Latinoamerica

Las mujeres lideran la lucha por salvar el medio ambiente

La creciente demanda mundial de una amplia gama de recursos naturales está amenazando la salud ambiental del mundo en un grado sin precedentes. Existe un acuerdo generalizado de que, a menos que se establezcan políticas nuevas y más efectivas para controlar sus efectos negativos, esta situación podría tener consecuencias devastadoras para el desarrollo humano.

Durante los últimos 200 años, los procesos industriales y de la agricultura han sido responsables del aumento de los niveles de contaminación y de la degradación del aire, el agua y la tierra. Además de la explotación sin restricciones de los recursos naturales, las prácticas agrícolas inadecuadas han tenido efectos devastadores en el medio ambiente y en la salud y la calidad de vida de las personas, particularmente las mujeres y los niños.

Como consecuencia, se ha desarrollado a nivel mundial una mayor conciencia acerca de la necesidad e importancia de que las mujeres contribuyan a la identificación de problemas ambientales, así como a la planificación de actividades orientadas al desarrollo sostenible de sus comunidades. En ese sentido, las mujeres y los niños han demostrado ser participantes muy activos y efectivos en la defensa del medio ambiente.

La participación de las mujeres en la defensa del medio ambiente es cada vez más importante, dado que los abusos no cesan. El 22 de Enero de 2019, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaraba en el Foro Mundial de Davos: “Brasil es el país que más preserva el medio ambiente”. Tres días más tarde, una represa de la Minera Vale, en Minas Gerais, colapsó, y 12 millones de metros cúbicos de lodo tóxico inundaron 290 hectáreas dejando 110 muertos y 238 desaparecidos.

En 2018 en Argentina, a su vez, la superficie deforestada de bosques protegidos en Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, fue de 112.766 hectáreas, equivalente a dos veces el territorio de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace. Noemí Cruz, quien coordina la campaña de bosques de la organización, dijo al respecto: “Los gobiernos no pueden seguir incumpliendo la normativa nacional y permitiendo desmontes donde está prohibido”.

Debido a sus roles como administradoras del hogar, proveedoras económicas y a su papel en la reproducción, las mujeres son propensas al deterioro de su salud en varias circunstancias. Las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables a los contaminantes ambientales, ya que cada paso en el proceso reproductivo puede ser alterado por sustancias tóxicas en el ambiente, las que pueden aumentar el riesgo de aborto, defectos de nacimiento, retraso del crecimiento fetal y muerte perinatal.

Aunque durante mucho tiempo las mujeres habían sido consideradas receptoras pasivas de ayuda en lugar de participantes activas en el desarrollo y consecución de mejores condiciones de vida, su papel es cada vez más crucial tanto para las economías de los países en desarrollo como para el futuro del medio ambiente. En ese sentido, como educadoras ambientales y motivadoras para el cambio, las mujeres son agentes claves en los procesos que conducen a un desarrollo más sostenible y saludable del planeta.

Tradicionalmente, las mujeres son protectoras del medio ambiente, cuya calidad creen esencial para el crecimiento saludable de sus hijos. Una encuesta mundial sobre las actitudes del público sobre el medio ambiente patrocinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente mostró que las mujeres, en comparación con los hombres, prefieren elegir un nivel de vida más bajo con menos riesgos para la salud que un nivel de vida más alto con más riesgos para la salud.

En América Latina, las mujeres indígenas se han vuelto especialmente activas en el uso de técnicas para proteger el medio ambiente, y en desarrollar estrategias para la reducción de la pobreza y que promuevan el desarrollo sostenible. Responden así a amenazas que afectan seriamente su calidad de vida, como son el cambio climático y los intereses de las corporaciones explotadoras de minerales y de petróleo en tierras pertenecientes a comunidades indígenas.

Después de que el huracán Mitch azotara a Honduras, las mujeres de la comunidad afro-indígena garífuna ubicada en la costa caribeña de Honduras crearon el Comité de Emergencia Garífuna. Éste organizó bancos de semillas para la seguridad alimentaria, plantó árboles frutales para limitar la erosión de las áreas costeras y ayudó a reubicar comunidades lejos de las áreas de alto riesgo, entre otras actividades conducentes a la mejora y recuperación de vida comunitaria.

Máxima Acuña, ganadora del Premio Goldman del Medio Ambiente, tuvo un papel destacado en la Resistencia al Proyecto Conga de explotación de oro y cobre en la región de Cajamarca, en el Nordeste de Perú, y tuvo un papel destacado en la defensa del medio ambiente. A pesar de ataques a ella y su hija, continuaron sus actividades en contra del proyecto, al que consideraban una seria amenaza para el ecosistema y las fuentes de agua en la zona. En 2016, el proyecto fue abandonado, en gran medida debido a la oposición de personas como Acuña, que arriesgaron sus vidas en la defensa del medio ambiente.

No tuvo su misma suerte Berta Cáceres, quien fue asesinada en 2016 debido a su oposición a una represa que amenazaba las tierras sagradas de los indígenas Lenca, en Honduras. Su hija, Bertha Zúñiga, ha continuado con el trabajo de su madre, a pesar de serios atentados contra su vida y la de los miembros de su grupo.

Afortunadamente, existe una creciente evidencia de que las mujeres en varios países del mundo están asumiendo roles centrales en el movimiento ambiental de base. Y hay una creencia cada vez mayor de que las políticas de desarrollo que no involucren a mujeres y hombres en un plano de igualdad no tendrán éxito a largo plazo.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/857-las-mujeres-lideran-la-lucha-por-salvar-el-medio-ambiente

Latinoamerica

Minería y medio ambiente: 3 casos de contaminación ambiental

En la actualidad se debate en distintos niveles y ámbitos sociales los impactos ambientales que genera la minería sobre el  medio ambiente. A lo largo de los años se han producido distintos desastres ambientales asociados a este sector económico, normalmente causados por las malas prácticas llevadas a cabo durante esta actividad.

Entre los principales impactos que puede originar la minería se encuentran: la destrucción de la corteza terrestre,  la contaminación de las aguas, la afección a la flora y fauna del entorno próximo a la explotación minera y  los efectos negativos en la salud humana de las poblaciones próximas a la mina (aunque en ocasiones estos efectos pueden extenderse más).

A nivel mundial se han registrado una serie de casos alarmantes relacionados a contaminación por causa de la minería, algunos de estos se muestran a continuación:

  • Cajamarca, Perú.

Las localidades de Magdalena, el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa y San Juan, fueron afectadas en una extensión de 50 kilómetros en fecha de 2 de junio del año 2000, ese día aconteció un derrame de aproximadamente 11 litros, lo cual equivale a 151 kilogramos de mercurio elemental, esto produjo una gran intoxicación en alrededor 1200 personas, contando niños y adultos.

Los daños ambientales fueron muy cuantiosos, contaminando ríos, causes, flora y fauna, originando la alteración de los ciclos naturales de la zona, la vegetación y los animales expuestos a esta sustancia sufrieron graves índices de intoxicación, en la mayoría de los casos no lograron soportarlo, sin contar los efectos que ocasionaron sobre la vida humana.

  • Estado Bolívar, Venezuela.

En Venezuela, específicamente en los Estados Bolívar y Amazonas, desde hace aproximadamente 25 años se ha demostrado que la minería ha causado grandes impactos ambientales, generando grandes focos de contaminación por mercurio, la cual ha presentado un considerable aumento en los últimos años, aunado al uso indebido de tecnologías no aptas para esta delicada actividad.

Algunas de las zonas afectadas son la Cuenca del Río Cuyuní, ríos Caroní y Caura, todos ubicados en el Estado Bolívar, se han generado daños tanto en los causes, corrientes fluviales y vegetación foránea, sin contar la fauna y los habitantes que se encuentran cerca de la zona (mineros e indígenas). Algunas de las consecuencias que ocasiona el mercurio en la salud humana de los mineros son: daños en los riñones, sistema nervioso central, comportamientos erráticos y en la infancia tiene la capacidad de generar retardo mental.

Las personas que ingieren alimentos o agua contaminada con mercurio pueden padecer los siguientes síntomas: daños renales, problemas reproductivos, artritis, pérdida de la memoria, casos de demencia e incluso la muerte.

  • Colombia.

La minería ha causado grandes estragos en Colombia, este país presenta una tasa de mortalidad infantil de 18 por cada mil nacidos vivos (2012), sin embargo, en los departamentos de Cesar y La Guajira, se registraron 20 y 32 decesos respectivamente, esto se encuentra influenciado directamente por las consecuencias trae la ejecución de actividades mineras de manera irresponsable.

