Mexico

La lucha indígena de hoy, puede ser la última: Carlos González

 

Abasolo, Guanajuato. Los pueblos indígenas resisten una guerra en su contra; otra más en 5 centurias. O la misma desde entonces. Pero lo que está claro para el concejal nahua Carlos González es que esta vez es definitiva. Las naciones, tribus y pueblos originarios darán la batalla por seguir existiendo. Para muchos de ellos, de no ganar, no habrá mañana. Su cultura y su historia quedarán sepultadas para siempre.

Carlos González luce un bigote espeso, abultado, y cabello cortado a casquete corto. Explica que la desaparición de los pueblos indígenas implicaría también el fin de México como nación: el fundamento cultural, social e, incluso, constitucional del país son los pueblos originarios.

Y va más allá. La lucha de los pueblos indígenas es también la lucha por lo que nombran Madre Tierra –de la que se consideran parte– y que la cultura hegemónica denomina, distante, “naturaleza” o “medio ambiente”. Si caen los pueblos indígenas del mundo, el planeta colapsará en el corto plazo.

Abogado especialista en derecho agrario, Carlos González es de discurso convincente, claro, argumentativo. Hombre de libros y documentos, trae a la memoria datos, conceptos, periodos históricos. Nunca dejó de ser indígena. También es hombre de milpa y monte, es decir, de coa, azadón y machete. Hoy, junto a María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), y otros concejales, recorre la geografía indígena mexicana: de la costa, a la sierra; de la montaña al valle; del desierto a la selva; del campo a la ciudad. Escucha, propone, dialoga… organiza.

Recuerda detalles de cada conflicto de los cientos que se desarrollan en los pueblos indígenas en México: las comunidades involucradas, la cultura, el tipo de despojo, el megaproyecto, la empresa capitalista señalada, las características de la lucha legal –si la hay– y las condiciones de la lucha política.

 

—De toda la geografía de conflictos en México, cuáles son los de más urgente atención –se le pregunta.

—En este momento es fundamental que la sociedad mexicana esté atenta a dos cuestiones que son de suma importancia. Una, la pervivencia de los pueblos indígenas ante proyectos que pretende impulsar el nuevo gobierno, como son el Corredor Transístmico [de la costa de Oaxaca a la de Veracruz]; el Tren Maya [por los cinco estados de la Península de Yucatán: Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas]; las Zonas Económicas Especiales [que a las entidades mencionadas se agregan Guerreo y Michoacán], que dicen que ya no van a continuar, pero sí van a continuar bajo otro formato; el Proyecto Integral Morelos [que afecta además de este estado a Tlaxcala y Puebla], y una multitud proyectos en materia de minería de explotación de hidrocarburos, de gas, de construcción de infraestructura vial e inmobiliaria. Y por otro lado, el impacto que estos proyectos van a tener sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. Son dos puntos, dos temas que deben estar en la agenda, en la prioridad, de la sociedad mexicana.

—El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha determinado que todos esos proyectos se harán. No hay lugar para negociación o el diálogo. Y esgrime sus 30 millones de votos. ¿Qué capacidad de respuesta tienen los pueblos indígenas? –se le cuestiona.

Piensa la respuesta. No alardea ni hace propaganda. Analiza. Más que responder al reportero, se responde a sí mismo.

—En términos cuantitativos, de cantidades, puede que no sea significativa la resistencia [frente a los 30 millones de supuestos seguidores de López Obrador], pero en términos de quiénes resisten, de cómo han resistido y cómo van a seguir resistiendo, creo que es de tomarse en cuenta esta resistencia. Los pueblos indígenas han resistido y han pervivido durante siglos.

Reconoce que aunque el Congreso Nacional Indígena creció durante los 2 años más recientes, el lopezobradorismo sí generó división entre varias tribus, pueblos y naciones e, incluso, en las entrañas de algunas comunidades. Por ello, la resistencia ha iniciado desde el interior de los barrios, ejidos, encargaturas, tenencias.

“Ciertamente en la actualidad muchos de los integrantes de estos pueblos, por dinero, no por otra cosa, hay que decirlo como es, por un ‘progreso’, así entre comillas, mal entendido, han aceptado los proyectos [del lopezobradorismo]. Pero en los pueblos, en las comunidades, existen núcleos, existen personas, existen estructuras organizativas y existen referentes para la resistencia.”

?Pero a qué resisten las comunidades indígenas. Cuál es su lucha.

?Se está resistiendo a la ocupación, el despojo de los territorios indígenas, la destrucción de las culturas, de las lenguas, de las formas de gobierno [que llegan] a través de estos grandes proyectos. Y a la destrucción de la naturaleza. Eso lo quiero dejar bien claro, porque hay quienes nos acusan de ser “conservadores”, que nos oponemos al actual gobierno. No. No es una cuestión de que nos vayamos a la vieja dicotomía del siglo XIX de conservadores y liberales. Es una cuestión diferente. Es una cuestión que tiene que ver con la subsistencia, la existencia y la pervivencia al futuro de los pueblos originarios; y, por lo tanto, de la nación mexicana, que tiene su sustento y su fundamento en estos pueblos. Y repito que es fundamental de la Tierra. La Tierra está siendo destruida de manera inmisericorde por todas estas políticas de supuesto progreso, de supuesto desarrollo. Y estamos erosionando, estamos acabando con las condiciones de la vida humana en el país y en el planeta entero. Entonces, son cuestiones primordiales las que estamos planeando. No son cuestiones que tengan que ver con la política de ideologías gastadas, decimonónicas o con las trifulcas y pleitos de la actual clase política y sus partidos. Es algo que trasciende toda esta situación, que va mucho más allá y que tiene que ver con la pervivencia de los pueblos originarios que han vivido milenariamente, con la pervivencia de la nación mexicana y de la vida misma.

 

—Por qué los pueblos indígenas se encuentran hoy en una situación que amenaza ahora su supervivencia, si antes han resistido. Supervivieron a la Conquista, por ejemplo –se le inquiere.

—Porque ha sido paulatina. Nosotros hablamos de que, por lo menos desde el siglo XVI, desde la llegada de los europeos a lo que ahora es México, ha habido una guerra de invasión, de ocupación y de conquista. Nosotros decimos que esa guerra no se ha detenido, que esa guerra es permanente. Y [quienes hacen esta guerra] han ido destruyendo de manera determinante a los pueblos indígenas. En el siglo XIX se hablaba de cerca de 200 lenguas originarias en lo que ahora es México; actualmente son menos de 70. En el siglo XIX se decía que el 80 por ciento de la población del país hablaba una lengua distinta al español y era una lengua originaria. Actualmente esta población no llega ni al 10 por ciento, seguramente. Ha habido una política sistemática y perfectamente planificada para destruir y para exterminar a los pueblos indígenas. Y ha progresado esta política. Y a pesar de ella, han pervivido los pueblos; pero ha sido altamente destructiva esta guerra que se ha llevado.

En efecto, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) cuantifica 11 familias lingüísticas con 68 lenguas (y un número indeterminado de variaciones de esas lenguas). Y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esos idiomas son hablados por menos de 7 millones 400 mil personas.

—Cómo va a ser la resistencia: en las calles, en los tribunales. Qué tipo de resistencia será.

—La resistencia es múltiple. La resistencia se da primeramente en las comunidades y en las regiones, a partir de las formas de lucha, resistencia, de organización que cada comunidad tiene. Por otro lado, hay articulación política nacional, a través de Congreso Nacional Indígena, del Concejo Indígena de Gobierno y de otras múltiples expresiones indígenas y no indígenas que existen en el país.

