Perú

Salvador del Solar favoreció a mineras cuando fue ministro de Cultura

Tal como lo denunciamos el lunes 11 de marzo a través de una nota de prensa y adjuntando un informe; el mismo día de la juramentación del nuevo presidente del Concejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar; el día de hoy, el Semanario Hildebrandt en sus 13, confirmó que Salvador del Solar, en ese entonces ministro de Cultura, se reunió entre enero y febrero del 2017 con varios miembros del Tribunal Constitucional (TC): el presidente del TC, Manuel Miranda Canales, y su sucesor Ernesto Blume Fortini; y los magistrados Eloy Espinosa Saldaña y Carlos Ramos Nuñez; con el objetivo de que el TC rechace la demanda de amparo presentada por la comunidad campesina quechua Arboleda en contra del Ministerio de Energía y Minas por omisión de la consulta previa ante las concesiones mineras en la zona de Tiquicalla, Puno. Zona donde se encuentran las Chulpas de Sillastani, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El ahora premier Salvador del Solar acudió a esas reuniones junto al ex ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.

El objetivo era influir en el voto de 4 vocales porque dos vocales ya habían manifestado su decisión de votar en contra y a favor de la consulta: José Sardón de Taboada en contra y Marianella Ledesma a favor; señaló uno de los magistrados que estuvo presente en esas reuniones, fuente de Hildebrandt en sus 13.

La respuesta del Ministerio de Cultura el 2017

La Red Muqui, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, enviaron una carta al Ministerio de Cultura el 28 de junio del 2017, señalando una serie de preguntas frente a las informaciones que habían llegado en ese entonces sobre una interferencia del ahora premier ante los magistrados del TC cuando se desempeñaba como ministro de Cultura.

En carta de respuesta a fines de agosto, el Ministerio de Cultura (MINCUL), a través del viceministerio de interculturalidad, precisó que efectivamente se habían reunido con los magistrados del TC para garantizar que el contenido del derecho a la consulta se dé de acuerdo al ordenamiento jurídico. “Desde el Ministerio de Cultura se realizaron diligencias al Tribunal Constitucional con la finalidad de entrevistarse con los miembros del referido órgano constitucional y exponer la necesidad e importancia del Ministerio de Cultura en dicho proceso, ello conforme al marco normativo vigente”. Y también adjuntaron una serie de argumentos de por qué no se debería aplicar la consulta previa antes de que el Ministerio de Energía y Minas otorgue las concesiones mineras: “la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada y desnaturalizaba el derecho colectivo”.

Sin embargo, no dijeron si fue el procurador o el propio Ministro de Cultura Salvador del Solar, quién se reunió con los magistrados del TC. “Nos han respondido, sin negar o desmentir que el propio ministro de Cultura se ha reunido personalmente con los magistrados del TC”, señalamos en el informe que hicimos público el 11 de marzo a través de una nota de prensa, adjuntando la respuesta del MINCUL.

“¿Puede el Ministro de Cultura, cuyo Viceministerio de Interculturalidad se encarga de promover la política pública, abogar contra la consulta previa de una concesión minera?”

“¿A quién corresponde el patrocinio legal de los casos del Ministerio de Cultura, al Ministro de Cultura o al Procurador de dicho Ministerio?”, preguntó Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL, quién defiende el caso de la comunidad campesina Arboleda de Puno.

Y respondió: “Es evidente que no es competencia del Ministro de Cultura Salvador del Solar, la defensa judicial de los intereses del Ministerio de Cultura. No lo han nombrado ministro para eso.Su entrevista con los magistrados del TC constituye no solo un acto de inconducta funcional, sino incompatible con la prohibición expresa establecida en el artículo 139.1 de la Constitución, que reconoce: “La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.

Las empresas mineras

En la carta de respuesta del Ministerio de Cultura a Red Muqui, IDL y DHUMA en agosto del 2017, nunca mencionaron el nombre de las seis empresas mineras que tenían las concesiones en el distrito de Tiquicalla.

Sin embargo, hoy Hildebrandt en sus 13, a través de la recopilación que tiene el propio TC, publicó que tres empresas mineras son canadienses: “Candente Gold”, que tiene2,700 hectáreas concesionadas; “Bear Creek Mining Company”, con cuatro concesiones que ocupan 900 hectáreas, y ““IMGOLD Company”, dueña de un asiento minero de 300 hectáreas. En cuanto a las locales, son “Buenaventura”, la minera del presidente de la CONFIEP, Roque Benavides, que tiene una concesión de 1, 000 hectáreas, y las compañías “Servicios Integrales en Producción Industrial” y “Colque”, con sendas concesiones de 100 hectáreas cada una”.

¿En qué situación está el juicio?

El jueves 7 de marzo del presente año fue notificado a DHUMA (Derechos Humanos y Medio Ambiente) en Puno e IDL una nueva resolución del Tribunal Constitucional sobre el “Caso Arboleda”. Ésta nueva resolución declara nula la resolución anterior; y en su contenido señala que declara nulo todo lo actuado y decide enviar el expediente al juez de 1ra instancia a Puno.

El 2011, cuando el gobierno de Ollanta Humala otorgó varias concesiones en el distrito de Tiquillaca a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company; la comunidad campesina quechua Arboleda acudió al Tercer Juzgado Civil de Puno para solicitar que se realice la consulta previa.

La demanda fue desestimada en 1ra instancia, confirmándose ésta improcedencia en 2da instancia en el año 2012; subiendo ese año al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional. Es el primer caso sobre consulta previa en concesiones mineras que se conoce en el Tribunal Constitucional y, por tanto, un caso de bastante importancia porque hubiera podido sentar precedentes constitucionales en la materia.

Sin embargo, con la última resolución del TC, que cambión de opinión entre noviembre y diciembre, devuelve a foja cero todo el proceso judicial, tras 7 años en esa instancia, perjudicando a la comunidad campesina que durante años ha esperado una respuesta de parte de la justicia peruana, gastando recursos y tiempo.

Para mayor ampliación sobre la última resolución del TC ver nuestra nota: Después de 7 años de espera TC se lava las manos ante Caso Arboleda en Puno

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/861-salvador-del-solar-favorecio-a-mineras-cuando-fue-ministro-de-cultura

Perú

Ayabaca y Huancabamba reafirman su negativa al proyecto minero Río Blanco

Durante el Encuentro de autoridades ronderiles, comunales, locales, regionales y nacional por el agua y la vida, que se realizó el sábado 24 de febrero en el Salón Parroquial de Ayabaca, los dirigentes de Huancabamba y Ayabaca reafirmaron que no permitirán el ingreso del Proyecto minero Río Blanco en sus territorios. En la reunión estuvieron dos congresistas: Hernando Cevallos y Tania Pariona, quienes se comprometieron a velar porque se respete la decisión de las comunidades de apostar por el agro y otras actividades alternativas a la minería.

