Ecuador

El proyecto Loma Larga de INV Metals en Ecuador aún se discute a pesar de las recientes proclamaciones

El 29 de noviembre de 2018, la empresa minera canadiense INV Metals (TSX: INV) publicó los resultados del Estudio de Factibilidad para su proyecto de oro, cobre y plata Loma Larga en Kimsakocha, Ecuador. El comunicado de prensa de la empresa y la presentación corporativa sobre el estudio comunican un sentido inquebrantable de apoyo local para el proyecto y un compromiso con la protección del agua y el medio ambiente.

Candace MacGibbon, CEO de la compañía y 5% accionista, declaró en el comunicado de prensa de la compañía que:

Loma Larga es uno de los cinco proyectos mineros estratégicos identificados por el Gobierno de Ecuador y será el próximo proyecto de desarrollo minero a gran escala que se financiará y se permitirá en el país … Con el sólido apoyo demostrado del gobierno ecuatoriano y las comunidades locales circundantes. En Chumblin, San Gerardo y Victoria del Portete, INV Metals planea hacer avanzar agresivamente el Proyecto con el objetivo de comenzar las obras a principios de 2020, con el objetivo de lograr la primera producción de concentrado de oro a finales de 2021.

Traducciones de ambos documentos corporativos circularon entre las comunidades alrededor de Kimsakocha y en la cercana ciudad de Cuenca. La confianza percibida de la compañía para lograr una “licencia social” para operar fue recibida con gran preocupación por las organizaciones locales y regionales.

Fausto Loja, Presidente de las Juntas de Agua del Pueblo (Centro) Cantón Girón, desacredita la campaña de la compañía refutando con vehemencia las afirmaciones de la compañía:

No es verdad que estemos de acuerdo con la mineria. Las comunidades de Girón no estamos de acuerdo en lo que está diciendo la empresa minera, porque no han existido asambleas con toda la difusión libre e informada para que el pueblo sepa la verdad de lo que va a pasar. Yo estoy caminando por las comunidades y sobre todo los mayores no quieren la minería.  Si tenemos que dar la vida porque tenemos hijos… nietos ña daremos, pero la minera no entrará en nuestras comunidades.

Las comunidades han estado involucradas en una fuerte resistencia de oposición a la mina durante casi dos décadas, y aún así, a pesar de sus mejores esfuerzos, continúan enfrentando “movimientos agresivos” por parte de la compañía para avanzar en el proyecto.

Comunidades dijeron “no” de forma repetida 

Para los residentes locales que viven alrededor de la mina propuesta, existe mucha confusión y frustración acerca de por qué el proyecto continúa avanzando a pesar de que se han movilizado persistentemente en sus comunidades y en las urnas para oponerse al proyecto.

Líderes locales como Manuel Rigoberto Sánchez Fajardo, el Presidente de la Junta de Agua de Riego Río Portete se niegan a aceptar la posición de la compañía, destacando el compromiso de su organización para crear conciencia sobre los peligros de la minería y promover una Visión de protección de la vida.

La empresa minera no puede asegurar jamás que todos estamos de acuerdo, nunca nos han consultado; desde el 2000, venimos luchando sabiendo los estragos que causa la explotación minera. Sabemos que andan diciendo que hay gente que apoya la minería y a cambio de que? No dejaremos que ellos entren, no meteremos las manos en los bolsillos,  tenemos que seguir incentivando y motivando al pueblo para conservar nuestras aguas sagradas.

En numerosas ocasiones, los residentes locales y regionales han rechazado la minería. Hace apenas diez meses, en febrero de este año, las comunidades en la región de Kimsakocha votaron abrumadoramente en oposición mayoritaria a la minería de metales en un referéndum popular. Cuando se les preguntó si estaban a favor de enmendar la Constitución ecuatoriana para prohibir, sin excepción, la minería de metales en todas sus fases en áreas protegidas, áreas “intangibles” (áreas de importancia cultural) y centros urbanos, residentes de la provincia de Azuay (la provincia donde se encuentra Loma Larga) votó a favor de prohibir la minería (72% en general, y mayor en los cantones de Girón, Cuenca y San Fernando).

Según José Virgilio Ramón Quezada, Presidente de los Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, están atrapados entre una roca y un lugar difícil que intenta defender su agua:

Las comunidades de Girón no estamos de acuerdo con la minería, la prueba es que, en la consulta popular a nivel nacional en la pregunta sobre minería, el 81% del pueblo de Girón dijo “no” a la minería. Debemos decir que nadie nos ha consultado para darles la concesión, la tierra es nuestra.  Nunca nos consultan nada… por eso nosotros luchamos para que se dé la consulta y la minera se vaya. Los gobiernos esperando las supuestas regalías y para nosotros la catástrofe, lo que nos que a es el derecho a la resistencia art. 98 y lo haremos respetar.

Las preocupaciones sobre el agua son fundamentales para la defensa de la vida de las personas en oposición a la mina

El agua siempre ha sido un punto central de preocupación para la oposición local a la mina. Muchas personas dependen del agua, en las zonas rurales y en la ciudad de Cuenca, para forjar sus medios de vida como agricultores y como habitantes de la ciudad solían beber agua directamente del grifo.

El proyecto propuesto fue determinado en 2016 según el Informe Pericial hecho por el estimado ingeniero de minas James Kuipers como un gran riesgo irreparable para las regiones de cuencas hidrológicas de las tierras altas ecológicamente sensibles denominadas “páramos” debido al alto contenido de arsénico del mineral y la incapacidad de las operaciones mineras para contener el flujo del agua.

Según Jhonny Marcelo Tapia Mogrovejo, Secretario de Los Sistemas Comunitarios de Agua Cantón Girón,

Tenemos claro que la minería causaría destrucción total en los páramos donde nacen más de 600 fuentes de agua en el cantón Cuenca provincia del Azuay, consecuente con esto somos comunidades netamente agrícolas y ganaderas; por esto venimos en resistencia más de 17 años.

Y, las comunidades temen lo peor por sus futuros. Para ellos, no vale la pena el riesgo:

La minería es algo que perjudica a las comunidades sobre todo con el agua, que se contamina con los tremendos químicos que usan en la minería y luego votan al agua. Nadie está de acuerdo con la minería… sabemos que en otros países la minería deja todo infértil, vacío, desvían el agua y le dejan sin rumbo… aquí sería una sequía total en las comunidades de Girón, tendríamos que irnos de aquí.  No a la minería si a la vida. El oro no se come. La minera no pasará. (Mery Cumandá Quintanilla Hurtado, President, Canal de Agua Celata-Santa Marianita-La Cofradía y San Juan de Pambabel)

Sin embargo, en estos resultados recién publicados (ver Presentación corporativa, 29 de noviembre de 2018), la compañía señala que la descarga de la mina se desviará de la cuenca de Cuenca para garantizar que el suministro de agua de la ciudad no se vea afectado por las actividades de la mina.

El colectivo ambientalista urbano de Cuenca, Yasunidos Guapondelig, refuta las afirmaciones de la compañía. Para los residentes de Cuenca, el problema no es simplemente un problema con el lugar donde enviarán los efluentes de la mina, sino el hecho de que habría efluentes. La organización señala que una auditoría ambiental de la compañía de agua potable de la ciudad concluyó que el proyecto Loma Larga afectará negativamente “la calidad y la cantidad de agua del río Yanuncay, de cuyo caudal se abastece la planta de agua potable de Sustag. Por eso motivo, el consejo de la ciudad declaró el territorio de Cuenca libre de minería metálica en 2017, al igual que el consejo de la provincia del Azuay en 2016.”

Yasunidos considera que los informes más recientes de la compañía son un intento explícito de “dividir a las personas en ciudadanos de primera y segunda clase dependiendo del lugar donde viven”, señalando que la afirmación de la compañía “es repudiable desde todo punto de vista. Los derechos de las poblaciones del otro lado de la cordillera nos importan tanto como nuestros derechos. Estas declaraciones de INV están cargadas de engaño y discriminación.”

