Perú

Ministerio de Vivienda reubica a dos familias de niños con plomo en la sangre

Entidad descartó haber querido trasladar a las familias a Maranguita como aseguraron algunos padres.

Están a punto de cumplir un mes desde que vinieron desde su natal Cerro de Pasco con el fin de encontrar una solución en favor de la salud de sus hijos. Los padres de los niños con 12 metales pesados en la sangre y diagnóstico de leucemia esperaron diariamente recibir una respuesta efectiva por parte del Ministerio de Salud (Minsa) para poder recibir un tratamiento especializado que en el Perú no existe, pero lo único que recibían era indiferencia.

El último martes, con 23 días haciendo protestas fuera del Minsa y ante la desesperación e impotencia, los padres de familia decidieron tomar la pista de la avenida Salaverry para que fueran atendidos por la propia ministra de salud Elizabeth Hinostroza, sin embargo, lo único que recibieron fue la represión de más de una docena de policías que usaron la violencia hasta con los propios niños afectados por la minería.

La presencia de los medios de comunicación hizo que representantes del Minsa se sientan obligados a brindar algún tipo de solución a este caso. Convencieron a los padres de ‘levantar’ la protesta y los hicieron ingresar al ministerio con el fin de conversar y llegar a un consenso. En comunicación con El Popular; Junior Castañeda, hermano mayor de una de las menores afectadas, afirma que existió un acuerdo entre ellos y los representantes del Minsa para que puedan viajar a Argentina a que los niños sigan el tratamiento adecuado para su enfermedad.

Sin embargo, el viaje está programado para quincena del próximo mes de abril y hasta esa fecha su ubicación se convirtió incierta ya que, según Daniel Koc Gonzales, jefe del Departamento de Pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño, los niños no deberían estar expuestos en ese ambiente.

Según Junior Castañeda, el viceministro de vivienda David Alfonso Ramos López les ofreció ser reubicados para que no sigan en las calles de la avenida Salaverry mientras esperan el viaje, pero el lugar resulta ser inhóspito y escandaloso: el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima o más conocido como Maranguita.

«El lugar es sumamente cochino, las puertas están rotas, las frazadas están sucias y hay manchas de sangre por todos lados. Ahí tampoco podemos exponer a nuestros niños», aseguró.

Consultado por este tema, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, rechazó tajantemente que se haya realizado una propuesta de este tipo. «Es imposible que se haya ofrecido algo así, ya que el Ministerio únicamente participa con la entrega de las viviendas definitivas y no cuenta ni administra albergues», refirió.

El funcionario agregó que, del diálogo y acompañamiento permanente que reciben estas cinco familias por parte del Sector, dos de ellas ya han sido reubicadas en departamentos que ellos mismos seleccionaron, a través del Fondo Mivivienda.

Asimismo, las tres familias restantes están por realizar su traslado, aunque dos de ellas están evaluando aún otras opciones de proyectos habitacionales.

PLOMO EN LA SANGRE
A mediados de 2017, un informe médico mostró presencia de altos niveles de cadmio, plomo, mercurio y arsénico en el organismos de niños menores de 15 años de Cerro de Pasco y La Oroya. En 2015, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (Censopas) del Minsa tomó muestras de sangre a 83 niños de Pasco, en donde se encontró hasta 22 microgramos de plomo en su organismo, cuando el límite permitido es 9.9 según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo peor, aseguran que no hay ningún médico toxicólogo en la mencionada provincia que atienda a los afectados por metales pesados, solo pediatras y médicos internos.
https://elpopular.pe/actualidad/2020/03/12/padres-ninos-plomo-aseguran-ministerio-vivienda-quiere-enviar-maranguita-mientras-esperan-viaje-argentina-pasco-cerro-pasco-plomo-sangre-mineria-volcan-3257

Perú

Piden al Estado que asegure condiciones de transparencia en industrias extractivas y de infraestructura

Organizaciones civiles se pronuncian por la transparencia frente a escenario de corrupción en sector extractivo y de infraestructura.
Se pide al nuevo Congreso que ratifique el Acuerdo de Escazú sobre la Transparencia y el Acceso a la Información, así como al Ministerio de Energía y Minas que cumpla con los compromisos de Perú frente a la Iniciativa Mundial EITI sobre transparencia en industrias extractivas.

