Latinoamerica, Sin categoría

AMÉRICA LATINA: Mujeres resisten al extractivismo

La defensa de su territorio, del agua, de sus fuentes de alimentación son los principales motivos por los que las mujeres se enfrentan a las industrias extractivas.

Los proyectos extractivos, principalmente la minería, tienen consecuencias devastadoras para las vidas de las mujeres indígenas y campesinas al poner en riesgo el medio ambiente, el agua, sus culturas, medios de supervivencia y territorios.

Según las participantes en el Encuentro Internacional “Mujeres en resistencia frente al extractivismo”, llevado a cabo en Montreal, Canadá, del 27 al 29 de abril del 2018, “la industria extractiva contamina y elimina las principales fuentes de agua de su región. Ante la pérdida de este recurso vital, las mujeres sienten que están perdiendo su autonomía. La soberanía alimentaria, por su parte, es cada vez más difícil de lograr cuando un megaproyecto de minería o hidroeléctrica se instala cerca. A menudo, el establecimiento de una compañía minera impide que las comunidades practiquen la agricultura. Las mujeres se ven privadas de sus medios de subsistencia y de los recursos financieros necesarios para su autonomía”.

Por tratar de proteger su territorio y seguir trabajando la tierra, agregaron, las mujeres son víctimas de la represión y privadas de sus derechos fundamentales.

Mujeres han sido asesinadas por defender su territorio ante la voracidad de las industrias extractivas, como es el caso de la hondureña Berta Cáceres, ambientalista y defensora del pueblo indígena Lenca, cuya muerte en marzo del 2016 fue ordenada por ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en el río Gualcarque, considerado sagrado por los indígenas lenca.

O son criminalizadas como la peruana Máxima Acuña, por la férrea defensa de su territorio donde la minera Yanacocha pretende explotar una mina de oro y cobre a cielo abierto en las alturas del departamento norandino de Cajamarca, destruyendo las fuentes de agua. Cáceres y Acuña recibieron el Premio Medioambiental Goldman, como un reconocimiento a sus esfuerzos por proteger el medioambiente, con frecuencia con gran riesgo personal.

Contra la minería legal e ilegal
Este año, Francia Márquez, activista y líder comunitaria colombiana de la localidad de La Toma, en el suroccidental departamento de Cauca, fue galardonada con el Premio Goldman por su lucha contra la minería legal e ilegal.

Márquez sostiene que en esa región del país, no sólo no hay presencia del Estado, sino que la población no tiene agua potable, los niños no tienen acceso a educación de calidad y mucha gente que ha sido desplazada por el conflicto armado vive en la miseria en las ciudades.

La resistencia contra las concesiones mineras entregadas sin consulta a la población significó que en el 2009 el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) declarara a la comunidad como “perturbadora de mala fe”, que es considerado delito en Colombia. A partir de entonces Márquez junto con abogados y organizaciones afrodescendientes, libró una batalla que terminó con un fallo de la Corte Constitucional en el 2010 reconociendo su territorio como ancestral. Sin embargo, las concesiones mineras no han sido canceladas, sino suspendidas.

En Centroamérica, la red Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios llevó a cabo una caravana entre el 7 y el 17 de enero del 2018 que recorrió Guatemala, Honduras y El Salvador, para denunciar las afectaciones de las industrias extractivas en las mujeres.

“Como mujeres participantes en este esfuerzo, hemos confirmado que en nuestros países la lógica extractivista está amenazando gravemente los territorios y las poblaciones que ahí habitamos”, manifestaron las impulsoras de la caravana en un comunicado.

Xiomara Gaitán, representante de la Red de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras, declaró al diario digital salvadoreño Contrapunto que “la mayoría de los proyectos extractivistas promueven un contexto de violencia, estigmatización y criminalización contra liderazgos comunitarios, en especial hacia las mujeres que luchan desde los territorios en Centroamérica, donde se cometen múltiples violaciones a los derechos humanos”.

Violencia, estigmatización y criminalización
La red Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios llamó la atención que “el contexto de violencia, estigmatización y criminalización a que estamos expuestas las mujeres que luchamos desde nuestros territorios en Centroamérica hace que la defensa de los derechos humanos no sea tarea fácil”, poniendo como ejemplo el caso de Honduras donde desde el 2015 se han impuesto medidas cautelares a más de 700 mujeres, “cuyo delito ha sido exigir derechos legítimos como derecho a la tierra y el poder defender los bienes naturales de sus comunidades”.

