Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina https://www.ocmal.org OCMAL Fri, 18 Jan 2019 03:54:58 +0000 es-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.3 Organizaciones acuerdan paro indefinido en Hualgayoc contra la contaminación minera https://www.ocmal.org/organizaciones-acuerdan-paro-indefinido-en-hualgayoc-contra-la-contaminacion-minera/ Fri, 18 Jan 2019 03:54:58 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43920 A raíz de la fuga de líquidos que trajo consigo relaves desde las operaciones mineras de la empresa Gold Fields ocurrida a mediados del mes de diciembre, las principales organizaciones sociales de la provincia de Hualgayoc como rondas campesinas y frentes de defensa, han venido coordinando una protesta frente a la situación.

Uno de los primeros acuerdos ha sido conformar el Comando de Lucha Provincial con organizaciones de los tres distritos de la provincia (Chugur, Hualgayoc y Bambamarca). Asimismo, la principal medida que ejecutarán será la realización de un paro indefinido desde el miércoles 6 de febrero.

De acuerdo al comunicado dado a conocer por las organizaciones, el paro tiene el objetivo de expresar el rechazo a la expansión y contaminación minera en cabeceras de cuenca y a las empresas Gold Fields, Coimolache, Yanacocha y San Nicolás. Igualmente, se exige la indemnización urgente, así como la construcción de una planta de tratamiento de agua, limpieza inmediata de los relaves vertidos en los canales de irrigación y tratamiento médico a las personas contaminadas desde hace algunos años en la provincia. A las autoridades … Sigue leyendo ]]>

A raíz de la fuga de líquidos que trajo consigo relaves desde las operaciones mineras de la empresa Gold Fields ocurrida a mediados del mes de diciembre, las principales organizaciones sociales de la provincia de Hualgayoc como rondas campesinas y frentes de defensa, han venido coordinando una protesta frente a la situación.

Uno de los primeros acuerdos ha sido conformar el Comando de Lucha Provincial con organizaciones de los tres distritos de la provincia (Chugur, Hualgayoc y Bambamarca). Asimismo, la principal medida que ejecutarán será la realización de un paro indefinido desde el miércoles 6 de febrero.

De acuerdo al comunicado dado a conocer por las organizaciones, el paro tiene el objetivo de expresar el rechazo a la expansión y contaminación minera en cabeceras de cuenca y a las empresas Gold Fields, Coimolache, Yanacocha y San Nicolás. Igualmente, se exige la indemnización urgente, así como la construcción de una planta de tratamiento de agua, limpieza inmediata de los relaves vertidos en los canales de irrigación y tratamiento médico a las personas contaminadas desde hace algunos años en la provincia. A las autoridades regionales se les solicita la ejecución de proyectos sostenibles, monitoreos semanales a las fuentes de agua y la emisión de normas dirigidas a proteger las cabeceras. Otro de los aspectos en evaluación y que probablemente se aprobará antes del paro, es la denuncia en contra de las empresas ante organismos nacionales e internacionales.

En recientes declaraciones, los dirigentes informaron que se añadirá a su plataforma que se realicen más análisis a personas de Bambamarca para verificar si presentan contaminación y además se solicitará el respaldo del gobernador regional Mesías Guevara y del alcalde provincial de Hualgayoc para entablar una denuncia en contra de Gold Fields: “Con la bendición de Dios será nuevamente un paro para la historia. El Perú nuevamente tendrá puestos los ojos en Bambamarca, Chugur y Hualgayoc. En la plataforma de lucha no hay temas políticos partidarios por eso invitamos a todos que se unan a esta lucha porque estaremos salvaguardando la vida y la salud de nuestros hijos”, declaró ante medios de comunicación de Bambamarca el dirigente rondero Hugo Cruzado.

Finalmente, el 25 de enero las organizaciones sostendrán una nueva asamblea en la que se definirán algunos puntos pendientes de cara al paro. En esta fecha también se evaluará la logística y el respaldo conseguido.

Fuente:http://noticiasser.pe/cajamarca/organizaciones-acuerdan-paro-indefinido-en-hualgayoc-contra-la-contaminacion-minera?fbclid=IwAR1BDc63esWTT46yRrzx0nOX8p5l7HiosoXUkTUmE5DjoU0r_UE1-aQ1rbw

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El letargo de la institucionalidad ambiental para cerrar definitivamente Pascua Lama https://www.ocmal.org/el-letargo-de-la-institucionalidad-ambiental-para-cerrar-definitivamente-pascua-lama/ Fri, 18 Jan 2019 03:46:21 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43916 Todos los recuentos y evaluaciones socioambientales de hitos del 2018, consideran la Resolución Exenta Nº72 del 17 de enero de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que impuso más de 30 sanciones administrativas, incluidas cinco que decretaban la “clausura definitiva y total” de la faena minera del Proyecto minero Pascua Lama de la Compañía Minera Nevada SpA, filial de la trasnacional canadiense Barrick Gold, como uno de los  hechos más importantes del año. Ha transcurrido un año desde que se emitiera la trascendental sanción, sin embargo esta … Sigue leyendo ]]> El proceso de fiscalización y sanción de Pascua Lama ha sido largo y lento. Actualmente se encuentra aún pendiente a la espera de que el Primer Tribunal Ambiental se pronuncie en relación a la reclamación presentada por la empresa infractora contra la resolución de la SMA, y en particular contra los cargos que mantienen la sanción de clausura definitiva. Hace más de tres meses que la causa (Rol R-5-2018) se analizó y debatió en la audiencia de alegatos del tribunal, donde actuamos como coadyuvantes de la Superintendencia, solicitando que se deseche la reclamación de Barrick.

Todos los recuentos y evaluaciones socioambientales de hitos del 2018, consideran la Resolución Exenta Nº72 del 17 de enero de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que impuso más de 30 sanciones administrativas, incluidas cinco que decretaban la “clausura definitiva y total” de la faena minera del Proyecto minero Pascua Lama de la Compañía Minera Nevada SpA, filial de la trasnacional canadiense Barrick Gold, como uno de los  hechos más importantes del año. Ha transcurrido un año desde que se emitiera la trascendental sanción, sin embargo esta aún no logra materializarse.

Como organización que ha colaborado y acompañado a la comunidad del Valle del Huasco por casi  20 años  en este conflicto nos parece relevante hacer un análisis a este proceso, desde una mirada de los Derechos Ambientales y  sobre la capacidad preventiva y reparatoria de la institucionalidad ambiental, proceso aún pendiente de solución.

El resultado de todo este proceso de búsqueda de justicia ambiental para las comunidades afectadas por el avasallador proyecto de Pascua Lama sólo confirma que nuestra institucionalidad, pese a declararse como un modelo que propicia el “desarrollo sustentable”,  está al servicio de concepciones extractivistas de nuestros territorios y sus ecosistemas. Y en este caso, específicamente, en lo referido a la fiscalización y sanción de mega emprendimientos empresariales mineros.

Aquí se demostró el fracaso completo de la concepción institucional que enarbola el principio de autocontrol de las empresas como eje de la evaluación y fiscalización de los proyectos. Esto se expresa en todo lo referido a la Auto Denuncia, al denominado Programa  de Cumplimiento que suspende la investigación sancionatoria o a las solicitudes de pertinencia, entre otros mecanismos.

Se debe agregar, la falta de capacidad, recursos y voluntad del Estado para fiscalizar y sancionar los reiterados y gravísimos incumplimientos a nuestra normativa ambiental, que además es débil y permisiva.

Por tanto, llegar a este punto de clausura definitiva ha significado un camino largo y dificultoso. El procedimiento ambiental (A-002-2013) sancionó incumplimientos de la empresa a los permisos ambientales, algunos acaecidos hace ya seis  años. Tuvieron que transcurrir cinco periodos presidenciales (Ricardo Lagos, ambos gobiernos de Michelle Bachelet, ambos gobiernos de Sebastián Piñera), desde el otorgamiento de la primera Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el año 2001, tiempo en que incluso se introdujeron cambios en la ley ambiental y sus instrumentos de evaluación y fiscalización, y donde siempre hubo mucha acogida a consultoras y lobistas que buscaron debilitar y doblegar la demanda ciudadana de mayor protección ambiental por parte del Estado. Solo la voluntad, convicción y movilización comunitaria hizo posible el establecimiento de este ejemplar castigo para una faena tan contaminante y destructiva de la naturaleza y de la comunidad que históricamente ha habitado el territorio.

Lamentablemente, en este mismo sentido, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (TA), es otro órgano que está cumpliendo un rol dilatador y relativizado de las sanción de clausura total y definitiva. Cabe consignar que la instalación misma de los TA fue fruto de la petición efectuada por el Consejo Minero, en el marco de la tramitación y negociación legislativa para aceptar la instalación de la SMA, siendo clave la gestión de Julio Ponce Lerou, en coordinación con parlamentarios de derecha, entre ellos la diputada UDI Marcela Cubillos (2009), que fue la primera Ministra de Medio Ambiente del actual gobierno.

Lo arriba indicado se demuestra a través del tortuoso procedimiento de denuncia, investigación y sanción de las sistemáticas y reiterativas ilegalidades cometidas por la trasnacional canadiense, y que podemos sintetizar de la siguiente manera:

A pocos días de puesta en marcha la nueva institución fiscalizadora, en enero de 2013, se abrió un proceso administrativo ambiental sancionatorio (Rol A-002-2013), que  formulaba una serie de cargos por incumplimientos de Barrick Gold en la construcción del proyecto minero Pascua Lama. Por cierto, esta empresa ya había recibido multas de diversos órganos públicos por trasgredir sus compromisos los años anteriores, antecedentes que no fueron considerados en este proceso.

El 24 de mayo de 2013, la Superintendencia de Medio Ambiente por Resolución Exenta Nº 477 sancionó al titular del proyecto con una multa de 16.000 UTA (US$ 16,4 millones de dólares), incluyendo una medida cautelar de paralización total que se ha mantenido hasta hoy.

Ante una sanción tan débil, irrelevante y pro minera, colaboramos con las organizaciones de agricultores y crianceros en la elaboración, presentación y tramitación de un reclamo ciudadano ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago (único en funciones a esa fecha).

Finalmente, el tribunal acogiendo nuestra demanda, anula la resolución de la SMA ya que “no es suficiente para comprender de qué forma se concretaron las seis sanciones … tanto la elección de la multa como sanción específica y en el monto de ella”, determinando una falta de motivación y profundidad en la actuación del Superintendente Juan Carlos Monckeberg, que la hacia “arbitraria al no contener los razonamientos suficientes que expliquen la ponderación de la conducta anterior del infractor en la determinación de la sanción”.

Reabierto el expediente sancionatorio el 22 de abril de 2015, la SMA lo fusionó con un segundo proceso de sanción (D-011-2015), que incorporó una numerosa cantidad de nuevos incumplimientos del proyecto Pascua Lama. Los nuevos cargos fueron, en buena  parte, producto de constantes denuncias comunitarias. Las más de diez denuncias comunitarias, interpuestas, entre los años 2013 y 2016, se referían a irregularidades y colapso en las obras de construcción de los canales perimetrales, del sistema de manejo de aguas, de captación y manejo de drenaje acido; a la contaminación y alteración de las aguas y cuencas de los ríos Estrecho y El Tránsito, con alto contenido de sedimentación, turbidez, aparición de gran cantidad de espuma, sustancias químicas y olores molestos, con incluso detección de parámetros elevados de metales pesados (aguas que son  utilizadas para riego, consumo de animales y humano); y de los canales de los valles del Carmen y El Tránsito de la comuna de Alto del Carmen; a descargas ilegales desde la cámara de captación y restitución (CCR); a la afección de vegas cercanas con sedimentos; a la filtración de aguas contaminadas a las napas subterráneas por vertimiento de camiones aljibe de la compañía en los caminos contaminando el subsuelos; al incumplimiento de obligaciones de  resguardo a glaciares emplazados en el área de influencia del proyecto, entre otros. Todas estas denuncias fueron antecedentes claves a la hora de ampliar los cargos, especialmente los cinco que fueron sancionados con la clausura definitiva del proyecto a principios del 2018

En febrero de 2018, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dentro del proceso de consulta que debe hacer la SMA establecido en la ley (Causa S-5-2018), primero resolvió efectuar una  inspección personal al proyecto, y finalmente con fecha 12 de octubre de 2018 falló la consulta legal, eliminando cuatro de las cinco sanciones de clausura definitiva de Pascua Lama, pero confirmando la clausura total y definitiva en uno de ellos.

En definitiva, el proceso de fiscalización y sanción de Pascua Lama ha sido largo y lento. Actualmente se encuentra aún pendiente a la espera de que el Primer Tribunal Ambiental se pronuncie en relación a la reclamación presentada por la empresa infractora contra la resolución de la SMA, y en particular contra los cargos que mantienen la sanción de clausura definitiva. Hace más de tres meses que la causa (Rol R-5-2018) se analizó y debatió en la audiencia de alegatos del tribunal, donde actuamos como coadyuvantes de la Superintendencia, solicitando que se deseche la reclamación de Barrick.

El fallo aún está pendiente, pero sería inconcebible que se acogieran los argumentos de la minera reclamante que principalmente se sustentan en los recursos ya invertidos en la construcción del proyecto (según la empresa se han materializado US$ 5.000 millones) y las consecuencias que para el Estado pudiere implicar la clausura de un proyecto que está acogido al Tratado Bilateral Minero de Chile y Argentina, y también en el marco de protección que le entrega el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Canadá.