Lima, 2 de marzo de 2020.- Más de 30 organizaciones civiles emitieron ayer un pronunciamiento público exigiendo al Estado peruano que cumpla los diversos compromisos que tiene pendientes en relación a la mejora de estándares para la transparencia en nuestro país.

Esto toma especial relevancia frente al escenario de corrupción ampliado por los casos Odebrecht y Lava Jato, entre otros, así como a la inestabilidad política en los gabinetes ministeriales, asociada a sospechas de corrupción, y que viene ocasionando -entre otros- el incumplimiento de los compromisos del Perú frente a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), alianza internacional que tiene por fin publicar los pagos e ingresos que reciben los gobiernos por la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas extractivas, así como de divulgar la información sobre los compromisos ambientales y sociales de las empresas.

Al respecto, uno de los puntos más graves es el débil compromiso del gobierno con respecto a EITI, los cambios sectoriales han producido retrasos, como es el caso es la publicación del VII Informe Nacional de Transparencia en las industrias extractivas EITI Perú 2017-2018, donde se transparentaría información de pagos ambientales de estas industrias. Este incumplimiento pone en riesgo al Perú de ser suspendido como miembro de esta Iniciativa mundial.

Otra de las principales demandas es que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú, Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que nuestro país vino impulsando en la región y que a la fecha no ha ratificado, aun cuando falta que por lo menos tres países lo ratifiquen[1] hasta este año para que entre en vigencia.

Asimismo, se propone mejorar los mecanismos de transparencia en los contratos de Asociaciones Público Privadas – APP, así como en el nuevo mecanismo de obras por convenio de gobierno a gobierno, y otorgar verdadera autonomía a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que actualmente es una Dirección del Ministerio de Justicia y no un organismo técnico especializado con autonomía para sancionar y/o fiscalizar a la Administración Pública.

Finalmente, se debe incluir acciones concretas para cumplir con el compromiso de hacer pública la información sobre los gastos sociales y ambientales, empresa por empresa en el sector extractivo, así como las relacionadas a proyectos de infraestructura, y promover una mayor participación de la sociedad civil en las iniciativas de rendición de cuentas y transparencia, así como en la protección de los defensores ambientales.

Nota al pie

[1] A la fecha el Acuerdo ha sido ratificado por Bolivia, Guyana, Uruguay, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Nicaragua y Ecuador, estando pendiente en el caso de los últimos tres países el depósito formal de las ratificaciones en Naciones Unidas.

Piden al Estado que asegure condiciones de transparencia en industrias extractivas y de infraestructura

Perú

Denuncian en Perú golpes a niños con cáncer por actividad minera

Fuerzas de seguridad golpearon a niños enfermos con cáncer, denunció un colectivo de familias contaminadas
11/03/2020NOTIMEX / FOTO: @WAYKAPERU

Niños enfermos de cáncer a causa de actividades mineras en Perú y sus madres, quienes protestaron ayer en demanda de soluciones, fueron golpeados por fuerzas de seguridad, acusó un colectivo de familias contaminadas por la minería en el Cerro de Pasco.

Las familias organizadas solicitaron el apoyo ciudadano para obtener árnica, crema para quemaduras, alcohol, gel, jabón desinfectante, agua oxigenada, suplementos de magnesio y vitaminas para niños, además de muestras médicas de pastillas para el dolor, en ánimo de auxiliar a los menores afectados.

Este miércoles las familias afectadas por metales tóxicos en la sangre, debidos a la contaminación de la empresa minera Volcán, operativa en la ciudad de Cerro de Pasco, cumplieron cuatro semanas de campamento de protesta ante el Ministerio de Salud, en demanda de soluciones.

El martes 10 de marzo decidieron bloquear la avenida Salaverry, lo que derivó en represión de agentes antidisturbios, quienes lesionaron tanto a padres como a menores, acusaron las familias. No obstante los golpes, el campamento no fue desalojado.