Hilario Peña Huamaní, presidente de la comunidad de Segunda y Cajas afirmó: “Las comunidades hemos acordado que Río Blanco no va”.  Señala que uno de los motivos que los ha llevado a esta decisión son las malas prácticas de los representantes del Proyecto Río Blanco, que pertenece al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation. “Es una empresa que compra dirigentes y que abusa de su poder”, aseveró.

El congresista Hernando Cevallos comentó: “Ayabaca es una región rica, con una gran potencialidad y deberíamos poder desarrollar nuestras potencialidades, sin embargo, ahora es una de las zonas más pobres del país con desnutrición y anemia. Ese es el resultado de un Estado ausente que no impulsa actividades productivas”.

También se le dio la palabra a la congresista Tania Pariona quien aseguró que “el Estado no ha volteado a mirar a los sectores agrarios que necesitan apoyo tecnológico, asistencia técnica y capacitación”.  Agregó que apoyaba la defensa de los páramos que han emprendido los comuneros. “Yo concuerdo plenamente en eso que ustedes sostienen y defienden”, afirmó.

La parlamentaria declaró que el proyecto minero Rio Blanco sería el segundo proyecto más grande de cobre, por eso hay tanto interés de parte del Estado en que se ejecute.  Resaltó que se tiene que respetar la voluntad del pueblo.

El director de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, Fernando Castillo Torres se disculpó la inasistencia del Ministerio. En la carta de respuesta a los dirigentes afirma que el proyecto minero Río Blanco no tiene autorizaciones ni permisos aprobados ni en trámite para exploración/explotación.

Entre los acuerdos del encuentro se exige respetar los resultados de la consulta vecinal realizada en Huancabamba y Ayabaca el año 2007, donde el 95% de la población en promedio votó a favor de respetar su modelo de desarrollo basado en la agricultura y el turismo. También, rechazaron el Proyecto de Ley 1910, del congresista Luis López de Fuerza Popular que pone en riesgo los territorios de las comunidades de Piura.

 

Fuente:http://www.muqui.org/details/itemlist/tag/R%C3%ADo%20Blanco

Perú

Más de 200 días de tensión en el corredor minero | INFORME ESPECIAL

En el fundo Yavi Yavi (Cusco), propiedad de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), se vive una tensión constante desde el 22 de agosto del año pasado. Pero desde el último 4 de febrero, el problema se agravó.

Desde aquella fecha, los comuneros cerraron el paso a los vehículos de la empresa MMG Las Bambas, la segunda minera más importante del país, por el tramo de 12 kilómetros de la vía nacional CU-135, que cruza este fundo. Un conflicto considerado por la defensoría como uno de los más preocupantes del país por su persistencia. Hoy se cumplen 209 días desde que se inició este problema.

De acuerdo con Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, cada día la minera deja de transportar desde sus instalaciones hasta el puerto de Matarani (Arequipa) concentrado de cobre valorizado en US$6 millones.

Fuerabamba considera que se vulneró su propiedad privada al reclasificarse como vía nacional el espacio de la carretera que atraviesa su terreno, el fundo Yavi Yavi, mediante una resolución ministerial publicada el 23 de mayo del 2018 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y firmada por el ministro Edmer Trujillo.

Por esa razón, unos 500 comuneros, según la Junta Directiva de Fuerabamba, se trasladaron hasta esta zona de Cusco con sus familias. En este llano, ubicado a tres horas de Nueva Fuerabamba, su lugar de asentamiento en el distrito de Challhuahuacho (Apurímac), levantaron pequeñas chozas de paja a los lados de la carretera desde fines de agosto del año pasado.

El Comercio viajó esta semana a esta zona, donde rige por sexta vez consecutiva el estado de emergencia (vence el jueves 28 de marzo). En Yavi Yavi, a 123 kilómetros de Las Bambas, no hay piedras que interrumpan el tránsito –los propios comuneros obstruyen el paso de los vehículos de la mina–, pero sí un problema que podría devenir en serias consecuencias.

-El origen-

Según el MTC y Las Bambas, ya en el 2008 existía una trocha en el fundo Yavi Yavi, abierta por sus antiguos propietarios. Cuando Las Bambas se hizo dueña de esta zona, entre el 2010 y 2011, empieza a hacer mejoras en la vía en virtud de un contrato de servidumbre.

Sin embargo, la comunidad de Fuerabamba, dueña de Yavi Yavi desde noviembre del 2011 (la minera les dio este predio como parte de un intercambio de tierras), niega que hubiera existido una trocha y asegura que la minera hizo la vía en el 2012 sin consultarles.

Pastor Paredes, director general de Asuntos Socio Ambientales del MTC, dijo a este Diario que cuando la comunidad de Fuerabamba se hizo propietaria del fundo Yavi Yavi esa carretera ya existía y era de uso público. “Esa vía fue solicitada incorporarse en el clasificador de vías en el año 2014 por el Gobierno Regional (GORE) de Cusco, que a su vez recibió el pedido de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, y esta a su vez recibió el pedido de la Municipalidad Provincial de Colquemarca. Eso nos da un indicio contundente de que esa vía ya existía en ese momento, que es uno de los cuestionamientos de la comunidad. Nosotros tenemos información además de las imágenes satelitales”. Agregó que un expediente del GORE Cusco, aprobado en el 2011, señala que la vía tenía que ser mejorada porque no tendría las condiciones adecuadas para la transitabilidad. “Fue mantenida y mejorada por la empresa minera ese año. a través de las autorizaciones emitidas por el GORE en ese momento”, dijo el funcionario.

Gregorio Rojas Paniura, presidente de la comunidad de Fuerabamba, se reafirma en que fue el 2012 el año en que Las Bambas abre la carretera en su propiedad. “Las Bambas abre una carretera el 2012, cuando ya éramos dueños nosotros. Abre una carretera sin consultarnos. En 2011 nos entregan un terreno virgen, sin la carretera que está pasando acá”, dijo el dirigente a El Comercio. Según Rojas, la minera habilitó la carretera para el transporte del mineral.

La posición de la minera Las Bambas en esta controversia es similar a la del MTC: “El propio Gobierno ha confirmado que sobre este predio ya existía una trocha. Sí podemos confirmar que existía una vía en esta zona, la comunidad conocía sobre ello y los documentos acreditan que nosotros contábamos con derechos sobre el mismo”, dijo a este Diario Claudio Cáceres, vicepresidente de Asuntos Legales de Las Bambas.