Ahora, este último argumento que no tiene ningún contenido ambiental, pudiere tener algún nivel de acogida en el Tribunal Ambiental de Antofagasta que está conformado por jueces,  donde algunos de ellos tuvieron un estrecho vínculo como asesores de la gran minera durante años (Ejemplo fallo a favor del proyecto minera Dominga).

En todo caso, sabemos que cualquiera sea lo que resuelva el Tribunal Ambiental, debido a su trascendencia, la causa terminara siendo vista, vía casación, en la Tercera sala de la Corte Suprema, donde sus nuevos integrantes han mostrado una flexibilidad para poner sobre los derechos ambientales los grandes intereses económicos empresariales.

Concordando con lo sostenido por la SMA, pues si se recogieran los sólidos argumentos jurídicos ambientales, por los que se establecieron las sanciones de cierre total y definitivo se debiera mantener la clausura como la sanción adecuada ante tan flagrantes y reiterados incumplimientos. Pero, eso con la intervención de tantos lobistas y presiones de poderes fácticos está en peligro.

El precedente que se sentaría en caso de revertir la clausura para la institucionalidad y la protección del medio ambiente y de las comunidades, luego de tan largo proceso, sería catastrófico y dejaría claro que la protección del medio ambiente es solo letra muerta. Lamentablemente, es un escenario posible bajo la enorme presión de los capitales extractivistas mineros que cuenta con estrechos vínculos de cooptación  en los diversos estamentos del Estado.

Como OLCA, seguiremos apoyando los procesos comunitarios y de defensa de los territorios,  dando la pelea para exigir, en este caso, el respeto a la sanción ejemplificadora de clausura, además de buscar la responsabilidad y reparación a los daños ambientales causados.

 

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2019/01/17/el-letargo-de-la-institucionalidad-ambiental-para-cerrar-definitivamente-pascua-lama/

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Comunidad afro de la Guajira bloquea entrada a sede del Cerrejón https://www.ocmal.org/comunidad-afro-de-la-guajira-bloquea-entrada-a-sede-del-cerrejon/ Fri, 18 Jan 2019 03:35:16 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43912 El pasado 15 de enero, la comunidad de Barrancas, La Guajira bloqueó uno de los complejos carboníferos del Cerrejón como mecanismo de protesta contra la compañía minera la cual ha violado el derecho a la consulta previa aprobada por el Consejo de Estado, una medida que buscaba acoger a 514 familias, de las cuales la empresa únicamente accedió incluir 33 vulnerando los derechos fundamentales de los habitantes de la zona.

Según Yoe Arregocés, líder del Consejo comunitario, el tejido social se ha deteriorado como consecuencia del  reasentamiento hecho por  Cerrejón en el 2003, causando en la población de Roche desempleo, escasez de agua y problemas en los terrenos de las viviendas, aunque se propuso una mesa de negociación para la mejorar la situación, el protocolo únicamente “se ha realizado entre la empresa y el Ministerio de Interior” deslegitimando a la comunidad.

Ante el incumplimiento en lo pactado, la comunidad bloqueó un cruce conocido como ‘El Túnel’ , colocando candados a los portones de acceso y salida del punto para bloquear la entrada y salida de vehículos del complejo carbonífero, un lugar que por tradición ha sido considerado por los … Sigue leyendo ]]> El pasado 15 de enero, la comunidad de Barrancas, La Guajira bloqueó uno de los complejos carboníferos del Cerrejón como mecanismo de protesta contra la compañía minera la cual ha violado el derecho a la consulta previa aprobada por el Consejo de Estado, una medida que buscaba acoger a 514 familias, de las cuales la empresa únicamente accedió incluir 33 vulnerando los derechos fundamentales de los habitantes de la zona.

Según Yoe Arregocés, líder del Consejo comunitario, el tejido social se ha deteriorado como consecuencia del  reasentamiento hecho por  Cerrejón en el 2003, causando en la población de Roche desempleo, escasez de agua y problemas en los terrenos de las viviendas, aunque se propuso una mesa de negociación para la mejorar la situación, el protocolo únicamente “se ha realizado entre la empresa y el Ministerio de Interior” deslegitimando a la comunidad.

Ante el incumplimiento en lo pactado, la comunidad bloqueó un cruce conocido como ‘El Túnel’ , colocando candados a los portones de acceso y salida del punto para bloquear la entrada y salida de vehículos del complejo carbonífero, un lugar que por tradición ha sido considerado por los habitantes un territorio sagrado.

Cerrejón intentó entablar un diálogo a través de un funcionario que se reunió con la comunidad para levantar el bloqueo, después de llegar a un acuerdo se comunicó lo acordado con la compañía la cual rechazó los puntos acordados, algo que la comunidad considero como una dilatación más y responsabilizó a Cerrejón de cualquier acción represiva que pudiera acontecer.

Dentro de los puntos que se intentaron concertar con el representante de Cerrejón se busca crear una matriz de impacto para evaluar las repercusiones de la minería y el reasentamiento en la comunidad, conocer qué sucedió con los recursos de la consulta previa, además de buscar la participación de diferentes organizaciones garantes para llegar a un acuerdo entre la comunidad y la empresa.

El líder señala que la comunidad ha perdido la confianza en los representantes que envía Cerrejón para reunirse con los habitantes, sin embargo están abiertos al diálogo y permanecerán en el lugar hasta conocer un pronunciamiento de Cerrejón, la cual advirtió que hay fuerza policial muy cerca del sitio y está lista “para arremeter contra la comunidad” indicó Arregocés.

 

Fuente:http://www.contagioradio.com/comunidad-afro-de-la-guajira-bloquea-entrada-a-sede-del-cerrejon-2-articulo-60027/?fbclid=IwAR1SY5et8yW4GAIFI0tOwqyA5bnb7qB_sDGJ1TX05SMH4v4oT7lMrUNiCvc

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El botín de las transnacionales está en Guatemala https://www.ocmal.org/el-botin-de-las-transnacionales-esta-en-guatemala/ Fri, 18 Jan 2019 03:29:34 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43909 A la Guatemala profunda, la que cultiva caña y café como se hacía hace mil años, se llega por carreteras endiabladas. Más de 4 horas en camioneta han empleado María Lucas, de 64 años, su hija y otros dos vecinos de Sipacapa, un municipio del departamento de San Marcos fronterizo con México, para recorrer los 65 kilómetros que separan sus casas de Santa Cruz. Acuden porque el Consejo de Pueblos del Quiché (CPK) ha convocado una asamblea con los líderes y lideresas indígenas que aun aguantan la presión de las todopoderosas oligarquías locales. Los datos de los siete primeros meses de este año alumbran el desastre: 137 dirigentes comunitarios agredidos, otros 22 asesinados y un número indeterminado de detenidos, todos bajo acusaciones que las élites utilizan para aplastar una cultura confrontada con el orden del mercado libre que engorda sus insaciables bolsillos. María, su hija y los dos vecinos de Sicapaca son cuatro rostros más entre los cuatro millones de indígenas sentenciados a vivir en la pobreza extrema.

La matriarca, cara arrugada y los ojos brillantes, participa activamente en la asamblea. Es … Sigue leyendo ]]> A la Guatemala profunda, la que cultiva caña y café como se hacía hace mil años, se llega por carreteras endiabladas. Más de 4 horas en camioneta han empleado María Lucas, de 64 años, su hija y otros dos vecinos de Sipacapa, un municipio del departamento de San Marcos fronterizo con México, para recorrer los 65 kilómetros que separan sus casas de Santa Cruz. Acuden porque el Consejo de Pueblos del Quiché (CPK) ha convocado una asamblea con los líderes y lideresas indígenas que aun aguantan la presión de las todopoderosas oligarquías locales. Los datos de los siete primeros meses de este año alumbran el desastre: 137 dirigentes comunitarios agredidos, otros 22 asesinados y un número indeterminado de detenidos, todos bajo acusaciones que las élites utilizan para aplastar una cultura confrontada con el orden del mercado libre que engorda sus insaciables bolsillos. María, su hija y los dos vecinos de Sicapaca son cuatro rostros más entre los cuatro millones de indígenas sentenciados a vivir en la pobreza extrema.

La matriarca, cara arrugada y los ojos brillantes, participa activamente en la asamblea. Es un debate muy vivo, reflejo de los temores y la desconfianza que quedaron atrapadas en el alma de estos mayas en la noche de los tiempos. Uno de los portavoces pide que “se evite cualquier resistencia violencia” en las protestas periódicas que diferentes comunidades y aldeas realizan contra la construcción de las grandes infraestructuras proyectadas. En Huehuetenango, en Alta Verapaz, en Izabal, Solol o en el propio departamento del Quiché. “Porque, compañeros, ese será el motivo que utilicen para reprimirnos aun más”, suelta a viva a voz. La cuestión se despacha con dilación porque lo que más inquieta, de momento, son las consecuencias de esas inmensas instalaciones cuando echan a andar. “En San Marcos tuvimos la mina Marlin y fue terrible. Extendieron el miedo, el paramilitarismo, la muerte y la desigualdad”, comenta María en un castellano frágil que no le impide repetir con fuerza el nombre del engendro. “Mina Marlin”.

En 2005, la empresa canadiense Goldcorp puso sus ojos en el subsuelo de San Miguel Ixtahuacán, una aldea pobre, fría e inhóspita cerca de la frontera con México, para extraer oro puro de la base de una montaña. Para ganarse el apoyo de la población, unos 35.000 habitantes, la transnacional minera forjó una suerte de jerarquía comunitaria a base de regalos y dinero que algunas autoridades locales aceptaron de buen grado. Otros, como María, vieron en aquellas dádivas los ingredientes inflamables de la codicia, la influencia y la corrupción que siempre ha utilizado el poder en estas tierras y lo rechazaron. Quienes la siguieron, perdieron su trabajo. La aldea enmudeció. El equilibrio social, ya debilitado desde el genocidio perpetrado en los años 80, se rompió del todo y la singular relación que las comunidades mayas mantienen con sus tierras quedó marcada con fuego. La bomba que escondían aquellos gestos filantrópicos no tardó en estallar. Cuando comenzaron a horadar la mina a cielo abierto, las humildes casas de adobe se resquebrajaron y los ríos que abastecían de agua se contaminaron con arsénico. Los árboles se marchitaron como si un otoño perpetuo se hubiera apoderado de ellos y varias especies de animales desaparecieron o simplemente sufrieron un declive tristísimo del que aún no se han recuperado. La salud de la población se resintió tanto que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no le quedó otro remedio que ordenar en 2010 la suspensión temporal de la actividad minera.

Pero la dolorosa suerte de San Miguel Ixtahuacán ya se había trazado. El coste de la cesta básica no dejó de aumentar y el precio de la tierra se triplicó. Y con la especulación cabalgando libre por estos caminos polvorientos llegaron las cantinas, las armas, la violencia y el miedo. “¿Sabe usted lo que se llevaron los canadienses de allí? ¡200 libras de oro puro al día durante 9 años! Calcule, pues. Y de cada 100 dólares que la mina producía pagaban uno al Estado. Imagínese”, interviene Domingo Hernández, 64 años y antiguo miembro del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) que combatió a la sangrienta dictadura de Efraín Ríos Montt que gobernó el país a sangre y fuego entre 1982 y 1983. Para muchos, San Miguel sigue siendo hoy el ejemplo palmario de la explotación desenfrenada que gobierna Guatemala.

“Sepa usted que la guerra se acabó en 1996 con los Acuerdos de Paz pero el terror ha seguido igualito. Sigue bien vivito porque en Guatemala se eliminan a los indígenas que denuncian el modelo de convivencia, de malconvivencia, que tratan de imponernos. La cultura de la violencia no se terminó con la paz”, añade Domingo bajando el tono de voz y apretando los dientes. Recuerda a su amiga Lolita Chávez, a la que ametrallaron por impedir el paso de las máquinas madereras dispuestas a arrasar los bosques milenarios que rodean Santa Cruz del Quiché, y a Bernardo Caal. Pero tampoco de Berta Cáceres, la activista lenca asesinada en Honduras por oponerse al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca; ni de Ovidio Xol, un joven de 20 años desaparecido en 2014 durante la tensa expropiación de tierras ejecutada en el departamento de Alta Verapaz para construir Renace, una de las mayores plantas hidroeléctricas de toda Centroamérica en la que participó a la empresa Cobra, la filial guatemalteca de ACS. Este complejo acaba de ser premiado por S&P Global Platts, la biblia de la información energética y extractivista a nivel planetario, “por el valor social compartido que desarrolla desde hace siete años en Alta Verapaz”. Un contrasentido a tenor de los datos oficiales. Un informe sobre violencia del PNUD certificó que en lugar de un aumento del desarrollo humano, la paz firmada en 1996 trajo un agravamiento de la inseguridad en la población indígena. Según datos de la propia policía nacional guatemalteca, la violencia homicida se ha incrementado un 120% entre 1999 y 2006. Y la peor parte, de nuevo, se la llevan las mujeres.

Nadie duda de que el patriarcado racista es la gasolina que alimenta la maquinaria de la desigualdad y amordaza a las víctimas. Una investigación realizada por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) en el área rural de San Pedro de Carchá reportó en 2016 una veintena de violaciones sexuales perpetradas por los trabajadores de la central Renace que andaban reparando unas torretas de alta tensión. “La ausencia de más denuncias por parte de las mujeres violadas se debe a que, además de vivir un fuerte trauma psicológico, sufren el drama personal de ser las causantes de la deshonra familiar ante la comunidad”, concluyeron sus autores. El drama no cesa. Algunas mujeres cuentan a la asamblea relatos estremecedores de conocidos o familiares.