Dentro de los registros que se han realizado sobre los impactos ambientales de la minería , destaca el que se produce en los bosques, debido a la deforestación. En el norte del país desde el año 2000 hasta el 2007 se deforestaron alrededor de 19 hectáreas por cada mil, un número muy elevado cuando se compara con el promedio de toda la nación que correspondía a 5 hectáreas por cada mil.

Estos son algunos de los casos que han generado grandes impactos a las poblaciones y zonas aledañas donde se realizan actividades de minería, por estas razones es necesario establecer mayores controles por parte de las administraciones, dirigidos a controlar y disminuir los impactos que causa esta actividad.

 

Fuente:https://geoinnova.org/blog-territorio/mineria-medio-ambiente-casos-contaminacion/

Latinoamerica

Eduardo Gudynas: Teologías extractivistas y espiritualidades herejes

La catástrofe de Brumadinho es posiblemente un ejemplo extremo de los extractivismos en el siglo XXI. Entendidos como la explotación masiva o intensiva de recursos naturales para exportarlos como materias primas, por un lado son claros los enormes impactos sociales y ambientales que acarrean.

La evidencia es abrumadora, y no solo por los accidentes mineros en Brasil, sino por otras situaciones, como los derrames petroleros en Ecuador, las enormes amputaciones ecológicas de la minería colombiana, o el avance de la soja en Argentina. Nadie puede sostener que los extractivismos sean seguros, dado que los accidentes se repiten en todo el continente. Tampoco puede insistirse en que automáticamente generarán bienestar económico, porque siguen enclavados entre los sitios más pobres en cada país.

Pero a pesar de todas estas evidencias y de las resistencias ciudadanas, de todos modos los extractivismos siguen avanzando. Son defendidos por empresas como todos sabemos, pero también hacen lo mismo, y con toda intensidad, casi todos los políticos, la mayorías de las academias universitarias, y una buena parte de la opinión pública. El respaldo es mayoritario, especialmente en las ciudades, justamente porque esas personas viven alejadas de los sitios donde verdaderamente ocurren los impactos.

Esto obliga a reconocer que los extractivismos descansan en creencias profundamente arraigadas y que se comparten tanto por las posturas políticas y partidarias de conservadores a progresistas, de derecha o izquierda. Son actos de fe que los hace inmunes a todas las evidencias de impactos o accidentes.

Teología extractivistas

Por todo esto es justificable abordar a los extractivismos como una teología. Con ello no apunto tanto a considerar que estamos en algo así como un cristianismo extractivista, aunque no han faltado intentos en ese sentido. Por ejemplo, en 2013 en Colombia se celebró un muy comentado encuentro sobre “Cristianismo y Minería”, donde el CEO de una empresa afirmaba que esos emprendimientos son un mandato de Dios. Aunque, en sentido contrario, la encíclica Laudato Si’ está repleta de elementos para desmontar a los extractivismos.

En cambio, me refiero a una teología política, entendida la producción de políticas que al contrario de lo que proclaman, no son neutras ni racionales, sino que están inmersas en creencias y espiritualidades. En ellas se genera una cierta sacralidad es usada para legitimar y fundamentar ordenamientos y prácticas políticas entre los humanos y en la relación con la Naturaleza.

En efecto, aquella idea de la Modernidad de una secularización que la desprendería de toda trascendencia para volverse objetiva y neutra, en realidad terminó generando otras creencias. Con ello han sido exitosos en anular la organicidad y encantamiento de la Naturaleza, pero que a la vez hemos entronizado a la utilidad y la mercantilización. Allí están las raíces de teologías políticas extractivistas que posee sus narrativas, su sacralidad y hasta sus liturgias.

Todas comparten una narrativa de lo inevitable y esencial que es el aprovechamiento intensivo de la Naturaleza. Un ejemplo conocido es la sentencia, repetida desde hace casi 200 años, que Perú es un país minero. Parecería que la condición de la minería fuera una ontología de todo un país, de cada individuo, y de cada sitio en su geografía.

El crecimiento económico se sacraliza como sostén del desarrollo, y éste debe ser alimentado por las exportaciones de minerales, hidrocarburos o granos. De este modo se genera la condición de imperiosa necesidad de explotar la Naturaleza para evitar un apocalipsis económico.

Se despliegan pastorales extractivistas que insisten no solamente en legitimar a los extractivismos, sino en desearlo. Desde la economía se editan reportes que enfatizan los éxitos económicos, pero que en cambio no calculan los costos económicos de los impactos sociales y ambientales; desde los ministerios se imprimen folletos anunciando a los proyectos extractivos como trampolines para el desarrollo; y desde los medios de comunicación se celebra las explotaciones mineras o petroleras.

La oposición es imposible, pero además es casi impensable. Los que critican a los extractivismos estarían locos decía el presidente de Ecuador Rafael Correa, y alertaba que en un país desarrollado todo ellos estarían encerrados en el manicomio.

Estamos rodeados de liturgias extractivistas. Son las celebraciones de presidentes, ministros o empresarios que festejan una nueva mina o torre petrolera, o un incremento en las exportaciones. Tal vez uno de los ejemplos más dramáticos lo dio el presidente de Bolivia, Evo Morales, en 2015 en el acto de inauguración de la explotación de un nuevo yacimiento que triplicaba las reservas de hidrocarburos del país. El presidente se encontraba rodeado de ministros y otras altas autoridades, y a su frente se encontraba el público y la prensa. Parado al pie de una enorme válvula, la giró para empapar su mano en crudo, y luego, como si fuera el párroco oficiando la misa dominical en la iglesia del barrio, pasó a untar crudo en los casos que tenían cada una de esas autoridades. La bendición política gubernamental se hacía con crudo.

También existe una institucionalidad extractivista que alimenta estas teologías. En ellas se encuentran las grandes asociaciones empresariales de mineros, petroleros y de agronegocios. Todo este entramado legitima y defiende a los extractivismos, pero además incide en las políticas públicas, genera campañas de publicidad y hasta puede decidir el nombramiento de un ministro).

Espiritualidades herejes

Es necesario entender estas teologías extractivistas para poder plantear alternativas que sean capaces de llegar a ese profundo núcleo de conceptos, sensibilidades y espiritualidades. La solución a los extractivismos no pasa por un mero cambio entre elencos de gobiernos, entre quienes de dicen de derecha o de izquierda, y los países del sur ya lo saben muy bien porque han vivido todo tipo de experiencias extractivas.

Este esfuerzo no es solo necesario sino urgente. La acumulación de impactos sociales y ambientales es intolerable en América del Sur, y ha alcanzado niveles tan altos que la integridad ecológica de todo el planeta está en cuestión. El cambio climático global es un claro ejemplo de esto.

El primer paso en romper con las teologías extractivistas es recuperar la capacidad de pensar alternativas y en poder decidir otros caminos, ensayar o incluso desear otro modo de relación con la Naturaleza y con las personas. Dicho de otro modo, necesitamos herejes que puedan poner en entredicho a esas teologías. Recordemos que más allá de sus usos corrientes, herejía en su significado original quiere decir elección. El concepto hoy está revestido de sentidos negativos, y por ejemplo se denuncia como herejía plantear, pongamos por caso, una moratoria a la explotación de petróleo en la selva amazónica ya que ello violaría las necesidades de los mercados. Pero si se apela a su sentido original es la elección la que nos permitiría construir espiritualidades herejes para pensar y sentir otro tipo de vínculos entre nosotros humanos y con la Naturaleza (1).

Estamos rodeados de esos intentos y ensayos, aunque las teologías extractivistas los invisibilizan y ocultan. Pero hay múltiples experiencias en toda América Latina de relaciones con la Naturaleza que no descansan en los extractivismos, y que aseguran la calidad de vida. También hay organizaciones que ofrecen espacios para hacer evidentes los impactos de los extractivismos y explorar respuestas desde la fe, como es el caso de la red Iglesias y Minería (2).

Es posible compartir algunos elementos de esas espiritualidades herejes a modo de una primera reflexión. Es claro que se deben abordar tanto el pensar como el sentir –es por lo tanto un cambio en los sentipensares. No bastan las transformaciones en tecnologías o planes de desarrollo, sino que también las afectividades deben cambiar.

Sin duda se debe asegurar la calidad de vida de las personas y que eliminar la pobreza, pero también hay que admitir que los actuales niveles de consumismo son intolerables. Entonces estamos frente a espiritualidades que incorporan la austeridad.

Se debe romper con la dominación y en todas sus formas. Esto incluye tanto la dominación por ejemplo de veteranos sobre jóvenes, como las de los varones sobre las mujeres. Es por lo tanto un esfuerzo que apuesta a la vez a la convivialidad y a la despatriarcalización.

Las nuevas espiritualidades deben ser ecuménicas e interculturales. Distintos aspectos de los sentipensares de los pueblos indígenas nos enseñan otros tipos de vínculos con el ambiente y los territorios.

