran escepticismo a organizarse los mismos pobladores en comités como el Comité Ambiental en Defensa de la Vida -CADV-. Se formaron redes locales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales en apoyo a la causa. Se utilizó muchísimo el “voz a voz” y se generaron iniciativas de movilización ciudadana como las marchas-carnaval. También se produjeron materiales, cartillas, y contenidos de tipo informativo y didáctico en las que se lograron explicar todas las implicaciones de la minería a cielo abierto a gran escala.

De igual forma nos asesoramos con abogados y fuimos muy activos en usar todas las herramientas jurídicas para no sólo hacer respetar el derecho a la consulta previa, sino el hecho de hacer valer la presencia de representantes de la comunidad en sesiones de consejos locales o nacionales y mantener vivo el tema de la minería en el agenda pública.

 

Y después de la consulta, la empresa también se agarró de argumentos jurídicos para deslegitimar los resultados. El argumento de que habían ya adquirido los derechos de explotación tras haber obtenido la licencia para exploración durante 10 años, fue utilizado decididamente por la minera para argumentar su negativa a dejar el territorio. ¿Cómo se alegó contra esos argumentos?

Jonathan: En primer lugar, esos argumentos no tienen un peso jurídico real. En la legislación colombiana, la licencia para exploración no concede de manera automática la licencia para explotación. Es una mera expectativa. Entonces la empresa no tenía ningún derecho adquirido real. No cuentan con licencia ambiental y con los resultados de la consulta tampoco la obtendrán.

Danilo: En todo caso, los resultados de la consulta sí son vinculantes. Lo que pasa es que hay un vacío jurídico. Esos mecanismos de participación están garantizados en la constitución, pero no hay gran desarrollo en su reglamentación. Por esta razón después de los resultados hay un gran bloqueo porque no hay claridad de cómo implementar o seguir el proceso. En eso se excusa el gobierno Colombiano para no actuar de acuerdo a la voluntad de los votantes. Sin embargo, sí existe la jurisprudencia de la corte constitucional que indica que toda decisión de los entes territoriales debe ser previamente consultada y que los resultados de las consultas son vinculantes.

La verdadera pregunta es cómo se están interpretando los desarrollos de la corte constitucional y las discusiones alrededor de éstos. Y eso va para largo.

 

Entonces en el caso de Cajamarca ¿tampoco se ha implementado?

Jonathan: El proceso de implementación en principio sigue tres etapas. El local,  luego el departamental y por último el nacional. Los consejos municipales tienen que reglamentar los resultados de la consulta en el ordenamiento territorial, entonces en Cajamarca, el consejo municipal sacó el decreto por el cual adopta los resultados de la consulta popular pero lamentablemente lo hizo a espaldas de la comunidad  y quedó un decreto muy  vulnerable que puede ser atacado en cualquier momento  por la empresa. Pero bueno, desde lo local ya se puede decir que se implementó. En el nivel regional, la Corporación Autónoma del Tolima – CORTOLIMA- falta que le quite los permisos ambientales a la empresa; los que tiene de exploración. Y de orden nacional falta que los ministerios le quiten los títulos mineros. 80% del territorio en Cajamarca está titulado como territorio minero, entonces seguimos exigiendo que esos títulos se deroguen, pues si la actividad minera está prohibida pues no tendrían por qué estar activos. Al día de hoy la empresa sigue como titular de los territorios, tienen seguridad privada.  La empresa expresó que estaría esperando la resolución del tema minero y allí retornarían o se irían; en un total desconocimiento de la voluntad de Cajamarca.

 

¿Cómo ha sido la situación en relación a la seguridad e integridad de los líderes sociales que defienden los territorios de los mega proyectos y las grandes empresas?