“Hemos identificado a un oficial de la Policía Nacional del Perú que agredió a la niña Sherly, de 13 años, con leucemia. El Ministerio del Interior del Perú nos dice que dialogará, pero por otro lado manda a pegar a niños y madres enfermas”, reprocharon los afectados.

Las autoridades han prometido verbalmente enviar a cinco familias afectadas fuera del Perú para que los hijos sean atendidos por especialistas, pero los padres exigen que el plan beneficie a todos los menores afectados, además de la construcción de un hospital para la desintoxicación de metales pesados en Cerro de Pasco.
https://www.excelsior.com.mx/global/denuncian-en-peru-golpes-a-ninos-con-cancer-por-actividad-minera/1369258

Perú

Minería y cultura de la muerte en el Perú: reflexiones a propósito de Los Funerales de Atahualpa, Volcán y los niños intoxicados.

Foto © Luisenrrique Becerra | Noticias SER
Gabriel Ramon. Arqueólogo e historiador. Profesor asociado del Departamento de Humanidades PUCP.

Notas para un debate

1. “Ya no queremos que fallezcan más niños. Queremos que salgan fuera de Perú para que los curen en otro lado. No queremos más muertos en Cerro de Pasco. El lunes tiene tratamiento mi hijo y ya me cansé que a mi niño le saquen sangre a cada rato y no haya una solución. No hay tratamiento especializado en Perú. A las madres les está dando parálisis facial. Es fundamental que haya trasplante de médula para los niños que están con leucemia.”, agregó Irma Estrella” madre de Jhan Mauricio Estrella”.

2. La compañía minera Volcán S.A.A. auspició (2010) la restauración del magnífico cuadro de Luis Montero Los Funerales de Atahualpa (1865-1867), una de las pinturas claves del arte republicano peruano. Esa misma compañía es la que ha venido contaminando, desde hace dos décadas a los niños de Cerro de Pasco con su desregulada explotación de minerales. Ya en 2009 minera Volcán tenía una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia Climática, es decir no se trataba, ni siquiera entonces, de una entidad limpia.

3. Algunos dirán que sería peor que los “contamineros” ni siquiera apoyaran la cultura. Que deberíamos estar agradecidos de su aporte, que peor es nada. Pues bien, eso nos deja un corolario evidente: ¿deberíamos permitir a los narcotraficantes «apoyar la cultura»? ¿Por qué Volcán es mejor auspiciador que Barrio King?

4. Este debate no debería excluir al Estado que ha abandonado sistemáticamente a las familias de Cerro de Pasco y ha permitido las irregularidades de Volcán. El caso de Volcán es tan solo un ejemplo, pero es relevante ya que sintetiza un problema mayor.

5. Entre las tendencias historiográficas actuales sobre el estudio de los objetos, y en particular las obras de arte destaca la necesidad de estudiar su biografía completa, es decir desde su concepción/producción hasta su descarte y post-vida. Se trata, básicamente, de no dejar de lado ningún aspecto de su biografía para explicarla mejor. ¿Cómo abordar las restauraciones? ¿Cómo leer este proceso por el cual una empresa acaba impregnando su nombre en una obra emblemática (como Los Funerales de Atahualpa)? ¿Más aún si se trata de una empresa que ha malogrado la vida de tantas familias? El asunto nos remite al viejo problema ético/artístico de la relación entre autor y obra, pero añadiendo nuevas capas: es un tema importante y urgente.

6. Esta desgracia nos permite repensar también otros debates: ¿en realidad conviene implementar aquello de «cultura por impuestos» en este escenario? Imagínense que Volcán sigue apoyando el arte, es decir que una empresa con un record como el descrito sigue imprimiendo su sombra fúnebre en obras emblemáticas peruanas y además se libra de impuestos. En una época en que los museos del mundo se quieren “descolonializar”, esto sería una tremenda marcha atrás. Además de aplicar medidas concretas de descolonización de las artes, lo que debe hacer el Estado peruano es controlar bien los tributos de las grandes empresas y destinar una partida decente para la cultura, no mendigar.

