Honduras, Sin categoría

Una mina de sangre y oro que destruye cerros en La Unión, Copán

Desde el aire se observa la enorme devastación. En tierra firme se ven las heridas de los cerros, que pareciera derraman sangre. Huellas amargas de una tierra que supura oro y destrucción. Aquí huele a polvo contaminado. Las comunidades llevan años denunciando la situación de este proyecto de minería a cielo abierto que devora las grandes colinas de la Unión, Copan. Sin embargo, hay muchas personas que apoyan el proyecto. “es la única fuente de empleo y desarrollo que existe en este municipio”, afirman varios vecinos.

Para otros el proyecto minero es una política de tierra arrasada que devora cerros, contamina ríos y envenena los cuerpos de sus pobladores. El futuro ya ha sido dinamitado por la ambición de dinero, una explosión que ha impactado de lleno en el corazón de las próximas generaciones.

En estas comunidades ubicadas en la zona alta, su población guarda en sus baúles de la historia; el ambiente de armonía, el fascinante clima y una amplia producción de granos básicos y hortalizas, que desde el 2000 se fueron cambiando por la extracción de oro, plata y otros metales preciosos, que realiza la empresa de capital canadiense, Minerales de Occidente, S.A, MINOSA.

En esta zona, en un tiempo se respiró aire fresco y limpio. “Las montañas llenas de bosque permanecían nubladas y en algunas épocas del año teníamos temperaturas hasta de 15 grados. Pero, todo quedó en la historia, porque la minera devoró varios cerros. El cementerio que es el único pedazo de tierra que nos queda como memoria de nuestro pasado, ahora está a punto de ser expropiado porque debajo de él hay oro”.

Lo anterior lo manifestó un habitante de Azacualpa, quien por razones de seguridad pidió omitiéramos su nombre. Al estar en esta comunidad, se observan daños en la infraestructura de muchas viviendas, el templo católico y hasta el campo de fútbol tiene varias grietas. “Esto es provocado por las explosiones de dinamita que la empresa hace a diario. Por ejemplo, nuestra casa se mueve cada vez que hacen los estallidos”, indicó una joven mientras mostraba los daños provocados a su vivienda.

Las aldeas San Andrés, San Miguel y Azacualpa, son comunidades que se asentaron en una enorme capa de oro, que es explotado por MINOSA, subsidiaria de la canadiense Aura Minerals.  Las dos primeras ya desaparecieron y fueron reubicadas. En esta zona las nubes de polvo, el ruido de las excavadoras y de volquetas que llevan y traen toneladas de broza, opaca todo ambiente que se pueda generar. Cámaras de video y guardias de seguridad de la empresa no dejan escapar el mínimo movimiento que se da en toda la zona de la concesión.

MINOSA tiene una concesión para explotación metálica de 400 hectáreas, y abarca hasta la mitad de la comunidad de Azacualpa. Estas comunidades montañosas, están a 214 kilómetros de San Pedro Sula. Para llegar a Azacualpa se toma el desvió del municipio de la Unión, ubicado en la CA-4, carretera que conecta Honduras con El Salvador y Guatemala. Después de cruzar un pequeño trayecto pavimentado, se recorre una carretera nublada permanentemente por el polvo ocasionado por el paso de los vehículos.

 

¿Desarrollo del municipio?  

“Después que llegó la minera al sector la vida cambio para bien. Aquí se generan más de 300 empleos directos y más de mil indirectos. La mayoría de las personas que laboran en la mina son de las comunidades aledañas. Si MINOSA cerrara operaciones este municipio se viene abajo en todos los aspectos”, indicó José Torres, habitante de San Andrés.

Torres, quien también labora en la empresa minera, agregó que más del 50% del presupuesto municipal depende de los impuestos que paga la compañía. También se encarga de reparar las carreteras, construye puentes, da muchas becas a niños y jóvenes de las comunidades para que puedan estudiar.

“Antes que llegará la empresa aquí era una pobreza inmensa y solo habían dos o tres profesionales. Ahora hay cientos de profesionales y las condiciones de vida han mejorado. Por eso no entiendo como un pequeño grupo de personas se oponen a que MINOSA, siga operando y generando mejores condiciones de vida”, lamentó Torres.

Al mismo tiempo dijo que el 90% de la población del municipio está de acuerdo que la empresa siga operando, porque aparte de la generación de empleos que mueve la economía, también cada año aprueba un sinnúmero de proyectos sociales que aportan al desarrollo en infraestructura en La Unión, Copan.

Sin embargo, “los proyectos educativos, reparación de calles y otros pequeños beneficios, que da la empresa, es el Estado, quien debe darlos porque así lo manda la Constitución. Lo que pasa es que los gobiernos abandonan a las comunidades y luego aparecen este tipo de empresas como las salvadoras, a sabiendas que lo único que dejan es muerte y destrucción”, indicó José Ramón Ávila, director de la Asociación de Organismos No Gubernamentales, Asonog.

Grave contaminación   

MINOSA explota la mina a cielo abierto, una práctica catalogada como la más agresiva para la madre tierra según organizaciones ambientalistas. La empresa comenzó arrasando toda la capa vegetal del territorio a explotar y de sus alrededores. Mediante las explosiones de dinamita extrae la piedra o broza con los minerales. Luego los lleva a unas lagunas donde hay agua con cianuro, que sirve para separar el oro de la piedra, a través de un proceso llamado lixiviación.

En ese sentido, la Coalición Ambientalista de Copán, ha denunciado en reiteradas ocasiones, la muerte de peces producto de la contaminación del río Lara. Por las operaciones mineras, ha habido derrames de cianuro, como el derrame en los años 2009 y 2003, provocando la muerte de decenas de miles de peces.

“En dos ocasiones desde el Tribunal Latinoamericano del Agua, se comprobó la contaminación a nivel de laboratorio y junto a otras pruebas documentales, salieron sentencias contra la empresa minera, sin embargo, aquí no pasó nada. La supuesta minería “moderna” y “responsable” que promueve MINOSA es una farsa”, indicó Ávila de ASONOG.

La compañía minera rechaza las acusaciones, “Nosotros tenemos un sistema certificado y apegado a las normas internacionales. Tenemos un monitoreo mensual de las aguas de los ríos para medir el tipo de contaminación y si hay algún tipo de contaminación puede ser causado por otra industria o podría ser de carácter natural”, indicó Luís De Lima, gerente de MINOSA.

Al mismo tiempo dijo que “el agua con cianuro que utilizamos, es reutilizada de manera permanente. No hay ningún tipo de derrame a ningún río. Somos una empresa sería y responsable. Además, estamos supervisados de manera permanente por todas las instituciones del Estado y jamás han encontrado algo anormal”, manifestó Lima.

Campo santo sobre oro

La destrucción ambiental y la división de las comunidades se manifiesta ahora que la empresa quiere explotar el cementerio municipal de Azacualpa. Debajo de las tumbas hay una gran cantidad de oro y por allí pasa la concesión minera. Sin embargo, muchas familias se aferran a sus muertos, ya que sus mentes lo único que queda son los recuerdos, plasmados en una sepultura con una cruz.

Pero, la empresa minera no le importan los recuerdos, ve oro bajo los muertos y su misión es socavar el descanso eterno. Hay un buen número de personas que han dado la autorización para la exhumación de sus parientes en el cementerio. “Nos están comprando, a cada familia que autoriza le dan más de 200 mil lempiras, pero, muchas personas creemos que eso no tiene precio”, indicó una señora de la comunidad.

Ella es parte de un grupo de habitantes de Azacualpa que desde 2012 iniciaron un proceso de defensa del cementerio de la comunidad, buscando que prevalezca el lugar dedicado al descanso de los muertos y no la supuesta veda de oro que existe donde se ubica el cementerio.

En el cementerio, a inicios del año anterior se realizaron exhumaciones y por ahora han quedado las ruinas de algunos mausoleos, sólo los huecos en el lugar donde hubo restos humanos, y unas cruces enterradas en la tierra indicando que allí aún moran los que ahora sólo son recuerdos.

Después de una gran lucha y varios recursos legales, por fin, en mayo del 2018 el Juzgado resolvió ordenando a la municipalidad de la Unión, Copán, CESAR Y HACER CESAR DE INMEDIATO las exhumaciones de difuntos en el cementerio de la comunidad de Azacualpa.

El histórico conflicto entre las comunidades del municipio de la Unión, Copán y particularmente la lucha de Azacualpa en defensa de su cementerio ha tenido finalmente un chispazo de luz en medio de la cooptada justicia hondureña. Sin embargo, hay varios amparos interpuestos por la empresa minera y se prevé que el conflicto se reactive.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/una-mina-de-sangre-y-oro-que-destruye-cerros-en-la-union-copan/?fbclid=IwAR2Ijv5Ju7GtddCpFvflpA__M2jStTJJeyvoecGe3nd01kcwgs5e7-5PnY0

Honduras

AlertaDefensoras HONDURAS / Detención arbitraria e intimidación contra defensoras del territorio y los bienes naturales de Azacualpa

Karen Yajaira Trigueros, Gledy Rodríguez y Suyapa Trigueros

Actividad
Defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales

Agresiones
Detención arbitraria, intimidación

HECHOS – En la tarde del sábado 11 de mayo, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Santa Rosa de Copan detuvieron de manera arbitraria a siete integrantes de la comunidad de Azacualpa, La Unión Copán, entre las que se encontraban las defensoras Karen Yajaira Trigueros, Gledy Rodriguez y Suyapa Trigueros y los defensores Florentino Pérez, Antonio Trigueros, Edwin Hernández y Jesús Rodríguez.

La detención se produjo cuando las defensoras y sus compañeros trataban de oponerse a una detonación de dinamita cerca del cementerio de la comunidad por parte de la empresa Minerales de Occidente, subsidiaria de Aura Minerals, de capital canadiense.

Todas las personas detenidas fueron finalmente puestas en libertad sin cargos, al no haberse producido delito alguno, por lo que su detención debe interpretarse como parte de una estrategia de intimidación y criminalización contra la protesta social ejercida por el Estado en connivencia con los intereses privados de empresas cuya actividad es perjudicial para el medio ambiente y los derechos fundamentales de las comunidades.

Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenamos esta vulneración al legítimo derecho a la protesta de las defensoras de la comunidad de Azacualpa y exigimos al Estado hondureño que deje de poner las instituciones públicas de seguridad y justicia al servicio de intereses privados social y ambientalmente nocivos, con el objetivo de reprimir, perseguir, intimidar y criminalizar a quienes defienden derechos humanos.

Fuente: http://im-defensoras.org/2019/05/alertadefensoras-honduras-detencion-arbitraria-e-intimidacion-contra-defensoras-del-territorio-y-los-bienes-naturales-en-de-azacualpa/?fbclid=IwAR1-rCBMwth6Ao5iGXDdayD_EQY-h-KExH9_tEthzzmRP_wCHtew0vO6Fj8

Honduras

Presentan recurso de inconstitucional contra decreto que permitió explotación minera en Parque Carlos Escaleras

Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.