Aclara que “el Congreso Nacional Indígena no es la única expresión de resistencia. Hay múltiples expresiones a nivel nacional. Y estas formas de lucha políticas que se basan en la movilización, en la organización comunitaria, en muchas partes están sustentadas también en recursos legales, jurídicos. Hay expresiones del movimiento indígena que ya no acuden a los recursos legales, que están totalmente ajenas al Estado mexicano, particularmente me quiero referir a las autonomías zapatistas. Pero hay muchas otras autonomías y formas de organización indígena que sí apelan a los recursos legales, a la legitimidad dentro del Estado nacional. Y todas esas formas de resistencia se suman, se agregan. No pensamos en una forma de resistencia única o una visión exclusiva”.

 

—Desde el punto de vista de la legalidad, ¿hay posibilidades aún de defensa de las comunidades indígenas en los juzgados y tribunales?

—Sí se puede dar siempre y cuando exista organización colectiva, organización comunitaria. ¿Por qué? Primeramente, porque la Constitución y las leyes secundarias han sufrido transformaciones terribles que tienden en primer lugar a la privatización de la tierra, de los recursos naturales, tanto de las comunidades como de la nación; y en segundo lugar, porque contamos con órganos judiciales, con un Poder Judicial federal y poderes judiciales en los estados, profundamente corrompidos. Está reconocido a nivel internacional que, en lo que tiene que ver con la administración de justicia, México es uno de los países más corruptos y donde los jueces y los tribunales son contumaces con los grandes intereses empresariales. Entonces, tanto la estructura constitucional y legal como la corrupción endémica y profunda del Poder Judicial reducen la posibilidad de estos recursos legales.

“Pero creemos, y te lo digo porque soy abogado y llevo muchos años defendiendo a comunidades indígenas, cuando existe organización colectiva, cuando existe resistencia comunitaria, los recursos legales pueden ser complementarios a la lucha de las comunidades. En estos momentos se torna un poco más difícil porque las reformas estructurales, a las cuales al parecer no se les pretende dar reversa, en materia de hidrocarburos, en materia de energía eléctrica los regímenes de concesiones en materia de minería, de agua y de bienes nacionales, a lo que tienden es a privatizar, a poner en manos de quienes tienen el poder económico, tanto los recursos de las comunidades como de la nación.

—Desde la Otra Campaña, una iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena lanzada en 2006 para organizar una resistencia anticapitalista, se señalaba que México se encaminaba al caos y a su desintegración. ¿Estamos realmente en esa situación?

—Estamos. El caos ya se vive desde hace varios años. No es novedoso. No es algo actual. Eso hay que decirlo. Como lo señala el propio Andrés Manuel López Obrador, todo lo que está pasando no es algo que él haya ocasionado, generado. Fue ocasionado desde hace años por virtud de todas estas políticas y todos estos proyectos que han venido construyéndose desde arriba, desde el poder. Por eso nos preocupa que siga esta lógica; que en este nuevo gobierno lo que sigue imperando es la decisión de imponer a los pueblos proyectos y políticas.

Carlos González critica las supuestas consultas con las que López Obrador pretende imponer los proyectos ya pactados con el gran capital. Pero no sólo critica a ese tipo de consultas, sino incluso aquellas que pudieren realizarse bajo las directrices del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantizan una consulta libre, informada y previa a las comunidades. De lo que se trata, explica, es una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas para que ellos decidan lo que quieren hacer con sus territorios y sus comunidades.

“Nosotros decimos que el derecho a la consulta es una pifia, es una gran mentira. No se les tendría que consultar a los pueblos indígenas sobre proyectos que se les quieren imponer. Lo que tendría que hacerse es construir una nueva relación donde los pueblos decidan cuáles son sus prioridades de desarrollo y qué proyectos deben desarrollarse en sus territorios. Llegar a los pueblos con la pretensión de imponerles proyectos desde arriba o desde afuera, legitimándolos con una consulta, sigue siendo lo mismo: en el fondo sigue existiendo la misma relación.

“Por eso desde hace meses en el Congreso Nacional Indígena se viene discutiendo lo que se conoce como el derecho a la consulta. Y decimos que aún así la consulta indígena se lleve de acuerdo con las estipulaciones que marcan los convenios internacionales, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, siguen siendo imposiciones, siguen formando parte de una estructura jurídica, internacional y nacional, colonial.

—Tenemos decisiones ya tomadas por el gobierno federal para hacer varios megraproyectos. Y por otro lado tenemos la decisión de varias comunidades para no permitir lo que consideran un despojo, una usurpación y una guerra. En este choque de trenes, ¿esperan desafortunadamente un baño de sangre? ¿Hay que preparase para algo?

—No. Nosotros lo hemos dicho sistemáticamente. No hemos optado por la vía de la guerra. La vía de la guerra sí significaría un baño de sangre. Desde arriba sí hay una guerra. Pero los pueblos originarios, y lo han acreditado de múltiples formas, procuran evitar la vía de la violencia, la vía de la guerra. Pienso yo, los pueblos originarios van a insistir en esa resistencia pacífica, civil organizada.

—¿Pero sí ya hay violencia de arriba hacia abajo?

—Esa sí es permanente. La violencia de arriba hacia abajo ha sido permanente. No tiene que ver con un gobierno que se llame de izquierda, con uno que se llame de derecha, con una primera, segunda, tercera o cuarta transformación. Todas las transformaciones que ha habido en este país han implicado la violencia hacia los pueblos originarios y eso hasta el día de hoy no se ha detenido.

—Pero habrá una agudización de la violencia…

—En la medida en que se agudice el despojo, en que haya mayor presión sobre los territorios indígenas, en la medida en que la economía capitalista depende cada vez más de las guerras, de los cárteles delincuenciales, de los cárteles de las drogas, del tráfico de armas, pues evidentemente la violencia se recrudece no sólo contra los pueblos originarios, sino contra la humanidad entera y en todos los espacios de este planeta.

—Cuál es la aportación de la lucha indígena a la lucha anticapitalista –se le cuestiona.

Carlos González no es condescendiente. Hace una autocrítica a las propias comunidades y procura ofrecer un análisis honesto. Se aleja de la propaganda y del autoelogio.

“Los pueblos indígenas están inmersos en la economía capitalista, en el capitalismo. No hay que idealizarlos. Están inmersos en todo este mar de contradicciones propias del capitalismo. Sin embargo, en el horizonte, en la perspectiva histórica y en el sueño colectivo de los pueblos indígenas, todavía tiene un peso sustantivo la organización comunitaria, la organización colectiva de las comunidades y su relación de mucho respeto con la Madre Tierra, con la naturaleza. Creo que esos dos elementos son fundamentales y juegan en contra del capitalismo.”

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/05/la-lucha-indigena-de-hoy-puede-ser-la-ultima-carlos-gonzalez/

Mexico

Alcaldes de Chiconquiaco y Yecuatla demandan a AMLO derogue concesiones de EPN a minera Aurora que devastará 4 mil 845 hectáreas verdes y contaminará

Chiconquiaco, – Enrique Peña Nieto,  a punto de concluir su mandato concesionó más de 4 mil hectáreas a minera Aurora. Pobladores y autoridades locales piden se derogue por faltas a consulta y devastación ambiental severa.

El Servicio Geológico Mexicano (SGM) reporta que las asignaciones a mineras nacionales son Aurora (Yecuatla y Chiconquiaco).

Así como Aurora I (Chiconquiaco y Yecuatla) y Aurora I, fracción B (Yecuatla, Chiconquiaco y Juchique de Ferrer).

La mina Aurora, en el municipio de Yecuatla, devastaría 4 mil 845 hectáreas.

En medios locales se desatacó que de acuerdo con el subprocurador de Medio Ambiente, Ernesto Cuevas Hernández, las concesiones de Enrique Peña Nieto violan el derecho a la consulta pública.

Añadió que además generarían un impacto ambiental severo.

El entonces mandatario federal otorgó las concesiones el pasado 27 de noviembre.

