Perú

«El presidente nos manifestó que Tía María sin licencia social no va»

Raúl Rodríguez Torres, alcalde del distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, dice que Southern no ha logrado instalar una estrategia que realmente convenza a la gente que está en desacuerdo. Mas bien ha estado trabajando con la gente que está de acuerdo. 

Las autoridades de Islay salieron al frente para advertir que se puede venir una asonada si el Gobierno le entrega la licencia de construcción al proyecto de Southern. El alcalde de Punta de Bombón, Raúl Rodríguez, señala que la empresa debió enfocarse más en quienes están en contra.

Varios ministros declararon que Tía María tiene prioridad. ¿La intención del Gobierno es que se ejecute?

Yo tengo otra lectura distinta. Lo que nos ha manifestado el presidente Martín Vizcarra es que si bien es cierto (Southern) puede cumplir con todos los procedimientos; mientras no haya la licencia social eso no cambia nada. Aquello nos ha dicho a mi y los alcaldes, cuando le entregamos el memorial en Autodema. Nos explicó que aprendió la lección de que nada se impone. Nos lo dijo coloquialmente, cara a cara.

Sobre el memorial, dirigentes acusaron que se negociaba la licencia con la represa que Tambo exige.

Para nada. Eso me preocupa porque se están buscando tres pies al gato. Soy un hombre proinversión, pero también un demócrata que cree que las cosas no se imponen. No podemos ir y decirle al Gobierno que no queremos mina, más bien tenemos que darle argumentos para que tome decisiones. Por lo que conocemos, sigue habiendo un grupo grande renuente al proyecto; unos por desconfianza, otros porque ya tienen una ideología. Debería haber en todos los casos, en que un proyecto minero quiera instalarse, una consulta popular.

¿Cree que la consulta podría zanjar este problema?

Legalmente, sí.

Hay dirigentes que dicen que los opositores son más y que los contrarios menos…

En realidad, no podría evaluar por cantidades, no es fácil y sería atrevido.

Lo que algunos notan es que no hay el nivel de organización del año 2015…

Lo que creo es que una autoridad es de todos, de los que están en contra y de los que piensan de manera distinta. Lo que puedo decir es que hay un grupo que tiene dudas del proyecto y está dispuesto a salir a marchar, a exigir. Lo hemos vivido antes y no queremos pasar por lo mismo. La intención de las autoridades es adelantarnos a los hechos y evitar una convulsión social. Hemos sido enfáticos en responsabilizar al Gobierno nacional si toma algunas decisiones que promuevan esa convulsión.

¿Se puede venir una protesta de igual proporción que la del año 2015?

Por supuesto, no hay que ser demasiado agudo para darse cuenta de ello. Vivo acá, he nacido acá, trato con la gente que quiere el proyecto y con la que no quiere. (…) La empresa (Southern) no ha logrado instalar una estrategia que realmente convenza a la gente que está en desacuerdo y, sin embargo, trabaja con la gente que está de acuerdo. Esa no es la idea, sino la de trabajar con los grupos que están en desacuerdo.

 Los que sí quieren que se ejecute Tía María sostienen que muchos de los que están en contra se benefician y que no quieren reconocerlo.

Allí nos estamos equivocando de idea, si estamos hablando de que se quieren despejar temores y dudas; no lo vas a lograr regalándoles televisores u otras cosas. Hay que conversar con la gente, hay que dialogar, hay que ir donde los grupos que tienen las dudas. Qué mecanismos se moverán a partir de eso, no sé; ese es un trabajo de ellos.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1476366-presidente-manifesto-tia-maria-licencia-social?fbclid=IwAR1_IQuAnt8t9BhpkfKARgBNN4kj8Tkf0kViEDvgiWvAOMiZSckVqFOS1Zo

Perú

Alcaldes de Islay vetan licencia para proyecto Tía María

Culminada la reunión realizada el último jueves por la tarde, entre el premier Salvador del Solar y el gobernador Elmer Cáceres Llica, quien estuvo acompañado del alcalde provincial de Islay, y los alcaldes distritales; la máxima autoridad regional de Arequipa declaró ante los medios de comunicación que el pedido principal que le hicieron al ejecutivo es el de no emitir la licencia de construcción al proyecto minero Tía María.