El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.

“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.

También se refirió a los abusos de autoridad, las negociaciones incompatibles que se han hecho desde el ejercicio de funciones pública. Además de otros tipos de delitos que se pueden dar en el departamento de Colón, debido a la creación de una mina que perjudica a toda la comunidad y solo beneficia a una minoría.

El cuerpo de abogados espera que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional revise los requisitos de admisibilidad del recurso y luego estudie los argumentos manejado con respecto a la violación de preceptos constitucionales y de tratados internacionales y resuelva conforme a derecho.

“Esperamos que lo hagan a la mayor brevedad posible porque esta situación de esta mina ha generado incluso violencia en la zona, confrontando a unos pobladores con otros. Porque la empresa tiene una especie de campaña que termina generando violencia y división entre los pobladores”, finalizó Zamora.

 

Guapinol y sus voces

Por otra parte, don Reinaldo Domínguez, uno de los criminalizados por la defensa del río Guapinol, detalló que “hay una ganancia, demuestra que la población ha despertado, las comunidades de Tocoa y la población en general se pusieron en acción, y eso no va a permitir que ninguna empresa extractivista se apropie de los recursos”.

El campamento de Guapinol libró una defensa digna y legítima del territorio frente a las actividades de la empresa minera Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales, así lo manifestaron defensores y analistas ambientales.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/presentan-recurso-de-inconstitucional-contra-decreto-que-permitio-explotacion-minera-en-parque-carlos-escaleras/

Honduras

Presentan recurso de inconstitucional contra decreto que permitió explotación minera en Parque Carlos Escaleras

Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.

El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.

“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.

También se refirió a los abusos de autoridad, las negociaciones incompatibles que se han hecho desde el ejercicio de funciones pública. Además de otros tipos de delitos que se pueden dar en el departamento de Colón, debido a la creación de una mina que perjudica a toda la comunidad y solo beneficia a una minoría.

El cuerpo de abogados espera que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional revise los requisitos de admisibilidad del recurso y luego estudie los argumentos manejado con respecto a la violación de preceptos constitucionales y de tratados internacionales y resuelva conforme a derecho.

“Esperamos que lo hagan a la mayor brevedad posible porque esta situación de esta mina ha generado incluso violencia en la zona, confrontando a unos pobladores con otros. Porque la empresa tiene una especie de campaña que termina generando violencia y división entre los pobladores”, finalizó Zamora.

Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.

El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.

“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.

Guapinol y sus voces

Por otra parte, don Reinaldo Domínguez, uno de los criminalizados por la defensa del río Guapinol, detalló que “hay una ganancia, demuestra que la población ha despertado, las comunidades de Tocoa y la población en general se pusieron en acción, y eso no va a permitir que ninguna empresa extractivista se apropie de los recursos”.

El campamento de Guapinol libró una defensa digna y legítima del territorio frente a las actividades de la empresa minera Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales, así lo manifestaron defensores y analistas ambientales.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/presentan-recurso-de-inconstitucional-contra-decreto-que-permitio-explotacion-minera-en-parque-carlos-escaleras/

Honduras

COYUNTURA DESDE LOS TERRITORIOS|Azacualpa: ¿hacia dónde avanza el conflicto con la empresa Minerales de Occidente?

I. Introducción al conflicto territorial de Azacualpa

A. El origen del conflicto territorial en Azacualpa. Los acuerdos y confrontaciones entre la población y las empresas mineras

La comunidad de Azacualpa en el municipio de la Unión, departamento de Copán, Honduras, es escenario de un conflicto territorial constante y de largo aliento. Tiene sus orígenes en 1998, cuando en la zona inició operaciones la compañía minera Greenstone Minerals, de capital canadiense (Orellana Peña, 2016). La problemática en Azacualpa evidencia las implicaciones de la actividad minera en los territorios de Honduras, bajo una política estatal que promueve el extractivismo de forma desmedida.

Prueba de lo anterior son las acciones de destierro que provocó la minera en sus primeros años de operación. Esta empresa minera generó el desplazamiento de tres aldeas en el municipio: San Andrés Minas, San Miguel y Azacualpa. En el caso de San Andrés, la empresa minera gestionó con el Gobierno la reubicación total de la comunidad. Mientras que, en el caso de San Miguel y Azacualpa, el desplazamiento fue parcial (CESPAD, 2017).

Estos desplazamientos han tenido enormes consecuencias para las comunidades. En los últimos años, la dinámica de la contienda territorial ha estado marcada por las intenciones de la empresa, ahora denominada Minerales de Occidente S.A. (MINOSA), para explotar un cerro en donde se ubica el cementerio general de Azacualpa, que cuenta con una antigüedad de doscientos años.

De esta manera, la empresa, junto con las secretarías de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) y de Salud, han realizado esfuerzos reiterados por exhumar la totalidad de los cuerpos en el cementerio de Azacualpa. Estas entidades han contado, a su vez, con el resguardo de las empresas de seguridad de la empresa y elementos del orden público (policías y militares) de Honduras.

De forma paralela a estas acciones, el Comité Ambientalista y de Derechos Humanos de Azacualpa, ha sido la organización que, desde el 2015, ha logrado posicionar la problemática ante los medios de comunicación, el Gobierno de Honduras y la comunidad internacional (CESPAD, 2017). En consecuencia, este sector ha exigido al Gobierno de Honduras las garantías para el respeto de sus bienes, su dignidad y sus vidas.

No obstante, lo anterior, la situación en Azacualpa es relevante por las complejas relaciones establecidas entre los principales actores en el conflicto, es decir, la empresa minera, el gobierno local y las organizaciones sociales. Conviene apuntar que la empresa minera ha realizado acciones sistemáticas para generar división en la comunidad, mediante actos de intimidación, coacción, amenazas y compras de conciencia de algunos liderazgos, e incluso ha ofrecido dinero aprovechándose de la necesidad de los pobladores en uno de los departamentos con mayor pobreza extrema en Honduras (CESPAD, 2017).

Por otra parte, las demandas de los pobladores no han sido escuchadas en las instituciones estatales, lo que ha conllevado a que realicen medidas de presión como los plantones y la obstaculización de las vías que dan acceso a la empresa. Como consecuencia, la empresa minera, en complicidad con la institucionalidad local y estatal, ha emprendido sistemáticamente procesos de persecución penal y judicial orientados a criminalizar a los pobladores que defienden el territorio.

Finalmente, es válido hacer notar que esta problemática no solamente se debe a la falta de acuerdos entre las partes involucradas en el conflicto, sino que como se concluyó en el Foro Dignidad Humana y Explotación Minera realizado en abril de 2019[1], los pobladores de Azacualpa son víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

B. Impactos de la concesión en Azacualpa

La concesión minera ha tenido numerosos impactos ambientales, políticos y sociales en la comunidad de Azacualpa. Como se mencionó en apartados anteriores, la empresa minera provocó, inicialmente, el desplazamiento forzado de tres aldeas en el municipio La Unión (San Andrés Minas, San Miguel y Azacualpa).

La actividad de esta empresa minera también ha generado enormes y graves impactos ambientales que comprenden la deforestación de la flora, el daño del paisaje visual, la explotación de los recursos naturales, extinción de la fauna, contaminación del agua, las consecuencias del acarreo de materiales y la destrucción de los espacios (Orellana Peña, 2016).

Asimismo, de acuerdo con investigaciones periodísticas en el municipio de La Unión, existen 37 casos documentados clínicamente cuyos resultados reflejaron la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas, producto de la actividad minera (radioprogreso, 2017). En definitiva, la situación en la comunidad de Azacualpa es muy compleja, pues ha tenido que enfrentarse a enormes daños sociales y ambientales, careciendo del apoyo de la institucionalidad local y estatal para la resolución de sus demandas.

Una vez visto este panorama, en el presente análisis se propone realizar un abordaje a la problemática en esta comunidad teniendo en cuenta las dinámicas del conflicto y los actores involucrados; las demandas y posicionamientos de los actores y, además, se propone realizar un análisis de la correlación de fuerzas de los involucrados. Finalmente, en el último apartado, se aporta los posibles escenarios que podrían presentarse en un corto y mediano plazo en la comunidad de Azacualpa, Copán.

II. Coyuntura: La exhumación de los cuerpos y la criminalización de la lucha territorial en Azacualpa

A. Dinámica de la contienda política en el conflicto de Azacualpa

El actual conflicto territorial en Azacualpa, es un conflicto socio-político y ambiental motivado por las acciones de la empresa minera MINOSA que, en su afán de extraer y explotar los bienes comunes, ha destruido la biodiversidad y ecosistemas de la zona, y por si eso no fuera suficiente, ha despojado a las familias de los camposantos, donde han estado enterrados sus deudos, por más de doscientos años.

Aunque el conflicto en la zona es de larga data, se ha vuelto a agudizar a partir del 2018, cuando la empresa MINOSA, junto con la Secretarías de Estado vinculadas al conflicto (MiAmbiente-Salud), con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad pública y privada, retomó (febrero y marzo del 2018) la exhumación de los cadáveres ubicados en el cementerio de Azacualpa. Hasta ese entonces se habían realizado 126 exhumaciones.

Este proceso no contó con el respaldo de la mayoría de los pobladores. Tal como lo menciona un miembro de la comunidad: “Desde el 2015, en Cabildo Abierto, la comunidad de Azacualpa ratificó que no daba autorización para que la empresa explotara el Cerro… y el 60% de las familias se mostraron en contra de la exhumación de los cadáveres[2].

En mayo del 2018, las familias que se oponían a las exhumaciones, junto con los sectores organizados de la comunidad aglutinados en el Comité Ambientalista de Azacualpa, se tomaron el cerro El Cementerio como una acción de protesta. El cerro posee un terreno inestable con riesgo potencial de derrumbamiento, es decir que cualquier excavación que se realice aterraría por completo al cementerio y conllevaría a que la comunidad fuera desplazada totalmente hacia otra zona.

Consecuentemente, las acciones de la comunidad trascendieron del espacio territorial al regional y, entre los meses de mayo y junio, presentaron dos amparos ante un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, como una estrategia legal para que la empresa detuviera el proceso de exhumaciones. De forma sorpresiva, el amparo resulto favorable a la comunidad y MINOSA se vio en la obligación de detener las exhumaciones y las labores de explotación en el cerro El Cementerio.

No obstante, la resolución no fue del agrado de la élite extractivista y entre los meses de julio, agosto y septiembre, MINOSA pasó de la defensiva a la ofensiva actuando en tres direcciones:

En primer lugarla empresa implementó campañas de estigmatización y desprestigio contra líderes de la zona y de organizaciones acompañantes (pancartas mostrando nombres como ASONOG, MADJ y CIPRODEH). Asimismo, acciones de violencia contra líderes, que fueron agredidos verbalmente y físicamente.

