Latinoamerica

Pueblos Originarios A través de América Latina, la lucha por la tierra comunal y la autonomía indígena

Tierras comunales y autonomía

Adentrarse en el corazón de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca, México, tierra de los mixtecos y zapotecas, es como abrir puertas y ventanas a un mundo de colores, formas, texturas y sabores que contrastan con la cultura occidental que rige la cotidianidad de las grandes ciudades y de las familias modernas. Estas comunidades indígenas son parte de las montañas,  del aroma a café que se mezcla con el olor de los pinos y la fragancia de las flores, que abren también puertas hacia las leyendas y la poesía tejida en la vestimenta y en los telares, todo esto pasa en las tierras que no tienen dueño ni precio.

Si la poesía, las leyendas, la vestimenta y la comida son los canales por los cuales se materializa y se mantiene viva la cultura de los ancestros indígenas oaxaqueños, los llamados «usos y costumbres» son la expresión viva de un sistema político propio de estos pueblos, que han sostenido su legitimidad históricamente como cualquier sistema estatal. De los 570 municipios del estado de Oaxaca, 418 se rigen por la forma tradicional de organización política de «usos y costumbres», sólo 152 han adoptado el sistema convencional de los partidos políticos, una realidad peculiar que no sólo es relevante en México sino en toda América Latina.

Por citar un ejemplo, Bolivia es el país con mayor población indígena de Latinoamérica según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 62% de su población. No obstante, sólo se reconocen 11 autonomías indígenas campesinas que tienen el derecho de elegir a sus autoridades mediante «usos y tradiciones propias».

Oaxaca es uno de los 31 estados de México donde se encuentra la mayor diversidad y cantidad de población indígena del país. De 3,5 millones de habitantes que tiene el estado, según las estadísticas oficiales, más de un tercio de ellos son de origen indígena (1,165,186 personas). No fue sino hasta el año de 1995 que a todos los municipios se les reconoció jurídicamente en el Congreso de Oaxaca, sus sistemas normativos de «usos y costumbres».

Cada pueblo tiene sus propias reglas para organizar de la mejor forma su vida en  comunidad, no son homogéneos. A pesar de la diversidad, dos puntos caracterizan estos sistemas políticos propios: el sistema de cargos y la asamblea.

A las asambleas, que constituyen la máxima instancia de decisión, asisten todos los jefes de familia, hombres y mujeres, y de viva voz deliberan sobre los asuntos del pueblo para llegar al consenso. La asamblea es presidida por autoridades designadas. Existen distintos niveles de asambleas: la doméstica amplia, la de barrio o sección, la de cabildo, la civil, la religiosa y la de tipo agrario. La asamblea comunitaria es producto y culminación de estas asambleas previas. De hecho, es la máxima autoridad indígena y la que decide las reglas de funcionamiento de la comunidad.

Sus autoridades no son elegidas por el sistema tradicional electoral, pero sí manejan un sistema jerárquico de cargos, desempeñados de forma gratuita y por obligación a cada miembro de la comunidad, llamado «sistema de escalafón».  Así, para que se llegue a ocupar el cargo en la presidencia municipal, el ciudadano necesita prestar su servicio en una serie de cargos a lo largo de su vida en la comunidad. Por lo general se inicia a muy temprana edad. Un niño de 10 años puede iniciar sus actividades comunitarias con algún tipo de servicio en la iglesia, tocando las campanas en horarios clave para la comunidad, por ejemplo.

Desde ahí se inicia un proceso de tránsito por los cargos, todos deliberados en asamblea. Las comunidades de Guelatao de Juárez, habitada por no más de 800 habitantes, y Capulalpam de Méndez, con 1500 habitantes, ubicadas a 60 km de la ciudad de Oaxaca –ambas localizadas en la Sierra Norte del estado– son un referente donde prevalecen estas tradiciones. En estas comunidades se inicia el cargo desde topil o auxiliar de policía, luego mayor, regidor tercero o de obras, regidor segundo o de educación, ecología, salud, regidor primero de hacienda, síndico y presidente.

Hay dos presidentes, uno es municipal, dedicado a la administración del área urbana, como el servicio de educación, drenaje, agua potable; y el otro es el presidente o comisariado de Bienes Comunes, quien administra cuestiones agrarias como las tierras comunales, ya que no existe la propiedad privada. Existen aún otros tres cargos: el alcalde, el tesorero y la secretaria. En Guelatao existe un consejo consultivo, formado por ancianos y personas con experiencia y de respeto para la comunidad.

En las tierras de Guelatao de Juárez, Jesús Hernández Cruz acaba de asumir su cargo de presidente municipal, aún tiene las manos ásperas, típica de un campesino, empuña un lápiz y un cuaderno donde hace sus notas, sentado en un escritorio hecho con madera de la región.  El presidente fue profesor por 34 años, se jubiló en 2005 e inició sus servicios comunitarios hasta ser elegido como presidente. Tiene una pensión y aún se dedica al cultivo de sus árboles frutales de tejocote, del cual produce jalea.

El presidente explica la lógica de participar en los cargos desde abajo, como la limpieza de lugares públicos, hasta alcanzar la presidencia. «El objetivo es que la persona pueda conocer los problemas y las necesidades de la comunidad para poder resolverlos cuando se asumen los cargos mas importantes. De forma colectiva, se van acomodando las personas en sus actividades, de acuerdo con sus habilidades. Antes de todo es un proceso de aprendizaje en el que se pulen las capacidades. No se gana dinero aquí. Así, cada uno va acumulando conocimiento sobre la realidad de la comunidad. Lo único que se gana al prestar un buen servicio, es el respeto de la comunidad y el reconocimiento del pueblo», comparte.

En Guelatao, los habitantes son compensados con servicios como el agua o el alumbrado público, que no pagan. «Los cargos son un servicio a la comunidad y, a cambio de él, la comunidad ofrece beneficios a los ciudadanos, como distintas facilidades que otorga la autoridad municipal en retribución. Por dicha razón, está mal visto que alguna persona no cumpla con el cargo y recurra a la autoridad a solicitar favores. Caso contrario, si no siente deseos de realizar el servicio –el cargo– de manera gratuita, es preferible que la persona abandone el pueblo, o dejará de gozar de los beneficios».

Las festividades también son momentos importantes para los pueblos. Las comunidades realizan por lo menos una fiesta cada año, donde participan todos y la asamblea nombra una comisión responsable por la organización, tarea que también forma parte del sistema de cargos.

Pilares

Un medio  de comunicación en las comunidades son los altavoces que están principalmente en el centro del pueblo y las radios comunitarias. Desde ahí las autoridades anuncian los festejos, las asambleas, el llamado al  tequio –trabajo colectivo– que se presta a la comunidad. «Apenas  invitamos a todos para limpiar la carretera que marca los linderos con la comunidad de Ixtlán. Este tipo de servicio sirve también para integrar a las personas en un sentido de comunidad», afirma el Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez, Saúl Aquino Centeno.

Los elementos que sustentan toda la estructura organizativa comunitaria son los saberes y valores que han predominado a lo largo de su historia. «Debemos entender lo que somos nosotros, no como el yo o el tú, sino, el nosotros, y debemos aferrarnos a esos principios, para impedir la intromisión vulgar y descarada de los principios individualistas. No debemos entrar en competencia sino reproducir la compartencia», afirma el indígena y antropólogo zapoteco, Jaime Martínez Luna. «Estamos en contra del desarrollo, porque es lineal y ascendente, nosotros somos circulares, en espiral, por eso entendemos que el hombre y la mujer no son el centro de la naturaleza, no  somos dueños de la naturaleza, es ella la dueña de nosotros».

Además, «a la tierra se le considera una madre y no se le puede violentar porque nos da la vida, y respetamos a las semillas porque nuestros abuelos nos han enseñado que ellas lloran sino se les cuida, los abuelos dicen que la madre tierra nos da de comer y cuando morimos nos recibe y nos abraza», dice Silvestre Ocaña López, indígena de Tlahuitoltepec Mixes, Oaxaca, quien al mismo tiempo no duda en marcar una diferencia con el pensamiento de su pueblo y el pensamiento occidental. «Dentro del mundo occidental la tierra es una mercancía y para nosotros los pueblos indígenas, la vemos como nuestra madre, ella no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella».