“Creemos que no es el momento oportuno para dar inicio a este proyecto en Islay, ya que aún no se ha construido la represa de Paltuture para abastecer de agua a los agricultores, además de que no cuenta con la licencia social y por ello le hemos invocado al premier que no emita la licencia”, señaló Cáceres Llica, a su salida de la reunión; y agregó que de parte del Ejecutivo, les respondieron que analizaran la situación, respetando en todo momento las normas legales.

El gobernador regional de Arequipa, Cáceres Llica, señaló que otra de las observaciones que tanto el alcalde provincial de Islay como su persona hicieron llegar al premier Salvador del Solar es la advertencia de un posible levantamiento de parte de los habitantes de la provincia de Islay en caso que se le dé la autorización de construcción a la minera Southern para dicho proyecto minero.

“Le hemos indicado al premier que no de la licencia de construcción porque las condiciones para su ejecución no son las indicadas y primero se debe de solucionar el problema de agua y desagüe que tienen varios pueblos de esta provincia” finalizó el gobernador Elmer Cáceres Llica.

La reunión entre los alcaldes de Islay, acompañados del gobernador regional, se da luego de que en los primeros días de este mes, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señalará durante la conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú que Tía María es uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo.

En dicha conferencia, Ísmodes añadió que el Gobierno podría dar la licencia de construcción al proyecto minero, pero que su ejecución no se daría hasta que no exista un consenso mayoritario de parte de los pobladores del Valle de Tambo en la provincia de Islay.

DATO
Ante estas afirmaciones los dirigentes de los distintos frentes de defensa de la mencionada provincia, señalaron inmediatamente después de las declaraciones del ministro de Energía y Minas, que entregar la autorización de construcción sería considerado como una provocación a los pobladores isleños, que se encuentran en su mayoría en una negativa a la ejecución del proyecto Tía María.

Fuente:https://elpueblo.com.pe/alcaldes-de-islay-vetan-licencia-para-proyecto-tia-maria/?fbclid=IwAR250luNk_vRieYaykbGjy77_5lv7LQQGrIZDgeLzln5DcNhpu5WUuNJuaU
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Las Bambas: Mesa de justicia terminó con firma de acta

Hoy se realizó la segunda reunión de la Mesa de Justicia y Derechos Humanos en la ciudad de Cotabambas, en la región Apurímac, que busca avanzar en la solución de las demandas de las comunidades frente a la criminalización de las protestas así como la reparación de las víctimas por los conflictos sociales.

Entre los asistentes por parte del gobierno se hicieron presentes el Ministro de justicia Vicente Zeballos, la Ministra de desarrollo social Paola Bustamante, representantes del Viceministerio de Gobernanza Territorial, del Ministerio de Transportes, y de la Defensoría del pueblo.

El Ministro de Justicia informó que a raíz de una reunión en Lima con la empresa Las Bambas, se confirmó un apoyo humanitario por un año a las 4 víctimas del conflicto, Cumpliéndose el año, el MINJUS asegura un fondo para que tenga este proceso tenga continuidad. Asimismo se reafirmó la creación de un fondo de contingencias para conflictos sociales.

Por los pueblos afectados estuvieron presentes dirigentes comunales y de los frentes de defensa de la provincia de Cotabambas y el distrito de El Progreso, así como de los distritos de Pumamarca, Cotabambas, Fuerabamba, Tambobamba, Mara, Haquira, entre otros.

Si bien los ministros que estaban presentes se retiraron antes que finalice la reunión, el Acta de acuerdos fue firmada por los dirigentes, un representante de la PCM, la Defensoría del pueblo.

 

Fuente:onflictosmineros.org.pe/2019/05/24/las-bambas-mesa-de-justicia-termino-con-firma-de-acta/?fbclid=IwAR1IW_kel-wKlXnc18CKjPeLe9TjtfagaC91FXxQcKqxhrbmffoprC4qdqw

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La consulta previa en debate: Sentencia del Parque Ichigkat Muja

El 26 de abril último, el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima (Expediente 14037-2013), declaró fundada la acción de amparo presentada por la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) en el año 2013, resolviendo la nulidad de 111 concesiones mineras y otras resoluciones de Estudios de Impacto Ambiental aprobadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), respectivamente. El motivo fue que estas entidades omitieron realizar el procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas Awajún y Wampis que habitan esos territorios.