En un artículo publicado en enero del 2016, el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM), con sedes en Colombia y México, precisó que las mujeres en contextos de minería en América Latina “viven una triple discriminación por cuestiones de género, raza y clase social, sumándose en ocasiones al de defensoras”.

“Los impactos diferenciados entre hombres y mujeres están asociados con la división sexual del trabajo”, indicó. “Mientras los hombres presentan más padecimientos ligados a riesgos y enfermedades profesionales, las mujeres, niñas, niños y personas mayores tienen padecimientos asociados a la exposición prolongada al aire y agua contaminada. Los problemas relacionados con la disponibilidad y calidad del agua impactan específicamente a las mujeres, ya que son ellas las principales responsables de este recurso para consumo personal y doméstico”.

El CELEAM enfatizó que la exposición de las mujeres al polvo que contiene metales pesados impacta en su salud reproductiva, incrementando los abortos, nacimientos prematuros y malformaciones en los bebés.

“La contaminación de agua y aire con metales pesados afecta el sistema inmunológico de las mujeres embarazadas, por lo que los bebés nacidos durante la mayor explotación minera pueden presentar secuelas visibles o invisibles en sus propios organismos”, señaló.

El artículo hizo mención al caso de la minera Cerrejón, en Colombia, donde desde hace más de tres décadas se explota carbón a cielo abierto en el departamento nororiental de La Guajira.

“Aquí confluyen diversos tipos de violencia hacia mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, ya que la actividad minera no sólo ha afectado su salud y alimentación a causa de la contaminación y cambio de uso de suelo, sino que también incrementó la mortalidad materna de las mujeres wayúu y de la infancia por enfermedades respiratorias. A esto se suman los casos de violencia sexual y física en las zonas de explotación, sobre todo a través de redes de trata de personas, identificándose específicamente 40 casos de prostitución infantil relacionados con la minería”, afirmó el CELEAM.

Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/america-latina-mujeres-resisten-al-extractivismo/

Colombia, Sin categoría

“Delimitación de páramos debe ser concertada con las comunidades”: Ambientalistas

Durante el fin de semana fue noticia, la firma de Juan Manuel Santos, que dio el aval para la delimitación de siete páramos del país: el de Perijá, en Cesar; Almorzadero, entre Santander y Norte de Santander; Citará, en los límites de Antioquia y Chocó; los nevados de Sotará y Guanacas-Puracé-Coconucos, en Cauca y Huila y, el de Doña Juana-Chimayoy en Cauca, Nariño y Putumayo.

“Con estas nuevas delimitaciones alcanzamos 2.064.091 hectáreas y seguimos cumpliendo con el compromiso de nuestra meta. Esto hace parte de las acciones en materia de conservación y que son complementarias a nuestra meta de dejar más de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas al final de este gobierno”, dijo el Presidente Santos.

Con bombos y platillos se anunció que el gobierno ha cumplido con la delimitación de 30 de los 37 ecosistemas que tiene Colombia, teniendo en cuenta que el país posee el 50% de los páramos del mundo. Sin embargo, organizaciones ambientalistas alertan sobre la necesidad de que se tenga en cuenta la participación de las comunidades en esas delimitaciones, pues este es uno de los aspectos que no se tienen en cuenta, y por lo cuál se han derivado todos los problemas relacionados con la fallida delimitación del Páramo de Santurbán. (Le puede interesar: ¡Santubán no está en venta!)

La participación de las comunidades

La delimitación permite que se cree un blindaje sobre esa área, e implica que se desarrolle un plan de ordenamiento y manejo dentro de la zona. Sin embargo, de acuerdo con Margarita Flores, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, el problema histórico con las delimitaciones es que no se ha tenido en cuenta la participación de las comunidades que durante décadas han hecho presencia en esos territorios, ya sea porque encontraron oportunidades económicas a partir de la agricultura, o porque son víctimas de desplazamiento, entre otras razones.

«Creo que tener un nivel de protección es bueno para el ecosistema y da seguridad a las personas que allí viven para que mediante reconversiones de sus actividades pudieran desarrollar labores compatibles con el ecosistema y su conservación», explica Flores.

En esa misma línea, Juana Hofman, directora de Justicia Ambiental, también ve como prioridad la participación de los pobladores. No obstante, llama la atención sobre la necesidad de tener en cuenta que la sentencia de la Corte Constitucional sobre esa materia. Allí se dicta que se debe involucrar a todos los actores, es decir, no solo a las comunidades sino también a las empresas que han tenido títulos mineros, lo cual abre una puerta a que no se garantice el blindaje del ecosistema, y en cambio, prevalezcan intereses económicos.

