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Protestan contra la minería a gran escala en el páramo de Santurbán

Un grupo de mineros protesta este martes en California, Santander. Estas personas solicitan que se impida la minería a gran escala en inmediaciones del páramo deSanturbán y piden fortalecer la minería artesanal.

Cerca de 150 personas realizan una protesta pacífica en California, Santander. Entre sus solicitudes se encuentra la realización de una consulta popular para impedir la minería a gran escala en ese municipio y exigen que el gobierno nacional proteja a los mineros artesanales.

Fredy Suárez García, minero residente en la vereda Angosturas, explicó a Vanguardia.com que la jornada se inició hacia las 3:00 a.m. de este martes. «Queremos darle a conocer al país que Minesa quiere acabar la minería artesanal. Ellos dicen que los apoyamos al 100%, pero no es verdad».

De acuerdo con el minero, uno de los objetivos de la protesta es promover una consulta popular para «decirle no a la megaminería y sí a la minería artesanal. No queremos que desaparezca la minería que se viene haciendo desde hace 450 años».

El líder aseguró que se oponen a los grandes proyectos mineros, puesto que podrían traer consecuencias al medioambiente, especialmente a las fuentes hídricas en sectores como San Antonio de Padua. «Se afectaron tres yacimientos de agua que Minesa secó en etapa de exploración. Las fincas quedaron sin agua», denunció.

Los protestantes señalan que sienten temor de que se afecte el suministro de agua de municipios como Bucaramanga, California, Suratá y Matanza.

De acuerdo con Fredy Suárez García, es falso que la multinacional Minesa, propiedad de la compañía Mubadala de Abu Dabi, brinde empleo a los mineros nativos de Soto Norte. «La gente está pasando necesidades. Han traído gente foránea a trabajar, a los de aquí no nos contratan para nada. Trajeron personas con malas mañas».

Fredy recordó que en primer lugar Minesa adquirió los títulos mineros y les prometió empleo. «Al principio nos dieron trabajo, pero ahora la situación actual es de cero empleo. Acá dependemos netamente de la minería».

Además, el hombre asegura que hay una persecución por parte de las autoridades para criminalizar a los pequeños mineros. «Nos tienen el ejército y la policía encima. Judicializan gente que lo único que llevan en mano una varilla o una porra. Nos tildan de ilegales, pero nosotros no empleamos dragas, retroexcavadoras ni armas».

Entre tanto, Suárez lamenta que pobladores de California tengan que acudir al ‘rebusque’ que para sobrevivir, ya que no les brindan un empleo formal, ni les permiten desarrollar minería artesanal. «Ahora hago rifas, cuando hay algún evento monto una casete para vender cerveza».

Alcaldía evalúa la situación

Ludvin Valbuena García, secretario de Gobierno de California, expresó que las autoridades verifican la situación que se registran en California pues aún desconocen los detalles que motivaron la protesta. «Algunas personas se ubicaron en la parte alta del municipio, que conduce a la zona minera y donde ubicaron pancartas».

Los protestantes permanecen a un costado de la vía que conduce de California a Vetas, así como a las veredas La Baja y Angosturas. No se registran restricciones de movilidad en la región. «Hay completa normalidad, no hay algún hecho que altere el orden público», afirmó el funcionario.

«Seguiremos siendo mineros»

Maryluz Lizcano, representante de Asomiprosoto, asociación que integra a 25 familias de pequeños mineros, indicó que aunque no participaron en la protesta sí solicitan al Gobierno Nacional garantías para que los mineros artesanales desarrollen esta actividad.

Lizcano considera que se debe avanzar en la formalización de esta labor. «Desde hace más de 17 años le hemos insistido al Estado que California ha cambiado su composición económica. Hay grandes industrias en el territorio, pero por otro lado estamos los minero tradicionales que hemos desarrollado este trabajo ancestral».

El objetivo que quieren lograr los pequeños mineros es ser reconocidos para diseñar estrategias que permitan que su trabajo sea sostenible. «En el desarrollo también tienen que caber estas experiencias de vidas únicas. El minero ancestral tiene toda la secuencia de la vocación minera de California. Somos mineros y seguiremos siendo mineros. La minería es nuestra única fuente de vida».

Consejo de Seguridad

En la tarde del pasado martes se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad en el que representantes de la Alcaldía de California, el Ejército, la Policía Nacional entablaron el diálogo con la comunidad.

Minesa anunció que miércoles se reunirá con las autoridades para conocer detalles de la problemática. Por ahora, la compañía recalcó que la situación de desempleo se agudizó en la región de Soto Norte por la restricción de las actividades mineras y agropecuarias por la delimitación del páramo de Santurbán.

La multinacional precisó que el proyecto que permanece en etapa exploratoria genera 296 empleos, de los cuales 191 son de California.

Minesa advirtió que parte del malestar de la comunidad se desató por los procesos de judicialización por parte del Estado «que han generado inconformismos en los mineros ilegales del área».