Antecedentes

El abogado en derecho indígena Francisco López Bárcenas se ha sumergido al contexto histórico de las comunidades indígenas en Oaxaca, quien afirma que el debate sobre los derechos indígenas en este estado se ha sostenido desde antes de la creación del Estado. «Se retomó el 10 de enero de 1825, al promulgarse la primera Constitución Política del Estado, la cual estableció en su artículo 5 que para la administración del mismo se dividía en departamentos, partidos y pueblos; estos últimos serían administrados por Ayuntamientos integrados por alcaldes, regidores y síndicos, siempre que su población llegara a tres mil «almas». De esta forma, el Estado de Oaxaca reconocía la organización que desde la época de la colonia asumieron los pueblos indígenas para resistir la opresión española».

En ese sentido, López Bárcenas asume que Oaxaca fue el primero en legislar en materia de derechos indígenas, mucho antes incluso de que el gobierno mexicano firmara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en el año de 1989.

Tierras comunales

Las tierras en estos pueblos son comunales, todo es de todos. No hay propiedad privada, incluso la pequeña propiedad. La transferencia de tierra se hace por cesión de derecho. El padre puede transferir sus tierras para sus hijos, por ejemplo. Y todo pasa por asamblea. Nadie puede vender y nadie puede comprar.

«Si alguien quiere trabajar en el campo se designa una parcela de tierra para esta persona. Pero debe trabajarla continuamente. Si en tres años no produce, la tierra será transferida para otra persona que tenga interés. El  propio comisariado se encarga de eso», explica el presidente de bienes comunales de Capulalpam.

Las asambleas aun pueden decretar áreas comunales protegidas. «Estamos actualizando el estatuto comunal que rige los bienes comunes. Vamos a decretar intocable el área donde están nuestros manantiales. Sabemos que ya existen proyectos para tomar nuestra tierra», afirma el comisariado.

Las personas que vienen de otras comunidades tampoco pueden adquirir tierras, sólo alquilarlas. Ni pueden participar en el sistema de asamblea automáticamente. En Guelatao, «aquel que se establece tiene la obligación de reportarse al municipio para ser considerado para trabajos y cargos comunitarios, pero solamente es aceptado después de pasar por decisión de la asamblea», explica el presidente municipal de Guelatao.

Justicia

Guelatao posee  un reglamento de seguridad. «Aquí los castigos son desde la cárcel  –por 8 horas, 12 horas o 24 horas y de hasta tres días–, multa o trabajos forzados para beneficio de la comunidad. El síndico es la persona directamente responsable para la justicia en casos de golpes, robo y delitos. Ya el alcalde se responsabiliza por pleitos familiares. El es mediador de la familia.  Y el también  es el que da seguimiento a problemas que el síndico no esté en su competencia. Si fuera muy grave, la cuestión es transferida para un Ministerio Público. Pero la mayoría de los casos se solucionan aquí», explica Cruz.

Empresas comunitarias
En Guelatao, su presidente municipal afirma que la comunidad depende de recursos federales y del estado. «Existe una imposición de reglamentos a seguir que son los fondos destinados a los municipios para desarrollo social. Estos recursos provienen del gobierno federal, destinados a infraestructura y funcionamiento municipal».

En Capulalpam, también reciben recursos, pero es mínimo. «Las comunidades han crecido  y mejorado con los recursos propios. Es autosuficiente económicamente», explica el presidente de bienes comunales.

La autosuficiencia del municipio proviene de recursos generados por cinco empresas comunitarias: embotellamiento de agua, aserradero –existen bosques manejados de forma sustentable en la comunidad–, trituradora de piedras, una fábrica de juguetes y el proyecto ecoturístico. «Cada empresa posee su administración propia. La asamblea elige una comisión de acompañamiento para cada una de ellas. Cada unidad debe informar al comisariado sobre los movimientos económicos, que son llevadas para aprobación  en la asamblea, normalmente son cada cuatro meses», explica el presidente.

Las ganancias son aplicadas para beneficio social. «Ningún comunero o ciudadano posee apoyo o  beneficio directo económico. Los recursos son repartidos de acuerdo con las necesidades de la comunidad. El municipio tiene algunos empleados, como jardinero, bibliotecaria, una persona encargada del centro de cultura. Las empresas dan un aporte para pagar a estas personas», relata.

¿Será autonomía?

Poco se habla de autonomía como concepto entre la gente de las comunidades, definición tan perseguida por los espacios académicos. Es posible que no se tenga construido un concepto totalitario que pueda abrazar todos los matices y experiencias vividas por estos pueblos. Lo que si es seguro, es que bajo sus pies que han marcado su andar y entre el viento que agita los arboles esta el bien común de sus pueblos, de su lengua y sus tradiciones, esta su territorio, la madre tierra como la reconocen ellos.

La autonomía parece ser mas bien una cotidianidad que se respira y se siente en la armonía de su gente cuando va a dar su tequio –el trabajo colectivo– o cuando acude a la asamblea, o si es necesario defender el territorio, también cuando se  festeja y se baila. En los cargos de autogobierno aun lo hacen como un símbolo de respeto hacia el que es elegido a dar el servicio sin ninguna remuneración económica.

El presidente de Guelatao reconoce que existe autonomía de organización política e social, pero es critico en relación a participación de recursos gubernamentales en las comunidades. «El gobierno se está  metiendo en todo, desde que comenzó  hacienda y crédito publico. Antes los campesino tenían puro campo, ahí éramos autónomos. Producimos, y nos manteníamos. No necesitábamos que viniese el recurso del gobierno. Se administraban las cuestiones de la municipalidad por cooperación de la comunidad. Ahora no tenemos autonomía  al 100% porque dependemos de recursos do gobierno».

Para Martínez Luna, en la medida en que las comunidades garanticen, por ellas mismas, el abasto de alimento serán mas autónomas. «Que la autonomía no sea un ejercicio que nos inyecten de fuera, sino que sea la capacidad nuestra, ejercitada, no desarrollada».

Según el antropólogo, otros dos puntos son necesarios para garantizar la autonomía. «Tenemos que valorar lo que somos, porque así valoramos lo que tenemos, porque esto nos permite florecer en plenitud. Tenemos que pensar de manera descolonizada» La educación comunitaria es otro rumbo a seguir. «Impedir que el valor individual se introduzca a nuestra manera de ser, porque existe, pero tenemos que luchar por borrar eso a través de la educación comunitaria. Porque no soy yo o tú, somos nosotros».

Amenazas

Algunas comunidades indígenas han sido penetradas por los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, quienes ofrecen despensas o condicionan apoyos económicos del gobierno que de todos modos tienen que llegar a manos de los campesinos o indígenas. Otra forma en que han influido, es cuando hacen acto de presencia junto con empresas constructoras que les ofrecen un porcentaje del presupuesto destinado a ciertas construcciones de obra publica a las autoridades o  representantes de la comunidad y a cambio deben aceptar dichos proyectos. En algunos casos, donde el  monto económico es mas alto, como los parque eólicos, contratan sicarios o crean grupos de choque para enfrentar a la misma comunidad y así pueda injerir el Estado para restablecer «el Estado de derecho», a tal grado de que hay líderes indígenas que han sido asesinados por no aceptar dichos proyectos».

«Reconocemos que enfrentamos el despojo de las empresas transnacionales y el hostigamiento de los malos gobiernos a través de sus partidos políticos, entrega de programas y dinero que corrompen a muchos líderes y nos dividen en nuestras comunidades», sostiene la declaración del Congreso Nacional Indígena (CNI) de la región Istmo, realizada en marzo del 2014.

Mientras que en otros pueblos de México y Latinoamérica se ha desatado una lucha férrea por el reconocimiento de los derechos y cultura indígena, en este estado se debate una nueva legislación en la materia y al mismo tiempo hay proyectos a gran escala que siguen avanzando.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/12/35592/

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Extractivismos: el concepto, sus expresiones y sus múltiples violencias

En este artículo el autor define el fenómeno y sus características y evalúa los impactos negativos que tiene sobre las políticas estatales a través del denominado “efecto derrame”. La frecuencia con que los extractivismos se entretejen con ilegalidades, alegalidades y corrupción lleva al autor a plantear que en su mayoría conllevan en sus prácticas el signo de la violencia. Para estos extractivismos realizados con fuerte violencia se ha acuñado un nuevo término: extrahección.

Los llamados extractivismos se han convertido en un drama social y ambiental que se repite en casi todo el planeta. En América Latina aparecen en todos los rincones del continente: desde las perforaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador al monocultivo de soja en las sabanas del centro de Brasil, desde la megaminería chilena al fracking en la Patagonia de Argentina.