«¿Cuál es el sentido de la participación? no significa entrar a concertar lo científico, de lo cual ya tenemos certeza. De lo que se trata es de reconocer aquello que allí ha estado en este tiempo», dice Hofman.

El problema de la entrega de títulos mineros

Lo importante con la delimitación es que se crea el acto administrativo en el cual se dice qué, dónde, y cómo son las actividades compatibles con dichos territorios. En ese sentido, sobre lo que sí se ha manifestado expresamente la Corte Constitucional, es sobre la prohibición de actividades mineras en zonas de páramo.

El problema es que, cuando en el año 2016 el alto tribunal tomó esa decisión, la Agencia Nacional de Minería informó que estaban vigentes 473 títulos mineros en páramos, 284 en fase de explotación, 136 en construcción y montaje y 53 en exploración. Esto, teniendo en cuenta que en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe fueron entregados 391 títulos mineros sobre páramos en cerca de 108.000 hectáreas, pero además esta política se intensificó en con la locomotora minero-energética con Juan Manuel Santos.

Al respecto, Margarita Flores califica esa desenfrenada forma de entregar títulos mineros, como «un pecado original», pues se dieron «sin ningún criterio ambiental». En esa línea, propone cambiar le régimen del Código de Minas pues es «obsoleto», y por tanto, «se deben desconocer los títulos mineros si existen razones ambientales y sociales», expresa. ¿Pago por servicios ambientales?

Teniendo en cuenta que» delimitar a los páramos, no es sacar a la gente», se debe pensar en un mecanismo para compensar a la gente que en sus manos tiene la protección del ambiente. Es así, como la directora de Ambiente y Sociedad propone el pago por servicios ambientales. «Si hay fondos para compra de predios, se debería invertir en proyectos de manejo sostenible de páramos. Si hay plata para servicios ambientales, deben ser recursos para la gente que ayuda a conservar el ecosistema».

Fuente:http://www.contagioradio.com/delimitacion-de-paramos-debe-ser-concertada-con-las-comunidades-articulo-50801/

Mexico, Sin categoría

Piden declarar a Veracruz territorio libre de minería tóxica

Permitir el ingreso de la minería a Veracruz es acabar con la biodiversidad y provocar la terminación de las formas de vida campesina para expulsarla de sus pueblos y comunidades, advirtieron organizaciones civiles y ambientales.

En la declaratoria del foro Derechos humanos, patrimonio biocultural y minería en Veracruz, advirtieron que el gobierno  ha concesionado más de 243 mil hectáreas que corresponden al 3. 36 % de la superficie de Veracruz a estos proyectos.

Organizaciones exigieron al gobierno estatal y al Congreso del estado declarar a Veracruz libre de minería tóxica, y que se decreten territorios serranos como zonas de áreas naturales protegidas.

En voz de Beatriz Torres de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), señaló que la llega de estos proyectos está  produciendo daños irreversibles al ecosistema, se castiga a la tierra, a la naturaleza, a los pueblos y las personas para satisfacer la voracidad de las empresas corporativas que destruyen las formas de vida.

“En 2012 y 2017 las mineras Caballo Blanco y la Paila han pretendido iniciar la explotación minera que destruiría la zona costeña de chiconquiaco. Afortunadamente hemos logrado detener estos proyectos con argumentos científicos, ambientales, y culturales, las mineras deben retirarse definitivamente de Veracruz, pues sus operaciones dañarían a la naturaleza”.

Sin embargo reconoció que falta mucho para frenar la minería tóxica pues hay concesiones por más de 100 años, por lo que exigieron una vez más  al gobierno estatal y el congreso local una postura fuerte para decretar a Veracruz un estado libre de minería.

FUENTE:http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=931582

Sin categoría

Invitan a marchar por el agua del páramo de Santurbán el 6 de octubre

Ni con Minesa, ni con Eco Oro, ni con Greystar, ni con ninguna otra firma que llegue en el futuro. La meta es impedir que se le otorgue un título minero a cualquier empresa que quiera explotar oro a gran escala en Santurbán.

Esa es la principal premisa de la Gran Alianza por el Agua que se lanzó esta semana entre el comité para la defensa del agua y el páramo de Santurbán, la Alcaldía de Bucaramanga y otras entidades públicas y privadas.