A partir de esto se pueden derivador otros elementos. Comenzaré por señalar la importancia de escuchar a las rocas. En las teologías de los extractivismos los empresarios y los economistas “escuchan” al mercado, y nadie parece sorprenderse por ello. Por lo tanto, la alternativa es comenzar a escuchar a las rocas, al suelo, a los árboles. Esto no quiere decir que se les enseñará a hablar, pero es nuestra responsabilidad y tenemos la capacidad de descifrar lo que ellos nos dicen sobre la salud del ambiente. Y allí hay todo tipo de señales y mensajes sobre el drama ecológico.

El ritmo del tiempo es de los alerces. Las teologías de los extractivismos siempre trabajan en el muy corto plazo, e incluso es raro que vayan más allá de unos pocos años propios de una presidencia. Para ellas no existen las generaciones futuras. Ante esto, los el ritmo de los alerces nos ilustran cómo debe entender el tiempo estas espiritualidades herejes. Esos majestuosos árboles andinos que pueden vivir mil años, y por ello con cada incendio que destruye bosques nativos en el sur de Chile y Argentina, queda claro que las medidas de restauración ecológica debe ponerse pensarse en el tiempo que necesitan los alerces para recuperarse. O sea, mil años. Esto mismo se repite en los demás ambientes sudamericanos. Todo esto nos lleva a repensar nuestras responsabilidades en el largo plazo, y comenzar a abordar una cuestión que cada vez será más necesaria ¿cómo podemos ser mejores ancestros para asegurar que las generaciones futuras puedan vivir?

La justicia por cierto que es imperativa, pero debe ser una justicia social y ecológica. De un lado, los extractivismos actuales están repletos de injusticias, con el caso extremo de violencias contra personas y la Naturaleza, y las teologías dominantes las han naturalizado. Es necesario rebelarse hasta hacer intolerable que, por ejemplo, se asesina impunemente a líderes ambientales o se destruyen miles de hectáreas de ambientes naturales. La erradicación de la pobreza debe ir de la mano con la preservación ambiental.

Finalmente, es fundamental un cambio radical en cómo se entienden los valores. La visión tradicional, compartida por muy distintas corrientes propias de la Modernidad, insiste en que únicamente los humanos son sujetos de valor y por ello la Naturaleza termina siendo una colección de objetos que pueden ser aprovechados.

Eso permite el reduccionismo de concebir a la Naturaleza pero también a las personas como recursos, algunos con valor económico y otros que pueden ser desechables. Las categorías de capital social o naturales se aceptaron y un utilitarismo mercantilista se convirtió en la forma generalizada de sentir y entender el entorno ecológico y social. Posiblemente la herejía mayor se encuentra en romper con esas ataduras y reconocer que otras formas de vida también tienen valores que les son propios y que éstos son independientes de la utilidad para los humanos.

El antecedente más claro de ese esfuerzo es el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en Ecuador, a los que han seguido, por ejemplo un reconocimiento análogo a la Amazonia de Colombia –otra vez queda en claro que estamos rodeados de ensayos de alternativas. Este es un cambio ético, pero no sobre su dimensión moral, sino sobre cómo se entiende el valor y cómo se lo adjudica.

Todos estos puntos, que no dejan de ser preliminares, tienen en común intentar romper con los blindajes que las creencias otorgan a los extractivismos. Esa es una dimensión que es por muchos rechazada o menospreciada, asumiendo que las transformaciones no son cosas de los sentimientos sino de la razón. Pero las teologías extractivitas existen y nos dejan en claro que es indispensable abordarlas para promover cambios reales. Y, tal como se indicó arriba, es indispensable hacer esto antes de que sea demasiado tarde.

Fuente:http://iglesiasymineria.org/2019/03/01/eduardo-gudynas-teologias-extractivistas-y-espiritualidades-herejes/?fbclid=IwAR0uYXuhAo8-TlDhr8GStRnMj97RaKCKMCpRrBijb_Rmkbvh0oynfig2i9Q

Latinoamerica

Mito que minería genere progreso: Red de afectados ambientales

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) –de la que forman parte poblanos del Consejo Tiyat Tlali- desmintió el supuesto “progreso minero” promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aseguró que, por el contrario, la actividad extractiva es sinónimo de contaminación y degradación ambiental, fragmentación comunitaria, represión, despojo, saqueo, injusticia e impunidad.

Indicó que el pasado 5 de Marzo en un panel de discusión organizado por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), el BID hizo un llamado a “la responsabilidad social de las mineras en Latinoamérica” en el que tergiversando la realidad presentó a la minería como una actividad sustentable.

En los hechos hay ”cientos de comunidades fragmentadas y severamente afectadas en el país, en toda América Latina y el mundo, así como una cantidad cada vez mayor de pasivos ambientales irreversibles, de los cuales estas empresas no se hacen responsables. Es una incongruencia terrible, que se siga vendiendo a la minería como generadora de progreso y desarrollo, cuando saquean a manos llenas los bienes comunes hasta dejar pueblos y comunidades fantasmas, en unos casos, o desolación y muerte en otros”.

El BID, denunció, apuesta a la explotación minera como solución para el desarrollo al financiar proyectos privados “de despojo, con graves consecuencias sociales y ambientales, inversiones que muchas veces sirvieron para mejorar la imagen de las empresas mineras y permitir la aceptación de sus proyectos”.

Y en el caso de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del BID, se dedica al financiamiento directo e indirecto de pequeñas y medianas empresas, como “el préstamo de 5.7 millones de dólares que hicieron a la empresa Somin Compañía Minera de Sonora S.A.P.I. de C.V.” para la extracción y el procesamiento de sulfato de sodio en Sonora.

Además ha dado dinero para proyectos de producción de energía “muy controvertidos y rechazados como los parques eólicos Eólica del Sur o Eurus en el Istmo de Tehuantepec”, precisó.

“Para los pueblos la minería es, y siempre será así, un agente de despojo, destrucción y muerte” que se han enfrentado con la resistencia de las comunidades y pusieron como ejemplo al municipio de Fresnillo en Zacatecas, donde opera la mina Fresnillo de Grupo Peñoles, la tercera extractora de plata más grande del país, que en el año 2015 obtuvo ganancias por 318 millones de dólares, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la consideró la demarcación “con la mayor proporción de personas en situación de pobreza (107 mil 088) y el segundo con mayor pobreza extrema (11 mil 685)”.

“Si analizamos los datos que propone CONEVAL sobre la evolución de la pobreza, de 2010 a 2015 para los municipios zacatecanos de Fresnillo y Mazapil (donde está ubicada desde 2008 la mina Peñasquito, la mina de oro más grande del país a cargo de la canadiense Goldcorp), nos damos cuenta que, durante este periodo, la proporción de la población vulnerable por carencia social

(educación, salud y vivienda), aumentó más del 6 % (6.1 para Fresnillo y 6.3 para Mazapil), cuando el promedio de aumento estatal fue sólo de 4 por ciento”, detalló la REMA.

En la Sierra Norte de Puebla, de acuerdo con FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C., la Secretaría de Economía del gobierno federal ha otorgado 440 concesiones mineras y, aunque algunas han sido canceladas, representan el 66 por ciento de su territorio, además se han dado permisos para la instalación de más de 10 hidroeléctricas y se han entregado diversas áreas para la explotación petrolera, donde se usa y se usará la fractura hidráulica o fracking.

 

Fuente:https://regeneracion.mx/mito-que-mineria-genere-progreso-red-de-afectados-ambientales/?fbclid=IwAR2_CQh7-ah4kpLmbkjstkbGUrzYztG7TYeBegpQkxS6bOa1KYp0tbNkpjk

Latinoamerica

¿Militarizar los extractivismos mineros sudamericanos?

En América del Sur está en marcha un lento aunque persistente avance de una militarización de la gestión ambiental enfocada en los extractivismos mineros. Aunque en Perú son bien conocidos los sucesivos despliegues de policías y militares en la Amazonia del sur del país para enfrentar la minería ilegal de oro, siempre es relevante observar lo que ocurre en las naciones vecinas. Atendiendo ese propósito aquí se comparten algunas observaciones sobre las tendencias más recientes en América del Sur.

Colombia: el ambiente como cuestión de seguridad nacional

En estos días, Colombia ofrece el ejemplo más relevante. Allí, el actual presidente, Iván Duque presentó el Plan Nacional de Desarrollo que guiará su gestión, con la novedad de incluir la gestión ambiental dentro de las políticas de seguridad y defensa nacional (1). Temas como biodiversidad y agua aparecen ahora junto a objetivos como defender las fronteras y la soberanía territorial.