Este tipo de explotación de la naturaleza no es nueva, pero más allá de su larga historia, el particular contexto de la década de 2000 hizo que se multiplicara en todo el continente americano. Eran tiempos de optimismo y expansión económica, de cambios políticos y muchas ilusiones. Pero de todos modos, América Latina volvió a apostar por extraer recursos naturales para seguir siendo el gran proveedor de materias primas de la globalización.

Descargue aquí: Extractivismos.+El+concepto,+sus+expresiones+y+sus+múltiples+violencias

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=13409&fbclid=IwAR0LxfwBXbHIZpc8uMswEk2FGrO_0nQzl_cMOlPn3dIPz390GGmWmYRHJZs

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Los gobiernos de América Latina esclavos del destino extractivo exportador

En la IX Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) realizada el 20 de noviembre en Lima, Perú, se reunieron las autoridades del sector minero de varios países de América Latina y el Caribe para discutir las “oportunidades y desafíos” de la región. En este evento, una vez más se evidenció que los gobiernos siguen encasillando a la región hacia un único destino como exportador de naturaleza. En el desarrollo de la jornada se reconoció que los principales desafíos ambientales son la contaminación, el uso del agua y la destrucción de hábitats. No obstante, ellos sostienen que la solución para una “gestión sostenible” se lograría promoviendo el diálogo y participación “informada y transparente”. Esta propuesta reduce la resolución a la mera persuasión de las minorías e invisibiliza el hecho de que la falta de sustentabilidad es un atributo intrínseco a cualquier actividad de extracción de recursos no renovables.

El día 20 de noviembre en la ciudad de Lima, Perú, se realizó la IX Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), en donde autoridades del sector, provenientes de varios países de América Latina y el Caribe, abordaron lo que ellos consideran las “oportunidades” y “desafíos mineros” para un desarrollo “más sostenible” en la región.

Asistieron al encuentro ministros, viceministros y otros representantes de alto nivel de 12 países – Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana. Estuvo presente Carolina Sánchez, secretaria de Política Minera de Argentina y presidenta del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA).

Una de las exposiciones más importantes de la conferencia estuvo a cargo de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien presentó un estado de situación de la minería y postuló estrategias para la sustentabilidad.

Bárcena describió el contexto actual como caracterizado por un lento crecimiento económico, un debilitamiento del multilateralismo y un alza del proteccionismo, así como también por tensiones tecnológicas y comerciales entre Estados Unidos y China, una acelerada revolución tecnológica, un incierto futuro laboral, una transición demográfica reflejada en fuertes flujos migratorios y una amenaza de cambio climático que urge a un cambio de paradigma energético.

“Estamos en un punto de inflexión en el avance de la globalización. La próxima década de la minería será impulsada por modelos de negocios digitales y sostenibles. América Latina y el Caribe debe prepararse para este desafío, que ya llegó”, señaló la secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien estuvo acompañada por Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión, y Jeannette Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales e Infraestructura del organismo regional de las Naciones Unidas.

El discurso de Bárcena, invisibilizó el hecho de que en varios países de América Latina hoy comienza a debatirse la posibilidad de una transición y la salida del extractivismo. Como bien explica el libro 15 Mitos y realidades de la minería transnacinal en la Argentina (2011):

“Existen ciertos acuerdos que hoy recorren las discusiones sobre el extractivismo en América Latina (Svampa, 2011). El primer acuerdo se refiere al momento crucial que vive la humanidad, esto es, a la gravedad de la crisis ecológica global (crisis energética + crisis alimentaria + crisis climática) lo cual reclama la necesidad de implementar alternativas superadoras, tanto en lo que se refiere a los modelos de producción vigentes como a los patrones de consumo masivo. El segundo acuerdo se refiere a la paradoja latinoamericana, que marca la coexistencia de gobiernos progresistas (Año 2011) con una cierta vocación de transformación social con modelos extractivistas, basados en la apropiación y destrucción de los bienes naturales. (…) El tercer acuerdo, inextricablemente ligado a lo anterior, se refiere a que un conjunto de alternativas dentro del desarrollo convencional serían insuficientes frente al extractivismo reinante, y que por ello mismo es necesario pensar y elaborar alternativas al desarrollo.”

Bárcena, en cambio, desde su mirada productivista expresó que las “oportunidades” se basan en que “la región tiene una participación relevante en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos, especialmente de oro, plomo, níquel, plata y zinc”, pero lamenta que “en los últimos años ha perdido terreno en la explotación del cobre, litio, hierro, estaño, bauxita y alúmina.”

Esta concepción que fomenta la extracción de los recursos hasta el agotamiento, dista mucho de aquella de quienes observamos el rotundo fracaso del modelo de desarrollo minero. Un claro ejemplo, es lo ocurrido con el yacimiento de Bajo de la Alumbrera en Catamarca y otros cientos de casos en todo América Latina.

En el afán de consumir y agotar rápidamente los bienes comunes presentes en la corteza terrestre, Bárcena detalla que, “la exportación de materias primas mineras casi se duplicó en los últimos 20 años (pasando del 20% en 1995-1997 al 37% en 2015-2017). Esto es cuatro veces mayor que el peso que tienen las exportaciones mineras mundiales (9% en 2015-2017).”

Además, sabemos que los beneficios de la minería en los países donde se extraen los minerales no contribuyen al desarrollo del país, sino que “el resultado es una ecuación financiera asimétrica entre ingresos fiscales exiguos versus ganancias empresariales extraordinarias.” (Colectivo voces de alerta, 2011)

Incluso la propia Bárcena confirma este argumento cuando explica que “el superciclo en el precio de las materias primas (observado entre 2002 y 2008) mejoró los términos de intercambio y dinamizó las exportaciones de la región, pero este boom se reflejó de manera heterogénea y volátil en los precios de los principales minerales, lo que provocó fluctuaciones sustanciales en los ingresos fiscales, complicando la fiscalidad de los países productores.”

Bárcena agrega que, más allá de la promoción de los proyectos mineros, “se advierte una caída de la inversión extranjera directa en los últimos cinco años” lo cual promete un “crecimiento para 2018 impulsada por la minería de cobre en Chile y Perú.”

La secretaria también señaló que “persisten importantes desafíos ambientales de la minería en la región, como la contaminación, el uso del agua y la destrucción de hábitats, entre otros, a lo que se suma el hecho de que América Latina y el Caribe es la región con más conflictos socioambientales de explotación minera.” Estas afirmaciones demuestran que el repudio de las comunidades es presentado y reconocido como un obstáculo que deben enfrentar las instituciones que fomentan la minería.

Desde el CEPAL promueven un modo de gestión, mediante una “gobernanza de los recursos naturales,” es decir, interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados. Esta interacción es de apariencia más democrática, y afirman “que permite un fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales y locales; y promueve un diálogo y participación con múltiples actores de manera informada y transparente”. No obstante, esta idealización de la realidad no resolvería de ninguna manera la falta de sustentabilidad debido a que se trata de un atributo intrínseco de esta actividad extractiva.

Finalmente, también admiten que se “debe impulsar el cambio estructural progresivo” que según el modelo propuesto, incluiría mecanismos fiscales de estabilización, mejoraría la relación de la minería con su entorno ambiental y social, promovería la integración regional, etc.

Esta búsqueda de cambios estructurales para la actividad, demuestra que ellos mismos admiten que el modelo que hace años promueven como salvación para Latinoamérica es de hecho ineficaz y dañino para el ambiente y las economías locales.

Bibliografía:

Colectivo Voces de Alerta, (2011), 15 Mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina, Argentina: El Colectivo y Ediciones Herramienta.

Svampa,M., (2011), Extractivismo neodesarrolista, gobiernos y movimientos sociales en América Latina.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/item/42258-los-gobiernos-de-america-latina-esclavos-del-destino-extractivo-exportador

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El agua y la tierra, más valiosas que el oro: una lección de las comunidades indígenas

El oro condenó a las comunidades indígenas hace más de 500 años. Pero la historia no ha terminado: la extracción a cielo abierto de este metal precioso sigue promoviendo la destrucción de la naturaleza y el despojo de las más de 5 mil comunidades indígenas alrededor del mundo.

Mineras de diversos países se disputan el territorio de América Latina en busca de oro y destruyen con máquinas la biodiversidad, infectan con químicos el medioambiente y le arrebatan sus tierras a los habitantes originarios. Y, por si esto fuera poco, se llevan todas las ganancias a otros países.

La extracción de oro y otros minerales preciosos se ha vuelto más importante que cualquier cosa. Más importante que la vida misma. Y ahora mismo esto está ocurriendo en México sobre más de 22 millones de hectáreas que ya han sido concesionadas, junto con otro centenar de concesiones contra las cuales los indígenas se están amparando legalmente.