Por ello los alcaldes de Chiconquiaco, Nazario Perea, y de Yecuatla, Fidencio Romero solicitaron la intervención de la procuraduría del Medio Ambiente, para que les apoye en la solicitud de revocar la concesión.

A dicha solicitud también se sumaron , agentes municipales y subagentes municipales de las localidades afectadas por las concesiones mineras.

La Secretaría del Medio Ambiente hizo un recorrido en la zona.

Los funcionarios constataron la presencia de personal de las empresas mineras.

Los empleados mineros se encuentran haciendo mediciones de la superficie.

La concesión minera contempla tres predios:

Por un lado está Aurora, de 4 mil 110 hectáreas ubicadas en el municipio de Yecuatla.

Además, Aurora I Fracción A, de 200 hectáreas.

Y, finalmente la Aurora I Fracción B, 635 Hectáreas que son para extraer oro y plata.

Los predios abarcarán extensiones de la cabecera municipal del municipio de Yecuatla.

Así mismo las afectaciones incluyen la población Mundo Nuevo y la población Plan de la Estrella, lugares donde se ubican las 4 mil 845 hectáreas.

Actualmente ya operan en el estado de Veracruz lmaden Minerals LTD, con el proyecto El Cobre, en el municipio Las Minas; Goldgroup Mining Inc., con el proyecto Caballo Blanco, en Alto Lucero; Unión de Ejidos “Lic. Rafael Hernández Ochoa”, S de RL de CV, con el proyecto de caolín en el municipio de Huayacocotla, y Source Exploration Corp/Chesapeake Gold Corp., con el proyecto La Miqueta, en los municipios Las Minas y Tatatila.

El valor de la producción mineral estatal (durante el periodo enero-diciembre de 2015) ascendió a 13,441,826 millones de pesos.

Según datos oficiales proporcionados por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE) —en materia de títulos y superficies concesionadas—, en 2012 había 90 concesiones tituladas en el estado de Veracruz, las cuales incrementaron a 104 en 2013; en 2014 se mantiene en 104 títulos, y a pesar de que en 2015 disminuyó el número de títulos (103), se registró un incremento de la superficie trabajada en minería, que se mantiene hasta enero de 2016.

La superficie concesionada a mineras pasó de 226,242 hectáreas en 2012, a 243,924 hectáreas en 2016.

En Veracruz se localizan 14 regiones mineras: el Istmo, región caolinífera de Huayacocotla, región minera Orizaba, región Perote, distrito minero Las Minas, zona mineralizada Tatatila-Las Minas, zona Jáltipan, zona Sayula, zona Tatatila-Las Minas, área mineralizada El Bastonal, área mineralizada La Miqueta, área mineralizada Las Minas, área mineralizada Tatatila y el área prospectiva Caballo Blanco.

Hasta ahora, pese a la demanda de activistas y ambientalistas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido indiferente a la solicitud para que estos proyectos de devastación al agua, a la vegetación, al bosque, de contaminación a los mantos acuíferos y más, sean detenidos.

AMLO ha dicho que su gobierno ya no es neoliberal, pero las acciones de funcionarios de su gobierno, continúan siendo neoliberales medrar con el medio ambiente a cambio de jugosas sumas que les pagan por -fuera- los representantes de las minas,  aunque afecten a la población, parece ser lo único que les importa.

 

Fuente:https://plumaslibres.com.mx/2019/05/23/alcaldes-de-chiconquiaco-y-yecuatla-demandan-a-amlo-derogue-concesiones-de-epn-a-minera-aurora-que-devastara-4-mil-845-hectareas-verdes/?fbclid=IwAR2hXUbsZcuk9mPHfrWgB_8WcJ7EgXIFnrgQBAbQ_BOO2SPABrElOv27usQ

Mexico

De 79 concesiones en Veracruz , sólo 3 mineras tienen permiso la Sernamat

De 79 concesiones mineras vigentes en Veracruz, sólo tres proyectos cuentan con estudio de impacto ambiental autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que concesionarios mineros incumplirían con la procuración al cuidado del medio ambiente y protección ecológica, de conformidad con la legislación vigente.

En el reciente informe presentado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) se informó que, en el periodo 2008 a 2017, sólo tres proyectos del sector minero fueron aprobados en materia de impacto ambiental en Veracruz, dos de ellos bajo autorización condicionada.

Con datos proporcionados a través de solicitudes de información, la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía (SE) reveló que en Veracruz la empresa “Unión Minera del Sur S. A. de C. V”, con los proyectos “Unimisur Planta de Extracción de Azufre, utilizando el proceso frash” y “Ampliación Unimisur-Azufre”, ubicados en el municipio de Jáltipan, cuentan con autorizaciones condicionadas.

Mientras que la empresa “Roca Verde Exploración México S. A. de C. V”, con el proyecto “Prospección minera, cartografía geológica, toma de muestra de esquirla de roca y barrenación en el municipio Las Minas”, obtuvo la autorización por afirmativo ficta.

LA NORMATIVIDAD

El artículo 27 de la Ley Minera establece: “Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente”.

Mientras el artículo 39 subraya: “En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán procurar el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia”.

Al respecto el IGAVIM informó que al solicitarle a la Semarnat las resoluciones en materia de impacto ambiental de todos los proyectos del sector minero en México aprobados desde 2008 a 2017, el listado sólo incluyó 125 autorizaciones, en su mayoría condicionadas.

Con ello se evidencia que los concesionarios mineros “al día de hoy aún carecen de prácticas que promuevan realmente el cuidado del medio ambiente”, por lo que existen ejemplos de impactos ambientales acumulativos negativos que han afectado al ecosistema y las comunidades rurales”.

Para el IGAVIM si bien es cierto que la mayoría de las concesiones fueron entregadas en años anteriores, “es necesario que la Semarnat, la Profepa y la Secretaría de Economía aclaren cómo dan seguimiento a los impactos ambientales negativos que se presentan en este sector y de qué manera incluyen a las comunidades afectadas para su mejora, remediación y conservación”.

MUNICIPIOS BAJO CONCESIÓN MINERA

Desde el 17 de mayo de 1954 hasta el pasado 18 de octubre de 2018 se han otorgado 89 concesiones mineras en territorio veracruzano para operar en los municipios de Chinameca, Las Minas, Jáltipan, Ixhuatlán del Sureste, Catemaco, Ixtaczoquitlán, Sayula de Alemán, Perote, Actopan, Huayacocotla, Zacualpan, Soteapan, Alto Lucero, Apazapan, Papantla, Jalacingo, Espinal, Pánuco, Ignacio de la Llave y Uxpanapa.

Los últimos títulos de concesión minera se otorgaron a los proyectos presentados por la empresa Minera Cardel S. A. de C. V (en Alto Lucero), a Germán Solís Santamarina (en Huayacocotla) y a dos proyectos a nombre de Julio César Fernández Durán, para operar en el municipio de Uxpanapa.

En respuesta a la solicitud de información con folio 0001000071719, realizada por este medio, la Dirección General de Minas a través de la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras de la SE manifestó que en el periodo comprendido entre 2016 al 15 de marzo de 2019 sólo se otorgó una concesión en favor de Minera Cardel S. A de C. V., subsidiaria de la empresa canadiense Goldgroup Mining, ubicada en el municipio de Alto Lucero.

Bajo el título de concesión 246134, otorgado el 28 de febrero de 2018, la empresa Minera Cardel S. A. de C. V. tiene permiso para realizar trabajos de exploración y explotación de oro, plata y plomo, en una superficie de 5,400.000 hectáreas, hasta el 2068.

Según datos oficiales de la SE, en la región de Actopan hay 13 concesiones mineras, con permisos que vencerán entre 2052 y 2060, en favor de las empresas Minera Gavilán S. A. de C. V., filial de Almaden Minerals; Minera Cardel S. A. de C.V., y Candymin S. A. de C. V.