Como consecuencia se militariza la gestión ambiental. Para ese fin se crea una fuerza de “Protección Integral Ambiental” conformada por militares y policías, que podrá coordinar con fiscales y autoridades ambientales. El Ministerio del Ambiente se suma al Consejo de Seguridad Nacional, las cuestiones ambientales deberán ser incorporadas en la Estrategia de Seguridad Nacional y posiblemente en la Estrategia Nacional de Inteligencia.

Desde esta mirada basada en la “seguridad”, la Naturaleza es presentada como un “activo”. Este no es un concepto neutro, ya que proviene del ámbito empresarial y fortalece una fragmentación de la Naturaleza que prioriza el valor económico de los recursos. Se proponen instrumentos de ordenamiento territorial a gran escala, las llamadas “Zonas Estratégicas de Intervención Integral”, con objetivos tanto en la seguridad como en el ambiente, de mediana duración (5 años), y que servirían para transitar hacia las explotaciones “legales” de los recursos naturales.

El gobierno colombiano no oculta que toma estas medidas para controlar la explotación ilegal de recursos naturales, tales como maderas y minerales, y en especial el oro. Admite una situación que no deja de impresionar: en ese país el 86% del oro extraído proviene de prácticas ilegales. Además, el 44% de los municipios del país hacen alguna minería ilegal sea en oro como en carbón u otros productos. Esta deriva debe alertar a los gobiernos de Perú, Ecuador y Bolivia, donde también se padece el avance de la minería ilegal de oro. Colombia muestra un futuro posible, donde la minería ilegal se volvió tan generalizada que dejó en la marginalidad a las prácticas formales legales. Es una evolución donde seacentúan impactos como la deforestación o la contaminación de mercurio.

De todos modos, el plan de desarrollo colombiano no busca detener ese tipo de minería, sino que desea controlarlo y transformarlo en emprendimientos formales. Su objetivo es que el Estado determine cuáles empresas y bajo cuáles condiciones explotarán, por ejemplo, el oro, y en poder obtener una parte de los excedentes económicos que eso produce.

Militarización de la gestión ambiental en América del Sur

Debe advertirse que movimientos análogos hacia la militarización de la gestión ambiental también ocurran bajo los gobiernos progresistas. En efecto, en Venezuela, Nicolás Maduro se volcó a liberalizar la explotación minera en el llamado Arco Minero del Orinoco como uno más de sus intentos desesperados por superar la crisis del país (2). Allí creó una “Zona Económica Militar”, donde las fuerzas armadas están encargadas de controlar y encaminar la explotación minera. En los hechos en la región se vive una disputa por el oro, con distintas denuncias sobre la participación de los militares tanto en las empresas formales como en las redes ilegales, inmersa en la destrucción ambiental y la violencia. La retórica oficial alude al socialismo del siglo XXI y al enfrentamiento al imperialismo, pero como en Colombia, no se busca tanto detener la minería de oro sino controlar los excedentes económicos que genera.

En Brasil, el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro también está retomando una mayor presencia militar en el control de recursos naturales y territorios, especialmente en la Amazonia. Se mezclan muy distintos componentes con ciertas dosis de fantasías reaccionarias. Bolsonaro promueve la liberalización en el porte de armas y considerar como “terrorismo” las ocupaciones de tierras rurales, hay días que reclama que los indígenas deben ser “soldados” pero en otros días postula convertirlos en “empresarios” en el uso de sus territorios, y más frecuentemente los margina como obstáculos al progreso.

Mezcla eso con denuncias de complots internacionales para apropiarse de la Amazonia. En especial cuestionó la iniciativa del “corredor AAA” (o triple A), que agrupa áreas protegidas y territorios indígenas que se extienden de un lado a otro del continente, desde Perú (en el norte amazónico) y Ecuador, a lo largo de la zona norte de Brasil y regiones adyacentes de Colombia, Venezuela y las Guayanas (3). Bolsonaro también critica al corredor por considerar que esto opera en forma análoga a la autodeterminación de los pueblos indígenas. En todo esto no está solo ya que hay mandos militares le apoyan (4).

Es posible que esto explique las intenciones del gobierno Bolsonaro de resucitar el viejo programa militar de la “Caja Norte” del Amazonas, que incluye todos los territorios brasileños al norte del río Amazonas a lo largo de aproximadamente 6 500 km de fronteras con Perú, Colombia, Venezuela, Suriname, Guyana y la Guayana Francesa. Esa iniciativa fue lanzada en 1985, con el propósito de asegurar la defensa nacional de lo que identificaban como reservas naturales estratégicas, y estaba en manos del Ministerio de Defensa.

A su vez, también se ubica en esa perspectiva la decisión del Ministro de Minas y Energía, el almirante Bento Albuquerque de abrir las tierras indígenas a la explotación minera. No es menor que esto fuese revelado en los días de Carnaval, para disipar las seguras reacciones negativas dentro de Brasil, ni que fuese dicho en el congreso de los Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá, en Toronto. El militar advirtió que los indígenas serán consultados pero no podrán vetar la implantación minera (5). El discurso gubernamental repite conceptos muy conocidos en los países andinos, tales como la necesidad de la minería para asegurar el progreso, evitar la conflictividad, desplazar a emprendimientos ilegales, usar tierras ociosas, “flexibilizar” las “trabas” de controles ambientales, etc.

Tendencias emergentes

Es posible adelantar algunas conclusiones sobre esta derivada militar y policial sobre los extractivismos. La primera es no olvidar que la militarización de la gestión ambiental no es nueva, y por ejemplo en Brasil se arrastra desde los gobiernos militares desde mediados del siglo XX. Pero en la actualidad se está acentuando y es más evidente en varios países.

La presencia policía o militar en el control de recursos naturales y territorios ocurre en Argentina (especialmente alrededor del fracking), Bolivia (protegiendo a empresas petroleras dentro de territorios indígenas, por ejemplo), Chile (incluyendo acciones policiales en tierras mapuches o represión a los que resisten el “robo” del agua), Ecuador (protección policial y militar a la expansión minera), Perú (con la sucesión de estados de emergencia, intervenciones policías y militares, e incluso por los acuerdos con la policía nacional para proteger a mineras y petroleras), y los casos ya analizados de Colombia y Venezuela.

El segundo aspecto es que esto discurre tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas. No deja de ser impactante las similitudes entre, por un lado, Colombia, y por otro lado, Venezuela. Esto deja en evidencia la superficialidad de una buena parte de los debates dentro de cada país. Por ejemplo, mientras en Perú están aquellos que denuncian como radicales de la izquierda política a quienes alertan sobre los impactos de la minería, ese mismo tipo de dichos son señalados como radicalismos conservadores en Venezuela. En realidad estamos ante una problemática más profunda que involucra las raíces en las concepciones contemporáneas del desarrollo y de la Naturaleza.

Un tercer asunto es que la disputa no está realmente centrada en cómo proteger la Naturaleza, sino en cómo regular la minería para controlarla y obtener parte de sus excedentes económicos. Por ejemplo, es claro que en Colombia el Estado busca desplazar y reemplazar a los grupos ilegales como árbitros y organizadores de la minería de oro. De este modo se refuerza una mercantilizan del ambiente. La contracara es invisibilizar o excluir otros entendimientos de la Naturaleza como pueden ser aquellos basados en sus valores ecológicos, estéticos, religiosos, históricos.

En cuarto lugar, se legitima a militares y policías como actores en la gestión ambiental. Este es un cambio sustantivo en los fines que se esperan de ellos, y casos como el de Colombia pueden desembocar en ver a generales hablando sobre el manejo de áreas protegidas y territorios indígenas. La comunidad de ecólogos, biólogos y otros científicos queda una vez más relegada.

Un quinto aspecto es reconocer y comprender que esta militarización puede tener muchos apoyos locales, especialmente allí donde hay una alta incidencia de violencia criminal. Aunque bienvenidos, el paso del tiempo muestra que la presencia militar en muchas ocasiones terminar alimentando más violencia, como ocurre en Colombia. Las comunidades locales, especialmente campesinos e indígenas, quedan atrapadas entre los militares y policías por un lado, y los grupos ilegales y criminales por el otro.

Como sexto punto, la diseminación de esta lógica de la seguridad obliga a considerar posibles tensiones entre países. Es posible que esto esté comenzando a ocurrir en las regiones Amazónicas del norte. En efecto, allí la propuesta de corredor biológico AAA, afecta al Arco Minero del Orinoco dentro de Venezuela y además se superpone al plan militar Caja Norte de la frontera brasileña.

Finalmente, es evidente que este tipo de estrategias no podrá detener los impactos sociales y ambientales de buena parte de los extractivismos. Los generales no controlan ni el precio de mercado ni la demanda externa, y se vuelve imposible colocar a un soldado o un policía en cada río amazónico o en cada cerro. Entretanto se gastan enormes recursos financieros que podrían ser aprovechados en sostener reconversiones productivas en las zonas que más lo necesitan.