La empresa destacó que se desarrolla un proyecto para formalizar el trabajo de 205 mineros informales y 62 tradicionales, que busca que estas personas puedan explotar minerales en 22 hectáreas de títulos de propiedad de Minesa.

Fuente:https://www.vanguardia.com/economia/local/video-446600-protestan-contra-la-mineria-a-gran-escala-en-el-paramo-de-santurban

Honduras, Sin categoría

Iglesia Católica de Tocoa respalda lucha contra la minería

Un total respaldo ofreció la Iglesia Católica a través de la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, a los pobladores de las comunidades del sector San Pedro y Guapinol, quienes protestan por la sedimentación en los ríos San Pedro, Guapinol, Cuaca, Tocoa y Taujica, contaminados por la empresa minera Los Pinares.

Decenas de pobladores y pobladoras establecieron un campamento de pacífica contra la minería y en defensa del agua y la vida en la región. Fue instalado desde hace más de 40 días frente a las instalaciones de la Empresa Minera Los Pinares, la cual ha destruido dos ríos en el sector de Guapinol, según denunciaron pobladores y defensores de derechos humanos que participan de la protesta. El 07 de septiembre de este año guardias de dicha empresa llegaron a atacar a la gente, según denunciaron organizaciones de derechos humanos de la zona.

Iglesia respalda lucha

A través de un comunicado los líderes católicos dieron a conocer su posición sobre el conflicto.

La empresa minera ha iniciado una campaña de desprestigio y señalamientos en contra de Juan López, un dirigente que lucha incansablemente por conservar los recursos naturales y en defensa del Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía, que pretende explotar la compañía Los Pinares con seis proyectos mineros.

Comunicado público de la Iglesia Católica ante el conflicto por la defensa del agua y la vida

La Iglesia Católica de la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, ante el conflicto por la defensa del agua y la vida; ante la campaña mediática impulsada por la empresa minera Inversiones Los Pinares y los señalamientos, acusaciones e incriminaciones a líderes y organizaciones miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, nos pronunciamos de la siguiente manera:

1. Las personas deben ser respetadas en todos los derechos que son inherentes a su dignidad humana: El derecho al agua, al ambiente habitable, a la salud, a la educación, a la seguridad física, moral y alimentaria, a la vivienda y al territorio. Estos derechos son fundamentales para el desarrollo sostenible que hace posible la paz.

2. Que la población en el Municipio de Tocoa está en alto riesgo por seis proyectos mineros en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía que suman tres mil quinientas hectáreas de territorio, ya tienen en grave peligro a las comunidades del sector San Pedro y Guapinol, por la sedimentación en los ríos San Pedro, Guapinol, corriendo la misma suerte los ríos Cuaca, Tocoa y Taujica.

3. Rechazamos los señalamientos y criminalizaciones directas de la empresa minera Inversiones Los Pinares, junto a algunos líderes de Ceibita y de San José García a fines a la minería, hacia la persona de Juan López, representante de la Iglesia Católica de la parroquia de Tocoa y coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.

El hermano Juan López es miembro activo de la Iglesia Católica, reconocido por su integridad ética, moral, política, social y religiosa. Por tanto expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la labor de Juan López como coordinador del Comité y se respete la integridad física y moral de todas las personas que participan en las manifestaciones pacíficas en defensa del agua y la vida.

Igualmente lamentamos y rechazamos las acusaciones y señalamientos hacia la Fundación San Alonso Rodríguez, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), comunidades y sectores miembros del Comité. Ratificamos nuestra decisión en la defensa de la “casa común” a través del Comité Municipal de defensa de los Bienes Comunes y Públicos, expresión organizativa y democrática del pueblo.

4. Desde nuestra fe la Iglesia defiende la justicia y la vida; y en el espíritu del Evangelio no estamos de acuerdo con el quebrantamiento de derechos fundamentales como el agua y el ambiente habitable en nombre del desarrollo. Expresamos cristianamente nuestro rechazo a estos proyectos extractivos que han provocado la indignación de las comunidades desde el movimiento social en defensa de sus derechos Constitucionales.

5. Al gobierno Municipal de Tocoa y al Gobierno central les recordamos su obligación de escuchar y atender el pueblo al cual se deben y ser coherentes con sus obligaciones ante esta situación que está exigiendo justicia.

6. Retomando el último comunicado de la Diócesis de Trujillo (26/08/18) exigimos la cancelación de todos los proyectos extractivos del municipio de Tocoa “y, con la plena participación de toda la ciudadanía, se construya un proyecto de desarrollo integral en el cual la ecología y el ambiente estén en la base de dicho desarrollo”.

7. Llamamos a las Comunidades Eclesiales de Base, áreas pastorales y movimientos con sus agentes de pastoral y pueblo católico en general, así como las diversas iglesias cristianas y organizaciones comunitarias, a unirse a la lucha pacífica exigiendo espacios de participación ciudadana que lleven a solucionar de raíz el conflicto.