Sus testimonios se suceden, espontáneos. Algunas lo hacen en lengua quiché, uno de los dialectos mayas más extendidos; otras se esfuerzan por expresarse en castellano. Priscilla toma la palabra y habla en ambos idiomas con precisión y soltura. En su discurso hace una defensa encendida de la educación “porque la cultura es el mejor antídoto contra el engaño histórico. Lean, compañeros, lean y también escriban, por favor”, proclama. Priscilla es joven y culta. Conoce el Popol Vuh, la biblia Q’eqchí, cuya parte mitológica se desarrolla cerca de su casa. “La tierra, el aire, la lluvia, los árboles, la energía. Esos son los referentes de nuestra cosmovisión y los que las oligarquías están destruyendo”, explica. Ella, como casi todos los asistentes al concurrido consejo, perdió un familiar en el genocidio perpetrado por el ejército hace tres décadas.

Pese a recordar con todo lujo de detalles la espeluznante noche que impuso el general Ríos Montt en estas tierras –400 aldeas arrasadas, miles de personas reubicadas a la fuerza en los llamados “Polos de Desarrollo” que en realidad eran auténticos campos de concentración, un millón de desplazados internos, más de 250.000 refugiados, 200.000 muertes, incalculables desapariciones– Priscilla dice que aquello solo fue el primer cimiento de lo que ha venido después. “Hoy somos un país entregado al dinero extranjero por un gobierno corrupto que bajo el pretexto de modernizar el país impone leyes que defiendan sus intereses: el saqueo de nuestras tierras y el sometimiento a la pobreza extrema”, clama. Hay unanimidad hacia sus palabras.

La gran aportación de los Acuerdos de Paz en Guatemala fue la liberalización absoluta del país. Cierto es que para el Banco Mundial sigue siendo la primera economía del istmo pero también la más desigual. Si durante años se habló de que 22 grandes familias, todas mestizas, controlaban la vida política, social y económica del país, la selección natural ejecutada por el sistema financiero mundial en los últimos años lo ha reducido a ocho. No es difícil conocer el motivo. En las negociaciones de paz olvidaron detallar quién y cómo se debía gobernar un territorio poco más grande que Andalucía donde el 50% de la población es de etnia maya, xinca y garífuna, abiertamente contrarios a un mercado libre que les condena. En este escenario, la trayectoria de las élites guatemaltecas, todos multimillonarios y muchos evangelistas, ha sido compartir beneficios con grandes transnacionales extranjeras. Canadienses, italianas y, sobre todo, españolas. Según el Directorio de empresas asentadas en Guatemala que elabora el ICEX hay más de 120 firmas asentadas en este pequeño país centroamericano. Y el abanico de sectores que abarcan es extenso y variado. Desde las telecomunicaciones y el turismo al financiero y el energético. “Encuentran muchas facilidades porque los sectores estratégicos han sido desregularizados y, por lo tanto, son fáciles de apropiar y explotar”, explica Jesús González Pazos, miembro de la organización Mugarik Gabe y autor de un exhaustivo estudio sobre la realidad socioeconómica guatemalteca.

El informe también detalla las relaciones íntimas que algunos de estos poderosos terratenientes guatemaltecos, como la familia Gutiérrez-Bosch propietaria de la Corporación Multi Inversiones (CMI) que agrupa a 300 empresas y es la aliada corporativa de ACS en el país, con el Partido Popular y FAES. Fruto de estos estrechos vínculos es el nombramiento en 2006 de José María Aznar como doctor honoris causa en la Universidad Francisco Marroquín, cuna de formación del liberalismo guatemalteco. “En 2008 se produjo la muestra más evidente de esta confluencia de intereses cuando Aznar llegó al Congreso que el PP celebraba en Valencia a bordo de un jet privado que puso a su disposición precisamente el dueño de la CMI Dionisio Gutiérrez, interesado en acudir la convención de los populares para aprender de la excelente experiencia inmobiliaria de la Comunidad Valenciana y exportarla a su país”, afirma González Pazos. El corolario de la gran amistad llegó en 2015 cuando la embajada de España premió a Gutiérrez con la Orden del Mérito Civil.

Una delegación del Parlamento europeo, entre los que se encontraba el miembro de Podemos Xabier Benito, acaba de visitar el país para conocer de primera mano la situación de los derechos humanos. Tras la cadena de reuniones oficiales concertadas con miembros del Gobierno que preside el humorista Jimmy Morales, Benito visitó Santa Cruz de Quiché y Alta Verapaz, dos de los enclaves más golpeados por la depredación industrial. Su conclusión es desoladora. “Hay un incumplimiento sistemático por parte del gobierno del derecho a la consulta de los pueblos indígenas sobre la construcción de grandes infraestructuras que afecten los recursos comunitarios y alteren la vida recogido en el Convenio 169 de la OIT y que Guatemala ha ratificado. Y la negación de estas consultas se asocia a la invasión, marginación y desposesión que han sufrido a lo largo de la historia y que ahora se reproduce”, comenta. A todo esto se le puede unir la ausencia de títulos sobre la propiedad de las tierras. Es un factor de conflicto y también de abuso.

Mauro Vay tiene 64 años y es agricultor aunque lleve seis años sin sembrar nada. La explotación en los campos de algodón le convencieron de que debía dedicarse a otros “cultivos”. Almas rebeldes, por ejemplo. Formado por un jesuita belga en el compromiso cristiano con los pobres terminó levantando al campesinado “porque vivían en unas condiciones deplorables”. Herido durante la guerra, fue encarcelado años después en Huehuetenango “por denunciar los atropellos de las multinacionales eléctricas que nos secan los ríos y no garantizan la luz”. Vay habla del caso de Cambalam I y II, en Santa Cruz Barillas, las dos centrales fantasma que la empresa gallega Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz iba a construir en 2008 avalado por un consorcio financiero en el que figuraban Bankia y el Banco Mundial. También cita a sus propietarios, Luís y David Castro Valdivia, cuyos caminos empresariales por Galicia están plagados de oscuras sombras. “La protesta fue tan fuerte que en 2016 renunciaron el proyecto. Pese a todo hubo detenciones de compañeros, órdenes de capturas, gente que huyó por las montañas a México y un estado de sitio general”, rememora. No hay que olvidar que esto es Guatemala, el país donde priman los intereses económicos por encima de cualquier otro. Para las transnacionales españolas es un valor seguro.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/el-botin-de-las-transnacionales-esta-en-guatemala/

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Las grandes mineras tienen mucho y van por más este año https://www.ocmal.org/las-grandes-mineras-tienen-mucho-y-van-por-mas-este-ano/ Fri, 18 Jan 2019 03:25:25 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43906 A fines del año pasado la Gran Colombia Gold Corp (GCG) solicitó al gobierno garantizar sus derechos “mediante el despliegue militar y policial, así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería ilícita”. Pero, ¿a qué otra fuerza se refiere? ¿A los grupos armados ilegales que operan por la zona?

En una comunicación conocida a comienzo de este año, la minera canadiense señaló que sus títulos en Marmato, Remedios y Segovia se encuentran “plagados” de mineros ilegales, que el gobierno no les ha dado la protección necesaria para remover a los “invasores” y que los operativos de las autoridades son “francamente decepcionantes”.

Los términos utilizados por Lombardo Paredes, director general de la minera, fueron claramente desobligantes con el gobierno colombiano. Sus palabras desconocen la historia y la realidad de miles de mineros ancestrales que las normas oficiales han arrinconado en la minería … Sigue leyendo ]]> Aprovechando el impulso que les ha dado el gobierno, las multinacionales están envalentonadas y siguen acrecentando su poder. Estos son los hechos, estos son los proyectos, y estas son las regiones que están siendo afectadas.Imponiendo el orden privado

A fines del año pasado la Gran Colombia Gold Corp (GCG) solicitó al gobierno garantizar sus derechos “mediante el despliegue militar y policial, así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería ilícita”. Pero, ¿a qué otra fuerza se refiere? ¿A los grupos armados ilegales que operan por la zona?

En una comunicación conocida a comienzo de este año, la minera canadiense señaló que sus títulos en Marmato, Remedios y Segovia se encuentran “plagados” de mineros ilegales, que el gobierno no les ha dado la protección necesaria para remover a los “invasores” y que los operativos de las autoridades son “francamente decepcionantes”.

Los términos utilizados por Lombardo Paredes, director general de la minera, fueron claramente desobligantes con el gobierno colombiano. Sus palabras desconocen la historia y la realidad de miles de mineros ancestrales que las normas oficiales han arrinconado en la minería ilegal. Además, estigmatiza a la Mesa Minera que promueve el diálogo entre las partes, incita a la violencia y sugiere una futura demanda en cortes internacionales por “graves perjuicios a GCG”.

Más preocupante todavía es el hecho de que no se trate de un reclamo aislado sino de la tendencia general de las compañías mineras, especialmente de las multinacionales, que quieren imponer por cualquier vía el modelo extractivista que favorece a sus intereses.

Muchas de ellas han tomado nuevos aires gracias al relanzamiento desde la Casa de Nariño de la “confianza inversionista y la seguridad jurídica”, la defensa de sus privilegios tributarios en el Congreso y el recorte de derechos de los ciudadanos por parte de la Corte Constitucional. Con el viento a su favor, se prevé en este año la exacerbación de los conflictos en el sector minero y petrolero.

 

Marmato, Remedios y Segovia

Aunque otros voceros de la GCG trataron de enmendar las palabras de Paredes, el daño estaba hecho y el mensaje de la empresa produjo la esperable reacción entre los mineros ancestrales e informales de las regiones afectadas.

Hay que recordar que la GCG no ha contribuido a la solución del problema, pues nunca hizo la cesión de las áreas para formalizar a los mineros ya existentes que quedaron dentro del territorio que le concedían sus títulos y suscribió 44 contratos de operación minera que le sirven de anillo de seguridad a sus operaciones y cuyos beneficiarios también están en conflicto y desplazan a los mineros tradicionales.
Las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos.

Entre tanto la violencia se ha agudizado en la región por la presencia de numerosas organizaciones al margen de la ley: las Autodefensas Gaitanistas, los Urabeños, los Libertadores del Nordeste, Nueva Generación, los Zetas, la Mano que Limpia, las Águilas Negras y algunos remanentes de la guerrilla. ¿A cuál de estas fuerzas se refiere el comunicado de la GCG? ¿Cómo se explica que muchas de ellas no existían hace pocos años?

 

AGA en Jericó y Támesis (Antioquia)

El concejo municipal de Jericó prohibió la minería mediante un acuerdo avalado por el alcalde y apoyado por la comunidad. AngloGold Ashanti (AGA), en alianza con las autoridades mineras nacional y departamental y la Gobernación, ha respondido con acciones que van desde amenazas y demandas contra las autoridades territoriales por supuesta extralimitación de funciones, hasta demandas también contra el acuerdo ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado.

Según denuncias de campesinos de la zona de Palocabildo, los acuerdos municipales han sido desconocidos por AGA, la cual continúa como Pedro por su casa desarrollando trabajos de exploración, ignorando la decisión del pueblo, la autonomía de los territorios y las competencias de los concejos municipales.

No se puede olvidar que las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos que competen los ciudadanos y a sus gobernantes.

Esta empresa es conocida por tratar de imponer su modelo extractivista, dividiendo a la población con campañas sobre una supuesta “minería responsable” que promete “inversión social”, al mismo tiempo que contribuye a estigmatizar los líderes comunitarios.

AGA ha anunciado una inversión de 5.500 millones de pesos en programas sociales que se ejecutarán este año, en un momento que curiosamente coincidirá con el periodo preelectoral y con la elección de alcaldes y concejales. ¿Estamos frente a un caso de mermelada privada?

 

Minesa en Santurbán

En marzo de 2018 la empresa árabe Minesa S.A. desistió del proceso de licenciamiento ambiental para ejecutar un proyecto a gran escala en el páramo de Santurbán y hasta el momento no ha presentado el estudio de impacto ambiental para reiniciar ese proceso. Sin embargo, Minesa adelanta labores de alistamiento, como si ya tuviera en sus manos la licencia.

En una visita a la zona en diciembre pude ver un acelerado proceso de construcción de viviendas en las orillas de la carretera entre Suratá y California, así como una notoria migración de foráneos a la zona de operación, un mayor flujo vehicular y una enorme rivalidad entre los que se oponen y los que apoyan el proyecto minero, alimentada por el programa de gestión social de la empresa.
Las grandes mineras, buscan por todos los medios imponer un modelo extractivista que les garantice, disponer a su antojo de recursos escasos.

Es un hecho que Minesa no tiene la licencia ambiental, pero actúa como si el gobierno ya le hubiera dado luz verde al proyecto. Así se explica que continúe el programa de “Restablecimiento Integral de las Condiciones de Vida” y el “Plan de Acción para el Reasentamiento” de centenares de familias que deberán abandonar sus tierras por el proyecto minero. Además, la empresa ha levantado un censo de las familias que deberán ser reasentadas, un inventario de predios, y ha hecho promesas de compra de tierras y de reubicación.