La primera gran acción es una marcha que están convocando para el 6 de octubre, donde se espera superar la participación que se logró con la movilización ‘100 mil voces por el agua’ de 2013.

Esta nueva marcha partirá de la Puerta del Sol a las 2:00 p.m. y recorrerá la carrera 27 y la calle 36 hasta llegar a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

Propuesta de Minesa

Cabe recordar que Minesa está promoviendo un proyecto minero en el Soto Norte, que estaría por debajo de la línea delimitada del páramo.

Dicha firma ha insistido en varias ocasiones que su propuesta es “minería bien hecha”, sustentable y sostenible, pues no usa mercurio, ni deja rastros de cianuro, de modo que no se afectan los ríos. Además, según ellos, se llevaría desarrollo a la región.

Contra la megaminería

No obstante, las organizaciones y entidades que promueven la Alianza por el Agua no opinan lo mismo. Erwing Rodríguez-Salah, del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, manifestó que “cualquier acción de minería que se haga por encima de las bocatomas (donde el acueducto capta el agua) genera un riesgo para el agua que consumen 3 millones de personas”.

Igual opinión tuvo Gonzalo Peña, que afirmó que el bosque andino de Santurbán “es una unidad biogeográfica” y así se explote oro por debajo de la línea de páramo se afectarían las fuentes hídricas.

Qué ha dejado la minería

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro, señaló que “la locomotora minera no trajo los beneficios que prometió el Gobierno y en cambio ha traído miseria”.

Según él, los impuestos que se recaudaron en 2016 de todos los proyectos mineros (sin incluir petróleo y gas) sumaron $1,9 billones, “que es menos de un 1% del IVA (recaudo de un punto del IVA es de $2,9 billones al año)”.

Aseguró que la caída de los precios llevó a que el recaudo de impuestos por hidrocarburos pasara de $30,7 billones (2012) a $5,4 billones (2016), mientras que en minería pasó de $3,4 billones a $1,9 billones en el mismo periodo de tiempo.

Mientras tanto, la deuda externa del país subió un 161% en la última década, según el Observatorio de Empleo de la Universidad del Rosario.

Participación de todos

A esta alianza por el agua ya se han sumado la Alcaldía de Bucaramanga, el Área Metropolitana (AMB), el Acueducto Metropolitano (amb), algunos concejales y diputados y líderes sociales, estudiantiles y religiosos. No obstante, se está convocando a todas las fuerzas vivas, partidos políticos, alcaldías y entidades públicas y privadas para que se vinculen. “Esto no es de un grupo específico, esperamos que se vinculen todos los que quieran defender el páramo”, dijo el Concejal Jorge Flórez.

Invertirán recursos del área en Soto Norte

El Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Manuel Francisco Azuero, explicó que se deben promover acciones concretas para proteger el páramo de Santurbán. “Hay unos mecanismos de corresponsabilidad que vamos a implementar, pero aún no están definidos”, dijo el funcionario, que señaló que la idea es destinar recursos de los municipios del área para impulsar proyectos económicos y ambientales en el Soto Norte.

Una opción que se maneja, por ejemplo, es usar parte de lo que se recoge con la sobretasa ambiental. Otra alternativa es hacerlo con recursos del Acueducto Metropolitano o la sobretasa del agua. Además, se pueden adquirir más terrenos cerca de las fuentes hídricas y mejorar la reforestación de esas cuencas.

Fuente:http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/406910-invitan-a-marchar-por-el-agua-de-santurban-el-6-de-octubre

 

 

Sin categoría

Caso Afrodita: Cordillera del Cóndor en riesgo por posible minería artesanal

Según testimonios de la zona, la polémica Compañía Minera Afrodita estaría ensayando una nueva estrategia para explotar las reservas de oro en la Cordillera del Cóndor. Según relataron al Vigilante Amazónico líderes locales, funcionarios de la empresa se habrían acercado a algunas familias cercanas al río Comainas para ofrecerles que sean ellas mismas las que soliciten la concesión para explotar el territorio y se conviertan así en mineros artesanales. Esto viene generando conflictos y divisiones al interior de las comunidades y organizaciones indígenas.

Si bien la operación formal de Afrodita se encuentra detenida por el momento, al no haber conseguido los permisos correspondientes, la estrategia de empresas formales de fomentar la minería «artesanal» para comprar dicha producción no es nueva y se conocen casos similares en otras partes del país.