-La reclasificación y el asfaltado de la pista-

Un tema aparte, pero ligado a la vía, es el proyecto de asfaltado del corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, por el cual el MTC debe realizar el levantamiento de la información predial para compensar económicamente a las comunidades por donde pasa la vía, como el predio Yavi Yavi. El 10 de enero, esta cartera se reunió con la comunidad para acordar el inicio de las evaluaciones en el tramo de 12 kilómetros que cruza su fundo y fijar el monto que se pagará. En aquella junta, se acordó tener un siguiente encuentro para informar sobre el proceso de recojo de información antes del pago y el cronograma para elaborar el expediente técnico. Ocho días después, el 18 de enero, el MTC se volvió a reunir con la comunidad y explicó que el tramo en cuestión existe desde el 2008.

Sin embargo, luego de aquellas reuniones, no se pudo iniciar con las evaluaciones. “La comunidad puso como condición en la siguiente reunión que previamente se resuelvan los problemas bilaterales con la empresa minera. Nosotros estamos en predisposición de iniciar trabajos de campo que nos permitan elaborar el expediente técnico que dé sustento a un pago futuro a la comunidad en el marco del proyecto de asfaltado de carretera”, dijo Pastor Paredes a El Comercio.

Según el MTC, era necesaria la reclasificación de la carretera CU-135 para iniciar con el asfaltado. “En el marco del convenio que teníamos, para que el MTC pueda invertir se hacía necesaria la reclasificación de esa carretera. El asfaltado está comprometido en un acuerdo marco con la provincia de Chumbivilcas”, añadió Paredes.

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, explicó luego de la reunión que sostuvo el lunes 11 con el Ejecutivo, que el objetivo de mediano y largo plazo es que se asfalte la vía para mitigar los impactos por la circulación de vehículos.

La minera explicó que la elaboración del expediente técnico para el asfaltado de la vía está realizándose en coordinación con el MTC y es la tercera etapa de acondicionamiento de la pista, que ha sido antecedida por la colocación de un micropavimento. “Esta última etapa consiste en la elaboración de los expedientes técnicos para el asfaltado de la vía, donde venimos invirtiendo cerca de US$4 millones para contar con el expediente técnico que sustente el futuro asfaltado de la carretera. Todo esto lo estamos haciendo en coordinación con el MTC”, dijo Cáceres, de Las Bambas.

Para la dirigencia de Fuerabamba, no condice la reclasificación de la carretera CU-135 como vía nacional porque en este punto solo circulan vehículos de Las Bambas. “Generalmente aquí transitan los vehículos de la minera. No hay ni un carro que pasa”, comentó. “Nosotros no tenemos conocimiento por qué razón han cambiado como vía nacional”, comentó Rojas. “La empresa ha construido esta carretera para su uso personal, para que traslade su mineral, para que saque desde el proyecto minero Las Bambas hasta Espinar”, añadió.

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, dijo que para avanzar en el proceso de diálogo entre la minera y Fuerabamba es necesario saber el estatus jurídico del fundo Yavi Yavi y en particular de la vía declarada como nacional.

El 29 de agosto del 2018, siete días después de haberse gestado el problema social en Yavi Yavi, esta entidad cursó un oficio a Carlos Estremadoyro, viceministro de Transportes del MTC, para solicitar la situación legal de la vía reclasificada, los mecanismos utilizados para que sea de uso público y demás implicancias legales. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta a sus consultas. “Hemos reiterado el oficio y a la fecha el MTC no ha contestado a la Defensoría del Pueblo, de modo que está incumpliendo un mandato constitucional, que es el deber de colaboración con la Defensoría”, dijo Luque a El Comercio.

-Negociaciones-

El 13 de febrero, en CuscoLas Bambas propuso a Fuerabamba el pago de S/50 mil por hectárea para resolver la controversia social, sumando en total S/1 millón 900 mil como monto social. La comunidad, por su parte, planteó el pago de US$80 por metro cuadrado. En total, US$31 millones 200 mil por 39 hectáreas involucradas en la reclasificación.

La mina, sin embargo, considera que el pago de una compensación por el uso de esta vía nacional no es posible bajo ese concepto, sino solo como un monto para resolver la controversia. “Nosotros como empresa privada no podemos pagar a la comunidad ni a ningún otro privado una compensación por el uso de una carretera pública”, aseveró Claudio Cáceres. “Tenemos plena disposición para continuar con un proceso de diálogo y revisar los compromisos que tenemos, e incluso de ser posible poder de repente ofrecer otros proyectos de desarrollo en favor de la comunidad. Nosotros no nos negamos a eso. Pero un pago por el uso de una carretera pública es algo que no corresponde”, añadió.

El presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, opina que la empresa debe mejorar su propuesta para llegar a un acuerdo. “¿Por qué pedimos esto? Ese terreno nunca más vamos a recuperar. Definitivamente va a irse a nombre del Estado peruano. Son 39 hectáreas que vamos a perder y nunca más seremos dueños”, dijo. “Si la empresa y el Estado están interesados en pasar por ahí tampoco estamos en contra de eso. Estamos diciendo sí, pero paga lo que es”, finalizó.

-El rol de los asesores-

¿Cuál es el papel de los asesores de la comunidad de Fuerabamba, Frank y Jorge Chávez Sotelo? Según la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el MTC, agentes externos estarían ejerciendo manipulación en los comuneros. Pero Fuerabamba, a través de su presidente, se distancia de esta posición.

“Nosotros vamos a insistir hasta el extremo y estamos convencidos de que la vía del diálogo es la que mejor resultados ha dado para el desarrollo del país. Tenemos que separar los intereses que puedan haber particulares con los de la misma comunidad”, dijo a El Comercio José Antonio Caro, secretario de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM.

En esta misma línea opina Pastor Paredes, quien dice que hay una manipulación de agentes externos a la comunidad de Fuerabamba. “Es evidente que los abogados están influyendo de manera negativa en la comunidad porque cuando uno construye una infraestructura, lo que se hace es un reconocimiento a precios comerciales de la tierra. Ya sea que lo construya el MTC, lo construya el GORE, el distrito o un privado”, explicó.

Gregorio Rojas deslindó de estas posiciones, pues según dijo la asamblea tomó conjuntamente este asesoramiento legal. “Nosotros hemos ido a buscarlos. En una asamblea se presentaron los señores Chávez y mi persona también, como dirigente, he presentado a los señores son los asesores y otros también había. Entonces la comunidad decide tomar a los hermanos Chávez”. “La asamblea ha pedido a los señores para que vean todos los compromisos que hemos hecho con la empresa”, dijo Rojas.

-Salidas a la controversia-

Desde hace siete meses, la comunidad de Fuerabamba, la minera Las Bambas y el Gobierno han sostenido al menos una decena de reuniones tanto en la ciudad de Cusco, en el fundo Yavi Yavi y en Lima.