Pero también luchan desde otras trincheras, y desde ahí enseñan a quien quiera aprender. Luchan mediante la palabra y una visión cosmogónica de arrobadora potencia. Y un principio rige sus vidas: ser uno con la naturaleza.

Por eso, una mujer indígena dice:

El agua es mi vida, mi sangre, todo. Por eso la defiendo. Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida

¿Quién es ella? Herlinda Solano Santiaguez, habitante del pueblo tlapaneca San Miguel del Progreso, llamado en lengua me’phaa Júba Wajiín. Ella sabe lo que dice porque lleva la tierra en la piel, como todos los de su comunidad; porque ella es el territorio, y el territorio es ella. No existe disociación entre naturaleza y cuerpoen su pensamiento.

Así hablan y así piensan la mayoría de los habitantes de La Montaña de Guerrero, en México, una región con 19 municipios indígenas, cuya condena es el oro que subyace en la tierra. Y por eso, Herlinda insiste:

Somos hijos de la madre tierra. Hay que cuidarla y respetarla

En la concepción cósmica de este pueblo y de los indígenas en general, los recursos naturales son mucho más importantes que el oro. Por eso han resistido durante más de 8 años los intentos de las mineras por invadir su territorio y extraer de él la vida, como reportó el medio Sin Embargo, que entrevistó a Herlinda Solano y a otros pobladores de esta región.

Así, recurriendo a un saber ancestral, quienes habitan este territorio montañoso nos transmiten una noción presente en todos los pueblos indígenas del mundo y que nosotros no conocemos: la idea de ser uno con la naturaleza. De mantener el vínculo sagrado que realmente nos une, de manera cósmica, con el uno y el todo.

No podemos conocer ese vínculo porque no lo experimentamos. Contrario a los indígenas, nosotros podemos “prescindir” de la tierra, porque tenemos un trabajo y una tienda cercana en la cual abastecernos –o en otras palabras, un estilo de vida completamente insustentable–. Pero esto no podrá seguir siendo así por mucho tiempo: tenemos que regresar a la naturaleza para sobrevivir, y reaprender a relacionarnos con ella.

Por eso es que esa inspiración que buscamos para elevar la conciencia contemporánea –y volvernos más resilientes– está en las comunidades indígenas. En su cosmovisión, en su buen vivir y en el ejemplo de firmeza de cientos de comunidades indígenas que luchan, por ejemplo, contra la contaminación plástica.

Si no fuera por los indígenas, quizá ya no tendríamos mundo: ellos son los guardianes de la biodiversidad. Pero nos toca aligerar un poco su carga y comenzar a hacernos responsables de lo que, directamente o indirectamente, hemos provocado.

Eso empieza por comprender que el agua y la tierra son más valiosas que todo el oro del mundo.

Fuente: Sin embargo

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Indígenas de los países amazónicos en alerta por el futuro de las consultas previas

  • La inconformidad por la forma como se realizan las consultas previas, los cuestionamientos sobre la veracidad de la información que les presentan y las excusas de los gobiernos para no consultarlos son las principales preocupaciones de los indígenas de la Amazonía en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.
  • Los pueblos denuncian trampas en las legislaciones y propuestas para disminuir la participación indígena en los grandes proyectos mineros, petroleros y de infraestructura.

En los últimos años los proyectos mineros y petroleros han aumentado en la Amazonía de los países suramericanos y una larga lista de obras y bloques están a la espera de autorización para empezar exploración y explotación. Los indígenas esperan las consultas previas.

Junto con el auge de intereses minero-energéticos en las selvas amazónicas también se han incrementado las mencionadas consultas y muchos indígenas se sienten vulnerados. El temor por la tergiversación en la consultas previas y por posibles engaños cuando las compañías exponen y socializan la información, se ha convertido en una constante y en una amenaza compartida en territorios colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos.

El caso más reciente ─que tuvo un final feliz para la comunidad indígena─ se dio en el norte de Ecuador. Los Cofán de Sinangoe ganaron una batalla judicial, pues según habían denunciado, empezaron actividades mineras en su territorio sin su consentimiento y más de 30 proyectos esperaban concesión.

El 22 de octubre se realizó, en la Corte Provincial de Sucumbíos, la audiencia de sentencia en la acción de protección solicitada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la comunidad Cofán de Sinangoe, en la cual se ordenó revertir todas las concesiones que estaban operando y cancelar el otorgamiento de las que estaban en trámite.

Sin embargo, este desenlace no siempre es el mismo en los demás países amazónicos.

 

Reclamos y quejas en Perú y Bolivia

 

Mongabay Latam habló con varios líderes indígenas de Perú, Colombia y Bolivia para conocer su percepción sobre el desarrollo de consultas previas en sus países. Todos manifestaron inconformidad en la forma como se realizan, cuestionamientos a la información que les presentan y aseguran que hay una fuerte tendencia de sus gobiernos en buscar excusas para no consultarlos.

Adolfo Moye Rosendy, expresidente del territorio de la subcentral Tipnis, en el departamento de Beni en Bolivia, asegura que el gobierno ha hecho mucha propaganda sobre el respeto de la consulta previa en el país pero en realidad “los que quieren realizar algún proyecto o actividad hacen las consultas de manera tergiversada, es más, yo diría engañosa y mentirosa”. Según dice, uno de los casos que comprueba lo que afirma fue la consulta para la construcción de la carretera que pasaría por el Tipnis, uniendo las poblaciones de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, pues el proyecto no beneficiará para nada a las comunidades. Aunque se decía que era para mejorar la educación y la salud, la carretera pasaría a cientos de kilómetros de distancia de las poblaciones.

Pero quizás, lo que él considera más grave es que en esa consulta le preguntaban a los indígenas si querían desarrollo, a lo que ellos respondían que sí, “eso luego era tomado en cuenta como un sí a la construcción de la carretera, cuando ni siquiera nos suministraron información. La consulta se ha utilizado para engañar a las comunidades”.

Moye Rosendy dice que el pueblo indígena del Tipnis ya tiene clara la “verdadera intención” de la construcción de esta carretera. Para ellos se resume en intereses petroleros y mineros, pues en los núcleos por donde pasaría la vía no hay comunidades pero sí lugares donde se ha comprobado la presencia de hidrocarburos y de minerales como el oro.

Perú, por su parte, cuenta con una ley de consulta previa que establece tiempos y tiene vigilancia de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, lo que la convierte en una de las mejor planificadas de la región. Sin embargo, Jorge Pérez Rubio , presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) y Zoila Ochoa Garay, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) manifiestan su preocupación por lo que pasa actualmente con los proyectos mineros y petroleros en trámite.

Pérez asegura que en los últimos tres años el Estado peruano está buscando la forma de no consultar a los pueblos indígenas cuando se trata de grandes infraestructuras que van a prestar servicios a la comunidad como las carreteras o las hidrovías. El caso que más le preocupa en este momento es el de la Hidrovía Amazónica, que en un principio se estaba planeando sin consulta de los pueblos indígenas. Luego, la justicia peruana ordenó vincular a las comunidades y desde entonces el líder asegura que se han realizado reuniones pero están a la espera de que el consorcio formado por la empresa peruana CASA y el gigante chino Sinohydro terminen el estudio de impacto ambiental. Insisten en que este documento final también debe ser consultado con ellos.

“Insistimos en eso porque es uno de los proyectos más sensibles pues a través de un sistema de dragado remueve los fondos de los ríos y la mayoría de los pueblos indígenas que viven a orillas de estas fuentes hídricas se alimentan de los peces. Muchos especialistas dicen que se puede perjudicar el ciclo de reproducción de los peces y a lo largo puede disminuir la seguridad alimentaria”, dice Pérez.

Además, los documentos de un proyecto como este son muy voluminosos y técnicos. La comunidad se queja porque las empresas quieren pasarlo simplemente por talleres informativos que no son vinculantes y ellos necesitan tiempo para revisar, junto con especialistas, cada uno de los componentes del estudio de impacto ambiental pues se trata del futuro de los pueblos TIkuna, Uitoto, Yagua, Quichua y Kukama.

A pesar de la existencia de la ley de consulta previa en Perú hay inconformidades con algunos puntos, como aquel donde se dice que los proyectos de inversión que beneficien directamente a los pueblos indígenas no tienen que ser consultados. “Ese es el argumento que agarra siempre el Estado para sacar adelante los proyectos, pero eso sería válido si se tratara, por ejemplo, de la construcción de una escuela o un centro médico, no una hidrovía o una mina”, cuenta Pérez.