Igualmente profundizar en la formación y organización sólidas a través de asambleas informativas y formativas desde los comités locales de defensa de los bienes comunes y públicos. Proceso de formación y organización desde la fe que necesariamente lleva a la justicia social. Como señala nuestro Obispo Luis Solé: “Si vamos a defender el Bien Común no podemos hacerlo dejando de lado nuestra FE. Y es desde nuestra FE que queremos “hacernos cargo de la realidad”, “cargar con ella” y “encargarnos de ella”.

Qué la Palabra de Jesús sea alentadora en estos momentos: “Felices ustedes si los hombres los odian, los insultan y los consideran delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo” (Lc 6,22-23).

Parroquia San Isidro Labrador, Tocoa, Colón, 12 de septiembre, 2018.

Fuente:http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2278-iglesia-catolica-de-tocoa-respalda-lucha-por-el-agua-y-la-vida

Latinoamerica, Sin categoría

AMÉRICA LATINA: Mujeres resisten al extractivismo

La defensa de su territorio, del agua, de sus fuentes de alimentación son los principales motivos por los que las mujeres se enfrentan a las industrias extractivas.

Los proyectos extractivos, principalmente la minería, tienen consecuencias devastadoras para las vidas de las mujeres indígenas y campesinas al poner en riesgo el medio ambiente, el agua, sus culturas, medios de supervivencia y territorios.

Según las participantes en el Encuentro Internacional “Mujeres en resistencia frente al extractivismo”, llevado a cabo en Montreal, Canadá, del 27 al 29 de abril del 2018, “la industria extractiva contamina y elimina las principales fuentes de agua de su región. Ante la pérdida de este recurso vital, las mujeres sienten que están perdiendo su autonomía. La soberanía alimentaria, por su parte, es cada vez más difícil de lograr cuando un megaproyecto de minería o hidroeléctrica se instala cerca. A menudo, el establecimiento de una compañía minera impide que las comunidades practiquen la agricultura. Las mujeres se ven privadas de sus medios de subsistencia y de los recursos financieros necesarios para su autonomía”.

Por tratar de proteger su territorio y seguir trabajando la tierra, agregaron, las mujeres son víctimas de la represión y privadas de sus derechos fundamentales.

Mujeres han sido asesinadas por defender su territorio ante la voracidad de las industrias extractivas, como es el caso de la hondureña Berta Cáceres, ambientalista y defensora del pueblo indígena Lenca, cuya muerte en marzo del 2016 fue ordenada por ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en el río Gualcarque, considerado sagrado por los indígenas lenca.

O son criminalizadas como la peruana Máxima Acuña, por la férrea defensa de su territorio donde la minera Yanacocha pretende explotar una mina de oro y cobre a cielo abierto en las alturas del departamento norandino de Cajamarca, destruyendo las fuentes de agua. Cáceres y Acuña recibieron el Premio Medioambiental Goldman, como un reconocimiento a sus esfuerzos por proteger el medioambiente, con frecuencia con gran riesgo personal.

Contra la minería legal e ilegal
Este año, Francia Márquez, activista y líder comunitaria colombiana de la localidad de La Toma, en el suroccidental departamento de Cauca, fue galardonada con el Premio Goldman por su lucha contra la minería legal e ilegal.

Márquez sostiene que en esa región del país, no sólo no hay presencia del Estado, sino que la población no tiene agua potable, los niños no tienen acceso a educación de calidad y mucha gente que ha sido desplazada por el conflicto armado vive en la miseria en las ciudades.

La resistencia contra las concesiones mineras entregadas sin consulta a la población significó que en el 2009 el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) declarara a la comunidad como “perturbadora de mala fe”, que es considerado delito en Colombia. A partir de entonces Márquez junto con abogados y organizaciones afrodescendientes, libró una batalla que terminó con un fallo de la Corte Constitucional en el 2010 reconociendo su territorio como ancestral. Sin embargo, las concesiones mineras no han sido canceladas, sino suspendidas.

En Centroamérica, la red Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios llevó a cabo una caravana entre el 7 y el 17 de enero del 2018 que recorrió Guatemala, Honduras y El Salvador, para denunciar las afectaciones de las industrias extractivas en las mujeres.

“Como mujeres participantes en este esfuerzo, hemos confirmado que en nuestros países la lógica extractivista está amenazando gravemente los territorios y las poblaciones que ahí habitamos”, manifestaron las impulsoras de la caravana en un comunicado.

Xiomara Gaitán, representante de la Red de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras, declaró al diario digital salvadoreño Contrapunto que “la mayoría de los proyectos extractivistas promueven un contexto de violencia, estigmatización y criminalización contra liderazgos comunitarios, en especial hacia las mujeres que luchan desde los territorios en Centroamérica, donde se cometen múltiples violaciones a los derechos humanos”.

Violencia, estigmatización y criminalización
La red Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios llamó la atención que “el contexto de violencia, estigmatización y criminalización a que estamos expuestas las mujeres que luchamos desde nuestros territorios en Centroamérica hace que la defensa de los derechos humanos no sea tarea fácil”, poniendo como ejemplo el caso de Honduras donde desde el 2015 se han impuesto medidas cautelares a más de 700 mujeres, “cuyo delito ha sido exigir derechos legítimos como derecho a la tierra y el poder defender los bienes naturales de sus comunidades”.