Pero el gobierno no debería entregar la licencia ambiental sin haber evaluado las investigaciones pertinentes. Estudios como el del ingeniero santandereano Gonzalo Peña demuestran que la zona es más rica en óxido de uranio que en oro. Por ejemplo, en el municipio de California se pueden obtener de 500 a 20.000 gramos de óxido de uranio por cada tonelada de material removido, según los estudios que desde 1910 se han hecho en la región.

Greystar reveló en su estudio de impacto ambiental la existencia de 39,2 gramos de óxido de uranio por tonelada, pero Minesa apenas 19 gramos. Estas cifras son muy inferiores a las que muestran los estudios anteriores (y muy convenientes para los intereses de estas empresas).

Minesa planea arrojar el óxido de uranio y otros metales de alto riesgo en un depósito permanente frente al casco urbano de Suratá. Como se ve, los riesgos para la salud de los habitantes del páramo y de Bucaramanga son enormes y ameritan que el gobierno intervenga.

El volumen del óxido de uranio contrasta dramáticamente con los datos presentados el año pasado por Minesa en su estudio de impacto ambiental, según el cual se pueden encontrar 43,37 gramos de oro por tonelada de material extraído.

Un intento de la Procuraduría regional por atender las denuncias contra Minesa fue frustrado en octubre pasado cuando la empresa negó su acceso a la mina. Parece que las multinacionales mineras piensan que el área de su título es república independiente y que el mineral in situ es de su propiedad y no un bien público.

Los estragos de Drummond

En octubre del año pasado un juez de Ciénaga, Magdalena, absolvió por delitos contra el medio ambiente a varios empleados de Drummond que habían sido acusados por la Fiscalía por el vertimiento de un volumen incierto de carbón al mar en enero de 2012.

La cantidad de carbón vertido al mar es tan incierta como las razones que llevaron al juez a fallar a favor de dicha multinacional. La poca información que se conoce fue publicada por la revista Semana.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales multó a Drummond por estos hechos y le impuso un pago cercano a los 7.000 millones de pesos. Pero la absolución por estos hechos no fue claro ni contundente en la instancia judicial.

Este constituye un triunfo más para la empresa, la cual, gracias a su grupo de abogados, suele dilatar los procesos, los gana en tribunales locales utilizando toda suerte de recursos o, en algunos casos, incluso demanda y gana.

¿Por qué pasa todo esto? Porque las grandes mineras, especialmente las multinacionales, buscan por todos los medios imponer un modelo extractivista que les garantice, además de millonarias utilidades, disponer a su antojo de recursos escasos. Es el mismo modelo que el gobierno impulsa en nombre del desarrollo económico y el bienestar de los colombianos.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/las-grandes-mineras-tienen-mucho-y-van-por-mas-este-ano/?fbclid=IwAR3AReAcjfpC168LxkAk86kf1W6qKlLC6aV9b1CRuziqPgbgoH2m7_e3NSY

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Siguen mineras con plan de extracción, alerta Lavida https://www.ocmal.org/siguen-mineras-con-plan-de-extraccion-alerta-lavida/ Fri, 18 Jan 2019 03:17:44 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43903 Las minas que se pretenden instalar en el estado de Veracruz siguen trabajando y a pesar que el gobierno estatal ha dicho que no habrá minería a cielo abierto, los grupos defensores del medio ambiente no bajarán la guardia porque hay que considerar que sus concesiones duran 50 años, dijo Emilio Rodríguez, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

En relación con las minas que están en etapa de exploración en el estado de Veracruz, Rodríguez Almazán refirió que Caballo Blanco, El Cobre Las Minas, Tatatila siguen trabajando, “las empresas cuentan con una concesión por 50 años y se renuevan con 50 años más, por lo que tienen los instrumentos legales construidos desde hace 20 años para que su operación avance”.

Caballo Blanco ya en dos ocasiones ha intentado el permiso de explotación y el dicho del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, de que no habrá minería a cielo abierto, “nos genera una expectativa de poder en estos seis años contener la minería en seis años, pero las concesiones duran más. Pero vamos a trabajar por esa voluntad que … Sigue leyendo ]]> Las minas que se pretenden instalar en el estado de Veracruz siguen trabajando y a pesar que el gobierno estatal ha dicho que no habrá minería a cielo abierto, los grupos defensores del medio ambiente no bajarán la guardia porque hay que considerar que sus concesiones duran 50 años, dijo Emilio Rodríguez, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

En relación con las minas que están en etapa de exploración en el estado de Veracruz, Rodríguez Almazán refirió que Caballo Blanco, El Cobre Las Minas, Tatatila siguen trabajando, “las empresas cuentan con una concesión por 50 años y se renuevan con 50 años más, por lo que tienen los instrumentos legales construidos desde hace 20 años para que su operación avance”.

Caballo Blanco ya en dos ocasiones ha intentado el permiso de explotación y el dicho del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, de que no habrá minería a cielo abierto, “nos genera una expectativa de poder en estos seis años contener la minería en seis años, pero las concesiones duran más. Pero vamos a trabajar por esa voluntad que se declaró se convierta en papel y ley, y buscaremos que Veracruz sea declarado libre de minería tóxica, sobre todo a cielo abierto, porque es una concesión que dura 50 años y es un gobierno que dura seis años, por eso el asunto no es tan fácil”.

Asimismo, recordó que las declaraciones de los ayuntamientos de Alto Lucero y Actopan han acordado a través de cabildo que sus municipios son libres de minería tóxica y eso sigue vigente, no hay cambio de uso de suelo, por lo que las empresas no pueden continuar con su etapa de explotación.

 

Fuente:http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=190116_091325_749

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Defensoría: El sector minero concentra el mayor número de conflictos socioambientales https://www.ocmal.org/defensoria-el-sector-minero-concentra-el-mayor-numero-de-conflictos-socioambientales/ Thu, 17 Jan 2019 20:28:24 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43898

En su reporte correspondiente al mes de diciembre de 2018, la Defensoría del Pueblo reportó 181 conflictos sociales, de los cuales 130 están activos y 51 se encuentran en estado latente.

En comparación con el mes anterior se incorporaron dos casos nuevos, se resolvieron ocho, se reactivó uno, dos pasaron de estado activo a latente y siete fueron trasladados al registro de casos en observación por inactividad prolongada.

Respecto a la distribución territorial de los conflictos, Áncash aún concentra la mayor cantidad de casos (25 casos), seguida de Puno (18) y Cusco (18). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales se mantienen como los más numerosos (62.4%).

Entre las actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería es la que se relaciona con más casos socioambientales (64.6% de los casos socioambientales).

Del total de casos activos, el 56.2% (73 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 65 de ellos.

Casos resueltos

Según informa la Defensoría, en diciembre se resolvieron ocho conflictos en Áncash, Apurímac, Huánuco, Junín y … Sigue leyendo ]]>

En su reporte correspondiente al mes de diciembre de 2018, la Defensoría del Pueblo reportó 181 conflictos sociales, de los cuales 130 están activos y 51 se encuentran en estado latente.

En comparación con el mes anterior se incorporaron dos casos nuevos, se resolvieron ocho, se reactivó uno, dos pasaron de estado activo a latente y siete fueron trasladados al registro de casos en observación por inactividad prolongada.

Respecto a la distribución territorial de los conflictos, Áncash aún concentra la mayor cantidad de casos (25 casos), seguida de Puno (18) y Cusco (18). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales se mantienen como los más numerosos (62.4%).

Entre las actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería es la que se relaciona con más casos socioambientales (64.6% de los casos socioambientales).

Del total de casos activos, el 56.2% (73 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 65 de ellos.

Casos resueltos

Según informa la Defensoría, en diciembre se resolvieron ocho conflictos en Áncash, Apurímac, Huánuco, Junín y La Libertad. Tres casos se resolvieron mediante mesas de diálogo, otros tres a través de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y los dos restantes mediante resoluciones judiciales y administrativas. Es el segundo mes consecutivo que se registra un número significativo de casos resueltos. En noviembre fueron seis.

Con relación a la violencia en los conflictos, en diciembre se reportaron 14 heridos (11 policías y 3 civiles) en el caso Yavi Yavi entre la C.C. Fuerabamba, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y MMG Las Bambas (Cusco).

Por otro lado, se registró 146 acciones colectivas de protesta durante el mes. Siete menos que el mes pasado y 56 menos que en mayo de 2018, mes que presentó el mayor número del año.

 

Fuente:http://www.actualidadambiental.pe/?p=54060&fbclid=IwAR0i-FujOkENL0lTXzNnrWjQ5HBGniGd2QSuNz52kK5mo0Amhdo5i4s_2vc

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Evalúan daño ambiental por los trabajos de minería en La Lava https://www.ocmal.org/evaluan-dano-ambiental-por-los-trabajos-de-mineria-en-la-lava/ Thu, 17 Jan 2019 11:36:12 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43895 Los comunarios de la cuenca de La Lava y el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí acordaron crear una comisión que evaluará el daño ambiental existente en esa región.

El Gobernador Juan Carlos Cejas hizo conocer que tras la reunión con los pobladores de La Lava se firmó un acuerdo en el que se sientan las bases para que se verifique en la zona cuales son los daños ambientales y las fuentes de deterioro.

Destacó que en el plazo de diez días se recibirá un informe sobre la evaluación del deterioro al mediambiente con la finalidad de determinar las acciones a seguir.

En la reunión todos estuvieron de acuerdo en que la actividad minera es fundamental para la economía del departamento de Potosí, pero también de que esas labores se deben desarrollar respetando las leyes ambientales.

Cejas apuntó que los productores mineros tienen que asumir su responsabilidad para evitar que la tierra se deteriore al extremo que no sirva para que los comunarios puedan desarrollar la agricultura y ganadería.

Los técnicos de la Secretaría de la Madre Tierra y el Gobierno Autónomo Municipal … Sigue leyendo ]]> Los comunarios de la cuenca de La Lava y el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí acordaron crear una comisión que evaluará el daño ambiental existente en esa región.

El Gobernador Juan Carlos Cejas hizo conocer que tras la reunión con los pobladores de La Lava se firmó un acuerdo en el que se sientan las bases para que se verifique en la zona cuales son los daños ambientales y las fuentes de deterioro.

Destacó que en el plazo de diez días se recibirá un informe sobre la evaluación del deterioro al mediambiente con la finalidad de determinar las acciones a seguir.

En la reunión todos estuvieron de acuerdo en que la actividad minera es fundamental para la economía del departamento de Potosí, pero también de que esas labores se deben desarrollar respetando las leyes ambientales.

Cejas apuntó que los productores mineros tienen que asumir su responsabilidad para evitar que la tierra se deteriore al extremo que no sirva para que los comunarios puedan desarrollar la agricultura y ganadería.

Los técnicos de la Secretaría de la Madre Tierra y el Gobierno Autónomo Municipal de Caiza D tendrán la misión de desarrollar el proceso de verificación de las labores mineras y su impacto en la naturaleza con el concurso de representantes de la sociedad civil de esa región.

RECLAMO

Los pobladores de la cuenca de La Lava reclaman porque existen operaciones que no trabajan de acuerdo a lo que dispone la Ley 1333 (de medio Ambiente).

El delegado de aguas contaminadas de la región de La Lava, Juan Alacama, sostiene que en la cuenca alta de La Lava existen actividades de extracción de cargas mineralizadas que generan la contaminación de las aguas.

Se sostiene que las mencionadas operaciones de empresas mineras y también de cooperativas vierten las aguas contaminadas a la cuenca, afectando con ello la posibilidad de que la gente se dedique a la siembra.

Remarca que la gente que vive en esa zona del departamento ya no desarrolla labores de producción agrícola, puesto que no tienen ni agua porque se prioriza el carguío de cisternas para las plantas de tratamiento en lugar de dejar para la producción agrícola.

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Días tiene la comisión para verificar cuales son los niveles de contaminación y el faño que generan para tomar acciones.

Hay predisposición de trabajo

Los comunarios de la cuenca de La Lava, autoridades municipales de Caiza D, técnicos y autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí expresaron su predisposición de trabajo para implementar acciones tendentes a frenar la contaminación y minimizar sus efectos.

Se estableció la necesidad de que todos pongan de su parte, incluidos los actores mineros, para que se pueda definir una solución y concretar las acciones o recomendaciones que emerjan del proceso de evaluación que se realice en el curso de los siguientes días.

Se prevé impulsar la construcción de plantas de tratamiento de agua para que ese recurso no sea vertido a los afluentes con elementos contaminantes.

Todos están dispuestos a concretar acciones tendentes a mejorar las condiciones de la zona para que no continúe la expulsión poblacional, ya que la gente se está yendo del lugar debido a que no tiene condiciones para desarrollar una labor productiva alternativa a la minería.

En la reunión de ayer se dialogó abiertamente sobre los problemas y se buscarán soluciones.

 

Fuente:https://elpotosi.net/local/20190116_evaluan-dano-ambiental-por-los-trabajos-de-mineria-en-la-lava.html?fbclid=IwAR3uAemiJarSXxC7wXaGBmW2OtcSw0sxUhEBOA5Rmrgg4o4_tcyFW75XqKs

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Ministerio de Cultura responde a petición ciudadana sobre Consulta Previa https://www.ocmal.org/ministerio-de-cultura-responde-a-peticion-ciudadana-sobre-consulta-previa/ Thu, 17 Jan 2019 11:31:01 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43892 El pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Cultura respondió a la petición realizada en el marco de la campaña #ConsúltameDeVerdad, la misma que contó con más de 4000 firmas digitales de distintos ciudadanos y ciudadanas peruanos y del extranjero que exigieron reformas en la aplicación de la Consulta Previa.