Entre las posiciones para la resolución del problema social, tanto la PCM como el MTC precisan que continuarán con el diálogo, pero consideran que la comunidad debe “flexibilizar” sus posturas.

“A la comunidad de Fuerabamba no le toca otra cosa que poner también de su parte, flexibilizar su postura porque lo que tenemos en Yavi Yavi es una vía de uso de todos los peruanos”, opina Caro, de la PCM. Precisa que el levantamiento del bloqueo a los vehículos de la minera es una acción necesaria. “Ellos tienen que levantar este bloqueo para que nos sentemos a la mesa y en el menor tiempo posible podamos tener resultados. Van a haber temas que van a tomar un poco más de tiempo, eso es propio de los procesos”, apuntó.

Respecto a los montos que plantea la comunidad, Paredes, del MTC, indica que es necesaria una reflexión sobre este monto. “Esperamos que la comunidad reflexione y haga una propuesta con un monto accesible, que esté referido a precios de mercado y no a las cantidades que están planteando en este momento”, dijo a este Diario.

La defensoría, por su parte, indica que para que el diálogo no debe estar condicionado a una amenaza o presión. “Estamos ante un conflicto persistente donde llegamos a momentos de estancamiento, sobre todo porque se pone como condición para continuar con el diálogo que la vía quede plenamente liberada y eso nos parece, desde el punto de vista del principio de legalidad, atendible. No se puede dialogar bajo amenaza”, dijo Luque. Añadió que el llamado de la entidad es que se deje de lado la medida de fuerza.

El gobernador Benavente, por otro lado, indica que como GORE busca dar respaldo en este proceso de diálogo, donde ellos participan como nuevo actor. “Nosotros como GORE estamos obviamente dando una característica de darle un respaldo a la comunidad, pero bajo cuestiones objetivas, y ese es nuestro principal propósito”, dijo Jean Paul Benavente.

Finalmente, la comunidad sostiene que ellos no están contra la mina, sino en favor que se indemnice lo que consideración la vulneración a su propiedad. “Nosotros estamos apostando por la minería. Aquí no es que nos están manejando abogados. Lo que la comunidad decide, nosotros también cumplimos”, dijo Rojas.

Para Las Bambas, hay una expectativa generada en la comunidad para recibir un alta suma de dinero. “En esta oportunidad creemos que hay una expectativa muy grande de la comunidad para recibir una suma de dinero demasiado elevada y que no se encuentra debidamente sustentada. Creemos que son esas expectativas acumuladas que están generando esta controversia y que no necesariamente representan el sentir de toda la comunidad y eso es importante tomar en consideración”, añadió Cáceres.

La comunidad de Fuerabamba acudiría este martes al Gobierno Regional de Cusco para continuar con el diálogo para la resolución del problema social que sigue rondando Yavi Yavi.

 

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/200-dias-tension-corredor-minero-informe-especial-noticia-ecpm-617670

Perú

Comunidad nativa “Tres Islas” ganó sentencia contra minería ilegal

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios confirmó la sentencia de que reconoce los derechos a la consulta previa, propiedad territorial, autonomía, vida e integridad física, salud, ambiente y agua de la comunidad nativa “Tres Islas”.

En la sentencia se declara la nulidad de las concesiones mineras, predios agrícolas y los derechos de uso de agua otorgados a terceros, sin consulta previa, por el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). También ordena el cese de todas las actividades derivadas de dichas concesiones y licencias, para lo cual, dispone el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La sentencia de segunda instancia obliga a los demandados “reponer las cosas al estado anterior a las concesiones” y, por ende, descontaminar, reforestar, atender la salud y proveer agua segura a la comunidad nativa “Tres Cruces”, compuesta por descendientes de Pueblos Shipibo y Ese’Eja , y ubicada en el departamento de Madre de Dios.

“Esta sentencia marca un hito en la historia jurídica del país, por ser la primera sentencia definitiva que, en cumplimiento de los estándares internacionales, declara la nulidad de actos administrativos que afectan a Pueblos Indígenas, emitidos sin consulta previa”, dijo la abogada Raquel Yrigoyen Fajardo, miembro del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), defensa legal de la comunidad.

 

Fuente:https://www.radionacional.com.pe/informa/nacional/comunidad-nativa-tres-islas-gano-sentencia-contra-mineria-ilegal

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Persiste el conflicto social en las Bambas por una carretera

El paso de vehículos encapsulados de la minera MMG Limited, dueña de Las Bambas, por el corredor minero del sur está restringido desde hace más de un mes. Los pobladores de la comunidad campesina apurimeña de Fuerabamba, reasentados en territorio cusqueño, decidieron cerrar el paso a esas unidades vehiculares en el fundo Yavi Yavi, situado en el distrito de Colquemarca, debido a que consideran que no hay respuesta satisfactoria a sus demandas.

Los comuneros reclaman el pago de una compensación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y MMG Limited y a la empresa minera, por el supuesto uso de tierras comunales para la construcción de la carretera y a la empresa minera el pago de 80 dólares por metro cuadrado, que haría un total de 30 millones 400 mil dólares de compensación por transitar por sus tierras. La empresa habría ofrecido desembolsar 50 mil soles por hectárea, es decir un total de 1 millón 900 mil soles.

La zona que corresponde al fundo Yavi Yavi, ha sido declarada en Estado de Emergencia, desde hace varios meses atrás, desde que comenzó las protestas.

Durante el tiempo que los comuneros mantienen la restricción del tránsito en el  corredor, la Policía intentó habilitar la vía, pero sin éxito.  Hubo conatos de enfrentamientos en Yavi Yavi. En ese periodo también hubo varios intentos de diálogo para resolver el conflicto, pero las partes no se ponen de acuerdo.

En  esta semana dos reuniones han sido suspendidas: el lunes y miércoles. El día miércoles 13 de marzo no llegaron a la cita convocada por el Gobierno Regional del Cusco, los representantes de MMG, de la comunidad Fuerabamba, ni de la PCM.  Para el martes 18, se ha convocado a una nueva reunión. Si no se restablece el diálogo, el corredor minero del sur seguirá cerrado y el riesgo de enfrentamientos con la policía aumenta.

Sobre estos hechos se han pronunciado el presidente de CONFIEP, Roque Benavides, exigiendo “más firmeza” desde el gobierno y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ha denunciado que hay “un sabotaje” al proceso de diálogo con la población de Las Bambas por parte de “asesores” de las comunidades, que son abogados particulares, contratados directamente por los comuneros. La SNMPE, señaló que “Las Bambas es una de las principales productoras de cobre en el Perú, y el bloqueo por parte de un grupo de pobladores de Fuerabamba impacta a la economía nacional y puede desincentivar la inversión privada.”