En el municipio de Las Minas existen 12 concesiones mineras, con vigencias hasta 2062, principalmente para las empresas Minerales El Prado S. A de C. V., y RocaVerde Exploración de México S. A. de C. V.

Mientras que en el municipio de Alto Lucero se registran nueve concesiones mineras con vigencias que oscilan entre 2052 hasta 2062, en favor, principalmente, de Minera Cardel S. A. de C. V., Minera Gavilán S. A de C. V. y Ríos Mining S.A de C. V.

La superficie concesionada a mineras en la entidad veracruzana es de 201,382.82 hectáreas, con lo que se coloca en el lugar 19 nacional; en el puesto número 21, con cuatro concesiones mineras con vigencia a 2068; y en el lugar número 15 de las entidades con autorizaciones en materia de impacto ambiental. Actualmente, en Veracruz hay 79 concesiones mineras vigentes.

 

Fuente:https://www.diariodexalapa.com.mx/local/de-79-concesiones-en-veracruz-solo-3-mineras-tienen-permiso-de-la-semarnat-3660636.html?fbclid=IwAR0Vs0cmdbf0Yh5r0TYGaxlLzlGQmZC9Da-iYKTMRqH2kErTmTWPexektOQ

Mexico

Habitantes de Solosuchiapa toman minera de Carlos Slim

Habitantes de diferentes colonias del municipio de Solosuchiapa tomaron las instalaciones de la mina “Santa Fe”, propiedad de Carlos Slim, ante la inconformidad del nulo avance por parte del Gobierno del Estado por detener la operación de dicha empresa, debido a que representa una amenaza para la madre tierra.

Marcelo Pérez Pérez, padre de la Parroquia de Simojovel quien ha acompañado las movilizaciones de los habitantes, mencionó que la toma del inmueble se hace para recuperar las tierras de las que se había adueñado Slim, después de haber hecho una reflexión profunda sobre las consecuencias de la actividad minera, por el uso del cianuro, por tanto, decidieron no continuar dándole permiso a que se trabaja en su tierra.

El pasado 25 de febrero, Miles de indígenas feligreses católicos y miembros de organizaciones sociales campesinas marcharon para manifestar así su rechazo a la minería extractiva y exigieron la salida de las empresas que ya operan en el municipio.

Ante esto, Pérez Pérez detalló del poco avance que se ha tenido, por lo que, habitantes tomaron la decisión de posicionarse en esas tierras, sin embargo, le preocupó la reacción que tenga la empresa y el gobierno, por tanto, llamó a resolver este conflicto de forma pacífica.

“No vieron resultados, decidieron entrar de manera pacífica, han entrado sin el consentimiento de la empresa ni el gobierno (…) Los habitantes han despertado su consciencia sobre la actividad minera” dijo.

El padre añadió que las instalaciones siguen tomadas por los habitantes de Solosuchiapa, pero no sabe lo que sucederá en las próximas horas, por tanto, de parte de la Iglesia y la Pastoral Social estarán atentos a que no se lleve ningún desalojo, por lo que, invitó a los pobladores y al gobierno estatal buscar el diálogo.

Finalmente, invitó a otros pueblos que afronten las mismas problemáticas de minera a hacer consciencia del daño que provoca la actividad minera a la tierra, lo que ha agravado el calentamiento global.

Exigencia

Desde hace años, acompañados del  Comité “En Defensa de la Madre Tierra”, el pueblo zoque y tsotsil de Solosuchiapa han denunciado que “la extracción minera creará un ambiente insalubre que pone en riesgo la salud de los pueblos, ya que el lavado de los minerales extraídos provocan sustancias tóxicas que dañan el agua, aire, la flora y fauna, desencadenando enfermedades severas, degenerativas e irreversibles y de difícil curación, como cáncer, enfermedades de la piel, entre otras; dañando la calidad de vida de generaciones presentes y futuras”.

Respaldados por el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, del Movimiento Zoque en Defensa de la Tierra y del Territorio (Modevite), señalaron que los bosques de la región norte del estado de Chiapas son un pulmón no sólo para la entidad sino para el mundo, además de ser un generador de diversos productos agrícolas y animales comestibles para la nación.

Por tanto, denunciaron que la minería extractiva truncará la posibilidad de desarrollo social, cultural, espiritual y de otras formas alternativas de vida; pues esta minería sólo genera riquezas para sus propietarios.

“Nuestras tierras y el agua de nuestros ríos (La Sierra, Rio Negro y Moquimba) serán afectadas en gran dimensión, poco a poco se infertilizarán, la vegetación y los peces morirán, perderá su belleza visual, que es un atractivo local, y no tendremos la posibilidad de generar proyectos de desarrollo sustentables”, dijeron en un pronunciamiento.

“No queremos que se afecte ni a los pueblos ni a la naturaleza de estas tierras, que son el hogar en el que nos ha tocado habitar. Sabemos que la explotación de la mina traerá más perjuicios que beneficios, y no queremos ser ricos hoy, si es que en algo nos beneficiara, y dejar empobrecidos, enfermos y sin casa a nuestros hijos y generaciones futuras”, expusieron.

Ante esto, han exigido el cierre total de la Mina “Santa Fe”, que opera en la localidad de Beneficio, del municipio de Solosuchiapa y que las tierras sean regresadas a sus legítimos dueños y  el respeto a sus formas propias de vida, que están ligadas al trabajo en sus múltiples manifestaciones que no dañan a la Madre Tierra.

Fuente: https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/05/habitantes-de-solosuchiapa-toman-minera-de-carlos-slim/

Mexico

Profepa confirma derrame de jales mineros en arroyo de Zacatecas

Zacatecas, Zac. Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron a la mina San Martín, operada por Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, en el municipio zacatecano de Sombrerete, y confirmaron el derrame de al menos 20 mil litros “de agua con sedimentos de una tubería que condujo jales mineros”, ocurrido el pasado miércoles 8 de mayo.

María del Rocío Salinas Godoy, delegada de la dependencia federal desde el año 2017, no quiso ofrecer una entrevista directa a este diario en sus oficinas sobre el tema, y se limitó a proporcionar información por escrito, a través de su secretaria, quien advirtió en tono de regaño a éste reportero que “no fue un derrame de jales, como se ha publicado”.

La versión de la Profepa delegación Zacatecas contradice lo que denunció José Núñez Vázquez, Secretario General de la sección 201 del Sindicato Minero, quien aseguró que en la mina propiedad de Germán Larrea (que opera ilegalmente desde agosto de 2018 con un grupo de 700 esquiroles que rompieron una huelga formal), ocurrió un derrame de jales que contienen metales pesados y químicos tóxicos.

Incluso señaló José Núñez Vázquez, durante dos días Grupo México tuvo a una cuadrilla de trabajadores realizando labores de “limpieza” en el cauce del arroyo contaminado, levantando con palas y vehículos los lodos de los jales, en un intento por minimizar los daños provocados al ecosistema con el derrame.

Pero este lunes la delegada Salinas Godoy –quien en junio de 2018, unos días antes de la elección presidencial, fue acusada por un grupo de burócratas en periódicos de Zacatecas, junto con otros delegados federales, de coaccionar el voto a favor del PRI-, elaboró un comunicado donde minimizó el derrame de la mina operada por Grupo México.

Según lo informado por Salinas Godoy, a la mina San Martín, el pasado sábado (tres días después del derrame), asistieron inspectores de Profepa, “quienes recorrieron el sitio y asentaron en el acta que el derrame (agua con sedimentos de la tubería que condujo jales mineros) recorrió 750 metros aproximadamente por el cauce del arroyo El Salado”.

De los cuales, 550 metros del derrame fueron “dentro de la propiedad de la unidad minera”, y 200 metros “fuera de los límites de la propiedad sobre el mismo cauce. El arroyo se encontraba seco”.

Por lo anterior informó, se inició un procedimiento administrativo el 11 de mayo “donde se dictarán medidas de urgente aplicación con base en la NOM-147-SEMARNATISSA1-2004”.