7. En términos prácticos e inmediatos, las instituciones de arte peruanas deben tener criterios más estrictos para seleccionar a sus auspiciadores. Entonces, no pueden tener personas evidentemente corruptas como los dueños de Graña y Montero en sus directorios, de otro modo seguirá sucediendo lo mismo. Como todos sabemos, el escándalo es tan grande que la empresa implicada ha decidido borrar sus apellidos emblemáticos.

8. No se que les pasará a ustedes como visitantes de museos, pero yo, cada vez que vuelva a mirar Los Funerales de Atahualpa no podré dejar de pensar en todos los niños contaminados por Volcán, en el hijo de Irma Estrella, y en las familias que heroicamente protestan frente al MINSA. Más aún, ahora que vea la exposición de quipus en el MALI no voy a dejar de pensar en la contaminación provocada por minera Bateas, compañía de Fortuna Silver Mines Inc en México y Perú. Cobrará renovada vigencia aquello de: “No hay documento de cultura que no lo sea, al tiempo, de barbarie” (Walter Benjamin).

9. En este espinoso escenario ¿de qué sirve la academia en el Perú? ¿Es un espacio de inteligencia crítica? ¿Si quienes escribimos sobre el pasado ignoramos estos problemas (por flojera, por miedo, por que no los consideramos relevantes, etc.), cómo estaremos escribiendo sobre ese pasado? ¿No estaremos dejando de lado precisamente aquello que mejor explica el pasado pero es ocultado por las consecuencias actuales que revelarlo tiene?

9.1. Por todo lo anterior, una vieja novela como En Octubre no hay milagros de Oswaldo Reynoso pese a no haber alcanzado la perfección técnica que algunos críticos le exigen, sigue siendo tan necesaria: porque conecta mundos que para algunos están artificialmente separados. Nos habla de extremos que se explican.

Necesitamos una historia conectada y crítica, pero en serio. Necesitamos museos (estatales y privados) que asuman ese compromiso. De otro modo, en nombre de la cultura, seguiremos aplaudiendo muestras financiadas con sangre contaminada.
http://www.noticiasser.pe/opinion/mineria-y-cultura-de-la-muerte-en-el-peru-reflexiones-proposito-de-los-funerales-de?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=La+pena+de+muerte+de+Vizcarra

Perú, Sin categoría

Prorrogan nuevamente Estado de Emergencia en parte del corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa

www.conflictosmineros.org.pe 10/03/2020
Alerta informativa
Foto: Exitosa
Acaba de ser publicado el Decreto Supremo N° 043-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia “por el término de 30 días calendario, a partir del 9 de marzo de 2020, declarado en parte del Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa, incluyendo los quinientos metros adyacentes a cada lado de la vía, en los tramos comprendidos por el distrito de Coporaque de la provincia de Espinar y por el distrito de Ccapacmarca de la provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco”. Como ocurre en esta situación, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantienen el control interno.

De esta manera, el gobierno del presidente de Vizcarra sigue optando por la misma estrategia de suspender las garantías y los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de los domicilios y la libertad de reunión, como respuesta a las demandas de las poblaciones que reclaman por claras afectaciones de sus derechos.

La renovación casi automática y las prórrogas, han convertido los Estados de Emergencia en estados permanentes en esta zona del país.

Perú

EL RETO PENDIENTE DE LA REMEDIACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES

Gretta Zegarra
Imagen: SPDA
10/03/2020
El pasado 24 de enero, el Perú dio un paso hacia adelante en materia ambiental. En el diario oficial “El Peruano” se publicó el Decreto de Urgencia (DU) Nº 022-2020, para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales, norma que regula la atención de pasivos ambientales generados por actividades productivas, extractivas o de servicios diferentes a las actividades de los subsectores minería e hidrocarburos.

Este DU llena un vacío en nuestro sistema de protección ambiental. Hasta ahora solo existían normas para la atención de pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos; lo cual hacía que la población se encontrase desprotegida frente a los pasivos ambientales producidos por actividades como la construcción, manufactura, etc.