En un artículo publicado en enero del 2016, el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM), con sedes en Colombia y México, precisó que las mujeres en contextos de minería en América Latina “viven una triple discriminación por cuestiones de género, raza y clase social, sumándose en ocasiones al de defensoras”.

“Los impactos diferenciados entre hombres y mujeres están asociados con la división sexual del trabajo”, indicó. “Mientras los hombres presentan más padecimientos ligados a riesgos y enfermedades profesionales, las mujeres, niñas, niños y personas mayores tienen padecimientos asociados a la exposición prolongada al aire y agua contaminada. Los problemas relacionados con la disponibilidad y calidad del agua impactan específicamente a las mujeres, ya que son ellas las principales responsables de este recurso para consumo personal y doméstico”.

El CELEAM enfatizó que la exposición de las mujeres al polvo que contiene metales pesados impacta en su salud reproductiva, incrementando los abortos, nacimientos prematuros y malformaciones en los bebés.

“La contaminación de agua y aire con metales pesados afecta el sistema inmunológico de las mujeres embarazadas, por lo que los bebés nacidos durante la mayor explotación minera pueden presentar secuelas visibles o invisibles en sus propios organismos”, señaló.

El artículo hizo mención al caso de la minera Cerrejón, en Colombia, donde desde hace más de tres décadas se explota carbón a cielo abierto en el departamento nororiental de La Guajira.

“Aquí confluyen diversos tipos de violencia hacia mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, ya que la actividad minera no sólo ha afectado su salud y alimentación a causa de la contaminación y cambio de uso de suelo, sino que también incrementó la mortalidad materna de las mujeres wayúu y de la infancia por enfermedades respiratorias. A esto se suman los casos de violencia sexual y física en las zonas de explotación, sobre todo a través de redes de trata de personas, identificándose específicamente 40 casos de prostitución infantil relacionados con la minería”, afirmó el CELEAM.

Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/america-latina-mujeres-resisten-al-extractivismo/

Colombia, Sin categoría

“Delimitación de páramos debe ser concertada con las comunidades”: Ambientalistas

Durante el fin de semana fue noticia, la firma de Juan Manuel Santos, que dio el aval para la delimitación de siete páramos del país: el de Perijá, en Cesar; Almorzadero, entre Santander y Norte de Santander; Citará, en los límites de Antioquia y Chocó; los nevados de Sotará y Guanacas-Puracé-Coconucos, en Cauca y Huila y, el de Doña Juana-Chimayoy en Cauca, Nariño y Putumayo.

“Con estas nuevas delimitaciones alcanzamos 2.064.091 hectáreas y seguimos cumpliendo con el compromiso de nuestra meta. Esto hace parte de las acciones en materia de conservación y que son complementarias a nuestra meta de dejar más de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas al final de este gobierno”, dijo el Presidente Santos.

Con bombos y platillos se anunció que el gobierno ha cumplido con la delimitación de 30 de los 37 ecosistemas que tiene Colombia, teniendo en cuenta que el país posee el 50% de los páramos del mundo. Sin embargo, organizaciones ambientalistas alertan sobre la necesidad de que se tenga en cuenta la participación de las comunidades en esas delimitaciones, pues este es uno de los aspectos que no se tienen en cuenta, y por lo cuál se han derivado todos los problemas relacionados con la fallida delimitación del Páramo de Santurbán. (Le puede interesar: ¡Santubán no está en venta!)

La participación de las comunidades

La delimitación permite que se cree un blindaje sobre esa área, e implica que se desarrolle un plan de ordenamiento y manejo dentro de la zona. Sin embargo, de acuerdo con Margarita Flores, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, el problema histórico con las delimitaciones es que no se ha tenido en cuenta la participación de las comunidades que durante décadas han hecho presencia en esos territorios, ya sea porque encontraron oportunidades económicas a partir de la agricultura, o porque son víctimas de desplazamiento, entre otras razones.

«Creo que tener un nivel de protección es bueno para el ecosistema y da seguridad a las personas que allí viven para que mediante reconversiones de sus actividades pudieran desarrollar labores compatibles con el ecosistema y su conservación», explica Flores.

En esa misma línea, Juana Hofman, directora de Justicia Ambiental, también ve como prioridad la participación de los pobladores. No obstante, llama la atención sobre la necesidad de tener en cuenta que la sentencia de la Corte Constitucional sobre esa materia. Allí se dicta que se debe involucrar a todos los actores, es decir, no solo a las comunidades sino también a las empresas que han tenido títulos mineros, lo cual abre una puerta a que no se garantice el blindaje del ecosistema, y en cambio, prevalezcan intereses económicos.

«¿Cuál es el sentido de la participación? no significa entrar a concertar lo científico, de lo cual ya tenemos certeza. De lo que se trata es de reconocer aquello que allí ha estado en este tiempo», dice Hofman.