Recordemos que en la petición, enviada tanto al Ministerio de Cultura como al Ministerio de Energía y Minas, se exigieron tres demandas muy importantes para garantizar que la consulta previa a los pueblos indígenas de nuestro país les permita realmente defender sus derechos. Este pedido de la ciudadanía tenía las siguientes propuestas:

Que la Comisión Multisectorial Permanente recupere las funciones necesarias para proponer mejoras a la Consulta Previa y que además incluya la participación de representantes indígenas.

Que los pueblos indígenas participen en la determinación de las medidas que se les consultarán.

Que se incorporen los supuestos de consentimiento en las normas y reglamentos que regulan la consulta. Es decir, que cuando se vaya a trasladar … Sigue leyendo ]]> El pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Cultura respondió a la petición realizada en el marco de la campaña #ConsúltameDeVerdad, la misma que contó con más de 4000 firmas digitales de distintos ciudadanos y ciudadanas peruanos y del extranjero que exigieron reformas en la aplicación de la Consulta Previa.

Recordemos que en la petición, enviada tanto al Ministerio de Cultura como al Ministerio de Energía y Minas, se exigieron tres demandas muy importantes para garantizar que la consulta previa a los pueblos indígenas de nuestro país les permita realmente defender sus derechos. Este pedido de la ciudadanía tenía las siguientes propuestas:

  • Que la Comisión Multisectorial Permanente recupere las funciones necesarias para proponer mejoras a la Consulta Previa y que además incluya la participación de representantes indígenas.

  • Que los pueblos indígenas participen en la determinación de las medidas que se les consultarán.

  • Que se incorporen los supuestos de consentimiento en las normas y reglamentos que regulan la consulta. Es decir, que cuando se vaya a trasladar a poblaciones o se vaya a almacenar desechos tóxicos en los territorios de los pueblos indígenas, se pida su consentimiento y no únicamente se les consulte, según lo establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

  • Que se garantice que las medidas a consultar sean relevantes, que el momento en que se consulta sea oportuno, y que en esta decisión participen de manera conjunta los pueblos indígenas y el Estado, a fin de que se consulte lo que de verdad puede afectar a las poblaciones indígenas.

Ante esto, el Ministerio de Cultura respondió a cada punto de la carta, con los siguientes argumentos:

  • Sobre la Comisión Multisectorial Permanente:

    • El Ministerio de Cultura se encuentra en revisión de una propuesta de Decreto Supremo para la modificación de la conformación de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la aplicación del Derecho a la Consulta”.

      Como se aprecia, el Mincul responde al primer punto con una propuesta de cambio, lo que es positivo; sin embargo no queda del todo claro, porque no se precisa si la Comisión Permanente ahora será conformada por representantes de Pueblos Indígenas o si este cambio se refiere a las funciones que se deberían recuperar a fin de que la comisión pueda proponer mejoras a los procesos de consulta.

  • Sobre la participación de los pueblos indígenas en la determinación de las medidas que se les consultarán:

    • Es importante señalar que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley N 289875, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son las entidades estatales quienes deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios”.

      Al respecto, el Mincul se limita a citar la norma que señala la responsabilidad del Estado. Pero esto no impide que ello se haga en diálogo con los pueblos indígenas para garantizar la pertinencia de la consulta.

  • Sobre el pedido de que se incorporen los supuestos de consentimiento:

    • Es necesario señalar que la Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, dispone que para ambos casos se requiere el consentimiento. No obstante, resulta fundamental recordar que el Convenio 169 de la OIT se encuentra vigente, tiene rango constitucional y forma parte del ordenamiento jurídico peruano”.

Sin duda el Convenio 169 está vigente, y por lo tanto el consentimiento en los casos en se requiera puede ser exigido por vía judicial. Sin embargo, la propuesta presentada busca que estos supuestos se incorporen en las normas reglamentarias sobre consulta, en especial aquellas vinculadas a los proyectos extractivos mineros y petroleros, que en muchas oportunidades implican reubicación de poblaciones o depósito de sustancias tóxicas. Si los reglamentos no precisan de qué manera se hace operativo el consentimiento, simplemente el Estado no lo aplica.

  • Sobre el pedido de que se garantice que las medidas a consultar sean relevantes, que el momento en que se consulta sea oportuno, y que en esta decisión participen de manera conjunta los pueblos indígenas y el Estado a fin de que se consulte lo que de verdad pueda afectar a las poblaciones:

    • El Ministerio de Cultura considera los siguientes criterios para determinar el momento para realizar la consulta previa: i) que sea previa, es decir que se realice antes de la aprobación de la medida que podría afectar derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; ii) que la medida esté suficientemente desarrollada por la entidad promotora de modo tal que pueda proporcionar información acerca de la posible afectación específica a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de aprobarse la medida; iii) que sea posible incorporar acuerdos que se logren durante la etapa de diálogo en los documentos que conforman y sustentan la medida”.

Consideramos que se debe adoptar medidas que garanticen que la consulta sea realmente previa y oportuna. En el caso de proyectos mineros y petroleros, se están consultando medidas que tienen poco que ver con los impactos reales de estas actividades en los derechos de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, que identifican y califican los impactos de estas actividades, no son sometidos a consulta.

Al cierre de esta nota, estamos en la espera de la respuesta del Ministerio de Energía y Minas a la misma carta, que se dejó en la mesa de partes de dicha entidad el pasado mes de octubre.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/ministerio-de-cultura-responde-a-peticion-ciudadana-sobre-consulta-previa/?fbclid=IwAR2RV10JmZnNnw3gSO2oMsBJlQxHYIX8PmtBsIpp1TQuqTq6nY-na8_aNC8

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Éxodo desde el espejismo minero https://www.ocmal.org/exodo-desde-el-espejismo-minero/ Thu, 17 Jan 2019 11:27:42 +0000 https://www.ocmal.org/?p=43889 Los rostros de los deportados narran este país. Los zurcos en su piel manchada por el sol nos muestran que la decisión de migrar es dolorosa, que regresar al lugar que los expulsó es como caer en una grieta que se los traga, y es así cómo los pobres, los frustrados, los dolidos –sin que nadie escuche sus gritos– también vuelven, apenas sin ser notados. Pero los deportados en una comunidad minera nos muestran aún más, son el reflejo del espejismo y no del desarrollo que produce el oro en un país como Honduras. 

Es 2 de noviembre, día de muertos, y en el cementerio de Azacualpa, una aldea entre montañas de pino y una mina a cielo abierto, un grupo de personas vigilan la entrada junto con un guardia de seguridad, mientras algunas familias se disponen a coronar a los pocos muertos que aún quedan enterrados. Este cementerio, el único pedazo de tierra que queda para la memoria de la gente, está a punto de ser expropiado porque debajo de él hay oro. Han quedado … Sigue leyendo ]]> Los rostros de los deportados narran este país. Los zurcos en su piel manchada por el sol nos muestran que la decisión de migrar es dolorosa, que regresar al lugar que los expulsó es como caer en una grieta que se los traga, y es así cómo los pobres, los frustrados, los dolidos –sin que nadie escuche sus gritos– también vuelven, apenas sin ser notados. Pero los deportados en una comunidad minera nos muestran aún más, son el reflejo del espejismo y no del desarrollo que produce el oro en un país como Honduras. 

Es 2 de noviembre, día de muertos, y en el cementerio de Azacualpa, una aldea entre montañas de pino y una mina a cielo abierto, un grupo de personas vigilan la entrada junto con un guardia de seguridad, mientras algunas familias se disponen a coronar a los pocos muertos que aún quedan enterrados. Este cementerio, el único pedazo de tierra que queda para la memoria de la gente, está a punto de ser expropiado porque debajo de él hay oro. Han quedado las ruinas de algunos mausoleos, sólo los huecos en el lugar donde hubo restos humanos, y unas cruces enterradas en la tierra indicando que allí aún moran los que ahora sólo son recuerdos. Hay tensión, que un extraño se asome enciende todas las alarmas. Han sido meses complicados en esa aldea olvidada, polvorienta, agrietada.

El ruido de las excavadoras y de rastras que llevan y traen toneladas de broza opaca los murmullos en el cementerio, allí, manteniendo el orden están los presidentes de los patronatos de San Miguel y Azacualpa, aldeas del municipio de la Unión, Copán al occidente de Honduras.

Saúl Escóbar, presidente del patronato de San Miguel se muestra a la defensiva, asegura que los periodistas tergiversan la información, que no escuchan a la gente que no es de la oposición a la minera y que los tres patronatos, el de San Andrés minas, el de Azacualpa y el de San Miguel están representados en el campamento afuera del cementerio, un campamento acompañado por personal de la empresa minera, el lugar desde donde se vigila que nadie interrumpa los trabajos de explotación en la estación de combustible, a la par del cerro del cementerio.

Mientras la gente que coronaba a sus muertos se aglomeraba alrededor de los líderes del patronato y nosotros, don Armando Rodríguez, presidente del patronato de Azacualpa dejaba claro que ése es un pueblo minero, que todos allí son hijos de la mina. «En el tiempo de la concesión estábamos cipotes, nosotros hemos visto cómo se han ido explotando los tajos. Siempre y cuando la minera vaya cumpliendo acuerdos, mucha gente tiene trabajo, la gente con trabajo tiene salud, educación, todo, sin trabajo no hay oportunidades y lo que hace la gente es irse, migrar», dice mientras un grupo de señoras lo secundan con la cabeza, afirmando.

La explotación minera en estas aldeas de la Unión, Copán se ha desarrollado sin mucho conflicto, la oposición siempre ha sido reducida, pero desde 2016 la situación se le ha complicado a la empresa ya que los mismos patronatos, los que cuidan que la explotación siga, pidieron ayuda legal para que el predio del cementerio se respetara y ahora la justicia hondureña ha dictado a lugar un amparo que impide que la empresa explote el cerro del cementerio, a pesar que las negociaciones siempre se habían hecho de manera bilateral, como todo en esa zona minera, los acuerdos son entre los representantes de la comunidad y los de la empresa. El estado no había pintado hasta ahora.

La empresa Minerales de Occidente S.A. subsidiaria de la trasnacional Aura Minerals tiene una concesión para explotación metálica de 400 hectáreas en La Unión, Copán, a la concesión le quedan al menos 40 años según el exgerente de la empresa, el norteamericano Monty Reed, revocado de su cargo el pasado 7 de diciembre y sustituido por el brasileño Luiz Carlos Guimaraes Lima . Pero los minerales en esas montañas a 210 kilómetros al suroeste de San Pedro Sula han pasado por varias manos, sobre todo empresas estadounidenses y canadienses desde la década de los 30, antes de la ley de minería.

Llegó primero la Gold Mines of America, luego la Rosario Mining Company, ambas con sede en New York para luego pasar a manos de New Idria una empresa de California cuyo rubro era la minería de Mercurio. New Idria ya no es una empresa activa y duró poco en la exploración del metal en Honduras, una exploración que siguió en esas mismas montañas la Noranda Inc. de Canadá que luego pasó derechos a Fischer Watt Inc de Estados Unidos, que dejó la concesión a la compañía inglesa Greenstone Resources. Esta compañía trabajó con una subsidiaria en Honduras y obtuvo la primera concesión ya bajo la primera Ley de Minería en 1998 comenzando trabajos un año después. El Huracán Mitch que azotó Honduras en 1998 fue la excusa para flexibilizar la legislación y priorizar la explotación minera como actividad económica que sacaría a Honduras de la miseria, el huracán devastó los valles fértiles, quedaban las montañas ricas en mineral para explotar.

Han pasado más de 70 años y las empresas siguen cambiando, yendo y viniendo. Después que Greenstone exportó el primer cargamento de oro en marzo de 1999, se declaró en banca rota y el banco más grande de Honduras tomó posesión de la explotación. Así nace en el año 2000 Minerales de Occidente SA de CV (MINOSA) creada por Guillermo Bueso ejecutivo de Banco Atlántida. La Compañía de Bienes Atlántida SA de CV es una de las mayores accionistas de Minosa. En 2006 la Yamana Gold Inc actualmente activa en la isla de Barbados y Canadá invirtió en MINOSA pero en 2009 los derechos de Yamana Gold fueron adquiridos por la canadiense Aura Minerals. Ahora Minosa, subsidiaria de Aura Minerals amenaza con cerrar operaciones por la presión de un pequeño conflicto que se desató por el oro debajo del cementerio. El más reciente cierre temporal comenzó el pasado 10 de diciembre y han dicho que podría extenderse por cuatro años. Más de mil empleados fueron despedidos.

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Don Armando es un cafetalero de la zona, un señor campechano, con botas de cuero, cincho grueso y bigote pronunciado. Él con otros líderes comunitarios buscaron el apoyo del abogado Víctor Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia para que les ayudara a vigilar el proceso de acuerdos con la empresa minera en el que estaba el traslado del cementerio. Así varias oenegés entraron en el cuadro y Fernández presentó un amparo firmado por más de 40 personas que estaban en desacuerdo con exhumar cadáveres para explotar el cerro del cementerio. Ahora don Armando  está del lado que rechaza la presencia de las oenegés y del mismo abogado luego que el recurso de amparo logró detener la explotación del cementerio.

Este líder comunitario apoyó para que la corporación municipal junto con Catastro delimitara la zona y la empresa suspendiera el paro de labores que sostuvieron por seis meses.