Durante muchos años, las organizaciones que representan a los pueblos Awajún y Wampis venían demandando que sus territorios tradicionales fueran declarados como Zona Reservada, un primer paso para la creación del “Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor”. Ello como una forma de proteger su hábitat natural y evitar la intromisión de actores externos, particularmente empresas extractivas. Luego de un largo proceso de negociación de estas organizaciones con el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), se acordó en el año 2004 que el referido Parque tendría un área de 152,873.76 has. Sin embargo, en el año 2007, ya iniciado el segundo gobierno de Alan García, el INRENA incumplió el acuerdo alcanzado con las comunidades y redujo el área del Parque a 88,477 has. A las organizaciones indígenas no se les dio ninguna explicación de esta decisión. En ese momento las políticas del Poder Ejecutivo se inscribían en la lógica del “perro del hortelano”, que el fallecido presidente García utilizaba para simbolizar el vínculo que los pueblos indígenas tenían con sus territorios tradicionales, y cómo estas formas culturales impedían el desarrollo del país que era entendida como de promoción irrestricta de las actividades extractivas.

Así, sobre la extensa área del territorio Awajún y Wampis que quedó desprotegida, se comenzaron a otorgar concesiones mineras y permisos para actividades de exploración y explotación. Varias empresas y agentes externos comenzaron a ingresar a este territorio del Parque con dichos fines, produciéndose numerosos conflictos con las comunidades de la zona. El caso de la empresa minera Afrodita y sus reiterados desencuentros y conflictos con la población, refleja de forma clara, las consecuencias del incumplimiento del Estado. En esa medida, esta sentencia corrige un despropósito y una clara afectación a los derechos colectivos de los pueblos Awajún y Wampis, referidos a su capacidad de tener injerencia y poder de decisión sobre las cuestiones que afectan sus territorios tradicionales.

Asimismo, al declarar la nulidad de las concesiones y autorizaciones otorgadas, esta sentencia se suma a otras resoluciones judiciales emitidas que también declaran la nulidad de concesiones mineras por no haber realizado la consulta previa. Estos son los casos de Tres Islas en Madre de Dios o Atuncolla en Puno. Además, existen muchas otras demandas de amparo en trámite que también vienen solicitando la nulidad de concesiones mineras otorgadas. De igual manera, en el caso de las actividades de hidrocarburos, también se han venido acogiendo favorablemente muchas demandas de amparo de pueblos indígenas amazónicos para declarar la nulidad de lotes petroleros por la omisión de la aplicación de la consulta previa.

Dicho esto, lo que se ha resuelto en esta sentencia, y en general, lo que se viene resolviendo a nivel judicial en torno a los alcances del derecho a la consulta previa, obliga a reflexionar sobre cuál es el momento más apropiado para su aplicación. Cabe decir que, en mayo de 2011, dos meses antes que finalice el segundo gobierno de García, el MINEM emitió el Decreto Supremo 023-2011-EM, que regulaba la aplicación de la consulta previa para las actividades inscritas en su sector. Lo curioso es que esa norma estableció que la consulta se tenía que realizar antes del otorgamiento de una concesión minera. Probablemente esa flexibilidad del Gobierno para ampliar de esa manera los alcances de la consulta, haya tenido que ver con que estaba casi de salida. Sin embargo, ya en el gobierno de Humala, una vez que entraron en vigencia la Ley de Consulta (setiembre de 2011) y su Reglamento (abril de 2012), las normas procedimentales que se emitieron para implementar este derecho restringieron sus alcances.

En el caso de las actividades mineras, se decidió que la consulta se debía realizar en el momento previo a la emisión de la resolución de la Dirección General de Minería del MINEM para autorizar el inicio de actividades. Pero esta medida administrativa es de tipo fast checking, que solo verifica el cumplimiento de requisitos que previamente se deben cumplir para iniciar actividades de exploración, explotación o beneficio minero. Justamente uno de esos requisitos es contar con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado. Es decir, bajo este esquema, la consulta se realiza una vez que se tiene el EIA definido, lo cual sin duda resta eficacia a este derecho y lo vacía de contenido. La etapa de elaboración de estos estudios debería ser la oportunidad para determinar y proponer alternativas a las observaciones o reservas de los grupos de interés, entre los que se cuenta a las poblaciones indígenas. El hecho de que no se consideren estas preocupaciones es lo que viene llevando a que los pueblos indígenas opten por la vía del amparo entrando en una dinámica cada vez más fuerte de judicialización de la consulta.