El problema de la entrega de títulos mineros

Lo importante con la delimitación es que se crea el acto administrativo en el cual se dice qué, dónde, y cómo son las actividades compatibles con dichos territorios. En ese sentido, sobre lo que sí se ha manifestado expresamente la Corte Constitucional, es sobre la prohibición de actividades mineras en zonas de páramo.

El problema es que, cuando en el año 2016 el alto tribunal tomó esa decisión, la Agencia Nacional de Minería informó que estaban vigentes 473 títulos mineros en páramos, 284 en fase de explotación, 136 en construcción y montaje y 53 en exploración. Esto, teniendo en cuenta que en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe fueron entregados 391 títulos mineros sobre páramos en cerca de 108.000 hectáreas, pero además esta política se intensificó en con la locomotora minero-energética con Juan Manuel Santos.

Al respecto, Margarita Flores califica esa desenfrenada forma de entregar títulos mineros, como «un pecado original», pues se dieron «sin ningún criterio ambiental». En esa línea, propone cambiar le régimen del Código de Minas pues es «obsoleto», y por tanto, «se deben desconocer los títulos mineros si existen razones ambientales y sociales», expresa. ¿Pago por servicios ambientales?

Teniendo en cuenta que» delimitar a los páramos, no es sacar a la gente», se debe pensar en un mecanismo para compensar a la gente que en sus manos tiene la protección del ambiente. Es así, como la directora de Ambiente y Sociedad propone el pago por servicios ambientales. «Si hay fondos para compra de predios, se debería invertir en proyectos de manejo sostenible de páramos. Si hay plata para servicios ambientales, deben ser recursos para la gente que ayuda a conservar el ecosistema».

Fuente:http://www.contagioradio.com/delimitacion-de-paramos-debe-ser-concertada-con-las-comunidades-articulo-50801/

Mexico, Sin categoría

Piden declarar a Veracruz territorio libre de minería tóxica

Permitir el ingreso de la minería a Veracruz es acabar con la biodiversidad y provocar la terminación de las formas de vida campesina para expulsarla de sus pueblos y comunidades, advirtieron organizaciones civiles y ambientales.

En la declaratoria del foro Derechos humanos, patrimonio biocultural y minería en Veracruz, advirtieron que el gobierno  ha concesionado más de 243 mil hectáreas que corresponden al 3. 36 % de la superficie de Veracruz a estos proyectos.

Organizaciones exigieron al gobierno estatal y al Congreso del estado declarar a Veracruz libre de minería tóxica, y que se decreten territorios serranos como zonas de áreas naturales protegidas.

En voz de Beatriz Torres de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), señaló que la llega de estos proyectos está  produciendo daños irreversibles al ecosistema, se castiga a la tierra, a la naturaleza, a los pueblos y las personas para satisfacer la voracidad de las empresas corporativas que destruyen las formas de vida.

“En 2012 y 2017 las mineras Caballo Blanco y la Paila han pretendido iniciar la explotación minera que destruiría la zona costeña de chiconquiaco. Afortunadamente hemos logrado detener estos proyectos con argumentos científicos, ambientales, y culturales, las mineras deben retirarse definitivamente de Veracruz, pues sus operaciones dañarían a la naturaleza”.

Sin embargo reconoció que falta mucho para frenar la minería tóxica pues hay concesiones por más de 100 años, por lo que exigieron una vez más  al gobierno estatal y el congreso local una postura fuerte para decretar a Veracruz un estado libre de minería.

FUENTE:http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=931582

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Invitan a marchar por el agua del páramo de Santurbán el 6 de octubre

Ni con Minesa, ni con Eco Oro, ni con Greystar, ni con ninguna otra firma que llegue en el futuro. La meta es impedir que se le otorgue un título minero a cualquier empresa que quiera explotar oro a gran escala en Santurbán.

Esa es la principal premisa de la Gran Alianza por el Agua que se lanzó esta semana entre el comité para la defensa del agua y el páramo de Santurbán, la Alcaldía de Bucaramanga y otras entidades públicas y privadas.

La primera gran acción es una marcha que están convocando para el 6 de octubre, donde se espera superar la participación que se logró con la movilización ‘100 mil voces por el agua’ de 2013.

Esta nueva marcha partirá de la Puerta del Sol a las 2:00 p.m. y recorrerá la carrera 27 y la calle 36 hasta llegar a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

Propuesta de Minesa

Cabe recordar que Minesa está promoviendo un proyecto minero en el Soto Norte, que estaría por debajo de la línea delimitada del páramo.

Dicha firma ha insistido en varias ocasiones que su propuesta es “minería bien hecha”, sustentable y sostenible, pues no usa mercurio, ni deja rastros de cianuro, de modo que no se afectan los ríos. Además, según ellos, se llevaría desarrollo a la región.

Contra la megaminería

No obstante, las organizaciones y entidades que promueven la Alianza por el Agua no opinan lo mismo. Erwing Rodríguez-Salah, del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, manifestó que “cualquier acción de minería que se haga por encima de las bocatomas (donde el acueducto capta el agua) genera un riesgo para el agua que consumen 3 millones de personas”.