La segunda acción implicó quela empresa promoviera “contra- movimientos”, con los pobladores que estaban a favor de la explotación minera en la comunidad, quienes a través de bloqueos/tomas de carreteras demandaban que el Juzgado revocara el fallo que impedía las exhumaciones.

En tercer lugar, la empresa minera puso en marcha un fuerte proceso de división en la comunidad con el respaldo de la Corporación Municipal y la ayuda del Patronato de Azacualpa. Este proceso consistió en permanentes acciones de intimidación y amenazas hacia las personas a favor de la lucha territorial, al igual que la obtención de la autorización de parte de la municipalidad, para que MINOSA comenzara a remover el cerro El Cementerio en la zona donde ya no había tumbas. De forma que como señaló un dirigente de la comunidad, “la estrategia de MINOSA era clara: empezar con las excavaciones en el cerro, para que este se derrumbe en partes y de esa manera poder explotar en su totalidad la zona[3].

Por otra parte, la respuesta de la élite encendió las alarmas del Comité Ambientalista y durante los meses de julio, agosto y septiembre, el Comité se reposicionó en la coyuntura, a través de las siguientes acciones:

Primero: campañas de información y sensibilización, evidenciando los impactos ambientales dejados por el trabajo de MINOSA. Segundo:acciones de presión a nivel local y nacional mediante pronunciamientos, plantones y movilizaciones. Tercero: proceso de incidencia a nivel de las instituciones del Estado para contener la concesión del cerro El Cementerio.

Estas acciones le permitieron al Comité Ambientalista lograr mayor legitimidad y posicionar su lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes, en un contexto local controlado políticamente y organizativamente por el Patronato de Azacualpa, Corporación municipal y MINOSA.

Entre los meses de agosto y septiembre del 2018, los principales actores en conflicto realizaron acciones de presión. Pero en ese momento, la correlación de fuerzas favoreció más al Comité Ambientalista, ya que la comunidad se volcó en solidaridad con los pobladores que tenía tomado el cerro y con las personas criminalizadas. Sin embargo, la élite extractivista reaccionó rápidamente por su preocupación ante un probable “efecto contagio”, en una zona donde MINOSA se juega grandes intereses políticos y económicos, por su presencia en distintas comunidades.

Lo anterior generó que en, siempre en octubre del 2018, MINOSA y la municipalidad desarrollaran una contraofensiva política que en el corto y mediano plazo debilitara al Comité, para continuar con la explotación del cerro.  Es así que se llevó a cabo un desalojo violento de los pobladores que desde mayo se habían tomado el cerro, dejando 19 personas judicializadas, 17 hombres y 2 mujeres acusados de usurpación y daños en prejuicio de MINOSA.

Por lo tanto, ese proceso de judicialización implicaría un cambio significativo en la correlación de fuerzas y en la dinámica de la contienda política. En este sentido, MINOSA interpuso un amparo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, para revocar la decisión de no seguir exhumando los cuerpos. Importante es mencionar que el fallo fue favorable a la empresa.

Debido a esa razón, el Comité Ambientalista de Azacualpa elevó el caso, relacionado con la explotación del cerro El Cementerio, a nivel de la Corte Suprema de Justicia, para poner fin a la concesión, ya que la comunidad lo ha considerado como un otorgamiento que viola su derecho a la soberanía comunitaria y a la cultura. Cabe mencionar que el fallo de la CSJ fue a favor de MINOSA, lo que implica que la empresa puede continuar con las labores de extracción en el cerro el Cementerio.

Entre febrero y marzo del 2019 el conflicto territorial se polarizó. En febrero la empresa retomó sus trabajos de explotación y reactivó inmediatamente las acciones de protesta en la comunidad. Y en marzo, además, se continuó con el proceso de persecución penal contra el liderazgo territorial, teniendo como telón de fondo la presión de MINOSA para enviarlos a la cárcel, en complicidad con el Sistema de Justicia. Lo característico de este proceso es que los líderes se defienden en libertad y las estrategias de defensa por parte de los abogados han permitido hacerle frente a la embestida de un sistema judicial parcializado con los intereses de MINOSA.

Con estas acciones, el Comité Ambientalista ha salido reforzado. Por un lado, su oposición a la explotación del cerro El Cementerio sigue siendo firme y, por otro lado, evidencia la trama/intereses políticos que se esconden detrás del actual proceso de judicialización.

Al cierre de la coyuntura se han suscitado dos hechos importantes. El Instituto Hondureño de Geología Minas (INHGEOMIN), otorgó licencia de exploración de tres mil hectáreas de tierra a una serie de empresas extractivas, entre ellas MINOSA, para un futuro proceso de explotación minera en San Agustín, Cucuyagua, Santa Rosa y la ampliación en el municipio de la Unión. Por otro lado, el reciente fallo de la CSJ a favor de MINOSA para que continué con sus labores de explotación.  Todo apunta a que nos encontramos ante un nuevo ciclo de lucha territorial en Azacualpa, con características distintas al pasado.

B. Actores involucrados en el conflicto

En el conflicto de Azacualpa están presentes cuatro actores principales:

  • El Comité Ambientalista de Azacualpa
  • La Corporación municipal de La Unión
  • El Patronado de Azacualpa y
  • La empresa MINOSA.

En este apartado se realizará una descripción de los actores y sus posicionamientos en el conflicto territorial en Azacualpa.

  1. Comité Ambientalista de Azacualpa

El Comité Ambientalista de Azacualpa se fundó en el 2015, con el objetivo de defender el territorio y proteger los bienes comunes de la naturaleza, ante la avanzada del extractivismo en la zona occidental del país. Desde sus inicios, se han enfrentado a un contexto local y regional adverso, debido al fuerte proceso de división en las comunidades que lidera MINOSA y que ponen en práctica la Corporación municipal de la Unión y el Patronato de Azacualpa.

El Comité articula a organizaciones de base y a distintas familias que muestran su descontento y oposición al trabajo extractivo que realiza MINOSA. En esa articulación se pueden destacar tres elementos integradores: identidad, objetivos y un mismo adversario. Con respecto a la identidad: el comité está integrado por pobladores conscientes del impacto ambiental de la explotación minera; los objetivos se orientan a promover la defensa del territorio y la protección de los bienes comunes ante el impacto de la minería a cielo abierto. Finalmente, los adversarios son aquellos actores y sectores que promueven el modelo extractivista en la región.

Un aspecto importante en la conformación del Comité de Azacualpa, ha sido el respaldo y acompañamiento de la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG), organización que desde el comienzo del conflicto han fortalecido las capacidades del liderazgo del Comité, a través de procesos de formación, asesoría técnica y legal para sostener la lucha territorial y los procesos de incidencia para que el Comité posicione y defienda sus derechos. Además, ha abierto espacios de denuncia para que la comunidad de Azacualpa de a conocer los impactos negativos de la explotación minera en sus territorios.

2. Corporación municipal de La Unión

La Corporación Municipal de La Unión ha respaldado y legitimado el accionar de MINOSA, mediante una serie de acciones que dan cuenta de la manera en que la institucionalidad ha dado paso a la inversión extractivista, sin tener en cuenta el alto costo social, político, cultural y ambiental en el territorio.

Entre esas acciones podemos mencionar las siguientes:

  • desconocer el cabildo abierto que se realizó en el año 2015, en el cual la población ratificó que no quería que MINOSA explotara el cerro El Cementerio y exhumara los cuerpos.
  • promover la división en las comunidades, a través de la coacción de los principales liderazgos y
  • Contribuir a la falsificación de pruebas de incriminación de líderes y lideresas, de las cuales se ha valido el sistema de justicia para judicializar al liderazgo territorial.

3. El Patronato de Azacualpa

Este patronato empezó con una fuerte lucha en contra la empresa minera, pero debido a la estrategia de coacción impulsada por MINOSA y la Corporación municipal, su principal liderazgo terminó aliándose a los intereses de la empresa.

En el actual conflicto, el patronato juega un doble rol: divide a las comunidades y genera miedo mediante acciones directas de violencia[4]. Una de sus principales estrategias es desprestigiar el trabajo organizativo y político que realiza el Comité Ambientalista, es decir, ha sido el encargado de vender a la población el discurso desarrollista del extractivismo y mediante acciones de violencia directa, ha aumentado la tensión en las comunidades, a tal punto que ha generado un clima generalizado de inseguridad, temor y miedo. En definitiva, estas situaciones impactan negativamente en el trabajo de oposición que realiza el Comité Ambientalista.

4. Empresa minera MINOSA

MINOSA tiene una influencia muy fuerte en el municipio de la Unión, Copán.  En pocas regiones del país las empresas extractivas han logrado coaccionar al principal liderazgo de base y dividir de manera tan profunda a las comunidades, como ha ocurrido en Azacualpa.

Valiéndose del respaldo de la Corporación municipal, del trabajo divisionista que ejerce el Patronato de Azacualpa y del apoyo de la institucionalidad pública del país, MINOSA ha profundizado y radicalizado el conflicto a través de las siguientes acciones:

  • no haber cumplido con los acuerdos pactados con la comunidad de Azacualpa
  • la destrucción sistemática del medio ambiente
  • influencia directa en las acciones de violencia y división en las comunidades emprendidas por la Corporación y el patronato.

C. Demandas y posicionamientos de los actores involucrados

En la coyuntura entre mayo del 2018 a febrero de 2019, los principales actores en disputa pronunciaron una serie de demandas y posturas que dieron cuenta de los intereses que están en juego en el conflicto. Los posicionamientos demuestran que la salida al conflicto sigue estando entre los actores involucrados, teniendo como punto de partida la capacidad de las instituciones públicas en gestionar el conflicto.

El Comité Ambientalista de Azacualpa considera que establece una serie de demandas alrededor de los siguientes puntos:

  • que se retire la concesión en la zona del cerro El Cementerio por estar ubicado en un espacio sociocultural que representan las costumbres y creencias de la comunidad
  • que la empresa minera mitigue el daño/impacto ambiental de la explotación minera sobre las comunidades y, que cese la explotación minera alrededor de la comunidad de Azacualpa.

Po su parte, el posicionamiento de la Corporación Municipal gira alrededor de lo siguiente:

  • la empresa minera tiene que realizar su trabajo, ya que la concesión está con base en Ley
  • genera empleos para las comunidades
  • aporta una retribución monetaria a la municipalidad que permite desarrollar obras sociales en beneficio de la comunidad de Azacualpa.

El posicionamiento principal del Patronato de Azacualpa, es:

  • que el Comité Ambientalista detenga sus acciones de protesta
  • demandan a las instituciones del Estado y a la Corporación Municipal la permanencia y continuidad de la empresa minera
  • consideran que la empresa es un “oxigeno económico” para muchas familias de la comunidad y en general, para el municipio de La Unión.