La oportunidad o el momento más apropiado para la aplicación de la consulta sigue siendo un debate abierto. En la Sentencia del Parque Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, se ha señalado de forma explícita que la consulta se debe realizar antes del otorgamiento de la concesión, y además que todas las concesiones aprobadas tras la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT (1995) tendrían vicios de nulidad; es decir, deberían ser declaradas nulas en tanto no pasaron por un procedimiento de consulta. Pero, cabría analizar qué consecuencias conllevaría establecer la obligatoriedad de consultar todas las concesiones otorgadas desde la admisión del Convenio 169. Considerando que existen miles de concesiones aprobadas desde esa fecha, muchas de las cuales constituyen grandes operaciones mineras en pleno funcionamiento actualmente, ¿podría el Estado viabilizar en la práctica la implementación de procedimientos de consulta respecto a todas esas concesiones? Más allá de la justicia detrás de estas reclamaciones, lo concreto es que el Estado no se encontraría en condiciones de atender tantas reclamaciones simultáneas. Ello considerando también la presión mediática que se generaría en su contra, proveniente de grupos de poder vinculados con la minera, que reclamarían por tantas operaciones que se suspenderían de adoptarse tales medidas.

De igual manera, es importante tomar en cuenta que los procesos de consulta suelen generar altas expectativas entre la población respecto a los beneficios que pueden obtener de la actividad extractiva. Pero antes del otorgamiento de una concesión resulta difícil poder establecer de forma clara qué beneficios se podrían obtener. El otorgamiento de una concesión solo requiere presentar una serie de requisitos formales, pero no se solicita información que pueda determinar los impactos a nivel social o ambiental que se generarían a futuro (eso recién se tiene más claro en un siguiente momento, cuando se elabora el EIA). Incluso muchos solicitan concesiones solamente con fines especulativos, esperando obtener un beneficio económico futuro por la venta de la concesión ante una empresa con mayor capital (y posibilidades de explotar). El marco normativo permite que uno pueda tener una concesión vigente hasta por 30 años sin explotar el recurso, solamente pagando un derecho de vigencia anual y luego penalidades. Sin embargo, estos montos no constituyen incentivos suficientes para abandonar una concesión. En ese sentido, realizar una consulta bajo estas condiciones, con la incertidumbre sobre si el recurso va a ser extraído o no, puede determinar que se generen expectativas infundadas entre la población que sería consultada, pudiendo ser un factor adicional y muy importante que puede conducir a la proliferación de conflictos sociales y la afectación de la gobernabilidad en espacios de desarrollo de actividades mineras.

Por lo expuesto, este artículo plantea que las discusiones sobre el momento o la oportunidad de la aplicación de la consulta, no pueden desligarse de otra discusión mucho más profunda y de mayores dimensiones: la necesidad de efectuar reformas sustanciales en el actual sistema de concesiones minero en el país, que en lo sustancial sigue siendo el mismo que instauró Fujimori al inicio de su primer gobierno. Los problemas evidenciados reflejan la necesidad de establecer una serie de restricciones al otorgamiento indiscriminado de concesiones por parte del INGEMMET, entidad adscrita al MINEM y que está encargada de otorgar las concesiones. Estas se aprueban sin evaluar o cruzar información sobre los usos del territorio, o sin tomar en cuenta los instrumentos de planificación local o regional. En la práctica, son las mismas concesiones las que definen los usos del territorio, en una lógica orientada a la explotación intensiva de los recursos naturales, y sin tomar en cuenta o subvalorando otras actividades económicas o prácticas tradicionales de las poblaciones que se asientan en esas zonas y que para ellas pueden ser más valiosas que las actividades mineras o extractivas.