Pero como toda obra humana, el referido DU tiene aspectos a mejorar y uno de éstos es la ausencia de un presupuesto exclusivo para la remediación de pasivos ambientales asumidos por el Estado. Ello se evidencia en su artículo 14, en el que se menciona que la implementación de la norma se realizará con recursos provenientes de la cooperación internacional, donaciones y otros mecanismos de financiamiento captados por el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE); así como, con las transferencias que las entidades de los tres niveles de gobierno tendrán que hacer al PROFONANPE, con cargo a los recursos de sus presupuestos institucionales.

La ausencia de un presupuesto exclusivo es un problema que también aqueja a los subsectores minería e hidrocarburos. Puesto que, en el artículo 9 de la Ley Nº 28271 -Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera- y el artículo 10 de la Ley N° 29134 -Ley que regula los Pasivos Ambientales del Sector Hidrocarburos-, se encarga al Fondo Nacional del Ambiente (FONAM)[1] la captación de cooperación financiera internacional, donaciones, canjes de deuda y otros recursos para solventar la remediación de pasivos ambientales asumidos por el Estado.

Además, en el artículo 23 del Decreto Supremo Nº 059-2005-EM- Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, se menciona que esta clase de pasivo puede ser remediado por terceros voluntariamente. De igual modo, en el artículo 4 de la Ley N° 30321- Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, se autoriza a dicho fondo para recibir aportes o asignaciones provenientes de personas o entidades privadas con el objetivo de que estos recursos sean utilizados en la remediación de sitios impactados por actividades de hidrocarburos.

Sin perjuicio de lo mencionado, sabemos que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) destina saldos de balance para la remediación de determinados pasivos ambientales asumidos por el Estado[2], acción que es realizada en observancia del artículo 25 del Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera. Asimismo, conocemos que en el artículo 2 de la Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental se ordenó a dicho fondo que destine la suma de S/ 50 000 000,00 para la remediación de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. A su vez, observamos que en el artículo 4 se autoriza al Minem para transferir saldos de balance[3] hasta por el monto de S/ 30 000 000,00, cantidad que deberá ser entregada al FONAM y usada para remediar sitios impactados por actividades de hidrocarburos.

No obstante, consideramos que este esfuerzo del Estado por solventar la remediación de sus pasivos ambientales es insuficiente, debido a tres factores: (i) la fragilidad financiera del sistema de remediación, lo que provoca que dependa económicamente de la cooperación financiera internacional, donaciones, saldos de balance del Minem, etc.; (ii) la asignación irregular de recursos para la remediación de algunos pasivos ambientales y la selección de algunos pasivos; (iii) la necesidad real de remediar todos los pasivos ambientales asumidos por el Estado: los artículos 7 y 10 del DU para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales; el artículo 5 de la Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera; el artículo 16 del Reglamento de la Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos y; el artículo 2 de la Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. Todas estas normas ordenan que el Estado asuma la remediación de pasivos ambientales cuando sus responsables no puedan ser identificados y se trate de pasivos ambientales de alto riesgo para la salud y el ambiente.

Desde nuestra perspectiva, estos tres factores impiden que el Estado remedie pasivos ambientales de manera eficaz y ante esta problemática, surge la siguiente pregunta: ¿es materialmente posible que el Estado asigne un presupuesto exclusivo para la remediación de todos los pasivos ambientales que tiene a su cargo? Este tema debería ser una prioridad para los diferentes organismos involucrados: ministerios como el de Energía y Minas, Ambiente y Economía y Finanzas deberían tomar posición y no seguir postergando una decisión sobre este grave problema que afecta varios territorios del país.

En conclusión, el Estado ha tomado conciencia sobre los efectos negativos de los pasivos ambientales y por este motivo, asume la remediación cuando no se puede identificar a la persona o empresa que los causó y el pasivo ambiental representa un riesgo alto de afectación a la salud pública, la calidad ambiental y/o la funcionalidad del ecosistema. Sin embargo, esta preocupación solo ha llevado al Estado a conseguir financiamiento externo y asignar saldos de balance para la remediación de ciertos pasivos ambientales, lo cual es una clara limitación. Recomendamos que el Estado de un paso más y asigne un presupuesto que le permita sostener la labor de remediación.