Con el contexto anterior, el posicionamiento definitivo de MINOSA, es que van a continuar desarrollando el proyecto minero y la inversión en la zona, bajo el entendido de que están actuando con base en ley, llevando a cabo su trabajo de extracción respetando los estándares nacionales e internaciones de la explotación minera.

D. Correlación de fuerzas

En el conflicto territorial de Azacualpa se identifican dos bloques en disputa: Bloque dominante y bloque de resistencia territorial.

El bloque dominante

Este bloque está representado por MINOSA, la Corporación Municipal y el Patronato de Azacualpa. Asimismo, este bloque opera con el apoyo permanente de la institucionalidad pública del Estado (Gobernación Departamental, sistema de justicia, INGEOMINH y MiAmbiente) y con el acompañamiento en el terreno de las fuerzas de seguridad, policías y militares. Este bloque, a corto plazo tiene como objetivo debilitar el trabajo organizativo y político del Comité Ambientalista y a mediano y largo plazo continuar con sus trabajos de explotación, sin ningún tipo de oposición comunitaria.

Para alcanzar sus objetivos, el bloque dominante ha hecho uso de la institucionalidad pública para implementar el proyecto extractivista, instrumentaliza el marco jurídico para criminalizar a los líderes/as de las comunidades en oposición y ha logrado persuadir a instituciones como el Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH), a las secretarías de Derechos Humanos y de Salud, para que MINOSA trabaje sin ningún tipo de supervisión y control de la institucionalidad pública.

El bloque de resistencia territorial

Este bloque está representado por el Comité Ambientalista de Azacualpa. A corto plazo tiene como objetivo lograr que no se continúe con la explotación del cerro El Cementerio y, a largo plazo lograr que la empresa repare los daños/impactos ambientales en temas de mitigación, estabilización de suelos y reforestación. Siempre a largo plazo, el Comité tiene como objetivo la cancelación de la concesión minera en la comunidad de Azacualpa.

Con respecto al alcance de sus objetivos, el bloque de resistencia en los últimos meses ha ido obteniendo mayor legitimidad y reforzando su posicionamiento político y organizativo en la comunidad de Azacualpa, lo que se ha traducido en una capacidad para articular y movilizar a los pobladores que están en oposición a la explotación del cerro y la exhumación de los cuerpos. Además, cuentan con el respaldo de distintas organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, al igual que con el acompañamiento de los movimientos sociales territoriales del país.

El bloque de resistencia, ante el fallo reciente de la CSJ a favor de MINOSA, replantea su estrategia política y legal para trazar un nuevo camino de incidencia que permita la cancelación de concesión en el cerro El Cementerio. Entre otras fortalezas del Comité, también se incluye el acompañamiento y asesoramiento legal que ha logrado que el liderazgo territorial que ha sido judicializado, se defienda en libertad.

En este caso, la correlación de fuerzas a niveles políticos y de control institucional ha favorecido a MINOSA, pero en términos organizativos y locales ha favorecido con mayor fuerza al Comité Ambientalista. MINOSA, en sus intentos de frenar el proceso de resistencia territorial, se ha visto en la necesidad de criminalizar y judicializar al liderazgo territorial, mientras que el Comité ha desarrollado una serie de acciones para capitalizar la solidaridad (ante el proceso de criminalización) y el descontento de la población contra la empresa luego del incumplimiento de los acuerdos.

Alrededor de ese balance podemos establecer cuatro ideas centrales que nos permitan identificar la actual correlación de fuerzas:

Primero, el reciente fallo de la CSJ a favor de MINOSA, obliga al Comité Ambientalista a reabrir un nuevo proceso de incidencia orientado a lograr la cancelación del cerro el Cementerio. No obstante, este paso implica generar consenso entre los pobladores de la comunidad, una presión sobre el gobierno local y, finalmente, una estrategia de incidencia política y legal por parte del Comité Ambientalista para evidenciar la ilegitimidad del proceso de concesión en la zona del cerro.

Segundo, el bloque dominante, por un lado, seguirá valiéndose de la coacción que ejerce en las comunidades. Particularmente, luego de que la misma comunidad tomara posición en contra de la explotación del cerro y respaldara el proceso de lucha del Comité Ambientalista, buscará actuar de manera más estratégica y cautelosa para dividirla. Por otro lado, hay que tener presente que la concesión en Azacualpa, al igual que los intereses de MINOSA, están respaldados por el gobierno nacional y el gobierno local.

Tercero, la simpatía de la comunidad hacia el Comité Ambientalista ha venido en aumento. Las últimas acciones emprendidas por MINOSA han sido respondidas por la comunidad, lo que puede desembocar en un conflicto abierto y prolongado por la región. Los bloques enfrentados cuentan con recursos para seguir presionando y, por tanto, continuará abierta la conflictividad socio-ambiental, con el riesgo que se desate una crisis política regional, más profunda y prolongada que la del 2012.

Cuarto, el control por el territorio y los bienes comunes siguen en disputa, en un contexto regional en el que existen intentos por dar nuevas áreas de explotación a MINOSA. Todo parece indicar que nos encontramos a la puerta de una profundización del modelo extractivista y radicalización de la lucha territorial en Azacualpa.

En conclusión, las demandas de los actores involucrados en el conflicto y la actual correlación de fuerzas, brindan elementos para identificar tres escenarios que se pueden suscitar en el corto y mediano plazo.

III. ¿Hacia dónde avanza el conflicto? Escenarios probables

Escenario A. Cancelación del permiso de explotación en el área del cerro El Cementerio

Este escenario significa que la coyuntura actual encuentra una salida al conflicto mediante la cancelación del permiso de explotación a MINOSA, en el área del cerro El Cementerio. En este sentido, la cancelación se podría realizar a través de la siguiente vía: La autoridad minera (INHGEOMIN) suspende de forma temporal o definitiva las actividades de MINOSA en el cerro el Cementerio.

Para que este escenario se pueda materializar, se tendrán que presentar las características o condiciones siguientes:

  1. Ante el reciente fallo de la CSJ favorable a MINOSA, el Comité Ambientalista replantea su estrategia jurídica y refuerza su posicionamiento político estratégico para que la institucionalidad estatal incorpore las demandas de la comunidad, y se pronuncie de forma favorable.
  2. INHGEOMIN, ante el impacto ambiental y violación de derechos humanos en Azacualpa producto de la extracción minera, actúa según La Ley de Minería y el Reglamento del cierre de Minas y declara el cierre temporal, progresivo o definitivo y convoca a la Comisión Interinstitucional en el Marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER)[5]
  3. El Comité Ambientalista establece alianzas con actores claves a nivel nacional e internacional para presionar al Estado e incidir en la autoridad minera.
  4. El Comité Ambientalista aumenta la presión política a nivel local, regional y nacional para que la institucionalidad minera agilice el proceso de suspensión temporal o definitiva de la concesión en el cerro el Cementerio.

Este escenario es el más deseable, pero poco probable, debido al control que ejerce MINOSA sobre la institucionalidad estatal. También, por las limitaciones políticas y organizativas del Comité Ambientalista, ante la fuerza de MINOSA y la presión que ejercen la Corporación Municipal y el Patronato de Azacualpa sobre la comunidad. Sin embargo, siendo el escenario más deseable el Comité Ambientalista debería reforzar y actualizar su estrategia de resistencia y continuar trabajando en esta dirección.

Escenario B. Un nuevo acuerdo para dar solución al conflicto territorial

Este escenario consiste en que los actores involucrados en el conflicto, tanto del bloque dominante y resistencia territorial, tengan voluntad y se sienten obligados a dialogar y a construir acuerdos políticos para darle una salida pactada al conflicto.

Para que este escenario ocurra deben producirse las características o condiciones siguientes:

  1. Los dos bloques en disputa llegan a acuerdos básicos de las condiciones mínimas para una salida al conflicto, se producen cambios sustanciales sobre la concesión, firman un nuevo acuerdo y definen mecanismos de consultas vinculantes.
  2. Sectores institucionales del Gobierno avalan una salida negociada del conflicto, modificando aspectos claves de la concesión (por ejemplo, el asunto del cementerio).
  3. Organizaciones nacionales y regionales (Iglesia Católica y organizaciones de Derechos Humanos), presionan para que los actores involucrados en el conflicto pacten una salida dialogada.
  4. Actores internacionales, sobre todo organizaciones de derechos humanos, presionan también para que se produzca una salida pactada al conflicto.

Este escenario se ubica en una situación intermedia. Es medianamente probable, porque los actores principales del conflicto se verían en la necesidad de pactar una salida al actual conflicto, en una situación muy polarizada, con limitados espacios para el diálogo. También es medianamente deseable porque las características de explotación practicadas por MINOSA son incompatibles con el medio ambiente y los intereses estratégicos de las comunidades.

Escenario C. Militarización del territorio, expansión del proyecto extractivista y la desaparición de la resistencia territorial.

Por las condiciones actuales, este escenario se desarrollaría en el marco de un eventual proceso de radicalización de la lucha territorial que estaría determinado por los siguientes aspectos: seguimiento de las labores de explotación en el cerro El Cementerio, profundización de los impactos ambientales, agudización de la criminalización y asesinatos selectivos del principal liderazgo territorial.

Este es un escenario de la polarización de la lucha territorial sobre una constante y fuerte militarización de la zona, lo que puede desembocar en la desaparición del actual proceso de resistencia territorial en Azacualpa. En conclusión, el proyecto extractivo de MINOSA se termina de imponer.

Para que este escenario ocurra deben de producirse las características y condiciones siguientes:

  1. La CSJ falla a favor de MINOSA.
  2. La estructura legal e institucional que dio origen a la concesión se mantiene vigente, y para ello se hace uso de la fuerza militar y policial para controlar la zona de explotación.
  3. Se implementan nuevas estrategias desde la institucionalidad estatal para la criminalización de los grupos en oposición, incluyendo el asesinato selectivo del liderazgo territorial.

Este escenario es el menos deseable, pero medianamente probable. Menos deseable, ya que implicaría la imposición del proyecto minero de MINOSA en una zona en la cual la población ha venido realizando grandes esfuerzos por defender su territorio y los bienes comunes. Medianamente probable por el costo social que este escenario representaría para la institucionalidad estatal y MINOSA. El Comité Ambientalista debe considerar los aspectos menos deseables de este escenario y buscar neutralizarlos con su estrategia de resistencia.

 

Fuente:http://cespad.org.hn/2019/04/29/coyuntura-desde-los-territoriosazacualpa-hacia-donde-avanza-el-conflicto-con-la-empresa-minerales-de-occidente/?fbclid=IwAR3MpuS2TAxtc8xiZPhfIBDbJ_L0QWI0xcQ8DbkYNZKUsRamLLq_JSAyL8k

Honduras

Resistencias comunitarias sanan la tierra arrasada. Diario de viaje en Honduras

Una crónica de viaje en primera persona desde territorios defendidos por sus propios habitantes. Una serie de relatos fragmentados acerca de las defensoras de las tierras, los cuerpos y las ideas en Honduras.