¿INV tiene la confianza suficiente para … intentar bloquear un proceso de consulta popular?

El 19 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador resolvió que se realizara un proceso de consulta popular en el cantón de Girón. La empresa está disputando la decisión.

El 10 de diciembre, el INV presentó una apelación al Tribunal Electoral para revocar la decisión del Consejo Electoral. Dada su insistencia en el consenso de la comunidad a favor del proyecto, es curioso que la compañía no quiera un proceso de consulta en la región donde afirman tener claramente un fuerte apoyo de la comunidad.

Para Johnny Tapia, la oposición de la empresa al proceso de consulta es clara:

Estamos planteando la consulta para que no se de la minería en el proyecto Loma Larga – Kimsakocha…ahora la minera INV quiere impedir a todo costo, para que el pueblo no se pronuncie.

Pero, a pesar de los mejores esfuerzos de la compañía, las comunidades no se rendirán

Esta lucha, que ya tiene casi dos décadas, ha cobrado un precio en los cuerpos de las personas, en sus actividades económicas y en sus relaciones sociales. Sin embargo, aún tiene que socavar el compromiso de la gente de defender su territorio y el agua de la que depende una gran parte del país. Sus declaraciones son inspiradoras y hablan por sí mismas:

Mientras la minería aceche nadie duerme tranquilo porque acecha la muerte. Nuestras comunidades están despiertas unidas y decididas a morir si es preciso. pero la minería no entrara en nuestro cerro sagrado de donde viene nuestra agüita para tomar, para nuestros huertos, nuestra comida, nuestros animales, nuestra vida. Estamos unidas todas las comunidades de Tarqui, Victoria de Portete, Girón y Cuenca. Y hasta las autoridades no quieren la minería porque es muerte. Estos mineros que vienen a destruir nuestras vidas, nunca podrán entrar en nuestras comunidades a menos que nos maten.

Diana Quesada, Presidenta, Escuela Agroecológica de Kimsakocha

Vigilamos sigilosamente que nos saquean, que no nos contaminen.  La primera cuchillada a la Pachamama despertara la furia indígena en defensa del agua y la vida. Los territorios son sagrados para los pueblos y no entraran los mercaderes de la ambició y codicia. Kimsakocha es el símbolo de la resistencia en le Ecuador.

ECUARUNARI, Confederación Kichwa del Ecuador

El brillo de oro y que salta ala vista los bolsillos de los extractivistas no pasará en Kimsakocha. Nada aniquilara las fierezas de las montañas y lagunas. La Pachamama es mas poderosa que la ambición de los Mercenarios del oro. no descansaremos en la lucha y resistencia contra lo saqueadores, La defensa del agua es la defensa de nuestras vidas.

CAOI, Coordinadora Andina de Organizaciones

Debemos también denunciar los riesgos que corren los dirigentes a nivel personal y familiar por estar al frente de la resistencia a favor de la vida, de los páramos, del agua. No estamos de acuerdo con la forma de manipulación y división que hace la empresa con nuestros pueblos, tratando de comprar conciencias a las personas vulnerables a cualquier precio. La minería jamás entrará en nuestras tierras, ya que la defenderemos derramando nuestra sangre por que es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. 

Jhonny Marcelo Tapia Mogrovejo, Secretario Sistemas Comunitarios de Agua Cantón Girón

Fuente:https://miningwatch.ca/es/blog/2019/1/10/el-proyecto-loma-larga-de-inv-metals-en-ecuador-n-se-discute-pesar-de-las-recientes

Ecuador

La resistencia al proyecto minero de Codelco cobra fuerza en Ecuador

Este sábado y domingo pasado, 12 y 13 de enero, campesinos y campesinas de varias comunidades aledañas al proyecto minero Llurimagua en Intag finalmente se hartaron, y bloquearon el acceso funcionarios de la empresa estatal minera del Ecuador, ENAMI, y del Ministerio de Medio Ambiente, quienes son los encargados de socializar con las comunidades un estudio de impacto ambiental excepcionalmente defectuoso.
La socialización busca legitimar la expansión del proyecto minero en Junín a otras 701 hectáreas, en su mayoría en bosques primarios y secundarios, donde la subsidiaria ecuatoriana de Codelco ha explorado desde 2015 y provocado importantes impactos sociales. y ambientales.
Aparte de la presencia de unos cuatro policías, la pacífica medida fue evidenciada por la Defensora del Pueblo de Imbabura, Katherine Andrade.
Como se puede ver en su declaración a continuación, las comunidades denuncian la farsante socialización del Estudio de Impacto Ambiental y están más unidos que nunca en no permitir que la empresa ni el gobierno ingresen a sus territorios para socializar dicho estudio.
Es notable resaltar el apoyo solidario recibido a los compañeros en resistencia de parte de una nutrida delegación de la Parroquia de Cuellaje, liderado por su presidente, José Garzón quienes alegraron la resistencia con su presencia..
SECTOR DE CERRRO PELADO-BARCELONA, ZONA DE INTAG  12 DE ENERO 2019
A LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE EJECUTAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO LLURIMAGUA, EN LA ZONA DE INTAG, CANTÓN COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA, Y AL PÚBLICO EN GENERAL:
Las campesinas y campesinos de este sector productivo y hermoso del Ecuador, ejerciendo nuestro derechos Constitucional a la Resistencia, queremos expresar lo siguiente:
Que nunca hemos sido consultado sobre si deseamos o no la minería en nuestros territorios según la Constitución y Tratados Internacionales, incluyendo la Declaración de Escazú; y por tanto consideramos el proyecto Llurimagua ilegítimo e ilegal.
Estamos unidos más que nunca en nuestro rechazo al proyecto minero Llurimagua impuesto violentamente en contra de nuestras voluntades, y que,  desde 1995 hemos venido rechazando en todo tipo de reuniones, foros, asambleas cantonales y comunitarias, y medidas de hecho como la de hoy día.
Escuchen bien: YA BASTA!
Estamos hartos de la prepotencia de las empresas y los gobiernos de turno y fuerza pública  que en vez de defender al pueblo, en vez de defender la soberanía alimentaria, el agua y las tierras fértiles, y nuestros bosques y ríos; en fin en vez de defender la VIDA, defienden a los intereses transnacionales, atropellando derechos humanos y de la Pachamama.
Consideramos una farsa total la socialización de un documento de más de 1.500 páginas con información dado el corto plazo que les dan a las comunidades para estudiarlo y poder comentar, y por el hecho que no nos dan copias impresas para llevarlas a nuestros hogares.
A las autoridades de SENAGUA y Ministerio del Ambiente:  exigimos que antes de que consideren permitir a las empresas dañar otros bosques y fuentes de agua puras, que primero se nos consulte de buena fe, y que se investigue y se sancione las claras violaciones a las leyes y regulaciones ambientales del país, de responsabilidad de la subsidiaria de la transnacional CODELCO
FUENTE:http://www.decoin.org/
Ecuador

Balance ambiental 2018: Ecuador entre minería, petróleo y resistencia indígena

  • Comunidades indígenas y campesinas han ganado varias batallas judiciales contra las industrias extractivas pero aseguran que esas decisiones no se han acatado por completo. Al mismo tiempo,las concesiones mineras, petroleras y la industria palmera siguen creciendo en la Amazonía.
  • Las políticas ambientales del gobierno de Lenín Moreno no se han diferenciado mucho de las de Rafael Correa. Las nuevas áreas protegidas intentan salvaguardar especies nuevas y emblemáticas.

El 2018 fue un año ambiguo para el medioambiente en Ecuador. Por un lado, el gobierno de Lenín Moreno se mostró más abierto al diálogo, distanciándose de su antecesor Rafael Correa. Por otro, sus políticas ambientales variaron poco o nada. El otorgamiento de concesiones mineras y petroleras, principalmente en la Amazonía, sigue siendo una constante y el mar ecuatoriano sigue enfrentando diversas presiones, sobre todo por cuenta de la pesca ilegal.