Por tanto, lo que cabría plantear es que se revierta esa figura, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de ordenamiento territorial (OT). La idea es que estos sean implementados antes de autorizar cualquier tipo de actividad extractiva, y se elaborarían con la participación directa de la población involucrada, incorporando sus intereses y aspiraciones en la organización del espacio físico y del uso del suelo de acuerdo a sus potencialidades. En el caso de los pueblos indígenas, procesos participativos de este tipo plasmarían en la práctica el espíritu y los principios que guían las normas, sentencias y declaraciones internacionales que delimitan el marco de protección de sus derechos colectivos como pueblos. Sería una forma de implementar un procedimiento de consulta previa y que no se tendría que supeditar necesariamente al otorgamiento futuro de una concesión o a una autorización para realizar actividades mineras.

Habiendo realizando este proceso de evaluación previa de carácter participativo, los pueblos indígenas podrían contar con mayor información para determinar los impactos sociales y ambientales que se podrían generar en la eventualidad de que se quiera promover algún tipo de actividad minera o extractiva en sus territorios, así como los beneficios o perjuicios que se podrían generar.

Por lo tanto, una salida sostenible y con mirada de largo plazo a los problemas que se van a ir generando por el cuestionamiento a las concesiones y autorizaciones de actividades mineras inconsultas, pasaría por fortalecer el OT y que este tenga carácter vinculante y no se subordine a los intereses de las industrias extractivas, tal como ha venido ocurriendo hasta la actualidad.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-consulta-previa-en-debate-sentencia-del-parque-ichigkat-muja/?fbclid=IwAR3pU52VMpWCP1vAZ2H1Qe2YHnfEUp4o3HAt4LPfY6iV4dgVjw-AXVdjuEc

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Cajamarca: tras 5 años absuelven a ronderos de Celendín

El día 22 de mayo en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca se leyó la sentencia absolutoria para dos ronderos de la zona de Oxamarca- Celendín. Absalón Martos Vásquez y Segundo Nazario Chávez Tirado, miembros de la ronda Campesina de la Comunidad de Quillamachay, eran procesados desde el 2014 por delito de Secuestro agravado y para los que se pedía la pena de cadena perpetua.

El motivo fue que en junio del 2014 intervinieron a cuatro personas ajenas al lugar, las cuales estaban comprando tierras en grandes cantidades de manera irregular y sospechosa, probablemente para venderle a la Odebrecht quien tenía previsto construir en esta zona la represa Chadín II, o a las compañías mineras que están también en el lugar.

La intervención sólo consistió en pedirles que se presenten ante la asamblea ronderil, los presuntos secuestrados habrían incluso tenido la oportunidad de dar parte a la Policía Nacional, que llegó al lugar y al no observar nada irregular de parte de la ronda, participó de la reunión.  Días después, estas personas denunciaron a los ronderos por secuestro agravado y lo increíble sería que la Fiscalía de Celendín, sin mayores pruebas y obviando su condición de ronda, procedió a denunciar por este grave ilícito pidiendo la pena máxima.

Este proceso se convirtió en una larga y tortuosa lucha judicial; la comunidad se preguntaba si el haber actuado contra personas vinculadas a las grandes empresas tenía que ver con esta absurda persecución. Los 2 ronderos incluso fueron sentenciados en una primera instancia, sin mayores pruebas y por un delito diferente al que les imputaban.

Este proceso ha tenido muchas irregularidades y en virtud de ello una Sala Penal determinó su nulidad, sometiéndose el caso a nuevo juicio donde se llegó a la absolución de los mismos. Esperamos que este caso contribuya al cese de la criminalización de la labor ronderil, reconocida por la Constitución y que no debe ser motivo de ninguna denuncia o proceso, cuando se realiza dentro de los márgenes de la ley y el respeto a los derechos fundamentales.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/23/cajamarca-tras-5-anos-absuelven-a-ronderos-de-celendin/?fbclid=IwAR21duH6AK73M99cl6jsM62Sj9hPHlXnQNs14tqxgfxQGQDQKbP5OBOMFfY

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Juez ordena anular 127 concesiones mineras en comunidad «Tres Islas»

La semana pasada, la Sala Civil de la Corte Superior de Madre de Dios, dictó la orden de ejecutar la sentencia que declara nula las concesiones mineras y otras acciones inconsultas en la comunidad nativa «Tres Islas», en el distrito de Tambopata. Para ello, solicitó que dicha sentencia regrese al juzgado de origen para que pueda hacerse efectiva en diez días, además queda prohibido que el Gobierno Regional de Madre de Dios otorgue más concesiones.