Igual opinión tuvo Gonzalo Peña, que afirmó que el bosque andino de Santurbán “es una unidad biogeográfica” y así se explote oro por debajo de la línea de páramo se afectarían las fuentes hídricas.

Qué ha dejado la minería

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro, señaló que “la locomotora minera no trajo los beneficios que prometió el Gobierno y en cambio ha traído miseria”.

Según él, los impuestos que se recaudaron en 2016 de todos los proyectos mineros (sin incluir petróleo y gas) sumaron $1,9 billones, “que es menos de un 1% del IVA (recaudo de un punto del IVA es de $2,9 billones al año)”.

Aseguró que la caída de los precios llevó a que el recaudo de impuestos por hidrocarburos pasara de $30,7 billones (2012) a $5,4 billones (2016), mientras que en minería pasó de $3,4 billones a $1,9 billones en el mismo periodo de tiempo.

Mientras tanto, la deuda externa del país subió un 161% en la última década, según el Observatorio de Empleo de la Universidad del Rosario.

Participación de todos

A esta alianza por el agua ya se han sumado la Alcaldía de Bucaramanga, el Área Metropolitana (AMB), el Acueducto Metropolitano (amb), algunos concejales y diputados y líderes sociales, estudiantiles y religiosos. No obstante, se está convocando a todas las fuerzas vivas, partidos políticos, alcaldías y entidades públicas y privadas para que se vinculen. “Esto no es de un grupo específico, esperamos que se vinculen todos los que quieran defender el páramo”, dijo el Concejal Jorge Flórez.

Invertirán recursos del área en Soto Norte

El Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Manuel Francisco Azuero, explicó que se deben promover acciones concretas para proteger el páramo de Santurbán. “Hay unos mecanismos de corresponsabilidad que vamos a implementar, pero aún no están definidos”, dijo el funcionario, que señaló que la idea es destinar recursos de los municipios del área para impulsar proyectos económicos y ambientales en el Soto Norte.

Una opción que se maneja, por ejemplo, es usar parte de lo que se recoge con la sobretasa ambiental. Otra alternativa es hacerlo con recursos del Acueducto Metropolitano o la sobretasa del agua. Además, se pueden adquirir más terrenos cerca de las fuentes hídricas y mejorar la reforestación de esas cuencas.

Fuente:http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/406910-invitan-a-marchar-por-el-agua-de-santurban-el-6-de-octubre

 

 

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Caso Afrodita: Cordillera del Cóndor en riesgo por posible minería artesanal

Según testimonios de la zona, la polémica Compañía Minera Afrodita estaría ensayando una nueva estrategia para explotar las reservas de oro en la Cordillera del Cóndor. Según relataron al Vigilante Amazónico líderes locales, funcionarios de la empresa se habrían acercado a algunas familias cercanas al río Comainas para ofrecerles que sean ellas mismas las que soliciten la concesión para explotar el territorio y se conviertan así en mineros artesanales. Esto viene generando conflictos y divisiones al interior de las comunidades y organizaciones indígenas.

Si bien la operación formal de Afrodita se encuentra detenida por el momento, al no haber conseguido los permisos correspondientes, la estrategia de empresas formales de fomentar la minería «artesanal» para comprar dicha producción no es nueva y se conocen casos similares en otras partes del país.

A esta denuncia se suma la información de una carretera abierta en medio del bosque para unir el lado ecuatoriano, donde ya existe minería, con las instalaciones de Afrodita. Según detallan vigilantes ambientales de la zona, la construcción de esta carretera se habría iniciado en enero de este año y ya se habría concluido, generando tala, desbosque y degradación de la biodiversidad de la zona. Siempre según testimonios locales, ya se estaría extrayendo material rocoso para ser transportado a través de esta vía. Fotos recientes confirman la operación de maquinaria y personal en la zona.

La simple observación de imágenes satelitales permite comparar la degradación del ecosistema del lado ecuatoriano, en donde existen actividades mineras, con la conservación de la rica biodiversidad del bosque gracias a la lucha de las comunidades indígenas, en el lado peruano.

Antecedentes del conflicto

La Cordillera del Cóndor, ubicada en la frontera entre Perú y Ecuador, en Amazonas, ha sido el hogar de los pueblos awajún y wampís desde tiempos precolombinos. Su territorio, rico en flora y fauna, posibilitó el desarrollo de las comunidades indígenas y han sido éstas quienes han preservado a lo largo del tiempo el equilibrio natural de los bosques y sus recursos. En este contexto, han rechazado fuertemente la minería al considerarla una actividad incompatible con la subsistencia del ecosistema y sus modos de vida.

En el año 2005 se empezaron a gestar las grandes concesiones mineras que terminarían perjudicando directa y concretamente a la población. En ese entonces el gobierno desconoció los acuerdos que había logrado con las comunidades para la creación de un parque nacional en sus territorios y redujo el área legalmente protegida de unas 152 mil hectáreas a solo 88,477 hectáreas, a través del Decreto Supremo No.023-2007-AG. Gracias a esto la empresa minera Afrodita pudo instalarse en una parte del territorio, con grandes reservas auríferas, llamado El Tambo.