Día 1

Esta vez será diferente, me prometo antes de salir de Guatemala. Esta vez seremos ¡50 activistas!, entre periodistas y defensoras de los territorios y los derechos de las mujeres. Estas son las notas y reflexiones mentales que amasé durante mi participación de la misión ‘El abrazo’, coordinada por la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.

El viaje reúne entre el 22 y 26 de enero a 52 activistas, entre ellas periodistas, sanadoras y defensoras de los derechos humanos. Con objetivos humanitarios mezcla, como un caldo nutritivo, a representantes de por lo menos 28 organizaciones sociales, feministas, campesinas, indígenas y negras y de la comunidad LGTBI+ de 13 países que recorren los territorios que muestran focos de resistencia, desobediencia civil y defensa de la vida en este país de nueve millones de habitantes. La caravana se dividió en dos grupos que tomaron diferentes rutas y que tuvieron diversas vivencias, todas aunadas por la aproximación a las defensoras del territorio y la constatación de la represión que se vive en Honduras.

En la cabina de conducción de la van viaja una chamana que, según dicen, nos abrirá los caminos en el concreto hondureño, para evitar los controles militares a los lados del camino. Al finalizar el trayecto confirmamos que a nuestra caravana no la detuvieron los hombres de negro armados que vigilan el movimiento en Honduras. El grupo que viaja rumbo norte sufre el acoso del Ejército.

En este país la institucionalidad comenzó en 2009 un proceso de quiebre que afecta directamente a los derechos humanos de la población. Por poner un ejemplo: la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE), cuya prohibición el expresidente Mel Zelaya había vetado, fue cooptada por el Gobierno militar encabezado por Roberto Micheletti, quien prohibió la promoción, divulgación y utilización de la PAE. Hasta el momento vigente.

La militarización se expandió así como los permisos para que las empresas extractivistas sigan exprimiendo de las fuentes de riqueza natural hondureñas. La criminalización de movimientos sociales y feministas y una mayor injerencia de Estados Unidos en la política interna son notables. Son comunes las propuestas legislativas cargadas de dogmas religiosos que violan el derecho al libre culto, la igualdad, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía tomando en cuenta el sexo y orientación sexual.

Antes de salir se reparten libros para las visitantes: informes de violaciones de derechos humanos a las defensoras. Tomo uno de los libros: ‘Defender para vivir. Informe sobre la situación de las defensoras en Honduras 2016/2017’. A contracorriente de lo que podría esperarse, el informe comienza con una canción y cierra con una poesía. No somos números, no somos estadísticas. Nos atraviesan historias, sentimientos, deseos. Y los politizamos.

Este es mi territorio
Si alguien tiene que irse no soy yo
Que se vayan toditos
Los que roban y matan sin dolor.

Cierro el libro y me recuerdo que todas estamos aquí por el derecho a defender derechos. Y en esa frase que en principio suena cacofónica se revela una cadena de protección infinita. Somos todas gotas del mismo río.

Nuestra primera parada es en Chinda, Santa Barbara, donde nos esperan con café orgánico, elotes y unas torrejas inolvidables. Las mujeres más pobres, lo son sólo en término de recurso económico pues ostentan generosidad en las comidas, justeza en sus palabras y calidez en los abrazos que ellas nos dan a nosotras.

Hacemos una ronda informativa acerca de los atentados que viven cada día. Las mineras las atacan, las hidroeléctricas quieren avanzar más allá de lo acordado. Sus tristezas, sinceridades y actos políticos me ayudan a no perder la esperanza en la especie humana que cuida el medio ambiente como un ser fundamental en nuestras vidas. La vida de ellas pende de un hilo y no puedo más que usar mi grabador y estas palabras que escribo. El verde nos abraza. Los árboles son discretos confidentes de la lucha.

Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), señala que las mujeres en esta región son, principalmente, constructoras de vida. “Son las mujeres las que están dando la cara en la defensa. Como movimiento de mujeres somos parte del MAS que es mucho más visible que la red de mujeres, hay agendas mixtas que demandan los problemas ambientales. Se están violentando áreas protegidas. Tenemos una lucha muy grande ante el sistema legal. Las empresas instaladas en nuestra zona se encargan de ejercer el control, el miedo, el poder y la desmovilización”.

Día 2

Dormimos en un extraño hotel situado entre las montañas. El dueño, un judío-hondureño con al contextura de un oso, secundado por un perro-caballo y un arma escondida en el sótano, no duda en explayarse sobre “las mujeres y todo eso”. Comentario que lo confirma: el mejor plan es partir. A las 5 de la mañana estamos todas, calor humano mediante, subidas a la van.

Aún puedo sentir el aroma del día de ayer. En una ronda, antes de plantar árboles en las orillas del río Ulúa, nos perfumamos con una pócima, un aceite delicado con tantos ingredientes que de los que solo recuerdo la canela, y unas hierbas que según nuestra chamana se llaman “seguime” “quereme”. ¡Con esos nombres cómo no querer rociarse! Es una compañera afro colombiana la que lo comparte. Al momento de frotarnos unas gotitas del óleo se nos habla del amor como fuerza revolucionaria. El amor como respuesta a los enemigos. Estoy mareada: a veces no sé desanudar lo que siento frente al concepto de “amor”.

Para mí, en cualquier caso, la expresión más amorosa es la mujer parada a mi lado que, a sus 26 años,carga tres hijas y las ideas bien puestas: reclama controles vinculados a salud sexual y reproductiva para todas las mujeres de su comunidad. María Magdalena Ruiz pertenece a Chinda y en su defensa de los derechos reclama el acceso a la salud sexual y reproductiva para las mujeres. “En Chinda muchas mujeres padecen de cáncer de mama. Muchas, debido a que no tienen la capacidad para hacerse un examen, han muerto de cáncer en la matriz. Las alcaldías sí hacen la citologías pero luego no les dan seguimiento. Nosotras como red de mujeres nos sentimos desprotegidas. Lo quieren privatizar todo”, había contado en la ronda una joven madre de dos hijas.

El abrazo, el amor, el apoyo, o como sea que lo nombremos, es dado a esas mujeres amenazadas por querer caminar libres las sendas de sus pueblos. Es compartir contención con esas madres que crían a sus hijes solas y luchan por la salud de todas. Paradas en la cima de sus creencias, gritando sus verdades, organizando sus resistencias y desplegando sus rebeldías.

Día 3. Copán

Las mujeres mayas abrazan nuestra visita a las ruinas de su cultura ancestral. Hoy son ellas el testimonio del despojo. Las puertas del lugar sagrado, el más visitado de Honduras, son privadas para ellas también. Solo a cambio de pago, tal como lo pueden hacer solo las turistas, acceden visitar las raíces de su cultura.

Se presentan bajo la sombra de los árboles. Llegaron en camionetas y algunas recorrieron más de cinco horas para encontrarse con nosotras. También nos dan la bienvenida los pájaros hondureños. Un torogozostenta su belleza y nos sacude la atención desde una rama lejana. Guacamayas rojas, amarillas y multicolores nos seducen desde lo alto.

Copán es un lugar sagrado y sus ruinas lo demuestran a cada paso. Un templo de una cultura que tuvo su esplendor antes de que la primera colonización la atacara. Aquí los templos son testimonios de piedra que relatan cómo eran los espacios donde tomaban las grandes decisiones comunitarias. En esos mismos espacios las mujeres eran reconocidas como las creadoras de la vida. Hoy aún quedan rastros de una cultura que creó arquitectura, magia, ciencia, astronomía, medicina y tecnologías soberanas, sustentables, en armonía con la naturaleza.

El presente político de Copán se dibuja con un trueno: el de la amenaza de la mina cerniéndose sobre la población que hizo que las mujeres y sus familiares pasaran a la acción directa. Amenazas, judicialización y persecución son algunas de las consecuencias para quienes luchan. Madres solteras, mujeres que se enfrentan sin muchos recursos a la justicia, otras que simplemente apoyan acompañando a los juzgados, con una llamada telefónica, un asesoramiento legal.

En Copán hacemos un ritual sagrado liderado por nuestra chamana abre caminos que se llama Margarita. Protegidas por árboles milenarios Margarita llama, convoca, conecta con abuelitos y abuelitas. Se prenden candelas que cargan nuestras intenciones. Se riega guaro en nuestros cuerpos y en el fuego. Nosotras descruzamos brazos, piernas, mentes y dedos. Acariciamos con nuestros pies la alfombra verde. Nos bañamos con la sombra de los árboles. Reconocemos en una reflexión murmurante nuestros errores. Acto seguido nos concentramos las energías que nos permita sembrar, cultivar y cosechar la fuerza para sostenernos en pie. Nos estrechamos las manos, nos cobijamos y el abrazo es este mismo hogar que nos prestan las aves coloridas.

De este lugar me llevo el privilegio de la visita a un lugar sagrado. No obstante cargo conmigo el reclamo de las mujeres defensoras quienes, además de denunciar las arbitrariedades de las empresas extractivistas en estos territorios, señalan la dificultades que aparecen en las organizaciones mixtas a la hora de cuestionar los liderazgos de los varones que ocupan puestos de poder desde tiempos inmemoriales.

Rode Murcia, defensora de los derechos humanos en esta región, así lo explica: “La mayoría de las que estamos enfrente de esas organizaciones somos mujeres, algunas estamos sufriendo el patriarcado y el machismo dentro de las mismas. Y cuando nosotras decidimos tratar de llevar proyectos a las comunidades, los mismos hombres nos ponen tropiezo, nos quieren difamar. Nos están difamando en la zona, y algunas están siendo judicializadas por defender la tierra, sin ninguna prueba en realidad. Pero como mujeres creemos que, como decimos acá, tenemos los ovarios bien puestos”.

Día 4

Llegamos al COPINH (Coordinadora General del Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) cortando camino por un paisaje de tapices verdes, cadenas montañosas y montes frondosos como sueños.

Así es La Esperanza – Intibucá, que además tiene un mercado bien nutrido y bullicioso como corresponde a los mercados en Centroamérica. Llegar a la casa de Berta Cáceres y que nos reciba un cartel amarillo “Bienvenidas al Copinh” refuerza la emoción que nos da estar en esos territorios. De conocer a las personas tercas por vivir una vida sin opresiones, que reclaman con el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre los territorios. Pese a las balas y las intimidaciones, en el COPINH se siguen jugando la vida por la defensa de una vida digna y libre de extractivismos.

Las activistas de ‘El abrazo’ arribamos a esta casa del pueblo lenca, la casa donde vivió Berta por muchos años y en donde “las energías que dejó son para todas y en donde las energías que las recién llegadas traen se reparten”. Así nos augura la abuelita que enciende las velas y ofrendas reunidas en torno a una foto de Berta. Ella nos mira desde una foto, en la imagen me imagino la mitad sus piernas danzando en el agua del río Blanco. Disfrutándolo, cuidándolo, conectando con los seres del río.