Antecedentes: un problema que se pudo prevenir

Yavi Yavi es un fundo dado en compensación a la comunidad de Fuerabamba por las tierras que dejaron para que se explote el primer tajo de la empresa Las Bambas.

Este fundo se encuentra en el recorrido de la carretera por donde se realiza el transporte minero. La carretera, en varios tramos ocupa tierras comunales de un conjunto de comunidades, una de ellas sería Fuerabamba. Cuando se ha ido construyendo la carretera o ampliándola, y convirtiéndola en vía pública se debió previamente, hacer el saneamiento legal de la tierras. Esto no se hizo y constituye una situación irregular que viene generando una serie de problemas y que el Estado debe resolver lo más pronto posible.

Además de ello, el transporte minero a través de camiones de carga pesada, que transitan por una vía no asfaltada vienen generando una serie de impactos ambientales que no han sido debidamente determinados y sobre los cuales nadie se hace responsable y nadie fiscaliza. Este también es un foco de conflicto que requiere de una pronta respuesta.

15 de marzo de 2019

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/03/15/persiste-el-conflicto-social-en-las-bambas-por-una-carretera/

Perú

Presentan demanda judicial contra criterios de aplicación de modificaciones de proyectos mineros

Cooperacción, institución de la sociedad civil que defiende derechos colectivos y el medio ambiente, interpuso una demanda de acción popular contra el Ministerio de Energía y Minas, solicitando que la Resolución Ministerial No.120-2014-MEM-DM publicada en el 2014 sea declarada nula por ilegal. El recurso de anulación fue presentado ante la Sala especializada en lo constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima el pasado 6 de marzo.

La demanda de acción popular se dirige concretamente a que se anule la norma que establece los criterios de aplicación de un nuevo instrumento de gestión ambiental que se ha convertido en el más usado por las grandes empresas mineras.

El famoso Informe Técnico Sustentatorio- ITS

Para realizar cambios en un proyecto minero se requiere de un instrumento de gestión ambiental y de su aprobación por el Estado. Hasta mayo del 2013, los cambios propuestos debían seguir un procedimiento de aprobación denominado “Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA)”, cuya evaluación – aunque con menor detalle y requisitos que un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) – podía durar 120 días calendario, suponía algunos mecanismos de participación ciudadana y la emisión de opiniones de entidades estatales especializadas.

La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante D.S. 054-2013-PCM, creó un nuevo instrumento de evaluación de impacto ambiental: el Informe Técnico Sustentatorio (ITS). El ITS debía permitir aprobar cambios menores de carácter “no significativo” en los proyectos de inversión con un procedimiento de solo 15 días hábiles de plazo (a diferencia de la MEIA que duraba 120 días). El corto plazo de su trámite implicaba que se excluyera cualquier mecanismo de participación y las opiniones técnicas de entidades estales especializadas, aunque la norma no nada explícito al respecto.

Las empresas mineras empezaron inmediatamente a utilizar este procedimiento. Por ejemplo, al poco tiempo de aprobado -y cuando aún no existían directrices claras sobre su uso- la empresa minera Las Bambas presentó (julio de 2013) un primer ITS para modificar el diseño del megaproyecto Las Bambas. Mediante el uso del ITS, de evaluación rápida y sin mecanismos de participación, el MINEM aprobó el cambio de la ubicación de dos componentes principales (plantas de procesamiento de mineral) nada menos que de una región a otra, esto es, de Cusco a Apurímac. Surgieron entonces serias interrogantes: ¿Qué se entiende como impacto no significativo? ¿Cuál era la naturaleza de las modificaciones que se pueden tramitar por procedimiento simplificado como el ITS?

En el análisis que realizó Cooperacción en esta demanda, se establece que “los criterios técnicos que orientan y regulan el uso del ITS en el sector minero peruano no son conforme a derecho. Estos criterios entran en contradicción con normas de mayor rango que regulan la materia. Además, su aplicación genera en la práctica un uso impreciso, discrecional y contradictorio del instrumento por parte de los administrados y una inadecuada evaluación ambiental de los impactos ambientales que se producen por las modificaciones aprobadas por los ITS. Ello se traduce en una afectación y/o riesgo de afectación grave al derecho al ambiente, a la salud y al bienestar de las personas.”

El DS.054-2013-PCM, norma que crea el ITS, señala expresamente que este procedimiento (por su naturaleza excepcional y de rápido trámite) será utilizado solo para modificar componentes auxiliares de los proyectos mineros, ampliaciones o mejoras tecnológicas. Asimismo, el Reglamento Minero Ambiental aprobado por D.S. 040-2014-EM señala que las modificaciones por ITS se realizarán excepcionalmente para cambios tales como “las características o la ubicación de las instalaciones de servicios mineros o instalaciones auxiliares”.

La RM.120-2014 –MEM-DM permite la modificación vía ITS de varios otros componentes principales como el tajo, los depósitos de relaves, las plantas de beneficio, etc.  Esto no debería proceder pues, por ejemplo, el aumento del tajo puede suponer afectación de cursos superficiales y subterráneos de agua.  Además de ello, la modificación de la cantidad de producción tendrá como consecuencia, cambios en cadena en los demás componentes. Para evitar riesgos, esta norma establece porcentajes que limitan los cambios. Pero son insuficientes.

Además, la mencionada resolución incluye cláusulas abiertas que permiten al titular minero exceder los límites porcentuales indicados y el número máximo de ITS por unidad minera; siempre que el titular justifique técnicamente que los impactos a generarse sean no significativos. Esto trae, en la práctica, que se pueda realizar cualquier tipo de modificación a los proyectos vía ITS y que existan más de 3 ITS por unidad minera; lo que desnaturaliza el carácter excepcional del ITS.

Las estadísticas del SENACE para el periodo 15 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018 indican que, para ese entonces, en total se habían presentado 436 ITS para todos los sectores. De este número, 175 corresponden a proyectos del sector minero, habiéndose aprobado 138, desaprobado 11, mientras 13 se reportaban como en evaluación y 13 habían sido calificados como otros. Por otro lado, según SENACE durante el mismo periodo solo se presentaron 29 EIA y/o modificatorias de EIA (MEIA) para proyectos mineros, sin que la entidad ofrezca un dato desagregado de esa información. De estos fueron aprobados 14, se desaprobó 1, y 14 se mantenían en evaluación (10) o en situación de otros (4).