Muchos testigos aseguran que la minera Afrodita se encontraría explotando la zona, para lo que se habría instalado plataformas y cavado túneles. Esta actividad, sin tener aún el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, se explicaría a partir de permisos que el Gobierno Regional de Amazonas habría otorgado a la minera. Sin embargo, en diciembre de 2016 el Gobierno Regional anuló la resolución que inscribía territorio indígena y de bosque amazónico como terreno eriazo, y en febrero de este año declaró improcedente la solicitud de minera Afrodita de constituir un usufructo por posesión sobre ese mismo terreno. Pese a ello, el campamento minero se mantiene en territorio indígena en medio de la ambigüedad legal. Esta situación hizo que en marzo de este año, una veintena de ex licenciados y reservistas indígenas del Ejército Peruano, del distrito fronterizo del El Cenepa, destruyeran parte del campamento minero, después de ver frustrados los intentos de diálogo con el Estado.

La situación es preocupante, pues el interés minero en la zona y el desinterés del Estado, para proteger la Cordillera del Cóndor, pone en riesgo a los ríos Sawientsa, Comaina, Marañón y Amazonas, así como la preservación del Parque Nacional Ichigkat Muja, la Zona Reservada Santiago-Comaina y la Reserva Comunal Tuntanain. Los pueblos awajún y wampís solo esperan que el Estado priorice el diálogo para un Ordenamiento Territorial que proteja el frágil ecosistema que custodian para la humanidad de la visión individual y cortoplacista que esconde la minería contaminante.

Fuente:http://vigilanteamazonico.pe/vigilancia-y-comunicacion/galeria-multimedia/noticias/739-caso-afrodita-cordillera-del-condor-en-riesgo-por-posible-mineria-artesanal.html

Colombia, Sin categoría

La minera que pide 16.500 millones de dólares de indemnización a Colombia

Esta es la impresionante historia de la explotación de oro que la canadiense Cosigo Resources quería hacer en el Apaporis colombiano, la Corte Constitucional no permitió y hoy está en un litigio internacional que le costaría esa suma al Estado.

El domingo una columna de Rodrigo Uprimny generó controversia en el mundo jurídico. En su escrito el abogado advertia los peligros para el Estado de una ola de demandas de empresas extranjeras ante tribunales de arbitramento internacionales. Y citaba un ejemplo contundente: la minera canadiense Tobie Mining demandó al país por 16.500 millones de dólares por cuenta “por la supuesta “expropiación” de un título minero que quedó sin efecto pues fue concedido en el parque nacional Yaigoje-Apaporis. Repito la cifra para que no crean que fue un error: ¡US$16.500 millones! Unos 50 billones de pesos, que equivalen a la quinta parte del presupuesto nacional en 2017”. La exorbitante cifra corresponde a cerca de 10 veces la venta de Reficar, una de las transacciones más onerosas que ha hecho el Estado en los últimos años.

El Parque Nacional Yaigoje Apaporis es uno de esos tesoros escondidos de la bioversidad en el país. Sus majestuosas aguas, sus bosques infinitos y las míticas culturas indígenas que lo resguardan quedaron inmortalizados en el famoso libro del etnobotánico y gran explorador de National Geographic, Wade Davis.  Se trata de un territorio sagrado para muchas comunidades ancestrales con un millón de hectáreas se selva virgen y exhuberante. Por eso, cuando en el año 2009, la empresa minera canadiense pidió al Estado desarrollar allí un proyecto de extracción de oro a cielo abierto, la comunidad científica y los ambientalistas pusieron el grito en el cielo.

Muy pocos colombianos conocen el Apaporis, pero quienes lo han recorrido y estudiado, coinciden en el valor extraordinario que tiene para el planeta. «Una mina en el Apaporis es como un pozo de aceite en la capilla sixtina”, resumió hace unos años en una entrevista para Semana.com, el mismo Wade Davis. «El debate no es si debe haber o no minas, pero si cuántas, en dónde, con qué impacto ambiental y más que todo para quién. Hay sitios donde se puede poner una mina y hay sitios en los que nunca vale la pena hacerlo. Poner una mina para extraer oro en un río como el Apaporis que es un río sagrado para todos los grupos indígenas del Amazonas es ridículo. ¡Es terrible!», agregó.

El titulo minero que el entonces Ingeominas le otorgó a la empresa canadiense Cosigo Resources levantó una polvareda en la opinión pública y en la justicia. SEMANA tituló en 2001 un reportaje sobre esa polémica como «El Avatar Colombiano», pues la lucha de esas comunidades indígenas ancestrales se estaba dando a imagen y semejanza de la exitosa película de James Cameron. El caso evidenció el descontrol de la llamada «piñata de titulos mineros» que por años había entregado concesiones a empresas sin importar si sus proyectos estaban en los lugares naturales protegidos como páramos, humedales o reservas forestales. En el caso del Apaporis había una complejidad adicional: el titulo se había entregado apenas unos días después de que el Estado había declarado el lugar como parque nacional.