A pesar de la fuerte tensión, este año también hubo hitos positivos. Las sentencias a favor de dos comunidades indígenas, la de Río Blanco, en la provincia de Azuay, y la de Sinangoe, en Sucumbíos, ordenaron detener la extracción minera. A la victoria de Río Blanco y Sinangoe en 2018, se sumó la de los afectados por la contaminación de Chevron en la Amazonía, que tras varios años de defensa ganaron el caso en la Corte Constitucional. La declaratoria de áreas para proteger especies recién descubiertas o brindar refugio a animales emblemáticos como el cóndor andino, también estuvieron presentes este año.

 

El cambio: de Rafael Correa a Lenín Moreno

 

“El cambio entre Correa y Moreno solo ha sido de forma, no de fondo”, opina Eduardo Pichilingue, ambientalista y defensor de los Derechos Humanos. No hay transformación de fondo porque las fronteras petrolera y minera se han seguido expandiendo, el sector indígena está inconforme con las decisiones del presidente y califica al diálogo como infructífero porque, a pesar de que Moreno y sus ministros los reciben, no consideran sus pedidos.

 

Luisa Lozano es dirigente de la mujer en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y dice que en este 2018 las políticas ambientales “no han mejorado para nada”. “Quieren aparentar que están respetando los derechos pero por debajo siguen persiguiendo a quienes protestan por sus tierras e insisten en entregar concesiones mineras dentro de territorios indígenas”. Lozano recuerda que el 11 de diciembre de 2017 el presidente Moreno dijo que iba a detener las concesiones mineras mientras no se cumplieran todos los requisitos, incluida la consulta previa. Pero un año exacto después, asegura que esto no se ha materializado.

El abordaje ambiental del presidente Moreno sigue siendo difícil de entender para algunos. Aunque para otros, como María Espinoza de Amazon Frontlines, el mensaje del presidente es clarísimo: el nuevo ministro de Ambiente, que asumió funciones el 3 de diciembre, tiene experiencia en el sector petrolero y minero. “Si tú pones frente a la cartera de Estado que tiene la obligación de conservar y proteger a un hombre que tiene un perfil petrolero y minero, estás diciendo muy claramente cuál es la intención y el valor que este gobierno le está dando a los temas ambientales y territoriales”, comenta.

Para Eduardo Pichilingue, a través de la designación del nuevo ministro y del avance minero y petrolero, Moreno está logrando lo que Correa no pudo: “irse más a la derecha para allanar el camino, sin que eso resulte aún más incoherente con su discurso”. Correa nunca pudo con la minería, continúa Pichilingue, ni con la Ronda Sur Oriente, es decir, la licitación de los campos petroleros en el sur de la Amazonía ecuatoriana. “En sus mejores sueños Correa hubiese querido poner un ministro petrolero en el Ministerio de Ambiente sin que se le viniera todo el movimiento indígena encima”, dice, y coincide con Luisa Lozano, de la Conaie, en que Moreno “pacta superficialmente con todos los sectores, entrega dádivas y lo de fondo no cambia”.

Para los consultados, no basta con que Moreno los reciba en su despacho si al final no los escucha; no basta con que haya sentencias favorables con las comunidades, si no se cumplen. Hay un malestar generalizado que se ha manifestado en las exigencias de las mujeres amazónicas y en la marcha por el Agua.

Lo malo: deforestación, petróleo, minería y palma en la Amazonía

 

El Parque Nacional Yasuní es el más grande de Ecuador, con una gran importancia ambiental y cultural. Sin embargo, la exploración petrolera dentro de él es una constante. El proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) mostró este año la deforestación por causa de esta industria dentro del área protegida. MAAP analizó imágenes satelitales para estimar la deforestación, tanto directa como indirecta y estos fueron los resultados: por el impacto directo (infraestructura petrolera) 169 hectáreas y por impacto indirecto (actividad agrícola a lo largo de las carreteras creadas) 248 hectáreas. Esto sumaría 417 hectáreas, es decir, 117 más de las que fueron aprobadas en una consulta popular en la que participaron los ecuatorianos a inicios de este año.

“Hay planes para muchas más plataformas y carreteras de acceso para explotar el campo Ishpingo en el bloque petrolero ITT. Nuestros resultados indican que el gobierno debe considerar de nuevo esos planes ya que han perdido más de 400 hectáreas dentro de Yasuní”, afirma Matt Finer, investigador y director de MAAP.

Otro proyecto, pero esta vez minero, que durante 2018 preocupó en términos de deforestación fue Mirador. Un análisis con base en imágenes satelitales mostró cómo durante la etapa de construcción de vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017, ya se habían deforestado 1307 hectáreas de bosque. A Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, lo que le ha llamado la atención es cómo este proyecto ha transformado la vida de las personas en la zona de influencia, en la parroquia Tundayme. “Preocupan los desalojos y la contaminación ambiental que ya es visible en un proyecto que está recién en la etapa de construcción”.

En octubre de 2018, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, dijo que no se realizaría ninguna licitación de bloques petroleros, “como lo tenían previsto”, supuestamente para evitar conflictos sociales a las empresas. Sin embargo, sí se licitaron los bloques 86 y 87, en la provincia de Pastaza, ubicados en territorio de los pueblos indígena kichwa y sápara. Benito Bonilla, de Fundación Pachamama, comenta que además de esos bloques hay otros que se están renegociando en  el centro norte de la Amazonía para repotenciar la producción de los pozos. “Están revisando las áreas donde ya ha habido explotación petrolera”, dice.

Trabajos en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora, donde se desarrolla el proyecto megaminero Mirador. Foto Comunidad Cascomi.
Trabajos en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora, donde se desarrolla el proyecto megaminero Mirador. Foto Comunidad Cascomi.

Otra actividad no extractiva —pero mundialmente conocida por sus efectos en el medioambiente, y que sigue creciendo en el Ecuador— es la siembra de la palma africana. Durante el Primer Encuentro de Pueblos, Comunidades y Naturaleza Frente a la Palma Aceitera, en octubre de 2018, se concluyó que la palma es “la primera causa de deforestación de bosques y selvas primarias en Ecuador y otros países de Latinoamérica”. Aunque no hay datos disponibles del 2018 sobre las plantaciones, la producción entre 2016 y 2017 creció en un 5 %, es decir,  se produjeron 152 000 toneladas métricas adicionales que en 2016. La provincia con más producción es Esmeraldas —casi el 50 %— pero en una entrevista para un reportaje sobre la palma africana en Ecuador de Mongabay Latam, Nathalia Bonilla, de la organización Acción Ecológica, dijo que “el crecimiento de la palma hacia la Amazonía, en Sucumbíos, se está volviendo cada vez más agresivo”.

 

El desafío: un mar inmenso para vigilar

A pesar de su pequeño tamaño, Ecuador cuenta con un área marítima cinco veces superior a su extensión en tierra. Dentro de sus aguas, el país tiene una enorme biodiversidad y cuenta con el privilegio de tener las islas Galápagos, una zona de alto endemismo, Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO y un gran centro de generación de información científica.

Sin embargo, durante 2018 el mar ecuatoriano también tuvo que combatir la creciente pesca ilegal que se sigue dando en Sudamérica. El Ministerio de Acuacultura y Pesca del Ecuador asegura que durante 2018 ha ejecutado diferentes estrategias para atacar el fenómeno, entre las cuales están: la creación de una Comisión Multisectorial; la disposición de más de 200 inspectores de pesca distribuidos en todo el perfil costero, verificando que las capturas de las embarcaciones tengan origen legal; un Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; un sistema de trazabilidad completo para la exportación de tiburones (aletas, cuerpos y subproductos), seguido de guías de movilización de pesca incidental para el transporte y comercialización; e inspecciones a las empresas exportadoras para verificar que el producto que está por salir del país no corresponda a especies prohibidas.