Asimismo se informó que la propia empresa, Industrial Minera México, S.A. de C.V., Unidad San Martin, “dedicada al beneficio de minerales metálicos de plomo y zinc” (también se extrae plata y oro), fue la que notificó el miércoles 8 de mayo a las autoridades sobre el derrame, el cual se produjo cuando se realizaban “actividades de mantenimiento y rehabilitación de sus bombas”.

“Durante las pruebas de funcionamiento de éstas, se presentó una falla en la válvula de uno de los equipos de arranque para el relleno hidráulico, lo que generó un vertimiento de 20 mil litros de agua con sedimentos sobre suelo natural”.

Una vez ocurrido esto, “la empresa notificó del derrame al Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (Coatea), quien a su vez informó a la delegación federal de Profepa, por lo que se realizó la visita a la zona para atender la emergencia ambiental el 11 de mayo junto”.

Se confirmó además, como lo había denunciado a este diario José Núñez Velázquez, secretario general de la sección 201 del Sindicato Minero, que “los rastros del derrame se observaron hasta la intersección donde la comunidad de San Martín descarga aguas negras”, es decir en los límites del caserío del lugar.

“La empresa realizó limpieza, pero en el recorrido los inspectores observaron rastros de los sedimentos en algunas partes del cauce. No se observaron áreas afectadas de cultivo”.

Sin embargo, admite la delegada de la Profepa, el mismo sábado pasado se inició el procedimiento administrativo consistente en un reporte técnico de la visita, “para el emplazamiento donde se dictarán medidas de aplicación urgente como la limpieza total del derrame y la caracterización del suelo con base en la NOM-147-SEMARN/SSA1-2004, para determinar las concentraciones de remediación de suelos por metales pesados”.

Finalmente, María del Rocío Salinas Godoy proporcionó como delegada de Profepa, información relativa a los permisos de operación que tiene Germán Larrea Mota Velasco para operar la mina San Martín, desde 1985, mediante la “licencia de Funcionamiento LF-32-53”.

Y sobre los trabajos que se realizan desde el año pasado al interior de la mina San Martín –ilegales según lo ha denunciado el Sindicato Minero, pues se rompió con esquiroles una huelga formal-, la delegada de Profepa justificó las operaciones de Grupo México:

“Actualmente se realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación contempladas en el oficio de exención de la Manifestación de impacto Ambiental contenido en el oficio No. DFZ152-200/18/1913 de fecha 9 de noviembre de 2018”.

Es decir que antes de la transición presidencial, el gobierno de Enrique Peña Nieto autorizó a Germán Larrea Mota Velasco realizar actividades en la mina donde el 21 de agosto de 2018, con el apoyo de policías antimotines y militares, el magnate rompió la huelga del Sindicato Minero e introdujo a 700 esquiroles para explotar ese yacimiento polimetálico.

Mexico

Convocan al 3er Encuentro “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”

Comunidades y organizaciones de Oaxaca convocan a participar en el III Encuentro Estatal “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería” que se realizará los días 18 y 19 de mayo en las comunidades zapotecas de Santa Catarina Lachatao y Capulálpam de Méndez, en la Sierra Juárez de Oaxaca. Las actividades se realizarán de la siguiente manera: Viernes 17 de mayo: Llegada de participantes a Santa Catarina Lachatao a partir de las 5 de la tarde. Sábado 18 de mayo: Foro de análisis en Santa Catarina Lachatao. Domingo 19 de mayo: ritual en el Cerro del Jaguar, en Lachatao y Festival de Tierra Caliente en el Paraje Agua Blanca, Capulálpam de Méndez. Cabe señalar que en Oaxaca existen 322 concesiones mineras, la mayoría de las cuales se encuentran en tierras de comunidades indígenas, mismas que fueron otorgadas violando los derechos de los pueblos indígenas reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Cabe recordar que en marzo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no se revocarán las concesiones mineras existentes, sin embargo, ya no se otorgarán más. Para participar en el encuentro estatal, es necesario confirmar la asistencia.

Fuente: https://educaoaxaca.org/la-minuta/2893?fbclid=IwAR2-sTuit7PxQqZTwdY3TuEP0KFT9AekxjAkK03COsLVEQSr6AMllZ9nS-E

Mexico

Callan autoridades ambientales sobre derrame tóxico de Grupo México en Sombrerete

La mina propiedad de Germán Larrea afectó el arroyo de la comunidad San Martín.

La Profepa no ha emitido algún boletín ni ha respondido a las solicitudes de entrevista de La Jornada Zacatecas.

Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros explica que entre las sustancias que fueron vertidas a este cuerpo de agua estaban cianuro, sulfato de zinc y cobre.

Desde que los pobladores de la comunidad San Martín, en el municipio de Sombrerete, denunciaron públicamente la semana pasada un derrame de jales de la mina de Grupo México que opera en esta localidad, las autoridades federales en materia ambiental no han emitido una postura ante esta situación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha enviado algún comunicado oficial ni tampoco ha respondido a las solicitudes de entrevista que se han hecho desde La Jornada Zacatecas, para conocer cuál es el proceso que se seguirá para revisar la gravedad de la contaminación generada en el arroyo que atraviesa San Martín y las sanciones que, en su caso, recibiría la empresa responsable del derrame.

Fue a través de redes sociales como los vecinos de la comunidad hicieron público el derrame de jales de la mina en un arroyo que pasa por medio de la comunidad, es decir, que se encuentra rodeado de sus viviendas.

En ese momento, el líder sindical de la Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros, José Núñez Velázquez, informó que entre las sustancias que fueron vertidas a este cuerpo de agua estaban cianuro y sulfato de zinc y cobre, las cuales calificó como “contaminantes muy peligrosos”.

Asimismo, sostuvo que “ya es tiempo de que alguien pare a esta empresa porque de alguna manera es una empresa irresponsable, que sigue contaminando los arroyos y ríos y que perjudica a la comunidad y a las familias que están en riesgo”.

Sobre este caso también habló el líder nacional de este sindicato y actual senador Napoleón Gómez Urrutia, quien expuso en su cuenta de Twitter: “URGENTE: Nuevamente se presenta un derrame en mina de Grupo México en Zacatecas. El río contaminado afecta a la comunidad agrícola y ganadera de San Martín Sombrerete. Atención @Profepa, las autoridades de la región otra vez ocultan información y puede causar daños irreparables”.

También Grupo México publicó un comunicado en el que confirmaba el derrame y lo atribuyó a la falla de una válvula que se encontraba en mantenimiento, derivado de problemas que surgieron tras la puesta en marcha de la unidad minera después de más de una década sin funcionar a consecuencia de la huelga que se mantenía en el lugar.

En el boletín señalan que “después de este periodo hemos iniciado los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del equipo. En una prueba de arranque de éste, el 8 de mayo a las 20:00 horas, se presentó una falla en una válvula de las tuberías. Como consecuencia, durante diez minutos, se vertieron aproximadamente 20,000 litros de agua de prueba con sedimentos acumulados, mismos que no son peligrosos. El líquido recorrió 200 metros fuera de la propiedad por un arroyo contiguo (sic)”.

Nuevamente, en letras destacadas en el comunicado publicado, reiteran que “la solución vertida está compuesta por agua con sedimentos y por lo tanto no es peligroso”.

Antes de finalizar el texto, la empresa señala que están trabajando con las autoridades competentes en la materia, además de que sostienen que “reiteramos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las medidas de seguridad y control ambiental” y que “seguiremos manteniendo un diálogo cercano con la comunidad para atender cualquier inquietud”.