El caso llegó a la Corte Constitucional por cuenta de una tutela que interpuso un colono llamado Benigno Perilla. En un hecho sin antecedentes los magistrados se trasladaron a la profundidad de la selva de Vaupés para conocer el caso de primera mano. A la audiencia, que se realizó en una maloca indígena, llegaron decenas de personas. Esa mañana, Perilla reconoció que Cosigo los había asesorado para poner la tutela. Posteriormente, el capitán makuna agregó que ellos, junto con sus médicos tradicionales, ya habían decidido el futuro del Apaporis: ser un parque para siempre. “Ellos son como nuestros magistrados”, concluyó.  En la audiencia, los indígenas, que estaban divididos por cuenta del proyecto minero, anunciaron que querían reconciliarse.Por cuenta de ese testimonio y de las demás pruebas que recogió el alto tribunal, quedó claro que la empresa no tenía ningún derecho de explotar oro allí. La Corte Constitucional recordó que los parques nacionales son territorios tan importantes que la ley les da el carácter de inalienables, imprescriptibles y con la prohibición a perpetuidad de realizar actividades extractivas.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/16500-millones-de-dolares-demanda-tobie-mining-contra-colombia-por-apaporis/528264

 

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El Defensor del Pueblo pide archivar el expediente de tierras raras por su estudio “fuera de plazo”

(España-Castilla, La Mancha ).-Nuevo varapalo al proyecto minero de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel. La investigación iniciada por la Oficina del Defensor del Pueblo como consecuencia de la reclamación cursada por la Plataforma Sí a la Tierra Viva hace más de un año, ha concluido que el   Estudio de Impacto Ambiental presentado por Quantum Minería -la promotora del proyecto- el pasado 20 de febrero para la solicitud de los permisos de explotación, se hizo “fuera de plazo”. Para el Alto Comisionado, esto “determinaría el archivo del expediente” conforme a la Ley castellano-manchega de Evaluación Ambiental. De esta manera, da la razón al argumento que esgrimió el pasado 21 de febrero tanto por plataforma como por las organizaciones ASAJA, COAG y UPA; además de Cooperativas Agroalimentaria, Fundación Savia y la Plataforma Campo de Montiel, en escritos dirigidos a la Junta.

Concretamente, la Defensora del Pueblo argumenta que la notificación del documento de alcance en el que la Junta solicitó a la minera ese estudio de impacto ambiental, se produjo el 18 de noviembre de 2016, y por tanto el plazo de tres meses para la presentación del texto exigido, debía computarse a partir del 19 de noviembre a las 00.00 horas, venciendo el 18 de febrero de 2017, sábado y día hábil.

Se trata de una premisa que viene determinada por aplicarse la antigua Ley de Procedimiento Administrativo (1992) que considera los sábados hábiles y que se aplica en este caso porque el proyecto se inició con anterioridad a la modificación de 2015. Por todo ello, pregunta a la Junta de Castilla-La Mancha “si va a declarar el archivo del expediente”.

Sí a la Tierra Viva ha hecho público este escrito, donde además la Oficina del Defensor del Pueblo vuelve a insistir en que en el trámite de información y consultas previas a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó desfavorablemente de los proyectos de extracción en evaluación ambiental «por falta de recursos hídricos e incompatibilidad con el Plan Hidrológico de la Demarcación”.

Un informe «con carácter preceptivo y vinculante»

“Este informe, previsto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas tiene carácter preceptivo y vinculante para la Administración autonómica en relación con la existencia de recursos hídricos suficientes, (…) criterio que también es conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El carácter preceptivo y vinculante de los informes constituye un motivo suficiente para archivar el expediente de evaluación ambiental y de los procedimientos de otorgamiento de las solicitudes de explotación”, añade.

La Plataforma alega que, pese a estas consideraciones, el director provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real decidió someter a información pública el pasado 10 de abril los proyectos y el estudio de impacto ambiental. También recuerda que ya denunciaron ante la Consejería de Economía la admisión a trámite en noviembre de 2015 de las tres solicitudes de explotación, “aun careciendo de la garantía de abastecimiento de agua y sin que existiese ningún informe de solvencia de Quantum Minería”. La denuncia fue ampliada el pasado mes de diciembre solicitando que el director general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, fuese apartado de la tramitación de los expedientes “al haber defendido abiertamente en público y en diversas ocasiones” los intereses empresariales de Quantum Minería.

“Es por ello que el Ejecutivo regional debe actuar sin fisuras y cumplir estrictamente con la legalidad, procediendo al archivo de los expedientes de evaluación ambiental y de los procedimientos de otorgamiento de los derechos mineros”, subraya la Plataforma. Ha anunciado por último que “dada la gravedad de la situación creada” por el Gobierno castellano-manchego,  pondrá en conocimiento de los grupos políticos oposición (PP y Podemos) estos hechos para que “por vía parlamentaria se pueda proceder a la petición de la explicación correspondiente”.

Fuente:http://www.eldiario.es/clm/Defensor-Pueblo-archivo-expediente-tierras_0_651635403.html