Sin embargo, a pesar de todo esto, lo que  hoy se observa en Colombia y otros países vecinos, parece apuntar a que la tozudez una vez más prevalecerá, para insistir en medidas ambientales y territoriales que ya sabemos que son inefectivas.

7 de marzo de 2019

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/militarizar-los-extractivismos-mineros-sudamericanos/

Brasil, Latinoamerica

El de Brumadinho es uno más en una lista de desastres en el mundo

Los derrames de las mineras
Las Naciones Unidas confirmaron el registro de 104 desastres de diques de colas desde 1990 hasta 2016. Entre las responsables figuran la multinacional Vale, que produjo el alud de Brasil, y la BHP Billiton (Inglaterra-Australia).
Por Darío Aranda
La catástrofe de Brumadinho, en Brasil, tuvo como responsable a la minera Vale. Imagen: AFP

Más de cien muertos, 200 desaparecidos y un pueblo sepultado bajo miles de toneladas de barro tóxico. Es el desastre de la minera Vale en Brumadinho (Brasil), ocurrido en enero pasado. Pero no es la única tragedia de la megaminería, que acarrea cientos de “accidentes”, muertos y gravísimos hechos de contaminación. Datos de Naciones Unidas afirman que desde la década del 90 la megaminería provocó al menos 100 “fallas-accidentes”, 27 de ellos “muy graves” (con más de 20 muertos). En Argentina, los derrames de Barrick Gold en San Juan y la contaminación de Minera Alumbrera en Catamarca son las mayores preocupaciones.
Leer más
Las marcas de las catástrofes

El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó al menos 104 desastres de diques de colas (gigantescos basureros mineros) desde la década del 90 hasta 2016. El informe, publicado en 2017, se titula “Dique de colas: la seguridad es no accidente”, de 70 páginas.

El informe procesó información desde 1915 hasta 2016 y contabilizó en total 289 “fallas” de diques mineros. Cuarenta y tres fueron “muy graves”, con más de 20 muertos y/o derrame de más de un millón de metros cúbicos.

El antecedente directo a Brumadinho es el colapso del dique de la mina Samarco en noviembre 2015 (en la localidad de Bento Rodíguez, también en Brasil), con 17 muertos y 200 desaparecidos. Las empresas responsables fueron las multinacionales Vale (Brasil) y BHP-Billiton (Inglaterra-Australia).

En Agosto de 2014, en Canadá, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (de la empresa Imperial Metals) y provocó el mayor desastre minero de la historia de ese país. Derramó más de 25 millones de metros cúbicos de desechos mineros en el lago Polley.

En 2014 la multinacional Grupo México (del magnate Germán Larrea) provocó el mayor desastre minero del país con su minera Buenavista del Cobre, en Cananea. Derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre, contaminó tres ríos a lo largo de 250 kilómetros y dejó sin agua a más de 22.000 personas. Marcelo Giraud es integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, geógrafo y estudioso de los efectos de la mgaminería. Afirmó que los desastres de la multinacional Vale en Brasil no son excepciones. “Sabemos que la empresa Vale o el estado brasileño no son particularmente más irresponsables que el resto. Vale actúa como todas las otras empresas transnacionales de su tipo y el gobierno de Minas Gerais y Brasil no son ni más ni menos corruptos o irresponsables que los demás de América Latina”, aclaró.

La Asamblea de Jáchal (San Juan) escribió una carta abierta a las víctimas de Vale en Brasil. Recordó el derrame de Barrick Gold en la mina Veladero en 2015 (más de un millón de litros de solución contaminada que llegaron a ríos) y también resaltó la situación de Samarco en 2015 (Brasil): “Ambos hechos no sólo están impunes, también siguen contaminando, y lo hacen con la complicidad de gobiernos. La primarizacion de la economía es tan brutal e impiadosa que podemos asegurar que Sudamérica enfrenta un nuevo saqueo histórico. Y acá estamos, resistiendo a la destrucción de nuestras vidas”.

En Catamarca funciona desde hace más de 20 años Minera Alumbrera (empresas Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). Su mineraloducto (un gran caño que lleva el concentrado a lo largo de cientos de kilómetros) tuvo al menos media docena de roturas y derrames. La compañía reconoció la filtración del dique de colas (que contamina napas subterráneas). Y desde hace años los vecinos de Catamarca (muchos de ellos nucleados en la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá) alertan sobre el posible colapso del dique de colas (enorme basurero de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad). El gobierno provincial, que siempre impulsó la actividad minera y defendió el accionar de Alumbrera, dice que no hay riesgos. Pero nunca permitió el ingreso de peritos independientes para examinar el yacimiento. El mismo accionar del gobierno de Brasil ante la minera Vale.

Horacio Machado Aráoz forma parte del reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (integra el Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral “Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno”, analizó los peligros y riesgos de la minería. De los casos de América Latina detalla el derrumbe en la mina El Soldado (Chile, 1965), con un saldo de 154 víctimas fatales. El colapso de la presa de la Planta Otapara (Perú, 1996) provocó el derrame de relaves sobre el río Acarí (Arequipa). La rotura del dique de la División Andina de Codelco (Chile, 2000), con un derrame de 5300 metros cúbicos de relaves provocó muerte de ganado y anegamiento de cultivos. La fractura del dique de la mina Cerro Negro (Chile, 2003), con derrame de 50.000 toneladas de lodos tóxicos que contaminaron cursos de agua. Recordó que el colapso de los diques de colas no son los únicos peligros de la megaminería. Agregó a la lista las filtraciones subterráneas de esos diques, la falla en las tuberías, el derrame de sustancias químicas, el transporte de sustancias tóxicas y la contaminación del aire producto de las explosiones, entre otras.

https://www.pagina12.com.ar/175701-los-derrames-de-las-mineras

Brasil, Internacional, Latinoamerica

Minería y desastres van de la mano

Por Darío Aranda.18/02/2019, Página12
El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó el registro de 104 desastres de diques de colas desde 1990 hasta 2016. Entre las responsables figuran la multinacional Vale, que produjo el alud de Brasil, y la BHP Billiton (Inglaterra-Australia)

Más de cien muertos, 200 desaparecidos y un pueblo sepultado bajo miles de toneladas de barro tóxico. Es el desastre de la minera Vale en Brumadinho (Brasil), ocurrido en enero pasado. Pero no es la única tragedia de la megaminería, que acarrea cientos de “accidentes”, muertos y gravísimos hechos de contaminación. Datos de Naciones Unidas afirman que desde la década del 90 la megaminería provocó al menos 100 “fallas-accidentes”, 27 de ellos “muy graves” (con más de 20 muertos). En Argentina, los derrames de Barrick Gold en San Juan y la contaminación de Minera Alumbrera en Catamarca son las mayores preocupaciones.

El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó al menos 104 desastres de diques de colas (gigantescos basureros mineros) desde la década del 90 hasta 2016. El informe, publicado en 2017, se titula “Dique de colas: la seguridad es no accidente”, de 70 páginas.

El informe procesó información desde 1915 hasta 2016 y contabilizó en total 289 “fallas” de diques mineros. 43 fueron “muy graves”, con más de 20 muertos y/o derrame de más de un millón de metros cúbicos.

El antecedente directo a Brumadinho es el colapso del dique de la mina Samarco en noviembre 2015 (en la localidad de Bento Rodíguez, también en Brasil), con 17 muertos y 200 desaparecidos. Las empresas responsables fueron las multinacionales Vale (Brasil) y BHP-Billiton (Inglaterra-Australia).

En Agosto de 2014, en Canadá, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (de la empresa Imperial Metals) y provocó el mayor desastre minero de la historia de ese país. Derramó más de 25 millones de metros cúbicos de desechos mineros en el lago Polley.

En 2014 la multinacional Grupo México (del magnate Germán Larrea) provocó el mayor desastre minero del país con su minera Buenavista del Cobre, en la ciudad de Cananea. Derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre, contaminó tres ríos a lo largo de 250 kilómetros y dejó sin agua a más de 22.000 personas.

Marcelo Giraud es integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, geógrafo y estudioso de los efectos de la mgaminería. Afirmó que los desastres de la multinacional Vale en Brasil no son excepciones. “Sabemos que la empresa Vale o el estado brasileño no son particularmente más irresponsables que el resto. Vale actúa como todas las otras empresas transnacionales de su tipo y el gobierno de Minas Gerais y Brasil no son ni más ni menos corruptos o irresponsables que los demás de América Latina”, aclaró.