Aun así, la pesca ilegal es difícil de controlar. Felipe Vallejo, director de la organización Equilibrio Azul, asegura que la discusión que se podría haber generado sobre la sobreexplotación de recursos marinos y la pesca ilegal jamás se dio. “La realidad es que en el Ecuador se pesca irregularmente todos los días”, dice. Por su parte, la pesca de tiburón ─una de las más preocupantes debido a su alta demanda en los mercados asiáticos─ preocupa no solo a nivel industrial sino artesanal. “Es dudoso que la pesca de tiburón, hecha por la flota artesanal ecuatoriana, sea incidental. Por el contrario, más parece una pesca dirigida: el objetivo no declarado de dicha flota”, asegura Santiago Bucaram, economista especializado en recursos costeros.

También pasaron cosas que parecieran increíbles. Por ejemplo, en 2017 se capturó al barco chino Fu Yuan Yu Leng 999, con un cargamento de 300 toneladas de tiburones al interior de la Reserva Marina Galápagos y esa misma flota volvió a aparecer cerca del lugar este año. Walter Bustos, exdirector del Parque Nacional, asegura que “esta vez tuvimos la precaución de anticiparnos y la Armada del Ecuador ya realizó vuelos de aproximación y señales aéreas claras para advertir que están cercanos a espacio nacional y áreas protegidas”.

La vigilancia es compleja y a eso se suma que muchas flotas suelen justificar como incidental la pesca ilegal, “pero nosotros hemos encontrado varias embarcaciones en Galápagos que tenían únicamente tiburón a bordo. Esto da cuenta de que no era una pesca incidental”, asegura Bustos.

Cecilia Torres, de Mingas por el Mar, una fundación que promueve la conservación de los océanos,  le dijo a Mongabay Latam que a pesar de todos los obstáculos y problemas a los que se enfrentan los mares, tienen parte de su esperanza en la decisión que tomó este año la Asamblea Nacional, en la que aprobó la vinculación de Ecuador al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP); un documento de la FAO para impulsar la lucha contra la pesca ilegal. Ese acuerdo se basa en la efectividad que tienen los controles sobre los puertos por donde pasa la mayor parte de la carga de pesca a nivel mundial, incluyendo aquella ilegal. “Queda que el gobierno implemente las medidas necesarias para que se cumpla”, afirma.

 

Lo feo: continúan vulneraciones contra pueblos indígenas

 

Durante el gobierno de Rafael Correa más de 100 personas fueron víctimas de hostigamiento judicial: durante protestas, marchas y manifestaciones para defender su territorio, el agua y otros derechos como acceso a educación intercultural bilingüe. Eran detenidos y acusados de delitos como daño al bien ajeno, sabotaje y paralización de los servicios públicos. En el año y medio de gobierno de Lenín Moreno esta situación ha cambiado, pero a medias.

Luisa Lozano dice que muchos casos de hostigamiento judicial en contra de indígenas siguen sin investigarse y hay quienes continúan con problemas en sus procesos judiciales. “Quedan pendientes muchos compañeros. También se sentenció a Pepe Acacho, luego le dieron el indulto, pero no quiere decir que fue por voluntad del gobierno sino que es un derecho amparado en la Constitución”, opina Luisa. Acacho, de la nacionalidad shuar, había sido vinculado a la muerte del profesor indígena Bosco Wisuma en 2009 durante una protesta en contra de la ley de aguas, promovida por el entonces presidente Correa.

Otro tema que no ha cambiado en el 2018 es la consulta previa. Según Lozano, sigue igual. “Tienen una estrategia de reunir a la gente y ofrecer obras, como si eso fuera consulta previa cuando no es así. Se siguen abriendo más concesiones a nivel de la Amazonía. Por ejemplo, en el proyecto Cóndor Mirador no hubo consulta y allí han hecho un daño ambiental terrible”.

Lozano dice que aunque Moreno se muestra más abierto al diálogo, sigue impulsando sus políticas extractivas. Una actitud similar tendrían los miembros de su gabinete. El 14 de noviembre un grupo de mujeres amazónicas fue recibido por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Venían desde el Puyo para exigirle al gobierno que paralizara las concesiones petroleras porque significaban una agresión a los pueblos indígenas amazónicos. Ese día, el ministro dijo que se tomarían las decisiones que el presidente considerara convenientes. “Siempre precautelando el interés de los 17 millones de habitantes que son la responsabilidad del Gobierno Nacional”. Las mujeres amazónicas regresaron a sus territorios con esa respuesta ambigua.

Verónica Potes, que acompañó a las mujeres amazónicas en ese día y medio de vigilia en el edificio del Ministerio de Hidrocarburos, dice que ese falso diálogo terminó con un “ya veremos, vamos a hacer consulta pero no es vinculante”. Una respuesta que revela que la apertura del gobierno tiene sus límites.

Día Internacional de la Mujer:Mencayn poda las plantas de cacao para que puedan crecer mejor. Foto de Valeria Sorgato.
Mencayn, mujer indígena waorani. Foto: Valeria Sorgato.

A pesar de que en Ecuador la consulta previa es un derecho constitucional, la abogada Potes asegura que ningún proyecto en el país tiene consulta previa. “La consulta previa es posterior, dicen: ‘ah, no la hice, pero no importa, mañana la hago’, cuando los proyectos ya están en marcha”.

Lo bueno: Nuevas zonas de protección y triunfos judiciales emblemáticos

A pesar de las dificultades presupuestales a las que se enfrentan las entidades que trabajan con áreas protegidas en Ecuador, 2018 fue testigo de grandes proyectos que intentan cuidar la biodiversidad de este país sudamericano.

Luego de casi seis años de trabajo, el Grupo Nacional de Trabajo sobre el Cóndor Andino, liderado por el Ministerio de Ambiente, aprobó en febrero la declaratoria de 34 763 hectáreas, en Río León (entre los municipios de Oña, Nabón y Santa Isabel en la provincia de Azuay, así como Saraguro en la provincia de Loja) para proteger al cóndor andino, una especie en peligro en la cordillera de Los Andes. Fabián Rodas, de la organización Naturaleza y Cultura Internacional, asegura que “río León es un área remota, con poca gente, cercana a los páramos del centro y sur del país, y con corrientes aéreas ascendentes propicias para el vuelo de los cóndores. Y sus acantilados, además, son perfectos para anidar y descansar”.

Otra buena noticia para Ecuador fue la declaratoria del Chocó Andino como Reserva de la Biósfera. En ella se encuentran nueve bosques protectores, tres Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS), múltiples reservas privadas y un Parque Nacional: la Reserva Geobotánica del Pululahua. Más de 73 000 hectáreas de la nueva Reserva de Biósfera corresponde a ocho áreas núcleo, es decir, lugares donde los bosques tienen un mejor estado de conservación y son importantes por su biodiversidad y por los servicios ambientales que proveen. “Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo. La Reserva de Biósfera le confiere a este territorio herramientas adicionales para la conservación de la biodiversidad, pero también a nivel local en términos de desarrollo sostenible de sus habitantes”, dice Jorge Ellis, responsable del sector ciencias naturales de la UNESCO y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Los esfuerzos privados tampoco se quedaron atrás. Tal fue el caso de la Fundación Ecominga y su reserva Drácula, en la región noroccidental de Ecuador, en el Chocó biogeográfico. Precisamente, en esta reserva se confirmó la presencia de una nueva especie de lagartija (Anolis dracula). Esta es la única área protegida en Ecuador que en este momento protege el ecosistema donde habita este reptil.

De acuerdo con Mario Yañez, biólogo e investigador del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador, esta especie los ha motivado bastante para reflejar la alta diversidad que contiene la cuenca del Río Mira (entre Ecuador y Colombia). “La fundación Ecominga ha sido una de las instituciones que ha auspiciado la investigación y que pretende generar un sistema de reservas para llenar un vacío en el sistema de conservación”, comenta.

Los fallos judiciales también fueron protagonistas en 2018. En julio, la Corte Constitucional ratificó la decisión que obliga a la empresa Chevron a pagar 9500 millones de dólares a los afectados para la reparación y remediación de los daños sociales y ambientales que —según auditorías y peritajes— dejó la operación de la petrolera en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, en el noreste del país. En la práctica, los afectados no han recibido ninguna reparación y la empresa insiste en que cumplió con sus obligaciones.