[1] En la sexta disposición complementaria final del DU para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales se dispone que el FONAM sea absorbido por el PROFONANPE.

[2] En la Resolución Ministerial N° 419-2019-MINEM/DM, se autoriza la transferencia de S/ 80 000 000,00 (saldo de balance de la Dirección General de Electrificación Rural) a favor de la empresa Activos Mineros S.A.C para la remediación de pasivos ambientales mineros que fueron encargados a dicha empresa a través de las Resoluciones Ministeriales N° 482-2012- MEM/DM, N° 094-2013-MEM/DM, N° 420-2014-MEM/DM y N° 252-2016-MEM/DM, las cuales fueron modificadas mediante la Resolución Ministerial N° 408-2019-MINEM/DM.

[3] Los saldos de balance pertenecen a la Dirección General de Electrificación Rural.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Perú

Perú: la pobreza se concentra en las regiones con minas de oro

28/02/2020
La mayoría de los distritos más pobres de Perú, 16 de un total de 20, están en la región norteña de Cajamarca, donde también se encuentran algunas de las minas de oro más importantes del mundo, entre ellas Yanacocha, el mayor yacimiento aurífero de Suramérica.

Según el último “Mapa de la Pobreza Monetaria”, realizado con información de 2018 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante ese año 713 distritos del país presentaron una pobreza monetaria total estimada de 40 % a más de su población.
Los más vulnerables
El organismo considera como “pobres monetarios” a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud y transporte, entre otros).

En ese sentido, en el grupo más pobre se encuentra los distritos cajamarquinos de Anguia y Oxamarca, así como el distrito de Uchuraccay, en la provincia ayacuchana de Huanta, que presentaron niveles estadísticamente similares.

Estos tres distritos cuentan con una población de 13 mil 153 habitantes y, de ese total, el 72 % de 15 a más edad estudió solo algún año de educación primaria y el 23 % es analfabeto, con la tasa más alta de analfabetismo, el 34 %, en Uchuraccay.
Entre la reducción y el incremento de la pobreza

A pesar de estas cifras específicas, el INEI señaló que la pobreza en el país se redujo de 2013 a 2018, ya que el rango de pobreza monetaria de 60 % a más comprendía a 495 distritos en el primer año, mientras que en 2018 llegó a 116 distritos.

De hecho, se conoció que en 331 distritos se redujo la pobreza en 20 o más puntos, de los cuales 123 tienen una población menor a 2 mil habitantes, mientras que en otros 22 distritos con una población menor a 5 mil pobladores aumentó la pobreza en 20 o más puntos.

La información estadística también señaló que la pobreza monetaria se incrementó entre 2013 y 2018 en el distrito de Huacaschuque, y en todos los distritos de la provincia de Pallasca, en la región norteña de Áncash, principalmente por su alta vulnerabilidad ante las inundaciones.
Situación actual de la población

También, el INEI señaló que veinte distritos con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) se ubicaron en las regiones amazónicas de Loreto, Amazonas y Ucayali, las andinas Junín y Puno, y Lima.

De los 20 distritos con mayor porcentaje de población con al menos una NBI, cuatro se encontraban en la región Loreto, tres en Junín y Lima y dos en Amazonas, Ucayali y Puno, en cada caso.

El Mapa de la Pobreza Monetaria 2018 fue presentado por el jefe del INEI, José García Zanabria, con los comentarios la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, el investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) del Gobierno de Francia Javier Herrera, y el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Federico Arnillas.

Para realizar el trabajo se utilizó la metodología propuesta por el Banco Mundial (BM) y los mismos términos empleados en 2013, con el acompañamiento técnico de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza, integrada por expertos nacionales e internacionales y funcionarios públicos. EFE
Fuente: El Carabobeño. El diario del Centro.