Zoila Ochoa dice que las consultas previas siempre han sido vulneradas por el Estado. “Ahora hay una nueva ley de hidrocarburos que quieren sacar sin consulta previa, cuando los lotes petroleros están dentro del territorio de los pueblos”.

De acuerdo con la lideresa, se propone ampliar las concesiones de explotación de 40 a 80 años y “esto quiere decir que los pueblos indígenas van a vivir desde que nacen hasta el último de sus días en contaminación”. Otra de las propuestas de Aidesep es que las regalías de las empresas lleguen directamente a las comunidades.

 

Un momento decisivo en Colombia

 

La situación para el sector ambiental en Colombia pasa por un momento crítico. Como lo reportó Mongabay Latam, la decisión de la Corte Constitucional de prohibir las consultas populares para rechazar la actividad minero-energética en los territorios prendió las alarmas. Se limitó un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución. Esto se sumó a un proyecto de ley del partido político Cambio Radical donde se proponían diversas modificaciones a los procedimientos para obtener licencias ambientales.

Además de proponer la eliminación de los diagnósticos ambientales de alternativas, también se pretende limitar los tiempos de las consultas previas a los indígenas y “agilizar los procesos”. Para Robinson López, líder de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) y director internacional de Cambio Climático de la Coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), eso significaría un atentado contra los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas porque no se consultó ese proyecto con las comunidades y se busca recortar los tiempos para disminuir la participación de los pueblos indígenas. “Es un gran retroceso y ataque frontal contra nuestros derechos”.

A López también le preocupa el Plan Nacional de Desarrollo ─la base de las políticas gubernamentales de los presidentes de Colombia─ pues en los últimos gobiernos la consulta y participación de los indígenas se ha hecho de afán. “El Ministerio del interior no es garante de este derecho ni el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene voluntad política para garantizar que este proyecto sea amplio y participativo, donde las iniciativas de los pueblos amazónicos sean tenidas en cuenta”.

Desde la Opiac creen que la estrategia del gobierno colombiano en este momento es limitar los derechos de los grupos étnicos y se sienten sin garantías. Son tantos los proyectos que se vienen para la Amazonía colombiana que los indígenas, literalmente, se la pasarían siendo consultados todos los días del año, dejando de lado su forma tradicional de vida.

Cuando los pueblos deciden no atender las consultas previas, el Estado tiene diseñado en el decreto 1320 de 1998 ─que según Robinson López es ilegal ya que no fue consultado con los indígenas─ un mecanismo llamado test de proporcionalidad. “Se declara a los indígenas en renuencia y tanto la empresa como las entidades del Estado se reúnen en Bogotá y en un acta deciden qué se hace en los territorios, “sin tener en cuenta a las comunidades”, resalta el líder de la Opiac.

Luz Mery Panche, lideresa del pueblo Nasa y de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán está preocupada además por la falta de apoyo de las organizaciones indígenas nacionales. “No hay un acompañamiento de las estructuras organizativas indígenas nacionales para que las comunidades en sus territorios tengan la capacidad de entender y defender el derecho fundamental a la consulta previa, que es visto por muchos como el supuesto ‘palo en la rueda’ para el desarrollo del país”.

La vulneración del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Colombia es tan grande que Luz Mery cita un caso emblemático. Según dice, se deben cumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia cuando declaró a la Amazonía como sujeto de derechos y “tanto el Ministerio de Ambiente como Corpoamazonía y otras entidades vienen trabajándolo sin propiciar la consulta previa con los 64 pueblos indígenas que habitamos la Amazonía”, reclama.

Finalmente, Vanessa Torres, coordinadora de Infraestructura y desarrollo de la Asociación Ambiente y Sociedad, reconoce que en Colombia hay muchas normas dispersas pero no se ha articulado una sola que contemple el procedimiento completo. “La consulta no es una etapa de consolidación de un proyecto para adjudicación de una licencia ambiental, es un derecho fundamental que está consolidado en nuestra jurisprudencia”.

La abogada Torres asegura que en los dos gobiernos anteriores se impulsó principalmente el fortalecimiento de la cartera de infraestructura ─y esto ocurrió también en otros países de la región─ y por eso es común encontrarse con tres o cuatro grandes megaproyectos que se componen de hidrovías, hidroeléctricas o carreteras terrestres que buscan desarrollarse en territorio amazónico. Para ella, esto es muy preocupante porque son intervenciones muy agresivas y directas sobre el territorio. En medio de todo eso, y con las dudas y temores que rondan a las consultas previas, Torres se pregunta lo mismo que se preguntan los indígenas colombianos y al final, los indígenas de las selvas de la Amazonía: ¿con todo lo que se viene, cómo van a participar finalmente las comunidades en estos proyectos?

 

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/11/consultas-previas-indigenas-amazonia-en-alerta/

Latinoamerica

Los ríos están sangrando: la minería británica en América Latina

La vasta expansión de los megaproyectos mineros en América Latina está desplazando a las comunidades indígenas, destruyendo los ecosistemas locales y sacrificando vidas y medios de subsistencia.

En un nuevo e innovador informe, War on Want expone el devastador impacto de la minería británica en América Latina, reuniendo 17 estudios de caso de todo el continente para producir una acusación condenatoria de una de las industrias más poderosas del mundo.

 

Bajar versión en PDF:
The Rivers are Bleeding: British mining in Latin America
(En inglés)

https://waronwant.org/resources/the-rivers-are-bleeding

Fuente:http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107500&fbclid=IwAR1Ye_igHOfr2iO-7Ji1QgmhER7c5jDrsll8-pOw79Qz-UGasWvfT8VkYR4

Latinoamerica

Resistencia contra la minería aumenta en Centroamérica

Con una legislación minera agujereada por limitantes y vacíos legales en el régimen de concesiones mineras en Honduras, Nicaragua y Guatemala, las voces de resistencia de los pueblos van en aumento en la región, exigiendo el respeto al orden jurídico nacional e internacional, a fin de librar sus territorios de proyectos extractivistas.

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) en su tercer encuentro regional, que abordó la “Consulta Previa y Participación Ciudadana en Centroamérica”, concluyó que era un tema polémico y complejo, en la medida del irrespeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y garífunas, frente a la expansión de megaproyectos que no solo invaden sus territorios, sino también el despojo de su medioambiente y su cosmovisión.

Miriam Miranda, nacida en Santa Fe, es lidereza innegable de las comunidades garífunas en el litoral del Caribe, al Norte de Honduras. Con voz fuerte y decidida explicó que la jurisprudencia internacional que legitima los derechos de los pueblos indígenas, como el convenio 169, de la OIT. Que sin ser vinculante en la consulta previa o la participación ciudadana, se puede acudir a este marco legal, que salvaguarda sus derechos.

“En el caso nuestro (garífunas) la ley que están impulsando (el gobierno) ahora está muy clarísimo que lo que quieren es legitimar y legalizar a las empresas, para que tengan vía libre de llegar a las comunidades. Y los Estados en vez de apoyar a los pueblos indígenas, reconociéndonos nuestros derechos, inclusive en dicha ley hablan de crear un comisionado para la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) y que lo va a nombrar el presidente. ¿Cómo es posible que este comisionado esté bajo la tutela del presidente?, lo convoca y luego cambian las cosas. Ninguna ley de consulta debe partir del Estado, al contrario, son los pueblos los que construyen la ley para presentarla al Estado”, sugirió.

Yanira Cortez, salvadoreña, exprocuradora para la defensa de los derechos ambientales de la PDDH y ahora consultora, afirmó que los liderazgos y comunidades no deben enfilarse solamente en ciertos marcos legales, porque quedan limitadas las acciones que pueden devenir de los sistemas de jurisprudencia internacional e interamericana, que pueden aplicar en sus demandas.

“Creo que hace falta un análisis a profundidad del tema de la consulta previa y consentimiento libre e informado desde los instrumentos internacionales, y de procedimientos especiales que emite Naciones Unidas, y así, podemos construir un contenido más fuerte y es esto lo que no quieren los Estados, que se limitan a aplicar el convenio 169 (OIT), pero se olvidan de otros instrumentos y jurisprudencia internacional que ha sido clara y ha dicho que la consulta y el consentimiento son dos derechos, que uno sigue al otro y se materializa cuando escuchamos la voluntad de los pueblos”, señaló.