Fuente: http://ljz.mx/2019/05/14/callan-autoridades-ambientales-sobre-derrame-toxico-de-grupo-mexico-en-sombrerete/?platform=hootsuite

Mexico

Marchan mil 500 personas en contra de la Mina Peñasquito de Goldcorp-Newmont

■ Participaron transportistas, ejidatarios y habitantes de la comunidad Cedros

■ Denuncian el incumplimiento de diversos convenios que ha celebrado la empresa con ejidatarios 2008 y 2009

■ También se quejan de la contaminación y escasez de agua provocados por la minería

Unas mil 500 personas participaron ayer en la denominada Marcha por la Dignidad y la Vida, dijeron, para desmentir lo expuesto por la Mina Peñasquito de Goldcorp-Newmont y el diputado local morenista a la 63 Legislatura, Omar Carrera Pérez, respecto a que los inconformes con la problemática que se ha generado entre la empresa extractiva y comunidades del Valle de Mazapil, involucra sólo a 35 personas, entre ejidatarios y transportistas, y según el mayor consorcio extractor de oro en el mundo, son sus extorsionadores.

La movilización fue organizada por el Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM) y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).

Involucró según el parte oficial, 40 autobuses materialistas de la Unión de Transportistas de Mazapil CAVA, S.A. de C.V., 15 autobuses de pasajeros, 2 sprinter y 25 vehículos particulares, en los que se trasladaron transportistas, ejidatarios y habitantes de Cedros, comunidad donde se asienta la Mina Peñasquito, e integrantes del FPLZ procedentes de entre otros, los municipios de Vetagrande y Pánfilo Natera, y algunas pocas, empleadas y madres de familia de los centros de desarrollo infantil del FPLZ.

Durante el recorrido por las calles del Centro Histórico las consignas demandaban entre otros reclamos, “¡si no cumplen que se vayan!”, en relación a diversos convenios que ha celebrado Mina Peñasquito con los ejidatarios de Cedros en 2008 y 2009, de los que los han entregado copias a la prensa.

Los convenios
En uno de ellos se señala que la empresa se obliga a “capacitar y contratar a personas originarias del Ejido de Cedros” que manifiesten este deseo, de acuerdo a su nivel de escolaridad y capacitación, y que se constituya una empresa de transporte o “adquieran en lo particular góndolas”, comprometiéndose la minera “a celebrar contratos de acarreos” de manera preferente en su caso.

En un cuarto punto del convenio celebrado el 10 de junio de 2008 y signado en representación de Mina Peñasquito por Bill Humphrey y Armando Escárcega, se consigna algo señalado como parte fundamental de las razones de su movilización, que la empresa se comprometió “a no afectar el manantial del Ejido de Cedros y en caso de hacerlo rehabilitarlo, siempre y cuando no se trate de causa naturales”.

Un trago de agua
Ayer al arribo del contingente a la sede de la Legislatura del estado, al momento de entregarle su pliego petitorio al diputado morenista, Omar Carrera Pérez, a quien han acusado de dar voz en esa tribuna a textos preparados por Doris Vega, encargada de comunicación social de Mina Peñasquito, lo invitaron a visitar la comunidad de Cedros para que verifique que efectivamente que el manantial referido se ha agotado.

El comisario ejidal lo instó asimismo, a beber de una botella que le entregó en el momento, agua de la que ellos consumen; el gesto del legislador fue darle un único trago viendo a los ojos a Rigoberto López Martínez, para luego cerrar el recipiente.

El diálogo entre ambos fue difícil de distinguir entre los gritos que desde atrás señalaban a Carrera Pérez de “vendido” y “priista”.
El legislador les informó que en la sesión de ayer leería el documento que le fue entregado y un punto de acuerdo propuesto por él sobre el que les pidió poner atención pues, “son sus exigencias también”.

“Omar te invitamos a que antes de declarar una cosa, conozcas a fondo los problemas que tenemos en Mazapil, porque yo sin temor a equivocarme te digo que no has puesto un pie en Mazapil, ni ningún legislador de ustedes. Yo te pido que antes de que declares una cosa constates las cosas como son, no como te viene a decir la minera”, le dijo en ese momento Ascención Carrillo, presidente de la Unión de Transportistas de Mazapil CAVA, S.A. de C.V.

Solicitud de apoyo 
a diputados locales
Los manifestantes encabezados también por Felipe Pinedo Hernández, líder del FPLZ solicitaron hablar con los integrantes de todas las fracciones partidistas integradas a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) de la Legislatura.

El texto fue leído públicamente al arribo del contingente a la sede del Poder Legislativo del estado, antes de su entrega a los diputados; expone que desde el pasado 27 de marzo la Asamblea General del Ejidatarios de Cedros determinó bloquear los accesos principales de Mina Peñasquito “porque no atiende a sus compromisos pactados con nuestra comunidad y con la Unión de Transportistas y Trabajadores de Mazapil”.

Agrega que “desde hace siete años no contamos con agua por al agotamiento de nuestro manantial” debido a la actividad minera, y solicita que se verifiquen en aquel lugar “los alarmantes niveles de contaminación y estragos en el agua, en el territorio, en el medio ambiente y en la salud”.

Con ese sustento quieren que los diputados locales les apoyen ante la Federación “para que se tomen cartas en el asunto”.

Proponen a su manifestación como “un llamado a la legalidad y respeto a los derechos humanos y normas ambientales que se estipulan en nuestra Carta Magna, y que al día de hoy de manera sistemática son violentados por esta empresa trasnacional”.

El documento concluye con un mensaje en el que conminan a que “asuman los intereses de Zacatecas y especialmente de quienes padecemos de manera directa estos métodos extractivistas de Minera Peñasquito”.

El texto fue dirigido en copia asimismo, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el gobernador Alejandro Tello Cristerna; y los senadores José Narro Céspedes, Napoleón Gómez Urrutia y Geovanna Bañueños.

Mesa de negociación en 
Segob y Godezac como garante
Felipe Pinedo informó que se espera para hoy la instalación de una mesa de diálogo con la presencia del subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, y a la que se sienten entre otros por parte de Mina Peñasquito, Michael Harvey, director de asuntos institucionales de Newmont-Goldcorp, así como una comisión negociadora integrada por el comisariado ejidal de Cedros, Rigoberto López Martínez, y él mismo.

Las demandas principales, reiteró, es que se restablezca el agua “que no existe ni en el pozo de agua potable de la comunidad ni en el manantial”, se indemnice a la gente por el agotamiento de los mantos friáticos, y se regrese el empleo a los 200 trabajadores de la Unión de Transportistas de Mazapil.

Dijo que “nunca han roto” el diálogo con Gobierno del Estado, pero ayer declinó la invitación a una mesa para ello convocada por Jehú Eduí Salas Dávila, secretario general de Gobierno, señalando que luego de haber sido ignorados por las autoridades estatales en su demanda de la solución de este conflicto por meses, decidieron buscar las instancias federales, donde Olga Sánchez Cordero ya instaló una mesa de negociación, por lo que acudir con Gobierno del estado sería “un retroceso”.

No obstante agregó que Salas Dávila es bienvenido a esa mesa en caso de que quiera constituirse como garante de lo que allí se acuerde.

También con la Federación se están revisando dijo las actuaciones en este asunto de Profepa y Semarnat, “porque entendemos que en anterior gobierno la corrupción permeaba y otorgaba reconocimientos que no existen en favor de estas empresas ecocidas”.

Dijo que están pidiendo que se les verifique de nueva cuenta ahora por el gobierno de la 4T, y solicitó que se norme a la empresa extractiva mediante auditorías ambientales y administrativas.

Mencionó al respecto que tienen en su poder para estudios ambientales tanto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como del Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey, que han puesto sobre la mesa de negociación que se ha abierto por la Segob en la Ciudad de México, “demostrando que sí tenemos la razón”.

Sobre el señalamiento de que el cerco a Peñasquito afecta 20 mil empleos, según el dicho de la empresa, Felipe Pinedo dijo que en ella trabajan 6 mil 300 personas, 450 de las cuales proceden de los cuatro municipios de la región, y únicamente 140 del Ejido de Cedros.