Otro caso emblemático fue el de la comunidad de Río Blanco. El 1 de junio de este año el juez Paul Serrano suspendió la explotación minera del proyecto Río Blanco, en la provincia de Azuay. Comuneros habían interpuesto una acción de protección debido a la contaminación en su territorio y afirmaban que no se habían respetado los procedimientos legales, como el derecho a la consulta previa. Esta última violación fue el principal argumento para interrumpir la operación. No obstante, hasta el momento la empresa no ha abandonado el territorio y las autoridades competentes no han cumplido con su parte.

A la victoria judicial de Río Blanco se suma la de la comunidad Cofán de Sinangoe que denunció la existencia de 52 concesiones mineras sobre el área aledaña a su territorio ancestral. “Han ganado en segunda instancia pero a pesar de eso, una de las mineras canadienses que opera en la zona, que se llama All Metal, sigue haciendo actividad, están desconociendo un fallo judicial y no hay ninguna tutela efectiva”, opina María Espinoza.

A pesar de que estas decisiones judiciales son interpretadas como positivas para las comunidades, Espinoza considera que no son acatadas de manera obligatoria por las instituciones competentes. “Las autoridades que deberían hacer seguimiento muy riguroso a estas disposiciones y que se cumpla la sentencia, como la Arcom (Agencia de Regulación y Control Minero) y el Ministerio de Ambiente, no están haciendo lo suyo”. Todavía hay bastante en que trabajar.

 

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/12/balance-ambiental-2018-ecuador-entre-mineria-petroleo-y-resistencia-indigena/

Ecuador

El Gobierno enfrenta el retorno de las protestas

Es un recurso que renace. El malestar de diversos sectores sociales regresa a las calles ante la falta de respuesta gubernamental. Para los líderes de los reclamos, el llamado al diálogo que presenta el presidente Lenín Moreno se quedó en palabras.

La tónica de protestas, marchas y hasta toma de instituciones luce nueva porque, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, cayó en desuso. No por conformidad sino porque la respuesta estatal fueron contramarchas que de a poco callaron a la mayoría de grupos sociales.

Arroceros, lecheros, transportistas, indígenas, trabajadores y hasta políticos encabezan las quejas de los últimos meses. Casi todos cuestionan el modelo económico -o la falta del mismo- en la actual administración. Desde el día uno del nuevo Gobierno, dicen, se reflejaron errores e improvisaciones que afectan a los ecuatorianos.

La semana pasada, por ejemplo, hubo reclamos del sector lechero. Sus representantes se tomaron vías de la provincia de Cotopaxi para exigir que se suba el precio del litro de leche. También pidieron programas que impulsen el consumo de este producto.

Con los reclamos se obtuvieron resultados. El Gobierno firmó convenios para promover el consumo de leche, legalizar la venta del litro a 42 centavos, entregar créditos a bajo costo y con dos años de gracia y promover la creación de empresas comunitarias.

Los ambientalistas también tuvieron más resultados en las calles. Colectivos que cuidan los derechos de la naturaleza y vigilan la explotación de crudo en el Yasuní consiguieron reunirse con el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, luego de tomarse pacíficamente instalaciones públicas.

En Guayas, Imbabura y Carchi hubo protestas de los transportistas para rechazar la colocación de radares de control de velocidad y para oponerse a las reformas a la Ley de Tránsito que se trata en la Asamblea Nacional.

A la par, el sector indígena se movilizó por once días en contra de la minería. Ellos marcharon desde Tundayme hasta Quito para entregar en la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica que prohíba la minería metálica en todo el país.

Universidades, políticos y otros sectores sociales también se levantaron con marchas en todo el país.

“La situación actual es fruto del tipo de conducta del mismo Gobierno. En sus diálogos fue más receptivo con unos que con otros. Fue más receptivo, por ejemplo, con los grupos empresariales y no con los movimientos sociales”, sostuvo el analista político Mario Unda.

A sus ojos, los frutos del diálogo con los sectores populares son muy escasos.

La catedrática universitaria Nathalie Sierra también cree que los resultados del diálogo nacional son escasos. Al final no se ven resultados y esto conlleva a que la gente se exprese en las calles.

“Tengo la impresión de que no se está asumiendo con seriedad el diálogo. Al menos en lo que es la política económica. La política económica no puede ser impuesta sobre las opiniones de la sociedad”, sentenció Sierra.

Los consultados coinciden, sin embargo, en que hay leves avances en materia política, pero estos se quedan cortos. Si bien comprenden que no es posible agradar a todos los sectores señalan que hay más acercamientos con partidos políticos que con movimientos sociales.

Reclamos

Indígenas

Las organizaciones agrupadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazan la política extractivista en las áreas de minería e hidrocarburífera. Piden que el país no continúe con los proyectos.

Arroceros

Los agricultores reclamaron mayor atención del Gobierno y que se pague un precio justo por la saca de arroz. Pedían al presidente Lenín Moreno que la UNA EP adquiera la gramínea durante todo el año, por las complicaciones que están teniendo los productores.

Lecheros

Los productores protestaron y pidieron el control del uso del suero como sustituto lácteo por parte de las empresas que usan para incrementar la cantidad de leche y productos derivados. Exigen políticas que garanticen su subsistencia.

Fuente:https://www.expreso.ec/actualidad/gobierno-protestas-marchas-paro-leninmoreno-CI2479253
Ecuador

Ecuador: Indígenas se movilizan contra explotación minera y petrolera, corrupción y el “paquetazo”

Bajo la consigna ‘Por el agua, por la vida y contra la corrupción’, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) tuvo una semana cargada de manifestaciones coordinadas en varias ciudades de Ecuador.

El pasado miércoles 14 de noviembre, cientos de indígenas, agrupados en la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), que forma parte de la Conaie, llegaron a Quito, tras 11 días de caminata, en un periplo que partió de la parroquia rural de Tundayme, en el cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, en el suroriente del país.

Los marchantes se dirigieron a la Asamblea Nacional, ubicada en el centro de la ciudad, y entregaron a la presidenta del órgano legislativo, Elizabeth Cabezas, el Proyecto de Ley Orgánica de Prohibición de Minería Metálica en Ecuador.

Yaku Pérez, presidente de la ECUARUNARI, dijo que este proyecto “surge desde abajo, desde los afectados, desde los criminalizados, despojados de sus territorios, desde quienes sufrieron los embates de la industria metalífera”.

Además, señaló que el objetivo de entregarlo a la Asamblea Nacional es para que este órgano, “como un acto de justicia con los pueblos y con la Pachamama (tierra)”, corrija y prevenga “mayores agresiones sociales y ambientales colosales a la biodiversidad, fuentes de agua y todo elemento biótico que vive en la naturaleza”. En concreto, piden la prohibición de la minería metálica en todo el territorio, evitar que se otorguen más licencias y concesiones, y exigen la consulta previa, libre e informada en los territorios.

Además de entregar el proyecto de ley, la ECAURUNARI reclamó:

  • Luchar contra la Corrupción.
  • Reactivación del sector Agropecuario: No a las semillas y alimentos transgénicos, revalorización de las economías campesinas-indígenas y eliminación de políticas de agrocalidad.
  • Restitución de la Educación Intercultural Bilingüe desde inicial hasta superior, con presupuesto del Estado y autonomía real.
  • El mismo miércoles, otro grupo de de los marchantes se dirigió a la sede de la Contraloría General del Estado del Ecuador, donde pidieron informes de auditorías sobre los proyectos mineros en el país.Otro de los reclamos es la falta de cumplimiento a la consulta popular realizada en febrero de este año, en particular a la pregunta cinco, que recibió 68,79 % de votos a favor, que decía: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?

    Mujeres de la amazonía

    Luego de dos días de manifestaciones en las inmediaciones del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, los colectivos de Mujeres Amazónicas y Yasunidos fueron recibidos, la noche del miércoles, por el titular de esa cartera, Carlos Pérez.