Asimismo, reconoció que las constituciones de las repúblicas centroamericanas reconocen los derechos de sus pueblos pero muchos, aplicando leyes secundarias, les restan contenido y a veces en los reglamentos les anulan. De ahí la importancia que bienes naturales como el agua sean reconocidos como derecho humano, para blindarlos de reformas antojadizas o excluyentes.

Mientras, la abogada Dora Lucy Arias, quien habló sobre las experiencias de lucha y resistencia, autodeterminación e identidad de comunidades en Colombia, reiteró que estas poblaciones no solo han sido afectados en su medioambiente con megaproyectos en los territorios, sino también les han generado graves daños sociales y culturales.

“En el caso de la consulta previa las comunidades han impulsado sus procesos y han llevado casi una docena a luz pública y están pendientes de su realización, otros llevan 158 procesos, pero está pendiente aún la decisión judicial. Las comunidades conscientes de las disputas sobre sus territorios están organizándose para resistir y avanzar en la protección de sus derechos. En algunos casos ha funcionado y han parado proyectos temporalmente, porque los intereses se mantienen desde las empresas o gobierno, que tienen clara su intencionalidad de explotar esos recursos, y que los pueblos seguirán protegiendo porque significa su vida, su supervivencia y su cultura”, puntualizó.

Fuente:https://www.diariocolatino.com/resistencia-contra-la-mineria-aumenta-en-centroamerica/

Latinoamerica

Minería: La contaminación y la pobreza acá, los minerales y la riqueza allá

Los procesos industriales sobre los que se basa el tan mentado “progreso” necesitan de una gran cantidad de minerales para satisfacer las demandas de productos cuya necesidad fue generada en el consumidor por las empresas que los producen y venden. Tan cierto es eso, como que los altísimos niveles de consumo de un pequeño porcentaje de la humanidad, están destruyendo las formas de sustento y el medio ambiente de la otra parte, que generalmente es la que vive en las áreas impactadas por la minería.

Debido a sus impactos, la minería es una de las actividades mas contaminantes realizadas por el hombre. Por lo que debe ser controlada estrictamente en todas sus etapas, desde la prospección y explotación hasta el transporte y procesamiento. En muchos casos, control estricto significaría sencillamente prohibición de la actividad minera en la zona.

Sin embargo, durante la última década hubo cientos de accidentes graves donde el protagonista fue el cianuro. Esto se debe principalmente a que hasta el momento en muchos casos este control se ha dejado en manos de las propias corporaciones mineras, algo absolutamente absurdo.

Incluso el control en manos de los gobiernos es insuficiente, teniendo en cuenta el poder económico y político que las corporaciones mineras han demostrado tener sobre ellos. Se debe entonces recurrir a la sociedad en su conjunto para que participe directamente en este control, como única forma de equiparar fuerzas.

La minería provoca la devastación del ecosistema en el cual se instala (deforestación, contaminación y alteración del agua, destrucción de hábitats) y no suele dejar nada mas que eso cuando se va. Si nos remontamos en el tiempo, entre 1545 y 1558, se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí. A partir de allí, se generó la explotación sistémica en los yacimientos y el trabajo forzado de miles de indígenas. Bolivia es hoy, el país que mas plata ha dado al mundo y por supuesto uno de los que menos tiene.

En la actualidad, más del 60% de los minerales son extraídos mediante las modalidades de minería a cielo abierto, las canteras y la minería por lixiviación. No vale la pena aclarar que son las mas rentables (para las empresas) y las mas contaminantes.

Según un estudio de 1999 de Arborvitae (IUCN, WWF), los países del sur “ricos en recursos minerales tienden a tener tasas de crecimiento económico más lentas, niveles más bajos de bienestar social y distribuciones de ingreso mucho más asimétricas que los países en desarrollo no dependientes de minerales”.

Se calcula que, conjuntamente con la exploración de petróleo, la actividad minera amenaza el 38% de las últimas extensiones de bosques primarios el mundo.

Los países industriales consumen más de dos tercios de la producción anual de los nueve minerales más importantes. Los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Europa Occidental, con el 15 por ciento de la población mundial, en conjunto consumen la mayoría de los metales producidos cada año: aproximadamente 61% de todo el aluminio, 60% del plomo, 59% del cobre y 49% del acero.

Ancash, Condorhuain, Chilecito, Famatina, Veladero, Pascua-Lama, Bajo La Alumbrera, San Luis Potosí, Cerro Quilish, Cerro de Pasco, Macacona, Marlin, San Martín, Peñasquito, Paso Diablo, Río Blanco y Crucitas son sólo unos pocos ejemplos de proyectos de explotación minera, que se encuentran en diferentes etapas en Latinoamérica.

Las mineras se llevan los minerales, pero también los bosques, el agua, la salud, la vida y el futuro de quienes habitan en sus zonas de explotación. Afortunadamente la resistencia de nuestros pueblos a este tipo de emprendimientos crece día a día y se han realizado importantes logros. Pero esa resistencia necesita el apoyo de todos nosotros para detener definitivamente el saqueo y la contaminación minera en todo nuestro territorio.

Fuente:https://www.ecoportal.net/temas-especiales/mineria-la-contaminacion-y-la-pobreza-aca-los-minerales-y-la-riqueza-alla/?fbclid=IwAR1_ZxYHLQp7LhznQcLIX3ub6XAkWK0z8c9n2mVtdUFsR-kOVnGV5wztyUo

 

Latinoamerica

Una mirada crítica al extractivismo desde el feminismo

El Yasuní es un parque nacional ecuatoriano situado en la Amazonia. Solamente en una hectárea de su bosque se pueden encontrar más especies que en todo Estados Unidos y Canadá juntos, lo que lo convierte en uno de los pulmones más importantes del planeta. En las luchas por la defensa del Yasuní, que se vio amenazado hace seis años por las políticas petroleras del gobierno de Rafael Correa, se encontraron varias activistas que terminaron por formar el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Fruto del trabajo de este colectivo, cuyos miembros proceden de distintos países como Ecuador, Brasil, Uruguay o México, se publicó El Yasuní en clave feminista: La vida en el centro y el petróleo bajo tierra.

El pasado mes de junio, el colectivo realizó una gira europea para relacionarse con distintos espacios feministas y colectivos autónomos por la defensa de los territorios, con el fin de compartir experiencias y plantear sus metodologías.Aprovechando su visita a Valencia, en la que fueron acogidas por los colectivos Perifèries y Entre Pobles del País Valencià, Tania Cruz y Gabriela Ruales aprovecharon para exponer el trabajo de su colectivo.

La academia y el activismo

Si bien el expolio y la agresión a los territorios es una constante en la historia de la colonización en Latinoamérica, en los últimos años los proyectos extractivistas han crecido exponencialmente en todo el continente de la mano de las políticas neoliberales. Del mismo modo, la resistencia contra estos proyectos se ha mantenido siempre, y ya no sólo desde un activismo que pone el cuerpo (y en ocasiones, lamentablemente, la vida) sino también desde el academicismo, tratando así de aportar soportes intelectuales a estas luchas.

Tania y Gabriela hablan de su condición de activistas anti-extractivas feministas y de su relación con la academia. Como explica Tania: “Aunque muchas de nosotras estamos vinculadas a la academia, teníamos la necesidad de formar un colectivo no académico. Pensamos que es necesario romper con la individualización del conocimiento que se hace desde la academia”. Gabriela añade que su apuesta es la de crear un conocimiento colectivo, “es por esto que la academia se vuelve también un territorio de disputa. Uno puede reflexionar por sí mismo pero el conocimiento te viene por quienes lo escriben, en los contextos y las relaciones que se dan en distintos espacios, geografías y personas”. Y precisa: “Pensamos que el conocimiento es relacional y colectivo”.

Para analizar las problemáticas que sufren en sus contextos y trabajar con las herramientas adecuadas a su lucha, no basta con importar los modelos de conocimiento occidentales: “Como feministas del sur, en muchas ocasiones se nos ha visto como objetos desde Occidente, pero somos sujetos”, señala Gabriela. Se reivindican como sujetos creadores y, como expresa Tania, “qué mejor manera de hacer esta reivindicación que precisamente desde un paradigma distinto al del individualismo occidental, un paradigma de lo colectivo”.