«Este tajo está delimitado porque se consensuó con la comunidad y ellos estuvieron de acuerdo y de esa manera están trabajando, pero como en este país la inversión privada no está siendo protegida por el Estado que es el que da la concesión, entonces los mismo trabajadores y la gente beneficiada de la mina, tenemos una buena negociación en las comunidades, la proyección social y montón de cosas que benefician a las comunidades pobres. ¿Por qué cree que se va la gente? Porque el gobierno le sube a todititito y a la gente no le ajusta lo que gana, entonces decide irse. Nosotros tenemos una buena fuente de trabajo entonces tenemos que cuidarla, siempre y cuando se respete los convenios y la dignidad de las personas de las comunidades», don Armando habla y lo dice con temor, y nos muestra un video en un celular, imágenes del conflicto minero que dejó dos muertos en Tocoa, Colón, una comunidad que se opone a la explotación minera y se enfrentó a las fuerzas de seguridad que actuaron para desalojarlos.

«El gobierno aquí nada… aquí hace tiempo la gente convive con la mina, aquí la educación está a costa de la mina y la municipalidad que se sostiene con los impuestos de la mina, la transferencia que le dan al alcalde es una papada, las comunidades están interesadas en que se siga trabajando, siempre y cuando se trabaje respetando a la gente porque vemos los beneficios. Si a medios del año se para esta mina se van todititos los maestros para afuera, los centros de salud hay que cerrarlos, porque el gobierno nos tiene en casi nada, el Ministerio de Salud y educación descuidado totalmente», continuó mientras Saúl, el otro líder de patronato lo secundaba y aseguraba que la mina tiene mineral para muchos años más, como si fuera infinito.

Víctor Hugo Alvarado, el alcalde de La Unión, Copán es un outsider, destronó al alcalde nacionalista que había gobernado por tres periodos y se ha ganado la popularidad diciendo que es diferente a los políticos tradicionales, sin embargo, cuando de negociar con la minera se trata, nada ha cambiado. Es casi imposible. Cuando la nueva ley de minería entró en vigencia y se eliminó el canon municipal del 2 por ciento, el alcalde recibió una oferta de la empresa minera, un compromiso firmado por Monty Reed, en el que la empresa minera mantendría el pago del 2% a la municipalidad a través de cheque o transferencia bancaria además de los proyectos de infraestructura previamente acordados.

Al llegar al municipio de la Unión, Copán lo primero que se lee son los rótulos que evidencian que la minera trabaja en conjunto con la municipalidad en la construcción del puente, de la calle de cemento, de otras mejoras en la pequeña infraestructura de un pueblo al que se accede difícilmente porque la carretera nacional está destruida.

«Nosotros recibimos a la empresa con un problema en una parte de la concesión minera que es el cementerio, en este momento están paradas las exhumaciones debido a que un grupo de 7 personas interpuso un amparo en los juzgados de lo contencioso administrativo donde se admitió el recurso y se concedió la suspensión del acto reclamado. La mina no sólo opera en el cementerio, es mucho más grande, la concesión es muy grande, no tengo idea de cuantas manzanas son, pero es grandísima, prácticamente allí sólo queda libre la comunidad de Azacualpa, a un lado, está como a 500 metros de la aldea para abajo. La empresa está laborando en otras áreas respetando el proceso», el alcalde asegura esto y da la impresión que él llegó allí a intentar navegar un barco con piloto automático.

Cuando pedimos las actas y los acuerdos firmados anteriormente, especialmente en 2012 entre la corporación y la minera, nos mandó con la secretaria municipal a ver los cuartos de archivo, cerrados con cadenas y candados, las llaves se las llevó el alcalde destronado. El sistema y la base de datos fueron reseteados y aunque ya pusieron denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas, nadie llega hasta ese pueblo, son invisibles. Se le podría poner el adjetivo de pintoresco al cuadro.

«La mina nos adeuda 4 meses de tributos porque no ha podido operar y cabe mencionar que pagan mas de 3 millones mensuales a la municipalidad cuando opera normalmente con lo cual viene a ser un apoyo a la municipalidad para que nosotros podamos llevar a cabo proyectos de infraestructura como en educación y salud, sólo en estos ámbitos la municipalidad paga 1 millón 300 mil mensuales y las transferencias municipales en este momento llegan solo a 1 millón 50 mil, no podríamos ni sobrevivir con lo que el gobierno transfiere.  Nuestra decisión ha sido ser mediadores para que la empresa pueda laborar y llegar a un diálogo con estas personas para el desarrollo del municipio», explica nervioso y asegura que la gente ha sido influenciada por ongs que no conocen la situación de las comunidades.

Pagan ellos a través de ongs que vienen a mal asesorarlos, impulsarlos y que estén en contra de la empresa minera, yo les digo a la gente que por qué no están aquí (las ongs) para buscar un diálogo como solución para que todas las partes sean beneficiadas.

Esa huelga que no tiene principios ni fundamentos legales. Creo que lo que aquí quieren es dañar nuestra gobernabilidad. Yo lo único que he escuchado es a un tal Víctor Fernández que dice que ha sido amenazado no sé de qué forma porque yo nunca he visto que lo han amenazado, aquí lo único que hicimos fue a petición de los patronatos, en un cabildo abierto que la población pidió que las ongs que no vienen a impulsar el desarrollo del municipio fueran declaradas non gratas, y eso fue avalado por la corporación municipal, no hubo ni un sólo regidor que votara en contra de esa petición.

Y ser non grato, ¿qué significa?

Siempre y cuando vengan a entorpecer el desarrollo al municipio la gente no lo va a permitir, los va a sacar o no sé qué van a hacer, la población  pidió que no vinieran a quitarles el empleo aquí organizaciones que no contribuyen al desarrollo. Si esto no se arregla comenzarán a salir nuevas caminatas hacia EEUU y hacia no sé dónde más por eso se exige seguridad jurídica para la empresa.

Saúl, de la aldea de San Miguel coincide con el alcalde, si la situación no se arregla «nos vamos a tomar la justicia por la propia mano», nos dijo cuando preguntamos si le veía solución cercana al conflicto.

Azacualpa está a unos veinte minutos del municipio de La Unión, carretera de tierra, polvorienta, pero con un paisaje extraordinario, bosques de pino que terminan en un hueco rojizo y un cerro destajado.

Allí en el cementerio las mujeres que coronan a sus muertos dicen que viven en un paraíso, no hay violencia, tienen grandes sueldos, tienen salud y educación, la tierra a veces tiembla pero es normal, cosas de dios dicen.

Vamos al cementerio, ahora hay dos cementerios, nosotros le pedimos a la minera un nuevo cementerio y lo construyó, dice una, y nos insiste que vayamos que nadie ha querido ir a ver los nuevos cementerios mucho más bonitos que el anterior.

Silvia Ramos es una de las mujeres que con más indignación se dirige a nosotros. «Cerrada la empresa nos vamos migrados todos. Quince mil patrullas dicen que tienen en Guatemala, de donde nosotros se fueron como 50 y les ofrecieron 10 mil pesos para que se regresaran, ya están unos trabajando en la mina, por eso necesitamos que el gobierno nos proteja esta mina porque nos da trabajo y por parte del gobierno no tenemos nada» .

La amenaza más sonada es la de migrar en manada, la caravana les ha enseñado que se puede, y no sólo la gente de la ciudad que huye de las maras y pandillas o del crimen organizado es la que se arriesga, de esas montañas también salen ríos de gente y podría ser peor si la minera cierra.

En Azacualpa parece que no pasa nada. Por las calles vacías un niño frasea a Bad Bunny a mi las putas me llueven. Se escucha como con eco. «Aquí no hay violencia», dice doña Alba Luz Hernández, con sus ojos verdes bien abiertos y riendo. Pero ella, allí en el cementerio anda coronando a 7 hijos, y la última entre sus muertos fue una hija. «A ella sí me la mataron usted».

«Yo todos los días vengo aquí porque tengo 7 hijos enterrados aquí, vengo a sembrar florecitas y limpiar, tengo los angelitos por allá y por aquí a una muchacha que me mataron. Un muchacho que allí anda, un hombre de ella la mató, ay anda libre, ay que le ponga castigo aquel de arriba, de todas maneras… los otros se me murieron chiquitos, uno de neumonía otro recién nacidos, aquí se morían los niños recién nacidos por falta de medicinas. Yo ya les dije que a mis hijos los quiero sacar de aquí porque este cementerio tiene un peligro este cementerio nuevo es bien bonito, hay ya bastante gente enterrada allá. A mi hija la mataron un 15 de septiembre, ya la voy a sacar de aquí, a todos los quiero mover para  el otro cementerio. Porque me queda más cerca», dice doña Alba arrebatada mientras señala unos mausoleos, los pocos que han quedado llenos, alrededor sólo hay huecos.

A doña Alba se le morían los niños de enfermedades tratables en la ciudad, el padre de la mayoría nunca se hizo responsable de los hijos y a ella le tocaba mantenerlos a todos, lavando ropa, aseando las oficinas de la minera. «Allí anda ahora ése peleando contra la mina que le dio de comer a sus hijos cuando él nunca lo hizo», dice doña Alba, quien no ha podido exhumar los 7 cadáveres, eso en dinero se traduce en casi un millón de lempiras en indemnizaciones que está perdiendo, y se siente desesperada, una de sus hijas con apenas 24 años se fue en la caravana de migrantes de octubre de 2018 y ha regresado deportada, de nuevo a la desolación.

Allí las mujeres comparten historias de mucha violencia y aunque La Unión no circula en las estadísticas de violencia por no ser un municipio con alta tasa de homicidios entre los cinco departamentos con alta incidencia de homicidios está Copán, sus municipios más violentos son Florida y Santa Rita. Las comunidades esconden dinámicas de violencia que están sumergidas en cada familia de cada rincón de Honduras, eso no se mide con número de muertos. Los muertos de doña Alba son muchos y son producto de la violencia.

Mientras Alba mostraba las tumbas, doña Juana Guevara de 76 años coronaba a un hijo y sus padres.

Yo soy de Azacualpa, pero llegamos aquí porque mi papá nos trajo por el trabajo porque sólo jornaleaba a 150 lempiras (5 dólares) la tarea, mi papá fue el primero que se vino y después trajo la familia. Mi hermana la que venía tierna tiene 62 años, ya había mina aquí. Todo el tiempo la empresa nos ha visto bien, aquí si estoy enferma el carro va a traerme, me lleva a la clínica, si es mucha la enfermedad me mandan al hospital. Aquí  uno se enferma por casualidad, de una gripe, no por los humos de la mina ni por el agua, aquí no hay nada de eso, aquí no hay tradiciones de decir porque usted no esta a favor de la empresa no la van a atender. Yo tengo dos muchachas que están casadas, los maridos trabajan en la empresa, los nietos también, mi hijo es albañil e hizo plan básico y lo hizo por la empresa porque me lo puso a estudiar, yo desde que me casé no volví a trabajar, hace 43 años, mi esposo trabaja en la empresa, él está operado ahorita, la empresa hasta a Cemesa de San Pedro Sula me lo llevó porque él estaba desviado de la columna, porque él trabajaba moviendo máquinas.

Aquí todo eso no se da (los homicidios), ahora sí, ya ida la empresa aquí si quedamos comidos de tierra porque es la única fuente que tenemos aquí, no hay que dejar, hay que apretarle el pescuezo para que no se vaya.

Otra mujer interrumpe.

Si mis hermanos quieren los vamos a mover de aquí a los míos. En este cementerio hay fallas.

Y doña Juana reacciona.

Aquí hay fallas, hay fallas, por ejemplo en mi casa allá en Azacualpa está toda resbalada, pero son deslizamientos naturales y con lo que dios hace no se puede hacer nada.

Y doña Alba interrumpe para decir con ilusión que el cementerio nuevo es bien bonito, «una gran planada».

Aquí nada fue a la fuerza, es bien organizado nosotros vemos cuando sacan a los muertos. Hace poco vino el obispo aquí a dar una misa y por allá afuera había unos huesos de una bestia y dijeron que eran huesos de una mujer y los enterraron, eso es pecado, aquí todos vemos cuando sacan los cadáveres.

Las fallas

Ramiro Lara, trabaja en la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (ASONOG) y ahora es considerado non grato en las comunidades montaña arriba de la Unión. Él conoce el proceso que ha tenido la concesión minera en mano de varias empresas nacionales y trasnacionales. Es un hombre mayor con un rostro melancólico, más bien preocupado.

Se inicia cuando en 1983 el Estado le otorga una concesión minera por 100 hectáreas a la empresa que en aquel entonces se llamaba Minerales de Copán, era nacional pero con fondos del extranjero. En 1992 el Estado amplía la concesión con 300 hectáreas más para hacer un total de 400, ya en ese entonces se instala una trasnacional minera, Greenstone de capital canadiense, que empezó a operar a través de Minerales de Occidente. Entonces aquí se inicia lo que en Honduras se conoce como la minería a cielo abierto porque siempre había existido la minería subterránea como en El Mochito o San Juancito pero la minería a cielo abierto fue aquí en La Unión Copán, San Andrés cuando se inició en 1999.

Cuenta el cuento como si después del relato uno se pudiera ir a dormir.