Conclusión: más flexibilidad para las mineras

Las cláusulas abiertas y la falta de parámetros técnicos específicos de la RM.120-2014 –MEM/DM en la práctica promueven un uso discrecional de este instrumento: para todo tipo de cambios y para todo tipo de estudio ambiental (EIA, DIA, PAMA). Gracias a su “apertura”, este instrumento se ha convertido en la principal vía de las empresas mineras para modificar sus proyectos, no solo con menores plazos que los canales regulares sino también con menores estándares de evaluación ambiental. Esta situación trae serias consecuencias para las zonas de operación y las comunidades locales, atentando y poniendo en riesgo derechos constitucionales como el derecho a un medio ambiente saludable, a la salud y a la vida digna.

En tanto el gobierno peruano no cuenta con una metodología propia, en la práctica existe un amplio margen de discrecionalidad para el titular minero en la estimación de los impactos de sus operaciones. Las empresas vienen utilizando metodologías con distintos rangos de valoración de impactos, elegidas discrecionalmente; estas muchas veces no recogen la realidad de los ecosistemas, las comunidades, ni la vulnerabilidad de la flora y fauna endémica del Perú. Ello, en combinación con plazos rápidos e instrumentos acelerados de evaluación ambiental como el ITS, se traduce en un incentivo perverso para el titular minero: se estarían subestimando impactos ambientales para agilizar inversiones, con graves efectos a largo plazos y para las localidades donde operan las empresas mineras. Esta situación sin duda socava el sistema de evaluación del impacto ambiental en el país.

Como hemos visto, el amplio margen de discrecionalidad que se genera a través de los criterios técnicos que orientan el uso de los ITS genera que los titulares mineros puedan tramitar modificaciones a sus proyectos sin control en el número ni en el contenido de los cambios. En la práctica los titulares mineros pueden proponer cualquier cambio, de cualquier componente, las veces que sea necesario.

Así, existen empresas mineras que cuentan hasta con 5 ITS por cada proyecto minero. El hecho de que existan tantos instrumentos de gestión ambiental para un solo proyecto genera una gran dificultad para su evaluación, vigilancia y fiscalización ambiental por parte de las entidades competentes y de la ciudadanía. Hace también muy difícil que la población le pueda dar seguimiento a los cambios y que participe en los procesos de evaluación. Además, el procedimiento de aprobación de los ITS, por su plazo tan corto hace inviable el uso de mecanismos de participación.

A ello se añade, que los cambios mediante ITS permiten la ubicación de componentes mineros en el límite del área de influencia ambiental directa, sin que se tenga que redimensionar como correspondería. Esto impide que se visibilicen los nuevos impactos en zonas que no son consideradas áreas de influencia ambiental directa y que no tienen línea de base.


Casos:

-Un caso de una deficiencia en la evaluación ambiental realizada en los ITS, lo encontramos en el proyecto de exploración minera CORANI en Puno, donde se incrementa y reubica el número de plataformas. La norma señala técnica de ITS señala que pueden hacerse modificaciones dentro del área del proyecto inicialmente aprobada en el estudio ambiental; sin embargo, la reubicación de una plataforma se hizo en el límite del área de influencia ambiental directa (AID) del proyecto. Consideramos que, al reubicarse la plataforma de perforación en el límite de la mencionada AID, lo lógico hubiera sido que esta sea redimensionada; esto es, que el límite la AID también fuera ampliado por los posibles impactos del componente modificado, pero no fue así.

-Otro caso que llama la atención es la aprobación de la segunda modificación del Proyecto Sulliden Shahuindo a través de ITS, con fecha el 26 de marzo de 2014 y cuyo titular es la empresa minera Shahuindo S.A.C. Con la aprobación del ITS se aprobó la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas como se aprecia en el informe técnico que sustenta la aprobación del mencionado ITS. Por la especialidad de este componente y su relación con la calidad del agua, dicho ITS no debió ser aprobado sin contar con la opinión favorable de la ANA. No obstante este procedimiento rápido no da lugar a opiniones de autoridades competentes, lo que evidentemente le resta calidad a su evaluación de impactos ambientales.

-Otro caso a resaltar es el ITS del proyecto de exploración minera Maqui Maqui, aprobado el 2014, de Minera Yanacocha S.R.L. A través de dicho ITS la empresa minera solicitó ejecutar 50 plataformas adicionales a las que ya tenía. Debemos señalar que esta empresa primero solicitó 245 plataformas en su EIAsd, luego tras una modificación de EIAsd logró adicionar 502 plataformas de perforación (115 superficiales y 387 subterráneas), más 1250 m de túnel de exploración subterránea y   10 297 m de camino de acceso. Luego, con el ITS en mención planteó ejecutar 50 plataformas de perforación, 2.81 km de acceso, 100 pozas de fluidos y 35 sedimentadores, por un tiempo adicional de 08 meses. En este caso no se hizo la estimación de los impactos acumulativos de todos los cambios realizados. Entre estos cambios se puede evidenciar que la adición de las plataformas se ha hecho dentro y fuera del área de influencia ambiental directa.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/presentan-demanda-judicial-contra-criterios-de-aplicacion-de-modificaciones-de-proyectos-mineros/

Perú

Después de 7 años de espera TC se lava las manos ante Caso Arboleda en Puno

El jueves 7 de marzo del presente año fue notificado a DHUMA (Derechos Humanos y Medio Ambiente) en Puno e IDL una nueva resolución del Tribunal Constitucional sobre el “Caso Arboleda”. Ésta nueva resolución declara nula la resolución anterior; y en su contenido señala que declara nulo todo lo actuado y decide enviar el expediente al juez de 1ra instancia a Puno.

Recordemos que el presente caso es una demanda de amparo de comunidades de Arboleda contra el Ministerio de Energía y Minas por omisión de consulta previa antes del otorgamiento de concesiones. La demanda fue desestimada en 1ra instancia, confirmándose ésta improcedencia en 2da instancia en el año 2012; subiendo ese año al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional. Es el primer caso sobre consulta previa en concesiones mineras que se conoce en el Tribunal Constitucional y, por tanto, un caso de bastante importancia porque podría sentar precedentes constitucionales en la materia.

Ésta última resolución del Tribunal Constitucional (TC) que data de diciembre de 2018 fue notificada en la misma semana que la anterior resolución de noviembre de 2018 (notificada el lunes 04 de marzo de 2019) donde el TC se ratificaba en la postura que mantiene desde el 2012, donde señala que tiene jurisdicción para resolver el caso.

Este cambio de postura se da en casi un mes, entre noviembre y diciembre del 2018, y llama la atención de los abogados de las instituciones que vienen litigando el caso. En palabras del Dr. José Bayardo Chara de DHUMA: “en la misma semana nos notifican dos resoluciones con contenido contrario. Durante el año pasado hubo bastante movimiento en el TC, ya que intervino la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía presentando un amicus curiae para el caso, donde señalaban que se afectada su derecho a la defensa por no ser considerados parte del proceso”. Según el abogado de DHUMA ésta resolución no toma en cuenta el principio de economía procesal y tutela jurisdiccional efectiva, ya que el juicio ha estado sin resolverse 7 años, para que al final el TC decida declarar nulo todo lo actuado y devuelva el caso a primera instancia.