Categorías cuerpo y territorio

En esta ruptura con el paradigma occidental, además de reivindicar un conocimiento colectivo frente al individual, se apuesta por reemplazar el análisis tradicional de la realidad, según el cual un sujeto individual y racional hace frente a un objeto de estudio externo y pasivo. En su metodología, las categorías de sujeto y objeto no son válidas y se emplean otras, las de cuerpo y territorio, de forma que, según argumenta Tania, “el cuerpo tiene una sabiduría ancestral que hemos retraído debido a los paradigmas occidentales dominantes. Nosotras tratamos de recuperar esa sabiduría, mostrar que no está perdida, evidenciar que siempre ha estado ahí”. Se debe entender que el cuerpo habla de sí, por sí y para sí, pues como argumenta Gabriela, “el cuerpo es el primer lugar del territorio, es nuestro límite y nuestro lugar de reivindicación; es también un mediador entre lo personal y lo colectivo, un vehículo de las relaciones que suceden dentro de los espacios comunes”.

Reconocer el cuerpo como principio de nuestra manera de ser y estar en el mundo, al tiempo que reivindicar la importancia de las emociones en nuestra forma de relacionarnos, supone un punto de partida totalmente diferente al modelo tradicional de conocimiento racional. Como explica Tania: “Tratamos de poner la subjetividad al descubierto para reconocer el cuerpo como lugar habitado que hace política. Queremos despertar el cuerpo para hacerlo político, para que las emociones sean afectividad, es decir, afecten nuestra vida cotidiana”. Gabriela continúa: “A esto lo llamamos hacer política del cuerpo, expresar lo que sentimos, ver cómo nos relacionamos con las demás para entender que no podemos vivir sin los otros. Para reconocer esto es fundamental poner nuestras subjetividades encima de la mesa”.

Estos planteamientos llevan a poner en cuestión la figura del sujeto de conocimiento individual y reconocer que la vida es, en sí misma, una cuestión relacional. Ambas insisten en que “es necesario entender que, aunque nos enseñen lo contrario, vivimos en un mundo en el que nadie puede existir por sí solo. Somos en relación con los otros, las otras, les otres, también con el aire y el agua, la tierra, el sol y la luna”.

La metodología de análisis que plantean Tania y Gabriela proviene de la educación popular feminista, que trata de repensar la relación de nuestro cuerpo con el territorio para romper la distancia y la sumisión que se establecen con el esquema occidental sujeto-objeto. Las activistas explican que “nuestros cuerpos están constituidos por el espacio que habitamos, su clima, su geografía, su historia, su alimento.” De aquí se deriva la idea de que, al mismo tiempo, “también el espacio que habitamos está constituido por nuestros cuerpos, por nuestros comportamientos y por cómo nos relacionamos entre nosotros y con el medio.”, comenta Tania.

“El territorio se entiende a partir de nuestra forma de relacionarnos con el espacio, cómo estamos en él, cómo lo cuidamos, lo trabajamos, lo vivimos -apunta Gabriela-, por eso cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, del mismo modo que cuando se violentan nuestros cuerpos se afectan los lugares donde habitamos”. Es así como entienden esta otra categoría, la de territorio. Una categoría que viene de los pueblos originarios en resistencia contra los despojos y las violencias sufridas en las últimas décadas. “Es una categoría que surge para reivindicar su espacio, su lugar de vida”, concluye Gabriela.

Todo este planteamiento crítico establece una manera de plantear las problemáticas que genera el extractivismo, pues como expone Gabriela: “Es a partir de las categorías de cuerpo y territorio que podemos analizar cómo estamos viviendo los ataques de las políticas extractivistas en nuestros países. Pensamos que es necesario entender cómo nuestros cuerpos están encarnando, padeciendo y reproduciendo las relaciones de poder que existen en el sistema capitalista, patriarcal, colonial, racista y especista”. A lo que añade Tania que “también hay que ser conscientes de las grandes desigualdades que produce el sistema; no todos los territorios valen lo mismo, ni todos los cuerpos valen lo mismo dentro de los territorios”.

El extractivismo: un modelo patriarcal

Desde su mirada feminista, Tania y Gabriela no dudan en calificar al extractivismo como un modelo patriarcal. Las consecuencias de la implantación de este modelo afectan varias facetas de la vida en los territorios, pues como cuenta Tania “es desde lógicas masculinas desde donde se decide qué territorios van a ser explotados y de qué manera se debe operar en ellos”. Lo que sucede, continúa Gabriela, “es que cuando un territorio es elegido, debe ser controlado, y esto implica una militarización del espacio que supone siempre la imposición de una masculinidad violenta, agresiva y armada tanto hacia el territorio como hacia los cuerpos que en él habitan”. Toda esta agresión al territorio es, para ellas, “intrínseca al correcto funcionamiento de los proyectos petroleros”.

Cuando el extractivismo se impone, se potencia la lógica patriarcal que produce importantes cambios en la convivencia de los lugares donde llega. Es notorio cómo, con su implantación en un territorio, se genera un tipo de relaciones donde lo central es el dinero. “La centralidad en lo económico profundiza a su vez en la división sexual del trabajo. Se produce un cercamiento sobre los cuerpos. La presencia en el territorio de petroleros y militares hace que el espacio se masculinice y que las mujeres se vean acosadas, incluso agredidas o abusadas en sus propios espacios, viéndose recluidas a los espacios privados y perdiendo la presencia que habían logrado en los espacios públicos”, explica Gabriela.

Además, no hay que olvidar la dimensión ecológica, como advierte Tania, “en una extracción se violentan los propios recursos naturales comunes como el agua o la tierra, que jamás vuelven a ser iguales. Esta violencia hacia los recursos provoca en muchos casos una agresión también contra las mujeres, por ser ellas las encargadas de los trabajos de cuidado y de gestión de estos recursos, ahora violentados”.

Norte-Sur

De su compartir con los distintos colectivos europeos con los que coincidieron durante su gira, Tania y Gabriela extrajeron algunas reflexiones con las que finalizan la entrevista. Tania hace un llamado “a todas las que luchan por la defensa de sus territorios, a aprender a mirarnos en relación; hace falta mirarse hacia dentro, tanto en el norte como en el sur global. Los despojos en América Latina, en África y en amplias zonas de Asia, producen grandes violencias de las que también somos responsables en el sur”. Gabriela llama al norte, pues “aunque aquí no se extraiga petróleo sí hay un uso, unas refinerías… Hay que preguntarse cuál es la relación entre lo que sucede aquí y lo que ocurre allá. La lucha debe ser diversa y en relación. Debemos mirarnos a nosotras mismas y dejar de mirar a los demás como objetos para que la lucha sea más fuerte y más honesta”.

Tomado de www.desinformemonos.org

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=12885

Latinoamerica

Género y Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos

La economía de nuestros países de América Latina y el Caribe se basa cada vez más en la extracción intensiva de recursos naturales renovables y no renovables, nuestras economías se han reprimarizado. En los últimos años hemos vivido dos momentos clave: el boom del precio de los minerales y luego la caída de los mismos. Nuestras economías altamente dependientes de la renta proveniente de esta extracción siempre optaron por el camino fácil, de obtener ingresos a partir de la exportación de nuestros recursos, sin generar mayor valor agregado. Los precios de los commodities han continuado fluctuando y en los últimos meses se aprecia una mejora. Frente a la variación de los precios, nuestros gobiernos han optado por flexibilizar las normas ambientales, tributarias, laborales, de propiedad de la tierra, a fin de “evitar” la fuga de inversiones y hacer más atractiva la inversión. Asimismo, se han endurecido las políticas de criminalización de la protesta social, que además ha venido funcionando como caldo de cultivo de la impunidad de quienes violan los derechos de varones y mujeres de las poblaciones campesinas e indígenas. América Latina se ha convertido en una de las zonas más violentas y peligrosas para los y las defensores ambientales [1].

En ese contexto, lo que no cambia son los impactos directos de estas actividades extractivas en las poblaciones de las áreas de influencia. Se continúa ejerciendo presión sobre los territorios y sobre recursos escasos como son el agua y la tierra, se afecta la flora y la fauna, se impacta severamente el medio ambiente, deteriorando directamente los medios de vida de varones y mujeres, degradando su calidad de vida, generando pobreza y violentando sus derechos. Sin embargo constatamos que esta situación impacta de manera diferente a varones y mujeres, debido a las diferencias en su situación y a su posición en la sociedad y debido a las discriminaciones y desigualdades existentes de carácter estructural. Las actividades extractivas exacerban las diferencias, profundizan la discriminación, agravan la situación de las mujeres y las hacen más vulnerables.

Y asimismo, en este contexto, existe evidencia de que son las mujeres las más desfavorecidas, las que reciben los mayores impactos, las más vulnerables frente a los fenómenos climáticos y al crecimiento exacerbado de las actividades extractivas.