En 2000 comienza el conflicto en San Andrés minas, era una comunidad tradicional con la maldición que debajo de ella había grandes cantidades de oro, las leyes actuaron en favor de la empresa minera y obligaron a la comunidad a moverse del sitio hacia donde está hoy, hubo gente que ofreció resistencia pero nadie pudo impedir, era un proceso nuevo y si la institucionalidad del Estado la avalaba era difícil detener aquello. La empresa siguió trabajando allí hasta 2015 y sigue hasta la fecha pero el conflicto se agudiza porque en 2012 se firma un convenio entre el patronato de Azacualpa y la empresa minera donde negocian que se va a trasladar el cementerio a cambio de ciertos beneficios sociales. Empieza el 2016 y la empresa no había cumplido nada de ese convenio, propone la empresa hacer un adendum a ese convenio y lo hacen y lo firman el 11 de agosto de 2016, y allí otra vez el patronato deja la puerta abierta para que la empresa pueda negociar con cada familia la exhumación de los cuerpos aunque siempre hubo gente que se oponía.

La comunidad de Azacualpa está ambientada la mayor parte del tiempo con los bombazos de las voladuras que hace la minera para aflojar la tierra y sacar la broza. Muchas casas tienen rajaduras y la empresa para resarcir el daño prometió una casa a cada familia de Azacualpa en miras de que en algún momento la próxima veta a explotar será debajo de la actual comunidad. En ese convenio que luego fue modificado con un adendum se habla del pago por daños en las casas pero también se estipula el traslado del cementerio. Esos acuerdos los firmaron miembros del actual comité ambientalista de la zona, los que ahora se oponen a la exhumación de los cadáveres. Los líderes comunitarios han cambiado de parecer al menos un par de veces, de un lado y de otro.

Lara asegura que esto ha traído división en las familias de Azacualpa y que la violencia se va manifestando.

El caso de Fausto Trigueros por ejemplo, estaban exhumando a su padre sin autorización y llegó con un machete el 14 de febrero de 2018, ya tenían el cadáver de su padres afuera y ese hombre llegó endiablado y les dijo: si ustedes no vuelven a meter a mi papá allí les vuelo la cabeza, se imaginan ustedes un campesino encabronado, no les quedó de otra que meter el cadáver a la tumba de nuevo.

En la oficina de San Pedro Sula, el abogado Víctor Fernández del MADJ contiene denuncias, expedientes, resoluciones de decenas de casos por conflictos socio ambientales, él más grande quizá es el de Berta Cáceres, él fue parte de la acusación privada en el juicio contra los asesinos de Cáceres, quien se oponía a una represa hidroeléctrica. El MADJ tiene presencia territorial en la zona noroccidental sobre todo y ha acumulado hostilidades por parte de la empresa privada y el gobierno. Sin embargo, sorprende que Fernández realmente se muestra preocupado por el conflicto en Azacualpa, que parece ser menos grave desde lejos. Nunca había sucedido que una corporación municipal los declarara non gratos, tampoco la campaña de desprestigio que se impuso en redes sociales por una acción legal que la empresa minera perfectamente puede apelar desde el derecho.

«A mí personalmente me han invitado desde 2015 para ver el asunto de Azacualpa. El asunto puntual para el que me convocaron fue el tema de la explotación del cementerio, es el tema final pero el que más sensibilidad tiene, ese tema es el que volvió a Azacualpa a la opinión pública, la mina vino trabajando normalmente durante los últimos años a pesar de la resistencia de la gente y los daños que hay yo fui para verificar eso, me costó un poco entrar al asunto justamente por las ambivalencias de la gente y de las estructuras organizativas que participan allí, a mí me presentaron el caso, ya el patronato y el comité ambiental, y muchas otras organizaciones nacionales habían participado de este proceso de diálogo que terminó en la firma del adendum a un contrato que se firmó desde 2012 en el que se hablaba de los términos de las operaciones de la empresa y los beneficios de las comunidades, y en este adendum se mete sutilmente el tema de la construcción de otras casas que la relacionan con la posibilidad de desplazar el cementerio y pagos individuales a la gente. Es un convenio confuso, yo le encuentro sentido jurídico en que además de ser un convenio poco claro no tiene participación comunitaria real, quienes participan es un grupo de 4 o 5 dirigentes comunitarios a los que yo interrogué, su primera reacción fue que ellos habían sido sorprendidos con la firma del adendum, es decir, que ellos no comprendían la dimensión de lo que firmaban y que además fueron sometidos a mecanismos de coerción para firmar».

Allí firman los presidentes de patronato y del comité ambiental, juntos los que ahora están enfrentados.

«Les pregunté: ¿qué antecedentes hay sobre el cementerio en términos de decisiones comunitarias? Me dijeron que en un cabildo abierto de 2015, de manera informada con opiniones técnicas la gente resolvió que el cementerio no se iba a mover. ¿Y ustedes tienen el acta? Sí la tenemos, bueno entonces ésa es una decisión comunitaria, ustedes no son la comunidad entonces quiere decir que ustedes debieron consultar a la comunidad para firmar. Yo le encontré sentido jurídico a eso, ese convenio es nulo porque viola las reglas básicas de la relación contractual. No importa si ya hay pagos, las cosas se deshacen en las cosas que se hacen, eso dice el derecho, si la cosa se determinó en un cabildo abierto lo único que puede modificar eso es un cabildo abierto», explica.

Según Fernández el Estado es el mayor responsable de lo que ocurre en esta explotación, y aunque la discusión reciente gira entorno al traslado del cementerio, hay aristas que siguen pendientes, por ejemplo, el abogado habla de 14 fuentes de agua que han sido afectadas y habla de personas afectadas en su salud, como el esposo de doña Juana y otros testimonios que están escondidos en la impunidad.

«Para el Estado lo más fácil es la tercerización de todo, si allí hay una empresa que tiene un centro de salud y arregla la carretera, el Estado desaparece. Lo mas fácil es que arreglen con la empresa, que sofoquen las posibilidades de resistencia que hay allí, el mayor riesgo de la gente opuesta a estas cosas es que todo el aparato está confabulado por eso tenemos buenos lugares por muertes violentas, impunidad…

Hay gente que le parece que no puede vivir sin esa mina, fácilmente pueden imponerse a hacer cosas, yo leí comentarios feos desde la disposición de agredir hasta la disposición de contratar gente para ejecutar esto, ya hay nivel de agresividad muy alto», agrega.

Lara, de Asonog asegura que el desarrollo que la explotación minera lleva a las comunidades aledañas no es sostenible.

«El costo ambiental que le estamos dejando a las presentes y futuras generaciones es incalculable. Esa mina en Azacualpa, La Union, Copán estará contaminando el río Lara con el drenaje ácido de minas que nadie lo va a poder detener, luego irá a caer al río Higuito de donde tomamos el 30% del agua en Santa Rosa, irá al Jicatuyo, al Ulúa y desembocará en el océano atlántico. Las futuras generaciones nos culparán a los que hoy no pudimos evitarlo, es una herencia que les estamos apenas dejando a los hijos y nietos.

A nosotros no nos preocupa que digan que se va a ir el desarrollo, que la gente se va a tener que ir, si usted va a San Pedro y Corquín tienen mucho más desarrollo que la Unión, sin empresa minera son comunidades más prósperas, estas comunidades vivían del café, maíz y frijol, no es cierto que van a quedar sin trabajo, los han entontecido. Si hablamos de desarrollo, si se va la empresa la gente no debería tener miedo porque debería sostenerse», explica.

El tema de la contaminación sólo se abordó en tres ocasiones cuando ocurrieron descargas de cianuro en el río Lara, la empresa minera llama a esto accidentes y la fiscalía no ha castigado el crimen ambiental. La última descarga fue el pasado 27 de junio de 2018, asegura Lara. Sin embargo ni la fiscalía ni la unidad de monitoreo de Ingeomin ni las organizaciones que acompañan a las comunidades han realizado un estudio científico que calcule el daño ambiental. La minería a cielo abierto es conocida como una práctica con múltiples riesgos para el ambiente, sobretodo por la remoción de suelo, la contaminación del aire y la filtración de cianuro y mercurio que llega a las fuentes de agua.

«Toda la institucionalidad del Estado: la policía, el CONADEH, la Secretaría de Salud, Instituto de Conservación Forestal, Copeco, todos responden a los intereses de la empresa minera, Copeco dictaminó que el cementerio está en un sitio de riesgo por lo tanto hay que quitarlo pero no dicen que la empresa minera lo ha provocado con ese hueco que tiene a un costado del cementerio. La secretaría de salud dice que el cementerio es insalubre, pero ese cementerio es uno de los más bonitos que hay por su ubicación y la vista. El ICF dando permisos amañados, el 8 de septiembre dieron un permiso para cortar 1200 arboles pero los comunitarios dicen que fueron mas de 3007 arboles que la empresa misma los había sembrado, el articulo 48 de la ley de minería dice que no pueden ser explotadas áreas que ya habían sido explotadas y eso está haciéndolo la empresa ahora, eso nos dice la libertad con la que operan estas empresas en Honduras», culmina Lara.

Rolando Milla, del CONADEH tiene casi 20 años de trabajar como titular del comisionado de Derechos Humanos en Santa Rosa de Copán, cuando llegamos a su oficina sacó de inmediato el expediente que dice Azacualpa en la tapa, un bloque de documentos.

«Nuestro papel es intervenir denuncias mutuas, los pobladores se han quejado, hubo jóvenes que estuvieron antes protestando que la minera les dio trabajo y ahora le cuidan el cerro a la minera, es un poco complicado. Nosotros como institución no somos competentes para esto porque el mandato del CONADEH es ver violaciones a DDHH entre el Estado y la población y no entre particulares pero en este caso nosotros remitimos a la fiscalía. El problema ha sido la falta de una visión social en la zona y la desconfianza a las instituciones que tienen que ver con el tema ambiental que hoy por hoy la gente desconfía sobre las medidas de mitigación, se logró en un momento que la DECA tuviera acompañamiento de la población a las inspecciones que se hacen de manera regular en la zona, pero ahora que hay gente que se opone hay desconfianza sobre los análisis que se hacen en la mina.

Lo que nosotros garantizamos es que los defensores de DDHH tengan las condiciones para ejercer su labor independientemente estemos de acuerdo o no, se mandó una carta a Azacualpa pidiéndole al alcalde que enmendara su actitud y que reflexionara de poner en precario la seguridad de los defensores de derechos humanos y que hubiera libre locomoción para realizar su trabajo, pero no tuvimos contestación», explica Milla e intenta lavarse las manos, es un funcionario preocupado por el conflicto a pesar que no es visto con confianza, sobre todo por el sector crítico a la minera.

«Es evidente que la explotación minera a cielo abierto genera un impacto ambiental fuerte, el desarraigo de comunidades que hay que hacer movilizaciones de territorio de personas hacia otro sector, eso genera impacto en la parte emocional en las personas, también el tema de las voladuras, el tema del polvo y de ciertos gases que se remueven con los movimientos de tierra que ha sido denunciado por parte de varias organizaciones que se ha afectado la salud de los pobladores, el cianuro con el que se esparce, la contaminación de los ríos que se ha dado en algún momento que han denunciado los pobladores, el problema para nosotros es el acompañamiento de las instituciones del Estado, no le puedo decir si realmente se está contaminando o no», y de repente toma un papel y lápiz y comienza a dibujar:

«Ésta era San Andrés, todo esto no había, estaba en la parte plana, el cerro de San Andrés desapareció, era bien bonito, bien pintoresco, yo conozco desde el 94 aquí, hace 23 años estoy aquí en CONADEH, este cerro desapareció, es mi visión lógica de esto, aquí estaba San Andrés y lo movieron, explotaron, este otro cerro aquí es el cerro el cementerio ellos quieren el cementerio porque es una de las vetas mas ricas de oro, si este cerro desaparece solo queda este cucuruchito aquí que es Azacualpa, no hay duda que al explotar este cerro se pone muy vulnerable Azacualpa, así que tendrán que salir, tiene que haber otra negociación porque la gente no quiso las casas de abajo. ¿Qué se visualiza? que si no hay cambios por parte de la forma cómo invertir, desarrollar lo que habrá al final de esto es más pobreza, porque la mina va a haber dejado trabajo temporal pero sin inversión y evidentemente el impacto del daño ambiental es fuerte porque las pilas van a quedar varios años después de retirada la minera», culminó.

En 2016 la empresa minera solicitó una inspección a COPECO para evaluar una falla geológica en el cerro del cementerio, el informe fue realizado por un ingeniero que en sus primeras páginas asegura no tener las suficientes capacidades técnicas para confirmar teorías a pesar de que al final concluye que el cementerio tiene un riesgo inminente por una falla geológica natural.

Omar Lagos, subcomisionado de COPECO en Santa Rosa de Copán asegura que en su unidad ellos saben poco ya que ese trabajo lo hizo gente de Tegucigalpa pero que sí están enterados de la falla.

«Sí existe una falla geológica interna que pone en riesgo el patrimonio de la gente, aunque sea la gente que ya falleció es patrimonio de los familiares, existe riesgo que ceda aunque explote o no la mina, en el occidente existe una falla geológica en el Jagual, eso es interno, 500mts de carretera y 40 manzanas de tierra, eso en el occidente es normal», explica nervioso Lagos, quien intenta desmarcarse del conflicto siempre que puede. Asegura que como COPECO han recibido intimidación de la oposición por haber hecho el estudio a petición de la minera.