En marzo de este año, la comunidad logró una victoria judicial, cuando la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, sentenciara por primera vez la anulación de concesiones mineras, adjudicaciones de predios agrícolas y derechos de agua que se otorgaron a colonos sin realizar las consultas previas a la comunidad.

A pesar de haberse dado dicha sentencia, los procuradores del Gobierno Regional de Madre de Dios y el Ministerio de Agricultura presentaron una apelación al fallo; sin embargo, estos fueron desestimados por la Corte.

Sin precedentes

Esta sentencia es la primera en el Perú, y anularía 127 de las concesiones mineras otorgadas, así como 4 licencias de agua y 11 adjudicaciones de predios agrícolas de las comunidades. Fallo que ha generado el saludo de la relatora de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpuz, a través de su cuenta en Twitter.

Las comunidades compuestas por las familias Shipibos y Ese´eja fueron principalmente afectadas por la actividad minera y la contaminación de mercurio. En el fallo también se incorpora las disposiciones que detalla la Medida Cautelar 113-16, donde determina se atienda la salud, la seguridad, el agua y la alimentación de las poblaciones indígenas.

Asimismo, el fallo exige realizar estudios para descontaminar las aguas y suelos, reforestar los territorios dañados, y brindar atención integral de la salud y provisión de agua potable.

Por su parte los representantes de las comunidades han expresado su acuerdo y saludo a la ejecución, ya que contribuirá a «la recuperación de nuestro bosque», manifestó César Estanico, presidente de la Comunidad Nativa  «Tres Islas».

 

Fuente:https://wayka.pe/juez-ordena-anular-127-concesiones-mineras-en-comunidad-tres-islas/?fbclid=IwAR00y2JqBpUzKcQXsJQ5LXdqVwF_zJNG-8UScq3m9vjwy0EYMZmEP8WAo3o

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Las Bambas: Fuerabamba retoma el bloqueo de la vía tras diálogo frustrado

La comunidad campesina de Fuerabamba decidió iniciar un nuevo bloqueo vial a la mina de cobre Las Bambas de la minera china MMG Ltd tras unas frustradas negociaciones con la compañía china en torno a compensaciones.

La comunidad comenzó el bloqueo a la medianoche del martes (05:00 GMT), dijo el representante Américo Contreras a medios nacionales, citando un documento de funcionarios del Gobierno que mediaron en las conversaciones, que finalizaron sin una solución el lunes por la noche.

“En este momento Yavi Yavi se encuentra bloqueada y la empresa minera ha decidido no trasladar los minerales en los [camiones] encapsulados”, dijo Contreras, en referencia al fundo por donde pasa la carretera.

Imagen: El comercio

Previamente en el año, Fuerabamba mantuvo un bloqueo al acceso de la mina que evitó el transporte de concentrado de cobre por más de dos meses.

El yacimiento Las Bambas, uno de los mayores de Perú, produce alrededor de 400,000 toneladas de cobre al año, o cerca del 2% de la extracción global del metal.

La comunidad llegó a un acuerdo con MMG, lo que había llevado a que se levantara el bloqueo.

El día de ayer representantes de la empresa minera y los comuneros de Fuerabamba no llegaron a un acuerdo tras sostener una reunión en el sector de Yavi Yavi. Algunos de los temas tratados fueron la propuesta de los comuneros del pago de S/150 mil para cada uno de ellos, la retribución económica de 500 puestos de trabajo desde el 2014, así como una compensación por el derecho de la vía, la cual sería de S/20 millones.

Según documentos de la reunión, la compañía rechazó las demandas de la comunidad por considerarlas “exorbitantes” e “inviables”. El bloqueo se reanuda en espera de una nueva respuesta de la minera y del gobierno central.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/21/las-bambas-fuerabamba-retoma-el-bloqueo-de-la-via-tras-dialogo-frustrado/

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Por tercera vez se suspende audiencia contra dirigentes denunciados en la zona de influencia del proyecto Las Bambas

Se ha vuelto a reprogramar, por tercera vez consecutiva, la audiencia que se debía realizar hoy miércoles 22 de mayo en el juicio que se sigue contra 19 comuneros de Cotabambas, por los sucesos ocurridos en setiembre de 2015 en el marco del conflicto social contra la empresa Las Bambas.