La Asamblea de Jáchal (San Juan) escribió una carta abierta a las víctimas de Vale en Brasil. Recordó el derrame de Barrick Gold en la mina Veladero en 2015 (más de un millón de litros de solución contaminada que llegaron a ríos) y también resaltó la situación de Samarco en 2015 (Brasil): “Ambos hechos no sólo están impunes, también siguen contaminando, y lo hacen con la complicidad de gobiernos. La primarizacion de la economía es tan brutal e impiadosa que podemos asegurar que Sudamérica enfrenta un nuevo saqueo histórico. Y acá estamos nosotros, resistiendo a la destrucción de nuestras vidas”.

En Catamarca funciona desde hace más de 20 años Minera Alumbrera (empresas Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). Su mineraloducto (un gran caño que lleva el concentrado a lo largo de cientos de kilómetros) tuvo al menos media docena de roturas y derrames. La compañía reconoció la filtración del dique de colas (que contamina napas subterráneas). Y desde hace años los vecinos de Catamarca (muchos de ellos nucleados en la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá) alertan sobre el posible colapso del dique de colas (enorme basurero de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad). El gobierno provincial, que siempre impulsó la actividad minera y defendió el accionar de Alumbrera, dice que no hay riesgos. Pero nunca permitió el ingreso de peritos independientes para examinar el yacimiento. El mismo accionar del gobierno de Brasil ante la minera Vale.

Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral “Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno”, analizó los peligros y riesgos de la minería.

De los casos de América Latina detalla el derrumbe en la mina El Soldado (Chile, 1965), con un saldo de 154 víctimas fatales. El colapso de la presa de la Planta Otapara (Perú, 1996) provocó el derrame de relaves sobre el río Acarí (Arequipa). La rotura del dique de la División Andina de Codelco (Chile, 2000), con un derrame de 5300 metros cúbicos de relaves provocó muerte de ganado y anegamiento de cultivos. La fractura del dique de la mina Cerro Negro (Chile, 2003), con derrame de 50.000 toneladas de lodos tóxicos que contaminaron cursos de agua.

Recordó que el colapso de los diques de colas no son los únicos peligros de la megaminería. Agregó a la lista las filtraciones subterráneas de esos diques, la falla en las tuberías, el derrame de sustancias químicas, el transporte de sustancias tóxicas y la contaminación del aire producto de las explosiones, entre otras.

A pesar de los numerosos desastres con muertos y contaminación, gobiernos y empresas siguen publicitando la actividad como “minería sustentable”.

Latinoamerica

Contra la megaminería, el pueblo iluminado

La amenaza de la minería en un pueblo no surge de un día para otro, es un mal que va germinando poco a poco, silenciosamente. Mucho antes de que el boletín oficial de turno anuncie el inicio de la fase de información pública de un proyecto de explotación, las empresas promotoras ya llevan mucho andado.

Normalmente todo comienza con una pequeña empresa local, que se hace con la concesión de los derechos mineros y, con ello, también con la complicidad y favores de los gobiernos locales y autonómico. En muchos casos, podría decirse que el gobierno municipal llega la convertirse en una corporatocracia, en la que quien ostenta el poder, los alcaldes y concejales, toman decisiones favorables a determinadas corporaciones en detrimento del pueblo. Estos gobiernos, normalmente regidos por alcaldes con poca formación y aún menos escrúpulos, van sucumbiendo a los encantos de la minera, que les vende humo a precio de oro, o el metal que se precie según el yacimiento objeto de explotación. Y, a medida que estas empresas aumentan su control sobre la toma de decisiones en los municipios en los que pretenden instalarse, las administraciones serán menos capaces de resistirlas y defender a sus propios ciudadanos.

Cuando la pequeña empresa ya está asentada es cuando empieza a trabajar en el nuevo proyecto de explotación, para lo cual se aliará con una multinacional con más experiencia en el sector y, sobre todo, con más solvencia financiera. Juntas crearán una nueva empresa, que no hará mucho ruido hasta que el proyecto sea público, normalmente cuando la mayoría de la gente esté de vacaciones, con “agostosidad” probablemente.

Las empresas de este tipo, aunque lo intenten, no pueden comprarlo todo.

Lo primero que intentan estas compañías en cuanto sale a la luz el proyecto de explotación minera es buscar la licencia social, la aprobación de la comunidad local, y para eso emplearán todo tipo de estrategias, en las que no escatimarán recursos económicos. Desde charlas informativas en las que tratarán de vender el proyecto como la única y gran oportunidad de crecimiento del entorno, que generará cientos de empleos directos y seguramente miles indirectos, no sin antes convencer al vecindario de que el suyo es un ayuntamiento en declive, y ellos están aquí para venir a salvarlos de la más absoluta miseria.

Primero ofrecen empleo local en la empresa concesionaria o en otras afines, y así van allanando el terreno, embaucando a una parte de la población, a la que además amenazarán con posibles despidos por una supuesta falta de trabajo si la mina no consigue la autorización para operar.

Pero las empresas de este tipo, aunque lo intenten, no pueden comprarlo todo. No pueden comprar las voluntades de las vecinas y vecinos afectados por sus proyectos extractivos, que se verán en el deber de organizarse para defender lo suyo, las tierras, el medio, el agua, sus modos de vida, totalmente incompatibles con la minería especulativa y tóxica, en todos los sentidos de la palabra.Así surgen estas plataformas vecinales, que en los siguientes meses o años en el peor de los casos se tendrán que enfrentar ineludiblemente a las tretas de la minera para salirse con la suya.

Ahora ya no hay vuelta atrás, ya hay dos pesos en la balanza: de un lado la minera, junto con la corporación municipal a la que domina y los empleados de la misma que ya no tienen elección, y del otro el resto del vecindario organizado para tratar de impedir que la empresa consiga explotar la mina.

Pero hay un elemento más, la Administración que decide sobre el proyecto; ¿en qué lado se posiciona?, ¿a quién debe defender primeramente? La respuesta puede parecer tan sencilla como decir que la Administración debe seguir la ley, más la realidad parece ser muy distinta en la mayor parte de los casos. No es inusual que los departamentos de Minas o Medio Ambiente miren para otro lado cuando reciben quejas sobre las sospechosas actividades de estas empresas, o que pongan mil y una trabas administrativas a los afectados por la posible futura explotación a la hora de acceder a determinada información sobre el expediente.

Cuanto mayor sea la fuerza social que consigan las organizaciones ciudadanas, más agresiva será la campaña de lavado de imagen de la promotora. Primero intentarán desacreditar a sus opositores, tratando de vincular en todo momento su postura contraria a la mina a cuestiones ideológicas y partidistas. Los tacharán de iluminados, agitadores profesionales, ecoloxetas, alborotadores y todo lo que se les vaya ocurriendo. Pero normalmente esa campaña de desprestigio no les es suficiente, pues esos grupos sociales, aun sin ser expertos en el ámbito de la minería o del medio ambiente, no tienen más remedio que trabajar a destajo para proteger sus propias vidas ante la amenaza de la minería destructiva. Es por eso que la empresa intentará venderse como una industria sostenible, respetuosa con el medio y con el resto de actividades económicas, y para eso necesitan la complicidad de grandes medios de comunicación, a los que no dudarán en pagarles caras publirreportajes a doble página en los que contar las bondades de sus planes para la comunidad.

Algo habitual en estas campañas de las mineras es la contratación de personas estratégicas, conseguidores de voluntades y de la tan ansiada licencia social. Así, no es raro que formen parte de su plantilla concejales de un partido favorable al proyecto o presidentes de alguna asociación influyente en el entorno.

La empresa nunca tratará de mejorar el proyecto presentado ante la Administración, pues tiene muy calculado cuál es la forma más barata de conseguir los mayores beneficios posibles, y cualquier adaptación a la legalidad o al menor daño a las personas y al medio ambiente le supondrá perder ganancia, que es lo único que busca. Las inversiones que hará antes de conseguir el sí de la Administración serán solamente para hacerse con el máximo apoyo popular posible. Como mucho presentarán informes firmados por técnicos con cierto renombre, seguramente del ámbito universitario, que siempre parece dar cierto caché a cualquier estudio técnico.

Pero las multinacionales mineras tienen la billetera grande y la conciencia pequeña, y todo les parece poco en su afán por conseguir el vil metal, por lo que no escatimarán en gastos y organizarán visitas guiadas de todo tipo al yacimiento, sobre todo de escolares, a quienes puedan hacer ver que toda la labor que realizan es ejemplar y respetuoso con el medio. Y si en la zona hay algún club deportivo con cierta categoría no han tardar en intentar patrocinarlo, ofreciéndole una suculenta cifra de dinero que de otro modo les sería muy difícil de conseguir, y cada vez que ese equipo salga al terreno de juego lucirá el flamante nombre de la empresa en la camiseta, y así se venderá como una gran entidad que apoya y fomenta la vida saludable y los valores deportivos. Cualquier cosa sirve para comprar sociedad.