En un reciente pronunciamiento del 12 de marzo, IDL y DHUMA cuestionan: “Que el juicio vuelva a foja cero afecta los derechos constitucionales de la comunidad campesina. ¿Qué pasa con el derecho de la comunidad a tener un proceso judicial rápido, sencillo y efectivo que se dilucide ante jueces y tribunales? Es intolerable el desdén que el TC ha mostrado con su inoperancia y negligencia en este proceso constitucional.

 

Aymarazo

El 2011 se desarrolló el Aymarazo; un ciclo de protestas organizadas por comunidades campesinas de Puno durante el gobierno de Alan García, que autorizó las operaciones de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation y su proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito en Puno, bajo el argumento de que el territorio ya estaba concesionado. En ese entonces, las comunidades descubrieron que el 60% de sus territorios habían sido concesionados sin que se les consulte. Producto de éstas protestas, 18 comuneros aymaras fueron procesados penalmente por oponerse a la ejecución de las obras de la minera canadiense; siendo acusados del delito de “extorsión”.

 

La posición del Ministerio de Cultura y Salvador del Solar

En agosto del 2017, Red Muqui presentó una carta al MINCUL para conocer su postura en el caso Arboleda debido a que el ex ministro de cultura y ahora presidente de la PCM, Salvador del Solar, se habría reunido con los integrantes del tribunal para hacer incidencia personal en el caso de la comunidad de arboleda. En ese entonces, a través de una carta de respuesta, el MINCUL no desconoció ello ante nuestra pregunta formal y señaló que el MINCUL solicitaría su participación en el proceso en calidad de litisconsorte.

La respuesta formal que nos dio el Ministerio de Cultura fue bastante preocupante porque desconoció la importancia de los derechos colectivos de autodeterminación de los pueblos indígenas sobre su territorio, además que negó que las concesiones mineras no consultadas sí afectan los derechos de las comunidades campesinas. Entre las partes más controversiales de la respuesta del Ministerio de Cultura tenemos las siguientes:

  • ·“De la evaluación técnica del Ministerio de Cultura, se considera que una eventual consulta previa sobre concesiones mineras podría desnaturalizar este derecho colectivo”.
  • “La medida administrativa asociada al título de concesión minera no generaría afectaciones directas a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que la concesión solo otorga un derecho de carácter expectaticio al titular de la misma”.
  • “El título de concesión no supone, per se, la implementación y viabilidad de un proyecto minero sobre una zona concesionada. Motivo por el cual, la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada”.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/860-despues-de-7-anos-de-espera-tc-se-lava-las-manos-ante-caso-arboleda-en-puno

Perú

El MINSA inicia atención a personas contaminadas con metales pesados en Hualgayoc-Bambamarca

Una delegación de 17 médicos especialistas del Ministerio de Salud (MINSA) arribó a la ciudad de Bambamarca para realizar atenciones a las personas que tienen presencia de metales en su organismo y a otro grupo que se ha sometido a pruebas de tamizaje. Esta acción se da en el marco de los compromisos asumidos por los diferentes sectores a partir de la demanda de las autoridades y organizaciones sociales en lo que va del año.

Según el acta de la reunión del grupo de trabajo sobre la problemática ambiental de Hualgayoc llevada a cabo el 19 de febrero, el MINSA mantendrá el personal médico en Bambamarca desde el 5 al 8 de marzo y se realizarán atenciones de preferencia a las 372 personas que se conoce que tienen presencia de metales en su organismo y asimismo, se brindará atención médica a aproximadamente 60 personas más que fueron analizadas el año pasado, aunque se espera que se atienda a un mayor número de personas.

No obstante, una de las mayores preocupaciones es que la atención que reciba la población afectada no se limite a una revisión médica, sino que también se otorgue e inicie el tratamiento respectivo y de manera gratuita, tal como lo indicó el consejero regional Gilberto Regalado: “Esperemos que no solamente se haga el chequeo médico, sino los medicamentos. Darle lo que necesitan. Estos metales están en el cuerpo y necesitan un largo tratamiento”, señaló.

En el mismo sentido se pronunció el gerente de Saneamiento y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, Eloy Sánchez, quien además solicitó que la población afectada reciba la medicina adecuada, puesto que se encuentran en situación de pobreza. Igualmente, dijo que es necesario que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS), continúe con su trabajo para que se tengan datos exactos respecto a la contaminación por metales mineros: “Gracias al pedido que ha hecho la población y las organizaciones hemos quedado que estas participaciones (del MINSA) sean de manera itinerante a lo largo de 2 años. Esperamos que luego de esto hagamos una evaluación de todo y que la población se sienta satisfecha, porque no tenemos buenos recuerdos por lo que ha pasado anteriormente”, manifestó.

Al respecto, el representante del cuerpo de especialistas, Andrés Polo, explicó que las especialidades médicas más frecuentes son las que se mantendrán en Bambamarca hasta el día 8, sin embargo, aseguró que en caso la población afectada requiera otras especialidades se coordinará con la Dirección Regional de Salud para programar otras citas posteriores: “Se entiende que la atención médica no debería culminar ahora, que debería continuar. El hecho es que la población garantice su atención. Es una atención gratuita. Los medicamentos van a ser entregados gratuitamente y análisis de laboratorio”, dijo.

Fuente:http://noticiasser.pe/cajamarca/el-minsa-inicia-atencion-personas-contaminadas-con-metales-pesados-en-hualgayoc?fbclid=IwAR2I5nvtI9wSUfOLrTVia1n8HLiB31BUXApez1_zCGpgA1b2VUWt-Wlb6p8

Perú

Preocupante designación de Salvador del Solar como Premier por su postura frente a la consulta previa y las empresas mineras

En un contexto en el que estamos viviendo una ofensiva extractivista minera por parte del Gobierno del Presidente Vizcarra y del empresariado minero, nos preocupa desde RED MUQUI la designación como premier del señor Salvador del Solar; ex ministro de Cultura (MINCUL), quién, durante su gestión en dicho Ministerio, respondió una carta que le dirigimos RED MUQUI, DHUMA de Puno, la CNDDHH e IDL, de manera conjunta, en base a una serie de preguntas que le hicimos llegar, y que nos dejaron honda preocupación; preocupación que hoy con su presencia en la PCM vuelve a presentarse.