Perú: la pobreza se concentra en las regiones con minas de oro

Perú

PCM no resuelve conflictos y amplía emergencia en el Corredor Minero

DIFICULTAD. En Espinar y Chumbivilcas hay cinco conflictos que involucran a las mineras MMG Las Bambas y Glencore.
La República
08/03/2020
José Víctor Salcedo

El gobierno del presidente Martín Vizcarra amplió el estado de emergencia en el Corredor Minero del Sur, en los tramos situados entre las provincias de Chumbivilcas y Espinar, por otros 30 días. La medida inicial vencía ayer. El Ejecutivo no pudo resolver los conflictos y su objetivo es mantener el control de la vía en manos de la Policía, con apoyo del Ejército, y así garantizar el transporte de minerales al puerto de Matarani (Arequipa).

No obstante, el panorama en Chumbivilcas y Espinar, donde hay cinco conflictos activos, se complica y la posibilidad de diálogo está entrampada. Veamos cada caso. Para el 5 de marzo estaba programada una reunión entre los comuneros de Urinsaya (Espinar), representantes de la empresa MMG Las Bambas y el Ejecutivo nacional. La cita no se desarrolló por inasistencia de los dirigentes. Sucede que, en la reunión previa (27 de febrero), la comunidad propuso que MMG Las Bambas pague 2 millones de soles como indemnización. No hubo acuerdo, porque los representantes de la minera y MTC no firmaron ningún acta.

Tampoco hay diálogo con los cinco distritos de Espinar (Pallpata, Pichigua, Alto Pichigua, Condoroma y Ocoruro) para atender su reclamo de ser incluidos en la zona de influencia directa del proyecto minero Integración Ccoroccohuayco de la empresa Glencore.

El tercer caso corresponde al reclamo de las 13 comunidades de Espinar, que entre otras cosas demandan la aplicación de la consulta previa para validar el proyecto Integración Ccoroccohuayco y la instauración de un fondo social de emergencia. Solo se cumplió el primer punto.

En tanto, en la provincia de Chumbivilcas, las comunidades del distrito de Ccapacmarca piden anular la resolución ministerial N.° 372-MTC, que permitió reclasificar de manera definitiva como ruta nacional varias vías departamentales y vecinales.

Y en Velille, la empresa MMG propuso aportar S/ 2 millones como parte de un convenio de cooperación interinstitucional. La contrapropuesta de comuneros fue elevar la cifra a S/ 5 millones. Aún no hay acuerdo
https://larepublica.pe/economia/2020/03/08/pcm-no-resuelve-conflictos-y-amplia-emergencia-en-el-corredor-minero-lrsd/

Criminalización de la protesta, Perú

ONGs de Perú critican convenios de mineras con la Policía porque van contra indígenas

La ONU denunció que líderes sociales en Colombia han sido atacados por oponerse a los intereses de grandes empresas

Un hombre sostiene un cartel durante una protesta contra el fracking en Bogotá, Colombia, 7 de junio, 2019. REUTERS/Luisa González

Ambientalistas, campesinos, negros e indígenas sufren violaciones y abusos cuando defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos, dice un informe de las Naciones Unidas
05/03/2020

Decenas de líderes sociales y activistas han sido agredidos en Colombia no solo por grupos armados, sino también por oponerse a los intereses de grandes empresas, informó este miércoles el relator especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos.

Ambientalistas, campesinos, negros e indígenas “sufren violaciones y abusos de sus derechos cuando defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos”, dijo Michel Forst en un informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra.

Las agresiones ocurren cuando elevan su voz “frente a los intereses estatales y de actores no estatales, como empresas nacionales e internacionales”, agregó.

Forst aseguró que entre 2015 y 2018 se registraron al menos 115 incidentes, “que incluyen actos de intimidación, estigmatización, criminalización, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos de defensores en zonas con fuerte actividad empresarial”.

Los líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes, en particular, padecen “presiones de empresas nacionales e internacionales que explotan los recursos naturales en sus territorios”, o cuando se oponen a los intereses de actores armados ilegales, agregó.
Aunque la violencia se ha aliviado desde el acuerdo de paz de 2016 que desarmó a las FARC, la otrora guerrilla más poderosa de América, Colombia aún vive un conflicto armado que la azota desde hace casi seis décadas.