En la marcha de ayer hubo un conato de bronca al momento en que el reportero Andrés Vera, de Periómetro, se acercó a la vanguardia del contingente. En esa zona ya se manifestaba mediante pancartas el rechazo con el manejo informativo del periodista sobre este conflicto. El comunicador señaló el hecho como un acto de represión.

Sobre la ausencia ayer de José Narro, líder histórico del FPLZ, en la manifestación, se informó, que se encuentra en Washington en una comisión referida al T-MEC.

Fuente: http://ljz.mx/2019/05/08/marchan-mil-500-personas-en-contra-de-la-mina-penasquito-de-goldcorp-newmont/?platform=hootsuite

Internacional, Mexico

México y Canadá continúan colaboración para imponer más proyectos mineros

De acuerdo con el reporte “Survey of Mining Companies 2018” del canadiense Instituto Fraser, México ya pasó del lugar 44 al 29 en el índice de atracción de inversión para el sector minero.

Y para Canadá, Mexico parece ser particularmente atractivo: de enero a septiembre de 2018, las mineras canadienses invirtieron en México aproximadamente 914 millones de dólares según el padrón de inversión extranjera.

Para el tercer trimestre del 2018, el sector minero contaba con 176 compañías canadienses, además de 45 empresas de Estados Unidos, 13 con capital chino y 10 con capital australiano, según el prontuario de la Industria Minero Metalúrgico de la Secretaría de Economía (SE).

“Estamos dentro de los cuatro inversionistas más importantes de México. Sin embargo hay que formalizar más la arquitectura y vamos a ver cómo vamos a traer más inversionistas a México y viceversa”, declaró Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México, quien fue uno de los invitados especiales a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018.

Mexico Mining Day”

En los primeros meses del 2019, los países siguieron trabajando de la mano para fomentar más inversiones mineras en México. Del 3 al 6 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Toronto un evento de promoción minera llamado “Prospectors & Developers Association of Canada” (PDAC, por sus siglas en inglés). El foro reunió a compañías mineras, empresas proveedoras de servicios, desarrolladores, geo-científicos, consultores, ejecutivos, autoridades, directivos de instituciones financieras y legales de la industria minera, provenientes de más de 130 países.

En el marco de este evento, el gobierno mexicano organizó el Mexico Mining Day, en el que participó la Secretaría de Economía (SE) con una delegación encabezada por el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga. Lo acompañaron la directora general de Minas, Laura Díaz; la directora general de Desarrollo Minero, Yvonne Stinson; el director general del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), Alfredo Tijerina, y la directora general del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp.

Con su participación, la SE se dio a la tarea de fortalecer la promoción de nuevos proyectos mineros en el país y captar inversores en exploración minera en Latinoamérica y a nivel mundial.

“Las reuniones con los inversionistas son necesarias para reforzar la confianza en el país, tanto del capital nacional como extranjero, porque la inversión pública no alcanzaría para crecer como lo necesita el país”, dijo Quiroga.

México también aprovechó el evento internacional para presentar una nueva herramienta digital llamada GeoInfoMex y desarrollada por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), con el propósito dar a conocer el potencial minero del país a inversionistas y así incentivar las inversiones.

Consulten la plataforma aquí: https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/

La plataforma proporciona información muy detallada que incluye datos sobre yacimientos de minerales, estudios metalúrgicos, geología, presencia de proyectos y empresas mineras pero también sobre la situación hidrológica y sísmica, la existencia de áreas naturales protegidas o la repartición de núcleos agrarios, vegetación o usos de suelo a lo largo y ancho del país.

Minería ¿“más allá de la simple sustentabilidad”?

El discurso que han adoptado las autoridades mexicanas y canadienses es el de la “sustentabilidad”. De hecho, el lema del año para el PDAC era “Mining beyond simple sustainability”, o en español: “Minería más allá de la simple sustentabilidad”.

El subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, invitó a los inversionistas a hacer una minería que contribuya al estado de derecho y al desarrollo social. Así mismo, hizo un llamado a evitar el daño, mediante la aceptación de las consultas públicas, la protección ambiental y el respeto a los derechos humanos.

“La vida humana, los desastres naturales, y el gobierno como un regulador imparcial, no son negociables”, señaló el funcionario.

Sin embargo, la realidad permite dudar de esas afirmaciones.

El Senado desecha la propuesta de modificación de la Ley Minera

A finales de marzo, tan sólo unas semanas después del evento de Toronto, el Senado mexicano desechó una iniciativa de modificación a la Ley Minera que pretendía otorgarle a la SE el poder de cancelar concesiones mineras y declarar zonas “inviables de explotación” o “en conflicto por impacto social negativo”.

“En materia presupuestaria se encontró que la iniciativa es incompleta, ya que no se define el costo fiscal que implican tanto las nuevas funciones asignadas a la Secretaría de Economía y al Servicio Geológico Mexicano, así como las posibles cancelaciones mineras por el impacto de las medidas añadidas”, señala el desechamiento de la iniciativa.

“No se establece un procedimiento preciso para la determinación de ‘Zona Inviable de Explotación o en Conflicto por Impacto Social Negativo’; de igual manera, no se especifica si aplica para las existentes o las nuevas concesiones que se asignen a partir de la promulgación de esta Ley. Siendo el caso para todas, incluyendo las existentes, estaríamos ante una violación de derechos constitucionales”, advierte el argumento contra la propuesta de ley.

La iniciativa quedó desechada y archivada como total y definitivamente concluida.

Las mineras canadienses involucradas en muchos casos de violaciones de los Derechos Humanos

Por otro lado, las empresas mineras canadienses representan el 40 por ciento de las grandes operaciones mineras en América Latina, y durante mucho tiempo han habido acusaciones de abuso en sus operaciones en el terreno.

Los conflictos han crecido a medida que la exploración se ha intensificado, dice Shin Imai, profesor de derecho en la Universidad de York y director del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa. Entre 2000 y 2015, hubo presuntos casos de violencia y actos delictivos que involucran a 28 empresas mineras canadienses en América Latina , incluidas 44 muertes y 403 lesiones, según los registros del grupo del profesor Imai.

Joe Fiorante es el abogado de los demandantes en dos juicios que acusan a mineras canadienses de actos de violencia en contra de la población en Guatemala. Él expresa: “Existe la percepción de que las empresas canadienses son más responsables social y ambientalmente porque son canadienses, pero podemos ver que están involucradas en algunas denuncias muy graves de abusos contra los derechos humanos”.

En una columna editorial del New York Times el comentarista mexicano Jaime Porras Ferreyra asegura: “Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social”.

Finalmente, para Cesar Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), “la minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo, y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían”.

Fuente: https://avispa.org/mexico-y-canada-continuan-colaboracion-para-imponer-mas-proyectos-mineros/?fbclid=IwAR0WjmrlYt-jM0iMo7GING18siXSWaLLaNVlDfFSvfxA92C97z-ty5d4NrE

Mexico

Con coronas fúnebres y delitos fabricados: así amenazan a las activistas opositoras a una presa en Zacatecas

Cuando, una mañana, Grecia Rodríguez abrió la puerta de su casa y vio que alguien le dejó una corona fúnebre repleta de claveles blancos, y una dedicatoria deseándole que descansara en paz, supo que su actividad como defensora del agua y del territorio de las comunidades ejidales de Zacatecas acababa de cambiar para siempre su vida personal.

Previo a esa mañana, recibir insultos ya era algo ‘cotidiano’, entre comillas, en su actividad diaria.

“Argüendera”, “revoltosa”, “alborotadora”, eran parte de los improperios a los que tuvo que acostumbrarse a vivir desde que, en 2013, comenzó a implicarse de lleno como activista.