A esta denuncia se suma la información de una carretera abierta en medio del bosque para unir el lado ecuatoriano, donde ya existe minería, con las instalaciones de Afrodita. Según detallan vigilantes ambientales de la zona, la construcción de esta carretera se habría iniciado en enero de este año y ya se habría concluido, generando tala, desbosque y degradación de la biodiversidad de la zona. Siempre según testimonios locales, ya se estaría extrayendo material rocoso para ser transportado a través de esta vía. Fotos recientes confirman la operación de maquinaria y personal en la zona.

La simple observación de imágenes satelitales permite comparar la degradación del ecosistema del lado ecuatoriano, en donde existen actividades mineras, con la conservación de la rica biodiversidad del bosque gracias a la lucha de las comunidades indígenas, en el lado peruano.

Antecedentes del conflicto

La Cordillera del Cóndor, ubicada en la frontera entre Perú y Ecuador, en Amazonas, ha sido el hogar de los pueblos awajún y wampís desde tiempos precolombinos. Su territorio, rico en flora y fauna, posibilitó el desarrollo de las comunidades indígenas y han sido éstas quienes han preservado a lo largo del tiempo el equilibrio natural de los bosques y sus recursos. En este contexto, han rechazado fuertemente la minería al considerarla una actividad incompatible con la subsistencia del ecosistema y sus modos de vida.

En el año 2005 se empezaron a gestar las grandes concesiones mineras que terminarían perjudicando directa y concretamente a la población. En ese entonces el gobierno desconoció los acuerdos que había logrado con las comunidades para la creación de un parque nacional en sus territorios y redujo el área legalmente protegida de unas 152 mil hectáreas a solo 88,477 hectáreas, a través del Decreto Supremo No.023-2007-AG. Gracias a esto la empresa minera Afrodita pudo instalarse en una parte del territorio, con grandes reservas auríferas, llamado El Tambo.

Muchos testigos aseguran que la minera Afrodita se encontraría explotando la zona, para lo que se habría instalado plataformas y cavado túneles. Esta actividad, sin tener aún el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, se explicaría a partir de permisos que el Gobierno Regional de Amazonas habría otorgado a la minera. Sin embargo, en diciembre de 2016 el Gobierno Regional anuló la resolución que inscribía territorio indígena y de bosque amazónico como terreno eriazo, y en febrero de este año declaró improcedente la solicitud de minera Afrodita de constituir un usufructo por posesión sobre ese mismo terreno. Pese a ello, el campamento minero se mantiene en territorio indígena en medio de la ambigüedad legal. Esta situación hizo que en marzo de este año, una veintena de ex licenciados y reservistas indígenas del Ejército Peruano, del distrito fronterizo del El Cenepa, destruyeran parte del campamento minero, después de ver frustrados los intentos de diálogo con el Estado.

La situación es preocupante, pues el interés minero en la zona y el desinterés del Estado, para proteger la Cordillera del Cóndor, pone en riesgo a los ríos Sawientsa, Comaina, Marañón y Amazonas, así como la preservación del Parque Nacional Ichigkat Muja, la Zona Reservada Santiago-Comaina y la Reserva Comunal Tuntanain. Los pueblos awajún y wampís solo esperan que el Estado priorice el diálogo para un Ordenamiento Territorial que proteja el frágil ecosistema que custodian para la humanidad de la visión individual y cortoplacista que esconde la minería contaminante.

Fuente:http://vigilanteamazonico.pe/vigilancia-y-comunicacion/galeria-multimedia/noticias/739-caso-afrodita-cordillera-del-condor-en-riesgo-por-posible-mineria-artesanal.html

Colombia, Sin categoría

La minera que pide 16.500 millones de dólares de indemnización a Colombia

Esta es la impresionante historia de la explotación de oro que la canadiense Cosigo Resources quería hacer en el Apaporis colombiano, la Corte Constitucional no permitió y hoy está en un litigio internacional que le costaría esa suma al Estado.

El domingo una columna de Rodrigo Uprimny generó controversia en el mundo jurídico. En su escrito el abogado advertia los peligros para el Estado de una ola de demandas de empresas extranjeras ante tribunales de arbitramento internacionales. Y citaba un ejemplo contundente: la minera canadiense Tobie Mining demandó al país por 16.500 millones de dólares por cuenta “por la supuesta “expropiación” de un título minero que quedó sin efecto pues fue concedido en el parque nacional Yaigoje-Apaporis. Repito la cifra para que no crean que fue un error: ¡US$16.500 millones! Unos 50 billones de pesos, que equivalen a la quinta parte del presupuesto nacional en 2017”. La exorbitante cifra corresponde a cerca de 10 veces la venta de Reficar, una de las transacciones más onerosas que ha hecho el Estado en los últimos años.