Son horas de compartir historias, de escuchar las violaciones que las mujeres defensoras resisten. De conocer la forma en que le dan la vuelta al ataque y cómo, pese a las balas e intimidaciones, se mantienen firmes y vivas en las luchas. Marleny Lemus Parada, una integrante activa de la organización, cuenta cómo han sido los días que siguieron al asesinato de Berta Cáceres y el intento de desarticulación del COPINH: “No ha sido fácil pero sin embargo ahí estamos en la lucha en defensa del bosque, de los ríos y la tierra, y de tantas cosas por las que tenemos que luchar aquí para que no nos invadan. Por todo eso fue el pleito para que ellos nos mataran a Berta. Ellos creyeron que matando a Berta mataban a la organización y creyeron que ya no íbamos a hacer nada nosotras”.

La lucha sigue y sigue. Al día siguiente nos muestran orgullosas el espacio de huerta orgánica que recrea el COPINH y que produce para locales con la idea de poder vender en un mercado de precios justos. Nos hablan de la dedicación que le otorgan a las capacitaciones en comunidades, a la vez que hacen un monitoreo local y constante de la situación de las empresas extractivistas en el territorio hondureño para denunciarla.

Visitar Honduras tiene que ver con el abrazo y en ese acto no bajar los brazos en ninguna circunstancia. Este país de diversos verdes violado hasta el cansancio sobrevive por la terquedad de su gente que, enfrentándose con ideas a los palos, se opone activamente al saqueo.

Esta vez ya no tendré pesadillas. Esta vez siento que los movimientos feministas, periodistas, activistas y sanadoras que llegamos a esta tierra honramos la memoria de las mujeres cuyas vidas han sido apagadas. Hay chamanas que nos guían y nos cuidan. Nosotras cuidamos a las demás y tejemos una cuerda invisible de apoyo y solidaridad en este desierto de violencia.

En Honduras los aportes de las luchas de campesinas, lencas, garífunas, mayas Ch’orti’ nos enseñan sobre el enfrentamiento directo al despojo y la política del terror. Damos el abrazo final a las compañeras hondureñas que están en la defensa de los derechos. Estamos atentas, vigilantes y en alerta permanente frente a la represión, criminalización, persecución y violencia que enfrentan.

Fuente: https://movimientom4.org/2019/04/resistencias-comunitarias-sanan-la-tierra-arrasada-diario-de-viaje-en-honduras/

Honduras

Proyecto minero desplaza familias enteras en Colón

Salir huyendo de casa nunca lo imaginó. Irse fue la decisión más difícil que tuvo que tomar, porque creció pensado que era privilegiada al nacer en Guapinol; un pedazo de tierra tropical bajo la falda del imponente y codiciado parque nacional Carlos Escaleras, en el departamento de Colón, zona nororiental de Honduras.

Pero ella, no fue la única en irse. Antes lo hicieron cinco familias más por las mismas razones, aunque bajo circunstancias de violencia. Pareciera que la llegada del supuesto desarrollo que promueven las autoridades significara el desplazamiento forzado de las comunidades, comentaba mientras armaba una pequeña maleta que la acompañarían en un viaje que desconoce si tiene retorno.

Meses antes se le vio participar en el campamento de Guapinol, en las protestas de las calles y a las afueras de un tribunal con jurisdicción nacional donde 12 de sus vecinos y compañeros eran criminalizados por oponerse a la instalación de una minera. El Estado de Honduras y la empresa Inversiones Los Pinares, acusó a delegados de la palabra de Dios y líderes comunitarios de daños, usurpación y asociación ilícita.

A los líderes ambientalistas se les dictó sobreseimiento definitivo a inicios de marzo de 2019, porque la fiscalía no pudo sustentar las pruebas que los incriminaban; un organigrama de “inteligencia” de la Policía Nacional, donde se ve a los ambientalistas bajo la denominación “La Banda de la Aldea de Guapinol”.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que, el Ministerio Público utiliza el derecho penal para acusar de usurpación y hasta del delito de asociación ilícita a la ciudadanía que está defendiendo su territorio, ante la instalación de proyectos extractivistas.

A pesar que Guapinol geográficamente está inserto en una región de conflicto agrario y de presencia de narcotráfico, para ella (a quien llamaremos únicamente así), y los suyos es un paraíso terrenal. Sabe que la falta de institucionalidad le da poder al crimen organizado y los terratenientes para matar y robar la tierra a los campesinos. O para comprar la justicia y protegerse bajo el uniforme militar.

Ella cuenta que en el Aguán los días calurosos se calman con un buen chapuzón en el río; acompañada de gente amada, frutas de temporada y una buena dosis de risas. ¡Así la vida es bonita! El río Guapinol abastece de agua a la comunidad y otros sectores aledaños que lo utilizan para el consumo humano, aguar el ganado y regar los cultivos.

También dice que la gente con orgullo se describe como trabajadora y emprendedora. Varias familias se alimentan de los ingresos que produce el monocultivo de la palma africana, otras de lo que deja la ganadería y la siembra de granos básicos, y la mayoría de las familias viven producto de las remesas que reciben de sus familiares que emigraron a Estados Unidos y España.

En cada palabra que pronunciaba sobre su pueblo trata de explicar el por qué es necesario arriesgar hasta la vida por esa tierra, sobre todo contar cómo las mujeres están viviendo la implantación de un modelo económico extractivo que las criminaliza, persigue y desplazada forzosamente, cuando debería de ser el Estado quien les garantice el goce pleno de sus derechos.

La libertad de sus compañeros y compañera criminalizada significó una enorme alegría, el pueblo lo celebró a lo grande, pero ella es consciente que las amenazas siguen latentes. La empresa sigue con los trabajos en la zona gracias a la seguridad que recibe de la Policía Nacional y Militar. A través de redes sociales se ha denunciado que los militares en pleno abuso de poder impiden que la gente permanezca en el río.

Ella denunció en repetidas ocasiones que a la comunidad llegaron personas ajenas que, además de trabajar con la minera se dedican a hostigar a la ciudadanía que públicamente se ha pronunciado contra la mina. “A dormir como las gallinas”, dijo entre risas y lamentos, porque las mujeres que tuvieron que huir les tocó dejar abandonadas hasta las gallinitas y otros animales que eran el sustento de sus familias. También tuvieron que irse defensores de derechos humanos y comunicadores, amenazados por los uniformados y los allegados a la empresa.

Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), establecen que durante el 2018 más de 950 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares por causas asociadas a la violencia. Organizaciones ambientalistas aseguran que esa violencia está muchas veces relacionada con los conflictos que viven las comunidades por la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos.

 

La concesión: el conflicto

Corría la fiesta de San Isidro Labrador en Tocoa cuando el pueblo comenzaba a indignarse. El agua del río era color chocolate y olía mal. Don Reinaldo, uno de los líderes criminalizados cuenta que les tocaba bañarse así; no había de otra, cuando el cuerpo se secaba quedaba pegajoso por la cantidad de lodo o sedimento que el agua llevaba.

Desde 2012 se conocía que la montaña Escaleras estaba destinada para la explotación minera de óxido de hierro. Hasta ese entonces únicamente sabían que la concesión minera pertenecía a la familia Rivera Maradiaga “Los Cachiros”, una banda de narcotraficantes encarcelada en Estados Unidos. Nadie podía hablar de la minera porque el miedo de ser asesinado era real.

La montaña lleva el nombre de Carlos Escaleras, fruto de una demanda internacional contra el Estado de Honduras por el asesinato del ambientalista en octubre de 1997. Veinte años después del crimen, mediante un acto público el Estado reconoció su responsabilidad y pidió perdón. Pero no evitó que se desgranara un conflicto socio ambiental por las concesiones que ha otorgado.

De acuerdo a los análisis e investigaciones del Comité Municipal en Defensa del Agua de Tocoa, Colón y la Coalición Contra la Impunidad, el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo 252 – 2013 dictaminado, discutido, aprobado y publicado en sólo 23 días, determina el origen del conflicto en la comunidad de Guapinol y que el mismo se aprobó sin seguir el procedimiento que manda la Constitución de la República. Este decreto dio luz verde para concesionar la zona núcleo del parque nacional.

Además, la comunidad asegura desconocer como la concesión fue a parar a manos del empresario Lenir Pérez, yerno del terrateniente fallecido Miguel Facussé, señalado de obtener grandes cantidades de tierra de forma irregular. Las comunidades han denunciado que las autoridades municipales están al servicio del empresario.

Pérez es un joven dedicado al rubro de la construcción, quien ha logrado posicionarse gracias al renombre de su familia política; abriendo puertas para entablar negocios con el Estado. En el sector Florida en Tela intentó extraer óxido de hierro, pero las comunidades organizadas lo evitaron. Aunque algunos afirman que la amenaza de explotar la mina sigue latente.

Una Honduras en pedazos

El reciente informe “Territorios en Riesgo II, minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos en Honduras”, elaborado por Oxfam, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), refleja que en el 65 por ciento del territorio de Honduras hay concesiones mineras y de generación de energía.

El estudio especifica que la minería se extiende sobre 156 municipios y la generación de energía sobre 100, mientras otros 25 municipios en la costa Caribe podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos. Asimismo, 32 concesiones mineras y 10 proyectos de energía hidroeléctrica se encuentran dentro de micro cuencas.

Mientras el gobierno nacionalista de Juan Orlando sigue impulsando proyectos extractivos en las comunidades, las familias enfrentan la ruptura del tejido social que los expone a las amenazas a muerte, criminalización y desplazamiento forzado.

Ella salió de su comunidad fuera de Honduras. Su gente asegura continuará la lucha para evitar que la mina se instale, de eso dependiente la oportunidad de contar con agua no contaminada, comunidad sin conflictos y familias más consciente que lucharon por un bien común que les llama a no dejarlo arrebatar.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/proyecto-minero-desplaza-familias-enteras-en-colon/?fbclid=IwAR2SUFp5Ti4ZMKf93Os79nM_-OhRYk7KDBEEJ-CE-bHuZc7_MGiVhT10nw4

Honduras

Los bienes comunes naturales: La actual disputa socio-política en las comunidades de Honduras

A manera de introducción

Estamos ante una sociedad de la que no se sabe con claridad si es que no entiende lo que acontece alrededor de las concesiones de recursos naturales y territorios, o simplemente no le importa el tema. Lo cierto es que los conflictos socio-territoriales que se han registrado en los últimos dos años en Honduras (y que han dejado asesinatos, heridos, desalojados, mujeres y hombres perseguidos y acusados de delincuentes), no han sacudido la cimiente de una sociedad que, en su mayoría, aún se muestra apática y lejana al tema.