En el informe de respuesta de agosto del 2017 a nuestra carta, el MINCUL indicaba que “la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada”, dejando de lado el rol garante de derechos que debe jugar el estado peruano, en particular con nuestros pueblos indígenas u originarios. Ver Informe completo aquí  ➥ bit.ly/2Ciygkb

En la misma carta, en las respuestas a las preguntas dirigidas a Salvador del Solar, si bien se le consultó sobre su posible intervención ante los magistrados del Tribunal Constitucional en contra de una demanda de amparo presentada por la comunidad campesina de Arboleda (Puno), para que el Estado reconozca e implemente el derecho a la consulta previa que había sido omitido para la realización de un proyecto minero; no tuvimos respuesta sobre dicha pregunta.

Justamente cerca de dos años después, cuando asume la cartera de la PCM, coincidentemente la citada demanda de amparo, en la que habría incidido Del Solar cuando asumía funciones en el MINCUL; volvió a foja cero tras la resolución del Tribunal Constitucional, que declaró nulo todo lo actuado y envió al Poder Judicial de Puno la demanda presentada por la Comunidad Campesina de Arboleda ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) que hasta ahora vienen desconociendo y negando el derecho a la consulta previa a las comunidades al entregar concesiones mineras a las empresas; concesiones que se superponen con su territorio ancestral, y dónde se encuentran, además, zonas arqueológicas.

Reiteramos nuestra preocupación ante la reciente designación del Sr. Del Solar, porque el Ministerio de Cultura debió promover la implementación de la consulta previa, tal como lo establece su Reglamento de Organización y de Funciones; y no actuar en contra de su aplicación, y más aún, por la intervención que habría tenido en su momento cuando fuera ministro del MINCUL ante los magistrados del TC para favorecer a una empresa minera, debido a que ésta función corresponde a los procuradores públicos no a los/as ministros. Reiteramos al respecto que el MINCUL nunca negó dicha situación en su carta de respuesta.

Todo se agrava porque estamos en un contexto de ofensiva extractivista minera expresado en el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), que señala que se necesita más minería en el país para ser más “competitivos” en América Latina; léase, exportar más materias primas para que la economía del país “no decrezca”. Junto a ello, la PNCP señala como objetivo estratégico hacia el 2030: “continuar y afinar las reformas estructurales emprendidas en la década de 1990 (gobierno Fujimorista), las mismas que son imprescindibles para un crecimiento y desarrollo económico a largo plazo”; lo que va de la mano con la “Visión Minería al 2030”, parte de la PNCP, que busca “la aceptación social” de la actividad minera. “Visión” que Red Muqui no ha suscrito y espacio del cual se retiró a inicios de año.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/858-preocupante-designacion-de-salvador-del-solar-como-premier-por-su-postura-frente-a-la-consulta-previa-y-las-empresas-mineras

Perú

Estado vs. Estado: Calidad de agua y salud en Espinar

Espinar, es una provincia con un nivel de conflicto socioambiental permanente y en ascenso, debido a la presencia de la Empresa Minera Glencore Antapaccay, quien ha demostrado una ineficiente capacidad de negociación colectiva en los temas ambientales y sus impactos. También es resaltante la fragilidad del Estado para atender a la población afectada como parte de su obligación de garantizar el bienestar de las personas en la Provincia de Espinar y con mayor razón de las Comunidades Campesinas quienes denuncian desde hace años que viven con metales tóxicos en su sangre.

La Minería es para el “Estado” la principal fuente de ingresos para resolver demandas sociales a través del Canon y Sobre Canon distribuidas en todos los niveles de gobierno. El Gobierno refuerza el discurso que las actividades extractivas son la ‘columna vertebral’ de nuestra economía, y no realiza un verdadero sistema de fiscalización por temor de ahuyentar a las ‘grandes inversiones’.

La Red de Salud Canas Canchis Espinar, en noviembre 2018, ha emitido un informe sobre la situación del agua potable indicando que los parámetros de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, exceden los límites máximos permisibles, y como es sabido, su ingesta podría ocasionar algún daño a la salud e incrementar la anemia y desnutrición crónica en niños menores a 5 años. Esta información ha sido proporcionada por el sector de Salud, quien ha creado preocupación sobre la calidad del agua. Sin embargo, en el mes de febrero en una reunión cerrada y sin convocatoria pública, la Dirección Regional de Salud (DIRESA – Cusco) ha emitido un comunicado indicando que el agua es apta para el consumo humano, desmereciendo el informe de la Red de Salud.

Frente a este panorama, las Comunidades Campesinas de la Provincia de Espinar emitieron un “MEMORIAL POR LA SALUD Y AGUA EN ESPINAR” dirigido a diversas entidades del Estado, entre ellas al Presidente de la República, Congreso de la Republica, Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional Cusco, Municipalidad de Espinar, mostrando su indignación colectiva por el discurso institucional Estatal desde el Ministerio de Salud respecto al tratamiento y atención de la Salud y el Agua en Espinar.

Ese doble discurso del sector de Salud causa preocupación, porque hasta la fecha no se ha socializado en Espinar ante sus Autoridades y Sociedad civil sobre la situación de Agua en Espinar, por ello Las Comunidades Campesinas exigen que se esclarezca la verdad, y que el Estado asuma el rol protector de la persona humana.

En el memorial se destaca principalmente: i El Ministerio de Salud y la DIRESA actué con transparencia y sin faltar a la verdad. ii La Defensoría del Pueblo participe como ente veedor en la visita programada para el mes de marzo por parte del sector de Salud en Espinar. iii Establecer mecanismos de comunicación idónea con la Plataforma Nacional de Personas Afectadas con Metales Pesados y permitir la participación de entes veedores independientes.

Frente a este panorama es necesario instalar una MESA DE TRABAJO SOBRE LA SALUD Y AGUA EN ESPINAR compuesta por el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, la Plataforma de personas afectadas y la Sociedad Civil debidamente representada en la que se pueda administrar mejor las políticas emprendidas desde el sector de Salud y con fiscalización permanente para su cumplimiento. Retomar el trabajo de Declaratoria de Emergencia Sanitaria en la Provincia de Espinar como parte de las políticas de un Estado que garantiza los derechos humanos fundamentales abonando presupuesto público para el tratamiento en la salud de las personas afectadas con metales pesados y evitar la contaminación del agua potable en la Provincia de Espinar.

VER Y DESCARGAR MEMORIAL POR LA SALUD Y AGUA EN ESPINAR:

Fuente:http://derechosinfronteras.pe/estado-vs-estado-calidad-de-agua-y-salud-en-espinar/?fbclid=IwAR33enKSJ_a_UjVHI0nQaHAIJpzNwon3ayWrnCLG4cY-CT1WJNtHbSIXcyo