Al menos 108 activistas fueron asesinados en 2019, según la ONU. La mayoría de las muertes ocurrió en zonas donde operan grupos armados involucrados con el narcotráfico. En 2018 hubo 115.

Según Forst, las cifras convierten a Colombia en la nación latinoamericana con más asesinatos de defensores de derechos humanos.

De acuerdo con la fiscalía, la mayoría de ataques a defensores provienen de grupos armados ilegales, financiados principalmente por el narcotráfico y la minería ilegal.

El reporte de Forst fue duramente criticado por el gobierno del presidente Iván Duque, que en días pasados consideró sesgado e impreciso el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que daba cuenta de abusos por parte de la fuerza pública.

“Las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales” son “afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas”, indicó la cancillería en un comunicado.
Entre 2015 y 2019, la ONG Business & Human Rights -que ofreció insumos al informe de la ONU- registró 181 ataques contra defensores “que trabajan en cuestiones empresariales”. De esos, 72 fueron asesinatos.
Las agresiones equivalen al 9% del total mundial en ese campo.
La mayoría tuvo lugar en zonas en donde se llevan a cabo grandes proyectos de minería, hidrocarburos, ganadería o energías renovables.

Forst se mostró preocupado por “la aparente conexión” entre la petrolera Frontera Energy, el ejército y la fiscalía colombianos en la “criminalización” de defensores de la tierra y el medioambiente en el este del país.

Frontera Energy resaltó el martes en un comunicado “su compromiso con la protección de los derechos humanos”.

“La gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos están en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del acuerdo de paz”, concluyó el relator.

Con información de AFP
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/03/05/las-onu-denuncio-que-lideres-sociales-en-colombia-han-sido-atacados-por-oponerse-a-los-intereses-de-grandes-empresas/

Perú

Las Bambas: Absuelven a 19 comuneros de Apurímac denunciados por minera

Tras conocer el fallo, los comuneros absueltos y sus familias celebraron aliviados sin poder contener las lágrimas.
La República, 02/03/2020
Los implicados fueron acusados por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado, entre otros, durante el conflicto social con Las Bambas, en el 2015. No hallaron suficientes medios probatorios en su contra.
Celebran su inocencia. Los 19 comuneros del poblado de Cotabambas (Apurímac) que fueron denunciados por la empresa minera MMG Limited, quedaron absueltos. Así lo decidió el juez Andrés Abelino Aguilar del Juzgado Unipersonal de Cotabambas.

Los 19 pobladores eran investigados por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos. Esto tras el conflicto social desatado contra la mina Las Bambas, en setiembre del 2015.

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Por estos presuntos ilícitos, la Fiscalía pedía entre 11 a 17 años de cárcel contra los comuneros denunciados. Además, solicitaba una reparación civil de 20 mil y 88 mil 660 dólares, en favor del Estado y la empresa MMG Limited, respectivamente.

El proceso judicial duró varios años y sufrió de múltiples postergaciones. Este lunes, por fin, el Juzgado emitió la absolución sustentada en la insuficiencia de medios probatorios contra los acusados y la aplicación de los principios de imputación necesaria.

Tras conocer el fallo, los comuneros absueltos y sus familias celebraron aliviados sin poder contener las lágrimas. Consideran que se hizo justicia y que su caso se configura como un precedente contra la criminalización de la protesta.

CONFLICTO
Cabe recordar que, en setiembre del 2015, las comunidades campesinas de Cotabambas iniciaron una protesta contra la empresa MMG Limited por realizar modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental en su proyecto Las Bambas, sin antes aplicar una consulta previa. El descontento de la población desembocó en un conflicto social que dejó tres muertos y varios heridos.
https://larepublica.pe/politica/2020/03/02/las-bambas-absuelven-a-19-comuneros-de-apurimac-denunciados-por-minera-mmg-limited-lrsd-protestas/