Andrés Flores Aguilar, es el juez encargado de llevar adelante la referida audiencia, que se debía realizar en el Juzgado Penal Unipersonal ubicado en la ciudad de Tambobamba, en la provincia apurimeña de Cotabambas. Por un acuerdo entre la defensa de los dirigentes sociales, la Fiscalía y el Juzgado, se decidió reprogramar nuevamente la audiencia para el 3 de julio próximo.

Una de las razones principales de la suspensión es que se han producido cambios en el Ministerio Público, por lo que el Fiscal tiene un desconocimiento del tema. Por esa razón se ha pedido que se postergue la audiencia para que pueda revisar bien el caso.

Sin embargo, debemos señalar que todos estos cambios llaman la atención. Además, es preocupante que habiendo pasado varios años, el proceso siga entrampado y no se formule hasta el momento acusación. Las comunidades hacen enormes esfuerzos para cumplir con las citaciones y para contar además con una asesoría legal que les permita afrontar el proceso en condiciones adecuadas.

Abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, son los que asesoran a los comuneros denunciados y han tenido que trasladarse a Cotabambas hasta en tres ocasiones y se han encontrado con audiencias que han sido suspendidas.

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho está solicitando entre 11 y 17 años de pena privativa de la libertad contra este grupo de dirigentes por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos. También se está pidiendo como concepto de reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del Estado peruano.

En tanto la compañía minera Las Bambas ha ratificado su pedido de reparación civil que asciende a 88,600 dólares por daños a la propiedad privada, monto que incluso puede incrementarse a petición de la referida compañía minera. Se dice en la zona que la empresa minera estaría contando para este caso con la asesoría de abogados vinculados al influyente Estudio Caro.

22 de mayo de 2019

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/22/por-tercera-vez-se-suspende-audiencia-contra-dirigentes-denunciados-en-la-zona-de-influencia-del-proyecto-las-bambas/

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El día de la dignidad del pueblo Kana, Espinar

Como todos los 21 de mayo, hoy se celebra el día de la dignidad Kana, en toda la provincia de Espinar, en la región Cusco. De esta manera se conmemora la primera toma de la mina ocurrida -precisamente- un 21 de mayo de 1990, cuando por primera vez una gran revuelta terminó con la toma de la mina de Tintaya, en ese entonces operada por una empresa pública. Luego de unos días de movilizaciones y toma de rehenes, se logró un acuerdo con el Estado peruano.

Las demandas de entonces giraban en torno a los procesos de expropiación de tierras comunales, los impactos de la minería en los recursos naturales de la zona y a la demanda de que la actividad minera se vincule y aporte al desarrollo de la provincia. Las expropiaciones iniciales de tierras tuvieron un impacto importante en los pobladores, agrupados hasta entonces en una sola comunidad. Posteriormente, ya bajo gestión privada, la empresa siguió adquiriendo tierras comunales y, como es usual, la minería se convirtió en un competidor directo por el control de los escasos recursos hídricos de la zona, provocando además impacto en ellos. Es así que el 21 de mayo se convirtió en una fecha de referencia para futuras movilizaciones.

Los posteriores estallidos sociales del año 2005 y el del 2012, se iniciaron precisamente en esa fecha. Son varios los temas que aparecen en la compleja agenda de Espinar: uno primero tiene que ver con los graves impactos en la salud de la población de Espinar. Varios estudios realizados en los últimos años han mostrado que la población de esta provincia, sobre todo la que vive en la zona de influencia de las operaciones mineras, se encuentra expuesta a metales pesados y muchos tienen presencia de estos metales en sus cuerpos.

Pese a que el Estado, en sus diversos niveles de gobierno y luego de varios acuerdos establecidos con la población, se comprometió a implementar planes de salud integral para brindar atención especializada a las personas en riesgo, hasta el momento no se ha logrado mayores avances. Los planes elaborados no han contado ni con el presupuesto ni con el soporte institucional necesario, y hasta la fecha, no se ha logrado una respuesta adecuada del sistema de salud a las personas que sufren exposición crónica a metales pesados. La población de Espinar sigue esperando que el tema de salud sea adecuadamente atendido.