    Estos colectivos piden detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y rechazan la autorización de Pérez para explotar los bloques petroleros 86 y 87, según denunció Ivone Ramos, vocera de Samaranda Huarmicuna, en Ecuadorinmediato. Esa zona es el territorio de las nacionalidades Sápara, Shiwiar, Kichwa y pueblos aislados, como Tagaeri y Taromenane, y —dice Yasunidos— la medida gubernamental violenta “claramente los mandatos constitucionales de derechos humanos y colectivos”.

  • El tema de la explotación en el Yasuní, también estuvo incluido en la consulta de febrero. La interrogante era: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Los resultados fueron claros: 67,3 % de los votantes dijeron ‘Sí’.En una rueda de prensa posterior al encuentro con el ministro, Salomé Aranda, una de las dirigentes de las Mujeres Amazónicas, dijo que conversaron durante tres horas con el Pérez, pero no obtuvieron respuestas satisfactorias a sus demandas.

    “Nuestro sacrificio, nuestro sufrimiento, caminar y llegar acá no fue tan fácil”, afirmó Aranda y, por ello, se mostraron “decepcionadas” del resultado de la reunión con el ministro Pérez.

  • Además, señaló que esperarán posteriores respuestas del funcionario y, si se mantiene la negativa a su demanda, volverán a protestar frente al palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de Ecuador, como lo hicieron en marzo, para exigir ser recibidas por el mandatario, Lenín Moreno, quien no ha respondido aún el documento que le dejaron en aquella oportunidad.

    Avance frustrado

    El jueves 15, coincidiendo con la fecha aniversario de la masacre de trabajadores obreros, ocurrida en 1922 en la ciudad de Guayaquil, las organizaciones indígenas se movilizaron en varias urbes, manteniendo el lema de la caminata: ‘Por el agua, por la vida y contra la corrupción’.

    En Quito, los mismos indígenas que marcharon durante 11 días, a quienes se le sumaron algunos quiteños, realizaron un recorrido por varias instituciones. En la mañana, acudieron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), donde entregaron al titular de la institución, Julio César Trujillo, un documento sobre la protección de la naturaleza y en rechazo a las explotaciones mineras, según señala la CONAIE en nota de prensa.

  • La columna de indígenas se dirigió posteriormente a la Plaza Grande, ubicada frente a la sede de la Presidencia de Ecuador, con el fin de ser recibidos por el presidente Moreno; pero un fuerte cerco policial impidió su paso. Además, fueron informados que el mandatario no se encontraba en el país, pues había viajado a Guatemala, para asistir a la XXVI Cumbre Iberoamericana.

    Contra el “paquetazo”

    En Guayaquil, varias organizaciones indígenas de la costa ecuatoriana marcharon por la avenida 9 de Octubre de la ciudad y llegaron hasta las riberas del río Guayas, donde pusieron a navegar las cruces de la lucha de los pueblos, en conmemoración de los 96 años de la masacre de 1922.

    Además, informa la CONAIE, marcharon “contra el paquetazo“, en referencia a las medidas económicas adoptadas por el presidente Moreno en agosto pasado, que incluyen:

    • El aumento de la gasolina súper, que pasó de entre 2,10 y 2,32 dólares por galón a 2,98.
    • El aumento del diésel para pescadores y camaroneros.
    • Reducción del Estado, con la supresión y fusión de ministerios y secretarías gubernamentales; de 40 solo quedan 20, lo que derivó en despidos de empleados públicos.
    • La “delegación, fusión y optimización” de las empresas públicas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la aerolínea Tame y Correos del Ecuador.

Los pueblos indígenas de la costa también reivindicaron las demandas hechas en Quito, como la defensa del agua, los territorios y, sumaron, trabajo digno.

Rechazo a hidroeléctrica

En la Amazonía, concretamente en la provincia de Pastaza, el Pueblo Originario de la Nacionalidad Kichwa del Cantón Santa Clara (PONAKICSC) mantuvo cerrada la Troncal Amazónica, carretera principal del oriente, durante seis días, para pedir la salida inmediata de la empresa hidroeléctrica Genefran S.A., por vulnerar derechos colectivos y de la naturaleza.

En la madrugada de este jueves, después de más de dos horas de diálogo, los manifestantes alcanzaron un acuerdo con el gobernador de Pastaza, Pablo Landivar, quien se comprometió a garantizar la salida de la hidroeléctrica de la región en un plazo máximo de 48 horas.

De no cumplirse el acuerdo, el pueblo indígena de este territorio kichwa retomará el cierre de la carretera e intensificará las medidas de resistencia.

Las demandas de indígenas de Cotopaxi

El Movimiento Indígena y Campesino de la provincia de Cotopaxi (MICC) realizó una marcha por las principales calles de Latacunga, capital de la entidad, y se concentraron en la Plaza El Salto, donde instalaron una gran asamblea.

En esa reunión, a la que llegaron las autoridades posteriormente, presentaron varias demandas, como la redistribución del agua, el presunto bombardeo con yoduro de plata a las nubes para evitar que llueva, el bajo precio de la leche, la situación precaria del transporte comunitario, entre otras.

Los dirigentes del MICC firmaron acuerdos con las autoridades provinciales y nacionales, que se comprometieron a mejorar el precio de la leche, promover la creación de empresas comunitarias y entregar créditos con facilidades a las comunidades. También prometieron investigar el tema de la sequía en la zona.

Tras la firma de los acuerdos, el MICC anunció que dará un plazo de 30 días para el cumplimiento de las promesas, de los contrario, radicalizarán la protesta en Cotopaxi. Una de las consignas que se escuchó fue: “Hasta hoy el pueblo ha sido cordero, mañana será un león“.

 

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/295915-ecuador-indigenas-movilizados-defensa-territorios

Ecuador

Marcha indígena llega a Quito y presenta proyecto para prohibir minería metálica

La marcha indígena “por el agua, la vida y contra la corrupción” entregó en la legislatura de Ecuador un proyecto para prohibir la minería metálica en el país andino tras 11 días de recorrido, que se inició en la provincia de Zamora Chinchipe (sureste) y terminó en Quito.

“Agua quiero, oro no”, fue la consigna que más se escuchó entre los indígenas a quienes se unieron activistas, cuyo pedido principal era que se deje bajo tierra el petróleo del campo Ishpingo, ubicado en el Parque Nacional Yasuní (en la Amazonia ecuatoriana).

El objetivo de ese pedido es preservar la vida de los grupos indígenas Tagaeri y Taromenane, que no han sido contactados por la civilización.

También pretenden preservar la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, una de las más elevadas del planeta.

Al arribo de la marcha le precedió una toma pacífica desde el 13 de noviembre de la Dirección Nacional de Hidrocarburos por parte de mujeres amazónicas defensoras de la selva frente al extractivismo.

Las mujeres llegaron desde el centro sur de la Amazonía y desde el Yasuní (suroeste) para pedir al ministro Carlos Pérez que no licite los bloques petroleros 86 y 87 debido a que están en territorio de los pueblos índigenas Sápara, Shiwiar y Kichwa.

El presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador, Yaku Pérez Guartambel, dijo que los indígenas estarán vigilantes para que se cumplan sus pedidos.

Según el último censo del Banco Mundial en 2010, existen alrededor de 42 millones de personas indígenas en América Latina, lo que representa casi el 8% de la población total; sin embargo, “constituyen el 17% de los extremadamente pobres de la región”.

Numerosos estudios afirman que una de las causas de que los pueblos indígenas sean más vulnerables económicamente se debe al despojo territorial que sufren por la minería.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201811151083432823-marcha-indigena-llega-quito/

Ecuador

Juez rechaza acción de protección en contra de exploración minera

Un juez rechazó un recurso de acción de protección para impedir la exploración de una concesión minera, al considerar que no vulnera la legislación vigente, informó este 10 de noviembre la Procuraduría General del Estado.

El magistrado de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Santa Ana de Cotacachi, Óscar Coba Vayas, rechazó la acción de protección interpuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de esa ciudad contra el Ministerio del Ambiente y la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP).