¿Hasta dónde están dispuestas a llegar estas empresas con la especulación minera? ¿Tienen límite sus intentos de manipulación? ¿Por qué los gobiernos permiten que estas entidades los manejen a su antojo? ¿A cambio de qué?

Sin duda, una vez que una minera pone el pie en tu municipio, ya no hay vuelta atrás, o estás con ellos o estás contra ellos, lo que viene siendo contra la destrucción, contra la contaminación, contra la explotación de tus recursos y de tu modo de vida, contra el daño a la salud. Si ves la minera llegar prepárate, porque te va a tocar luchar.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/contra-la-megamineria-el-pueblo-iluminado/

Latinoamerica

La modernidad contra la vida: el orden “extractivo-minero” como el desorden ecológico de los pueblos

Los regímenes mineros a gran escala, sean abiertos o subterráneos, para la extracción de oro, cobre o plata, entre otros, establecen una autoridad minera desde la cual produce su realidad fáctica, es decir, su presencia y pertinencia es justificada a través de engendrar deseos, modos de ver, soñar y sentir para apropiarse de los territorios constitutivos de otras territorialidades (como las territorialidades de vida que resultan de los metabolismos sociales de los pueblos para su supervivencia en la tierra).

Dicho de otra manera, los regímenes mineros (extractivos), categoría que propone Horacio Machado (2017), son una manifestación tanto de la política que expropia las energías y la materia de comunidades enteras, como de la implantación de un orden necropolítico (políticas de muerte) que articula y dispone de toda la complejidad viviente, o sea, el trabajo humano y la naturaleza, para producir capital en beneficio de pocos empezando por el control de lo que llamamos agua. Todo esto está asociado con la colonialidad de la Naturaleza cuyo único fin es convertir la materia viviente en el “combustible” del molino satánico (Polany 2010) del capital y de la modernidad.

Esto lo saben muy bien los capitalistas con sed de oro, porque sus beneficios y privilegios dependen de la capacidad de control que tienen sobre los pueblos empezando por el control material y energético que, a nuestro modo de entender, comienza con la expropiación de lo que está hecho el ser humano y toda especie viviente: el agua. Por eso, entendemos que “el orden extractivo-minero no es más que el desorden ecológico de los pueblos”.

Este desorden ecológico (Porto Gonçalves 2014) tiene que ver con la construcción de una geografía minera que dispone de la geograficidad del agua, es decir, al disponer del agua desequilibra la sostenibilidad de la reproducción agroalimentaria de las comunidades que consumen, grafían y se apropian de este líquido para mantener su cultura. A nuestro entender, y siguiendo a Porto Gonçalves, “el agua debe ser entendida en cuanto territorio, es decir, en cuanto inscripción de la comunidad en la Naturaleza”, porque ella, el agua, no está por fuera de ningún pueblo, incluido el moderno o los modernizados que creen estar desmaterializados y fragmentados de todos los ciclos ecosistémicos. Por tal motivo hablamos de una geograficidad del agua que está plenamente gestionada por los metabolismos sociales y comunitarios, entiéndase su gestión y administración para la reproducción de la vida.

Donde hay agua hay vida. El agua es trabajada y cuidada para la permanencia tanto del ser humano como de la Naturaleza, la cual infelizmente es absorbida por la geografía minera cuya secuela es la parálisis de la resiliencia ecosistémica de la vida. No se hace paradójico que este “sector energivoro”, a pesar de las cantidades exorbitantes de agua que emplea en todo el proceso de extracción, sea una “industria seca y árida”. En otras palabras, el extractivismo-minero produce sed como sacrificio pagado para el mantenimiento de los privilegios económicos/raciales en el norte global a costa de la destrucción de los pueblos ya racializados, es decir, los territorios donde habitan los diversos pueblos son desvalorizados por la transferencia de la escasez y muerte.

La extracción del agua: acumulación y contaminación

El extractivismo-minero en América Latina está repleto de ejemplos como para emitir no solamente un juicio científico, sino histórico. Si es que la historia tiene algún sentido para vernos desde otros horizontes de vida, dé el porqué cuando la minería moderna-metalífera toca el símbolo agua – y no nos referimos al símbolo químico de H2O, sino a los trazos simbólicos desde la cual es significada y apropiada para la vida – la acumula y la contamina. En Argentina el proyecto Potasio Rio Colorado usa 86,4 millones de litros al día en una población cuyo consumo es de 280 litros por persona a la semana. En Bolivia el proyecto Sinchi Wayra usa 24.4 millones de litros por día donde cada persona tiene acceso a 30 litros por semana. En Honduras, el proyecto San Andrés usa 480 mil litros de agua al día, cuyas personas tienen acceso al agua sólo durante 8 horas por semana. Otro caso extremo, es el Cerrejón en Colombia, donde se usa 17 millones de litros al día, cuyos habitantes sólo tienen acceso a 0,7 litros por día, este último caso es ampliamente documentado porque constituye un hecho insobornable al decir de Augusto Ángel Maya (2013). Vemos, pues, que el uso intensivo del agua establecido por el orden del extractivismo-minero es constitutivo del desorden del ciclo del agua para los pueblos. Niños mueren de literal sed. Esta es la verdadera “fractura hídrica” constitutiva del desequilibrio ecosistémico. Esto sin mencionar la cantidad de energía eléctrica que necesita este sector para impulsar las máquinas de trituración y de pulverización de las montañas y de la tierra.

Además del uso intensivo del agua, hay que agregar otro tipo de relacionamiento asociado a la contaminación. Dice Edgar Isch (2010) que “la acumulación de los recursos naturales en pocas manos y particularmente la del agua, ha estado ligada a mayores daños ambientales”. Quiere decir que al “acaparamiento hídrico” le es constitutivo los “activos tóxicos” como resultado de la relación establecida entre la minería moderna con el agua, cuyo trasfondo es entender el ciclo del agua como si estuviera por fuera de todo contexto viviente.

Hace tres años en el Estado de Minas Gerais, sucedió uno de los desastres más representativos de la historia en América Latina, asociado al rompimiento de una represa que contenía aproximadamente 62 millones de mde lodo tóxico. Su recorrido fue aproximadamente de 650 kilómetros desde el origen de la afectación hasta la desembocadura en el Océano Atlántico, impactando los ecosistemas alrededor de la cuenca del Río Doce. Como resultado del desastre perdieron la vida 19 personas y como producto de la contaminación los pescadores, los ribereños, los agricultores y los indígenas del pueblo Krenak perdieron su territorialidad simbólica: formas particulares de existencia humana. Lo anterior es una manifestación de la colonialidad en la Naturaleza que es constitutiva de la minería moderna.

Toda la geografía minera-moderna está marcada por estos dos factores, a saber, el de la acumulación y el de la contaminación como hecho colonial sobre los territorios cuya finalidad es quitarle agua a los pueblos como resultado de la concentración de este líquido y la imposibilidad de consumo en contextos de abundancia hídrica por la contaminación. No quedan dudas que el tipo de relacionamiento establecido entre minería-moderna y agua de los pueblos, altera el ciclo reproductivo de los mismos, en tanto que los pueblos están siempre intrínsecos en el ciclo del agua.

En el encuentro con el ciclo del agua

A pesar de estos hechos tan lamentables para nuestros pueblos, aun los sujetos con subjetividad burguesa hablan del “uso racional y eficiente de los recursos naturales”, como si todo se resumiera al empleo de las técnicas eficientistas y “buen” manejo y administración de la disposición de los sistemas vivos, como si se tratase de una buena gestión ambiental de la relación entre los seres humanos y el agua.

Hay que decirlo de una buena vez: ¡esa relación no existe! No se trata de armonizar el desencuentro de la cultura moderna y la naturaleza como generalmente es tratada desde “la racionalidad instrumental como si fuera un tema de especialistas” (Porto Gonçalves, 2014), sino de reconocer que somos agua, de allí la territorialidad contenida en ella. Es con y en el agua que nos encontramos todos los seres vivientes. Por eso el extractivismo-minero es inviable para la humanidad toda y para el planeta vivo.

El ciclo del agua está en todo y no puede ser tratada por visiones simplificadoras de los buro(tecno)crátas. Generalmente sigue siendo tratada desde la visión de los científicos no comprometidos con la comunidad, como si se tratase de una “superficie liquida” donde la radiación solar la transforma en vapor y después en nubes para finalmente ser condensada y precipitada, dando origen a los cuerpos de agua como los ríos, lagos y riachuelos para después empezar el ciclo de nuevo. Esta es la manera desde la cual se nos explica el funcionamiento de este ciclo, que ilustra muy bien esa separación entre ser humano y naturaleza, además da la idea como si dicho ciclo fuera eterno sin alteración posible.