Danilo: En Colombia ha habido un cambio del dispositivo de criminalización en los últimos diez años y el cambio no significa que se haya dejado de usar la forma clásica que es el asesinato y el encarcelamiento. En los últimos diez años hubo todo un desbloqueo de las tecnologías del poder y cambiaron a tener otras estrategias como la deslegitimación del trabajo de la gente. Tiene que ver con mostrar a esas personas como que tienen problemas diversos, más allá de lo que se refiere a su trabajo y tiene que ver con un intento de presentar a los líderes y lideresas como si hicieran parte de grupos insurgentes. Aun cuando eso no se lleve a escenarios penales, genera bastante desconfianza en la población local. Este nuevo dispositivo de criminalización ha tenido un resultado. La estigmatización ha sido producto de una muy buena coordinación entre los medios que están asociados a las empresas privadas y a éstas que a su vez aportan dinero a esos medios.

Blanca: Cuando empezó a entrar con fuerza la empresa en el territorio para construir la represa, sucedieron 4 asesinatos de líderes. Aún siguen esos y otros casos en la completa impunidad. Así mismo tenemos compañeros y compañeras a quienes les han ensuciado su imagen de manera tal que es casi imposible poder recuperar la credibilidad o confianza por parte de los demás. Es muy lamentable. Apenas ven cabezas visibles en la resistencia y defensa de la causa, se implementan varias estrategias para afectarlos. En el peor de los casos, desaparición o asesinato.

Jonathan: En Cajamarca sucedió lo mismo, el asesinato de 3 líderes, dos en 2013, otro en 2014. Según las investigaciones siempre se ha arrojado que los crímenes fueron aislados y desvinculados de su protagonismo en la lucha por la defensa del territorio, sin embargo, se han encontrado también inconsistencias en estas investigaciones. Además también ha habido muchas amenazas al movimiento y sus líderes por parte de grupos paramilitares; en otros casos por personas desconocidas.  La empresa incluso ha tenido históricamente escándalos de vínculos con grupos paramilitares en otras partes del mundo, en Ghana o Sudáfrica, por ejemplo.

Causa curiosidad que las amenazas realizadas por el grupo paramilitar “Las Águilas Negras” utilicen el mismo lenguaje y discurso utilizado por la empresa: El famoso discurso del progreso. Existen muchos indicios que ponen a pensar que realmente existen nexos entre estos grupos y la empresa, teniendo en cuenta que la empresa tiene convenios de seguridad con cuatro batallones de alta montaña del ejército. Es bien sabido por todos cómo no sólo en Cajamarca, los grupos militares han trabajado de la mano con grupos paramilitares. La misma fuerza pública además ha sido de los principales actores que han vulnerado los derechos de los líderes y las comunidades en defensa del capital y los megaproyectos asociados. Este año volvieron a intentar nuevos asesinatos; hubo disparos por parte de una persona desconocida. Se trató que la investigación se hiciera de una manera efectiva pero no hay respuesta ni intención explícita de investigar a fondo. Vemos que los derechos se vulneran constantemente no sólo por los directamente involucrados en las agresiones sino por parte del estado entero al no tener voluntad ni disposición para investigar y esclarecer los hechos. Muestra de ello la impunidad total en la que quedan todos estos casos.

 

¿Qué mensaje principal quieren dejarle a nuestros lectores y cómo se pueden vincular y participar para lograr el mejoramiento de la situación?

Jonathan: Visibilizar los casos. Que no se quede la información en los territorios. Difundir la información. Presionar al gobierno colombiano en dirección a que respete la democracia participativa, los derechos y que implemente las medidas para que se dejen e vulnerar éstos de manera sistemática. Así mismo hacemos un llamado a que las personas cuestionen y cambien sus prácticas del día a día. El consumo excesivo e innecesario está conduciendo a que las empresas vayan a los países “subdesarrollados” para extraer los recursos naturales y así garantizar que otras personas en otros países vivan lo más cómodamente posible a costa de la vida de otras personas. Si cambiamos nuestras prácticas  de consumo no habría necesidad de ir a otros países a explotar y extraer sus recursos hasta acabar con los territorios. Antes de comprar o desechar algo, hay que pensar que otras personas están sufriendo o perdiendo la vida para que ese producto o servicio esté al alcance.