Sin embargo, cuenta Grecia, la intensidad de los ataques arreció aún más cuando, ya como integrante del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, que forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), inició desde 2018, junto a otras mujeres y hombres de los ejidos El Potrero, Atotonilco, Estancia de Guadalupe, y Corrales, en el municipio Jiménez del Teúl, una férrea oposición a la construcción de la Presa de Milpillas.

Un proyecto que, por un lado, el gobierno estatal lleva desde 2014 prometiendo que, además de abastecer de agua el corredor urbano del centro del estado, donde se ubican ciudades clave como Zacatecas y Fresnillo, traerá también progreso, empleos y desarrollo, para las comunidades agrarias por las que atravesará un acueducto de más de 167 kilómetros.

Mientras que, por otro lado, tanto Grecia, como el Observatorio de Conflictos Mineros, la REMA, así como cientos de ejidatarios, denuncian que la construcción de la Presa de Milpillas es un “mega proyecto de muerte impuesto por la fuerza pública”, el cual tendría varios efectos negativos.

Uno, que provocaría “un daño irreparable” al río que abastece de agua a la comunidad para cosechar maíz, frijol, y chícharo. Dos, que pondría en riesgo de inundación y desplazamiento a los habitantes de Atotonilco y a todas las comunidades río abajo, incluida la cabecera municipal Jiménez del Teúl. Y tres, que a pesar de lo anterior, este proyecto solo beneficiaría a empresas mineras y a una multinacional cervecera que necesita más agua para continuar vendiendo sus productos.

“Múltiples académicos ya han ofrecido soluciones para el problema del abasto de agua en la zona, pero, desde 2014 hasta la fecha, el gobierno estatal no ha hecho caso de ninguna. Por eso, más bien nos parece que este proyecto, en realidad, es un negocio, y no una solución al problema del agua”, dice Grecia Rodríguez, en entrevista con Animal Político.

Sin embargo, recalca Grecia, denunciar esto en México, implica asumir un riesgo muy alto de, o bien ser objeto de campañas de desprestigio, o bien llevar permanentemente una diana marcada en la espalda.

“Estamos muy preocupados por la seguridad de los ejidatarios y de las ejidatarias opositoras al proyecto, y de los activistas defensores del agua, ya que en México nos están matando solo por decir que no estamos de acuerdo con un proyecto”, señala Grecia.

Y las cifras así lo corroboran.

Apenas el pasado mes de marzo, Amnistía Internacional alertó que, en apenas cuatro meses del nuevo gobierno de López Obrador, 15 defensores ambientales han sido asesinados en México, más de la mitad de los registrados en todo 2018, cuando contabilizó 21 defensores asesinados y 49 ataques en su contra.

De hecho, Rodrigo da Costa, integrante de Amnistía Internacional, dijo al diario La Jornada que México ocupa el segundo lugar de los países de América Latina donde se presentan más agresiones contra defensores de la tierra, solo superado por Colombia.

Las enemigas públicas

Tras recibir la corona fúnebre, Grecia fue incluida en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, aunque las agresiones, a través de múltiples formas, no se detuvieron.

Por ejemplo, el pasado 14 de octubre, Grecia narra que en la comunidad El Potrero asistió como invitada a una asamblea entre ejidatarios acerca del proyecto de la presa de Milpillas, cuando un grupo de policías estatales, a bordo de 20 camionetas, llegó, cercó el salón ejidal, y se la quiso llevar presa bajo la acusación de “falsas declaraciones” y “falsa identidad”.

“Les dije: no me pueden llevar porque estamos en un espacio público y no en un MP, por lo que no estoy rindiendo ninguna declaración. Y tampoco tengo que probarte mi identidad”.

Aún así, en un video publicado el 15 de octubre en el perfil de Facebook del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, puede apreciarse que un nutrido grupo de agentes policiacos trató de detenerla, entre jalones y manotazos para que no grabara la escena.

“El gobierno de Zacatecas nos ha convertido en las enemigas públicas número uno, diciendo que es por nuestra culpa que miles de zacatecanos no tienen agua”, criticó la integrante del Observatorio de Conflictos Mineros y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las cuales también acusan al gobierno estatal de querer coaccionar con recursos y beneficios de programas sociales a los ejidatarios inconformes para que aprueben el proyecto.

Una acusación que el gobierno de la entidad ha rechazado en varias ocasiones; una de ellas, en septiembre del año pasado, cuando según recogieron medios locales, el actual gobernador Alejandro Tello descartó que su administración manipule a los habitantes del ejido en el municipio de Jiménez del Teúl.

La entrega de despensas y apoyos no son sobornos, sino apoyos que surgieron como respuesta a peticiones de la ciudadanía, dijo el mandatario, quien en diciembre del año pasado encabezó un foro especial en el que, subrayó, “fueron convocados de manera plural ejidatarios, académicos, especialistas, y ciudadanía” para debatir sobre este proyecto polémico.

“Si nos quitan el río, no somos nada”

Sandra Miranda es delegada de los ejidatarios de Atotonilco ante el municipio de Jiménez del Teúl y opositora al proyecto de la presa.

Junto a un grupo de 60 mujeres de edades que van desde los 15 años, a los 26, 32, 50 y hasta los 60, ha encabezado desde octubre pasado acciones de resistencia frente a las constructoras que han querido introducir maquinaria pesada al río.

“Este movimiento de oposición ha estado liderado por mujeres y también por hombres, pero las mujeres han jugado un papel fundamental”, subraya Miranda.

“Las mujeres logramos detener a las máquinas para que no entraran al río en el que quieren hacer la presa. Nos pusimos enfrente y, a pesar de que fuimos agredidas verbalmente por los operadores de las máquinas, no nos quitamos”, añade la activista.

Sin embargo, todas estas acciones también tuvieron consecuencias para Sandra, que denuncia haber sido objeto de hostigamiento policial y de una campaña de desprestigio en medios locales.

“Tratan de intimidarnos, de meternos miedo, diciéndonos, por ejemplo, que la Policía Federal viene en camino con una orden para detenerme. O, en otras ocasiones, policías estatales, sin ningún aviso, hacen guardia frente a mi domicilio. Mientras que, en otras, sueltan rumores para ponerme mal con las comunidades, diciendo, por ejemplo, que ya me habían dado un millón, que me había vendido”.

La última acusación que le hicieron en medios locales, denuncia Sandra, es que ella lideró un intento de retener contra su voluntad a un funcionario estatal que, el pasado 26 de abril, fue al ejido de Atotonilco a ofrecer “apoyos sociales” a los pobladores, aunque la Red Mexicana de Afectados por la Minería señala que, en realidad, el funcionario fue a ofrecer dulces a los niños, becas, tinacos y estufas ecológicas para convencer a los ejidatarios de que den su consentimiento al proyecto de la presa.

“Nos acusan de secuestradoras. Pero en el ejido, las mujeres no portan armas, ni siquiera piedras”, ríe Sandra.

En cualquier caso, asegura Sandra ahora más seria, van a continuar con la defensa del agua y la oposición al proyecto de la presa.

Por ahora, a través del Observatorio y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, han presentado denuncias ante el Ministerio Público en Sombrerete, por la invasión de maquinaria en propiedad ejidal, han interpuesto quejas ante las comisiones de derechos humanos de Zacatecas y la Nacional, y ante la Procuraduría Agraria Nacional, y han interpuesto recursos de amparo y juicios de nulidad, por la presunta falsificación de firmas y actas de asamblea, por parte de funcionarios gubernamentales.

“Vamos a seguir luchando por el agua -concluye Sandra-. Porque si nos quitan el río, no somos nada”.

Fuente: https://www.animalpolitico.com/2019/05/amenazas-mujeres-luchan-evitar-construccion-presa-zacatecas/?fbclid=IwAR2VxgKwI83VNgR0dpAeLK7bKKa0hzFpK5p1gAuL_p976FTKTG7iYmCPmB4