El otro problema complicado tiene que ver con el agua que se consume en Espinar y las denuncias de presencia de metales tóxicos. Un informe de la Dirección Regional de Salud del Cusco reveló que la población de Espinar consumía agua contaminada con metales tóxicos. Los análisis dieron cuenta sobre la presencia de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, entre otros parámetros, por encima de los parámetros permitidos.

Lo cierto es que cada 21 de mayo la población de esa provincia cusqueña recuerda que todavía existe una serie de compromisos incumplidos de parte de la minería y el Estado peruano.

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/el-dia-de-la-dignidad-del-pueblo-kana-espinar/

Perú

Perú: No a la criminalización de defensores territoriales por protestar contra proyecto minero Las Bambas

París, Ginebra, 20 de mayo de 2019 – A través de una nota que se publica el día de hoy, el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto entre la FIDH y la OMCT, manifiesta su grave preocupación por las numerosas irregularidades e ilegalidades identificadas en el caso Las Bambas y hace un llamado a las autoridades peruanas a que respeten el derecho a un juicio justo y imparcial de los 19 defensores de la tierra y el territorio que serán juzgados a partir de este miércoles.

Después de casi cinco años de proceso penal y después de dos suspensiones, el 22 de mayo comenzará el juicio oral contra 19 defensores de la tierra que se manifestaban contra los impactos negativos del proyecto minero las Bambas en Perú, propiedad del Consorcio chino MMG Limited, quien se constituyó como parte civil en el proceso.

Los reclamos de las comunidades de la provincia de Grau y Cotabambas (Apurímac) iniciaron después de que la empresa modificase unilateralmente el Estudio de Impacto ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas. La principal modificación fue la de transportar 450 mil toneladas de minerales por las carreteras ubicadas en la zona de las comunidades y no por un mineroducto, como estaba inicialmente previsto. Esta modificación y otras han provocado afectaciones en la salud y el medio ambiente de las comunidades.

El 25 de septiembre de 2015, estas comunidades iniciaron un paro indefinido por no haber sido informadas, ni consultadas sobre las modificaciones al EIA. Tres días después se generó una fuerte represión por parte de efectivos policiales contra la población que protestaba frente al campamento minero, produciéndose la muerte de tres manifestantes, 23 personas heridas (15 civiles y 8 policías) y la detención arbitraria de 21 personas manifestantes, 19 de los cuales desde entonces se encuentran inmersos en un proceso judicial.

Este proceso no es un caso aislado. Se estima que habrían más de 500 personas criminalizadas en el contexto de las protestas contra el proyecto las Bambas. En una zona que históricamente ha sido campesina e indígena no es posible reducir a los manifestantes a simples criminales. El Observatorio reitera que defender derechos no es un crimen, es un derecho y que, en lugar de criminalizarles, el Estado peruano debería comprometerse con la adopción de una política pública integral de protección a las personas defensoras, tomando el protocolo recientemente aprobado como un primer paso.

La militarización y las repetidas declaraciones de Estados de emergencia en la zona, que además son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, solo han dejado como resultado agresiones, criminalización de manifestantes, desestructuración de las reivindicaciones de las comunidades y la vulneración de sus derechos. Esa respuesta represiva del Estado peruano a los reclamos de la población afectada por estos proyectos en el corredor minero no es efectiva, cómo se ha visto recientemente con las manifestaciones que se reiniciaron en agosto de 2018 por las comunidades de Fuerabamba, Apurímac. La solución pasa por abordar los problemas de fondo que crean la conflictividad a través de medidas que atiendan las demandas de la población.

El Observatorio dará seguimiento a este proceso y confía que los jueces garantizarán su independencia así como los derechos al debido proceso, reconocidos a nivel nacional e internacional de los 19 manifestantes defensores del territorio, cuya criminalización debe cesar.

El informe está disponible para su descarga: Peru_2019.05.20_Informe Las Bambas.

Fuente: https://derechosinfronteras.pe/peru-no-a-la-criminalizacion-de-defensores-territoriales-por-protestar-contra-proyecto-minero-las-bambas/?fbclid=IwAR3xHerXWL85XyaR-mFfZioqvcklGRlSY6SDKG_E63ZBXUQqeolY1Hv7xZM