Nuestro cuerpo humano es 70% agua y nuestra sangre es el 83% agua, si esto es así, el ciclo del agua está contenido en nuestro cuerpo que siempre se renueva en ese movimiento propio de la vida cuando consumimos los alimentos, cuando nos vestimos o simplemente transpiramos. Ya deberíamos de saber que todo está hecho a base de agua, los cereales, las frutas, legumbres y todo el proceso agrícola productivo se sustenta por la incorporación del agua. Es decir, todo el mercado, y no me refiero propiamente al capitalista, está constituido por el agua, porque eso somos. Entonces, el ciclo del agua debe de entenderse desde esta visión integradora de la vida entre cuerpos y territorios de manera espiral, o sea, intercambios de energías y de materia que se dan en el tejido de lo que es la vida. No es por acaso que toda resistencia comunitaria contra el extractivismo-minero inicie con una preocupación por el agua como núcleo de discusión política y epistemológica de las luchas socioambientales en el continente.

 

Sociedades en movimiento con el agua

Las luchas contra el extractivismo-minero en toda América Latina no es simplemente un fanatismo ecológico de unos cuantos o un pachamamismo como lo ha querido reconocer un geógrafo anglosajón de moda en los centros académicos universitarios, sino que es la defensa de la existencia humana en su diversidad cultural de los pueblos, porque saben que sus cuerpos materialmente y científicamente están hecho de agua y atados a la tierra. Por eso es que el agua, como dice Porto Gonçalves (2014), se filtra en todo, en el aire, en la tierra, en la agricultura, en la industria, en nuestra casa, en definitiva, en nuestro cuerpo. Es el agua y sus formas de apropiación la que mejor refleja, que cualquier otro tema en la actualidad, las contradicciones políticas y culturales por su disputa territorial, al involucra un conjunto de representaciones y visiones que se tienen sobre ella.

De acuerdo con lo anterior, y a nuestro entender, el agua, y en consecuencia la vida, no debe ser comprendida desde la visión fisicalista y del “biologicismo eficiente” propio del pensamiento moderno que reina en el extractivismo-minero y en muchas autoridades ambientales, por el simple fato comunal de que el agua está contenida en los cuerpos de los pueblos. Para mantener el “flujo energético y ecológico” se comienza con la defensa del agua y se termina en la posibilidad de la reproducción de la vida contra el orden necropolítico del extractivismo-minero y de la capitalización de la naturaleza. Si esta es la lógica, toda sociedad en movimiento (Zibechi 2017) en el actual contexto de crisis civilizatoria-ambiental, se caracterizará por llevar y profundizar esta discusión, ya no como lo hídrico, sino como territorio y como cuerpo en permanente cambio con el ciclo de la reproductividad, que es el agua.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/la-modernidad-contra-la-vida-el-orden-extractivo-minero-como-el-desorden-ecologico-de-los-pueblos/

Latinoamerica

Desastre minero deja en evidencia fallas en protección ambiental

A tres años de que una represa operada por la minera brasileña Vale S.A. se rompiera y vertiera 45 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos sobre el río, un evento similar volvió a ocurrir el viernes 25 de enero en otra instalación de la empresa, lo que deja en evidencia que no se han aprendido las lecciones necesarias para proteger el ambiente en estos proyectos.

El reciente desastre sucedió en la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, y liberó cerca de 11 millones de metros cúbicos de lodo de minería en el río Paraopeba, afluente del río São Francisco, uno de los más importantes de Brasil y de América del Sur.

El anterior evento ocurrió el 5 de noviembre de 2015, en la ciudad de Mariana, cuando se rompió la represa del Fundão —controlada por la minera Samarco, una joint-venture entre Vale S.A. y la anglo-australiana BHP Billiton— y barrió casas, miles de animales, arrasó una villa cercana y mató a 19 personas, antes de alcanzar y contaminar la cuenca del río Doce con metales pesados como hierro, manganeso, aluminio, plomo y arsénico.

Si bien el material contaminante que llegó al ambiente este año es mucho menor, la situación se transformó en tragedia humana: hasta el cierre de la edición de este artículo se registraban 84 muertos y 276 desaparecidos.

Mientras rescatistas, autoridades y científicos hacen su trabajo, este martes 29 de enero el gobierno brasileño publicó una resolución que determina la fiscalización de todas las represas del país, especialmente en “aquellas clasificadas como poseedoras de ‘Daño Potencial Asociado’ a la vida humana de alto nivel o de ‘Riesgo’”.

Asimismo, recomienda a los organismos fiscalizadores que “exijan de los agentes fiscalizados la inmediata actualización de los respectivos planes de seguridad de la represa y evalúen la necesidad de remoción de instalaciones de soporte a los emprendimientos ubicados en el área de influencia de las represas”.

Ambiental y humana

En una rueda de prensa, el presidente de la compañía, Fábio Schvartsman, afirmó que la tragedia de Brumadinho es más humana que ambiental, por el gran número de víctimas. En tanto, minimizó el daño ecológico: “En los desechos solo había sílice, por lo que casi no hay riesgo para el ambiente”, señaló.

No obstante, la comunidad científica no coincidió con esta afirmación. “La cantidad de muertos coloca a la tragedia como una de las mayores del sector de la minería en el mundo. Pero es impreciso decir que no habrá riesgo para el ambiente”, declaró a Scidev.Net el ingeniero Leo Heller, coordinador del Grupo de Investigación en Políticas Públicas, Derechos Humanos en Salud y Saneamiento del Instituto René Rachou.

Heller —también relator especial de los Derechos Humanos al Agua y el agotamiento Sanitario de la ONU— agregó que “es probable que los impactos económicos de Mariana se repitan en Brumadinho” y destacó los efectos sobre la salud humana debido a pérdidas de familiares. “Muchas familias no recuperarán siquiera los cuerpos de seres queridos, y esto genera importantes impactos en la salud mental”, dice.

Según Heller, comparado con el desastre de Mariana, el lodo de la represa de Brumadinho puede no tener muchas sustancias tóxicas, pero las lluvias que cayeron pueden revolver el fondo del río y traer a la superficie sustancias que estaban sedimentadas, como muestra un estudio publicado en diciembre.

En él, los investigadores demuestran que la contaminación con metales pesados que afectó la cuenca del río Doce en 2015 ​​recorrió cientos de kilómetros desde el lugar del accidente, y que la concentración de cada uno de estos metales puede variar de localidad a localidad, dependiendo de condiciones como la cantidad de lluvias.

“Conforme observamos en nuestra investigación, el lodo trae una gran cantidad de metales pesados en partículas o disueltos en el agua. En el caso de Brumadinho, además de sílice, deben existir elementos raros, que generalmente se encuentran en concentraciones mayores en los residuos de la minería. Y, como fue en el caso de Mariana, también existe el problema de la turbidez”, resalta la bióloga Gabrielle Quadra, del Laboratorio de Ecología Acuática de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Minas Gerais, autora del estudio.

De acuerdo con los investigadores, el aumento de la toxicidad y la elevación en los niveles de turbidez del río Paraopeba pueden tener impactos en el río São Francisco, y las consecuencias de ello pueden afectar a las hidroeléctricas y el abastecimiento de agua, aunque el grado aún es incierto.

El río São Francisco tiene 2.700 kilómetros de largo y 168 afluentes, baña cinco estados y 504 municipios; en su cuenca están nueve importantes centrales hidroeléctricas.

“Mariana nos enseña que esos desastres traen un aumento en las concentraciones de metales pesados, aunque no estén presentes en el lodo, sino en los sedimentos. La trayectoria del fango revuelve lo que ya está sedimentado”, observa Heller. La extensión de eso, según el experto, solo se sabrá mediante un monitoreo continuo.

Fallas en la protección del ambiente

Para el geólogo Klemens Laschefski, del Instituto de Geociencias de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), no se aprendió nada con la catástrofe de Mariana en términos de seguridad y protección.

“El desastre muestra la total debilidad de la gobernanza ambiental. El tráfico de influencias permite que las empresas manipulen los procesos decisorios y posibilita que esos desastres ocurran. En esa coyuntura, los problemas de Mariana no se resolvieron, las familias afectadas no fueron ni siquiera reasentadas y las empresas no fueron castigadas. La vulnerabilidad y el sufrimiento de los afectados pueden repetirse”, dijo Laschefski, que desde 2015 investiga la situación de los afectados y las acciones adoptadas por el Estado y las empresas.

El experto detalla que en 2018 Vale logró —a través de la Secretaría de Medio Ambiente del estado— que la Mina de Brumadinho pasara de la categoría LAC2 —que exige cautela mayor en el análisis— a la categoría LAC1, que facilita la adquisición de la licencia ambiental por más diez años.