El recurso cuestionaba la validez de una resolución administrativa de 2017, por la que el Ministerio autorizó a la empresa pública el registro ambiental de la fase de “explotación inicial de la concesión minera” del Proyecto Río Magdalena, precisó la Procuraduría en un comunicado.

El GAD de Cotacachi alegó una presunta omisión de la legislación constitucional relativa a la prohibición de la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas intangibles, así como también haber omitido la consulta previa, libre e informada que establece la Carta Magna.

“La Procuraduría General del Estado demostró que las instituciones demandadas no vulneraron derechos constitucionales”, reza la nota antes de argumentar que el escrito de la acción de protección partió de una “confusión” entre bosque protector, área protegida y zona intangible.

Así, menciona que la normativa constitucional sí autoriza la minería y actividades de otra índole pecuniaria en los bosques protectores, objeto de la disputa.

En relación a la denunciada omisión de la consulta previa, en el documento se alega que el propio GAD de Cotacachi “reconoció que en la zona de influencia del proyecto no existen comunidades indígenas, tornando su acción en improcedente”.

Y concluye que tras un análisis de los argumentos de las partes, el juez cantonal emitió su fallo verbal rechazando por improcedente la acción constitucional planteada.

Grupos ambientalistas han manifestado su rechazo a la explotación y extracción minera en el país y censuran que pese a las promesas del Gobierno de suspender las concesiones, éstas se siguen dando sin respetar zonas de especial interés ecológico y presentado a Ecuador en el exterior como un país de gran potencial minero.

Fuente:https://www.expreso.ec/actualidad/proteccion-minera-fallo-juez-ministeriodeambiente-LF2465973

Ecuador

Juez rechaza acción de protección en contra de exploración minera en Proyecto Río Magdalena

Un juez rechazó un recurso de acción de protección para impedir la exploración de una concesión minera en una región andina de Ecuador, al considerar que no vulnera la legislación vigente, informó este sábado 10 de noviembre del 2018 la Procuraduría General del Estado.
El magistrado de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Santa Ana de Cotacachi, Óscar Coba Vayas, rechazó la acción de protección interpuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de esa ciudad andina contra el Ministerio del Ambiente y la Empresa Nacional Minera (Enami EP). El recurso cuestionaba la validez de una resolución administrativa de 2017, por la que el Ministerio autorizó a la empresa pública el registro ambiental de la fase de “explotación inicial de la concesión minera” del Proyecto Río Magdalena, precisó la Procuraduría en un comunicado.
El GAD de Cotacachi alegó una presunta omisión de la legislación constitucional relativa a la prohibición de la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas intangibles, así como también haber omitido la consulta previa, libre e informada que establece la Carta Magna.
“La Procuraduría General del Estado demostró que las instituciones demandadas no vulneraron derechos constitucionales”, reza la nota antes de argumentar que el escrito de la acción de protección partió de una “confusión” entre bosque protector, área protegida y zona intangible. Así, menciona que la normativa constitucional sí autoriza la minería y actividades de otra índole pecuniaria en los bosques protectores, objeto de la disputa.
En relación a la denunciada omisión de la consulta previa, en el documento se alega que el propio GAD de Cotacachi “reconoció que en la zona de influencia del proyecto no existen comunidades indígenas, tornando su acción en improcedente”. Y concluye que tras un análisis de los argumentos de las partes, el juez cantonal emitió su fallo verbal rechazando por improcedente la acción constitucional planteada.
Grupos ambientalistas han manifestado su rechazo a la explotación y extracción minera en el país y censuran que pese a las promesas del Gobierno de suspender las concesiones, éstas se siguen dando sin respetar zonas de especial interés ecológico y presentado a Ecuador en el exterior como un país de gran potencial minero.

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/juez-rechaza-accion-mineria-cotacachi.html
Ecuador

Megaproyectos chinos se convirtieron en un peligro para los indígenas y la Amazonía de Ecuador

  • Las Naciones Unidas acogieron las recomendaciones de los pueblos indígenas amazónicos que se quejan por la violación a los derechos humanos por parte de multinacionales chinas.
  • Pueblos indígenas de Ecuador han sido despojados y desplazados por grandes megaproyectos mineros y de hidrocarburos que además causan un grave daño ambiental a la selva amazónica ecuatoriana. Los proyectos Mirador y San Carlos Panantza son dos de los casos más representativos.

Cada año que pasa las inversiones chinas alrededor del mundo se expanden con rapidez. América Latina, y en especial los países amazónicos, han visto como cada vez más las multinacionales de este país asiático llegan a las selvas tropicales de la Amazonía a financiar y ejecutar grandes proyectos mineros y de hidrocarburos.

La preocupación por la forma en que las empresas chinas manejan el tema medioambiental y de derechos humanos es tal que recientemente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas recogió las recomendaciones de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) para evaluar el respeto de los derechos humanos por parte del Gobierno chino. De hecho, el próximo 6 de noviembre la República Popular China será evaluada en Ginebra en el marco de la Evaluación Periódica Universal de Derechos Humanos (EPU).

Las recomendaciones de la COICA se encuentran detalladas en el informe ‘Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica por inversiones chinas’, en el cual manifiestan que se encuentran vulnerados el derecho a la vida, que implica la protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado; y el derecho a la No discriminación.

Entre los casos que se destacan se encuentran el Arco Minero del Orinoco en Venezuela, el Bloque Petrolero El Nogal en Colombia, Lote 58 en Perú, Represas Teles Pires y Sao Manoel en Brasil y el proyecto Cóndor Mirador en Ecuador.

Además de esto, la ONU destacó que las empresas mineras chinas, en particular las que participaban en los proyectos Mirador y San Carlos Panantza en el Ecuador, habían incurrido en prácticas irregulares de adquisición de tierras, como la compra irregular sin consulta previa, la reclamación arbitraria de derechos de explotación minera y la interposición de demandas civiles contra familias sin títulos de propiedad. “Por medio de estas prácticas y con el apoyo de las fuerzas de seguridad, estas empresas habían provocado el desalojo forzoso y el desplazamiento involuntario de un total de 42 familias indígenas”, relata el documento.

Las inversiones chinas en Ecuador se han incrementado exponencialmente. Otro informe, titulado: ‘Impactos de empresas chinas en los Derechos Humanos y el Ambiente en América Latina’ y elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) asegura que China es el primer prestamista y contratista del Ecuador, especialmente, para los sectores de hidrocarburos, minería, infraestructuras, obras hidráulicas, comunicaciones y finanzas. Desde que el primer préstamo chino llegó a Ecuador en el 2009 se han otorgado créditos por un total de 12 490 millones de dólares, más de lo que prestaron todos los bancos multilaterales juntos durante el mismo período (10 165 millones de dólares).

“Este resultado, no solo involucra una mayor dependencia política y económica con China, sino también que las empresas chinas acaparan el mayor número de contratos públicos de obras de gran tamaño”, se lee en el reporte.

Inversiones chinas: San Carlos Panantza

 

El proyecto minero San Carlos Panantza en la Provincia de Morona Santiago representa una de las inversiones chinas más grandes en Ecuador. Fue concesionado a la empresa Explorcobres S.A. (EXSA), para la explotación de yacimientos mineros de cobre y otros materiales. Desde mayo de 2010, EXSA pertenece a la compañía china CRCC Tongguan Investment CO, la cual suscribió un contrato de exploración y explotación con el Gobierno ecuatoriano con una vigencia aproximada de 25 años. Actualmente, se están gestionando las actividades para el reinicio del proyecto, que se encuentra en su fase de exploración inicial.

Se trata de 13 bloques mineros que abarcan una superficie de alrededor de 41 000 hectáreas, de las cuales 15 000 son del Pueblo Indígena Shuar Arutam. El proyecto ha estado lleno de conflictos desde su inicio, incluso los indígenas quemaron un campamento hace ya varios años. “La conflictividad tomó un giro drástico el 11 de agosto de 2016, ya que por pedido de la empresa se procedió a desalojar a una de las comunidades Shuar”, comenta Carlos Mazabanda de Amazon Watch a Mongabay Latam.