El Parque Nacional Yaigoje Apaporis es uno de esos tesoros escondidos de la bioversidad en el país. Sus majestuosas aguas, sus bosques infinitos y las míticas culturas indígenas que lo resguardan quedaron inmortalizados en el famoso libro del etnobotánico y gran explorador de National Geographic, Wade Davis.  Se trata de un territorio sagrado para muchas comunidades ancestrales con un millón de hectáreas se selva virgen y exhuberante. Por eso, cuando en el año 2009, la empresa minera canadiense pidió al Estado desarrollar allí un proyecto de extracción de oro a cielo abierto, la comunidad científica y los ambientalistas pusieron el grito en el cielo.

Muy pocos colombianos conocen el Apaporis, pero quienes lo han recorrido y estudiado, coinciden en el valor extraordinario que tiene para el planeta. «Una mina en el Apaporis es como un pozo de aceite en la capilla sixtina”, resumió hace unos años en una entrevista para Semana.com, el mismo Wade Davis. «El debate no es si debe haber o no minas, pero si cuántas, en dónde, con qué impacto ambiental y más que todo para quién. Hay sitios donde se puede poner una mina y hay sitios en los que nunca vale la pena hacerlo. Poner una mina para extraer oro en un río como el Apaporis que es un río sagrado para todos los grupos indígenas del Amazonas es ridículo. ¡Es terrible!», agregó.

El titulo minero que el entonces Ingeominas le otorgó a la empresa canadiense Cosigo Resources levantó una polvareda en la opinión pública y en la justicia. SEMANA tituló en 2001 un reportaje sobre esa polémica como «El Avatar Colombiano», pues la lucha de esas comunidades indígenas ancestrales se estaba dando a imagen y semejanza de la exitosa película de James Cameron. El caso evidenció el descontrol de la llamada «piñata de titulos mineros» que por años había entregado concesiones a empresas sin importar si sus proyectos estaban en los lugares naturales protegidos como páramos, humedales o reservas forestales. En el caso del Apaporis había una complejidad adicional: el titulo se había entregado apenas unos días después de que el Estado había declarado el lugar como parque nacional.

El caso llegó a la Corte Constitucional por cuenta de una tutela que interpuso un colono llamado Benigno Perilla. En un hecho sin antecedentes los magistrados se trasladaron a la profundidad de la selva de Vaupés para conocer el caso de primera mano. A la audiencia, que se realizó en una maloca indígena, llegaron decenas de personas. Esa mañana, Perilla reconoció que Cosigo los había asesorado para poner la tutela. Posteriormente, el capitán makuna agregó que ellos, junto con sus médicos tradicionales, ya habían decidido el futuro del Apaporis: ser un parque para siempre. “Ellos son como nuestros magistrados”, concluyó.  En la audiencia, los indígenas, que estaban divididos por cuenta del proyecto minero, anunciaron que querían reconciliarse.Por cuenta de ese testimonio y de las demás pruebas que recogió el alto tribunal, quedó claro que la empresa no tenía ningún derecho de explotar oro allí. La Corte Constitucional recordó que los parques nacionales son territorios tan importantes que la ley les da el carácter de inalienables, imprescriptibles y con la prohibición a perpetuidad de realizar actividades extractivas.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/16500-millones-de-dolares-demanda-tobie-mining-contra-colombia-por-apaporis/528264

 

Internacional, Sin categoría

El Defensor del Pueblo pide archivar el expediente de tierras raras por su estudio “fuera de plazo”

(España-Castilla, La Mancha ).-Nuevo varapalo al proyecto minero de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel. La investigación iniciada por la Oficina del Defensor del Pueblo como consecuencia de la reclamación cursada por la Plataforma Sí a la Tierra Viva hace más de un año, ha concluido que el   Estudio de Impacto Ambiental presentado por Quantum Minería -la promotora del proyecto- el pasado 20 de febrero para la solicitud de los permisos de explotación, se hizo “fuera de plazo”. Para el Alto Comisionado, esto “determinaría el archivo del expediente” conforme a la Ley castellano-manchega de Evaluación Ambiental. De esta manera, da la razón al argumento que esgrimió el pasado 21 de febrero tanto por plataforma como por las organizaciones ASAJA, COAG y UPA; además de Cooperativas Agroalimentaria, Fundación Savia y la Plataforma Campo de Montiel, en escritos dirigidos a la Junta.