«Según estuve viendo COPECO recomendó trasladar el cementerio. El tema de la explotación eso ya quien tiene que evaluarlo es INGEOMIN pero con el tema de la explotación y la vulnerabilidad de Azacualpa, la comunidad está en una zona de riesgo, hay unas casas que están ubicadas en mal sector, en zona de riesgo, allí hay que hacerse estudios pertinentes para saber si la explotación está empeorando la vulnerabilidad, a nosotros no nos solicitaron eso sino que fue por otra cosa, el tema de explotación si eso genera riesgo, si la mina contamina el río Higuito, si es así se deben hacer los estudios en tiempo y forma», y reafirma el discurso de COPECO de que la vulnerabilidad es provocada por la manera en la que las poblaciones se asientan en lo territorios de Honduras.

«Si la vulnerabilidad ha aumentado probablemente sea porque a veces la población construye en zonas de derrumbe, de alto riesgo, posiblemente haya aumentado aunque pudo haber reducido porque algunas personas fueron trasladadas a la Nueva Azacualpa. Si usted lo relaciona con la mina y con la explotación y eso allí se tiene que hacer un estudio, en 2016 sólo se hizo del cementerio, ya un estudio relacionando a la mina con la vulnerabiliadd en su momento se debe hacer porque la mina debe ser responsable y tener protocolos de acción, el tema de riesgo no sólo es de COPECO también de INGEOMIN, para evaluar si esto afecta la vida de los pobladores», agregó.

Manuel Rodríguez es uno de los pocos vecinos de Azacualpa que se opone a las operaciones de la empresa minera, no sólo al traslado del cementerio, para Rodríguez la empresa debería cerrar. Manuel tiene miedo y nos habla desde el interior de un vehículo, encerrados para que nadie lo escuche.

«Ellos nos amenazaban por los medios de comunicación hace poco decían que querían la cabeza mía y la de otro compañero que se llama don Lito López y así venimos aguantando amenazas y humillaciones de la mina, dicen que hemos estado allí por dinero pero eso es falso nosotros sólo queremos que se respete el bosque, porque de repente vamos a tener un problema con la comunidad pero va a ser por la destrucción que ha hecho la minera, está a la vista», cuenta Manuel y cuando habla de «ellos» se refiere a sus vecinos, los que están ahora en un campamento vigilando que las operaciones de la mina no sean interrumpidas. La última vez que Manuel intentó frenar una máquina de la empresa, un grupo de trabajadores se le fue encima.

«A mi la mina nunca me ha dado un presupuesto, me dedico a sembrar café y he sembrado maíz, frijoles, soy agricultor, la gente dice que se va la minera y se mueren de hambre, es que no quieren trabajar. Aquí no hay nada de beneficios, ésa es la mentira que no la compartimos, allí está el centro de salud que es por parte del gobierno y el gobierno es irresponsable porque no paga el personal, la mina apoya para estarnos manipulando aunque eso no sea nada, no es justo», agrega.

Mientras habla, Rubio Méndez, secretario del Comité Ambiental muestra las grietas en el suelo de la casa de su compañero Miguel, presidente del comité. Ambos firmaron el adendum que acordaba con la empresa poner precio a los muertos como parte del paquete de mejoras a la comunidad que la empresa había prometido por los daños causados con las voladuras.

«Yo planteé que para evitar los problemas a futuro la solución era que reubicaran la comunidad totalmente, en vista de eso, el gerente de ese tiempo se llamaba Carlos Calderón, él estaba de acuerdo pero vino el nuevo gerente pero no estuvo de acuerdo, ellos proponían hacer una urbanización con 396 viviendas que salieron en el censo. Fue esa etapa que hicieron 120 casas, en 2013, en 2015 tenían que estar construidas todas. En vista que en 2013 pararon la construcción de las viviendas, la empresa pidió una prorroga el 16 de septiembre, se le dio, en la comunidad siempre ha habido buena voluntad de colaborar con la mina, en diciembre no cumplieron, desde allí a 2014 hubo una manifestación, en youtube la pueden encontrar», explica Rubio, en esa protesta hubo desalojo y un grupo de personas terminaron judicializadas por daños a la empresa, entre ellos Miguel. Al final el trato quedó vacío, la gente decidió que no quería ya las casas sino el dinero.

«El patronato tiene mucha responsabilidad en esta división porque aparecía en ese adendum un terreno, empleo, no dieron nada. En la comunidad somos unas 15 familias que se oponen y en otras comunidades pequeñas, estamos en la protesta preocupados por tanta situación, dónde va a ubicarse a toda esta niñez de Azacualpa. Según la explotación que se realiza, el terreno es vulnerable, en un movimiento sísmico esta comunidad puede deslizarse, si se resbala esta comunidad se corre el riesgo de que se pierdan muchas vidas», culmina Rubio, mientras Miguel Ángel muestra los documentos del adendum donde sale su firma.

Miguel Ángel López es presidente del Comité Ambiental de Azacualpa pero fue de los primeros trabajadores mineros de la actual empresa, comenzó en 1997 cuando no había sindicato y la explotación venía iniciando, fue operario de máquinas y supervisor. Ahora lucha para que la empresa minera no avance devorándolo todo hasta llegar a su comunidad.

«Usted ve el peligro en el que vivimos aquí, las casas están dañadas, las pasamos parchando, el terreno es vulnerable, una parte donde ya en una ocasión el mismo COPECO dijo que la comunidad estaba en una zona vulnerable y a diario recibimos el impacto de las voladuras, se siente por debajo de la tierra», dice Miguel, habla de las fallas, las geológicas y las institucionales.

Don Armando, el actual presidente del patronato coincide con sus opositores, de hecho, los que se colocan en dos bandos opuestos tienen más coincidencias en lo que dicen de lo que aceptan. «Esta comunidad tarde o temprano la van a tener que reubicar, ya el daño está hecho».

En el foro anual que realiza la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI) realizado el pasado julio de 2018, Aura Minerals y Minosa realizaron una serie de actos de protesta para exigir al Estado de Honduras protección a su inversión, el stand donde mostrarían su labor empresarial y social estaba vacío con un rótulo exigiendo seguridad jurídica. Allí el exgerente de Minosa, Monty Reed destituido justo tres días antes de que la minera cerrara de nuevo sus operaciones, aseguró a Contracorriente que «estamos tratando de tratar a todos con respeto pero hay algunos que están usurpando los otros derechos y cometiendo delitos flagrantes y dañando equipo, amenazando gente, tirando rocas sobre equipo», Reed habla de pérdidas millonarias, pero enfatiza que la mayor pérdida la tiene el Estado, «la ganancia para reinvertir en el país ya se acabó, no vamos a tener. Otra parte de estos cientos de millones que se retornan al país está perdido. Por el país se está perdiendo más que todo, no por nosotros», dice en su atropellado español.

Reed habló a los estudiantes de la UPI sobre la minería moderna y la responsabilidad social de la industria extractiva. «La minería tiene una historia muy fea de desprotección del medio ambiente pero en los últimos 40 años esto ha cambiado. Hay estándares mundiales que nosotros respetamos. En general esperamos dejar mejor el ambiente que cuando llegamos, también en el ámbito social. Queremos dejar socialmente y ambientalmente algo mejor, en términos de escuelas, salud  y todo.

1986 estudiantes becados beneficiados. ASONOG y otras ONG ¿Cuántas estudiantes están beneficiando ellos? ¿Cuántas becas? ¿Cuántos pacientes han tratado en nuestra clínica?

En el medio ambiente, cada año sembramos 50 mil árboles. ¿Cuántos han sembrado ASONOG y el Movimiento Amplio?».

Si el cementerio es reubicado, dice Reed, al menos quedarían unos diez años de explotación en esa zona, la exportación de la empresa ronda los 100 millones de dólares anuales pero de eso la ganancia es muy poca, trata de convencer, Reed, que el negocio de la minería no es tan bueno como se piensa.

Lejos de Tegucigalpa, del hotel lujoso desde donde Reed nos habló, Miguel nos pide que veamos a su alrededor, hay mucha gente en la comunidad que vive en la pobreza y con tantas décadas de explotación, sacando el oro en el que se asentaron sus antepasados que llegaron en busca de oportunidades a esas montañas. Las nuevas generaciones ven cada vez menos un futuro prometedor en su pueblo.

Los deportados

Los deportados –sus historias de vida– van narrando este país, pero los deportados de este pueblo minero descubren el velo del espejismo en el que viven y del cual al final también se huye.

Oneida de 28 años, hija de doña Alba Luz, supo de la caravana por la televisión y se unió a 150 jóvenes de Azacualpa que en la frontera de Aguas Calientes se sumaron al grupo de más de 7 mil migrantes que viajaron en manada, en lo que luego se llamó éxodo y a cuenta gotas va filtrándose por la frontera de Estados Unidos.

Ahora está de regreso, firmó la deportación voluntaria a cambio de un apoyo de 10 mil lempiras que le prometieron representantes del gobierno en la frontera, ha pasado casi un mes y del dinero no ha sabido nada, la mandaron con un ticket que le daría un viaje gratis de retorno a su aldea, nadie la llamó después de eso.

«El primer día que nos llegamos al puente la policía nos tiró bomba lagrimosas y por la noche nos estuvieron leñateando, agarrando con leños porque no nos abrían el portón, hubo niños golpeados y niños que murieron.

–de aquí hubo muchachos que sí tenían empleo y se fueron (interrumpe su madre)

Al llegar, la pensada que llevábamos era trabajar y sacar adelante nuestras familias porque así como yo, tengo 3 niños pero estoy viviendo de arrimada con mi mamá. Tengo uno de 12, uno de 8 y la niña de 4 años. Sí me gustaría intentarlo de nuevo como aquí no hay empleo».

Oneida ha tenido trabajos temporales en la minera, como barrendera, pero sus hijos comen todos los días, ya de regreso sólo puede pensar en cómo retomar el camino de nuevo.

–El papá de los niños no está aquí, y para qué si no le ayuda a los niños.

es torcida como la mamá interrumpe doña Alba. Sólo madre tenían mis hijos aquí, así está ella, ella es la mamá y papá de los niños. Ríe nerviosa.

La voz se regó en el pequeño pueblo  y los deportados iban saliendo, hablando, con sus rostros tristes, quemados.

Francis de 23 años nunca había salido de su comunidad pero el hambre lo empujó a unirse a la caravana. «Tengo una niña y la mujer embarazada. estuve con la COMARC, cuando llegamos no nos dijeron nada sólo nos dijeron que íbamos a un albergue, al día siguiente me tomo la foto para llenar el formulario y esperamos tres días pero no nos respondieron nunca, entonces yo no aguanté y me regresé, me tuvieron dos días en el corralón de México y hablé con el consulado de Honduras entonces me deportaron. En el aeropuerto nos dieron una bolsa solidaria que le dicen, y me dieron el boleto para que pudiera venir aquí. Ahora a lo mismo como estaba antes, pidiéndole al gobierno que nos ayude porque si uno ayudándole cómo se va a ir de su país, uno con un trabajito que tenga que gane más o menos para mantener a su familia, con eso», cuenta Francis, quien como la mayoría de los deportados no terminó la primaria.

«A veces nos tocaba pedir jalón, a veces caminando, a veces corriendo, el camino es pesado», cuenta Melvin de 29 años, un campesino que no podía sostener a su familia con el pago diario de 150 lempiras. «Como no hay empleo nos toca emigrar, me dedicaba a trabajar en la tierra, aquí ya no se puede, entonces por eso uno emigra, yo cuando me di cuenta que iba una caravana me uní a ellos, les dije a mi familia que me iba para darles una mejor vida, aquí cien pesos gana uno, no ajusta para la comida. Muchos emigramos por eso», afirma Melvin quien con apenas 12 años comenzó a sostener la familia porque a su padre lo mataron por robarle 1000 lempiras (alrededor de 50 dólares).

«Yo ayudaba a mi mamá y a mis 7 hermanitos, con sal y tortillita se pasa pero a veces uno se siente hostigado, si no hay nada de repente me voy a volver a ir. Cuando yo le digo así a mi mamá se pone a llorar, uno en las noticias ve como matan la gente en ese camino», las mujeres alrededor interrumpen:

                        –por eso defendemos la mina, al menos da trabajitos.

«De nada sirve estar pobre», suelta Joselino, otro de los deportados, allí en su casa de adobe donde tiene conectado apenas un foco y le llegan a cobrar grandes cantidades por consumo de energía. Él y su vecina se fueron en la caravana y las lágrimas se les quedan atrapadas en los párpados cuando recuerdan lo duro del camino y la frustración de regresar al espejismo que los expulsó, el que los deportados cuentan mejor en la Honduras más olvidada.

Joselino regresó desde México en un bus a las 5 de la mañana, con ropas que a simple vista no eran de él, el pantalón le quedaba corto y el saco le quedaba grande, debajo, nada, aquel saco varias tallas más grande que la suya era todo lo que lo protegía del frío a su llegada a la Frontera de Agua Caliente, para ser recibido por los agentes de migración, por los empleados de COPECO que rápido, sin darle tiempo para asimilar lo que estaba sucediéndole a él y a otros tantos adultos y niños, lo metieron a otro bus en dirección a la terminal de San Pedro Sula, ésa fue la primera vez que lo vimos. Lo vimos sin verlo, y luego en su casa, su casita pequeña de adobe, en Azacualpa, desde su casa como desde toda las casas de Azacualpa, se suele ver a la maquinaria de la minera sacando el oro del que jóvenes como Joselino jamás se beneficiarán.

 

Fuente:https://contracorriente.red/2018/12/29/exodo-desde-el-espejismo-minero/?fbclid=IwAR2M41M-6z8_UafbB0VotlH-kWizvQN_VqEkkeTQe0HYlI7HCjLK6hlWrek

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