Todo ese problema con los predios se dio porque en las décadas de los 80 y de los 90 la institución gubernamental encargada de la titulación de la tierra fue dando títulos a campesinos en esta zona que era tradicionalmente territorio Shuar. Los indígenas no tenían problema con que campesinos se asentaran en su muy amplio territorio, pero cuando llegó la empresa y les empezaron a vender los títulos de propiedad, los Shuar decidieron posesionarse nuevamente de sus predios para impedir la afectación ambiental de sus tierras.

Según Mazabanda, la estrategia de la compañía ahora es aliarse con un representante indígena, que tiene el liderazgo de muchos de los Shuar de la provincia de Morona Santiago. La empresa, el líder ─y quienes lo apoyan─ firmaron un convenio para hacer la socialización del proyecto. “Eso ha sido bastante cuestionado porque no es posible que la misma comunidad sea la que le haga la socialización a la empresa, además, ha generado conflictos internos y divisiones entre los Shuar”.

Los impactos sociales y ambientales de este megaproyecto serán muy altos para la Amazonía sur de Ecuador. “Prevé el tratamiento de 90 000 toneladas de roca por día para extraer cobre. Constituiría el megaproyecto minero más importante del Ecuador. Los desechos contaminantes generados por esta mina estarían acumulados en una relavera al coste del río Zamora y podrían alcanzar un volumen de más de 700 millones de m3”, asegura William Sacher, profesor e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar y autor del libro ‘Ofensiva Megaminera China en los Andes’.

Pero eso no es todo. Sacher considera que si a todo lo anterior se agrega que la zona es altamente pluviosa y sísmica, serían muy altos los riesgos de accidentes como el que ocurrió en Samarco (Brasil) en 2015. Además, la puesta en marcha de una gran mina de esta índole requiere de abastecimiento masivo de energía. “Ejemplo del vínculo megaminería-proyectos hidroeléctricos es la megarepresa hidroeléctrica que está en proyecto aguas abajo, en el río Santiago”, le dice Sacher a Mongabay Latam.

El investigador tiene una larga lista de los efectos negativos que traería este proyecto y en general la megaminería. En términos ambientales están: destrucción de ecosistemas, reducción de la biodiversidad, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y contaminación de los suelos. En términos sociales, entre las afectaciones para las poblaciones están: expropiaciones violentas; violencias físicas y simbólicas; impactos profundizados para ciertos sectores de la población como las mujeres y los niños; explotación e inseguridad laboral; militarización y consolidación del patriarcado; distorsión de la economía, la vida comunitaria y política en función de los intereses de los capitales megamineros; corrupción; criminalización y asesinatos; pérdida de soberanía política y alimentaria; proletarianización; aculturación, etc. “En breve, lo peor de la modernidad capitalista”, asegura.

 

Inversiones chinas: Cóndor Mirador

 

Mirador es un proyecto minero a cielo abierto que se realiza entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en Ecuador. Es el más avanzado de todos los que se están proyectando en el país y está a cargo de la empresa de capital chino Ecuacorriente SA (ECSA). Actualmente se encuentra en etapa de construcción y busca extraer concentrado de cobre durante un periodo de 30 años, para luego exportarlo a China y ser procesado en el país asiático.

La mina a cielo abierto también pretende extraer en menor medida metales como plata y oro. Se prevé la extracción de 19 440 000 toneladas de roca al año y abarca una superficie de 9928 hectáreas en 11 bloques. Al momento se ha firmado contrato para la explotación de dos de estas áreas.

Hace unos meses el proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) reveló un análisis con bases en imágenes satelitales donde se muestra como durante la etapa de construcción de vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017,  ya se han deforestado 1307 hectáreas de bosque. Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, le dijo a Mongabay Latam que lo que ha llamado la atención es cómo este proyecto ha transformado la vida de las personas en la zona de influencia, en la parroquia Tundayme. “Preocupan los desalojos y la contaminación ambiental que ya es visible en un proyecto que está recién en la etapa de construcción”, dice.

Para tomar posesión del territorio concesionado, la empresa ECSA inició la negociación y compra de predios campesinos. Sin embargo, no todos los titulares estuvieron de acuerdo con las negociaciones por lo que la empresa realizó servidumbres ─la empresa a través de una orden judicial compra o toma en préstamo el terreno por un valor determinado por las autoridades─, y posteriormente solicitó al Estado que realizara el desalojo de las propiedades de aproximadamente 32 familias, ya que ambos mecanismos están contemplados en la actual Ley de Minería de Ecuador. La situación se agrava ya que, según Mazabanda, no se realizaron consultas previas en las comunidades afectadas por Mirador.

Para William Sacher, tanto Mirador como San Carlos Panantza son igual de problemáticos, aunque posiblemente San Carlos Panantza lo sea aún más porque se prevén minas más grandes. “Las empresas chinas escogieron desarrollar primero Mirador probablemente porque encontraban en la zona de este proyecto menos resistencia que en los territorios afectados por el proyecto San Carlos Panantza”, asegura.

Para el profesor e investigador ya se generaron una serie de profundos impactos sociales, ambientales y psicosociales. Entre estos, los desalojos de decenas de familias en el año 2015 y todo un largo proceso de acaparamiento de tierras. “Si los dos megaproyectos llegan a la fase de extracción estaríamos en el inicio de un distrito megaminero en la zona, lo cual implicaría una transformación política, económica, social y ambiental profunda, para nada a favor de la mayoría de la gente y de los pueblos que viven en estos territorios”.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) entregó sus recomendaciones a la ONU y espera que estas sean tenidas en cuenta por el gobierno chino. Entre las sugerencias se encuentran: modificar o suscribir adendas a los tratados de libre comercio suscritos, que incluyan una cláusula de cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas y una cláusula de no debilitamiento o modificación de la normativa socio ambiental de cada país en el que operan los proyectos de capitales chino y/o financiamiento chino; mejorar las políticas de acceso a la información y transparencia de las empresas y de la República Popular China en proyectos relacionados a temas socioambientales y económicos, desde el diseño hasta su implementación; y elaborar y ejecutar protocolos de monitoreo y fiscalización hacia empresas financiadas por China.

El caso de Ecuador es particularmente preocupante pues es uno de los países amazónicos donde existe mayor participación china y donde recientemente se están desarrollando muchos más proyectos mineros y de hidrocarburos, donde Mirador y San Carlos Panantza son solo dos ejemplos de la crisis ambiental y social que puede seguir sucediendo en la Amazonía del país.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/11/inversiones-chinas-peligro-indigenas-y-amazonia-ecuador/

Ecuador

Unidad Popular piden consulta sobre minería en Azuay

Miembros del movimiento Unidad Popular (UP), antes Movimiento Popular Democrático (MPD), ayer entregaron en la Gobernación del Azuay un pedido de consulta popular sobre la minería en la provincia de Azuay.

Daniel Carbo, director de esta agrupación política en la provincia de Azuay, propone que en las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019 se incluya una papeleta para Azuay con una pregunta.

Esta es: ¿Está de acuerdo con prohibir la minería metálica en el territorio de la provincia de Azuay, sus páramos, ecosistemas, áreas de protección, conservación ambiental y fuentes hídricas?.

De acuerdo con Carbo, Lenín Moreno, presidente del Ecuador, puede hacer el llamado para consultar a la población dado que se trata de un tema de interés general.

Citó el artículo 61 de la Constitución del Ecuador que en cuanto a los derechos de participación garantiza que la ciudadanía pueda presentar proyectos de iniciativa popular normativa.

Actualmente en Cuenca hay tres proyectos de minería metálica, y uno de estos es Río Blanco, que está en fase de explotación. Está ubicado en territorio de las parroquias Molleturo y Chaucha. (CSM)-(I)

Fuente:https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/11/07/unidad-popular-piden-consulta-sobre-mineria-en-azuay/