Concretamente, la Defensora del Pueblo argumenta que la notificación del documento de alcance en el que la Junta solicitó a la minera ese estudio de impacto ambiental, se produjo el 18 de noviembre de 2016, y por tanto el plazo de tres meses para la presentación del texto exigido, debía computarse a partir del 19 de noviembre a las 00.00 horas, venciendo el 18 de febrero de 2017, sábado y día hábil.

Se trata de una premisa que viene determinada por aplicarse la antigua Ley de Procedimiento Administrativo (1992) que considera los sábados hábiles y que se aplica en este caso porque el proyecto se inició con anterioridad a la modificación de 2015. Por todo ello, pregunta a la Junta de Castilla-La Mancha “si va a declarar el archivo del expediente”.

Sí a la Tierra Viva ha hecho público este escrito, donde además la Oficina del Defensor del Pueblo vuelve a insistir en que en el trámite de información y consultas previas a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó desfavorablemente de los proyectos de extracción en evaluación ambiental «por falta de recursos hídricos e incompatibilidad con el Plan Hidrológico de la Demarcación”.

Un informe «con carácter preceptivo y vinculante»

“Este informe, previsto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas tiene carácter preceptivo y vinculante para la Administración autonómica en relación con la existencia de recursos hídricos suficientes, (…) criterio que también es conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El carácter preceptivo y vinculante de los informes constituye un motivo suficiente para archivar el expediente de evaluación ambiental y de los procedimientos de otorgamiento de las solicitudes de explotación”, añade.

La Plataforma alega que, pese a estas consideraciones, el director provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real decidió someter a información pública el pasado 10 de abril los proyectos y el estudio de impacto ambiental. También recuerda que ya denunciaron ante la Consejería de Economía la admisión a trámite en noviembre de 2015 de las tres solicitudes de explotación, “aun careciendo de la garantía de abastecimiento de agua y sin que existiese ningún informe de solvencia de Quantum Minería”. La denuncia fue ampliada el pasado mes de diciembre solicitando que el director general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, fuese apartado de la tramitación de los expedientes “al haber defendido abiertamente en público y en diversas ocasiones” los intereses empresariales de Quantum Minería.

“Es por ello que el Ejecutivo regional debe actuar sin fisuras y cumplir estrictamente con la legalidad, procediendo al archivo de los expedientes de evaluación ambiental y de los procedimientos de otorgamiento de los derechos mineros”, subraya la Plataforma. Ha anunciado por último que “dada la gravedad de la situación creada” por el Gobierno castellano-manchego,  pondrá en conocimiento de los grupos políticos oposición (PP y Podemos) estos hechos para que “por vía parlamentaria se pueda proceder a la petición de la explicación correspondiente”.

Fuente:http://www.eldiario.es/clm/Defensor-Pueblo-archivo-expediente-tierras_0_651635403.html

Chile, Sin categoría

Prenden barricadas en La Higuera en rechazo al proyecto minero Dominga

Un grupo protesta en contra del proyecto minero Dominga. Foto: Cedida
Por Johana Fernández, 06-02-2017
El movimiento ciudadano Chao Pescao se instaló en medio del camino que une a Los Choros con la ruta 5 norte y Punta de Choros.
Habitantes del sector Los Choros, perteneciente a la comuna de La Higuera, cortaron la vía de acceso al pueblo con barricadas para expresar su rechazo a la instalación del proyecto minero Dominga.
Una manifestación liderada por el movimiento ciudadano Chao Pescao, que se instaló en medio del camino que une a Los Choros con la ruta 5 norte y Punta de Choros

En su página de Facebook, el movimiento publicó «Se cierra el camino de Los Choros. Nos aburrimos de la corrupción de las autoridades y del choclo Delano con su minera #Dominga. Si no hay respeto por las comunidades, no habra respeto con ustedes. #SalvemosLaHiguera Los Choros en resistencia. #NoaDominga»

Según reseña el portal BíoBíoChile.cl, desde el año 2013 el proyecto minero portuario Dominga, de Andes Iron, tramita los permisos ambientales para operar. Durante enero de este año sufrió un nuevo traspié luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) solicitara una nueva adenda, donde aclare su área de impacto e influencia.