Poco a poco los recursos naturales se han convertido en el “nuevo botín” detrás
del cual van empresas nacionales y transnacionales, arropadas por el modelo de acumulación neoliberal que comenzó a implementarse con más fuerza en la década los años noventa, con la puesta en marcha de la Ley de Ordenamiento
Estructural de la Economía, también conocido como ajuste estructural. De igual forma con la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, que consistió en la eliminación de muchos de los artículos a la Ley Agraria de 1975, principalmente los que tenían que ver con la función social de la tierra. Son modificaciones que han favorecido la expropiación de las tierras y su acaparamiento por parte de los grandes terratenientes, agroexportadores y de las transnacionales (Sosa, 2017).

En este corto texto retomamos, de forma breve y reflexiva, el tema “el extractivismo y las concesiones en Honduras”, el que sigue potenciándose como un mecanismo de apropiación de los recursos naturales y la moderna lucha política por las riquezas verdes del país.

 

La “ofensiva extractivista” en América Latina

En términos prácticos, la “ofensiva extractivista consiste en un ciclo profundo y acelerado de expropiación, mercantilización y depredación de los bienes comunes naturales, es decir, aquellos que pertenecen a toda la sociedad. Algunos ejemplos de esa práctica son las concesiones para la agroindustria, la minería a gran escala, la industria forestal, megaproyectos turísticos y la construcción de megaproyectos de infraestructura. En Honduras, esta modalidad, al igual que en el resto de Latinoamérica, también está presente (Seoane, 2012).

Los últimos dos gobiernos nacionalistas (Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández), han impulsado fuertes procesos de modificación de la normativa jurídica existente para propiciar la concesión de territorios y recursos naturales.

La nueva ley de minería, la Ley para la Promoción de la Inversión Público Privada, la Ley para la Promoción y la Protección de las Inversiones, Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), son algunas normativas que han permitido la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación minera, así como la construcción de represas (ERIC, 2016).

Con base en datos del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en Honduras se registran aproximadamente 76 concesiones hidroeléctricas y 363 mineras, con la presencia de este tipo de concesiones en 17 de los 18 departamentos del país.

De forma precisa, la modalidad extractivista consiste en la explotación y apropiación de los bienes naturales comunes. Por lo tanto, esta actividad económica tiene efectos devastadores para el medio ambiente y para la biodiversidad, y están sustentados por las políticas de “desarrollo” creadas para propiciar las super ganancias de las élites políticas y económicas en alianza con el capital transnacional.

Pese al discurso que hay alrededor de este modelo, en la práctica genera y potencia conflictos territoriales en zonas agrarias-campesinas y en comunidades indígenas y negras. Esto explica porque para su plena implementación se ha recurrido, desde el 2013, a la re-militarización del Estado, en el marco de la creación nuevas unidades militares-policiales en Honduras, tales como:

  1. La Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA)
  2. La Unidad Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES)
  3. La Policía Militar del Orden Público de las Fuerzas Armadas de Honduras (PMOP). Estas unidades han desempeñado un papel central en los desalojos violentos y en la criminalización de las y los defensores de los territorios (Irías, 2017).

 

La invisible y silenciosa corrupción detrás de la explotación de los bienes comunes naturales en Honduras

Probablemente es porque el tema ha sido poco estudiado, porque es difícil documentarlo y porque a los medios de comunicación no les interesa abordarlo por la confabulación que persiste entre ellos y el sector empresarial hondureño que está siendo beneficiado con las concesiones, que el tema de la corrupción detrás de las concesiones de territorios y de recursos naturales, es invisible.

Al estudiarse la relación entre redes de corrupción y los procesos de entrega de
concesiones, se identifica un sistema que opera con múltiples e interconectadas
redes, cuya operación está sustentada en actos ilícitos para maximizar los beneficios entre los miembros. La complejidad de esta alianza es tal, que implica la intersección de tres sectores: el sector público, el privado y de las estructuras criminales externas (Chayes, 2017). Esto constituye una situación de mayor riesgo para el respeto de los derechos humanos de las comunidades y los liderazgos sociales en conflicto con proyectos de explotación de recursos naturales.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/los-bienes-comunes-naturales-la-actual-disputa-socio-politica-en-las-comunidades-de-honduras/

Honduras

Aura Minerals/MINOSA (minera Canadiense-Estadounidense) y policía hondureña atacan a la comunidad de Azacualpa

Boletín de prensa: Aura Minerals/MINOSA (minera Canadiense-Estadounidense) y policía hondureña atacan con bala viva y gas lacrimógeno a la población, cortando y quemando ilegalmente al bosque a la par del cementerio y comunidad de Azacualpa

Esta tarde (30 marzo 2019), agentes policiales hondureñas reprimieron con bala viva y gas lacrimógeno a los pobladores de Azacualpa, quienes ejercían su derecho y deber de defender a su territorio, incluyendo a su cementerio. Rights Action reenvía este resumen en base a informaciones y pobladores de Azacualpa, defensores de territorio, la madre tierra y de los derechos humanos.

Aura Minerals/MINOSA, minera Canadiense-Estadounidense, ha estado operando ilegalmente a su mina de oro – incluyendo exhumiendo ilegalmente a cadáveres del cementerio y cortando ilegalmente a árboles alrededor de la aldea de Azacualpa.

Aproximadamente 50 personas, entre ellos miembros del comité ambiental, patronato y demás vecinos llegaron al lugar cerca de las nueve de la mañana exigiendo que se les mostrara los permisos para las operaciones que realizaban en la zona. Ante la renuencia de los agentes y empleados a cooperar, los pobladores comenzaron a discutir y grabar el conflicto con sus celulares. Los pobladores saben que hay un amparo impidiendo la operacion minera y que no se puede talar árboles “a placer”. Los policías se dedicaron también a intimidar a varios comunitarios por grabar el suceso.

Entre las discusiones se apersonaron dos agentes de la policía rural y el comisionado de la policía de Santa Rosa de Copán. Los agentes aseguraban que Aura Minerals/MINOSA tenia el permiso, pero no lo mostraban.

Les aseguraron a los agentes y al comisionado que en una asamblea se había determinado que no era permitido tirar arboles ni levantar cercos en esa zona. Rodrigo (no dieron apellido) de la empresa de seguridad SESSER, comenzó a cuestionar e intimidar a los pobladores, mientras el comisionado amenazaba con arrestar a los pobladores que violaban sus “medidas”.

Se agendó una reunión entre Aura Minerals/MINOSA, el comisionado y el patronato para el siguiente lunes, acuerdo tras el que los pobladores se retiraron a sus casas.

A pesar de esto, un tractor entró cerca de las tres de la tarde (30 marzo) a devastar el bosque lo que produjo la reacción de los defensores del territorio, quienes pretendían detener la maquinaria.

A raíz de esto llegaron cerca de 16 agentes policiales quienes agredieron con disparos y gas lacrimógeno incluso a mujeres y niños. “Éramos como 70 y después llegaron como 50 mas,” relata un miembro de la comunidad.

La policía disparó a todas las personas y las bombas lacrimógenas provocaron un incendio en una loma que se le nombre Los Botaderos. Luego de provocar el incendio, los agentes policiales se retiraron.  Varios comunitarios quedaron apagando el fuego en el bosque de la loma. No se reportaron heridos graves, pero si daños por el gas lacrimógeno y heridas superficiales. Lograron sacar la maquinaria.

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COPAN, AZACUALPA: DIGNIDAD VERSUS SERVILISMO Y CORRUPCIÓN OFICIAL

Hoy, la gente de Azacualpa, Copán, a pesar de todos los atropellos y la imposición histórica de MINOSA [subsidiaria de la minera Aura Minerals] y todos los funcionarios de gobierno, hartos salieron a defender sus derechos, su territorio, su cementerio. Hasta allá llegó la Policía Nacional a lucirse como aparato de seguridad y represión de MINOSA. Sus bombas no solo afectaron la salud de la gente, también provocaron incendio de la zona.

Cuánta corrupción y servilismo. Ojalá un día no muy lejano, logremos un levantamiento en todos los territorios y nos libremos de tanto saqueo y normalizada corrupción e impunidad.

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Comunicarse con
Aura Minerals
Rodrigo Barbosa, President and CEO
Monty Reed, General Manager, San Andres Mine, Honduras
[email protected]
[email protected]
www.auraminerals.com

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/aura-minerals-minosa-minera-canadiense-estadounidense-y-policia-hondurena-atacan-a-la-comunidad-de-azacualpa/

Honduras

Guapinol: ¡Se ganó una batalla, pero la lucha sigue!

Hasta mediados del año 2018, Guapinol era una aldea completamente desconocida. La concesión de los ríos San Pedro y Guapinol (mismo nombre que la aldea) puso a la comunidad en el escenario público tras iniciar una lucha para detener a la Minera Inversiones Pinares.

Sin embargo, Guapinol cobró vigencia internacional luego que el Ministerio Público llevara a los tribunales a 12 de los líderes de la lucha ambiental, en medio de un proceso judicial lleno de vicios y arbitrariedades, que ha dejado una serie de lecciones y evidencias históricas sobre cómo opera el sistema de justicia de Honduras, cuando se colude con el poder.

Un baño con lodo en Guapinol

Para entender lo que viven la población de Guapinol, quizás sea necesario cerrar los ojos e imaginarse esto: “desde que abrieron la calle el sedimento cayó al río. Estuvimos tres meses bañándonos con lodo; no se podía lavar ni un plato porque era el vivo lodillo que llegaba a las llaves y las pilas”. Esa expresión no es una invención, es parte de la narración que nos hizo Juana Zúñiga, uno de tantos días en los que estuvo en las afueras del Juzgado en materia de Extorsión, en Tegucigalpa, espera de la resolución sobre las acusaciones que se presentaron en contra de 12 de sus compañeros de lucha.

Agregó, “para bañar a los niños teníamos que comprar botellones de agua y por eso nos levantamos, por eso nos oponemos a la minera y por hacerlo, nos criminalizan. El delito que cometemos es defender la vida, el agua y por eso acusaron a los compañeros”, dijo Ana, de forma sencilla pero tan profunda para ejemplificar el por qué un pueblo se levantó en Honduras en contra de una empresa minera.

La voz de Juana no es la única que se alzó contra la minera Inversiones Los Pinares. Hoy, 20 comunidades resisten y exigen que la minera salga de la zona. Pero, por emprender la lucha, 12 pobladores (11 hombres y 1 mujer) fueron llevados a los tribunales hondureños. Sin embargo, estas 12 personas son parte de los 31 líderes y lideresas que fueron procesados. Su delito: defender el agua, los recursos, su territorio y la vida. Pero por defender esos bienes, el Ministerio Público los acusó de usurpación y daños, robo, privación injusta de la libertad, asociación ilícita e incendio agravado.

¿Cómo surge el conflicto?