Hace 7 años, en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, elaborados por el Representante Especial para los derechos humanos y las empresas, John Ruggie. Estos Principios Rectores a pesar de ser de carácter voluntario, han sido suscritos por los países miembros de Naciones Unidas y por las más grandes empresas transnacionales. Los PR se asientan en tres pilares que reflejan las obligaciones concretas de: 1) los Estados deben Proteger los derechos humanos; 2) las Empresas deben Respetar y 3) ambos actores deben Remediar los impactos que se pudieran haber producido.

Sin embargo, se ha constatado que tanto las autoridades y funcionarios de los gobiernos, así como los funcionarios locales de las empresas, no tienen un conocimiento de los 31 Principios Rectores que sus casas matrices se han comprometido a respetar; pero tampoco respecto a la perspectiva de género que aunque insuficiente aún han sido incorporados a los mismos. En tal sentido se creó el Grupo de Trabajo sobre la Perspectiva de Género en los Principios Rectores, que a la fecha ha realizado consultas regionales y globales en 2017 y 2018 y realizará para LAC el próximo enero.

Los principios 3, 7, 12 y 20 por ejemplo, reconocen la importancia de la perspectiva de género en la protección, respeto y remediación de los derechos humanos. Señala que los Estados deben “explicar cómo tratar eficazmente las cuestiones de género, vulnerabilidad y/o marginación”; los Estados deben “prestar asistencia adecuada a las empresas para evaluar y tratar los principales riesgos de abusos, prestando especial atención tanto a la violencia de género como a la violencia sexual”; asimismo que las Empresas deben respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones específicos y deberán prestarles una atención especial cuando vulneren los derechos humanos de esas personas”

Entonces se impone una triple tarea, fortalecer el conocimiento, ejercicio y exigibilidad de derechos por parte de las mujeres y sensibilizar a los varones; fortalecer la institucionalidad pública y demandar a los estados la protección de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular y exigir a las empresas el respeto irrestricto de estos derechos y la remediación de los derechos violentados.

Mientras ello sucede, es necesario analizar los impactos de las actividades extractivas en toda la cadena de valor y el ciclo de los proyectos, sin dejar de mirar las condiciones pre-existentes, a fin de presionar hacia un cambio del comportamiento social y ambiental de las empresas. En el caso de la minería, por ejemplo, analizar desde el otorgamiento de las concesiones, pasando por las etapas de exploración, construcción, explotación, beneficio, comercialización, hasta el cierre de la mina y los temas relacionados como el pago de impuestos y regalías, la inversión pública y el aporte de las actividades extractivas al desarrollo local sostenible; identificando los impactos que afectan en forma diferenciada a varones y mujeres.

A continuación presentamos un primer acercamiento según la etapa del ciclo de vida de un proyecto minero en Perú.

En la etapa del otorgamiento de concesiones, no hay consulta previa. En el caso que se realizara la consulta previa, serían consultados solo los varones, que son los socios calificados (con voz y voto) de las comunidades indígenas; salvo excepciones, las mujeres no son socias calificadas. En la mayoría de los casos, las mujeres no son titulares de la propiedad de la tierra y por lo tanto su opinión, necesidades, problemas, intereses, no son considerados [2].

Cuando las empresas ingresan a los territorios desarrollan relaciones clientelares basadas en el beneficio económico. Esto genera una grave distorsión en las economías rurales, se producen brechas de desigualdad entre las comunidades, se gestan conflictos inter e intra comunales familiares. En este contexto las mujeres son las que pierden más; no solo no son consultadas sino que al ingresar en este círculo se les agrega cargas de trabajo.

Por su parte los gobiernos “focalizan” los programas sociales en aquellas zonas donde desean que se desarrollen las actividades extractivas, a fin de generar una sensación de “bienestar” y “paz social”. Estos programas sociales tienen una visión clientelar y no preparan a las mujeres beneficiarias directas para el uso de los recursos; si bien es cierto el monto de la transferencia es sumamente exiguo [3], el fortalecer las capacidades para el uso del dinero es un tema clave en cualquier programa de transferencias condicionadas, ya que estos programas podrían servir para empoderarlas. Entre los efectos no deseados de estos programas sociales está el incremento del alcoholismo y la violencia de género [4].

Las empresas mineras ofrecen empleo temporal a las comunidades de las áreas de influencia directa de sus actividades. En las comunidades se establecen los turnos por familia y en cada familia dependiendo de tipo de empleo son los varones o las mujeres las que asumen el trabajo. Cuando los varones van a trabajar para la empresa, las mujeres asumen además de sus tareas tradicionales las tareas del varón; sin embargo, cuando es la mujer la que se emplea en el trabajo temporal, el varón no asume las tareas de la mujer. En el caso que ambos, mujer y varón, trabajen fuera, quienes asumen las actividades tradicionales domésticas y productivas son las niñas, quienes dejan de asistir a la escuela para hacerlo.

A ello debemos agregar que cuando los gobiernos locales empiezan a recibir recursos provenientes de la renta extractiva se genera un crecimiento vertiginoso de las dinámicas económicas locales, crece el empleo, en su mayoría de carácter precario y con menos oportunidades para las mujeres.

En las fases de exploración y construcción se produce un crecimiento acelerado de las economías locales; la población con más recursos invierte para producir bienes y servicios que son adquiridos por las empresas extractivas y las empresas contratistas. Se construyen hoteles, restaurantes, se instalan lavanderías, farmacias, peluquerías, sastrerías, llegan las agencias bancarias. Esta dinámica puede durar entre 2 y 3 años. Las mujeres tienen mayores oportunidades de empleo, pero además de que los salarios son más bajos que el de los varones, son empleos que reproducen su rol reproductivo doméstico: lavar, planchar, limpiar, etc.

En la etapa de explotación se reduce drásticamente la fuerza de trabajo empleada por la empresa extractiva, se contrata mano de obra con altos niveles de especialización, que no se encuentra en las comunidades locales. El espejismo, promovido desde los gobiernos, de una actividad que da mucho trabajo se desvanece. Se reduce la mano de obra no calificada y en particular se reduce la contratación de mujeres.

Tanto en las fases de exploración como de explotación y cierre de mina, se producen impactos ambientales, que no siempre están previstos adecuadamente en los instrumentos de gestión ambiental, con el agravante que estos tampoco son técnicamente idóneos. Entonces se producen accidentes ambientales que ponen en riesgo particularmente el recurso agua, ya que se afectan tanto las aguas superficiales como subterráneas. En estas situaciones se producen dos fenómenos, o escasez de agua o contaminación de las aguas. Se produce entonces un impacto diferenciado en varones y mujeres con respecto al acceso y calidad del agua. Las mujeres encargadas del cuidado y la reproducción ven afectado su derecho a un agua segura y limpia, y en cantidades suficientes [5]. Las mujeres deben caminar algunas horas para llegar a otras fuentes de agua.

La puesta en práctica de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, debería permitir mejorar la  situación y la posición de las mujeres en las áreas de influencia de proyectos extractivos. Sin embargo, desde la sociedad civil tenemos una ardua tarea por delante.

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[1] Según el informe de Global Witness, en 2015 fueron asesinados 122 defensores y defensoras en nuestra región.

[2] Según el Informe de OXFAM 2016, “Privilegios que niegan derechos”, su origen está en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y los factores que inciden en su perpetuación son de carácter estructural y reproducen exclusiones históricas.

[3] Menos de 100 dólares mensuales.

[4] “…En los resultados de “Juntos” persisten aún muchos de los problemas propios de las mismas regiones, como el alcoholismo y la violencia familiar, situaciones que se generalizan con el programa. Por ejemplo, en algunas localidades se asocia el consumo de alcohol a la transferencia de dinero, específicamente, al no saber qué hacer con esta”. En Análisis de la implementación del programa “Juntos” en las regiones de Apurímac, Huancavelica y Huánuco, Economía y Sociedad N° 73, CIES, diciembre 2009.

[5] Como se sabe la actividad minera insume volúmenes importantes de agua. Según el estudio de CooperAcción Gobernanza del Agua en zonas mineras del Perú. Abriendo el diálogo. El 49% del territorio de la Región Hidrográfica del Pacífico está concesionado a la minería. El 11.28% de las concesiones se encuentran a más de 3,000 msnm, donde se encuentran las fuentes de agua.

 

Artículo publicado originalmente  en el boletín “Mujeres frente al extractivismo”

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Fuente:http://cooperaccion.org.pe/genero-y-principios-rectores-sobre-empresas-y-derechos-humanos/