Blanca: Toda la explotación que se hace, se hace de recursos naturales que no son renovables. El agua es vital para sobrevivir. La gente debe ser consciente de que cuando un bombillo está prendido innecesariamente, es el agua la que se está acabando, cuando usamos y botamos mucho papel, también. Al atentar contra el agua, atentamos contra la vida misma. La gente debe despertar y enterarse de dónde y cómo se producen las cosas que adquieren o tienen.

Danilo: Lo principal es tener una mirada crítica frente al modelo global de producción y consumo y lo que implica que una sociedad participe en el modelo de producción y consumo de otras sociedades. En el fondo, la discusión debe ser cómo una situación como la Colombiana, depende de una presión internacional muy fuerte; desde los pueblos de otros países. Se debe saber que no es una democracia la que se vive en Colombia, que la idea de que Colombia ha vivido como la democracia más antigua de Suramérica es una idea falsa. Es una creencia justificada en un modelo legal pero falsa. Creo que como mensaje quiero decir que en Colombia no hay garantías democráticas para el ejercicio de la defensa del bien natural y el territorio y que hasta que no cambie esa concepción de las sociedades europeas de que Colombia es una democracia, no va a ser posible intervenir para acabar con el modelo de dominación, que es un modelo de dominación oligárquico, de una clase social sobre las otras y sobre la naturaleza. El mensaje sería que hay que construir una democracia basada en la autodeterminación de la gente.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/no-existe-la-mineria-sostenible-ni-responsable-eso-es-un-discurso-corporativo/

Colombia

Filtran video que evidencia campaña de estigmatización de Minesa contra ambientalistas

El Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán compartió ayer un video filtrado que muestra a Santiago Urdinola, presidente de la Sociedad Minera de Santander (Minesa), detallando una estrategia mediática para impulsar la solicitud de licencia ambiental que presentaron para la construcción de Soto Norte, un proyecto minero de extracción de oro que, según organizaciones ambientalistas,  afectaría nocivamente al Páramo de Santurbán.

En este video de una reunión privada de Minesa, se ve a Urdinola hablando de una estrategia de comunicaciones que tiene como prioridad tener «tranquilos» a las autoridades competentes en Bogotá, durante el proceso de la solicitud de la licencia ambiental, esto a pesar de las manifestaciones públicas de las comunidades en contra de este megaproyecto. «Si yo tengo el mundo incendiado, pero en Bogotá sienten que estamos bien, estamos bien«, sostuvo.

El presidente continúa, diciendo que la manera indicada de minimizar las voces contradictorias a la mina es desarrollar una narrativa que presenta a los manifestantes como militantes de la oposición, vinculados a los movimientos políticos del Senador Gustavo Petro, al Partido Verde, al Polo Democrático y a algunos élites de Bucaramanga, que estarían buscando a través de estas manifestaciones tumbar el Gobierno del Presidente Iván Duque. (Le puede interesar: «Páramo de Santurbán nuevamente amenazado por solicitud de Minesa«)

Mayerly López, vocera del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, señala que este video filtrado confirma las denuncias que los ambientalistas organizados en contra de este proyecto habían publicado por años y que es la empresa la que emprende en una campaña de estigmatización para deslegitimar a los manifestantes señalándolos como politiqueros de izquierda, por el solo hecho de que algunos contradictores son integrantes de partidos políticos.

El Comité también compartió otro video de la misma reunión en que el presidente afirma que el proyecto minero Soto Norte, al ser aprobado, estaría desplazando a 50 familias, «de sus territorios donde han vivido por 100 años porque están en la huella del proyecto».

Frente estos hechos, el Comité planea mandar una denuncia a la ANLA para que este video se tenga en consideración al tomar una decisión frente la solicitud de licencia ambiental que presenta la empresa y esperan que las autoridades competentes investiguen los procederes de la empresa. Adicionalmente, el Comité realizará una marcha el próximo 10 de mayo para presionar a las autoridades a rechazar la solicitud de Minesa.

 

Fuente:https://www.contagioradio.com/filtran-video-que-evidencia-campana-de-estigmatizacion-de-minesa-contra-ambientalistas/?fbclid=IwAR3H3Peo3eT5akPdi9gYjjWyt-VzXrPH4edo9v7T0RYzZhWCgcHwO744-qM