Guapinol es una zona donde habitan 4, 500 pobladores. El lugar se transformó con el ruido de la maquinaria que llegó irrumpiendo la tranquilidad del poblado. La apertura de calles fue el primer movimiento que despertó las sospechas en los habitantes. Mientras, en la montaña, la empresa comenzaba a trabajar y tras hacer las consultas, la alerta movilizó a las comunidades.

Ese pueblo está convencido que la minería debe salir y que el Gobierno debe cancelar esas dos concesiones que les están destruyendo la montaña. Por eso se organizaron, buscaron apoyo de organizaciones.

“Estamos en lucha no sólo para defender el río Guapinol, sino el río Tocoa, Zamora, Taujica que son nuestros afluentes de agua en Colón”, dice Orbelina Flores Hernández, Miembro del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, mientras agrega, “el agua es vida y por defenderla nos están criminalizando a los compañeros. Están en juego intereses millonarios y nos están condenando a estar sin agua y eso, no lo vamos a permitir, hasta la muerte vamos a seguir luchando”.

A las comunidades nunca se les informó que la empresa llegaría al lugar. Nunca se les dijo que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), dio los permisos para la explotación de la montaña. Estaban desinformados y el único camino que les quedó fue impedir que las máquinas continuarán destruyendo la zona. Pese a la oposición de la población, ha habido contubernio de las autoridades que han permitido que la empresa opere.

Los afectados

Son unos 100 mil habitantes, los que serán afectados en el departamento de Colón con la explotación. No sólo se trata del municipio de Tocoa, también el impacto alcanza a los municipios de Santa Fe, Trujillo, Balfate, Sabá y Bonito Oriental. Ante la amenaza, como medida, los pobladores han denunciado a sus municipios libres de minería, una declaratoria que los blinda por tres años. Tienen claro, por experiencias registradas en otras zonas de Honduras, que, si la minería continúa, en poco tiempo el paisaje verde, con frondosos árboles, desaparecerá y tendrán una zona desértica. Lo que menos quieren los habitantes es que la mina avance y acabe con lo poco que va quedando en el lugar y por eso siguen en lucha.

“Vivimos en zozobra. Todos los familiares de los que fueron acusados por defender los recursos naturales y pobladores, estamos apoyando la lucha. La familia Facussé llegó a Colón a hacer estragos y han causado mucho sufrimiento a las familias en Colón. Quieren a toda costa trabajar la minería y el gobierno se los permite. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque en el caso de mi hermano, su pecado fue estar al frente de la lucha, ser presidente de los bienes municipales en Colón”, dijo con contundencia Melvin Espino, hermano de Juan López, uno de los que fue detenido y quien, además, es el Coordinador del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Obligados a salir de su propia tierra

En Ceibita, poblado aledaño a Guapinol, varias familias han tenido que huir. Las presiones los han obligado a dejarlo todo. Kevin Esquivel, contó al equipo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), que desde octubre viven un calvario. Denuncia que les han mandado personas “encapuchadas” para advertirlos que si no se van pagarán con su vida.

“La última vez fueron cuatro individuos fuertemente armados con Akas (AK-47). Nos presionaron. No nos quedó más y salimos un 28 de octubre del 2018 de la aldea La Ceibita en Tocoa, Colón. Salimos sólo con la ropa que andábamos puesta. Dejamos nuestra casa. Fueron 49 años de esfuerzo de mi padre, toda una vida. Atrás quedó todo, atrás quedó botada la casa”, dijo en su relato Kevin, hijo de José Eugenio Esquivel, uno de los 12 líderes requeridos por el Ministerio Público.

El proceso en contra de las y los líderes de Guapinol

Marco Tulio Ramos, Reinaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George, José Adalid Cecilio Mendoza, y Lourdes Elizabeth Gómez Rocías, se entregaron de manera voluntaria.

Este problema se origina con un decreto que sometió a consideración ante el Congreso Nacional, un diputado del Partido Nacional del departamento de Colón, para que se concesionara la zona núcleo del parque nacional Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras”, explicó Adilia Castro, del Comité de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa.

Lo anterior, pese a que el Congreso Nacional declaró esa montaña como área protegida en el mes de agosto del 2012. En ese entonces, la zona tenía 23 mil 223 hectáreas, pero al año siguiente (2013), el propio Congreso Nacional modificó la cantidad de tierra con un nuevo decreto, emitido el 16 de diciembre del 2013. A la zona núcleo le quitaron 217.34 hectáreas. A los diputados no les importó otorgar el área protegida para que la minera explotara a sus anchas la montaña.

Esa irregularidad fue detectada por la Fundación San Alonso Rodríguez, organización que pese a las limitantes encontradas para obtener información, fue la que constató en los decretos legislativos la modificación y alertó a las comunidades para evitar la destrucción. “Apoyamos a las comunidades en la búsqueda de información. Ellos no podían acceder a la información completa; cuando se constató la disminución de la zona núcleo se organizaron. Las comunidades se auto-convocaron, hicieron asambleas sectoriales, declararon los municipios libres de minería, hicieron asambleas populares y hasta tomas permanentes frente a la municipalidad en Tocoa. Fue así como se estableció un campamento por la vida y seguimos luchando con el pueblo”, expresó Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez.

El proceso de la ilegalidad fue descubierto. Pero las concesiones ASP 1 y ASP 2 ya se habían emitido, utilizando 100 hectáreas cada una, en la zona núcleo. Es decir, la cantidad que redujeron los diputados es ahora la zona donde la empresa hará la explotación.

Con la concesión minera que otorgó el INHGEOMIN, el 28 de enero del 2014, inició un calvario para las comunidades que se ubican en la zona de Guapinol, San Pedro y La Ceibita. La empresa tiene el permiso para explotar la montaña por 10 años.

Días de detención y de angustia

Desde el mes de octubre del 2018, el Ministerio Público (MP) urdió la acusación en contra de los líderes.  Pero se hizo de conocimiento público en el mes de enero del 2019. Fueron Edy Tabora, Omar Menjívar, Efraín Ramírez, Kenia Oliva, Carlo Jiménez, Allan Alvarenga y Mario Rojas, los abogados que conformaron la defensa de los pobladores de Guapinol. El cuerpo de abogados sugirió a los pobladores presentarse voluntariamente y así fue, pero allí comienza la serie de irregularidades.

Fueron 10 días de detención. La angustia y la desesperación arroparon a las familias de los 12 líderes, quienes, desde su captura, enfrentaron con valentía un proceso que se dirimió en Tegucigalpa, pese a que correspondía al caso, la jurisdicción de Tocoa, Colón, norte de Honduras.

Su conciencia estaba tranquila y el equipo de abogados creyó en su inocencia, se blindó de sus conocimientos y luchó para desvirtuar cada delito que les formuló a la “banda criminal de la aldea”, tal como la denominó el Ministerio Público de Honduras. Ese ente estatal hasta presentó un organigrama para sustentar el delito de asociación ilícita, en el que se incluyó la ficha de dos pobladores que fallecieron hace cuatro años.

Las acusaciones

La acusación por usurpación y daños en contra de los 31 líderes de Guapinol, se registró en el expediente 148-2018, mientras que en el expediente 22-2019, se les acusó de asociación ilícita, portación ilegal de armas, incendio agravado y privación injusta de la libertad. Estos son delitos que el Ministerio Público en último momento acreditó para los pobladores.

Al filo de las dos de la madrugada del lunes 4 de marzo, con un resultado a favor de los acusados, en las afueras de los Tribunales en materia de Extorsión (adonde se desarrolló la audiencia en Tegucigalpa desde el jueves 28 de febrero) un “SÍ SE PUDO”, estalló.

En medio de la alegría de familias y pobladores, surgieron abrazos, lágrimas, oraciones y gritos. La justicia dejaba en libertad a los defensores de Guapinol. “Lo logramos”, gritaban.

“Demostramos que los delitos por los que los acusaban no existieron. Vemos con mucha preocupación las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público. El Poder Judicial el día de hoy emitió una resolución apegada a los derechos fundamentales”, dijo Tábora, uno de los abogados defensores.

Y es que, para los abogados defensores, el requerimiento fiscal formulado por el MP en contra los habitantes de Guapinol, se basó en el “derecho penal del enemigo”. La Fiscalía consideró a las comunidades como enemigas y eso es algo que preocupa tanto a los apoderados legales, como a los defensores del ambiente.

“Alrededor de esa concepción del derecho penal la Fiscalía construye pruebas. Afortunadamente hoy demostramos que fue una prueba construida, que Fiscales no tienen las más mínimas intenciones de apegarse a lo que dice el Código Procesal Penal y la Constitución de la República”, cuestionó Tábora.

En indefensión, comunidades que luchan por sus recursos naturales

Lo ocurrido con Guapinol dejó en evidencia muchas situaciones que merecen documentarse. Por un lado, las comunidades que determinan defender sus recursos naturales se enfrentan a: amenazas, hostigamiento, ataques por parte de los cuerpos policiales y militares que asisten a las empresas extractivas; agresiones físicas y en el peor de los casos, asesinatos.

Por otro lado, con Guapinol quedó claro que el sistema de justicia hondureño, lejos de propiciar investigaciones contundentes, profundas, creíbles y a favor de quienes defienden los derechos humanos de la población, decide adoptar el papel de defensor de los grupos de poder que, en este y otros casos, están representados por quienes detentan las concesiones de ríos y territorios para explotar sus recursos de forma inconsulta y arbitraria.

El cuerpo de abogados que defendió a los líderes de Guapinol, afirma que la institucionalidad del Estado se utiliza para criminalizar a las poblaciones que defienden sus territorios, sin tomar en cuenta aspectos claves como la consulta libre, previa e informada.

Guapinol ganó una batalla, no la guerra: la concesión sigue vigente

“La verdad y la justicia reinó. Ganó el pueblo, ganó la vida y ganaron nuestros ríos. La lucha sigue y no se para”, dijo Esly Banegas, lideresa de COPA y defensora del ambiente en Colón. Sin embargo, los pobladores no desconocen que este es el gane de una batalla, no de la guerra.

Con la concesión minera que otorgó el INHGEOMIN, el 28 de enero del 2014, inició un calvario para las comunidades que se prevé  va a continuar. La empresa tiene permiso para explotar la zona por 10 años. Es decir, la concesión finaliza en el 2024.

Tabora afirma que la situación se mantiene en alerta, pero dice que, a partir de hoy, “debemos exigir que ese Ministerio Público, que se convierte en instrumento de criminalización para los que defienden sus territorios, cambie, y que actúe con imparcialidad”.

Con el sobreseimiento de los líderes y lideresas apenas se cierra un capítulo. Sin embargo, la sociedad hondureña continuará atenta al final de una trama que comienza a replicarse en otras zonas del país, en donde otras comunidades se levantan para defender sus bosques y ríos.

 

Fuente:https://cespad.org.hn/2019/03/04/guapinol-se-gano-una-batalla-no-la-guerra/