Andes Iron, en reiteradas ocasiones, afirmó que el área de influencia marina de Dominga se limitaba solamente a la bahía Totoralillo Norte. Sin embargo, luego de la insistencia de las autoridades, la compañía reconoció que su área de influencia sería mayor y, recién en esta última instancia, consideró los impactos de los barcos que transporten el mineral en el medio marino.
http://www.diarioeldia.cl/region/prenden-barricadas-en-higuera-en-rechazo-proyecto-minero-dominga

Chile, Sin categoría

Sindicato de Escondida da un paso más y busca poner en jaque a BHP con denuncia ambiental

17-02-2017
Trabajadores harán denuncia ante Superintendencia de Medio Ambiente, puesto que tienen antecedentes que plantean que los campamentos de la minera están en zonas no aptas ambientalmente. Buscan exponer los datos también al ministerio respectivo.

(Pulso) Un nuevo flanco busca abrir el sindicato único de Escondida -que agrupa a poco más de 2.500 trabajadores- contra la empresa controladora BHP Billiton. Esta vez no se trata de relaciones laborales propiamente tal, sino que ahora apuntan a una materia netamente ambiental.

En concreto, la dirigencia sindical busca denunciar a la compañía por mantener campamentos en zonas que son aparentemente no habitables, por ser áreas saturadas, antecedentes que serían presentados al Ministerio de Medio Ambiente en el marco de la visita que realizaron los dirigentes del sindicato a Santiago -para reunirse con la Ministra del Trabajo-, la cual se extenderá hasta hoy por la tarde. Hasta el cierre de esta edición, no existía, sin embargo, una confirmación de que tal cita se realizaría.

Según explican desde el sindicato, la problemática habría partido el 2001, cuando -aseguran- el Servicio de Salud de Antofagasta solicitó a la Intendencia declarar los campamentos de Minera Escondida como zona saturada, pero -dicen los trabajadores- tal pronunciamiento se habría omitido. Añaden que a ello se sumó una resolución complementaria cursada en el marco de la tramitación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por el mismo intendente, en el que se habría estipulado que los campamentos de Escondida estarían desafectados de la normativa de zona saturada por no tener población vulnerable y que se habría incluido en todas las RCA hasta la fecha. Esta última situación es vista como irregular por los trabajadores, por lo que la buscan denunciar.

“Vamos a hacer una denuncia a través del Ministerio de Medio Ambiente contra Minera Escondida por una situación gravísima, en la cual nuestro campamento fue declarado en algún momento zona no habitable por estar impactado ambientalmente”, indicó el vocero del sindicato N°1 de Escondida, Carlos Allendes.

En ese sentido, añadió que: “Vamos a pedir la revisión de todas las RCA de esa fecha en adelante y de todos los proyectos que vengan, porque BHP tiene un proyecto y queremos revisar bien qué se está haciendo con las RCA para que la empresa siga levantando iniciativas cuando ha sido declarado zona saturada”.

Por su parte, el abogado de los trabajadores, Marcos López, agregó que los antecedentes fueron expuestos a la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, en la audiencia llevada a cabo ayer a las 11:30 horas en las dependencias del Ministerio. “Se lo planteamos a la ministra y ella quedó de transmitir los antecedentes entregados al ministro de Medio Ambiente, y efectivamente le hemos planteado a la autoridad que tienen que revisarse todas las resoluciones de calificación ambiental, al menos el plazos de nulidad de derecho público, que contempla la normativa, cinco años hacia atrás”.

A eso se suma la solicitud de que tanto los campamentos de Escondida como los de Spence -también de BHP- sean declarados como zona ambientalmente saturados. Esto obligaría a la empresa a aplicar planes de descontaminación, al tiempo que supondría “la limitación de desarrollo de cualquier nuevo proyecto hasta que no se establezca un plan de descontaminación efectivo”, explica López.

Por su parte, el Ministerio del Trabajo puntualizó que es una materia que no dice relación con este proceso. “En materia de medio ambiente, de acuerdo a la información que nos fue proporcionada, es absolutamente ajena a este proceso de negociación”, dijo la ministra Alejandra Krauss. 1717Desde los trabajadores aseguraron que esta situación no será utilizados como “moneda de cambio” durante la negociación colectiva.

Sindicato de Escondida da un paso más y busca poner en jaque a BHP con denuncia ambiental